Tema 6. Políticas de la Unión Europea: mercado interior. Política económica y monetaria. Política exterior y de seguridad común. El espacio de seguridad, libertad y justicia. Defensa de la competencia. Política agrícola y pesquera.
Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (A2), 1.356 plazas convocadas. La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo VIII) con un temario distinto, no cubierto aquí. Numeración tal y como la publica el BOE: cada bloque reinicia su propia numeración de temas (Bloque I: 1-11, Bloque II: 1-6, etc.), no es una secuencia continua 1-58.
El TFUE atribuye a la Unión Europea un amplio conjunto de políticas, desde el mercado interior y la política económica y monetaria hasta la política exterior y de seguridad común (regulada en el TUE), el espacio de libertad, seguridad y justicia, la defensa de la competencia y la política agrícola y pesquera, cada una con un régimen competencial y unos instrumentos jurídicos propios. Las competencias pueden ser exclusivas (unión aduanera, competencia del mercado interior, política monetaria de la zona euro, conservación de los recursos pesqueros y política comercial común), compartidas (mercado interior, ELSJ, agricultura, medio ambiente, energía, transportes) o de coordinación (política económica y de empleo), y la PESC se rige por reglas específicas.
El mercado interior: concepto y las cuatro libertades (art. 26 TFUE)
El mercado interior implica un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales está garantizada (art. 26 TFUE). La libre circulación de mercancías (arts. 28-37) se articula mediante la unión aduanera, el arancel exterior común y la prohibición de restricciones cuantitativas y medidas de efecto equivalente entre Estados miembros (sentencia Dassonville, 1974; principio de reconocimiento mutuo de la sentencia Cassis de Dijon, 1979); la de personas (arts. 45-55), mediante la libre circulación de trabajadores y la libertad de establecimiento; la de servicios (arts. 56-62), mediante la prohibición de restricciones a la libre prestación transfronteriza; y la de capitales (arts. 63-66), mediante la prohibición de restricciones a los movimientos de capitales y pagos, incluso respecto de terceros países. Las restricciones solo se admiten por razones imperiosas de interés general y respetando el principio de proporcionalidad.
La armonización de legislaciones para el mercado interior (art. 114 TFUE)
El Parlamento Europeo y el Consejo, mediante el procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social, adoptan las medidas relativas a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que tengan por objeto el establecimiento y funcionamiento del mercado interior (art. 114 TFUE), instrumento normativo clave para la eliminación de barreras técnicas al comercio. Existe una base alternativa por unanimidad del Consejo para aproximar disposiciones que incidan directamente en el establecimiento o funcionamiento del mercado interior (art. 115 TFUE). El art. 114 no confiere una competencia general de regulación del mercado interior: las medidas deben tener por objeto real mejorar sus condiciones de funcionamiento (sentencia Publicidad del tabaco, 2000). Los Estados pueden mantener o introducir disposiciones nacionales más estrictas en casos tasados (art. 114.4 a 114.6).
La Política Económica y Monetaria (PEM): régimen general (arts. 119-144 TFUE)
Comprende dos vertientes: la política económica, coordinada entre los Estados miembros (que conservan la competencia principal) mediante orientaciones generales aprobadas por el Consejo y sometidas a supervisión multilateral (art. 121 TFUE); y la política monetaria, competencia exclusiva de la Unión para los Estados de la zona euro (art. 3.1.c TFUE), ejercida por el Banco Central Europeo y el Sistema Europeo de Bancos Centrales, con el objetivo prioritario de mantener la estabilidad de precios (art. 127 TFUE). Los Tratados prohíben la financiación monetaria de los déficits públicos (art. 123), la asunción de compromisos de otro Estado o cláusula de no rescate (art. 125) y el acceso privilegiado de las Administraciones a las entidades financieras (art. 124). Los Estados miembros de la zona euro disponen de normas específicas de coordinación (arts. 136-138) y reuniones informales de sus ministros (Eurogrupo). La Unión Económica y Monetaria se completa con la Unión Bancaria (Mecanismo Único de Supervisión, Mecanismo Único de Resolución y Fondo Único de Resolución).
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento
Marco normativo que desarrolla la disciplina presupuestaria del art. 126 TFUE (procedimiento de déficit excesivo), fijando como valores de referencia, recogidos en el Protocolo nº 12, un déficit público no superior al 3% del PIB y una deuda pública no superior al 60% del PIB. Fue reformado en 2024 (entrada en vigor el 30 de abril de 2024): el Reglamento (UE) 2024/1263 reforma el brazo preventivo y el Reglamento (UE) 2024/1264 el brazo correctivo, y la Directiva (UE) 2024/1265 modifica los requisitos de los marcos presupuestarios nacionales. El nuevo marco se basa en planes fiscales y estructurales nacionales a medio plazo (cuatro años, ampliables a siete si se comprometen reformas e inversiones), con una trayectoria de gasto neto como indicador operativo único, supervisada por la Comisión y aprobada por el Consejo, y mantiene los valores de referencia del 3% y el 60%. Incluye cláusulas de salvaguardia (general y nacionales) para circunstancias excepcionales. El procedimiento de déficit excesivo (art. 126 TFUE) lo inicia la Comisión, con informe y dictamen del Comité Económico y Financiero, y el Consejo decide por mayoría cualificada sobre la existencia de déficit excesivo y emite recomendaciones; a los Estados de la zona euro pueden imponérseles sanciones.
El euro y la Unión Económica y Monetaria (UEM)
El euro es la moneda de la Unión desde su introducción contable en 1999 y física en 2002, adoptada actualmente por 21 de los 27 Estados miembros (zona euro), tras la adhesión de Bulgaria el 1 de enero de 2026 (Croacia lo adoptó en 2023), que forman el núcleo de la Unión Económica y Monetaria. La adopción requiere cumplir los criterios de convergencia del art. 140 TFUE y el Protocolo nº 13 (estabilidad de precios, finanzas públicas sostenibles, estabilidad cambiaria con participación en el MTC II durante al menos dos años y convergencia de los tipos de interés a largo plazo). Dinamarca dispone de una cláusula de exclusión voluntaria («opt-out»). Los Estados miembros no pertenecientes a la eurozona conservan su política monetaria propia, si bien están sujetos igualmente a la coordinación de política económica.
La Política Exterior y de Seguridad Común (PESC): naturaleza (arts. 21-46 TUE)
Se rige por reglas y procedimientos específicos (arts. 23-46 TUE, y arts. 205-222 TFUE sobre la acción exterior), de naturaleza esencialmente intergubernamental: el Consejo Europeo define los intereses y objetivos estratégicos y las orientaciones generales (art. 26 TUE); el Consejo adopta decisiones por unanimidad, salvo excepciones tasadas de mayoría cualificada (art. 31 TUE), y la abstención de un miembro no impide la adopción («abstención constructiva»; no se adopta si los abstencionistas reúnen al menos un tercio de los Estados y de la población). No pueden adoptarse actos legislativos en este ámbito (art. 24.1 TUE). El Parlamento Europeo tiene un papel meramente consultivo y de información, y el Tribunal de Justicia carece, con carácter general, de competencia, salvo para controlar el respeto del art. 40 TUE y los recursos contra decisiones que establezcan medidas restrictivas (sanciones) frente a personas físicas o jurídicas (art. 275 TFUE). El Alto Representante dirige la PESC, asistido por el SEAE. Los Estados miembros apoyan activa y sin reservas la PESC con lealtad y solidaridad mutua.
La Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD)
Parte integrante de la PESC (arts. 42-46 TUE), incluye la definición progresiva de una política de defensa común que podrá conducir a una defensa común, sin perjuicio del carácter específico de la política de seguridad y defensa de determinados Estados miembros y respetando los compromisos derivados del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Incluye misiones civiles y militares de gestión de crisis (misiones de Petersberg, art. 43 TUE), la cláusula de asistencia mutua (art. 42.7 TUE: si un Estado miembro es objeto de una agresión armada en su territorio, los demás le deben ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance) y la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO, art. 46 TUE, lanzada en 2017). La cláusula de solidaridad (art. 222 TFUE) obliga a actuar conjuntamente ante ataques terroristas o catástrofes. La Agencia Europea de Defensa (art. 45 TUE) apoya el desarrollo de capacidades. La Brújula Estratégica de 2022 fijó el marco de acción; en 2025 la Unión ha reforzado su política con el Libro Blanco sobre la Preparación de la Defensa Europea y nuevos instrumentos de financiación de la industria de defensa (entre ellos, el instrumento SAFE, de préstamos).
El Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (ELSJ): concepto (arts. 67-89 TFUE)
Ámbito competencial compartido (arts. 67-89 TFUE) que engloba las políticas de control de fronteras, asilo e inmigración; la cooperación judicial en materia civil, basada en el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales; y la cooperación judicial y policial en materia penal, orientada a la prevención y lucha contra la delincuencia mediante instrumentos como la orden de detención europea (Decisión Marco 2002/584/JAI; en España, Ley 23/2014, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea), Europol y Eurojust. Dinamarca no participa en el ELSJ, e Irlanda dispone de un régimen de participación opcional («opt-in»). En el ELSJ la mayoría de las medidas se adoptan por el procedimiento legislativo ordinario, con «freno de emergencia» en materia penal y una cuarta parte de los Estados miembros pueden tomar la iniciativa en cooperación penal y policial. La Fiscalía Europea (Reglamento (UE) 2017/1939) investiga y ejerce la acción penal por los delitos contra los intereses financieros de la Unión.
El espacio Schengen
Espacio de libre circulación de personas sin controles en las fronteras interiores entre los Estados miembros participantes (no coincide exactamente con los Estados miembros de la Unión: incluye a Estados asociados no pertenecientes a la UE como Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein, y excluye a Irlanda, que mantiene sus propios controles, y a Chipre, aún no integrado plenamente). Bulgaria y Rumanía son miembros de pleno derecho desde 2025 (supresión de controles en fronteras terrestres desde el 1 de enero de 2025). Se rige por el Código de Fronteras Schengen (Reglamento (UE) 2016/399, modificado por el Reglamento (UE) 2024/1717) y está compensado por un régimen común de control de las fronteras exteriores gestionado con apoyo de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex, Reglamento (UE) 2019/1896), así como por el Sistema de Información de Schengen (SIS) y el Sistema de Información de Visados (VIS). Los sistemas de entrada y salida (EES) y de información y autorización de viajes (ETIAS) refuerzan el control. Los controles interiores solo pueden reintroducirse temporalmente en casos excepcionales.
La política común de asilo, inmigración y control de fronteras exteriores
Desarrollada mediante el Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) y, más recientemente, el Pacto sobre Migración y Asilo (adoptado en mayo de 2024 y aplicable desde el 12 de junio de 2026), que reforma el sistema mediante varios actos: el Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración (Reglamento (UE) 2024/1351, que sustituye al sistema de Dublín), el Reglamento sobre el procedimiento de asilo (Reglamento (UE) 2024/1348), el Reglamento de control (screening) y el nuevo Eurodac. Introduce procedimientos fronterizos comunes y un mecanismo de solidaridad obligatoria pero flexible entre Estados miembros para la reubicación o compensación (contribuciones financieras) en la gestión de solicitantes de protección internacional, y el reforzamiento de la gestión integrada de las fronteras exteriores. La protección temporal (Directiva 2001/55/CE) se activó en 2022 para las personas que huyen de Ucrania.
La defensa de la competencia en el Derecho de la Unión (arts. 101-109 TFUE)
Prohíbe los acuerdos entre empresas, decisiones de asociaciones de empresas y prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia (art. 101 TFUE, con posibilidad de exención individual o por categorías, art. 101.3), así como la explotación abusiva de una posición dominante en el mercado interior (art. 102 TFUE), atribuyendo a la Comisión Europea amplias facultades de investigación, sanción (multas de hasta el 10% del volumen de negocios anual mundial, Reglamento (CE) nº 1/2003) y control de concentraciones empresariales (Reglamento (CE) nº 139/2004). Las autoridades y jueces nacionales aplican también los arts. 101 y 102 (en España, la CNMC, conforme a la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia, y la Ley 3/2013). El Reglamento (UE) 2022/1925 (Reglamento de Mercados Digitales) impone obligaciones adicionales a los «guardianes de acceso» de las grandes plataformas.
El régimen de ayudas de Estado (arts. 107-109 TFUE)
Son incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones (art. 107.1 TFUE). Son compatibles de pleno derecho las de carácter social a consumidores individuales, las destinadas a reparar daños por catástrofes y las concedidas a determinadas regiones de Alemania (art. 107.2). Pueden considerarse compatibles (art. 107.3) las destinadas a favorecer el desarrollo de regiones, proyectos de interés común europeo, determinadas actividades o regiones y la cultura. Las ayudas deben notificarse previamente a la Comisión, que ejerce un control previo obligatorio con efecto suspensivo (art. 108.3), salvo las exentas (Reglamento general de exención por categorías, Reglamento (UE) nº 651/2014) y las de minimis (Reglamento (UE) 2023/2831: hasta 300.000 euros por empresa en tres ejercicios). El procedimiento lo regula el Reglamento (UE) 2015/1589. Las ayudas ilegales deben recuperarse.
La Política Agrícola Común (PAC): objetivos (art. 39 TFUE)
Tiene como objetivos incrementar la productividad agrícola, garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola, estabilizar los mercados, garantizar la seguridad de los abastecimientos y asegurar precios razonables en las entregas a los consumidores (art. 39 TFUE). Es una competencia compartida (art. 4.2.d TFUE) que se adopta por el procedimiento legislativo ordinario (art. 43), si bien las medidas sobre precios, exacciones y ayudas y limitaciones cuantitativas las fija el Consejo. Se articula, tras las sucesivas reformas desde su creación en 1962, en dos pilares: los pagos directos y medidas de mercado (FEAGA) y el desarrollo rural (FEADER). La PAC 2023-2027 se basa en planes estratégicos nacionales (PEPAC en España), nueve objetivos específicos, condicionalidad reforzada y ecoesquemas.
La Política Pesquera Común (PPC)
Regula la conservación de los recursos biológicos marinos (competencia exclusiva de la Unión, art. 3.1.d TFUE), su gestión sostenible, la organización común de mercados de los productos de la pesca y la acuicultura, y la política estructural del sector (Reglamento (UE) nº 1380/2013), mediante instrumentos como las Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas nacionales, fijadas anualmente por el Consejo a propuesta de la Comisión sobre la base de dictámenes científicos (art. 43.3 TFUE).
La política de medio ambiente de la Unión (arts. 191-193 TFUE)
Contribuye a la conservación, protección y mejora de la calidad del medio ambiente, la protección de la salud de las personas, la utilización prudente y racional de los recursos naturales y el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente, en particular el cambio climático. Se basa en los principios de cautela, acción preventiva, corrección en la fuente de los atentados al medio ambiente y quien contamina paga.
El Pacto Verde Europeo (European Green Deal)
Estrategia de crecimiento presentada por la Comisión Europea en diciembre de 2019, con el objetivo de convertir a la Unión en la primera economía climáticamente neutra en 2050, compromiso jurídicamente vinculante mediante la Ley Europea del Clima (Reglamento (UE) 2021/1119), que fija además una reducción de las emisiones netas de gases de efecto invernadero de al menos el 55% para 2030 respecto a los niveles de 1990. Articula un conjunto amplio de iniciativas legislativas en energía, transporte, industria, biodiversidad y economía circular, entre las que destaca el paquete «Fit for 55», y mecanismos como el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) y el mecanismo de ajuste en frontera del carbono (CBAM, Reglamento (UE) 2023/956, con fase definitiva desde el 1 de enero de 2026). La Comisión ha propuesto un objetivo intermedio del 90% de reducción para 2040.
La política comercial común (arts. 206-207 TFUE)
Competencia exclusiva de la Unión (art. 3.1.e TFUE), que negocia y celebra acuerdos comerciales con terceros países y organizaciones internacionales a través de la Comisión, bajo mandato del Consejo (arts. 206-207 y 218 TFUE), incluyendo la política arancelaria, la celebración de acuerdos arancelarios y comerciales, la política de exportación y las medidas de defensa comercial (antidumping y antisubvención), con el objetivo de contribuir al desarrollo armonioso del comercio mundial. Se decide por mayoría cualificada en el Consejo y el acuerdo requiere la aprobación del Parlamento Europeo. El dictamen 2/15 del Tribunal de Justicia (acuerdo con Singapur) precisó que los acuerdos que afectan a la inversión no directa y al arbitraje entre inversores y Estados no son de competencia exclusiva y exigen la participación de los Estados (acuerdos mixtos).
La política social y de empleo de la Unión (arts. 145-150 y 151-161 TFUE)
La Unión y los Estados miembros trabajan para desarrollar una estrategia coordinada de empleo, y la Unión completa la acción de los Estados miembros en el ámbito social (mejora del entorno de trabajo, condiciones de trabajo, seguridad social, información y consulta a los trabajadores, igualdad de trato, entre otras materias), articulada principalmente mediante directivas de armonización mínima y el diálogo social europeo entre interlocutores sociales.
La política de transportes y las redes transeuropeas (arts. 90-100 y 170-172 TFUE)
Comprende el establecimiento de normas comunes aplicables a los transportes internacionales, condiciones de admisión de transportistas no residentes, y medidas para mejorar la seguridad en los transportes. Las redes transeuropeas (transporte, energía y telecomunicaciones) tienen por objeto contribuir al establecimiento y desarrollo del mercado interior y al fortalecimiento de la cohesión económica, social y territorial, mediante la interconexión y la interoperabilidad de las redes nacionales.
La política energética de la Unión (art. 194 TFUE)
Persigue garantizar el funcionamiento del mercado de la energía, garantizar la seguridad del abastecimiento energético en la Unión, fomentar la eficiencia energética y el ahorro energético, así como el desarrollo de energías renovables, y fomentar la interconexión de las redes energéticas, si bien cada Estado miembro conserva el derecho a determinar las condiciones de explotación de sus recursos energéticos, su elección entre distintas fuentes de energía y la estructura general de su abastecimiento energético.
Las competencias de la Unión: exclusivas, compartidas y de apoyo
El TFUE clasifica las competencias (arts. 2-6): son exclusivas de la Unión la unión aduanera, el establecimiento de las normas de competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior, la política monetaria de los Estados de la zona euro, la conservación de los recursos biológicos marinos en el marco de la PPC y la política comercial común (art. 3). Son compartidas el mercado interior, la política social, la cohesión, la agricultura y la pesca (salvo la conservación de los recursos marinos), el medio ambiente, la protección de los consumidores, los transportes, las redes transeuropeas, la energía, el ELSJ y los asuntos comunes de seguridad en materia de salud pública (art. 4). Los Estados miembros coordinan sus políticas económicas y de empleo en el seno de la Unión (art. 5). La Unión tiene competencias de apoyo, coordinación o complemento en salud, industria, cultura, turismo, educación, protección civil y cooperación administrativa (art. 6). La PESC se ejerce conforme a reglas específicas. Las competencias no exclusivas se rigen por los principios de subsidiariedad y proporcionalidad (art. 5 TUE).
La libre circulación de personas, servicios y capitales: normas clave
Los ciudadanos de la Unión tienen derecho a circular y residir libremente (art. 21 TFUE; Directiva 2004/38/CE). Los trabajadores gozan de libre circulación sin discriminación por razón de nacionalidad en el empleo, la remuneración y las demás condiciones de trabajo (art. 45), con excepción del empleo en la Administración pública que implique ejercicio de potestades públicas. La libertad de establecimiento (art. 49) y la libre prestación de servicios (art. 56) están reguladas por la Directiva de Servicios (Directiva 2006/123/CE, transpuesta en España por la Ley 17/2009 y la Ley 25/2009) y por la Directiva de reconocimiento de cualificaciones profesionales (Directiva 2005/36/CE). El art. 63 prohíbe las restricciones a los movimientos de capitales y pagos entre Estados miembros y entre estos y terceros países, con excepciones (art. 65, motivos fiscales y de orden público). Esta libertad se completa con la Unión de los Mercados de Capitales y la Unión Bancaria.
El mercado único digital y las políticas de regulación tecnológica
La Unión ha desarrollado un amplio marco normativo digital: el Reglamento de Servicios Digitales (Reglamento (UE) 2022/2065), el Reglamento de Mercados Digitales (Reglamento (UE) 2022/1925), el Reglamento de Gobernanza de Datos y el Reglamento de Datos (Reglamento (UE) 2023/2854), el Reglamento de Inteligencia Artificial (Reglamento (UE) 2024/1689, de aplicación escalonada entre 2025 y 2027), el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679) y el Reglamento eIDAS 2 (Reglamento (UE) 2024/1183, sobre identidad digital europea). Constituyen la respuesta de la Unión a la transición digital, enmarcada en la Década Digital 2030.
La coordinación de las políticas económicas: el Semestre Europeo y la Unión Bancaria
El Semestre Europeo es el ciclo anual de coordinación de las políticas económicas y presupuestarias: la Comisión analiza los planes de los Estados y propone recomendaciones específicas por país, que el Consejo aprueba. Los Estados de la zona euro presentan además sus proyectos de planes presupuestarios. La Unión Bancaria se compone del Mecanismo Único de Supervisión (BCE, Reglamento (UE) nº 1024/2013), el Mecanismo Único de Resolución (Junta Única de Resolución y Fondo Único de Resolución, Reglamento (UE) nº 806/2014) y un sistema común de garantía de depósitos aún en desarrollo. El Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) es una organización internacional intergubernamental, creada por un tratado de 2012 fuera del marco del Derecho de la Unión, que presta asistencia financiera con condicionalidad a los Estados de la zona euro.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Las cuatro libertades del mercado interior: circulación de mercancías, personas, servicios y capitales, con reconocimiento mutuo como principio articulador (doctrina Cassis de Dijon).
La política monetaria única es competencia exclusiva de la Unión para los Estados de la eurozona; la política económica es de coordinación, articulada mediante el Semestre Europeo.
La PESC se rige por reglas específicas (unanimidad, exclusión general de actos legislativos), distintas del método comunitario ordinario, con protagonismo del Alto Representante.
La defensa de la competencia (arts. 101-102 TFUE) prohíbe acuerdos restrictivos y el abuso de posición dominante, con control específico de las ayudas de Estado por la Comisión.
El mercado interior (art. 26 TFUE) es un espacio sin fronteras interiores con las cuatro libertades garantizadas; la de mercancías se articula mediante la unión aduanera y la prohibición de restricciones cuantitativas.
La armonización del mercado interior (art. 114 TFUE) se adopta por Parlamento y Consejo mediante el procedimiento legislativo ordinario para eliminar barreras técnicas al comercio.
La Política Económica y Monetaria distingue política económica (coordinada, competencia principal de los Estados) de política monetaria (exclusiva de la Unión para la eurozona, ejercida por el BCE y el SEBC).
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento fija como referencia un déficit no superior al 3% del PIB y una deuda no superior al 60%, reformado en 2024 con planes fiscales-estructurales nacionales.
El euro, moneda de la Unión desde 1999 (contable) y 2002 (física), es adoptado por 21 Estados miembros (Bulgaria desde el 1 de enero de 2026); Dinamarca tiene cláusula de exclusión voluntaria. Los no pertenecientes a la zona euro conservan su política monetaria propia.
La PESC (arts. 21-46 TUE) es de naturaleza intergubernamental: regla general de unanimidad, papel meramente consultivo del Parlamento y ausencia general de competencia del TJUE.
La Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), parte de la PESC, incluye misiones de gestión de crisis (misiones de Petersberg) y mecanismos como la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO).
El Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (arts. 67-89 TFUE) engloba control de fronteras/asilo/inmigración, cooperación judicial civil (reconocimiento mutuo) y cooperación judicial/policial penal (euroorden, Europol, Eurojust).
El espacio Schengen de libre circulación sin controles internos no coincide exactamente con los Estados miembros de la UE (incluye a Noruega, Islandia, Suiza, Liechtenstein), compensado por control común de fronteras exteriores (Frontex).
El Pacto sobre Migración y Asilo (adoptado en 2024) es aplicable desde el 12 de junio de 2026; incluye el Reglamento de gestión del asilo y la migración (2024/1351) en sustitución de Dublín, un mecanismo de solidaridad obligatoria pero flexible y procedimientos fronterizos comunes.
La defensa de la competencia prohíbe acuerdos restrictivos entre empresas (art. 101 TFUE) y el abuso de posición dominante (art. 102 TFUE), con amplias facultades de investigación y sanción de la Comisión.
Las ayudas de Estado (arts. 107-109 TFUE) son en principio incompatibles con el mercado interior si falsean la competencia, salvo excepciones tasadas y autorización previa obligatoria de la Comisión.
La PAC (art. 39 TFUE) busca incrementar la productividad, garantizar nivel de vida equitativo y estabilizar mercados, articulada en pagos directos/medidas de mercado (FEAGA) y desarrollo rural (FEADER).
La Política Pesquera Común regula la conservación de recursos y fija anualmente Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas nacionales, a propuesta de la Comisión sobre dictámenes científicos.
El Pacto Verde Europeo (2019) persigue la neutralidad climática en 2050 (Ley Europea del Clima), con el paquete 'Fit for 55' orientado a reducir emisiones un 55% para 2030 respecto a 1990.
La política comercial común (arts. 206-207 TFUE) es competencia exclusiva de la Unión: la Comisión negocia acuerdos comerciales bajo mandato del Consejo, incluidas medidas antidumping y antisubvención.
Competencias exclusivas de la Unión (art. 3 TFUE): unión aduanera, normas de competencia del mercado interior, política monetaria de la zona euro, conservación de los recursos biológicos marinos y política comercial común. La política económica es de coordinación (art. 5 TFUE).
Cláusula de no rescate (art. 125), prohibición de financiación monetaria (art. 123) y valores de referencia del 3% y el 60% (Protocolo nº 12): conceptos de examen. Reforma de 2024: Reglamentos (UE) 2024/1263 y 2024/1264 y Directiva (UE) 2024/1265.
Criterios de convergencia para el euro (art. 140 TFUE y Protocolo nº 13): precios, finanzas públicas, tipo de cambio (MTC II durante dos años) y tipos de interés a largo plazo.
Schengen: 25 Estados miembros de la UE (todos salvo Irlanda y Chipre) más Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein; Bulgaria y Rumanía integrados plenamente desde 2025. Frontex: Reglamento (UE) 2019/1896.
PESC: unanimidad, abstención constructiva, sin actos legislativos (art. 24.1 TUE), control limitado del TJUE (art. 275 TFUE). Cláusula de asistencia mutua (art. 42.7 TUE) distinta de la de solidaridad (art. 222 TFUE).
Ayudas de Estado: compatibles de pleno derecho (art. 107.2), compatibles discrecionalmente (art. 107.3); notificación previa con efecto suspensivo (art. 108.3); de minimis hasta 300.000 euros en tres años (Reglamento (UE) 2023/2831).
Multas por infracción de los arts. 101 y 102 TFUE: hasta el 10% del volumen de negocios anual mundial (Reglamento (CE) nº 1/2003).
Principio de reconocimiento mutuo (Cassis de Dijon, 1979) y fórmula Dassonville (1974): medida de efecto equivalente es toda norma que pueda obstaculizar directa o indirectamente, real o potencialmente, el comercio intracomunitario.
Pacto Verde: neutralidad climática en 2050 y reducción del 55% en 2030 (Reglamento (UE) 2021/1119); CBAM con fase definitiva desde 2026.
La orden de detención europea se rige por la Decisión Marco 2002/584/JAI y, en España, por la Ley 23/2014; Dinamarca no participa en el ELSJ e Irlanda tiene opt-in.
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Pregunta 1 de 120 aciertos
¿Cuál de las siguientes materias es competencia exclusiva de la Unión según el art. 3 TFUE?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 6 de Gestión AGE?
El TFUE atribuye a la Unión Europea un amplio conjunto de políticas, desde el mercado interior y la política económica y monetaria hasta la política exterior y de seguridad común (regulada en el TUE), el espacio de libertad, seguridad y justicia, la defensa de la competencia y la política agrícola y pesquera, cada una con un régimen competencial y unos instrumentos jurídicos propios. Las competencias pueden ser exclusivas (unión aduanera, competencia del mercado interior, política monetaria de la zona euro, conservación de los recursos pesqueros y política comercial común), compartidas (mercado interior, ELSJ, agricultura, medio ambiente, energía, transportes) o de coordinación (política económica y de empleo), y la PESC se rige por reglas específicas.
¿Qué hay que memorizar del Tema 6 para el examen?
Las cuatro libertades del mercado interior: circulación de mercancías, personas, servicios y capitales, con reconocimiento mutuo como principio articulador (doctrina Cassis de Dijon). La política monetaria única es competencia exclusiva de la Unión para los Estados de la eurozona; la política económica es de coordinación, articulada mediante el Semestre Europeo. La PESC se rige por reglas específicas (unanimidad, exclusión general de actos legislativos), distintas del método comunitario ordinario, con protagonismo del Alto Representante. La defensa de la competencia (arts. 101-102 TFUE) prohíbe acuerdos restrictivos y el abuso de posición dominante, con control específico de las ayudas de Estado por la Comisión. El mercado interior (art. 26 TFUE) es un espacio sin fronteras interiores con las cuatro libertades garantizadas; la de mercancías se articula mediante la unión aduanera y la prohibición de restricciones cuantitativas. La armonización del mercado interior (art. 114 TFUE) se adopta por Parlamento y Consejo mediante el procedimiento legislativo ordinario para eliminar barreras técnicas al comercio. La Política Económica y Monetaria distingue política económica (coordinada, competencia principal de los Estados) de política monetaria (exclusiva de la Unión para la eurozona, ejercida por el BCE y el SEBC). El Pacto de Estabilidad y Crecimiento fija como referencia un déficit no superior al 3% del PIB y una deuda no superior al 60%, reformado en 2024 con planes fiscales-estructurales nacionales. El euro, moneda de la Unión desde 1999 (contable) y 2002 (física), es adoptado por 21 Estados miembros (Bulgaria desde el 1 de enero de 2026); Dinamarca tiene cláusula de exclusión voluntaria. Los no pertenecientes a la zona euro conservan su política monetaria propia. La PESC (arts. 21-46 TUE) es de naturaleza intergubernamental: regla general de unanimidad, papel meramente consultivo del Parlamento y ausencia general de competencia del TJUE. La Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), parte de la PESC, incluye misiones de gestión de crisis (misiones de Petersberg) y mecanismos como la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO). El Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (arts. 67-89 TFUE) engloba control de fronteras/asilo/inmigración, cooperación judicial civil (reconocimiento mutuo) y cooperación judicial/policial penal (euroorden, Europol, Eurojust). El espacio Schengen de libre circulación sin controles internos no coincide exactamente con los Estados miembros de la UE (incluye a Noruega, Islandia, Suiza, Liechtenstein), compensado por control común de fronteras exteriores (Frontex). El Pacto sobre Migración y Asilo (adoptado en 2024) es aplicable desde el 12 de junio de 2026; incluye el Reglamento de gestión del asilo y la migración (2024/1351) en sustitución de Dublín, un mecanismo de solidaridad obligatoria pero flexible y procedimientos fronterizos comunes. La defensa de la competencia prohíbe acuerdos restrictivos entre empresas (art. 101 TFUE) y el abuso de posición dominante (art. 102 TFUE), con amplias facultades de investigación y sanción de la Comisión. Las ayudas de Estado (arts. 107-109 TFUE) son en principio incompatibles con el mercado interior si falsean la competencia, salvo excepciones tasadas y autorización previa obligatoria de la Comisión. La PAC (art. 39 TFUE) busca incrementar la productividad, garantizar nivel de vida equitativo y estabilizar mercados, articulada en pagos directos/medidas de mercado (FEAGA) y desarrollo rural (FEADER). La Política Pesquera Común regula la conservación de recursos y fija anualmente Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas nacionales, a propuesta de la Comisión sobre dictámenes científicos. El Pacto Verde Europeo (2019) persigue la neutralidad climática en 2050 (Ley Europea del Clima), con el paquete 'Fit for 55' orientado a reducir emisiones un 55% para 2030 respecto a 1990. La política comercial común (arts. 206-207 TFUE) es competencia exclusiva de la Unión: la Comisión negocia acuerdos comerciales bajo mandato del Consejo, incluidas medidas antidumping y antisubvención. Competencias exclusivas de la Unión (art. 3 TFUE): unión aduanera, normas de competencia del mercado interior, política monetaria de la zona euro, conservación de los recursos biológicos marinos y política comercial común. La política económica es de coordinación (art. 5 TFUE). Cláusula de no rescate (art. 125), prohibición de financiación monetaria (art. 123) y valores de referencia del 3% y el 60% (Protocolo nº 12): conceptos de examen. Reforma de 2024: Reglamentos (UE) 2024/1263 y 2024/1264 y Directiva (UE) 2024/1265. Criterios de convergencia para el euro (art. 140 TFUE y Protocolo nº 13): precios, finanzas públicas, tipo de cambio (MTC II durante dos años) y tipos de interés a largo plazo. Schengen: 25 Estados miembros de la UE (todos salvo Irlanda y Chipre) más Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein; Bulgaria y Rumanía integrados plenamente desde 2025. Frontex: Reglamento (UE) 2019/1896. PESC: unanimidad, abstención constructiva, sin actos legislativos (art. 24.1 TUE), control limitado del TJUE (art. 275 TFUE). Cláusula de asistencia mutua (art. 42.7 TUE) distinta de la de solidaridad (art. 222 TFUE). Ayudas de Estado: compatibles de pleno derecho (art. 107.2), compatibles discrecionalmente (art. 107.3); notificación previa con efecto suspensivo (art. 108.3); de minimis hasta 300.000 euros en tres años (Reglamento (UE) 2023/2831). Multas por infracción de los arts. 101 y 102 TFUE: hasta el 10% del volumen de negocios anual mundial (Reglamento (CE) nº 1/2003). Principio de reconocimiento mutuo (Cassis de Dijon, 1979) y fórmula Dassonville (1974): medida de efecto equivalente es toda norma que pueda obstaculizar directa o indirectamente, real o potencialmente, el comercio intracomunitario. Pacto Verde: neutralidad climática en 2050 y reducción del 55% en 2030 (Reglamento (UE) 2021/1119); CBAM con fase definitiva desde 2026. La orden de detención europea se rige por la Decisión Marco 2002/584/JAI y, en España, por la Ley 23/2014; Dinamarca no participa en el ELSJ e Irlanda tiene opt-in.
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Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Tratado de la Unión Europea (TUE), arts. 21-46.
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), arts. 2-6, 26-66, 67-89, 101-109, 119-144, 205-222, 191-194 y 206-207; Protocolos nº 12 y nº 13.
Reglamento (UE) 2024/1263, Reglamento (UE) 2024/1264 y Directiva (UE) 2024/1265, de 29 de abril de 2024 (reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento).
Reglamento (CE) nº 1/2003 y Reglamento (CE) nº 139/2004; Reglamento (UE) 2023/2831 (minimis); Reglamento (UE) nº 651/2014 y Reglamento (UE) 2015/1589 (ayudas de Estado); Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
Reglamento (UE) 2016/399 (Código de fronteras Schengen); Reglamento (UE) 2019/1896 (Frontex); Reglamentos (UE) 2024/1351 y 2024/1348 (Pacto sobre Migración y Asilo).