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Tema 2. La ley. Tipos de leyes. Reserva de ley. Disposiciones del Gobierno con fuerza de ley: decreto-ley y decreto legislativo.

Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre · Índice oficial del BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262).

Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (A2), 1.356 plazas convocadas. La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo VIII) con un temario distinto, no cubierto aquí. Numeración tal y como la publica el BOE: cada bloque reinicia su propia numeración de temas (Bloque I: 1-11, Bloque II: 1-6, etc.), no es una secuencia continua 1-58.

La ley es la fuente por excelencia del Derecho Administrativo, distinguiéndose entre leyes orgánicas y ordinarias, estatales y autonómicas. Junto a ella, la Constitución habilita al Gobierno a dictar, con carácter excepcional, disposiciones con fuerza de ley: el decreto-ley, ante situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, y el decreto legislativo, en virtud de una delegación expresa de las Cortes Generales mediante ley de bases o ley ordinaria de delegación.

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La ley: concepto y clases

La ley es la norma jurídica escrita aprobada por el Parlamento (Cortes Generales o Asambleas Legislativas autonómicas) conforme al procedimiento legislativo. Se distingue entre leyes orgánicas (art. 81 CE: relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas, las que aprueban los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general, y las demás previstas en la Constitución, que exigen mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto) y leyes ordinarias (aprobadas por mayoría simple, salvo que se exija otra distinta). Existen también leyes de las Comunidades Autónomas, dentro de su ámbito competencial, con el mismo rango que las leyes estatales dentro de su respectivo ámbito.

Decreto-ley y decreto legislativo (arts. 82-86 CE): panorámica

El decreto-ley (art. 86 CE) es una disposición legislativa provisional que puede dictar el Gobierno, sin delegación previa de las Cortes, en caso de extraordinaria y urgente necesidad; no puede afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades del Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general; debe ser sometido a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. El decreto legislativo (arts. 82-85 CE) es la norma con rango de ley que dicta el Gobierno en virtud de una delegación expresa de las Cortes Generales, mediante una ley de bases o una ley ordinaria de delegación.

La reserva de ley: concepto, clases y fundamento constitucional

La reserva de ley es la técnica por la que la Constitución reserva a la ley la regulación de determinadas materias, vedándola a la potestad reglamentaria autónoma. Sus manifestaciones principales: derechos y libertades del Capítulo II del Título I (art. 53.1 CE), tributos y prestaciones personales y patrimoniales de carácter público (arts. 31.3 y 133.1 y 3 CE), delitos, faltas e infracciones administrativas (art. 25.1 CE), privación de libertad (art. 17.1 CE), expropiación (art. 33.3 CE) y estatuto de los funcionarios (art. 103.3 CE). Clases: a) absoluta (toda la materia debe regularse por ley, sin remisión al reglamento más que para aspectos accesorios) y relativa (la ley fija los criterios esenciales y permite al reglamento un desarrollo subordinado, de colaboración); b) reserva de ley formal (exige ley emanada del Parlamento) y reserva de norma con rango de ley (admite decretos-leyes y legislativos, salvo que la propia Constitución lo excluya); c) reserva de ley ordinaria y de ley orgánica (art. 81 CE). La ley no puede efectuar una remisión en blanco al reglamento ni «deslegalizar» sin límite una materia reservada.

Las leyes de bases y los textos articulados (arts. 82-83 CE)

Las Cortes delegan en el Gobierno la elaboración de un texto articulado, fijando el objeto, alcance y los principios y criterios del ejercicio de la delegación. La ley de bases no puede autorizar la modificación de sí misma ni facultar normas retroactivas. El exceso sobre lo autorizado (ultra vires) carece de valor de ley, teniendo solo valor de reglamento.

Los textos refundidos

Derivan de delegación otorgada mediante ley ordinaria (no de bases), y reúnen en un único texto varias disposiciones legales dispersas sobre una misma materia. La ley de delegación debe precisar si se limita a la refundición estricta o incluye además regularizar, aclarar y armonizar los textos objeto de refundición.

El Decreto-ley: presupuesto habilitante (art. 86 CE)

En casos de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno dicta disposiciones legislativas provisionales con rango de ley desde su publicación en el BOE. El presupuesto habilitante es controlable por el Tribunal Constitucional, exigiendo conexión de sentido entre la situación de urgencia y las medidas adoptadas.

Límites materiales del Decreto-ley (art. 86.1 CE)

No puede afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades del Título I, al régimen de las CCAA, ni al Derecho electoral general. El Tribunal Constitucional interpreta estos límites de forma matizada: solo veda la afectación al contenido esencial o a elementos estructurales del derecho, no cualquier incidencia.

La convalidación del Decreto-ley por el Congreso

Debe someterse a debate y votación de totalidad en el plazo de 30 días desde su promulgación, pronunciándose el Congreso sobre su convalidación o derogación en bloque, sin enmiendas parciales. Durante ese plazo, las Cortes pueden acordar tramitarlo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Si no se convalida, decae, sin perjuicio de los efectos ya producidos.

El Decreto Legislativo y sus límites (art. 82 CE)

Norma con rango de ley dictada por delegación expresa de las Cortes, mediante ley de bases (textos articulados) o ley ordinaria (textos refundidos), otorgada para materia concreta y con plazo fijado, agotándose por su uso. No puede subdelegarse (art. 82.3 CE) ni afectar a materias reservadas a ley orgánica (art. 82.1 CE).

Control de la delegación legislativa

Control político mediante fórmulas adicionales que las Cortes pueden establecer en la ley de delegación (art. 82.6 CE), y control jurisdiccional, por el Tribunal Constitucional (constitucionalidad de la norma delegada) y por la jurisdicción contencioso-administrativa (exceso sobre los términos de la delegación, que solo tiene valor reglamentario, no de ley).

Distinción entre leyes orgánicas y leyes ordinarias

Las leyes orgánicas se reservan a las materias tasadas del art. 81 CE (desarrollo de derechos fundamentales, Estatutos de Autonomía, régimen electoral general y las demás previstas expresamente en la Constitución), exigiendo mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto del proyecto. Las leyes ordinarias, por el contrario, se aprueban por mayoría simple con carácter general, sin reserva material específica, pudiendo regular cualquier materia no reservada a ley orgánica ni a otro tipo normativo especial.

Las leyes autonómicas: rango y ámbito

Las Comunidades Autónomas, dentro del ámbito de sus competencias asumidas estatutariamente, aprueban leyes con el mismo rango y fuerza que las leyes estatales dentro de su respectivo ámbito territorial y material, sin relación de jerarquía entre ambos ordenamientos sino de distribución competencial, de modo que un conflicto entre ley estatal y autonómica se resuelve conforme al criterio de competencia, no de jerarquía.

Las leyes singulares o de caso único

Leyes que, en lugar de establecer una regulación general y abstracta, disponen una medida singular y concreta (por ejemplo, la expropiación de un bien determinado por ley), admitidas por el Tribunal Constitucional con carácter excepcional cuando existan razones justificadas de interés general que legitimen recurrir a la ley en lugar del acto administrativo, y sujetas a un control de razonabilidad y proporcionalidad reforzado, dada la ausencia de recurso administrativo o contencioso-administrativo directo frente a una ley.

El procedimiento de elaboración de anteproyectos de ley por el Gobierno

El Gobierno ejerce la iniciativa legislativa mediante la elaboración de anteproyectos de ley, aprobados en primera instancia por el Consejo de Ministros, sometidos después a los informes, dictámenes y consultas preceptivas (incluida la Memoria del Análisis de Impacto Normativo y, en su caso, el dictamen del Consejo de Estado) antes de su aprobación definitiva como proyecto de ley y su remisión al Congreso de los Diputados.

La vigencia y entrada en vigor de las leyes

Las leyes entran en vigor en la fecha que ellas mismas determinen o, en su defecto, a los 20 días de su completa publicación en el BOE (vacatio legis ordinaria del art. 2.1 del Código Civil), plazo que puede acortarse, alargarse o suprimirse expresamente por la propia norma según razones de urgencia o de necesaria adaptación de los destinatarios.

Distinción entre decreto-ley y decreto legislativo: cuadro comparativo

El decreto-ley se dicta sin delegación previa, ante situaciones de urgencia sobrevenida, y está sujeto a convalidación parlamentaria en 30 días; el decreto legislativo se dicta en virtud de una delegación previa y expresa de las Cortes (mediante ley de bases o ley ordinaria), sin plazo de convalidación posterior, si bien las Cortes pueden establecer mecanismos adicionales de control en la propia ley de delegación.

Los decretos-leyes autonómicos

Algunos Estatutos de Autonomía, en las reformas posteriores a 2006, reconocen a los Gobiernos autonómicos la potestad de dictar disposiciones legislativas provisionales (decretos-leyes), con régimen análogo al del decreto-ley estatal, en el ámbito de las competencias asumidas y con los límites que fijan los Estatutos, sujetas a convalidación por el Parlamento autonómico en un plazo de treinta días. No existen «reales decretos-leyes» autonómicos: el calificativo «Real» corresponde al decreto-ley del Gobierno de la Nación, sancionado por el Rey.

Las leyes de presupuestos como categoría especial

La Ley de Presupuestos Generales del Estado presenta especialidades procedimentales y de contenido respecto de la ley ordinaria: su iniciativa corresponde en exclusiva al Gobierno (art. 134.1 CE), su tramitación goza de prioridad en el orden del día de las Cámaras, y su contenido está limitado por la doctrina constitucional del «contenido propio» y el «contenido posible» de las leyes de presupuestos, que impide utilizarla como vehículo para reformas ajenas a su función presupuestaria específica.

La iniciativa legislativa popular (art. 87.3 CE)

Las Cortes Generales deben tramitar una proposición de ley presentada por al menos 500.000 firmas acreditadas de ciudadanos con derecho de sufragio, quedando excluida esta vía en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, así como en lo relativo a la prerrogativa de gracia, regulada en su desarrollo por la Ley Orgánica 3/1984, reguladora de la iniciativa legislativa popular.

Las proposiciones de ley de las Comunidades Autónomas

Las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas pueden solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso de los Diputados una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa, cauce de participación autonómica en la iniciativa legislativa estatal previsto en el art. 87.2 CE.

Las leyes orgánicas: ámbito material y doctrina del TC

Los asuntos reservados a ley orgánica son los del art. 81.1 CE (desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas, Estatutos de Autonomía, régimen electoral general y los demás previstos en la Constitución, como los del art. 150.2, las leyes orgánicas del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo). El Tribunal Constitucional (STC 5/1981 y 76/1983) interpreta restrictivamente la reserva de ley orgánica y rechaza la «congelación de rango»: solo lo estrictamente reservado debe regularse por ley orgánica, de modo que una ley orgánica puede contener materias de ley ordinaria y estas pueden ser modificadas por ley ordinaria si la propia ley orgánica así lo indica. La relación entre ley orgánica y ordinaria es de competencia (materia reservada), no de jerarquía. La aprobación, modificación o derogación exige mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto (art. 81.2 CE).

Otras categorías de leyes del art. 150 CE

Leyes marco (art. 150.1): las Cortes pueden atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar normas legislativas dentro del marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Leyes orgánicas de transferencia o delegación (art. 150.2): el Estado puede transferir o delegar en las Comunidades Autónomas facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. Leyes de armonización (art. 150.3): el Estado puede dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones de las Comunidades Autónomas, aun en materias de su competencia, cuando lo exija el interés general, apreciado por las Cortes Generales por mayoría absoluta de cada Cámara. La STC 76/1983 (LOAPA) declaró que el legislador estatal no puede dictar una ley armonizadora al margen de este cauce.

Iniciativa legislativa y procedimiento legislativo ordinario (arts. 87 a 91 CE)

La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, y a las Asambleas de las Comunidades Autónomas (art. 87.1 y 2), y se reconoce una iniciativa popular (87.3). Los proyectos de ley, aprobados por el Consejo de Ministros, se remiten al Congreso acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios (art. 88). Aprobado un proyecto por el Congreso, su Presidente da cuenta al del Senado, que dispone de dos meses (veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o el Congreso) para vetarlo mediante mensaje motivado, aprobado por mayoría absoluta, o introducir enmiendas (art. 90). El veto puede ser levantado por el Congreso por mayoría absoluta, o por mayoría simple una vez transcurridos dos meses desde su interposición; las enmiendas se aceptan o rechazan por mayoría simple. El Rey sanciona en el plazo de quince días, promulga y ordena la inmediata publicación (art. 91). Las Cámaras pueden delegar la aprobación de proyectos en las Comisiones Legislativas Permanentes, salvo reforma constitucional, cuestiones internacionales, leyes orgánicas y de bases, y Presupuestos (art. 75 CE).

Doctrina del Tribunal Constitucional sobre el decreto-ley

El presupuesto habilitante de «extraordinaria y urgente necesidad» no es un cheque en blanco: debe ser definido de forma explícita y razonada por el Gobierno, y el Tribunal Constitucional lo controla en términos de uso abusivo o arbitrario (SSTC 29/1982, 6/1983, 68/2007 y 100/2012, entre otras). La noción de situación de urgencia admite coyunturas económicas problemáticas, pero no justifica cualquier reforma estructural. En cuanto a los límites materiales, la STC 111/1983 (RUMASA) interpretó el verbo «afectar» del art. 86.1 como la prohibición de alterar el régimen general de los derechos, deberes y libertades del Título I o su contenido esencial, y la STC 182/1997 aplicó esa doctrina a los deberes tributarios del art. 31 CE. Los decretos-leyes «ómnibus» (con medidas heterogéneas) son una práctica criticada cuando sus medidas carecen de conexión de sentido con la situación de urgencia. El Congreso puede no convalidar un decreto-ley (como ocurrió en enero de 2025 con el RDL 9/2024, llamado «decreto ómnibus»), con lo que queda derogado desde ese momento sin efectos retroactivos (a verificar).

Los textos refundidos: ejemplos y régimen

La refundición se instrumenta mediante un decreto legislativo aprobado por el Gobierno en virtud de una delegación por ley ordinaria. Son ejemplos de textos refundidos el Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015), el Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015), la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015) y el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad (Real Decreto Legislativo 1/2013). Si el Gobierno se limita a la refundición estricta no puede innovar; si se le autoriza a regularizar, aclarar y armonizar, puede resolver antinomias y lagunas internas del conjunto de textos refundidos. El exceso (ultra vires) priva a la norma excedida de rango legal y le atribuye solo valor reglamentario, controlable por la jurisdicción contencioso-administrativa (art. 82.6 CE).

Las leyes de presupuestos: doctrina sobre su contenido

La Ley de Presupuestos Generales del Estado tiene contenido esencial y necesario (previsión de ingresos y autorización de gastos, art. 134.2 CE) y contenido eventual, que debe guardar conexión directa con los ingresos y gastos o ser un complemento necesario para la ejecución del presupuesto y la política económica del Gobierno (SSTC 76/1992 y 195/1994, entre otras). La Constitución prohíbe que cree tributos, aunque puede modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea (art. 134.7 CE). El Gobierno debe presentar el proyecto al Congreso al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior (art. 134.3), y si la ley no se aprueba antes del primer día del ejercicio, se consideran automáticamente prorrogados (134.4). Las leyes «de acompañamiento» fueron cuestionadas por el Tribunal Constitucional (STC 136/2011) cuando el contenido no guardaba conexión con el presupuesto.

La iniciativa legislativa popular: procedimiento

La LO 3/1984 (reformada por la LO 4/2006) regula la iniciativa legislativa popular: se presenta ante la Mesa del Congreso una proposición de ley, acompañada del texto articulado, con el nombre de una comisión promotora (15 personas) y la solicitud de admisión. Admitida a trámite, la Junta Electoral Central verifica las firmas, que se recogen en el plazo de nueve meses (ampliable por fuerza mayor), hasta alcanzar las 500.000 firmas de electores. La Mesa del Congreso rechaza la proposición cuando versa sobre materias excluidas por el art. 87.3 CE (leyes orgánicas, tributarias, de carácter internacional, prerrogativa de gracia). Finalmente, una vez tomada en consideración por el Pleno del Congreso, se tramita como una proposición de ley más.

Control de constitucionalidad de leyes y de normas con fuerza de ley

Todas las normas con rango de ley están sujetas al control del Tribunal Constitucional, mediante el recurso de inconstitucionalidad (art. 161.1.a CE, tres meses desde su publicación, con legitimación de Presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores y órganos ejecutivos y asambleas de las CCAA), la cuestión de inconstitucionalidad (art. 163 CE, planteada por jueces y tribunales) y el control previo de los tratados (art. 95 CE). El recurso previo de inconstitucionalidad contra proyectos de Estatuto de Autonomía y de ley orgánica fue suprimido por la LO 12/2015. Las sentencias declaran la nulidad con efectos generales y tienen valor de cosa juzgada; no afectan a las situaciones consolidadas por sentencia firme, salvo en materia penal y sancionadora favorable.

Relación entre ley y reglamento: reserva, colaboración y deslegalización

El reglamento puede colaborar con la ley (reglamentos ejecutivos) pero no sustituirla: el art. 128.2 LPAC le prohíbe tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, y crear tributos, cánones u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público. La ley puede degradar el rango de una materia no reservada (deslegalización, STC 83/1984) a reglamento. Los reglamentos ejecutivos exigen dictamen del Consejo de Estado (art. 22.3 LO 3/1980) y los independientes se limitan a los ámbitos no reservados a la ley.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Las leyes orgánicas exigen mayoría absoluta del Congreso en votación final de conjunto (art. 81.2 CE); se reservan a las materias tasadas del art. 81.1.
  • Reserva de ley absoluta (toda la materia por ley, sin remisión al reglamento) frente a relativa (la ley fija los criterios esenciales y permite un desarrollo reglamentario subordinado). Distinguir también reserva de ley formal y de norma con rango de ley, y ley ordinaria y orgánica.
  • El decreto-ley no exige delegación previa pero sí extraordinaria y urgente necesidad, con límites materiales tasados y convalidación obligatoria del Congreso en 30 días.
  • El decreto legislativo exige delegación previa (ley de bases → texto articulado; ley ordinaria de delegación → texto refundido); el exceso sobre los términos de la delegación (ultra vires) puede ser controlado por los Tribunales ordinarios en lo no amparado por la delegación (art. 82.6 CE).
  • Las leyes orgánicas (art. 81 CE) se reservan al desarrollo de derechos fundamentales, la aprobación de Estatutos de Autonomía, el régimen electoral general y las demás previstas expresamente en la Constitución.
  • Manifestaciones de la reserva de ley: derechos fundamentales (53.1 y 81 CE), tributos y prestaciones (31.3 y 133 CE), infracciones y sanciones (25.1 CE), expropiación (33.3 CE) y estatuto de los funcionarios (103.3 CE).
  • La ley de bases (arts. 82-83 CE) no puede autorizar su propia modificación ni facultar normas retroactivas; el exceso sobre lo autorizado carece de valor de ley, teniendo solo valor de reglamento.
  • Los textos refundidos derivan de delegación por ley ordinaria; la ley de delegación debe precisar si se limita a refundición estricta o incluye regularizar, aclarar y armonizar los textos.
  • El presupuesto habilitante del decreto-ley (extraordinaria y urgente necesidad) es controlable por el TC, exigiendo conexión de sentido entre la urgencia y las medidas adoptadas.
  • Límites materiales del decreto-ley (86.1 CE): instituciones básicas del Estado, derechos/deberes/libertades del Título I, régimen de las CCAA y Derecho electoral general, interpretados de forma matizada por el TC (solo veda afectar el contenido esencial).
  • El decreto-ley debe convalidarse por el Congreso en 30 días mediante debate y votación de totalidad sin enmiendas parciales; puede además tramitarse como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
  • El decreto legislativo (art. 82 CE) no puede subdelegarse ni afectar a materias reservadas a ley orgánica; se agota por su uso dentro del plazo y materia concreta fijados.
  • Control de la delegación legislativa: político (fórmulas adicionales en la ley de delegación, art. 82.6) y jurisdiccional (TC para constitucionalidad; contencioso-administrativo para exceso sobre los términos, con valor solo reglamentario).
  • Las leyes autonómicas tienen el mismo rango y fuerza que las estatales dentro de su ámbito; un conflicto entre ambas se resuelve por competencia, no por jerarquía.
  • Las leyes singulares (medida concreta en lugar de regulación general) son admitidas excepcionalmente por el TC cuando existan razones justificadas de interés general, con control reforzado de razonabilidad.
  • Las leyes entran en vigor en la fecha que fijen o, en su defecto, a los 20 días de su publicación completa en el BOE (vacatio legis del art. 2.1 CC).
  • La iniciativa legislativa popular (art. 87.3 CE, LO 3/1984) exige 500.000 firmas, excluida en materia orgánica, tributaria, internacional o de gracia.
  • La Ley de Presupuestos tiene iniciativa exclusiva del Gobierno (134.1 CE) y está limitada por la doctrina constitucional del 'contenido propio' y 'contenido posible', que impide usarla para reformas ajenas a su función.
  • Ley orgánica y ley ordinaria se relacionan por competencia (materia reservada), no por jerarquía; la «congelación de rango» fue rechazada por el TC (STC 5/1981).
  • Leyes del art. 150 CE: marco (150.1), orgánicas de transferencia o delegación (150.2), y armonización (150.3, apreciación de la necesidad por mayoría absoluta de cada Cámara).
  • Procedimiento ordinario: iniciativa (art. 87), proyecto (88), Senado: dos meses para veto (mayoría absoluta) o enmiendas (20 días si es urgente) (90); sanción del Rey en 15 días (91).
  • El veto del Senado se levanta por mayoría absoluta del Congreso o por mayoría simple transcurridos dos meses desde su interposición; las enmiendas se aceptan o rechazan por mayoría simple.
  • Decreto-ley: la urgencia debe ser explícita y razonada (SSTC 29/1982, 6/1983, 68/2007); «afectar» (STC 111/1983) significa alterar el régimen general o el contenido esencial de los derechos del Título I.
  • No existen «reales decretos-leyes» autonómicos: la potestad de decreto-ley de algunas Comunidades Autónomas (según su Estatuto) se denomina simplemente decreto-ley.
  • Ejemplos de decretos legislativos de texto refundido: ET (RDLeg 2/2015), EBEP (RDLeg 5/2015), LGSS (RDLeg 8/2015), LGDPD (RDLeg 1/2013).
  • El exceso del decreto legislativo sobre la delegación (ultra vires) tiene solo valor de reglamento y puede ser controlado por la jurisdicción contencioso-administrativa (art. 82.6 CE), además del TC.
  • La iniciativa legislativa popular exige 500.000 firmas, una comisión promotora y verificación por la Junta Electoral Central; excluye materias de ley orgánica, tributarias, de carácter internacional y prerrogativa de gracia.
  • La ley de presupuestos no puede crear tributos (art. 134.7 CE), pero sí modificarlos si una ley tributaria sustantiva lo prevé; se presenta al Congreso al menos tres meses antes de la expiración del presupuesto anterior.
  • El reglamento no puede tipificar infracciones y sanciones ni crear tributos (art. 128.2 LPAC); sí puede colaborar en la graduación de sanciones dentro de los límites de la ley.
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¿Qué ley regula la iniciativa legislativa popular?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 2 de Gestión AGE?

La ley es la fuente por excelencia del Derecho Administrativo, distinguiéndose entre leyes orgánicas y ordinarias, estatales y autonómicas. Junto a ella, la Constitución habilita al Gobierno a dictar, con carácter excepcional, disposiciones con fuerza de ley: el decreto-ley, ante situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, y el decreto legislativo, en virtud de una delegación expresa de las Cortes Generales mediante ley de bases o ley ordinaria de delegación.

¿Qué hay que memorizar del Tema 2 para el examen?

Las leyes orgánicas exigen mayoría absoluta del Congreso en votación final de conjunto (art. 81.2 CE); se reservan a las materias tasadas del art. 81.1. Reserva de ley absoluta (toda la materia por ley, sin remisión al reglamento) frente a relativa (la ley fija los criterios esenciales y permite un desarrollo reglamentario subordinado). Distinguir también reserva de ley formal y de norma con rango de ley, y ley ordinaria y orgánica. El decreto-ley no exige delegación previa pero sí extraordinaria y urgente necesidad, con límites materiales tasados y convalidación obligatoria del Congreso en 30 días. El decreto legislativo exige delegación previa (ley de bases → texto articulado; ley ordinaria de delegación → texto refundido); el exceso sobre los términos de la delegación (ultra vires) puede ser controlado por los Tribunales ordinarios en lo no amparado por la delegación (art. 82.6 CE). Las leyes orgánicas (art. 81 CE) se reservan al desarrollo de derechos fundamentales, la aprobación de Estatutos de Autonomía, el régimen electoral general y las demás previstas expresamente en la Constitución. Manifestaciones de la reserva de ley: derechos fundamentales (53.1 y 81 CE), tributos y prestaciones (31.3 y 133 CE), infracciones y sanciones (25.1 CE), expropiación (33.3 CE) y estatuto de los funcionarios (103.3 CE). La ley de bases (arts. 82-83 CE) no puede autorizar su propia modificación ni facultar normas retroactivas; el exceso sobre lo autorizado carece de valor de ley, teniendo solo valor de reglamento. Los textos refundidos derivan de delegación por ley ordinaria; la ley de delegación debe precisar si se limita a refundición estricta o incluye regularizar, aclarar y armonizar los textos. El presupuesto habilitante del decreto-ley (extraordinaria y urgente necesidad) es controlable por el TC, exigiendo conexión de sentido entre la urgencia y las medidas adoptadas. Límites materiales del decreto-ley (86.1 CE): instituciones básicas del Estado, derechos/deberes/libertades del Título I, régimen de las CCAA y Derecho electoral general, interpretados de forma matizada por el TC (solo veda afectar el contenido esencial). El decreto-ley debe convalidarse por el Congreso en 30 días mediante debate y votación de totalidad sin enmiendas parciales; puede además tramitarse como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. El decreto legislativo (art. 82 CE) no puede subdelegarse ni afectar a materias reservadas a ley orgánica; se agota por su uso dentro del plazo y materia concreta fijados. Control de la delegación legislativa: político (fórmulas adicionales en la ley de delegación, art. 82.6) y jurisdiccional (TC para constitucionalidad; contencioso-administrativo para exceso sobre los términos, con valor solo reglamentario). Las leyes autonómicas tienen el mismo rango y fuerza que las estatales dentro de su ámbito; un conflicto entre ambas se resuelve por competencia, no por jerarquía. Las leyes singulares (medida concreta en lugar de regulación general) son admitidas excepcionalmente por el TC cuando existan razones justificadas de interés general, con control reforzado de razonabilidad. Las leyes entran en vigor en la fecha que fijen o, en su defecto, a los 20 días de su publicación completa en el BOE (vacatio legis del art. 2.1 CC). La iniciativa legislativa popular (art. 87.3 CE, LO 3/1984) exige 500.000 firmas, excluida en materia orgánica, tributaria, internacional o de gracia. La Ley de Presupuestos tiene iniciativa exclusiva del Gobierno (134.1 CE) y está limitada por la doctrina constitucional del 'contenido propio' y 'contenido posible', que impide usarla para reformas ajenas a su función. Ley orgánica y ley ordinaria se relacionan por competencia (materia reservada), no por jerarquía; la «congelación de rango» fue rechazada por el TC (STC 5/1981). Leyes del art. 150 CE: marco (150.1), orgánicas de transferencia o delegación (150.2), y armonización (150.3, apreciación de la necesidad por mayoría absoluta de cada Cámara). Procedimiento ordinario: iniciativa (art. 87), proyecto (88), Senado: dos meses para veto (mayoría absoluta) o enmiendas (20 días si es urgente) (90); sanción del Rey en 15 días (91). El veto del Senado se levanta por mayoría absoluta del Congreso o por mayoría simple transcurridos dos meses desde su interposición; las enmiendas se aceptan o rechazan por mayoría simple. Decreto-ley: la urgencia debe ser explícita y razonada (SSTC 29/1982, 6/1983, 68/2007); «afectar» (STC 111/1983) significa alterar el régimen general o el contenido esencial de los derechos del Título I. No existen «reales decretos-leyes» autonómicos: la potestad de decreto-ley de algunas Comunidades Autónomas (según su Estatuto) se denomina simplemente decreto-ley. Ejemplos de decretos legislativos de texto refundido: ET (RDLeg 2/2015), EBEP (RDLeg 5/2015), LGSS (RDLeg 8/2015), LGDPD (RDLeg 1/2013). El exceso del decreto legislativo sobre la delegación (ultra vires) tiene solo valor de reglamento y puede ser controlado por la jurisdicción contencioso-administrativa (art. 82.6 CE), además del TC. La iniciativa legislativa popular exige 500.000 firmas, una comisión promotora y verificación por la Junta Electoral Central; excluye materias de ley orgánica, tributarias, de carácter internacional y prerrogativa de gracia. La ley de presupuestos no puede crear tributos (art. 134.7 CE), pero sí modificarlos si una ley tributaria sustantiva lo prevé; se presenta al Congreso al menos tres meses antes de la expiración del presupuesto anterior. El reglamento no puede tipificar infracciones y sanciones ni crear tributos (art. 128.2 LPAC); sí puede colaborar en la graduación de sanciones dentro de los límites de la ley.

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Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, arts. 25.1, 31.3, 53.1, 75, 81 a 91, 103.3, 133, 134, 150, 161 a 163.
  • Código Civil, art. 2.1.
  • Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular (reformada por la LO 4/2006).
  • Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, Título V.
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, art. 128.
  • Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, art. 22.
  • Sentencias del Tribunal Constitucional 29/1982, 5/1981, 6/1983, 76/1983, 111/1983, 182/1997, 68/2007 y 100/2012.

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