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Tema 7. El Poder Judicial. El principio de unidad jurisdiccional. El Consejo General del Poder Judicial. La organización judicial española.

Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre · Índice oficial del BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262).

Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (A2), 1.356 plazas convocadas. La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo VIII) con un temario distinto, no cubierto aquí. Numeración tal y como la publica el BOE: cada bloque reinicia su propia numeración de temas (Bloque I: 1-11, Bloque II: 1-6, etc.), no es una secuencia continua 1-58.

El Poder Judicial, único e independiente, se regula en el Título VI de la Constitución (arts. 117-127) y en la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial (LOPJ). Sus principios básicos son la independencia, inamovilidad, responsabilidad y sometimiento exclusivo al imperio de la ley de Jueces y Magistrados, la unidad jurisdiccional (art. 117.5) y la exclusividad de la potestad jurisdiccional (art. 117.3). El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es su órgano de gobierno; el Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales (competencia del Tribunal Constitucional); y la organización judicial se estructura territorialmente en Juzgados de Paz, Tribunales de Instancia, Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, tras la reforma operada por la LO 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

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Principios constitucionales del Poder Judicial (arts. 117-119 CE)

La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley (art. 117.1). La inamovilidad significa que no pueden ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley (art. 117.2). Rigen los principios de exclusividad (art. 117.3-4) y de unidad jurisdiccional (art. 117.5), y se prohíben los Tribunales de excepción (art. 117.6). El art. 118 impone la obligación de cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de Jueces y Tribunales y de prestarles la colaboración requerida. El art. 119 establece que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar (desarrollo: Ley 1/1996, de asistencia jurídica gratuita).

Otros preceptos del Título VI: publicidad, jurado, Policía Judicial e incompatibilidades (arts. 120, 125, 126 y 127 CE)

Art. 120: las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento; el procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal; las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública. Art. 125: los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en los procesos penales que la ley determine (Ley Orgánica 5/1995, del Tribunal del Jurado, integrado por nueve jurados y presidido por un Magistrado), así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales (como el Tribunal de las Aguas de Valencia). Art. 126: la Policía Judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente. Art. 127: los Jueces y Magistrados, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos; la ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de Jueces, Magistrados y Fiscales.

Exclusividad de jurisdicción (art. 117.3 y 4 CE)

El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. Estos no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho. Consecuencia: ningún órgano ajeno al Poder Judicial puede juzgar ni ejecutar lo juzgado, y los jueces no pueden asumir funciones administrativas o legislativas, salvo las que la ley les atribuya en garantía de derechos (por ejemplo, la autorización de entrada en domicilio).

El principio de unidad jurisdiccional (art. 117.5 CE)

El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. Significa que existe un único cuerpo de Jueces y Tribunales con el mismo estatuto, sin jurisdicciones especiales paralelas ni fueros personales. La Constitución prevé una sola salvedad: la ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución (art. 117.5; desarrollo en la Ley Orgánica 4/1987, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar). La Sala Quinta del Tribunal Supremo cierra la organización de la jurisdicción militar. Se complementa con la prohibición de Tribunales de excepción (art. 117.6). El Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial (Título IX CE).

El Consejo General del Poder Judicial: naturaleza y composición (art. 122 CE; LOPJ, arts. 558 y ss.)

El CGPJ es el órgano de gobierno del Poder Judicial (art. 122.2 CE), con sede en Madrid y competencia en todo el territorio nacional. Lo integran el Presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años (art. 122.3 CE): doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica, y ocho juristas (cuatro a propuesta del Congreso y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros) entre abogados y otros juristas de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión. En total, 21 miembros. La LOPJ atribuye a las Cortes Generales la elección de los doce vocales judiciales (seis cada Cámara, por mayoría de tres quintos) entre jueces propuestos con arreglo a la ley; el Tribunal Constitucional (STC 108/1986) admitió que este sistema es compatible con el art. 122.3 CE.

Competencias y órganos del CGPJ

El art. 122.2 CE encomienda a la ley orgánica el estatuto del CGPJ, el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. La LOPJ (art. 560) las concreta: selección, formación y perfeccionamiento de Jueces y Magistrados, provisión de destinos y ascensos, situaciones administrativas, inspección de Juzgados y Tribunales, régimen disciplinario, elaboración del presupuesto del propio Consejo e informe preceptivo de los anteproyectos de ley y disposiciones generales que afecten a la Constitución, a normas procesales u orgánicas, al estatuto de los jueces o al propio CGPJ (art. 561). Sus órganos son el Presidente, el Vicepresidente del Tribunal Supremo, el Pleno, la Comisión Permanente, la Comisión Disciplinaria, la Comisión de Calificación y la Comisión de Igualdad, además de órganos técnicos como el Servicio de Inspección y el Promotor de la Acción Disciplinaria.

Renovación del CGPJ y régimen en funciones

El mandato de cinco años de los vocales designados en 2013 expiró el 4 de diciembre de 2018; el Consejo permaneció en funciones hasta 2024, lo que llevó a la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, que limitó las facultades de un CGPJ en funciones (en particular, los nombramientos discrecionales de altos cargos judiciales). La renovación se produjo en julio de 2024 con la constitución de un nuevo Consejo presidido por Isabel Perelló Doménech, primera mujer presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ. Dato de examen: el mandato es de cinco años y el CGPJ debe renovarse completo al expirar ese plazo.

El Tribunal Supremo (arts. 123 CE y 53-61 LOPJ)

El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España y sede en Madrid, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales (art. 123.1 CE), reservada al Tribunal Constitucional. Su Presidente es nombrado por el Rey a propuesta del CGPJ (art. 123.2). Se organiza en cinco Salas: Primera (Civil), Segunda (Penal), Tercera (Contencioso-Administrativo), Cuarta (Social) y Quinta (Militar), además de la Sala Especial del art. 61 LOPJ. Conoce, entre otros asuntos, de los recursos de casación y revisión y de la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra aforados: la Sala de lo Penal es competente para exigir la responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno (art. 102.1 CE) y de Diputados y Senadores (art. 71.3 CE), así como de otras altas autoridades (miembros del CGPJ, Magistrados del Tribunal Constitucional, Fiscal General del Estado, etc.).

El Presidente del Tribunal Supremo y su unificación con la Presidencia del CGPJ

El Presidente del Tribunal Supremo es nombrado por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y lo es simultáneamente del propio Consejo (arts. 122.3 y 123.2 CE). Es elegido por el Pleno del CGPJ entre miembros de la carrera judicial o juristas de reconocida competencia, con los requisitos de antigüedad y ejercicio que fija la LOPJ, y su mandato es de cinco años. Ostenta la representación del Poder Judicial y es el máximo órgano de la carrera judicial, aunque ni el Presidente ni el Pleno del CGPJ constituyen una instancia jurisdiccional sobre los Jueces y Magistrados.

La organización judicial territorial (LOPJ)

De menor a mayor ámbito territorial: Juzgados de Paz (municipios en los que no tiene sede un Tribunal de Instancia, con funciones limitadas; el Juez de Paz es nombrado por la Sala de Gobierno del TSJ por cuatro años, a propuesta del Pleno del Ayuntamiento y no pertenece a la carrera judicial), Tribunales de Instancia (partido judicial), Audiencias Provinciales (provincia), Tribunales Superiores de Justicia (Comunidad Autónoma), Audiencia Nacional (ámbito nacional, competente en determinadas materias) y Tribunal Supremo (ámbito nacional). Además existen los Juzgados Centrales (Instrucción, Penal, Contencioso-Administrativo, Menores y Vigilancia Penitenciaria), con jurisdicción en toda España y vinculados a la Audiencia Nacional. El Ministerio Fiscal, aunque no integra el Poder Judicial, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad (art. 124 CE).

El Tribunal de Instancia tras la reforma de la LO 1/2025

La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, sustituyó los antiguos juzgados unipersonales (Primera Instancia, Instrucción, Mercantil, Penal, Violencia sobre la Mujer, Menores, Vigilancia Penitenciaria, Contencioso-Administrativo y Social) por un Tribunal de Instancia en cada partido judicial, con un Presidente y una estructura de gobierno común, organizado en Secciones por materias, sin alterar el reparto competencial entre órdenes. La implantación fue escalonada, culminando el 31 de diciembre de 2025. Los jueces siguen ejerciendo la jurisdicción de forma unipersonal en cada Sección. La reforma introdujo también los medios adecuados de solución de controversias (MASC) como requisito de procedibilidad en el orden civil y mercantil, y prevé la implantación progresiva de Oficinas de Justicia en los municipios y servicios comunes procesales.

Las Audiencias Provinciales

Órganos colegiados con sede en la capital de cada provincia y jurisdicción en su ámbito. Conocen de los recursos de apelación contra resoluciones de las Secciones del Tribunal de Instancia en los órdenes civil y penal, y del enjuiciamiento en primera instancia de los delitos más graves atribuidos por ley (con carácter general, penas privativas de libertad superiores a cinco años, salvo competencia de otros órganos como el Tribunal del Jurado, en el que la Audiencia Provincial aporta el Magistrado-Presidente). Se organizan en Secciones, normalmente integradas por tres Magistrados.

Los Tribunales Superiores de Justicia (art. 152.1 CE)

Sin perjuicio de la jurisdicción del Tribunal Supremo, el TSJ culmina la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma (art. 152.1 CE). Existe uno por Comunidad Autónoma, con sede en la ciudad que fije el Estatuto, organizado en Salas de lo Civil y Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social. Conoce de recursos de apelación y casación en los supuestos legalmente previstos (la casación civil autonómica, en particular, se limita a materias de Derecho civil foral o especial), del enjuiciamiento de aforados autonómicos conforme a los Estatutos y de los recursos contra actos y disposiciones de la Administración autonómica.

La Audiencia Nacional

Órgano jurisdiccional con sede en Madrid y jurisdicción en toda España, especializado por razón de la materia (LOPJ, arts. 62 y ss.). Se organiza en Salas de lo Penal (terrorismo, delitos económicos de especial trascendencia, narcotráfico organizado, delitos contra altos organismos de la Nación, euroórdenes y extradición pasiva), de lo Contencioso-Administrativo (actos de Ministros y Secretarios de Estado, entre otros) y de lo Social, además de la Sala de Apelación. Fue creada por el Real Decreto-ley 1/1977, de 4 de enero, en sustitución del Tribunal de Orden Público.

Organización por órdenes jurisdiccionales

La LOPJ (art. 9) distingue los órdenes civil, penal, contencioso-administrativo y social, además de la jurisdicción militar. El orden civil conoce de litigios entre particulares y, residualmente, de lo no atribuido expresamente a otro orden; el penal, de las causas por delito; el contencioso-administrativo, del control de legalidad de la actuación administrativa y de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones (art. 106.1 CE); y el social, de los conflictos derivados del contrato de trabajo y de la Seguridad Social. La jurisdicción militar queda limitada al ámbito estrictamente castrense.

La inamovilidad judicial, la responsabilidad y la carrera judicial

Jueces y Magistrados no pueden ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley (art. 117.2 CE); el régimen disciplinario (faltas leves, graves y muy graves) corresponde al CGPJ, con instrucción a cargo del Promotor de la Acción Disciplinaria. Son responsables civil, penal y disciplinariamente. La carrera judicial tiene tres categorías: Magistrado del Tribunal Supremo, Magistrado y Juez (LOPJ, art. 299). El ingreso se produce, con carácter general, mediante oposición libre seguida de un curso teórico y práctico en la Escuela Judicial (con sede en Barcelona), sin perjuicio de otros sistemas previstos en la LOPJ para juristas de reconocida competencia.

Gobierno interno de los Tribunales: Salas de Gobierno y Jueces Decanos

Junto al CGPJ como órgano de gobierno central, existen órganos de gobierno interno: las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia; los Presidentes de los Tribunales y Audiencias, y los Jueces Decanos en las poblaciones donde existan varios órganos judiciales, con funciones de reparto de asuntos y representación. Tras la LO 1/2025, la presidencia y la organización interna del Tribunal de Instancia se centralizan en su Presidente.

El Ministerio Fiscal (art. 124 CE; Ley 50/1981)

Tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social (art. 124.1). Ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad (art. 124.2). El Fiscal General del Estado es nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ (art. 124.4). Está regulado por la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, que contiene su Estatuto Orgánico. No integra el Poder Judicial.

Poder Judicial y Administración de Justicia

El Poder Judicial en sentido estricto está integrado por Jueces y Magistrados, sometidos al gobierno del CGPJ. La Administración de Justicia comprende además los medios personales no judiciales (Letrados de la Administración de Justicia, y los cuerpos de gestión procesal, tramitación procesal y auxilio judicial) y los medios materiales al servicio de la función jurisdiccional, cuya gestión corresponde al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con competencias asumidas. El Letrado de la Administración de Justicia (antes Secretario Judicial) es el director técnico procesal de la oficina judicial.

La responsabilidad patrimonial por error judicial (art. 121 CE)

Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley. Es un régimen específico de responsabilidad, regulado en la LOPJ, distinto del general de la Ley 40/2015, con el Ministerio de Justicia como órgano competente para resolver las reclamaciones por funcionamiento anormal y la declaración previa de error por el órgano judicial competente.

Tribunal Constitucional y Poder Judicial: diferencias

El Tribunal Constitucional (Título IX CE; LO 2/1979) no forma parte del Poder Judicial: es el intérprete supremo de la Constitución, único en su orden y con jurisdicción en toda España. Se compone de doce miembros nombrados por el Rey: cuatro a propuesta del Congreso y cuatro a propuesta del Senado (mayoría de tres quintos), dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del CGPJ, por nueve años y renovación por terceras partes cada tres (art. 159 CE). El Tribunal Supremo es superior en todos los órdenes jurisdiccionales salvo en materia de garantías constitucionales.

El derecho a la tutela judicial efectiva y su conexión con el Poder Judicial (art. 24 CE)

El art. 24 CE reconoce el derecho a obtener la tutela efectiva de Jueces y Tribunales en el ejercicio de los derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión, así como el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informado de la acusación, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia. Estas garantías solo son efectivas gracias a la independencia e inamovilidad del art. 117 CE. El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional protege este derecho.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Unidad jurisdiccional (art. 117.5: una sola organización judicial, con la única salvedad de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en estado de sitio) y exclusividad (art. 117.3: solo los Juzgados y Tribunales legalmente determinados ejercen la potestad jurisdiccional) son los dos principios estructurales del Poder Judicial.
  • Trampa típica: la jurisdicción militar no se aplica solo en estado de sitio; el art. 117.5 la admite en el ámbito estrictamente castrense Y en los supuestos de estado de sitio.
  • El CGPJ tiene 21 miembros (Presidente + 20 vocales): 12 jueces/magistrados y 8 juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio (4 Congreso + 4 Senado, por 3/5); mandato de 5 años.
  • El Presidente del Tribunal Supremo preside también el CGPJ; es nombrado por el Rey a propuesta del CGPJ (arts. 122.3 y 123.2 CE).
  • El Tribunal Supremo tiene 5 Salas (Civil, Penal, Contencioso-Administrativo, Social, Militar) más la Sala Especial del art. 61 LOPJ, y es superior en todos los órdenes salvo garantías constitucionales, reservadas al Tribunal Constitucional.
  • Los miembros del Gobierno son aforados ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art. 102.1 CE); también Diputados y Senadores (art. 71.3 CE).
  • El Ministerio Fiscal no integra el Poder Judicial; actúa con unidad de actuación y dependencia jerárquica bajo el Fiscal General del Estado (nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ), con sujeción a legalidad e imparcialidad.
  • La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos solo al imperio de la ley (117.1); la gratuidad de la justicia rige para quienes acrediten insuficiencia de recursos (119).
  • Exclusividad (117.3-4): los Juzgados y Tribunales no ejercen más funciones que las jurisdiccionales, salvo las que la ley les atribuya expresamente en garantía de derechos.
  • Se prohíben los Tribunales de excepción (art. 117.6 CE).
  • Los Jueces y Magistrados en activo no pueden desempeñar otros cargos públicos ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos (art. 127 CE); pueden asociarse profesionalmente según determine la ley.
  • Organización territorial de menor a mayor ámbito: Juzgados de Paz, Tribunal de Instancia (partido judicial), Audiencias Provinciales (provincia), TSJ (Comunidad Autónoma), Audiencia Nacional y Tribunal Supremo.
  • Desde la LO 1/2025, de 2 de enero (implantación escalonada concluida el 31-12-2025), los antiguos juzgados unipersonales se integran en un Tribunal de Instancia único por partido judicial, con Presidente único y Secciones por materias.
  • Las Audiencias Provinciales conocen de apelaciones contra resoluciones del Tribunal de Instancia (civil y penal) y del enjuiciamiento en primera instancia de los delitos más graves.
  • Los TSJ (152.1 CE) culminan la organización judicial en cada Comunidad Autónoma, con Salas Civil y Penal, Contencioso-Administrativo y Social.
  • La Audiencia Nacional, con sede en Madrid y jurisdicción en toda España, está especializada en terrorismo, delitos económicos de especial trascendencia, narcotráfico organizado y euroórdenes.
  • La carrera judicial tiene tres categorías: Magistrado del Tribunal Supremo, Magistrado y Juez; el ingreso general es por oposición libre y curso en la Escuela Judicial.
  • Las actuaciones judiciales son públicas, el procedimiento predominantemente oral y las sentencias siempre motivadas y pronunciadas en audiencia pública (art. 120 CE). El Jurado y la acción popular se reconocen en el art. 125 CE.
  • La responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial o funcionamiento anormal de la Administración de Justicia (art. 121 CE) da derecho a indemnización a cargo del Estado.
  • Se distingue el Poder Judicial en sentido estricto (Jueces y Magistrados) de la Administración de Justicia (Letrados de la Administración de Justicia, cuerpos de gestión, tramitación y auxilio, y medios materiales).
  • Un CGPJ en funciones tiene limitadas sus facultades de nombramiento (LO 4/2021); el actual Consejo se constituyó en julio de 2024 tras seis años en funciones.
  • El Tribunal Constitucional no pertenece al Poder Judicial: 12 miembros (4 Congreso, 4 Senado, 2 Gobierno, 2 CGPJ), nueve años, renovación por terceras partes cada tres (art. 159 CE).
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Pregunta 1 de 110 aciertos

¿Cuántas Salas tiene el Tribunal Supremo (sin contar la Sala Especial del art. 61 LOPJ)?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 7 de Gestión AGE?

El Poder Judicial, único e independiente, se regula en el Título VI de la Constitución (arts. 117-127) y en la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial (LOPJ). Sus principios básicos son la independencia, inamovilidad, responsabilidad y sometimiento exclusivo al imperio de la ley de Jueces y Magistrados, la unidad jurisdiccional (art. 117.5) y la exclusividad de la potestad jurisdiccional (art. 117.3). El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es su órgano de gobierno; el Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales (competencia del Tribunal Constitucional); y la organización judicial se estructura territorialmente en Juzgados de Paz, Tribunales de Instancia, Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, tras la reforma operada por la LO 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

¿Qué hay que memorizar del Tema 7 para el examen?

Unidad jurisdiccional (art. 117.5: una sola organización judicial, con la única salvedad de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en estado de sitio) y exclusividad (art. 117.3: solo los Juzgados y Tribunales legalmente determinados ejercen la potestad jurisdiccional) son los dos principios estructurales del Poder Judicial. Trampa típica: la jurisdicción militar no se aplica solo en estado de sitio; el art. 117.5 la admite en el ámbito estrictamente castrense Y en los supuestos de estado de sitio. El CGPJ tiene 21 miembros (Presidente + 20 vocales): 12 jueces/magistrados y 8 juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio (4 Congreso + 4 Senado, por 3/5); mandato de 5 años. El Presidente del Tribunal Supremo preside también el CGPJ; es nombrado por el Rey a propuesta del CGPJ (arts. 122.3 y 123.2 CE). El Tribunal Supremo tiene 5 Salas (Civil, Penal, Contencioso-Administrativo, Social, Militar) más la Sala Especial del art. 61 LOPJ, y es superior en todos los órdenes salvo garantías constitucionales, reservadas al Tribunal Constitucional. Los miembros del Gobierno son aforados ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art. 102.1 CE); también Diputados y Senadores (art. 71.3 CE). El Ministerio Fiscal no integra el Poder Judicial; actúa con unidad de actuación y dependencia jerárquica bajo el Fiscal General del Estado (nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ), con sujeción a legalidad e imparcialidad. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos solo al imperio de la ley (117.1); la gratuidad de la justicia rige para quienes acrediten insuficiencia de recursos (119). Exclusividad (117.3-4): los Juzgados y Tribunales no ejercen más funciones que las jurisdiccionales, salvo las que la ley les atribuya expresamente en garantía de derechos. Se prohíben los Tribunales de excepción (art. 117.6 CE). Los Jueces y Magistrados en activo no pueden desempeñar otros cargos públicos ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos (art. 127 CE); pueden asociarse profesionalmente según determine la ley. Organización territorial de menor a mayor ámbito: Juzgados de Paz, Tribunal de Instancia (partido judicial), Audiencias Provinciales (provincia), TSJ (Comunidad Autónoma), Audiencia Nacional y Tribunal Supremo. Desde la LO 1/2025, de 2 de enero (implantación escalonada concluida el 31-12-2025), los antiguos juzgados unipersonales se integran en un Tribunal de Instancia único por partido judicial, con Presidente único y Secciones por materias. Las Audiencias Provinciales conocen de apelaciones contra resoluciones del Tribunal de Instancia (civil y penal) y del enjuiciamiento en primera instancia de los delitos más graves. Los TSJ (152.1 CE) culminan la organización judicial en cada Comunidad Autónoma, con Salas Civil y Penal, Contencioso-Administrativo y Social. La Audiencia Nacional, con sede en Madrid y jurisdicción en toda España, está especializada en terrorismo, delitos económicos de especial trascendencia, narcotráfico organizado y euroórdenes. La carrera judicial tiene tres categorías: Magistrado del Tribunal Supremo, Magistrado y Juez; el ingreso general es por oposición libre y curso en la Escuela Judicial. Las actuaciones judiciales son públicas, el procedimiento predominantemente oral y las sentencias siempre motivadas y pronunciadas en audiencia pública (art. 120 CE). El Jurado y la acción popular se reconocen en el art. 125 CE. La responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial o funcionamiento anormal de la Administración de Justicia (art. 121 CE) da derecho a indemnización a cargo del Estado. Se distingue el Poder Judicial en sentido estricto (Jueces y Magistrados) de la Administración de Justicia (Letrados de la Administración de Justicia, cuerpos de gestión, tramitación y auxilio, y medios materiales). Un CGPJ en funciones tiene limitadas sus facultades de nombramiento (LO 4/2021); el actual Consejo se constituyó en julio de 2024 tras seis años en funciones. El Tribunal Constitucional no pertenece al Poder Judicial: 12 miembros (4 Congreso, 4 Senado, 2 Gobierno, 2 CGPJ), nueve años, renovación por terceras partes cada tres (art. 159 CE).

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Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, Título VI (arts. 117-127), Título IX (art. 159) y arts. 24, 71.3 y 102.1, BOE-A-1978-31229.
  • Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (texto consolidado), BOE-A-1985-12666.
  • Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
  • Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones.
  • Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado.
  • Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar.
  • Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

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