Tema 12. Los derechos de los ciudadanos en el procedimiento administrativo. Las garantías en el desarrollo del procedimiento. La revisión de los actos en vía administrativa: revisión de oficio y recursos administrativos.
Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (A2), 1.356 plazas convocadas. La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo VIII) con un temario distinto, no cubierto aquí. Numeración tal y como la publica el BOE: cada bloque reinicia su propia numeración de temas (Bloque I: 1-11, Bloque II: 1-6, etc.), no es una secuencia continua 1-58.
Los ciudadanos gozan, en el procedimiento administrativo, de un catálogo reforzado de derechos y garantías frente a la Administración (arts. 13 y 53 de la Ley 39/2015), entre ellos el de no aportar documentos ya obrantes en poder de las Administraciones Públicas, el derecho de audiencia y el derecho a relacionarse electrónicamente. Las garantías del procedimiento (alegaciones, prueba, audiencia, información pública, plazos, motivación, notificación, abstención y recusación) se completan con la revisión de los actos en vía administrativa, que se articula mediante la revisión de oficio (a iniciativa de la propia Administración: nulidad, lesividad, revocación y rectificación de errores) y los recursos administrativos (a iniciativa del interesado): alzada, potestativo de reposición y extraordinario de revisión, sin perjuicio del control judicial posterior.
Tienen tal condición: a) quienes promuevan el procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos; b) quienes, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte; y c) aquellos cuyos intereses legítimos puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales son titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la ley reconozca. La condición de interesado se transmite a los causahabientes cuando la transmisión del derecho sea posible: el causahabiente se subroga en la posición del causante. Conviene distinguir interesado (art. 4 LPAC) de legitimado en vía contenciosa (art. 19 LJCA), aunque ambos conceptos responden a un criterio amplio de interés legítimo.
La capacidad de obrar ante la Administración (art. 3 LPAC)
Tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: a) las personas físicas y jurídicas que la ostenten con arreglo a las normas civiles; b) los menores de edad, para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela, con la excepción de los supuestos en que la extensión de la incapacitación o de la medida de apoyo afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate; c) cuando la ley expresamente lo declare, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. Ejemplo típico de la letra b) es la capacidad del menor para instar determinados trámites en los que el ordenamiento le reconoce actuación propia.
La representación de los interesados (art. 5 LPAC)
Los interesados con capacidad de obrar pueden actuar por medio de representante, con quien se entenderán las actuaciones administrativas salvo manifestación expresa en contra del interesado. Pueden ser representantes las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello no esté excluido por ley. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, debe acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado. Para los actos y gestiones de mero trámite se presume la representación. Formas de acreditarla: apoderamiento apud acta (por comparecencia personal o electrónica en la sede electrónica) o inscripción en el registro electrónico de apoderamientos (art. 6 LPAC). La Administración puede requerir en cualquier momento la acreditación. La falta o insuficiente acreditación no impide tener por realizado el acto si se aporta o subsana en el plazo de 10 días que debe concederse o en el mayor que sea preciso en atención a las circunstancias del caso.
El derecho y la obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas (arts. 12 y 14 LPAC)
Las personas físicas pueden elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, y el medio elegido puede ser modificado en cualquier momento, salvo que estén obligadas a relacionarse por medios electrónicos. Están obligados en todo caso (art. 14.2 LPAC): las personas jurídicas; las entidades sin personalidad jurídica; quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, en los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad; quienes representen a un interesado obligado; y los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen por razón de su condición de empleado público. Reglamentariamente las Administraciones podrán establecer la obligación para determinados colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. El art. 12 LPAC impone a las Administraciones el deber de garantizar que los interesados puedan relacionarse por medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los canales de acceso necesarios, y de asistirles en el uso de dichos medios (asistencia en materia de registros, identificación y firma). Si se advierte que alguno de los sujetos obligados presenta su solicitud presencialmente, la Administración le requerirá para que la subsane mediante su presentación electrónica, considerándose como fecha de presentación aquella en la que haya sido realizada la subsanación. Desarrollo reglamentario: Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
Derechos generales en las relaciones con la Administración (art. 13 LPAC)
Quienes tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos: a) comunicarse con las Administraciones a través de un Punto de Acceso General electrónico; b) ser asistidos en el uso de medios electrónicos; c) utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015 y en el resto del ordenamiento jurídico; d) acceder a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y el resto del ordenamiento jurídico; e) ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones; f) exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades cuando así corresponda legalmente; g) obtener y utilizar los medios de identificación y firma electrónica contemplados en la Ley; h) la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas; i) cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. El derecho a ser informado y orientado acerca de los requisitos jurídicos o técnicos de proyectos, actuaciones o solicitudes se recoge en el art. 53 LPAC.
El derecho a no aportar documentos ya en poder de las Administraciones Públicas (art. 28 LPAC)
Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o que hayan sido elaborados por cualquier otra Administración (art. 28.2). La Administración actuante puede consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se oponga; no cabe la oposición cuando la aportación del documento se exija en el marco del ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección. Las Administraciones deben recabarlos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados; excepcionalmente, si no pueden obtenerse, pueden solicitar su aportación al interesado. Asimismo, las Administraciones no requerirán datos o documentos no exigidos por la normativa reguladora o que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración (art. 28.3): el interesado debe indicar en qué momento y ante qué órgano los presentó, salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o que la ley especial aplicable requiera su consentimiento expreso. Se completa con el derecho a no presentar documentos originales, salvo que la normativa reguladora establezca lo contrario (art. 53.1 LPAC).
Derechos específicos de los interesados en el procedimiento (art. 53 LPAC)
Además de los generales, quienes tienen la condición de interesados en un procedimiento tienen derecho a: conocer en cualquier momento el estado de la tramitación, el sentido del silencio administrativo, el órgano competente para la instrucción y resolución y los actos de trámite dictados, así como a acceder y obtener copia de los documentos contenidos en el procedimiento; identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos; no presentar documentos originales salvo que la normativa reguladora establezca lo contrario, y no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables o que ya obren en poder de las Administraciones o hayan sido elaborados por ellas; formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución; obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar; actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses; cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previstos; y cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. En los procedimientos sancionadores (art. 53.2) los presuntos responsables tienen además derecho a ser notificados de los hechos imputados, de las infracciones que puedan constituir y de las sanciones que se les pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para sancionar y de la norma que atribuya tal competencia, y a la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.
Fundamento constitucional y principios de las garantías del procedimiento
El procedimiento administrativo común es una garantía de los ciudadanos con base constitucional: el art. 105 CE reserva a la ley la regulación de la audiencia del interesado y del acceso a archivos y registros administrativos, y regula el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos; el art. 103 CE somete la actuación administrativa a la ley y al Derecho; el art. 9.3 CE garantiza la legalidad, la jerarquía normativa, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos; el art. 106 CE somete la actuación administrativa al control de los tribunales; y el art. 24 CE reconoce la tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión. El art. 149.1.18.ª CE atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre el procedimiento administrativo común. En el plano legal, los arts. 13 y 53 de la Ley 39/2015 recogen los derechos y el art. 3.1 de la Ley 40/2015 los principios generales de actuación (entre ellos buena fe, confianza legítima y lealtad institucional, transparencia, participación y racionalización y agilidad de los procedimientos). La confianza legítima protege al ciudadano frente a cambios de criterio imprevisibles y exige que la Administración no frustre expectativas razonables generadas por su conducta anterior.
Alegaciones, prueba, información pública y audiencia (arts. 76, 77, 82 y 83 LPAC)
Alegaciones (art. 76): los interesados pueden, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio, que el órgano instructor debe tener en cuenta al redactar la propuesta de resolución. Prueba (art. 77): los hechos relevantes para la decisión pueden acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho; cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados, o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor abrirá un período de prueba por un plazo no superior a 30 días ni inferior a 10, notificando con antelación suficiente a los interesados el lugar, fecha y hora de las pruebas; solo pueden rechazarse las pruebas propuestas cuando sean improcedentes, mediante resolución motivada. Información pública (art. 83): el órgano al que corresponda la resolución puede acordar un período de información pública por plazo no inferior a 20 días; la incomparecencia no impide interponer los recursos procedentes y la comparecencia no otorga por sí misma la condición de interesado. Audiencia (art. 82): instruido el procedimiento e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pone de manifiesto a los interesados, en un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15, para que formulen alegaciones y presenten los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. Puede prescindirse del trámite cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. Si los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos, se tiene por realizado el trámite. La omisión del trámite de audiencia cuando es esencial puede generar indefensión y, en su caso, anulabilidad o nulidad.
Garantías temporales: obligación de resolver, plazos y silencio administrativo (arts. 21, 24, 25 y 29 a 33 LPAC)
La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación (art. 21). El plazo máximo lo fija la norma reguladora del procedimiento y no puede exceder de seis meses salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea; si la norma reguladora no fija plazo, es de tres meses. Los plazos obligan a interesados y a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones (art. 29). Salvo que por ley o en el Derecho de la Unión se disponga otro cómputo, los plazos señalados por días se entienden hábiles, excluyéndose sábados, domingos y festivos; los señalados por meses o años se computan de fecha a fecha (art. 30). El registro electrónico permite la presentación de documentos todos los días del año, durante las veinticuatro horas (art. 31). La ampliación de plazos (art. 32) no puede exceder de la mitad del plazo, ni perjudicar derechos de terceros, y contra su denegación no cabe recurso; la tramitación de urgencia (art. 33) reduce a la mitad los plazos del procedimiento, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. Silencio: en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin resolución expresa legitima al interesado para entender estimada su solicitud por silencio administrativo, salvo que una norma con rango de ley o de Derecho de la Unión o internacional establezca lo contrario; tiene efecto desestimatorio, entre otros, en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, y los de impugnación de actos y disposiciones (art. 24). En los procedimientos iniciados de oficio, el silencio es desestimatorio cuando se ejerciten potestades de las que pudieran derivarse efectos favorables, y caducidad cuando puedan producirse efectos desfavorables o de intervención (art. 25).
Motivación y notificación de los actos (arts. 35, 40 a 44 LPAC)
Deben ser motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, entre otros, los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos, los que resuelvan procedimientos de revisión de oficio, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje (y los que declaren su inadmisión), los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos, y los que acuerden medidas provisionales, la aplicación de la tramitación de urgencia o la ampliación de plazos. Notificación: se cursa dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado y debe contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitiva en la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen procedente. Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitan alguno de los demás requisitos surten efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o interponga cualquier recurso. Las notificaciones se practican preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado esté obligado a recibirlas por esta vía; se entienden rechazadas cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición sin acceder a su contenido (art. 43). Cuando el interesado o su representante rechacen la notificación o esta resulte infructuosa, se publica un anuncio en el Boletín Oficial del Estado, que sustituye a la notificación a todos los efectos (art. 44).
Abstención y recusación (arts. 23 y 24 Ley 40/2015)
Garantía de imparcialidad de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones. La abstención (art. 23 Ley 40/2015) es un deber del empleado público incurso en alguna de las causas legales: tener interés personal en el asunto o ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado; parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato; amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas; haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate; tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. La recusación (art. 24) es la facultad del interesado de promoverla en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, planteándola por escrito ante el superior jerárquico de la autoridad o del empleado recusado, expresando la causa o causas en que se funda. La actuación de autoridades y personal en que concurran motivos de abstención no implica necesariamente la invalidez de los actos en que hayan intervenido. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabe recurso, sin perjuicio de alegar la recusación al interponer recurso contra el acto que ponga fin al procedimiento.
Otras garantías: quejas, sugerencias y Defensor del Pueblo
Fuera del procedimiento, los ciudadanos disponen de vías no contenciosas de garantía: el sistema de quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios públicos, vinculado a las cartas de servicios y a los programas de calidad, que no tiene la consideración de recurso administrativo ni su presentación paraliza los plazos de recurso; el derecho de petición (art. 29 CE, desarrollado por la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre); y la institución del Defensor del Pueblo (art. 54 CE; Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril), alto comisionado de las Cortes Generales designado para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución, a cuyo efecto puede supervisar la actividad de la Administración e iniciar investigaciones de oficio o a instancia de parte. La exigencia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones (arts. 32 y ss. Ley 40/2015 y arts. 65 y 67 Ley 39/2015) completa el sistema de garantías.
Concepto y fundamento de los recursos administrativos
Acto del administrado por el que pide a la propia Administración autora de un acto, o a su superior jerárquico, que lo revoque, sustituya o reforme, dando lugar a un nuevo procedimiento distinto de aquel en que se dictó el acto impugnado. Es manifestación de la autotutela administrativa: se ofrece a la Administración la posibilidad de revisar sus propias decisiones antes de acudir a los tribunales. Los vicios que pueden alegarse son los de nulidad o anulabilidad (arts. 47 y 48). Los vicios y defectos que hagan anulable un acto no pueden ser alegados por quienes los hubieren causado (art. 112.2 LPAC).
Actos susceptibles de recurso y objeto de los recursos (art. 112 LPAC)
Pueden recurrirse las resoluciones (actos definitivos) y los actos de trámite cualificados, es decir, aquellos que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o causan perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos. La oposición a los restantes actos de trámite puede alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento y en los recursos que procedan contra ella. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabe recurso en vía administrativa (art. 112.3): solo son impugnables en vía contencioso-administrativa, de forma directa o de manera indirecta (a través de la impugnación de actos de aplicación). Las leyes pueden sustituir la alzada y la reposición, cuando la especificidad de la materia lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje ante órganos colegiados o comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos de la Ley 39/2015 (art. 112.2); ejemplos: las reclamaciones económico-administrativas y el recurso especial en materia de contratación resuelto por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
Actos que ponen fin a la vía administrativa (art. 114 LPAC)
Ponen fin a la vía administrativa, entre otros: las resoluciones de los recursos de alzada; las de los procedimientos de impugnación sustitutivos del art. 112.2; las resoluciones de órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una ley establezca lo contrario; los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento; la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial; la resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora; las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca; y las disposiciones administrativas de carácter general. Además, la normativa de organización y funcionamiento de cada Administración (en la AGE, la Ley 40/2015) determina qué actos agotan la vía, por ejemplo los dictados por Ministros o por determinados órganos de organismos públicos en el ejercicio de competencias propias. Criterio de clasificación: si el acto no agota la vía, procede alzada; si la agota, procede reposición potestativa o recurso contencioso-administrativo directo.
Requisitos de los recursos administrativos (art. 115 LPAC)
Legitimación del recurrente (interesado titular de derecho o interés legítimo afectado); respeto del plazo legal; competencia del órgano; y formulación por escrito. El escrito de interposición debe expresar: nombre y apellidos del recurrente y acreditación de la representación; el acto que se recurre y la razón de su impugnación; lugar, fecha y firma; órgano, centro o unidad a que se dirige e identificación de su código; y medio y lugar de notificación, además de las pretensiones. El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no es obstáculo para su tramitación siempre que se deduzca su verdadero carácter. Los plazos máximos para dictar y notificar la resolución son de tres meses para la alzada y la revisión, y de un mes para la reposición. La interposición del recurso puede hacerse ante el órgano que dictó el acto o ante el competente para resolverlo, según el recurso.
El recurso de alzada (arts. 121 y 122 LPAC)
Procede contra las resoluciones y actos de trámite cualificados que no pongan fin a la vía administrativa, y se interpone ante el órgano que dictó el acto, que debe remitirlo al competente (el superior jerárquico) en el plazo de diez días con su informe y una copia completa y ordenada del expediente, o directamente ante el superior. Plazo de interposición: un mes si el acto es expreso; si no lo es, tres meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. Transcurridos dichos plazos sin haberse interpuesto el recurso, la resolución es firme a todos los efectos. Plazo máximo para dictar y notificar la resolución: tres meses. Transcurrido sin resolución expresa, el recurso puede entenderse desestimado, quedando expedita la vía contencioso-administrativa. Excepción: cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio de una solicitud, se entiende estimado si, llegado el plazo de resolución, el órgano competente no dicta y notifica resolución expresa, siempre que no se refiera a las materias en que el silencio es desestimatorio por ley (art. 24.1 LPAC). La resolución del recurso de alzada pone fin a la vía administrativa.
El recurso potestativo de reposición (arts. 123 y 124 LPAC)
Contra los actos que ponen fin a la vía administrativa, el interesado puede interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que los dictó, o impugnarlos directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Plazo de interposición: un mes si el acto es expreso; si no lo es, tres meses a contar desde que se produzcan los efectos del silencio administrativo. Plazo máximo de resolución y notificación: un mes; transcurrido sin resolución expresa, se entiende desestimado. Mientras esté pendiente de resolución expresa o de desestimación presunta, no puede interponerse recurso contencioso-administrativo. Contra la resolución de un recurso de reposición no puede interponerse de nuevo dicho recurso. Es un recurso potestativo: su interposición no es requisito para acudir a la vía contenciosa, y su plazo suspende el de la vía judicial, que se computa de nuevo desde la resolución expresa o la desestimación presunta.
El recurso extraordinario de revisión: motivos tasados (arts. 125 y 126 LPAC)
Procede contra actos firmes en vía administrativa, ante el órgano administrativo que los dictó, que también es el competente para resolverlo, cuando concurra alguna de estas circunstancias: a) que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente; b) que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida; c) que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución; d) que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. Plazos de interposición: cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada para el error de hecho; tres meses desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme en los restantes casos. Resolución (art. 126): el órgano puede acordar motivadamente la inadmisión, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado, cuando el recurso no se funde en alguna de las causas del art. 125.1 o se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales. Plazo máximo de resolución: tres meses; transcurrido, se entiende desestimado, quedando expedita la vía contencioso-administrativa. Debe pronunciarse tanto sobre la procedencia del recurso como sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido.
Tramitación común: inadmisión, audiencia, resolución y reformatio in peius (arts. 116, 118 y 119 LPAC)
Causas de inadmisión (art. 116): incompetencia del órgano administrativo, falta de legitimación del recurrente, tratarse de un acto no susceptible de recurso, haber transcurrido el plazo para interponerlo y carecer el recurso manifiestamente de fundamento. Audiencia (art. 118): si han de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, se ponen de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, formulen alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes; no se tienen en cuenta en la resolución hechos, documentos o alegaciones del recurrente que, habiendo podido aportar en el trámite de alegaciones, no lo haya hecho. Resolución (art. 119): estima en todo o en parte, desestima o declara la inadmisión. El órgano que resuelve decide cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados, oyéndoles previamente en este último caso. La resolución debe ser congruente con las peticiones del recurrente, sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial (prohibición de la reformatio in peius). Si el órgano estima la existencia de un vicio de forma y no considera procedente resolver sobre el fondo, ordena la retroacción del procedimiento al momento en que el vicio fue cometido.
La suspensión de la ejecución del acto recurrido (art. 117 LPAC)
Regla general: la interposición de cualquier recurso, salvo que una disposición establezca lo contrario, no suspende la ejecución del acto impugnado, coherente con la autotutela ejecutiva y con la presunción de validez de los actos (art. 39). El órgano a quien competa resolver el recurso, previa ponderación suficientemente razonada entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el ocasionado al recurrente por la eficacia inmediata del acto, puede suspender de oficio o a solicitud del recurrente la ejecución cuando concurra alguna de estas circunstancias: que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación, o que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho del art. 47.1. La ejecución se entiende suspendida si, transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico del órgano competente, este no ha dictado y notificado resolución expresa (suspensión por silencio positivo). Al acordar la suspensión pueden adoptarse las medidas cautelares necesarias para asegurar la protección del interés público o de terceros y la eficacia de la resolución o acto impugnado; cuando la suspensión pueda causar perjuicios de cualquier naturaleza, solo se concede previa caución o garantía suficiente para responder de ellos. En el recurso extraordinario de revisión la suspensión se rige por las mismas reglas.
Las reclamaciones económico-administrativas
Vía especial de revisión para actos de contenido tributario y otras materias económicas (liquidaciones, sanciones tributarias, denegación de devoluciones), regulada en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (arts. 226 y ss.) y en el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, reglamento de revisión en vía administrativa. Se resuelve por órganos especializados, con independencia funcional respecto de los órganos gestores: el Tribunal Económico-Administrativo Central, los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y los Locales (de Ceuta y Melilla), integrados en el Ministerio de Hacienda. Frente a los actos tributarios existe también el recurso de reposición, potestativo y previo a la reclamación (plazo de un mes). La reclamación económico-administrativa se interpone en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación del acto, y el plazo máximo de resolución es de un año. Es requisito previo para acudir al contencioso-administrativo en materia tributaria. Además existen procedimientos especiales de revisión (arts. 216 y ss. LGT): nulidad de pleno derecho, declaración de lesividad de actos anulables, revocación, rectificación de errores y devolución de ingresos indebidos.
La revisión de oficio de actos nulos y de disposiciones (art. 106 LPAC)
Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud del interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos del art. 47.1: actos que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional; dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio; de contenido imposible; constitutivos de infracción penal o dictados como consecuencia de ésta; dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados; actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición; y cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de ley. También procede la revisión de oficio de disposiciones administrativas en los supuestos del art. 47.2 (vulneración de la Constitución, de las leyes o de otras disposiciones de rango superior, regulación de materias reservadas a la ley y establecimiento de la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales). Las solicitudes de los interesados pueden inadmitirse mediante resolución motivada, sin necesidad de dictamen, cuando no se basen en alguna de las causas de nulidad, carezcan manifiestamente de fundamento o se hayan desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. En la misma resolución pueden fijarse las indemnizaciones que procedan, si concurren las circunstancias de los arts. 32.2 y 34.1 de la Ley 40/2015. Plazo de resolución: seis meses; si el procedimiento se inició de oficio, su transcurso sin resolución produce la caducidad; si se inició a solicitud del interesado, ésta puede entenderse desestimada por silencio administrativo. El dictamen del Consejo de Estado se emite conforme al art. 22 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.
La declaración de lesividad de actos anulables (art. 107 LPAC)
Las Administraciones Públicas no pueden anular directamente por sí mismas sus actos favorables anulables (art. 48): deben declararlos lesivos para el interés público y después impugnarlos ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Requisitos: la declaración de lesividad no puede adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y exige la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados. Si transcurren seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se declare la lesividad, se produce la caducidad. Declarado lesivo el acto, la Administración puede interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la declaración de lesividad (art. 46.4 LJCA), sin necesidad de requerimiento previo. Con el inicio del procedimiento de lesividad puede suspenderse la ejecución del acto cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación (art. 108). Se distingue de la revisión de oficio de actos nulos en que no requiere dictamen del Consejo de Estado y en que la decisión final corresponde a un juez, no a la Administración.
Revocación, rectificación de errores y límites de la revisión (arts. 109 y 110 LPAC)
Revocación (art. 109.1): las Administraciones Públicas pueden revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Rectificación (art. 109.2): pueden rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. Límites (art. 110): las facultades de revisión no pueden ejercitarse cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes. Estas técnicas, junto con la revisión de oficio y la lesividad, forman el bloque de la autotutela revisora, a diferencia de los recursos, que se interponen por el interesado.
Distinción entre revisión de oficio y recurso administrativo
La revisión de oficio es un mecanismo excepcional a disposición de la propia Administración (aunque puede instarla el interesado), limitado a supuestos tasados de nulidad radical, procedente en cualquier momento y sujeta a garantías reforzadas (dictamen favorable del órgano consultivo), precisamente porque afecta a actos firmes. El recurso administrativo, por el contrario, es la vía ordinaria de impugnación a disposición del interesado, dentro de plazo, frente a cualquier infracción del ordenamiento jurídico, nulidad o anulabilidad. Cuadro de contraste: iniciativa (de oficio o a instancia de parte / siempre del interesado); plazo (cualquier momento / plazo preclusivo); fundamento (supuestos del art. 47 / cualquier vicio de los arts. 47 y 48); control consultivo (dictamen favorable del Consejo de Estado / no es preceptivo, salvo en el extraordinario de revisión cuando se resuelve el fondo en los casos legalmente previstos); órgano (el competente para la revisión de oficio / el que dictó el acto o su superior).
La legitimación para recurrir: titulares de derechos e intereses legítimos
Puede interponer los recursos administrativos previstos en las leyes quien tenga la condición de interesado conforme al art. 4 LPAC, esto es, toda persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, resulten afectados por el acto, sin exigirse la titularidad de un derecho subjetivo en sentido estricto. El criterio amplio es coherente con el reconocido en el art. 19 LJCA para el posterior recurso contencioso-administrativo y con la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el interés legítimo como ventaja o utilidad jurídica derivada de la eventual estimación del recurso. La falta de legitimación es causa de inadmisión (art. 116.b LPAC). Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses colectivos pueden recurrir en defensa de los mismos.
El control judicial posterior: la vía contencioso-administrativa (Ley 29/1998)
Agotada la vía administrativa o decidido acudir directamente a la jurisdicción contra un acto que la agota, procede el recurso contencioso-administrativo (arts. 106 y 24 CE; Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa). Plazos de interposición (art. 46 LJCA): dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación del acto expreso; seis meses si el acto es presunto, contados a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto. Tras un recurso potestativo de reposición, el plazo de dos meses se cuenta desde el día siguiente a la notificación de la resolución expresa, y el de seis meses desde la desestimación presunta. Entre Administraciones Públicas rige el requerimiento previo (art. 44 LJCA). Las Administraciones no pueden recurrir sus propios actos sin previa declaración de lesividad. El mes de agosto es inhábil para la interposición del recurso contencioso-administrativo (art. 128.2 LJCA), pero no para el cómputo de los plazos administrativos.
Cuadro de plazos para memorizar
Alzada: 1 mes (acto expreso) o 3 meses (acto presunto); resolución en 3 meses. Reposición: 1 mes (expreso) o 3 meses (presunto); resolución en 1 mes. Extraordinario de revisión: 4 años (error de hecho) o 3 meses (resto de motivos); resolución en 3 meses. Revisión de oficio de actos nulos: cualquier momento; 6 meses para resolver. Lesividad: no puede declararse pasados 4 años desde que se dictó el acto; 6 meses para declararla; 2 meses para recurrir en contencioso desde la declaración. Audiencia: 10 a 15 días. Información pública: mínimo 20 días. Prueba: 10 a 30 días. Subsanación de solicitudes y de representación: 10 días. Suspensión del acto: silencio estimatorio de la suspensión a los 30 días (un mes) de la solicitud. Contencioso: 2 meses (expreso) / 6 meses (presunto).
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Los interesados tienen derecho a conocer el estado de la tramitación, a no presentar documentos ya obrantes en poder de las Administraciones Públicas y a formular alegaciones antes del trámite de audiencia (arts. 28 y 53 LPAC).
La revisión de oficio de actos nulos (art. 106) exige dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico equivalente y puede acordarse en cualquier momento; la de actos anulables favorables exige declaración de lesividad previa (no pasados 4 años desde que se dictó el acto) e impugnación judicial en 2 meses desde la declaración (art. 107 LPAC, art. 46.4 LJCA).
Tres recursos administrativos: alzada (actos que no agotan la vía, ante el superior jerárquico), potestativo de reposición (actos que agotan la vía, ante el mismo órgano) y extraordinario de revisión (actos firmes, motivos tasados del art. 125.1).
Error típico: confundir los plazos del recurso extraordinario de revisión: 4 años para el error de hecho y 3 meses para los demás motivos tasados (art. 125.2); el plazo de 4 años de la lesividad es distinto y se refiere al momento límite para declararla.
Son interesados quienes promueven el procedimiento, quienes sin haberlo iniciado tienen derechos que pueden resultar afectados, y quienes se personan antes de la resolución definitiva por poder verse afectados sus intereses legítimos (art. 4 LPAC).
La capacidad de obrar ante la Administración (art. 3) incluye a los menores de edad para el ejercicio de derechos que el ordenamiento les permita sin asistencia de representante legal y, si la ley lo declara, a grupos de afectados, uniones y entidades sin personalidad.
La representación se presume para actos de mero trámite, pero debe acreditarse para solicitudes, declaraciones responsables y comunicaciones, recursos, desistimientos y renuncias; vía apud acta o registro electrónico de apoderamientos; subsanación en 10 días (art. 5).
Derechos generales (art. 13): comunicarse por el Punto de Acceso General, ser asistidos en medios electrónicos, usar lenguas oficiales, acceder a información pública, ser tratados con respeto y deferencia, exigir responsabilidades, protección de datos. El derecho a información y orientación sobre requisitos está en el art. 53.
El derecho a no aportar documentos ya en poder de la Administración (art. 28) permite su consulta electrónica mediante plataformas de intermediación, salvo oposición del interesado; la oposición no cabe en potestades sancionadoras o de inspección.
El recurso administrativo es manifestación de la autotutela: la Administración revisa sus propias decisiones antes de acudir a los tribunales, dando lugar a un nuevo procedimiento.
Son recurribles las resoluciones y los actos de trámite cualificados; las disposiciones generales no son recurribles en vía administrativa (art. 112.3) y solo se impugnan en vía contencioso-administrativa, directa o indirectamente.
El recurso de alzada (contra actos que no agotan la vía) tiene plazo de 1 mes (3 si es presunto) y 3 meses de resolución máxima; el silencio es desestimatorio, salvo que se recurra en alzada la desestimación por silencio de una solicitud, en cuyo caso el silencio es estimatorio.
El recurso potestativo de reposición (contra actos que agotan la vía) es alternativo al contencioso directo, con plazo de 1 mes de interposición y 1 mes de resolución; mientras esté pendiente no cabe recurso contencioso y contra su resolución no cabe de nuevo reposición.
El recurso extraordinario de revisión procede contra actos firmes solo por error de hecho, documentos de valor esencial que evidencien el error, documentos o testimonios falsos declarados por sentencia firme, o prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible declarada judicialmente.
La interposición de un recurso no suspende la ejecución del acto por regla general (autotutela ejecutiva); cabe suspensión ponderando perjuicios, y se produce silencio positivo de la suspensión si transcurre un mes sin resolver la solicitud.
En la resolución de los recursos rige la prohibición de reformatio in peius: no puede agravarse la situación inicial del recurrente (art. 119.3).
Audiencia: plazo de 10 a 15 días; alegaciones en cualquier momento anterior a la audiencia; información pública, mínimo 20 días; prueba, de 10 a 30 días.
Notificación: dentro de los 10 días siguientes a dictar el acto; debe indicar si agota o no la vía, los recursos, el órgano y el plazo; notificaciones electrónicas rechazadas tras 10 días naturales sin acceso.
Las reclamaciones económico-administrativas son una vía especial para actos tributarios, resuelta por los Tribunales Económico-Administrativos con mayor independencia funcional que los recursos ordinarios; plazo de un mes para interponerla y un año para resolver.
La revisión de oficio (mecanismo excepcional de la propia Administración sobre actos firmes, con dictamen consultivo) se distingue del recurso administrativo (vía ordinaria del interesado dentro de plazo).
La revisión de oficio iniciada de oficio caduca a los 6 meses; si se inició a solicitud del interesado, su silencio es desestimatorio.
La legitimación para recurrir alcanza a toda persona cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, resulten afectados, sin exigir titularidad de derecho subjetivo en sentido estricto.
Los actos de gravamen o desfavorables pueden revocarse y los errores materiales, de hecho o aritméticos rectificarse en cualquier momento (art. 109); la revisión tiene los límites de equidad, buena fe y derecho de los particulares (art. 110).
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
¿Qué derecho tienen los interesados respecto de los documentos que ya obran en poder de la Administración actuante o que han sido elaborados por cualquier otra Administración?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 12 de Gestión AGE?
Los ciudadanos gozan, en el procedimiento administrativo, de un catálogo reforzado de derechos y garantías frente a la Administración (arts. 13 y 53 de la Ley 39/2015), entre ellos el de no aportar documentos ya obrantes en poder de las Administraciones Públicas, el derecho de audiencia y el derecho a relacionarse electrónicamente. Las garantías del procedimiento (alegaciones, prueba, audiencia, información pública, plazos, motivación, notificación, abstención y recusación) se completan con la revisión de los actos en vía administrativa, que se articula mediante la revisión de oficio (a iniciativa de la propia Administración: nulidad, lesividad, revocación y rectificación de errores) y los recursos administrativos (a iniciativa del interesado): alzada, potestativo de reposición y extraordinario de revisión, sin perjuicio del control judicial posterior.
¿Qué hay que memorizar del Tema 12 para el examen?
Los interesados tienen derecho a conocer el estado de la tramitación, a no presentar documentos ya obrantes en poder de las Administraciones Públicas y a formular alegaciones antes del trámite de audiencia (arts. 28 y 53 LPAC). La revisión de oficio de actos nulos (art. 106) exige dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico equivalente y puede acordarse en cualquier momento; la de actos anulables favorables exige declaración de lesividad previa (no pasados 4 años desde que se dictó el acto) e impugnación judicial en 2 meses desde la declaración (art. 107 LPAC, art. 46.4 LJCA). Tres recursos administrativos: alzada (actos que no agotan la vía, ante el superior jerárquico), potestativo de reposición (actos que agotan la vía, ante el mismo órgano) y extraordinario de revisión (actos firmes, motivos tasados del art. 125.1). Error típico: confundir los plazos del recurso extraordinario de revisión: 4 años para el error de hecho y 3 meses para los demás motivos tasados (art. 125.2); el plazo de 4 años de la lesividad es distinto y se refiere al momento límite para declararla. Son interesados quienes promueven el procedimiento, quienes sin haberlo iniciado tienen derechos que pueden resultar afectados, y quienes se personan antes de la resolución definitiva por poder verse afectados sus intereses legítimos (art. 4 LPAC). La capacidad de obrar ante la Administración (art. 3) incluye a los menores de edad para el ejercicio de derechos que el ordenamiento les permita sin asistencia de representante legal y, si la ley lo declara, a grupos de afectados, uniones y entidades sin personalidad. La representación se presume para actos de mero trámite, pero debe acreditarse para solicitudes, declaraciones responsables y comunicaciones, recursos, desistimientos y renuncias; vía apud acta o registro electrónico de apoderamientos; subsanación en 10 días (art. 5). Derechos generales (art. 13): comunicarse por el Punto de Acceso General, ser asistidos en medios electrónicos, usar lenguas oficiales, acceder a información pública, ser tratados con respeto y deferencia, exigir responsabilidades, protección de datos. El derecho a información y orientación sobre requisitos está en el art. 53. El derecho a no aportar documentos ya en poder de la Administración (art. 28) permite su consulta electrónica mediante plataformas de intermediación, salvo oposición del interesado; la oposición no cabe en potestades sancionadoras o de inspección. El recurso administrativo es manifestación de la autotutela: la Administración revisa sus propias decisiones antes de acudir a los tribunales, dando lugar a un nuevo procedimiento. Son recurribles las resoluciones y los actos de trámite cualificados; las disposiciones generales no son recurribles en vía administrativa (art. 112.3) y solo se impugnan en vía contencioso-administrativa, directa o indirectamente. El recurso de alzada (contra actos que no agotan la vía) tiene plazo de 1 mes (3 si es presunto) y 3 meses de resolución máxima; el silencio es desestimatorio, salvo que se recurra en alzada la desestimación por silencio de una solicitud, en cuyo caso el silencio es estimatorio. El recurso potestativo de reposición (contra actos que agotan la vía) es alternativo al contencioso directo, con plazo de 1 mes de interposición y 1 mes de resolución; mientras esté pendiente no cabe recurso contencioso y contra su resolución no cabe de nuevo reposición. El recurso extraordinario de revisión procede contra actos firmes solo por error de hecho, documentos de valor esencial que evidencien el error, documentos o testimonios falsos declarados por sentencia firme, o prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible declarada judicialmente. La interposición de un recurso no suspende la ejecución del acto por regla general (autotutela ejecutiva); cabe suspensión ponderando perjuicios, y se produce silencio positivo de la suspensión si transcurre un mes sin resolver la solicitud. En la resolución de los recursos rige la prohibición de reformatio in peius: no puede agravarse la situación inicial del recurrente (art. 119.3). Audiencia: plazo de 10 a 15 días; alegaciones en cualquier momento anterior a la audiencia; información pública, mínimo 20 días; prueba, de 10 a 30 días. Notificación: dentro de los 10 días siguientes a dictar el acto; debe indicar si agota o no la vía, los recursos, el órgano y el plazo; notificaciones electrónicas rechazadas tras 10 días naturales sin acceso. Las reclamaciones económico-administrativas son una vía especial para actos tributarios, resuelta por los Tribunales Económico-Administrativos con mayor independencia funcional que los recursos ordinarios; plazo de un mes para interponerla y un año para resolver. La revisión de oficio (mecanismo excepcional de la propia Administración sobre actos firmes, con dictamen consultivo) se distingue del recurso administrativo (vía ordinaria del interesado dentro de plazo). La revisión de oficio iniciada de oficio caduca a los 6 meses; si se inició a solicitud del interesado, su silencio es desestimatorio. La legitimación para recurrir alcanza a toda persona cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, resulten afectados, sin exigir titularidad de derecho subjetivo en sentido estricto. Los actos de gravamen o desfavorables pueden revocarse y los errores materiales, de hecho o aritméticos rectificarse en cualquier momento (art. 109); la revisión tiene los límites de equidad, buena fe y derecho de los particulares (art. 110).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española de 1978, arts. 9.3, 24, 29, 54, 103, 105, 106 y 149.1.18.ª.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, arts. 3-6, 12-14, 21, 24-25, 28-33, 35, 40-44, 47-48, 53, 76-77, 82-83 y 106-126.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, arts. 3, 23 y 24 (principios de actuación, abstención y recusación) y 32 y ss.
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, arts. 19, 44, 46 y 128.
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, arts. 216 y ss. y 226 y ss. (revisión en vía administrativa y reclamaciones económico-administrativas); Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo.
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado; Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo; Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición.
Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
Mientras tanto, practica con tests gratis de Gestión AGE.