Tema 5. El procedimiento administrativo de ejecución del presupuesto de gasto. Órganos competentes. Fases del procedimiento y su relación con la actuación administrativa. Especial referencia a la contratación administrativa y la gestión de subvenciones. Documentos contables que intervienen en la ejecución de los gastos y de los pagos. Gestión de la tesorería del Estado.
Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (A2), 1.356 plazas convocadas. La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo VIII) con un temario distinto, no cubierto aquí. Numeración tal y como la publica el BOE: cada bloque reinicia su propia numeración de temas (Bloque I: 1-11, Bloque II: 1-6, etc.), no es una secuencia continua 1-58.
La ejecución del presupuesto de gasto se articula en un procedimiento administrativo de cuatro fases (autorización, disposición o compromiso, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago, conocidas por sus siglas ADOP), precedidas de la retención de crédito y documentadas en documentos contables normalizados. Cada fase la dicta un órgano competente y queda sometida al control interno de la Intervención. El procedimiento se proyecta de forma específica sobre la contratación administrativa (Ley 9/2017) y sobre la gestión de subvenciones (Ley 38/2003). Culmina con el pago material, que realiza el Tesoro Público conforme al principio de unidad de caja, el plan de tesorería y el plan de disposición de fondos.
Marco normativo y principios de la ejecución del gasto
La ejecución del presupuesto de gastos del Estado se rige por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP), por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y por la normativa sectorial (contratos, subvenciones, personal). Principios esenciales: a) los créditos del estado de gastos tienen carácter limitativo y vinculante (art. 43 LGP), de modo que no pueden adquirirse compromisos de gasto por cuantía superior al crédito autorizado ni para una finalidad distinta de la prevista; b) especialidad cuantitativa y cualitativa del crédito; c) anualidad: con cargo a los créditos de cada ejercicio solo pueden contraerse obligaciones derivadas de gastos realizados en el año natural, con excepciones tasadas (obligaciones de ejercicios anteriores, que exigen reconocimiento específico, y compromisos plurianuales); d) la LGP sanciona con nulidad de pleno derecho los actos que comprometan gasto sin crédito adecuado y suficiente. Si la Ley de Presupuestos no se aprueba antes del primer día del ejercicio, los presupuestos del ejercicio anterior se consideran automáticamente prorrogados hasta la aprobación de los nuevos (art. 134.4 CE).
Visión general: fases del procedimiento de ejecución del gasto
El procedimiento de gestión del presupuesto de gastos (art. 73 LGP) comprende cuatro fases sucesivas: a) Autorización del gasto (A): acuerdo de la autoridad competente por el que se aprueba la realización de un gasto determinado, por cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario. b) Disposición o compromiso del gasto (D): acto por el que se acuerda, tras los trámites legales, la realización de gastos previamente autorizados, por un importe exactamente determinado, que vincula a la Hacienda Pública con un tercero. c) Reconocimiento o liquidación de la obligación (O): acto por el que se declara la existencia de un crédito exigible contra la Hacienda Pública, derivado de un gasto autorizado y comprometido. d) Ordenación del pago (P): acto por el que, sobre la base de una obligación reconocida, el ordenador de pagos expide la orden de pago contra la Tesorería. Tras la ordenación se produce el pago material (realización del pago), que ejecuta el Tesoro.
La retención de crédito (RC) como actuación previa
Antes de autorizar un gasto, el gestor solicita la retención de crédito: acto por el que se expide, respecto de una aplicación presupuestaria, certificación de existencia de saldo suficiente para un gasto o una transferencia, reservándose el importe correspondiente. La retención no es una fase del gasto ni vincula frente a terceros; su finalidad es asegurar la existencia de crédito antes de iniciar el expediente. Se documenta en el documento contable RC. En la contratación, el expediente debe incorporar el certificado de existencia de crédito o documento equivalente (art. 116 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público). Si el expediente no prospera, la retención se anula y el crédito queda de nuevo disponible.
La fase de autorización del gasto (A)
La autorización reserva crédito para un gasto concreto y constituye un acto de trascendencia puramente interna: no crea todavía relación jurídica con terceros ni, por tanto, derechos para ellos. Su importe puede ser cierto o aproximado. Ejemplos: aprobación del expediente de contratación y del gasto; aprobación de la convocatoria de una subvención en concurrencia competitiva; aprobación de una comisión de servicio con derecho a indemnización. Es la fase que más claramente se sitúa en el ámbito de la actuación administrativa de planificación del gasto, previa a cualquier vinculación externa. Documento contable: A.
La fase de disposición o compromiso del gasto (D)
La disposición convierte el gasto autorizado en un compromiso concreto frente a un tercero, por un importe exacto y un perceptor determinado. Es el momento en que nace la vinculación jurídica de la Administración y, por ello, el momento en que el crédito queda comprometido de forma definitiva. Ejemplos: adjudicación y formalización de un contrato; resolución de concesión de una subvención; nombramiento de un funcionario o formalización de un convenio con aportación económica. Si el importe del compromiso es inferior al autorizado, la diferencia queda liberada para otros usos. Documento contable: D.
La fase de reconocimiento de la obligación (O)
El reconocimiento de la obligación es el acto por el que la Administración declara que debe una cantidad determinada y exigible. Presupone la existencia previa de gasto autorizado y comprometido, y que el acreedor haya cumplido su parte: realización de la prestación (obra, suministro, servicio) o cumplimiento de la condición que da derecho al pago (por ejemplo, justificación de la subvención). Se acredita documentalmente con factura, certificación de obra, acta de recepción o conformidad. La obligación nace con cargo al ejercicio en el que se realiza el gasto (anualidad); las obligaciones de ejercicios anteriores no aplicadas a su crédito exigen un reconocimiento específico por el órgano competente (art. 60 LGP, que atribuye al Consejo de Ministros el reconocimiento de las obligaciones de ejercicios anteriores no imputadas al crédito de su ejercicio). Documento contable: O.
La fase de ordenación del pago (P) y el pago material
La ordenación del pago es el acto por el que el ordenador de pagos competente, sobre la base de una obligación reconocida, expide la orden de pago contra la Tesorería. La ordenación general de pagos del Estado se ejerce desde el Tesoro Público y existen ordenaciones de pagos secundarias en los departamentos ministeriales y organismos, que gestionan los pagos de su ámbito conforme a las directrices del Tesoro. La ordenación debe acomodarse al plan de disposición de fondos del Tesoro Público. El pago material (realización del pago) se efectúa, con carácter general, por transferencia bancaria a la cuenta del acreedor; es una operación de Tesorería y no una nueva fase presupuestaria. El pago de intereses y del capital de la Deuda Pública goza de prioridad absoluta (art. 135.3 CE). Documento contable: P.
Órganos competentes: ordenador de gastos, ordenador de pagos e Intervención
Corresponde a los Ministros y Secretarios de Estado, y a los presidentes o directores de los organismos públicos, la autorización y disposición de los gastos propios de los servicios a su cargo, salvo los casos reservados por ley al Consejo de Ministros; se requiere autorización del Consejo de Ministros para los gastos de cuantía superior a 12 millones de euros (art. 74 LGP). Estas competencias son delegables y desconcentrables en los términos de las órdenes de delegación de cada departamento. El reconocimiento de la obligación corresponde, con carácter general, al mismo órgano gestor (o a su delegado). La ordenación del pago se atribuye a los ordenadores de pagos. Separación de funciones: quien gestiona el gasto no es quien ordena el pago ni quien lo interviene; el control interno corresponde a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y a las Intervenciones Delegadas (Título VI LGP y Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, de desarrollo del control interno).
Documentos contables de la ejecución del gasto y su acumulación
Cada acto de gestión se documenta en un documento contable normalizado, que se tramita en el sistema de información contable de la AGE (SIC3): RC (retención de crédito), A (autorización), D (disposición), O (reconocimiento de la obligación) y P (ordenación del pago). Cuando el órgano competente acuerda varias fases en un solo acto, se utilizan documentos acumulados: AD (autorización y disposición, típico de la resolución de concesión de una subvención o del nombramiento de personal), ADO (autorización, disposición y reconocimiento, propio de gastos de escasa complejidad o de ejecución inmediata, como los contratos menores) y, más excepcionalmente, ADOP. La acumulación no suprime las fases: simplemente las reúne en un acto cuando concurren los requisitos de todas ellas. Cada documento recoge el ejercicio, la aplicación presupuestaria, el importe, el tercero y el órgano gestor, y es objeto de fiscalización o intervención según su fase. Los documentos pueden ser inversos (para anular o minorar) y de ejercicios futuros cuando el gasto es plurianual.
Control interno del gasto: la función interventora
La función interventora tiene por objeto controlar, antes de que se dicten, los actos de la Administración que den lugar al reconocimiento de derechos o a gastos, para asegurar su conformidad con las disposiciones aplicables. Comprende: a) la fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos o aprueben gastos y compromisos; b) la intervención del reconocimiento de la obligación y de la comprobación material de la inversión; c) la intervención formal de la ordenación del pago; y d) la intervención material del pago. Con carácter general se aplica la fiscalización previa limitada, que verifica los requisitos básicos (existencia de crédito adecuado y suficiente, competencia del órgano, etc.). Están excluidos de la fiscalización previa los gastos de material no inventariable, los contratos menores, los gastos periódicos y de tracto sucesivo una vez fiscalizado el inicial y los gastos menores de 5.000 euros que se hagan efectivos mediante anticipo de caja fija. Si la Intervención discrepa, formula reparo, que suspende la tramitación hasta su solventación; las discrepancias se resuelven por el órgano superior o, en su caso, por el Consejo de Ministros. La omisión de la función interventora preceptiva no impide el pago, pero exige tramitar el expediente específico de convalidación del gasto.
Aplicación del procedimiento a la contratación administrativa
En los contratos del sector público (Ley 9/2017, de 8 de noviembre) las fases del gasto se corresponden con hitos del procedimiento de contratación: a) Retención de crédito y certificado de existencia de crédito al iniciar el expediente (art. 116). b) Autorización (A): aprobación del expediente de contratación y del gasto, con apertura del procedimiento de adjudicación (art. 117); en contratos plurianuales se aprueban las anualidades. c) Disposición (D): adjudicación del contrato y, en su caso, formalización, por el importe de adjudicación (con liberación de la baja de licitación). d) Reconocimiento de la obligación (O): tras la recepción conforme de la prestación y la aprobación de la certificación de obra, del documento acreditativo de la conformidad o de la factura. e) Ordenación del pago (P) y pago. Singularidades: los contratos menores (valor estimado inferior a 40.000 euros en obras y a 15.000 euros en suministros y servicios, IVA excluido, art. 118) se tramitan con expediente simplificado, con informe motivado del órgano de contratación y aprobación del gasto, y suelen documentarse con ADO; no pueden fraccionarse ni superar un año de duración, ni ser prorrogados. En los contratos de tracto sucesivo (servicios, suministros continuados) el gasto se compromete por la anualidad y las obligaciones se reconocen periódicamente.
Pago a contratistas: plazos, facturación electrónica y morosidad
La Administración debe abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad de los bienes entregados o servicios prestados, y debe aprobar dichas certificaciones o documentos en el plazo de treinta días desde la entrega efectiva o la prestación del servicio (art. 198 Ley 9/2017). Si se demora, el contratista tiene derecho a los intereses de demora y a la indemnización por costes de cobro en los términos de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales; el tipo de interés de demora es el del BCE más ocho puntos porcentuales. La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, obliga a presentar factura electrónica (a través del punto general de entrada, FACe) a los proveedores de las Administraciones, con exclusión de las facturas de hasta 5.000 euros; las facturas se anotan en el registro contable de facturas antes de su tramitación. La LOEPSF (art. 13) impone a las Administraciones el deber de publicar su periodo medio de pago a proveedores, calculado conforme al Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, que no puede superar el plazo máximo legal de pago.
Aplicación del procedimiento a la gestión de subvenciones
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), y su Reglamento (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio) definen la subvención como disposición dineraria sin contraprestación directa de los beneficiarios, sujeta al cumplimiento de un objetivo o finalidad de utilidad pública o interés social. Requisitos previos: competencia del órgano, existencia de crédito adecuado y suficiente, aprobación de bases reguladoras y, con carácter general, plan estratégico de subvenciones. Procedimiento ordinario: concurrencia competitiva. Concesión directa: subvenciones nominativas previstas en los Presupuestos, las impuestas por norma de rango legal y las de carácter excepcional por razones de interés público. Correspondencia con las fases: la convocatoria (o el acuerdo de gasto) supone autorización (A); la resolución de concesión supone disposición (D), por lo que cuando coinciden en un solo acto se utiliza AD; el reconocimiento de la obligación (O) se produce cuando el beneficiario justifica la actividad subvencionada o, si las bases prevén pago anticipado o abonos a cuenta, en el momento de acordarse el anticipo; la ordenación del pago (P) sigue al reconocimiento. Cuando el gasto de la subvención supera los 12 millones de euros se requiere autorización previa del Consejo de Ministros. Toda subvención se comunica a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
Justificación, reintegro y control de las subvenciones
El beneficiario debe justificar la aplicación de los fondos mediante la modalidad prevista en las bases (cuenta justificativa con aportación de justificantes, cuenta con informe de auditor, módulos, estados contables). El pago puede ser previo a la justificación (anticipado) o posterior, y los pagos anticipados pueden exigir garantías, salvo las excepciones normativas. Causas de reintegro: obtención de la subvención falseando condiciones, incumplimiento de la finalidad o de la obligación de justificar, incumplimiento de las obligaciones de publicidad, resistencia a las actuaciones de control, entre otras; el reintegro incluye el interés de demora. El derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro prescribe a los cuatro años. El control financiero de subvenciones lo ejerce la IGAE y se complementa con el régimen de infracciones y sanciones de la LGS. No son subvenciones, a efectos de la LGS, las aportaciones dinerarias entre Administraciones públicas destinadas a financiar globalmente la actividad del ente receptor, que se tramitan como transferencias.
Gastos plurianuales y compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros
Cuando el gasto autorizado se proyecta sobre ejercicios posteriores, la LGP (art. 47) admite compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros siempre que la ejecución comience en el propio ejercicio y se cumpla una de las condiciones previstas (inversiones y transferencias de capital, contratos de tracto sucesivo, arrendamientos de bienes inmuebles, cargas financieras de la deuda, y transferencias corrientes derivadas de normas o convenios). Con carácter general, el gasto no puede extenderse a más de cuatro ejercicios y el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios siguientes no puede exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial del ejercicio de origen los porcentajes del 70 por ciento en el ejercicio inmediato siguiente, del 60 por ciento en el segundo y del 50 por ciento en el tercero y cuarto. El Consejo de Ministros puede modificar tales porcentajes y autorizar compromisos que excedan de esos límites. Además, los compromisos deben acomodarse al límite de gasto no financiero (techo de gasto) aprobado conforme a la LOEPSF y a los objetivos de estabilidad.
La Tesorería del Estado: concepto, funciones y principio de unidad de caja
El Tesoro Público está constituido por los recursos financieros del Estado y de sus organismos autónomos, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias, y se gestiona a través de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. Funciones: recaudar los derechos y pagar las obligaciones del Estado; servir el principio de unidad de caja mediante la centralización de todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y no presupuestarias; distribuir en el tiempo y en el territorio las disponibilidades dinerarias para la puntual satisfacción de las obligaciones; procurar la rentabilidad óptima de los excedentes temporales de tesorería; y obtener los recursos financieros necesarios para ejecutar el presupuesto y las operaciones de tesorería, incluida la emisión y gestión de la Deuda Pública. El principio de unidad de caja implica que todos los ingresos se destinan a satisfacer el conjunto de las obligaciones, sin afectar ingresos concretos a gastos determinados salvo en los casos expresamente previstos por la ley (ingresos afectados). La Cuenta del Tesoro Público se mantiene en el Banco de España.
Instrumentos de gestión de la Tesorería: plan de tesorería y plan de disposición de fondos
Plan de tesorería: previsión de flujos de cobros y pagos que permite anticipar las necesidades de liquidez y programar las emisiones de deuda y las operaciones de colocación de excedentes; la LOEPSF (art. 13) obliga a las Administraciones a disponer de planes de tesorería que acrediten su capacidad de atender los vencimientos de deuda y los plazos de pago a proveedores. Plan de disposición de fondos del Tesoro Público: documento que acuerda el departamento competente en materia de Tesoro y que establece la prelación de los pagos y la periodicidad con que se realizan, de modo que los pagos se acomoden a las disponibilidades líquidas. En la prelación tienen prioridad absoluta los intereses y el capital de la Deuda Pública (art. 135.3 CE), y se atienden también preferentemente los gastos de personal y las obligaciones de la Seguridad Social. Los pagos se efectúan normalmente por transferencia, y el Tesoro puede acordar la apertura de cuentas restringidas de ingresos o de pagos en entidades de crédito colaboradoras, así como utilizar la Caja General de Depósitos (Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero) para la gestión de depósitos y garantías.
Financiación del Tesoro: Deuda Pública y operaciones de tesorería
El Tesoro cubre sus necesidades de financiación mediante la emisión de Deuda Pública, con carácter general a corto plazo (Letras del Tesoro, de plazo igual o inferior a dieciocho meses) y a medio y largo plazo (Bonos del Estado y Obligaciones del Estado, estas últimas con vencimientos superiores), que se colocan mediante subastas en el mercado primario con la intervención de las entidades especialistas en Deuda Pública. Las emisiones requieren la autorización anual en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (límite de variación del saldo vivo) y se rigen por el principio de crédito suficiente para el pago de intereses y amortización, que goza de prioridad absoluta. Además, el Tesoro puede concertar operaciones de tesorería (adelantos y pólizas) y operaciones de gestión de la deuda (permutas, recompras). La deuda emitida se representa mediante anotaciones en cuenta, gestionadas por Iberclear. Los gastos financieros de la deuda se imputan al capítulo III y su amortización al capítulo IX del presupuesto de gastos.
Ordenaciones de pagos secundarias, cajas pagadoras y pagos descentralizados
El Tesoro desconcentra parte de la gestión de pagos mediante ordenaciones de pagos secundarias en departamentos ministeriales y organismos, y mediante cajas pagadoras que operan con anticipos de caja fija y pagos a justificar (véase el tema siguiente). Estos mecanismos permiten atender gastos menores y urgentes sin tramitar un expediente completo de pago, pero mantienen la obligación de aplicar el gasto al presupuesto y de rendir cuentas justificativas ante la Intervención. Los pagos presupuestarios y las operaciones no presupuestarias (fianzas, depósitos, retenciones practicadas a terceros, devoluciones de ingresos) se gestionan mediante las correspondientes cuentas de la Tesorería. La Tesorería no puede pagar si no existe obligación reconocida y orden de pago válida, salvo los supuestos legales de anticipos de caja fija y pagos a justificar.
Contabilidad de la ejecución del gasto: SIC3, Plan General de Contabilidad Pública y Cuenta General del Estado
El sistema de información contable de la AGE (SIC3), gestionado por la IGAE, integra la contabilidad presupuestaria, que refleja la ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos conforme a las fases ADOP, y la contabilidad patrimonial o financiera, que sigue el Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, y sus adaptaciones. Los documentos contables A, D, O y P y sus combinaciones se generan electrónicamente y se integran con los sistemas de gestión de personal, contratación y subvenciones. La IGAE, como centro directivo de la contabilidad pública, forma la Cuenta General del Estado con las cuentas de todo el sector público estatal, que se remite al Tribunal de Cuentas para su examen y comprobación (art. 136 CE). La contabilidad cumple una triple función: reflejar la ejecución, permitir el control y suministrar información económica para el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Relación del procedimiento con la actuación administrativa: expediente, acto y responsabilidad
Cada fase del gasto se instrumenta en un acto administrativo (resolución, acuerdo, certificación) sujeto a los requisitos generales de la Ley 39/2015 (competencia, procedimiento, motivación, notificación) y a las reglas presupuestarias. El expediente de gasto debe incorporar los documentos acreditativos de cada fase y el informe o fiscalización de la Intervención cuando procede. La infracción de las reglas presupuestarias genera consecuencias: nulidad de los actos que comprometen gasto sin crédito, responsabilidad de las autoridades y personal por dolo o culpa grave (art. 176 LGP) y, en su caso, responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas. La separación de funciones (gestor, ordenador de pagos, interventor, tesorero) es la garantía organizativa central del sistema.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Cuatro fases del gasto: Autorización (A), Disposición o compromiso (D), reconocimiento de la Obligación (O) y ordenación del Pago (P), precedidas de la retención de crédito (RC), que no es una fase.
La autorización reserva crédito sin crear relación jurídica con terceros; la disposición vincula ya a la Administración con un tercero por importe exacto. Es una pregunta típica de examen.
El reconocimiento de la obligación exige que la prestación se haya realizado o que se haya cumplido la condición del pago; la ordenación del pago expide la orden contra la Tesorería. El pago material es una operación de Tesorería, no una fase presupuestaria.
Documentos contables: RC, A, D, O, P y acumulados AD (concesión de subvención, nombramientos), ADO (contratos menores y gastos inmediatos) y, excepcionalmente, ADOP. Acumular no suprime fases.
Los créditos son limitativos y vinculantes (art. 43 LGP): los actos que comprometen gasto sin crédito adecuado y suficiente son nulos de pleno derecho.
Autorización del Consejo de Ministros para gastos de cuantía superior a 12 millones de euros (art. 74 LGP); la misma cifra se utiliza en la LGS para subvenciones.
Contratación: expediente y gasto aprobados = A; adjudicación y formalización = D; recepción conforme y certificación o factura = O; pago tras la ordenación. Contratos menores: menos de 40.000 euros en obras y menos de 15.000 euros en suministros y servicios (IVA excluido).
Plazo de pago a contratistas: treinta días desde la aprobación de la certificación o del documento de conformidad; el contratista tiene derecho a intereses de demora (BCE más ocho puntos) y costes de cobro (Ley 3/2004).
Factura electrónica obligatoria a las Administraciones (Ley 25/2013), con exclusión de las de hasta 5.000 euros, mediante FACe y registro contable de facturas.
Subvenciones: convocatoria = A; resolución de concesión = D (AD si coinciden); reconocimiento de la obligación al justificar o al acordarse el anticipo; pago después. Autorización previa del Consejo de Ministros si el gasto supera 12 millones de euros.
No se entienden subvenciones las aportaciones dinerarias entre Administraciones que financian globalmente la actividad del ente receptor.
Compromisos plurianuales (art. 47 LGP): máximo cuatro ejercicios; porcentajes sobre el crédito inicial: 70 por ciento (año siguiente), 60 por ciento (segundo) y 50 por ciento (tercero y cuarto). Excepciones autorizadas por el Consejo de Ministros.
La función interventora comprende fiscalización previa, intervención del reconocimiento de la obligación, intervención formal de la ordenación del pago e intervención material del pago; la ejerce la IGAE y las Intervenciones Delegadas.
Exentos de fiscalización previa: gastos de material no inventariable, contratos menores, gastos periódicos y de tracto sucesivo tras el inicial y gastos menores de 5.000 euros por anticipo de caja fija.
El reparo de la Intervención suspende la tramitación hasta que se solvente; la omisión de la función interventora obliga a tramitar la convalidación del gasto.
El Tesoro Público se gestiona por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera; rige el principio de unidad de caja; la Cuenta del Tesoro está en el Banco de España.
Prioridad absoluta del pago de intereses y capital de la Deuda Pública (art. 135.3 CE), incluso en la prelación del plan de disposición de fondos.
Plan de tesorería (previsión de cobros y pagos, obligación de la LOEPSF) y plan de disposición de fondos (prelación de pagos): son instrumentos distintos.
Deuda del Estado: Letras del Tesoro (hasta dieciocho meses), Bonos y Obligaciones del Estado; se coloca por subasta y su emisión se autoriza anualmente en la Ley de Presupuestos.
SIC3 es el sistema de información contable de la AGE; el Plan General de Contabilidad Pública (Orden EHA/1037/2010) rige la contabilidad patrimonial; la IGAE forma la Cuenta General del Estado.
Error frecuente: confundir autorización con disposición, o situar el reconocimiento de la obligación en la adjudicación del contrato; la obligación nace con la recepción conforme de la prestación.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
¿Cuál es el interés de demora aplicable a la morosidad en las operaciones comerciales con la Administración (Ley 3/2004)?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 5 de Gestión AGE?
La ejecución del presupuesto de gasto se articula en un procedimiento administrativo de cuatro fases (autorización, disposición o compromiso, reconocimiento de la obligación y ordenación del pago, conocidas por sus siglas ADOP), precedidas de la retención de crédito y documentadas en documentos contables normalizados. Cada fase la dicta un órgano competente y queda sometida al control interno de la Intervención. El procedimiento se proyecta de forma específica sobre la contratación administrativa (Ley 9/2017) y sobre la gestión de subvenciones (Ley 38/2003). Culmina con el pago material, que realiza el Tesoro Público conforme al principio de unidad de caja, el plan de tesorería y el plan de disposición de fondos.
¿Qué hay que memorizar del Tema 5 para el examen?
Cuatro fases del gasto: Autorización (A), Disposición o compromiso (D), reconocimiento de la Obligación (O) y ordenación del Pago (P), precedidas de la retención de crédito (RC), que no es una fase. La autorización reserva crédito sin crear relación jurídica con terceros; la disposición vincula ya a la Administración con un tercero por importe exacto. Es una pregunta típica de examen. El reconocimiento de la obligación exige que la prestación se haya realizado o que se haya cumplido la condición del pago; la ordenación del pago expide la orden contra la Tesorería. El pago material es una operación de Tesorería, no una fase presupuestaria. Documentos contables: RC, A, D, O, P y acumulados AD (concesión de subvención, nombramientos), ADO (contratos menores y gastos inmediatos) y, excepcionalmente, ADOP. Acumular no suprime fases. Los créditos son limitativos y vinculantes (art. 43 LGP): los actos que comprometen gasto sin crédito adecuado y suficiente son nulos de pleno derecho. Autorización del Consejo de Ministros para gastos de cuantía superior a 12 millones de euros (art. 74 LGP); la misma cifra se utiliza en la LGS para subvenciones. Contratación: expediente y gasto aprobados = A; adjudicación y formalización = D; recepción conforme y certificación o factura = O; pago tras la ordenación. Contratos menores: menos de 40.000 euros en obras y menos de 15.000 euros en suministros y servicios (IVA excluido). Plazo de pago a contratistas: treinta días desde la aprobación de la certificación o del documento de conformidad; el contratista tiene derecho a intereses de demora (BCE más ocho puntos) y costes de cobro (Ley 3/2004). Factura electrónica obligatoria a las Administraciones (Ley 25/2013), con exclusión de las de hasta 5.000 euros, mediante FACe y registro contable de facturas. Subvenciones: convocatoria = A; resolución de concesión = D (AD si coinciden); reconocimiento de la obligación al justificar o al acordarse el anticipo; pago después. Autorización previa del Consejo de Ministros si el gasto supera 12 millones de euros. No se entienden subvenciones las aportaciones dinerarias entre Administraciones que financian globalmente la actividad del ente receptor. Compromisos plurianuales (art. 47 LGP): máximo cuatro ejercicios; porcentajes sobre el crédito inicial: 70 por ciento (año siguiente), 60 por ciento (segundo) y 50 por ciento (tercero y cuarto). Excepciones autorizadas por el Consejo de Ministros. La función interventora comprende fiscalización previa, intervención del reconocimiento de la obligación, intervención formal de la ordenación del pago e intervención material del pago; la ejerce la IGAE y las Intervenciones Delegadas. Exentos de fiscalización previa: gastos de material no inventariable, contratos menores, gastos periódicos y de tracto sucesivo tras el inicial y gastos menores de 5.000 euros por anticipo de caja fija. El reparo de la Intervención suspende la tramitación hasta que se solvente; la omisión de la función interventora obliga a tramitar la convalidación del gasto. El Tesoro Público se gestiona por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera; rige el principio de unidad de caja; la Cuenta del Tesoro está en el Banco de España. Prioridad absoluta del pago de intereses y capital de la Deuda Pública (art. 135.3 CE), incluso en la prelación del plan de disposición de fondos. Plan de tesorería (previsión de cobros y pagos, obligación de la LOEPSF) y plan de disposición de fondos (prelación de pagos): son instrumentos distintos. Deuda del Estado: Letras del Tesoro (hasta dieciocho meses), Bonos y Obligaciones del Estado; se coloca por subasta y su emisión se autoriza anualmente en la Ley de Presupuestos. SIC3 es el sistema de información contable de la AGE; el Plan General de Contabilidad Pública (Orden EHA/1037/2010) rige la contabilidad patrimonial; la IGAE forma la Cuenta General del Estado. Error frecuente: confundir autorización con disposición, o situar el reconocimiento de la obligación en la adjudicación del contrato; la obligación nace con la recepción conforme de la prestación.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (arts. 43, 47, 60, 73 y ss., Título VI de control interno).
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (arts. 116, 117, 118 y 198).
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento.
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.
Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen del control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado.
Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública.
Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos.
Constitución Española, arts. 134.4 y 135.3.
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