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Tema 4. El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Eficacia y validez de los actos administrativos. Su motivación y notificación.

Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre · Índice oficial del BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262).

Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (A2), 1.356 plazas convocadas. La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo VIII) con un temario distinto, no cubierto aquí. Numeración tal y como la publica el BOE: cada bloque reinicia su propia numeración de temas (Bloque I: 1-11, Bloque II: 1-6, etc.), no es una secuencia continua 1-58.

El acto administrativo es la declaración de voluntad, juicio, deseo o conocimiento de la Administración, dictada en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la reglamentaria, que produce efectos jurídicos sobre los administrados. Su régimen se contiene sobre todo en el Título III de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común (arts. 34 a 52): requisitos (contenido, motivación, forma), eficacia (efectos, ejecutividad, notificación y publicación) y validez (nulidad de pleno derecho, anulabilidad, conservación, conversión y convalidación). La motivación y la notificación son los instrumentos que garantizan el conocimiento del acto por el interesado y condicionan, en muchos casos, su eficacia y la posibilidad de recurrirlo.

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Concepto y elementos del acto administrativo

El acto administrativo es toda declaración de voluntad, deseo, conocimiento o juicio realizada por la Administración en el ejercicio de una potestad administrativa distinta de la reglamentaria. La LPAC no lo define: el concepto es doctrinal y jurisprudencial. Sus elementos son: el subjetivo (órgano competente que lo dicta, con investidura regular de su titular; la competencia es irrenunciable y se ejerce por el órgano que la tiene atribuida, salvo delegación o avocación, art. 8 Ley 40/2015), el objetivo (contenido del acto, que según el art. 34.2 LPAC se ajustará al ordenamiento y será determinado y adecuado a los fines de aquel), el causal (motivo o presupuesto de hecho y de derecho que justifica el acto), el formal (procedimiento seguido y forma de exteriorización, por escrito a través de medios electrónicos con carácter general, art. 36 LPAC) y el teleológico o finalista (fin de interés público para el que se atribuyó la potestad).

Distinción respecto de figuras afines

Acto y reglamento: el reglamento es una norma de carácter general que innova el ordenamiento y se integra en él; el acto se agota con su cumplimiento y puede ser singular o general sin ser norma. Los reglamentos están sujetos al principio de inderogabilidad singular: las resoluciones de carácter particular no pueden vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque procedan de un órgano de igual o superior jerarquía (art. 37.1 LPAC); las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras de rango superior son nulas (art. 47.2). Acto y contrato: el contrato exige concurso de voluntades; el acto es declaración unilateral. Acto y actuación material: las vías de hecho y los meros hechos no son actos. Actos políticos o de Gobierno: no están exentos de control; la jurisdicción contencioso-administrativa conoce de la protección de los derechos fundamentales, de los elementos reglados y de la determinación de las indemnizaciones procedentes (art. 2.a Ley 29/1998, LJCA).

Clases de actos administrativos

Los actos se clasifican según varios criterios. Por su contenido: favorables o ampliatorios de la esfera jurídica del destinatario (concesiones, autorizaciones, subvenciones) y de gravamen o desfavorables (sanciones, órdenes, expropiaciones); declarativos y constitutivos. Por el grado de vinculación: reglados (la norma determina completamente su contenido) y discrecionales (margen de apreciación dentro de la ley, controlable en sus elementos reglados y por la interdicción de la arbitrariedad, art. 9.3 CE). Por sus destinatarios: singulares y generales (dirigidos a una pluralidad indeterminada de personas). Por su estructura: simples (un órgano unipersonal), colegiados y complejos (concurren varias voluntades). Por su relación con el procedimiento: de trámite y definitivos (resolutorios). Por su efecto sobre la vía administrativa: los que ponen fin a la vía administrativa (art. 114 LPAC) y los que no. Por su forma de producirse: expresos y presuntos (silencio administrativo). Por su firmeza: firmes (no recurridos en plazo o resueltos en vía de recurso), consentidos y confirmatorios (reiteran otro anterior firme y no reabren plazos de impugnación).

Eficacia de los actos administrativos

Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa (art. 39.1 LPAC). La eficacia queda demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior (art. 39.2). Excepcionalmente puede otorgarse eficacia retroactiva cuando se dicten en sustitución de actos anulados y, asimismo, cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia y esta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas (art. 39.3). Si el acto es desfavorable, rige la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales (art. 9.3 CE; art. 26 Ley 40/2015). Los actos son además ejecutivos (art. 38) y su ejecutoriedad se regula en el art. 98.

Validez de los actos administrativos: nulidad y anulabilidad

La LPAC distingue entre actos nulos de pleno derecho (art. 47) y actos anulables (art. 48). La nulidad de pleno derecho es la forma más grave de invalidez: el acto no produce en rigor efectos jurídicos válidos, puede declararse de oficio o a instancia de parte mediante el procedimiento de revisión de oficio en cualquier momento (art. 106.1), y no es susceptible de convalidación. La anulabilidad es una invalidez de menor entidad: el acto produce efectos hasta que se anule, solo puede impugnarse en los plazos de recurso, y es convalidable. Ambos vicios pueden hacerse valer mediante los recursos administrativos y jurisdiccionales; el límite de la revisión de oficio es la equidad, la buena fe y el derecho de los particulares (art. 110).

La motivación de los actos (art. 35 LPAC)

Deben ser motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, entre otros: los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos; los que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y reclamaciones previas a la vía judicial, y los que resuelvan procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión; los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos; los acuerdos de suspensión de actos, la aplicación de la tramitación de urgencia, la ampliación de plazos y la realización de actuaciones complementarias; los dictados en el ejercicio de potestades discrecionales; y los que pongan fin a procedimientos sancionadores o de responsabilidad patrimonial, entre otros supuestos. Los actos que pongan fin a procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se motivan conforme a lo que dispongan las normas de sus convocatorias, debiendo quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución (art. 35.2). La motivación puede hacerse por remisión a informes o dictámenes cuando estos se incorporan al texto de la resolución (art. 88.6). La falta o insuficiencia de motivación es, por regla general, un vicio de forma que solo determina anulabilidad cuando el acto carece de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o da lugar a indefensión (art. 48.2).

La notificación: régimen general (arts. 40 a 44 LPAC)

Se notificarán a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses (art. 40.1). Toda notificación se cursará dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos (art. 40.2). Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitan alguno de los demás requisitos surten efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto notificado, o interponga el recurso procedente (art. 40.3). A los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración del procedimiento, basta la notificación que contenga el texto íntegro de la resolución y el intento de notificación debidamente acreditado (art. 40.4). Con independencia del medio utilizado, las notificaciones son válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso, de sus fechas y horas, del contenido íntegro y de la identidad fidedigna del remitente y del destinatario (art. 41.1 y 41.6).

Notificación electrónica y en papel

Las notificaciones se practican preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía (art. 41.1). Están obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones, conforme al art. 14.2 LPAC, las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria (en los trámites realizados en ejercicio de esa actividad), quienes representen a un interesado obligado y los empleados de las Administraciones Públicas por razón de su condición de empleados; reglamentariamente pueden extenderse a otros colectivos (art. 14.3). La notificación electrónica se practica mediante comparecencia en la sede electrónica o en la dirección electrónica habilitada única (art. 43.1). Se entiende practicada en el momento en que se produce el acceso a su contenido y rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde su puesta a disposición sin que se acceda, salvo imposibilidad técnica o material (art. 43.2). Las notificaciones en papel solo proceden si el interesado no está obligado a relacionarse electrónicamente y no ha elegido el medio electrónico (art. 41.1), o en supuestos especiales previstos en la ley; se practican en el domicilio, y si nadie puede hacerse cargo se repite el intento dentro de los tres días siguientes, en hora distinta (con al menos tres horas de diferencia entre ambos intentos); si ambos resultan infructuosos se procede conforme al art. 44 (art. 42). Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se toma como fecha de notificación la de la primera que se haya producido (art. 41.7).

Notificación infructuosa y publicación de los actos (arts. 44 a 46)

Cuando los interesados sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio y, intentada esta, no se hubiera podido practicar, la notificación se hace por medio de un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado» (Tablón Edictal Único), sin perjuicio de otras formas complementarias de difusión (art. 44). Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas reguladoras del procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente (art. 45.1). La publicación sustituye a la notificación, surtiendo sus mismos efectos, en dos casos: cuando el acto tenga por destinatarios a una pluralidad indeterminada de personas o la Administración estime que la notificación a un solo interesado es insuficiente para garantizar la de todos (en este último caso es adicional a la notificación efectuada), y cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo, supuesto en el que la convocatoria debe indicar el medio donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las realizadas en lugar distinto (art. 45.2). La publicación debe contener los mismos elementos que el art. 40.2 exige para la notificación. Cuando el órgano competente apreciase que la publicación de un acto lesiona derechos o intereses legítimos, se limitará a publicar una somera indicación de su contenido y del lugar donde los interesados podrán comparecer para conocimiento del texto íntegro (art. 46).

El elemento finalista y la desviación de poder

Toda potestad se atribuye para un fin de interés público concreto. La desviación de poder consiste en el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico (art. 70.2 LJCA), aunque el fin perseguido sea también de interés público. El art. 48.1 LPAC la incluye expresamente entre los supuestos de anulabilidad. Su prueba es difícil y exige la acreditación de indicios; el Tribunal Supremo reconoce que no es necesario un propósito de lucro personal: basta la finalidad espuria.

Actos expresos y actos presuntos

Los expresos manifiestan formalmente la voluntad administrativa mediante declaración explícita conforme al procedimiento. Los presuntos derivan de la técnica del silencio administrativo. El plazo máximo para resolver y notificar es el fijado por la norma reguladora del procedimiento, que no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea (art. 21.2); si la norma no fija plazo, es de tres meses (art. 21.3). En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el silencio es estimatorio con carácter general, salvo que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la UE o internacional establezca lo contrario (art. 24.1); es desestimatorio, entre otros, en el derecho de petición (art. 29 CE), en los procedimientos cuya estimación suponga transferir al solicitante facultades relativas al dominio público o al servicio público, en los que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los de responsabilidad patrimonial. El silencio positivo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento y la resolución expresa posterior solo puede confirmarlo (art. 24.3.b); el negativo es una mera ficción que permite acudir a la vía de recurso, y la resolución tardía puede dictarse en cualquier sentido. En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo produce caducidad en los de intervención susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, y silencio desestimatorio en los que pudieran reconocer derechos o situaciones jurídicas individualizadas (art. 25).

Actos favorables y actos de gravamen: revisión y revocación

Los favorables amplían la esfera jurídica del destinatario (autorizaciones, concesiones, subvenciones) y gozan de protección reforzada frente a su revisión: la Administración no puede revocarlos libremente y solo puede dejarlos sin efecto mediante revisión de oficio de los actos nulos (art. 106, con dictamen favorable previo del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere) o mediante declaración de lesividad de los anulables seguida de recurso contencioso-administrativo (art. 107; la declaración no puede adoptarse transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto, exige audiencia de los interesados y caduca a los seis meses desde la iniciación del procedimiento). Los de gravamen o desfavorables pueden ser revocados en cualquier momento, siempre que la revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico (art. 109.1).

Actos definitivos y actos de trámite

Los definitivos ponen fin al procedimiento decidiendo sobre el fondo, y son los recurribles de forma autónoma con carácter general. Los de trámite son instrumentales y no son recurribles independientemente, salvo los llamados actos de trámite cualificados: los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o causen perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos (art. 112.1 LPAC). Estas objeciones pueden alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

La forma de los actos administrativos (art. 36 LPAC)

Se producen por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia (art. 36.1). Cuando los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando la autoridad de la que procede; si se trata de resoluciones, el titular de la competencia autorizará una relación de las dictadas verbalmente (art. 36.2). Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como nombramientos, concesiones o licencias, puede darse una sola resolución que especifique las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado (art. 36.3). Mención aparte merece la actuación administrativa automatizada: acto o actuación realizada íntegramente por medios electrónicos por una Administración en el marco de un procedimiento y en la que no ha intervenido de forma directa un empleado público; exige establecer previamente el órgano responsable de la definición de especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema (art. 41 Ley 40/2015), y se firma mediante sello electrónico o código seguro de verificación (art. 42).

La presunción de validez y la ejecutividad

La presunción de validez (art. 39.1 LPAC) es iuris tantum: traslada al recurrente la carga de acreditar la invalidez y es manifestación de la autotutela declarativa de la Administración. La ejecutividad (arts. 38 y 98) es manifestación de la autotutela ejecutiva: la Administración puede llevar a la práctica sus actos sin acudir previamente a los tribunales. Los actos son inmediatamente ejecutivos salvo que se produzca la suspensión, se trate de una resolución de procedimiento sancionador contra la que quepa algún recurso en vía administrativa (incluido el potestativo de reposición), una disposición establezca lo contrario o se necesite aprobación o autorización superior (art. 98.1). La interposición de cualquier recurso no suspende la ejecución del acto impugnado salvo disposición en contrario (art. 117.1); el órgano que deba resolver puede suspenderla, de oficio o a solicitud del recurrente, previa ponderación suficientemente razonada entre el perjuicio al interés público o a terceros y el ocasionado al recurrente, cuando la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación o la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad del art. 47.1 (art. 117.2). La suspensión se entiende concedida por silencio si transcurrido un mes desde que la solicitud tuvo entrada en el registro del órgano competente no se ha dictado resolución expresa (art. 117.3).

La nulidad de pleno derecho: supuestos tasados (art. 47.1 LPAC)

Son nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones Públicas: a) que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional; b) dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio; c) que tengan un contenido imposible; d) que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta; e) dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados; f) los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición; y g) cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de ley. También son nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la ley y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales (art. 47.2). Obsérvese que la incompetencia ha de ser manifiesta y solo cuenta la material o territorial: la incompetencia jerárquica o funcional que no sea manifiesta determina anulabilidad.

La anulabilidad: cláusula general residual (art. 48 LPAC)

Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder (art. 48.1). El defecto de forma solo determina la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados (art. 48.2). La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas solo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo (art. 48.3).

Límites de la nulidad y conservación de actos (arts. 49 y 51 LPAC)

La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero (art. 49.1). La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes del mismo independientes de aquella, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado (art. 49.2). Por otro lado, el órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción (art. 51). Es el principio favor acti o de economía procedimental: evita que un vicio puntual arrastre la nulidad de todo el procedimiento.

La conversión (art. 50) y la convalidación (art. 52) de actos

Conversión: los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de este (art. 50). Convalidación: la Administración puede convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan (art. 52.1). El acto de convalidación produce efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto sobre la retroactividad de los actos administrativos (art. 52.2). Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación puede realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado (art. 52.3). Si el vicio consistiera en la falta de alguna autorización, puede convalidarse el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente para ello (art. 52.4). Los actos nulos de pleno derecho no son convalidables.

Revisión de oficio y rectificación de errores

Las Administraciones declaran de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos del art. 47.1, por iniciativa propia o a solicitud del interesado y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere (art. 106.1). El órgano competente puede acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes cuando no se basen en causas de nulidad o carezcan manifiestamente de fundamento (art. 106.3). El plazo máximo para dictar y notificar la resolución es de seis meses desde el inicio del procedimiento: si se inició de oficio, su vencimiento produce caducidad; si se inició a solicitud, el interesado puede entenderla desestimada por silencio (art. 106.5). Las Administraciones pueden rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos (art. 109.2), sin alterar el fondo de la resolución. Las facultades de revisión no pueden ejercerse cuando, por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, la buena fe, el derecho de los particulares o las leyes (art. 110).

Medios de ejecución forzosa (arts. 99 a 104 LPAC)

La ejecución forzosa requiere acto administrativo previo que la autorice y previa advertencia al obligado si la ley lo exige. Los medios, que deben elegirse respetando la proporcionalidad (el menos restrictivo de la libertad individual), son: apremio sobre el patrimonio (obligaciones pecuniarias líquidas, art. 100); ejecución subsidiaria, por la Administración o por las personas que esta designe, a costa del obligado, en los actos no personalísimos (art. 101); multa coercitiva, reiterada por lapsos de tiempo suficientes para cumplir lo ordenado, en los casos previstos en la ley y compatible con las sanciones (art. 102); y compulsión sobre las personas, solo cuando la ley expresamente lo autorice y con respeto a la dignidad y los derechos constitucionales (art. 103). Si fuera necesario entrar en el domicilio del afectado o en los restantes lugares que requieran la autorización de su titular, la Administración debe obtener su consentimiento o, en su defecto, la oportuna autorización judicial (art. 18.2 CE); esta la concede el juzgado de lo contencioso-administrativo (art. 8.6 LJCA).

Elementos del acto administrativo: síntesis

Subjetivo (órgano competente con investidura regular), objetivo (contenido lícito, posible, determinado y adecuado a los fines), causal (motivo o presupuesto de hecho y derecho), formal (procedimiento y forma de exteriorización), finalista (fin de interés público concreto) y, como requisito accesorio, la eventual declaración de voluntad condicionada mediante términos, condiciones y modos.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Los actos administrativos producen efectos desde la fecha en que se dictan (art. 39.1), salvo que se disponga otra cosa o su eficacia quede demorada por notificación, publicación o aprobación superior (art. 39.2).
  • La nulidad de pleno derecho (art. 47) puede declararse de oficio en cualquier momento (art. 106.1) y no es convalidable; la anulabilidad (art. 48) admite convalidación (art. 52) y está sujeta a plazos de impugnación.
  • La notificación debe cursarse en el plazo de 10 días desde que el acto se dictó (art. 40.2) e indicar siempre si pone fin a la vía administrativa, los recursos que proceden, el órgano y el plazo; no confundir con el plazo de 10 días naturales para el rechazo de la notificación electrónica (art. 43.2).
  • Elementos del acto: subjetivo (órgano competente con investidura regular), objetivo (contenido lícito, posible, determinado), causal (motivo), formal (procedimiento y forma) y finalista (interés público concreto; su desviación es desviación de poder).
  • Clasificación de actos: favorables frente a de gravamen; los que ponen fin a la vía administrativa frente a los que no; singulares frente a generales; expresos frente a presuntos; reglados frente a discrecionales; de trámite frente a definitivos.
  • En el silencio positivo, el acto presunto tiene la misma eficacia que uno expreso y la resolución tardía solo puede confirmarlo; en el negativo es una ficción que habilita el recurso y la Administración puede resolver en cualquier sentido.
  • Los actos favorables solo pueden dejarse sin efecto mediante revisión de oficio (si son nulos, con dictamen favorable del Consejo de Estado) o declaración de lesividad (si son anulables, en el plazo de cuatro años); los de gravamen se revocan libremente con los límites del art. 109.1.
  • Los actos de trámite no son recurribles autónomamente salvo que decidan directa o indirectamente el fondo, impidan continuar el procedimiento, produzcan indefensión o causen perjuicio irreparable (art. 112.1).
  • La forma de los actos (art. 36) es escrita por medios electrónicos con carácter general; cabe una sola resolución para actos de la misma naturaleza (nombramientos, concesiones, licencias).
  • La presunción de validez (art. 39.1) es iuris tantum y manifestación de la autotutela declarativa; la ejecutividad es la autotutela ejecutiva, y la interposición de un recurso no suspende la ejecución salvo excepciones (art. 117).
  • La solicitud de suspensión se entiende estimada por silencio si no hay resolución expresa en el plazo de un mes desde su entrada en el registro del órgano competente (art. 117.3).
  • La retroactividad de los actos (art. 39.3) es excepcional: al sustituir actos anulados o cuando produzcan efectos favorables, siempre que los supuestos de hecho existieran ya en la fecha de retroacción y no se lesionen derechos de terceros.
  • Causas de nulidad (art. 47.1): lesión de derechos susceptibles de amparo, incompetencia manifiesta por materia o territorio, contenido imposible, infracción penal, prescindir total y absolutamente del procedimiento, adquisición de derechos sin requisitos esenciales y las previstas en ley.
  • La anulabilidad (art. 48) es cláusula residual: cualquier infracción del ordenamiento no tasada como nulidad, incluida la desviación de poder; el defecto de forma solo anula si falta un requisito indispensable o causa indefensión, y la extemporaneidad solo si lo impone la naturaleza del plazo.
  • Conservación (art. 51) y límites de la nulidad (art. 49): el vicio de un acto no arrastra a los independientes; se conservan los trámites cuyo contenido habría sido igual sin la infracción. La conversión está en el art. 50 y la convalidación en el art. 52.
  • Convalidación (art. 52): efecto desde su fecha salvo retroactividad; si el vicio es incompetencia no determinante de nulidad, convalida el superior jerárquico; si falta una autorización, se convalida otorgándola el órgano competente.
  • Deben motivarse, entre otros, los actos que limiten derechos o intereses legítimos, los que resuelvan recursos o revisión de oficio, los que se separen del criterio precedente o de dictámenes, los dictados en ejercicio de potestades discrecionales y los sancionadores.
  • La notificación electrónica se entiende practicada al acceder a su contenido y rechazada a los diez días naturales de su puesta a disposición sin acceso (art. 43.2); en papel, dos intentos con al menos tres horas de diferencia y, si fracasan, anuncio en el BOE (art. 44).
  • La publicación sustituye a la notificación en actos con pluralidad indeterminada de destinatarios y en procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva; es adicional si la notificación a un solo interesado se estima insuficiente (art. 45.2).
  • Medios de ejecución forzosa: apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas; la entrada en domicilio exige consentimiento o autorización judicial (art. 18.2 CE).
  • Error típico de examen: confundir la nulidad (art. 47, supuestos tasados) con la anulabilidad (art. 48, residual) o atribuir a la anulabilidad la revisión de oficio por dictamen del Consejo de Estado, que es propia de los actos nulos.
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¿Cuál de las siguientes es una causa de nulidad de pleno derecho de un acto administrativo?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 4 de Gestión AGE?

El acto administrativo es la declaración de voluntad, juicio, deseo o conocimiento de la Administración, dictada en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la reglamentaria, que produce efectos jurídicos sobre los administrados. Su régimen se contiene sobre todo en el Título III de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común (arts. 34 a 52): requisitos (contenido, motivación, forma), eficacia (efectos, ejecutividad, notificación y publicación) y validez (nulidad de pleno derecho, anulabilidad, conservación, conversión y convalidación). La motivación y la notificación son los instrumentos que garantizan el conocimiento del acto por el interesado y condicionan, en muchos casos, su eficacia y la posibilidad de recurrirlo.

¿Qué hay que memorizar del Tema 4 para el examen?

Los actos administrativos producen efectos desde la fecha en que se dictan (art. 39.1), salvo que se disponga otra cosa o su eficacia quede demorada por notificación, publicación o aprobación superior (art. 39.2). La nulidad de pleno derecho (art. 47) puede declararse de oficio en cualquier momento (art. 106.1) y no es convalidable; la anulabilidad (art. 48) admite convalidación (art. 52) y está sujeta a plazos de impugnación. La notificación debe cursarse en el plazo de 10 días desde que el acto se dictó (art. 40.2) e indicar siempre si pone fin a la vía administrativa, los recursos que proceden, el órgano y el plazo; no confundir con el plazo de 10 días naturales para el rechazo de la notificación electrónica (art. 43.2). Elementos del acto: subjetivo (órgano competente con investidura regular), objetivo (contenido lícito, posible, determinado), causal (motivo), formal (procedimiento y forma) y finalista (interés público concreto; su desviación es desviación de poder). Clasificación de actos: favorables frente a de gravamen; los que ponen fin a la vía administrativa frente a los que no; singulares frente a generales; expresos frente a presuntos; reglados frente a discrecionales; de trámite frente a definitivos. En el silencio positivo, el acto presunto tiene la misma eficacia que uno expreso y la resolución tardía solo puede confirmarlo; en el negativo es una ficción que habilita el recurso y la Administración puede resolver en cualquier sentido. Los actos favorables solo pueden dejarse sin efecto mediante revisión de oficio (si son nulos, con dictamen favorable del Consejo de Estado) o declaración de lesividad (si son anulables, en el plazo de cuatro años); los de gravamen se revocan libremente con los límites del art. 109.1. Los actos de trámite no son recurribles autónomamente salvo que decidan directa o indirectamente el fondo, impidan continuar el procedimiento, produzcan indefensión o causen perjuicio irreparable (art. 112.1). La forma de los actos (art. 36) es escrita por medios electrónicos con carácter general; cabe una sola resolución para actos de la misma naturaleza (nombramientos, concesiones, licencias). La presunción de validez (art. 39.1) es iuris tantum y manifestación de la autotutela declarativa; la ejecutividad es la autotutela ejecutiva, y la interposición de un recurso no suspende la ejecución salvo excepciones (art. 117). La solicitud de suspensión se entiende estimada por silencio si no hay resolución expresa en el plazo de un mes desde su entrada en el registro del órgano competente (art. 117.3). La retroactividad de los actos (art. 39.3) es excepcional: al sustituir actos anulados o cuando produzcan efectos favorables, siempre que los supuestos de hecho existieran ya en la fecha de retroacción y no se lesionen derechos de terceros. Causas de nulidad (art. 47.1): lesión de derechos susceptibles de amparo, incompetencia manifiesta por materia o territorio, contenido imposible, infracción penal, prescindir total y absolutamente del procedimiento, adquisición de derechos sin requisitos esenciales y las previstas en ley. La anulabilidad (art. 48) es cláusula residual: cualquier infracción del ordenamiento no tasada como nulidad, incluida la desviación de poder; el defecto de forma solo anula si falta un requisito indispensable o causa indefensión, y la extemporaneidad solo si lo impone la naturaleza del plazo. Conservación (art. 51) y límites de la nulidad (art. 49): el vicio de un acto no arrastra a los independientes; se conservan los trámites cuyo contenido habría sido igual sin la infracción. La conversión está en el art. 50 y la convalidación en el art. 52. Convalidación (art. 52): efecto desde su fecha salvo retroactividad; si el vicio es incompetencia no determinante de nulidad, convalida el superior jerárquico; si falta una autorización, se convalida otorgándola el órgano competente. Deben motivarse, entre otros, los actos que limiten derechos o intereses legítimos, los que resuelvan recursos o revisión de oficio, los que se separen del criterio precedente o de dictámenes, los dictados en ejercicio de potestades discrecionales y los sancionadores. La notificación electrónica se entiende practicada al acceder a su contenido y rechazada a los diez días naturales de su puesta a disposición sin acceso (art. 43.2); en papel, dos intentos con al menos tres horas de diferencia y, si fracasan, anuncio en el BOE (art. 44). La publicación sustituye a la notificación en actos con pluralidad indeterminada de destinatarios y en procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva; es adicional si la notificación a un solo interesado se estima insuficiente (art. 45.2). Medios de ejecución forzosa: apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas; la entrada en domicilio exige consentimiento o autorización judicial (art. 18.2 CE). Error típico de examen: confundir la nulidad (art. 47, supuestos tasados) con la anulabilidad (art. 48, residual) o atribuir a la anulabilidad la revisión de oficio por dictamen del Consejo de Estado, que es propia de los actos nulos.

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Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE-A-2015-10565), arts. 14, 21, 24-25, 30, 34-52, 88, 98-104, 106-110, 112, 114 y 117.
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE-A-2015-10566), arts. 8, 26, 41 y 42.
  • Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, arts. 2.a, 8.6, 46 y 70.2.
  • Constitución Española, arts. 9.3, 18.2, 103 y 106.

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