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Tema 7. El Gobierno Abierto: concepto, principios informadores y planes de acción de España. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre · Índice oficial del BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262).

Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (A2), 1.356 plazas convocadas. La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo VIII) con un temario distinto, no cubierto aquí. Numeración tal y como la publica el BOE: cada bloque reinicia su propia numeración de temas (Bloque I: 1-11, Bloque II: 1-6, etc.), no es una secuencia continua 1-58.

El Gobierno Abierto es un modelo de relación entre las Administraciones públicas y la ciudadanía basado en la transparencia, la participación, la colaboración y la rendición de cuentas, impulsado en España a través de sucesivos Planes de Acción de Gobierno Abierto en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP). La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, desarrolla normativamente su pilar de transparencia mediante obligaciones de publicidad activa (Título I, Capítulo II) y el derecho de acceso a la información pública (Título I, Capítulo III), regula el buen gobierno de los altos cargos (Título II) y crea el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (Título III).

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Concepto y principios del Gobierno Abierto

El Gobierno Abierto (Open Government) es un modelo de gestión pública que promueve un cambio en la relación entre gobiernos y ciudadanía basado en cuatro principios informadores: transparencia (acceso a la información y a los datos públicos), participación (implicación de la ciudadanía en el diseño de las políticas públicas), colaboración (cooperación con la sociedad civil, empresas y otras administraciones en la resolución de problemas comunes) y rendición de cuentas (accountability, explicación y justificación de las decisiones adoptadas). Se apoya en las tecnologías de la información, el dato abierto (open data) y el gobierno electrónico como instrumentos que facilitan su desarrollo. Sus orígenes internacionales se sitúan en el Memorando sobre Transparencia y Gobierno Abierto del presidente de Estados Unidos de enero de 2009 y en la Declaración de Gobierno Abierto de la OGP de 2011; la OCDE adoptó en 2017 una Recomendación del Consejo sobre Gobierno Abierto. Los principios de la OGP son transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas e innovación y tecnología.

Diferencia entre Gobierno Abierto, transparencia, buen gobierno y gobernanza

La transparencia (Ley 19/2013) es uno de los pilares del Gobierno Abierto, pero no lo agota: el Gobierno Abierto es un concepto más amplio que engloba también la participación activa de la ciudadanía en el diseño y evaluación de políticas públicas, y la colaboración en la coproducción de servicios públicos, más allá de la mera publicidad de la información. El buen gobierno se refiere a los principios éticos y de conducta exigibles a los responsables públicos; la gobernanza pública, a la forma en que se toman las decisiones con la participación de actores públicos y privados; y la integridad pública, al conjunto de valores y mecanismos que previenen la corrupción.

La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP): origen y funcionamiento

Iniciativa multilateral lanzada en septiembre de 2011 por ocho países fundadores (Brasil, Indonesia, México, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos) para que los gobiernos asuman compromisos concretos de transparencia, participación, rendición de cuentas e innovación tecnológica, verificables mediante Planes de Acción elaborados de forma cogobernada con la sociedad civil y sujetos a mecanismo de evaluación independiente (Independent Reporting Mechanism, IRM). España se incorporó a la Alianza en 2011 (no es uno de los países fundadores). La OGP se gobierna por un Comité Directivo paritario entre gobiernos y organizaciones de la sociedad civil. Los miembros deben cumplir criterios de elegibilidad y elaborar Planes de Acción, con consulta pública, que se evalúan de forma independiente.

Los Planes de Acción de Gobierno Abierto de España

España ha aprobado sucesivos Planes de Acción de Gobierno Abierto desde 2012: el I Plan (2012-2014), el II (2014-2016), el III (2017-2019), el IV (2020-2024) y el V Plan de Gobierno Abierto de España (2025-2029), elaborado mediante proceso participativo abierto conforme a los estándares de la OGP. Los primeros planes fueron bienales; los últimos tienen un horizonte plurianual más amplio. El IV Plan se estructuró en ejes como la transparencia y rendición de cuentas, la participación, la integridad y la sensibilización y formación, e incluyó compromisos de la Administración General del Estado y también de Comunidades Autónomas y Entidades Locales. El Plan es coordinado por la Dirección General de Gobernanza Pública del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

El Foro de Gobierno Abierto y la Comisión Sectorial de Gobierno Abierto

El Foro de Gobierno Abierto (creado por la Orden HFP/134/2018, de 15 de febrero) es el órgano de diálogo y cogobernanza de los compromisos del Plan, de composición paritaria entre representantes de las Administraciones públicas (AGE, Comunidades Autónomas y Entidades Locales) y de la sociedad civil (organizaciones, academia y otros actores). La Comisión Sectorial de Gobierno Abierto, dependiente de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, es el órgano de cooperación de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales en esta materia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno interviene en el ámbito de la transparencia con funciones de promoción y control.

El open data o datos abiertos como instrumento de Gobierno Abierto

Los datos abiertos son datos de titularidad pública, publicados en formatos reutilizables, estructurados y accesibles (estándares abiertos), que cualquier persona puede reutilizar libremente con fines comerciales o no comerciales, conforme a la normativa de reutilización de la información del sector público (RISP): la Ley 37/2007, modificada por el Real Decreto-ley 24/2021 para transponer la Directiva (UE) 2019/1024 (datos abiertos y reutilización de la información del sector público), y el Real Decreto 1495/2011 (iniciativa Aporta). El portal datos.gob.es es el catálogo nacional de datos abiertos. A nivel europeo, el Reglamento (UE) 2022/868 de gobernanza de datos y el Reglamento (UE) 2023/2854 (Ley de Datos) completan el marco, instrumento clave del pilar de transparencia y colaboración del Gobierno Abierto.

La participación ciudadana en el procedimiento administrativo y normativo

El pilar de participación se materializa en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común: la consulta pública previa y la audiencia e información públicas en la elaboración de normas (art. 133), y la información pública en los procedimientos (art. 83). La Ley 50/1997, del Gobierno, regula la participación en la elaboración de los reglamentos estatales. A ellos se suman los instrumentos de participación específicos (consejos consultivos, paneles ciudadanos y plataformas de participación) y las cartas de servicios. La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción (que transpone la Directiva (UE) 2019/1937) completa el sistema de integridad y crea la Autoridad Independiente de Protección del Informante.

El principio de innovación pública dentro del Gobierno Abierto

Junto a los pilares clásicos, la práctica reciente del Gobierno Abierto incorpora la innovación pública y tecnológica (uso de tecnologías emergentes, inteligencia artificial, laboratorios de innovación pública) como vector transversal para mejorar la eficacia de los servicios públicos y la relación con la ciudadanía, en línea con la dimensión de tecnología e innovación de la OGP. El uso de la inteligencia artificial en la Administración debe respetar el Reglamento (UE) 2024/1689 (Reglamento de Inteligencia Artificial).

Estructura, objeto y ámbito de aplicación de la Ley 19/2013

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre (BOE-A-2013-12887), se estructura en un Título preliminar (disposiciones generales: objeto, ámbito subjetivo y obligaciones de suministro de información, arts. 1-4), un Título I (transparencia de la actividad pública: publicidad activa, arts. 5-11, y derecho de acceso a la información pública, arts. 12-24), un Título II (buen gobierno, arts. 25-32) y un Título III (Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, arts. 33-40). Tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a esa actividad, y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento. Entró en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE en lo relativo al buen gobierno, mientras que la parte de transparencia y el Consejo lo hicieron un año después para la AGE, y las Comunidades Autónomas y Entidades Locales dispusieron de un plazo de dos años para adaptarse.

El ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 19/2013 (arts. 2 a 4)

Se aplica a la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, las Entidades que integran la Administración Local, las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y las mutuas, los organismos autónomos, agencias estatales, entidades públicas empresariales y entidades de derecho público vinculadas o dependientes, las sociedades mercantiles con participación pública mayoritaria, las fundaciones del sector público, las asociaciones constituidas por Administraciones, las universidades públicas, y las corporaciones de Derecho público en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. También se aplica, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo, a la Casa de S.M. el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas.

Sujetos privados obligados por la Ley 19/2013 (arts. 3 y 4)

La ley extiende obligaciones de publicidad activa, con matices, a los partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales, y a las entidades privadas que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tenga carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros. Los adjudicatarios de contratos del sector público y las personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas están obligados a suministrar a la Administración la información necesaria para el cumplimiento de la ley (art. 4).

Publicidad activa (Título I, Capítulo II, arts. 5-11)

Los sujetos obligados deben publicar de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública. La información se refiere a: información institucional, organizativa y de planificación (art. 6: funciones, normativa aplicable, estructura organizativa, planes y programas con objetivos, plazos y grado de cumplimiento); información de relevancia jurídica (art. 7: directrices, instrucciones, circulares, respuestas a consultas, anteproyectos de ley y proyectos de decretos legislativos, proyectos de reglamentos y memorias); e información económica, presupuestaria y estadística (art. 8: contratos, convenios, encomiendas de gestión, subvenciones y ayudas, presupuestos, cuentas anuales e informes de auditoría y fiscalización, retribuciones de altos cargos, resoluciones de compatibilidad, declaraciones de bienes y actividades de altos cargos y estadísticas). Esta información debe publicarse en las sedes electrónicas o páginas web correspondientes, de forma clara, estructurada y entendible, accesible y, cuando sea posible, en formatos reutilizables (art. 5). La publicidad activa está sujeta a los límites del derecho de acceso (arts. 14 y 15).

El Portal de la Transparencia (art. 10 Ley 19/2013)

Portal dependiente del Ministerio competente (hoy, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública), puesto en funcionamiento en diciembre de 2014, a través del cual se facilita el acceso a la información de publicidad activa de la AGE y se ejerce el derecho de acceso a la información pública de las Administraciones y entidades del ámbito estatal. Debe ofrecerse de forma fácilmente accesible y comprensible, con especial atención a la interoperabilidad y reutilización. Las Comunidades Autónomas y Entidades Locales cuentan con sus propios portales.

El derecho de acceso a la información pública (Título I, Capítulo III, arts. 12-24)

Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el art. 105.b) de la Constitución, entendida como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de los sujetos obligados y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones (arts. 12-13). No es preciso motivar la solicitud (art. 17). El derecho puede limitarse cuando acceder a la información suponga un perjuicio para determinados intereses (art. 14) o afecte a la protección de datos personales (art. 15). Si la información afecta a derechos o intereses de terceros se les concede un plazo de quince días para alegaciones (art. 19). La solicitud se resuelve y notifica en el plazo máximo de un mes desde la recepción por el órgano competente, ampliable por otro mes si el volumen o la complejidad lo justifican; transcurrido el plazo sin resolución expresa, se entiende que la solicitud ha sido desestimada (silencio negativo, art. 20.4). La información se facilita preferentemente por vía electrónica y el acceso es gratuito, aunque la expedición de copias puede estar sujeta a tasas.

Los límites al derecho de acceso (art. 14 Ley 19/2013)

Catálogo tasado de doce supuestos que operan cuando el acceso suponga perjuicio para: seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores, seguridad pública, prevención, investigación y sanción de ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, igualdad de las partes en procesos judiciales y tutela judicial efectiva, funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, intereses económicos y comerciales, política económica y monetaria, secreto profesional y propiedad intelectual e industrial, garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión, y protección del medio ambiente. Su aplicación debe ser justificada y proporcionada, atender a las circunstancias del caso concreto y a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso (test del daño y del interés público), y exige un juicio de ponderación, no una aplicación automática. Si procede el límite solo para parte de la información, se concede el acceso parcial (art. 16). La protección de datos personales (art. 15) distingue categorías: los datos especialmente protegidos (ideología, afiliación sindical, religión, creencias) solo se facilitan con consentimiento expreso y por escrito del afectado; los relativos a origen racial, salud, vida sexual, datos genéticos o biométricos o infracciones penales, con consentimiento expreso o amparo legal; en los demás casos, se pondera el interés público en la divulgación frente a los derechos de los afectados.

Causas de inadmisión de solicitudes de acceso (art. 18 Ley 19/2013)

Se distinguen de los límites del art. 14 en que no exigen ponderación de intereses. Se inadmiten a trámite las solicitudes referidas a información en curso de elaboración o de publicación general; las referidas a información de carácter auxiliar o de apoyo (notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas); las relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración; las dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente; y las manifiestamente repetitivas o que tengan carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de la ley. La inadmisión debe ser motivada y, cuando se conozca, se indicará el órgano que se considere competente.

La reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (art. 24 Ley 19/2013)

Vía de impugnación potestativa, sustitutiva de los recursos administrativos ordinarios y previa al contencioso-administrativo, frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso. Plazo de un mes desde la notificación o desde que se produzcan los efectos del silencio; resolución en tres meses como máximo (transcurrido el plazo, se entiende desestimada). Su interposición es incompatible con recurso de reposición o alzada sobre el mismo acto. Frente a la resolución del Consejo cabe recurso contencioso-administrativo; las resoluciones se publican. Las Comunidades Autónomas pueden crear órganos propios de garantía (en algunas, el Consejo de Transparencia estatal asume la competencia por convenio).

Buen gobierno (Título II, arts. 25-32 Ley 19/2013): ámbito subjetivo y principios

Las disposiciones del Título II son aplicables a los miembros del Gobierno, los Secretarios de Estado y los restantes altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal, de derecho público o privado, vinculadas o dependientes de ella (art. 25.1), y también a los altos cargos o asimilados de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, incluidos los miembros de las Juntas de Gobierno locales, de acuerdo con su normativa (art. 25.2). El art. 26 enuncia los principios generales (actuar con transparencia en la gestión, dedicación al servicio público, imparcialidad, trato igual sin discriminaciones, diligencia, conducta digna y asunción de responsabilidad) y los principios de actuación (plena dedicación y respeto a la normativa sobre incompatibilidades y conflictos de intereses, deber de reserva, comunicación de actuaciones irregulares, uso de los poderes para el fin para el que fueron otorgados, abstención en asuntos que afecten a su objetividad, rechazo de regalos que superen los usos habituales, gestión eficiente de los recursos públicos). El régimen de incompatibilidades y conflictos de intereses de los altos cargos de la AGE se regula en la Ley 3/2015, de 30 de marzo.

El régimen sancionador del buen gobierno

El incumplimiento de los principios del buen gobierno se tipifica como infracción muy grave, grave o leve, en materia de conflictos de intereses (art. 27), de gestión económico-presupuestaria (art. 28) y disciplinaria (art. 29). Las sanciones (art. 30) incluyen, según los casos, la amonestación, la declaración del incumplimiento y su publicación en el boletín oficial, la destitución o cese en el cargo, la no percepción de la indemnización por cese, la restitución de las cantidades indebidamente percibidas y, en los supuestos más graves, la inhabilitación para ocupar cargos públicos durante un periodo determinado. El procedimiento y la prescripción se regulan en los arts. 31 y 32. La competencia sancionadora corresponde a los órganos que determine la norma aplicable, y el Consejo de Transparencia emite informes en la materia.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (Título III, arts. 33-40 Ley 19/2013)

Es un organismo público con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, adscrito al Ministerio competente (hoy, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública), que actúa con autonomía e independencia en el cumplimiento de sus fines. Sus funciones consisten en promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno; adopta criterios interpretativos de uniformidad y elabora una memoria anual. Su presidente se nombra por un mandato de cinco años no renovable. Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información, cabe la interposición de una reclamación ante el Consejo, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa.

La transparencia en las Comunidades Autónomas y Entidades Locales

La Ley 19/2013 constituye legislación básica de mínimo común denominador y es de aplicación supletoria. Una disposición final concedió a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales un plazo máximo de dos años para adaptarse a las obligaciones de la ley, dando lugar a leyes autonómicas propias de transparencia que, en muchos casos, amplían el catálogo de sujetos obligados y el contenido de la publicidad activa, y a ordenanzas locales de transparencia. Algunas Comunidades Autónomas han creado órganos propios de garantía del derecho de acceso.

El papel de España en la Alianza para el Gobierno Abierto

España ha participado de manera activa en la Alianza para el Gobierno Abierto desde su incorporación en 2011, ha elaborado cinco planes de acción y acogió en Vitoria-Gasteiz, en octubre de 2025, la Cumbre Global de la Alianza, lo que refuerza su posición internacional en materia de transparencia y gobierno abierto.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Los cuatro principios del Gobierno Abierto: transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas.
  • España pertenece a la Open Government Partnership (OGP) desde 2011 (no es país fundador; los fundadores fueron ocho) y elabora Planes de Acción de Gobierno Abierto cogobernados con la sociedad civil.
  • Estructura de la Ley 19/2013: Título preliminar (arts. 1-4), Título I transparencia (publicidad activa, arts. 5-11; derecho de acceso, arts. 12-24), Título II buen gobierno (arts. 25-32) y Título III Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (arts. 33-40).
  • El plazo para resolver una solicitud de acceso a la información es de un mes, prorrogable por otro; el silencio administrativo es negativo (art. 20.4).
  • El Gobierno Abierto se apoya en las TIC, el dato abierto (open data) y el gobierno electrónico como instrumentos que facilitan su desarrollo.
  • La transparencia (Ley 19/2013) es uno de los pilares del Gobierno Abierto, pero no lo agota: este engloba también participación activa y colaboración en la coproducción de servicios.
  • Planes de Acción de España: I (2012-2014), II (2014-2016), III (2017-2019), IV (2020-2024) y V (2025-2029); se elaboran de forma cogobernada con la sociedad civil, con evaluación independiente (IRM).
  • El Foro de Gobierno Abierto (Orden HFP/134/2018) es paritario entre Administraciones y sociedad civil; la coordinación corresponde a la Dirección General de Gobernanza Pública.
  • Los datos abiertos son datos públicos en formatos reutilizables y estructurados, conforme a la normativa de reutilización de la información del sector público (Ley 37/2007, reformada por RDL 24/2021).
  • Objeto de la Ley 19/2013: ampliar y reforzar la transparencia, regular el derecho de acceso a la información y establecer obligaciones de buen gobierno para responsables públicos.
  • Publicidad activa: información institucional/organizativa (art. 6), de relevancia jurídica (art. 7) y económica/presupuestaria/estadística (art. 8), publicada en sedes electrónicas en formatos reutilizables.
  • El derecho de acceso (Título I, Capítulo III) alcanza a contenidos elaborados o adquiridos en el ejercicio de funciones; no exige motivación; se limita por perjuicio a intereses tasados (art. 14, doce límites) o protección de datos (art. 15).
  • Los doce límites del art. 14 exigen ponderación (test del daño y del interés público); las causas de inadmisión del art. 18 (información en curso, auxiliar, reelaboración, órgano que no la posee, solicitud abusiva) no la exigen.
  • El Título II (buen gobierno) tipifica infracciones muy graves/graves/leves de altos cargos (arts. 27-29), con sanciones (art. 30) que pueden llegar a la destitución y la inhabilitación.
  • El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno resuelve la reclamación potestativa (art. 24), sustitutiva de recursos administrativos y previa al contencioso-administrativo, frente a resoluciones sobre acceso a la información: plazo de un mes para interponerla y tres meses para resolver.
  • Ámbito subjetivo de la Ley 19/2013: AGE, CCAA, Ceuta y Melilla, Administración Local y organismos vinculados; también, con matices, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas con subvenciones relevantes (más de 100.000 euros o el 40% de ingresos, mínimo 5.000 euros).
  • El Portal de la Transparencia es el cauce de la publicidad activa y del derecho de acceso en el ámbito de la AGE.
  • El ámbito subjetivo del Título II (buen gobierno) abarca a miembros del Gobierno, Secretarios de Estado y altos cargos de la AGE y, conforme a su normativa, a los altos cargos de CCAA y Entidades Locales (art. 25).
  • Casa Real, Congreso, Senado, TC, CGPJ, Banco de España, Consejo de Estado, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas y CES están sujetos a la Ley 19/2013 solo en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.
  • Error típico: el derecho de acceso no está en el Título II (buen gobierno) sino en el Título I, Capítulo III; la publicidad activa es el Capítulo II del Título I.
  • Error típico: el silencio en acceso a la información es negativo (a diferencia del positivo general de la Ley 39/2015).
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Pregunta 1 de 110 aciertos

¿Cuál es el sentido del silencio administrativo ante una solicitud de acceso a la información pública no resuelta en plazo?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 7 de Gestión AGE?

El Gobierno Abierto es un modelo de relación entre las Administraciones públicas y la ciudadanía basado en la transparencia, la participación, la colaboración y la rendición de cuentas, impulsado en España a través de sucesivos Planes de Acción de Gobierno Abierto en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP). La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, desarrolla normativamente su pilar de transparencia mediante obligaciones de publicidad activa (Título I, Capítulo II) y el derecho de acceso a la información pública (Título I, Capítulo III), regula el buen gobierno de los altos cargos (Título II) y crea el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (Título III).

¿Qué hay que memorizar del Tema 7 para el examen?

Los cuatro principios del Gobierno Abierto: transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas. España pertenece a la Open Government Partnership (OGP) desde 2011 (no es país fundador; los fundadores fueron ocho) y elabora Planes de Acción de Gobierno Abierto cogobernados con la sociedad civil. Estructura de la Ley 19/2013: Título preliminar (arts. 1-4), Título I transparencia (publicidad activa, arts. 5-11; derecho de acceso, arts. 12-24), Título II buen gobierno (arts. 25-32) y Título III Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (arts. 33-40). El plazo para resolver una solicitud de acceso a la información es de un mes, prorrogable por otro; el silencio administrativo es negativo (art. 20.4). El Gobierno Abierto se apoya en las TIC, el dato abierto (open data) y el gobierno electrónico como instrumentos que facilitan su desarrollo. La transparencia (Ley 19/2013) es uno de los pilares del Gobierno Abierto, pero no lo agota: este engloba también participación activa y colaboración en la coproducción de servicios. Planes de Acción de España: I (2012-2014), II (2014-2016), III (2017-2019), IV (2020-2024) y V (2025-2029); se elaboran de forma cogobernada con la sociedad civil, con evaluación independiente (IRM). El Foro de Gobierno Abierto (Orden HFP/134/2018) es paritario entre Administraciones y sociedad civil; la coordinación corresponde a la Dirección General de Gobernanza Pública. Los datos abiertos son datos públicos en formatos reutilizables y estructurados, conforme a la normativa de reutilización de la información del sector público (Ley 37/2007, reformada por RDL 24/2021). Objeto de la Ley 19/2013: ampliar y reforzar la transparencia, regular el derecho de acceso a la información y establecer obligaciones de buen gobierno para responsables públicos. Publicidad activa: información institucional/organizativa (art. 6), de relevancia jurídica (art. 7) y económica/presupuestaria/estadística (art. 8), publicada en sedes electrónicas en formatos reutilizables. El derecho de acceso (Título I, Capítulo III) alcanza a contenidos elaborados o adquiridos en el ejercicio de funciones; no exige motivación; se limita por perjuicio a intereses tasados (art. 14, doce límites) o protección de datos (art. 15). Los doce límites del art. 14 exigen ponderación (test del daño y del interés público); las causas de inadmisión del art. 18 (información en curso, auxiliar, reelaboración, órgano que no la posee, solicitud abusiva) no la exigen. El Título II (buen gobierno) tipifica infracciones muy graves/graves/leves de altos cargos (arts. 27-29), con sanciones (art. 30) que pueden llegar a la destitución y la inhabilitación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno resuelve la reclamación potestativa (art. 24), sustitutiva de recursos administrativos y previa al contencioso-administrativo, frente a resoluciones sobre acceso a la información: plazo de un mes para interponerla y tres meses para resolver. Ámbito subjetivo de la Ley 19/2013: AGE, CCAA, Ceuta y Melilla, Administración Local y organismos vinculados; también, con matices, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas con subvenciones relevantes (más de 100.000 euros o el 40% de ingresos, mínimo 5.000 euros). El Portal de la Transparencia es el cauce de la publicidad activa y del derecho de acceso en el ámbito de la AGE. El ámbito subjetivo del Título II (buen gobierno) abarca a miembros del Gobierno, Secretarios de Estado y altos cargos de la AGE y, conforme a su normativa, a los altos cargos de CCAA y Entidades Locales (art. 25). Casa Real, Congreso, Senado, TC, CGPJ, Banco de España, Consejo de Estado, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas y CES están sujetos a la Ley 19/2013 solo en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. Error típico: el derecho de acceso no está en el Título II (buen gobierno) sino en el Título I, Capítulo III; la publicidad activa es el Capítulo II del Título I. Error típico: el silencio en acceso a la información es negativo (a diferencia del positivo general de la Ley 39/2015).

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (BOE-A-2013-12887).
  • Constitución Española de 1978, art. 105.b).
  • Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
  • Orden HFP/134/2018, de 15 de febrero, por la que se regula el Foro de Gobierno Abierto.
  • Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, modificada por el Real Decreto-ley 24/2021.
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, arts. 83 y 133.
  • Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
  • Open Government Partnership, España: Planes de Acción de Gobierno Abierto (I a V Plan).

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