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Tema 5. La evolución del empleo en España. Los servicios públicos de empleo: régimen de prestaciones y políticas de empleo.

Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre · Índice oficial del BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262).

Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (A2), 1.356 plazas convocadas. La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo VIII) con un temario distinto, no cubierto aquí. Numeración tal y como la publica el BOE: cada bloque reinicia su propia numeración de temas (Bloque I: 1-11, Bloque II: 1-6, etc.), no es una secuencia continua 1-58.

La política de empleo en España se enmarca en la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, que configura el Sistema Nacional de Empleo como el conjunto de estructuras, servicios y programas necesarios para promover y desarrollar la política de empleo, articulado en torno al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y los servicios públicos de empleo autonómicos, que gestionan tanto las políticas activas de empleo como (el SEPE) las prestaciones por desempleo. La evolución del empleo ha estado marcada por fuertes oscilaciones cíclicas (burbuja inmobiliaria, crisis de 2008-2013, pandemia de COVID-19) y por la reforma laboral de 2021 (RDL 32/2021), orientada a reducir la temporalidad y a consolidar los mecanismos de flexibilidad interna.

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El derecho al trabajo y el mandato de pleno empleo (arts. 35 y 40 CE)

El art. 35 CE reconoce el derecho y el deber de todos los españoles al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. El art. 40.1 CE encomienda a los poderes públicos, entre otros mandatos, realizar una política orientada al pleno empleo, principio rector de la política social y económica que orienta el conjunto de la política de empleo. El art. 41 CE completa el marco con la protección ante la situación de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La competencia sobre legislación laboral es exclusiva del Estado, correspondiendo su ejecución a las Comunidades Autónomas (art. 149.1.7ª CE), y la Ley 3/2023 distribuye las competencias de política de empleo entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

La evolución del empleo en España: rasgos estructurales

El mercado de trabajo español se ha caracterizado históricamente por una elevada sensibilidad al ciclo económico, una tasa de paro estructuralmente superior a la media de la UE y una alta tasa de temporalidad. La tasa de paro de la EPA descendió hasta mínimos a mediados de 2007, se disparó con la crisis financiera hasta alcanzar su máximo histórico en el primer trimestre de 2013 (en torno al 27%), y volvió a crecer con la pandemia de COVID-19 en 2020, aunque el uso masivo de los ERTE amortiguó la destrucción de empleo. Desde 2021 el empleo y la afiliación a la Seguridad Social han crecido de forma sostenida y la tasa de paro ha descendido hasta niveles mínimos desde 2008, si bien sigue por encima de la media europea y se mantienen problemas de paro juvenil, desempleo de larga duración, desajuste de cualificaciones y diferencias territoriales y de género. La reforma laboral de 2021 supuso un descenso notable de la temporalidad, especialmente en el sector privado, con un aumento de los contratos indefinidos y fijos-discontinuos, mientras que la temporalidad en el sector público sigue siendo un reto.

La Ley 3/2023, de Empleo

Deroga el Texto Refundido de la Ley de Empleo (Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, que a su vez refundía la Ley 56/2003, de Empleo), actualizando el marco normativo de las políticas de empleo con un enfoque preventivo y de itinerarios personalizados, reforzando la coordinación entre políticas activas de empleo y protección por desempleo, y modernizando la gobernanza del Sistema Nacional de Empleo. Sus instrumentos de planificación son la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo, de vigencia plurianual, y los Planes Anuales para el Fomento del Empleo Digno, que concretan los servicios y programas de las políticas activas. Mantiene y desarrolla la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo y establece garantías de acceso a servicios para las personas demandantes, con atención prioritaria a colectivos con especiales dificultades (jóvenes, mayores de 45 años, personas con discapacidad, personas paradas de larga duración, mujeres víctimas de violencia de género, entre otros). La ley prevé el Portal Único de Empleo y refuerza la evaluación de las políticas.

El Sistema Nacional de Empleo (SNE)

Conjunto de estructuras, medidas y acciones necesarias para promover y desarrollar la política de empleo, integrado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y los servicios públicos de empleo de las Comunidades Autónomas, junto con las entidades colaboradoras (agencias de colocación, entidades locales) que participan en la intermediación laboral. Se coordinan a través de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, órgano de cooperación entre el Estado y las CCAA, y del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, órgano consultivo de participación institucional. El SNE actúa como instrumento de gobernanza multinivel y como garante de la cohesión en la prestación de servicios en todo el territorio.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

Organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social (su Estatuto se aprobó por Real Decreto 1383/2008), sucesor del antiguo Instituto Nacional de Empleo (INEM), responsable de la ordenación, desarrollo y seguimiento de los programas y medidas de la política de empleo en el ámbito estatal, así como de la gestión y control de las prestaciones por desempleo, con especial atención a la coordinación con los servicios autonómicos de empleo, a los que corresponde la gestión ordinaria de las políticas activas en su territorio. El SEPE gestiona el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo y las prestaciones por desempleo del nivel contributivo y asistencial, y colabora con la Tesorería General de la Seguridad Social y con el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA).

Las políticas activas de empleo: concepto

Conjunto de servicios y programas de orientación, empleo, formación, oportunidades de empleo y fomento de la contratación, dirigidos a mejorar las posibilidades de acceso al empleo de las personas desempleadas, al mantenimiento del empleo y a la promoción profesional de las personas ocupadas, y al fomento del espíritu empresarial y de la economía social, ejecutadas de forma coordinada y complementaria con las políticas pasivas de protección por desempleo. Los ejes de las políticas activas son la orientación profesional, la formación, las oportunidades de empleo y formación (programas mixtos de empleo-formación), la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, el emprendimiento y la mejora del marco institucional. Se financian mediante fondos del Estado, que se distribuyen a las Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, y fondos europeos (Fondo Social Europeo Plus).

La protección por desempleo: régimen contributivo

Prestación económica reconocida a quienes, pudiendo y queriendo trabajar, pierden su empleo o ven reducida su jornada de manera temporal o definitiva, y acreditan un periodo mínimo de cotización de 360 días dentro de los 6 años anteriores a la situación legal de desempleo (arts. 262 y ss. LGSS), con duración y cuantía proporcionales al periodo cotizado, gestionada por el SEPE con cargo a las cotizaciones por desempleo. La duración va de 120 días (360 a 539 días cotizados) hasta un máximo de 720 días (2.160 o más días cotizados). La cuantía es el 70% de la base reguladora durante los primeros 180 días y el 50% a partir del día 181, con límites máximo y mínimo referidos al IPREM (el máximo es el 175% del IPREM, que asciende al 200% o al 225% si hay uno, o dos o más hijos a cargo; el mínimo es el 80% del IPREM, o el 107% con hijos a cargo). La prestación exige estar en situación legal de desempleo, inscribirse como demandante de empleo y suscribir el compromiso de actividad, que obliga a buscar activamente empleo, aceptar una colocación adecuada y participar en acciones de mejora de la empleabilidad.

El subsidio por desempleo: régimen asistencial

Nivel asistencial de protección, dirigido a quienes, careciendo de rentas (rentas mensuales inferiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional, descontada la parte proporcional de las pagas extraordinarias) y teniendo responsabilidades familiares en los supuestos previstos, no tienen derecho a la prestación contributiva o la han agotado, y a determinados colectivos específicos (mayores de 52 años, trabajadores eventuales agrarios, emigrantes retornados, liberados de prisión, entre otros), con cuantía referida al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que sustituye al SMI como referencia para determinar cuantías y rentas (Real Decreto-ley 3/2004). El Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo, de medidas urgentes para la ampliación y mejora de la protección por desempleo, reformó el nivel asistencial, ampliando la cobertura y modulando la cuantía a lo largo del tiempo (95% del IPREM durante los primeros seis meses, 90% los seis siguientes y 80% a partir de entonces) y mejorando la compatibilidad con el empleo. Se mantiene la renta activa de inserción (RAI) para determinados colectivos con especiales dificultades.

La prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos y otras prestaciones

Los trabajadores autónomos que cesan de forma involuntaria en su actividad pueden acceder a la prestación por cese de actividad (Ley 32/2010, hoy integrada en la LGSS), financiada con la cuota por cese de actividad que se cotiza dentro de la cotización por contingencias profesionales, con exigencia de un periodo mínimo de cotización y de estar al corriente de cuotas. El Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) abona a los trabajadores los salarios e indemnizaciones pendientes cuando la empresa es insolvente. La capitalización de la prestación por desempleo en un pago único permite destinarla al inicio de una actividad como trabajador autónomo o socio de cooperativa o sociedad laboral.

El Ingreso Mínimo Vital y su relación con las políticas de empleo

Además de su función de garantía de rentas (Ley 19/2021), el Ingreso Mínimo Vital condiciona la percepción a que las personas beneficiarias en edad laboral se inscriban como demandantes de empleo (salvo excepciones, como estar cursando estudios reglados o tener limitaciones por razones de cuidados) y participen en las estrategias de inclusión diseñadas por la Administración, articulando así un vínculo directo entre protección social y políticas activas de empleo. La norma incluye además incentivos al empleo para los beneficiarios, que permiten compatibilizar el IMV con rentas de trabajo, y el Real Decreto-ley 1/2023 prevé bonificaciones en las cuotas por la contratación de personas beneficiarias del IMV.

Los contratos bonificados y los incentivos a la contratación

El sistema de bonificaciones y reducciones en las cuotas de la Seguridad Social se dirige a incentivar la contratación indefinida y la de colectivos con especiales dificultades de acceso al empleo (jóvenes, mayores de 45 años, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género, personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital), racionalizado en un catálogo reordenado de incentivos por el Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas. Se ha producido un desplazamiento de los incentivos hacia la contratación indefinida y hacia la formación, y se condicionan al mantenimiento del empleo durante un periodo mínimo.

La reforma laboral de 2021 (Real Decreto-ley 32/2021)

El Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, fruto del diálogo social, introdujo cambios sustanciales: a) en la contratación, estableció la presunción de que el contrato de trabajo se concierta por tiempo indefinido y suprimió el contrato de obra o servicio determinado; el contrato de duración determinada queda limitado a las circunstancias de la producción (con una duración máxima de seis meses, ampliable hasta doce por convenio sectorial, y la posibilidad de utilizarlo hasta 90 días al año para situaciones ocasionales, previsibles y de duración reducida) y a la sustitución de persona trabajadora; b) reforzó el contrato fijo-discontinuo, que se extiende a la actividad de contratas y concesiones; c) reformó los contratos formativos (formación en alternancia y para la obtención de práctica profesional); d) en la subcontratación, estableció la aplicación del convenio sectorial de la actividad desarrollada en la contrata; e) en la negociación colectiva, recuperó la ultraactividad de los convenios y eliminó la prioridad aplicativa del convenio de empresa en materia salarial; y f) creó el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo (art. 47 bis del Estatuto de los Trabajadores) y reforzó los ERTE como alternativa a los despidos. Las nuevas normas sobre contratación temporal se aplicaron desde el 30 de marzo de 2022.

Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y el Mecanismo RED

El ERTE es un mecanismo de flexibilidad interna que permite la suspensión de contratos o la reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP) o por fuerza mayor (art. 47 del Estatuto de los Trabajadores), manteniendo el vínculo laboral y permitiendo a las personas trabajadoras afectadas acceder a la prestación por desempleo. Durante la pandemia de COVID-19 se aplicó un régimen extraordinario (exoneraciones de cuotas, prestación sin exigencia de periodo mínimo de cotización y sin consumir derecho, el llamado «contador a cero»), que amortiguó la destrucción de empleo. Con la reforma de 2021 se mantienen los ERTE ordinarios y se crea de forma permanente el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo (art. 47 bis ET), que se activa por acuerdo del Consejo de Ministros en dos modalidades: la cíclica (situación macroeconómica general que aconseje adoptar medidas de estabilización temporal) y la sectorial (cambios permanentes que generen necesidades de recualificación y de transición profesional en uno o varios sectores). Se financia con cargo al Fondo RED y ofrece exoneraciones de cuotas a las empresas condicionadas a la formación de las personas trabajadoras afectadas.

La intermediación laboral y las agencias de colocación

Conjunto de acciones dirigidas a poner en contacto las ofertas de trabajo con las personas trabajadoras que buscan empleo, para su colocación, prestada con carácter público y gratuito por los servicios públicos de empleo, si bien pueden colaborar en su desarrollo las agencias de colocación autorizadas, entidades públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que actúen coordinadamente con dichos servicios públicos. Las agencias de colocación no pueden cobrar a las personas trabajadoras por sus servicios. Las empresas de trabajo temporal pueden actuar como agencias de colocación previa autorización. El servicio público de empleo debe emitir informes de adecuación de la colocación y mantiene el registro de personas demandantes (demanda de empleo y tarjeta de demandante, que se renueva periódicamente).

El Sistema de Formación Profesional para el Empleo

Conjunto de instrumentos y acciones dirigidos a la formación de las personas trabajadoras ocupadas y desempleadas, integrado en el marco del Sistema de Formación Profesional único regulado por la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional, financiado principalmente con la cuota de formación profesional (cotización empresarial y de la persona trabajadora) y con fondos europeos, y gestionado a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) y los servicios públicos de empleo autonómicos. Las empresas financian la formación de sus trabajadores mediante un crédito anual para formación programada, y las personas pueden acreditar su experiencia laboral y sus aprendizajes no formales a través del procedimiento de acreditación de competencias.

El diálogo social en materia de empleo

Las políticas de empleo se elaboran y ejecutan con la participación de los interlocutores sociales (organizaciones sindicales y empresariales más representativas) a través de mecanismos de diálogo social como la Mesa de Diálogo Social, y del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, órgano consultivo de participación institucional en el que están representadas la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. El diálogo social fue determinante en la reforma laboral de 2021, que se negoció con los sindicatos CCOO y UGT y con las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME.

La estadística de empleo: fuentes principales

El seguimiento de la evolución del mercado de trabajo se realiza a través de dos fuentes principales de naturaleza distinta: la Encuesta de Población Activa (EPA), elaborada trimestralmente por el Instituto Nacional de Estadística conforme a criterios armonizados de Eurostat y de la OIT, que mide población activa, ocupada, parada e inactiva (es parada la persona sin trabajo, disponible para trabajar y que ha buscado empleo activamente en las cuatro semanas anteriores); y los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social, de periodicidad mensual, publicados por el SEPE (paro registrado, personas demandantes inscritas) y por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a partir de la TGSS (afiliados). El paro registrado y el paro de la EPA no coinciden, porque el primero solo recoge a las personas inscritas en los servicios públicos de empleo y con arreglo a criterios administrativos.

El empleo juvenil y el Sistema de Garantía Juvenil

Iniciativa europea (Recomendación del Consejo de 2013, reforzada en 2020), incorporada al ordenamiento español mediante la Ley 18/2014, de 15 de octubre, dirigida a que las personas jóvenes menores de 30 años que ni estudian ni trabajan ni siguen formación (ninis) reciban una oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o periodo de prácticas en un plazo de cuatro meses tras finalizar su educación formal o quedar desempleadas, financiada en gran medida con fondos del Fondo Social Europeo Plus. Se articula actualmente en el plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027.

El empleo en la Administración Pública como parte de la política de empleo

Las Ofertas de Empleo Público del conjunto de las Administraciones constituyen igualmente un instrumento de política de empleo, con especial relevancia en la reducción de la temporalidad en el sector público derivada de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que estableció procesos extraordinarios de estabilización de plazas estructurales ocupadas de forma temporal e ininterrumpida (concurso-oposición para las plazas ocupadas de forma temporal e ininterrumpida durante, al menos, los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020, y concurso de méritos para las ocupadas con anterioridad al 1 de enero de 2016), limitó el recurso a la temporalidad (la tasa de temporalidad estructural no debe superar el 8% de las plazas estructurales) y previó una compensación económica de veinte días de retribuciones fijas por año de servicio, con un máximo de doce mensualidades, para quienes no superen el proceso de estabilización.

El teletrabajo y las nuevas formas de organización del trabajo

El trabajo a distancia en el ámbito laboral se regula por la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia, que parte del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre: se considera trabajo a distancia regular el que se presta durante un periodo de referencia de tres meses al menos en el 30% de la jornada, y se rige por la voluntariedad, la reversibilidad, el acuerdo por escrito, la igualdad de derechos y la dotación de medios y compensación de gastos a cargo de la empresa. En el empleo público, el art. 47 bis del Estatuto Básico del Empleado Público (introducido por el Real Decreto-ley 29/2020) regula el teletrabajo, que cuenta con su propia regulación en cada Administración, instrumento cada vez más relevante en las políticas de conciliación y de atracción y retención de talento.

La economía social y su fomento como política de empleo

La Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, reconoce y fomenta el conjunto de actividades económicas y empresariales que, en el ámbito privado, llevan a cabo entidades que persiguen el interés colectivo de sus integrantes o el interés general económico o social, o ambos (cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, fundaciones, asociaciones que desarrollen actividad económica, empresas de inserción, centros especiales de empleo y cofradías de pescadores), consideradas un instrumento relevante de creación de empleo estable y de inclusión sociolaboral de colectivos vulnerables. La Estrategia Española de Economía Social 2023-2027 desarrolla las actuaciones en esta materia.

Los Centros Especiales de Empleo y la cuota de reserva para personas con discapacidad

Las empresas públicas y privadas que empleen a 50 o más trabajadores están obligadas a que al menos el 2% de su plantilla sean personas con discapacidad (cuota de reserva del art. 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, Real Decreto Legislativo 1/2013), pudiendo cumplirse excepcionalmente de forma alternativa mediante medidas de contratación indirecta con Centros Especiales de Empleo o con trabajadores autónomos con discapacidad, o mediante donaciones y acciones de patrocinio a entidades sociales, con carácter excepcional y autorización administrativa (Real Decreto 364/2005). Los Centros Especiales de Empleo tienen como finalidad proporcionar un trabajo productivo y remunerado a las personas con discapacidad y deben contar con una plantilla de al menos el 70% de personas con discapacidad. En el empleo público existe, además, una reserva de plazas en las ofertas de empleo público para personas con discapacidad.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • La reforma laboral de 2021 (RDL 32/2021) suprimió el contrato de obra o servicio, limitó la temporalidad a causas de producción y sustitución, impulsó el contrato fijo-discontinuo y creó el Mecanismo RED (art. 47 bis ET), manteniendo los ERTE.
  • El SEPE (organismo autónomo, sucesor del INEM) gestiona la protección por desempleo y coordina las políticas activas de empleo, cuya gestión está traspasada a los Servicios Públicos de Empleo autonómicos.
  • La Ley 3/2023, de Empleo, regula la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, garantizada en todo el territorio, y deroga el texto refundido de 2015 (RDLeg 3/2015) que refundía la Ley 56/2003.
  • La protección por desempleo tiene dos niveles: contributivo (según cotización previa) y asistencial (subsidio y renta activa de inserción, con requisitos de carencia de rentas).
  • El art. 35 CE reconoce el derecho/deber al trabajo y a remuneración suficiente; el art. 40.1 CE encomienda una política orientada al pleno empleo, principio rector de la política social y económica.
  • La Ley 3/2023 sustituye a la anterior ley de empleo con enfoque preventivo y de itinerarios personalizados, mediante la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo (plurianual) y los Planes Anuales para el Fomento del Empleo Digno.
  • El Sistema Nacional de Empleo integra el SEPE y los servicios autonómicos de empleo, junto con entidades colaboradoras, coordinados por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.
  • El SEPE ordena y gestiona las prestaciones por desempleo estatales; los servicios autonómicos gestionan ordinariamente las políticas activas en su territorio.
  • La prestación contributiva por desempleo exige 360 días cotizados en los 6 años anteriores; dura de 120 a 720 días; paga el 70% de la base reguladora los primeros 180 días y el 50% después, con límites máximo (175% del IPREM, 200% o 225% con hijos) y mínimo (80% del IPREM, 107% con hijos).
  • El subsidio por desempleo exige carencia de rentas (inferiores al 75% del SMI), no un nivel de rentas «superior al SMI», y su cuantía se refiere al IPREM; el RDL 2/2024 lo reformó.
  • El IMV (Ley 19/2021) condiciona su percepción a la inscripción como demandante de empleo y a participar en estrategias de inclusión; no existe un «compromiso de actividad» propio del IMV (término de la prestación por desempleo).
  • El Mecanismo RED (art. 47 bis ET) lo activa el Consejo de Ministros, tiene modalidad cíclica y sectorial y se financia con el Fondo RED; no sustituye a los ERTE ordinarios por causas ETOP o fuerza mayor.
  • La intermediación laboral es pública y gratuita, prestada por los servicios públicos de empleo, pudiendo colaborar agencias de colocación autorizadas, que no pueden cobrar a las personas trabajadoras.
  • El Sistema de Formación Profesional para el Empleo se integra en el marco único de la LO 3/2022, financiado con la cuota de formación profesional y gestionado con FUNDAE y los servicios autonómicos.
  • El diálogo social se articula mediante la Mesa de Diálogo Social y el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo (AGE, CCAA e interlocutores sociales).
  • La EPA (trimestral, INE, criterios Eurostat y OIT) y los datos de paro registrado/afiliación (mensuales, SEPE/TGSS) son las dos fuentes estadísticas principales del mercado de trabajo; el paro registrado no coincide con el paro de la EPA.
  • El Sistema de Garantía Juvenil (Ley 18/2014) ofrece empleo, formación o prácticas en un plazo de cuatro meses a jóvenes menores de 30 años que ni estudian ni trabajan, financiado con el Fondo Social Europeo Plus.
  • La Ley 20/2021 estableció procesos extraordinarios de estabilización de plazas estructurales ocupadas temporalmente de forma prolongada en el empleo público, con un límite de temporalidad del 8%.
  • La cuota de reserva del art. 42 RDL 1/2013 obliga a empresas con 50+ trabajadores a que al menos el 2% de la plantilla sean personas con discapacidad, con posibilidad de medidas alternativas excepcionales.
  • El trabajo a distancia es regular si se presta al menos el 30% de la jornada en un periodo de referencia de tres meses (Ley 10/2021); es voluntario y reversible.
  • Los Centros Especiales de Empleo exigen una plantilla de al menos el 70% de personas con discapacidad.
  • Error típico: el ERTE no es nuevo en 2021; la reforma creó el Mecanismo RED como figura adicional de flexibilidad y mantuvo los ERTE ordinarios.
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¿Qué periodo mínimo de cotización se exige para acceder a la prestación contributiva por desempleo?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 5 de Gestión AGE?

La política de empleo en España se enmarca en la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, que configura el Sistema Nacional de Empleo como el conjunto de estructuras, servicios y programas necesarios para promover y desarrollar la política de empleo, articulado en torno al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y los servicios públicos de empleo autonómicos, que gestionan tanto las políticas activas de empleo como (el SEPE) las prestaciones por desempleo. La evolución del empleo ha estado marcada por fuertes oscilaciones cíclicas (burbuja inmobiliaria, crisis de 2008-2013, pandemia de COVID-19) y por la reforma laboral de 2021 (RDL 32/2021), orientada a reducir la temporalidad y a consolidar los mecanismos de flexibilidad interna.

¿Qué hay que memorizar del Tema 5 para el examen?

La reforma laboral de 2021 (RDL 32/2021) suprimió el contrato de obra o servicio, limitó la temporalidad a causas de producción y sustitución, impulsó el contrato fijo-discontinuo y creó el Mecanismo RED (art. 47 bis ET), manteniendo los ERTE. El SEPE (organismo autónomo, sucesor del INEM) gestiona la protección por desempleo y coordina las políticas activas de empleo, cuya gestión está traspasada a los Servicios Públicos de Empleo autonómicos. La Ley 3/2023, de Empleo, regula la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, garantizada en todo el territorio, y deroga el texto refundido de 2015 (RDLeg 3/2015) que refundía la Ley 56/2003. La protección por desempleo tiene dos niveles: contributivo (según cotización previa) y asistencial (subsidio y renta activa de inserción, con requisitos de carencia de rentas). El art. 35 CE reconoce el derecho/deber al trabajo y a remuneración suficiente; el art. 40.1 CE encomienda una política orientada al pleno empleo, principio rector de la política social y económica. La Ley 3/2023 sustituye a la anterior ley de empleo con enfoque preventivo y de itinerarios personalizados, mediante la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo (plurianual) y los Planes Anuales para el Fomento del Empleo Digno. El Sistema Nacional de Empleo integra el SEPE y los servicios autonómicos de empleo, junto con entidades colaboradoras, coordinados por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. El SEPE ordena y gestiona las prestaciones por desempleo estatales; los servicios autonómicos gestionan ordinariamente las políticas activas en su territorio. La prestación contributiva por desempleo exige 360 días cotizados en los 6 años anteriores; dura de 120 a 720 días; paga el 70% de la base reguladora los primeros 180 días y el 50% después, con límites máximo (175% del IPREM, 200% o 225% con hijos) y mínimo (80% del IPREM, 107% con hijos). El subsidio por desempleo exige carencia de rentas (inferiores al 75% del SMI), no un nivel de rentas «superior al SMI», y su cuantía se refiere al IPREM; el RDL 2/2024 lo reformó. El IMV (Ley 19/2021) condiciona su percepción a la inscripción como demandante de empleo y a participar en estrategias de inclusión; no existe un «compromiso de actividad» propio del IMV (término de la prestación por desempleo). El Mecanismo RED (art. 47 bis ET) lo activa el Consejo de Ministros, tiene modalidad cíclica y sectorial y se financia con el Fondo RED; no sustituye a los ERTE ordinarios por causas ETOP o fuerza mayor. La intermediación laboral es pública y gratuita, prestada por los servicios públicos de empleo, pudiendo colaborar agencias de colocación autorizadas, que no pueden cobrar a las personas trabajadoras. El Sistema de Formación Profesional para el Empleo se integra en el marco único de la LO 3/2022, financiado con la cuota de formación profesional y gestionado con FUNDAE y los servicios autonómicos. El diálogo social se articula mediante la Mesa de Diálogo Social y el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo (AGE, CCAA e interlocutores sociales). La EPA (trimestral, INE, criterios Eurostat y OIT) y los datos de paro registrado/afiliación (mensuales, SEPE/TGSS) son las dos fuentes estadísticas principales del mercado de trabajo; el paro registrado no coincide con el paro de la EPA. El Sistema de Garantía Juvenil (Ley 18/2014) ofrece empleo, formación o prácticas en un plazo de cuatro meses a jóvenes menores de 30 años que ni estudian ni trabajan, financiado con el Fondo Social Europeo Plus. La Ley 20/2021 estableció procesos extraordinarios de estabilización de plazas estructurales ocupadas temporalmente de forma prolongada en el empleo público, con un límite de temporalidad del 8%. La cuota de reserva del art. 42 RDL 1/2013 obliga a empresas con 50+ trabajadores a que al menos el 2% de la plantilla sean personas con discapacidad, con posibilidad de medidas alternativas excepcionales. El trabajo a distancia es regular si se presta al menos el 30% de la jornada en un periodo de referencia de tres meses (Ley 10/2021); es voluntario y reversible. Los Centros Especiales de Empleo exigen una plantilla de al menos el 70% de personas con discapacidad. Error típico: el ERTE no es nuevo en 2021; la reforma creó el Mecanismo RED como figura adicional de flexibilidad y mantuvo los ERTE ordinarios.

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Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española de 1978 (BOE-A-1978-31229), arts. 35, 40.1, 41 y 149.1.7ª.
  • Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo (BOE-A-2021-21788).
  • Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo.
  • Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, arts. 262 y ss. (protección por desempleo).
  • Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo, de medidas urgentes para la ampliación y mejora de la protección por desempleo.
  • Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas.
  • Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015), arts. 47 y 47 bis.
  • Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital.
  • Ley 18/2014, de 15 de octubre (Sistema Nacional de Garantía Juvenil); Ley 20/2021, de 28 de diciembre; Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia; Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social.
  • Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, art. 42.

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