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Tema 11. Organización territorial (II): la Administración local: entidades que la integran. La autonomía local. El municipio: organización y competencias. La provincia: organización y competencias.

Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre · Índice oficial del BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262).

Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (A2), 1.356 plazas convocadas. La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo VIII) con un temario distinto, no cubierto aquí. Numeración tal y como la publica el BOE: cada bloque reinicia su propia numeración de temas (Bloque I: 1-11, Bloque II: 1-6, etc.), no es una secuencia continua 1-58.

La Administración local se integra por el municipio, la provincia y la isla, entidades territoriales que gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses (arts. 137, 140 y 141 CE). Su régimen jurídico básico se establece en la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), reformada de forma sustancial por la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que regula también otras entidades locales como las entidades de ámbito territorial inferior al municipio, las comarcas, las áreas metropolitanas y las mancomunidades de municipios. La autonomía local es una garantía institucional que no comporta potestad legislativa.

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Marco constitucional: autonomía local (arts. 137, 140, 141 y 142 CE)

El art. 137 CE organiza territorialmente el Estado en municipios, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan, garantizando la autonomía de todas estas entidades para la gestión de sus respectivos intereses. El art. 140 garantiza la autonomía de los municipios, que gozarán de personalidad jurídica plena; su gobierno y administración corresponden a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto; los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen de concejo abierto. El art. 141 define la provincia como entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado; cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. El art. 142 garantiza la suficiencia de las Haciendas locales.

La autonomía local como garantía institucional

Concepto distinto de la autonomía política de las Comunidades Autónomas: la garantía institucional protege un núcleo esencial de la institución local frente a su desnaturalización por el legislador, pero no atribuye potestad legislativa. Municipios y provincias solo cuentan con potestad reglamentaria y de autoorganización (ordenanzas, reglamentos orgánicos), y su ámbito material de competencias depende de la legislación básica del Estado (LRBRL) y de la legislación sectorial estatal y autonómica. El Estado y las Comunidades Autónomas deben respetar la autonomía local y asegurar a los entes locales el derecho a intervenir en los asuntos que afecten directamente a sus intereses (art. 2 LRBRL). España ratificó la Carta Europea de Autonomía Local (Estrasburgo, 1985) en 1988.

Potestades de las entidades locales (art. 4 LRBRL)

En su calidad de Administraciones Públicas territoriales, los municipios, provincias e islas gozan de las siguientes potestades: reglamentaria y de autoorganización; tributaria y financiera; de programación o planificación; expropiatoria; de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes; presunción de legitimidad y ejecutividad de sus actos; de ejecución forzosa y sancionadora; de revisión de oficio de sus actos y acuerdos; e inembargabilidad de sus bienes y derechos, con las prelaciones y preferencias de la Hacienda Pública para sus créditos.

Entidades que integran la Administración local (art. 3 LRBRL)

Son entidades locales territoriales el municipio, la provincia y la isla en los archipiélagos balear y canario (art. 3.1). Gozan asimismo de la condición de entidades locales: las entidades de ámbito territorial inferior al municipio instituidas o reconocidas por las Comunidades Autónomas; las comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios, instituidas por las Comunidades Autónomas; las áreas metropolitanas; y las mancomunidades de municipios (art. 3.2). En los archipiélagos, las islas cuentan con órganos propios de gobierno: los Cabildos Insulares en Canarias (siete) y los Consejos Insulares en las Illes Balears (Mallorca, Menorca e Ibiza, y el Consell de Formentera). Tienen además la consideración de Administraciones Públicas territoriales el municipio, la provincia y la isla, con sus potestades.

Fuentes del Derecho local

Además de la Constitución y la LRBRL, rigen el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (Real Decreto Legislativo 781/1986), el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF, Real Decreto 2568/1986), el Reglamento de Población y Demarcación Territorial (Real Decreto 1690/1986), el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004), la LOREG para el régimen electoral, y la legislación autonómica de régimen local. Las ordenanzas y reglamentos locales se aprueban inicialmente por el Pleno, se someten a información pública y audiencia de los interesados por un plazo mínimo de treinta días, y se aprueban definitivamente por el Pleno (art. 49 LRBRL); se publican en el boletín oficial de la provincia (art. 70.2).

El municipio: concepto, elementos y población

El municipio es la entidad local básica de la organización territorial del Estado, cauce inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionaliza y gestiona con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades. Sus elementos son el territorio (término municipal), la población (conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal) y la organización (Ayuntamiento). El Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos del municipio; todo español o extranjero que viva en España está obligado a inscribirse en el Padrón del municipio en que resida habitualmente. La condición de vecino se adquiere en el mismo momento de su inscripción. Las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón se declaran oficiales mediante Real Decreto a propuesta del INE. Las Comunidades Autónomas regulan la creación y supresión de municipios y la alteración de términos municipales.

Organización municipal: órganos necesarios (arts. 19-20 LRBRL)

El gobierno y la administración municipal corresponden al Ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales. Los órganos necesarios existen en todos los municipios: el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno. Existen además, en los municipios de más de 5.000 habitantes y, en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno, la Junta de Gobierno Local, integrada por el Alcalde y concejales nombrados libremente por él (en número no superior a un tercio del número legal de miembros de la Corporación). Son órganos complementarios las Comisiones Informativas, la Comisión Especial de Cuentas y los demás que establezca el reglamento orgánico. El número de Concejales depende de la población según una escala de la LOREG (art. 179; por ejemplo, 3 hasta 100 habitantes, 5 de 101 a 250, 7 de 251 a 1.000, 9 de 1.001 a 2.000, 11 de 2.001 a 5.000, 13 de 5.001 a 10.000, 17 de 10.001 a 20.000, 21 de 20.001 a 50.000, 25 de 50.001 a 100.000).

El Pleno y el Alcalde

El Pleno, integrado por todos los Concejales y presidido por el Alcalde, es el órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el gobierno municipal. Sus atribuciones incluyen el control y fiscalización de los órganos de gobierno, los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales, la aprobación inicial del planeamiento general, la aprobación del reglamento orgánico, de las ordenanzas y de los presupuestos (art. 22 LRBRL). El Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo cada tres meses en los municipios de hasta 5.000 habitantes, cada dos meses en los de 5.001 a 20.000 y cada mes en los de más de 20.000 (art. 46). El Alcalde preside la Corporación, dirige el gobierno y la administración municipal, representa al Ayuntamiento, dirige la policía municipal y ejerce la jefatura superior del personal (art. 21 LRBRL). Es elegido por los Concejales: obtiene la Alcaldía el candidato cabeza de lista que logre la mayoría absoluta, y en su defecto el de la lista más votada (LOREG, art. 196). La moción de censura exige la mayoría absoluta del número legal de Concejales (LOREG, art. 197). El Alcalde puede plantear al Pleno una cuestión de confianza vinculada a determinados asuntos (presupuestos, ordenanzas fiscales, reglamento orgánico, planeamiento general).

El concejo abierto (art. 29 LRBRL)

Régimen especial de gobierno y administración para los municipios con población inferior a 100 habitantes y los que tradicionalmente cuenten con este singular régimen, y para aquellos otros que, por su localización geográfica, la mejor gestión de los intereses municipales u otras circunstancias lo hagan aconsejable. En este régimen, el gobierno y la administración municipal corresponden a un Alcalde y a una Asamblea vecinal de la que forman parte todos los electores, funcionando conforme a los usos, costumbres y tradiciones locales y, en su defecto, a las normas generales de la LRBRL. Su régimen está previsto en el art. 140 CE.

Competencias municipales: propias, delegadas y distintas de las propias (arts. 7, 25, 26 y 27 LRBRL)

Las competencias de las entidades locales son propias, atribuidas por delegación y distintas de las propias y de las atribuidas por delegación. Las propias solo pueden determinarse por ley (estatal o autonómica) y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad. El art. 25.2 LRBRL enumera las materias en que el municipio ejerce, en todo caso, competencias propias: urbanismo; medio ambiente urbano (parques y jardines, residuos, contaminación acústica, lumínica y atmosférica); abastecimiento de agua potable y evacuación y tratamiento de aguas residuales; infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad; evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en riesgo de exclusión; policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios; tráfico, estacionamiento y movilidad, transporte colectivo urbano; turismo; comercio ambulante, ferias, abastos y defensa de consumidores; salubridad pública; cementerios y actividades funerarias; promoción del deporte y de la cultura; participación en la vigilancia de la escolaridad obligatoria y cooperación con las Administraciones educativas; y promoción de la participación ciudadana en el uso de las tecnologías de la información. Las competencias delegadas se ejercen en los términos de la delegación y exigen la correspondiente financiación (art. 27). Las distintas de las propias exigen informe de la Administración competente y de la que tenga atribuida la tutela financiera sobre la inexistencia de duplicidades y la sostenibilidad financiera (art. 7.4).

Servicios mínimos obligatorios según la población (art. 26 LRBRL)

Todos los municipios deben prestar: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas. Además: los de población superior a 5.000 habitantes, parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos; los de población superior a 20.000, protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público; y los de población superior a 50.000, transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano. Las Diputaciones o entidades equivalentes coordinan la prestación de determinados servicios en los municipios de menos de 20.000 habitantes.

La provincia: concepto, fines y competencias (arts. 31 y 36 LRBRL)

La provincia es una entidad local determinada por la agrupación de municipios, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Son fines propios y específicos de la provincia garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social, y asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal. Sus competencias propias (art. 36) son: la coordinación de los servicios municipales para garantizar su prestación integral y adecuada; la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión; la prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal; la cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación del territorio provincial; y la prestación de servicios de administración electrónica y de contratación centralizada en los municipios de menos de 20.000 habitantes. La cooperación a las obras y servicios municipales se instrumenta mediante planes provinciales. En España hay 50 provincias.

Órganos de la Diputación Provincial (arts. 32-35 LRBRL)

El gobierno y la administración autónoma de la provincia corresponden a la Diputación Provincial u otras Corporaciones de carácter representativo (art. 141.2 CE). Son órganos necesarios: el Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno. El Pleno está integrado por el Presidente y los Diputados provinciales, que son elegidos de segundo grado por y entre los Concejales de los municipios de la provincia, según los resultados de las elecciones municipales por partidos judiciales (LOREG). El Presidente es elegido por el Pleno de entre sus miembros. El número de Diputados varía en función de la población de la provincia (de 25 a 51). La Junta de Gobierno asiste al Presidente en el ejercicio de sus atribuciones. El Pleno se reúne en sesión ordinaria como mínimo cada tres meses.

Provincias, islas y regímenes especiales

En las Comunidades Autónomas uniprovinciales (Asturias, Illes Balears, Cantabria, La Rioja, Madrid, Murcia y Navarra), la Diputación Provincial se sustituye por los órganos propios de la Comunidad Autónoma, que asume sus competencias y recursos; en Navarra, la Diputación Foral actúa como Gobierno de la Comunidad. En el País Vasco existen las Diputaciones Forales de los Territorios Históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, con Juntas Generales, con competencias propias reconocidas por la disposición adicional primera CE y la Ley 27/1983. En las Illes Balears y Canarias, la isla es entidad local propia (art. 141.4 CE), gobernada por Consejos Insulares y por Cabildos Insulares, respectivamente. En Canarias las islas conviven con las dos provincias (Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife), y los Cabildos asumen competencias insulares y provinciales.

Los municipios de gran población (Título X LRBRL, arts. 121 y ss.)

La LRBRL prevé un régimen orgánico especial, con mayor separación entre funciones deliberantes (Pleno) y ejecutivas (Alcalde y Junta de Gobierno Local), para los municipios de gran población. Se aplica a: a) los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes; b) los capitales de provincia cuya población sea superior a 175.000 habitantes; c) los municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de las instituciones autonómicas, cualquiera que sea su población; y d) los municipios cuya población supere los 75.000 habitantes y presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales, por decisión del Parlamento autonómico. Incluye la creación de distritos, el Consejo Social de la Ciudad, la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, la asesoría jurídica, órganos directivos y un Tribunal Económico-Administrativo municipal. Madrid y Barcelona cuentan además con regímenes especiales (Ley 22/2006, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, y Ley 1/2006, de Régimen Especial del Municipio de Barcelona).

Otras entidades locales: mancomunidades, comarcas, áreas metropolitanas y entidades inferiores al municipio

Las mancomunidades son asociaciones voluntarias de municipios para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia (art. 44 LRBRL), con estatutos y órganos de gobierno representativos. Las comarcas son entidades locales que agrupan varios municipios y son instituidas por las Comunidades Autónomas conforme a sus Estatutos (art. 42). Las áreas metropolitanas se crean por ley de la Comunidad Autónoma para planificar y coordinar servicios de grandes aglomeraciones urbanas (art. 43). Las entidades de ámbito territorial inferior al municipio (parroquias, aldeas, pedanías, barrios anexionados) gestionan intereses peculiares de un núcleo de población separado dentro del término municipal; tras la Ley 27/2013 no pueden crearse nuevas entidades de este tipo.

La Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Reformó en profundidad la LRBRL con el objetivo de clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades (la regla «una Administración, una competencia»), racionalizar la estructura organizativa de la Administración local, garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso, y reforzar el papel de las Diputaciones en los municipios pequeños, todo ello en el marco de la sostenibilidad financiera y estabilidad presupuestaria del art. 135 CE y la LO 2/2012. Introdujo el cálculo del coste efectivo de los servicios, los límites a las retribuciones de los cargos locales y la reserva de las funciones públicas necesarias (secretaría, intervención y tesorería) a funcionarios con habilitación nacional. El Tribunal Constitucional matizó algunos aspectos de la reforma (entre otras, la STC 41/2016).

La autonomía financiera local (arts. 142 CE y 105 y ss. LRBRL)

Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas, y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas (art. 142 CE). Su régimen se desarrolla en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004). Los impuestos municipales obligatorios son el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM); son potestativos el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía municipal). Además, se financian con tasas, contribuciones especiales, precios públicos y participación en los tributos del Estado.

Control de legalidad de los actos y acuerdos de las entidades locales (arts. 65-67 LRBRL)

La Administración del Estado y las Comunidades Autónomas pueden requerir a las entidades locales para que anulen los actos y acuerdos que infrinjan el ordenamiento jurídico, y si no lo hacen, impugnarlos ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Pueden solicitar la suspensión cautelar del acto cuando atente gravemente al interés general de España (Estado) o supere el ámbito de competencias de la entidad (art. 67). Además, el Consejo de Ministros, a iniciativa propia o a solicitud del Gobierno de la Comunidad Autónoma, y con aprobación del Senado por mayoría absoluta, podrá disolver los órganos de las Corporaciones locales en caso de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales (art. 61 LRBRL).

Relaciones interadministrativas entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales

Presididas por los principios de lealtad institucional, coordinación y colaboración, se articulan mediante técnicas como los convenios de colaboración, las Comisiones Bilaterales de Cooperación, las Conferencias Sectoriales, la Comisión Nacional de Administración Local y el deber recíproco de información y auxilio, con el objetivo de garantizar la coherencia del sistema y evitar duplicidades entre los tres niveles territoriales de Administración.

El personal al servicio de la Administración local y los funcionarios con habilitación nacional

El personal al servicio de las entidades locales se rige por el Estatuto Básico del Empleado Público y la legislación de régimen local. Las funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales (secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo; intervención y tesorería, con el control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria) están reservadas a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional (Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo).

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Entidades locales territoriales: municipio, provincia e isla (art. 3.1 LRBRL); además, entidades inferiores al municipio, comarcas, áreas metropolitanas y mancomunidades como otras entidades locales (art. 3.2).
  • Los Concejales se eligen por sufragio universal directo; el Alcalde es elegido por los Concejales (o por los vecinos, según el art. 140 CE). Los Diputados provinciales se eligen de segundo grado, entre y por los Concejales.
  • Cualquier alteración de los límites provinciales exige ley orgánica (art. 141.1 CE).
  • Los servicios mínimos obligatorios de todo municipio (art. 26 LRBRL): alumbrado, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, agua potable, alcantarillado, acceso a núcleos de población, pavimentación y control de alimentos y bebidas; los de más de 5.000 habitantes añaden parque, biblioteca, mercado y tratamiento de residuos; los de más de 20.000, protección civil, servicios sociales, incendios y deportes; los de más de 50.000, transporte colectivo y medio ambiente.
  • El art. 140 CE garantiza la autonomía municipal; el art. 141 define la provincia como entidad local con personalidad propia, agrupación de municipios y división territorial para las actividades del Estado.
  • Elementos del municipio: territorio, población (padrón) y organización (Ayuntamiento); la Junta de Gobierno Local es necesaria en municipios de más de 5.000 habitantes.
  • La autonomía local es una garantía institucional distinta de la autonomía política de las CCAA: no atribuye potestad legislativa, solo reglamentaria y de autoorganización.
  • Órganos necesarios del Ayuntamiento: Alcalde, Tenientes de Alcalde y Pleno; complementarios: Comisiones Informativas, Comisión Especial de Cuentas, etc.
  • El concejo abierto (art. 29 LRBRL) es un régimen especial para municipios con menos de 100 habitantes o con tradición: Alcalde y Asamblea vecinal.
  • Las competencias locales pueden ser propias (art. 25.2), delegadas (art. 27, con financiación) y distintas de las propias (art. 7.4, con informes de duplicidad y sostenibilidad).
  • Órganos de la Diputación Provincial: Presidente, Vicepresidentes, Junta de Gobierno y Pleno (Diputados de segundo grado).
  • CCAA uniprovinciales: Asturias, Illes Balears, Cantabria, La Rioja, Madrid, Murcia y Navarra (siete); Cabildos (Canarias) y Consejos Insulares (Baleares) asumen competencias provinciales.
  • Municipios de gran población (Título X LRBRL): más de 250.000 habitantes; capitales de provincia con más de 175.000; capitales provinciales y autonómicas o sedes de instituciones autonómicas; y más de 75.000 con circunstancias especiales.
  • La Ley 27/2013 clarificó las competencias municipales, racionalizó la estructura local y reforzó el control financiero conforme al art. 135 CE.
  • La autonomía financiera local (142 CE, TRLRHL) se nutre de tributos propios (impuestos, tasas, contribuciones especiales) y de participación en los tributos del Estado y de las CCAA; IBI, IAE e IVTM son los impuestos municipales obligatorios.
  • Control de legalidad de los actos locales: requerimiento, impugnación contencioso-administrativa y suspensión (art. 67 LRBRL); disolución de Corporaciones por el Consejo de Ministros con aprobación del Senado (art. 61 LRBRL).
  • En los archipiélagos, cada isla constituye entidad local propia: Cabildo Insular (Canarias, siete) y Consejo Insular (Baleares), con competencias provinciales.
  • El Pleno se reúne en sesión ordinaria cada tres meses (hasta 5.000 habitantes), cada dos (5.001-20.000) y cada mes (más de 20.000).
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¿Cómo se elige al Alcalde de un municipio, según el modelo general de la LRBRL y la LOREG?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 11 de Gestión AGE?

La Administración local se integra por el municipio, la provincia y la isla, entidades territoriales que gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses (arts. 137, 140 y 141 CE). Su régimen jurídico básico se establece en la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), reformada de forma sustancial por la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que regula también otras entidades locales como las entidades de ámbito territorial inferior al municipio, las comarcas, las áreas metropolitanas y las mancomunidades de municipios. La autonomía local es una garantía institucional que no comporta potestad legislativa.

¿Qué hay que memorizar del Tema 11 para el examen?

Entidades locales territoriales: municipio, provincia e isla (art. 3.1 LRBRL); además, entidades inferiores al municipio, comarcas, áreas metropolitanas y mancomunidades como otras entidades locales (art. 3.2). Los Concejales se eligen por sufragio universal directo; el Alcalde es elegido por los Concejales (o por los vecinos, según el art. 140 CE). Los Diputados provinciales se eligen de segundo grado, entre y por los Concejales. Cualquier alteración de los límites provinciales exige ley orgánica (art. 141.1 CE). Los servicios mínimos obligatorios de todo municipio (art. 26 LRBRL): alumbrado, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, agua potable, alcantarillado, acceso a núcleos de población, pavimentación y control de alimentos y bebidas; los de más de 5.000 habitantes añaden parque, biblioteca, mercado y tratamiento de residuos; los de más de 20.000, protección civil, servicios sociales, incendios y deportes; los de más de 50.000, transporte colectivo y medio ambiente. El art. 140 CE garantiza la autonomía municipal; el art. 141 define la provincia como entidad local con personalidad propia, agrupación de municipios y división territorial para las actividades del Estado. Elementos del municipio: territorio, población (padrón) y organización (Ayuntamiento); la Junta de Gobierno Local es necesaria en municipios de más de 5.000 habitantes. La autonomía local es una garantía institucional distinta de la autonomía política de las CCAA: no atribuye potestad legislativa, solo reglamentaria y de autoorganización. Órganos necesarios del Ayuntamiento: Alcalde, Tenientes de Alcalde y Pleno; complementarios: Comisiones Informativas, Comisión Especial de Cuentas, etc. El concejo abierto (art. 29 LRBRL) es un régimen especial para municipios con menos de 100 habitantes o con tradición: Alcalde y Asamblea vecinal. Las competencias locales pueden ser propias (art. 25.2), delegadas (art. 27, con financiación) y distintas de las propias (art. 7.4, con informes de duplicidad y sostenibilidad). Órganos de la Diputación Provincial: Presidente, Vicepresidentes, Junta de Gobierno y Pleno (Diputados de segundo grado). CCAA uniprovinciales: Asturias, Illes Balears, Cantabria, La Rioja, Madrid, Murcia y Navarra (siete); Cabildos (Canarias) y Consejos Insulares (Baleares) asumen competencias provinciales. Municipios de gran población (Título X LRBRL): más de 250.000 habitantes; capitales de provincia con más de 175.000; capitales provinciales y autonómicas o sedes de instituciones autonómicas; y más de 75.000 con circunstancias especiales. La Ley 27/2013 clarificó las competencias municipales, racionalizó la estructura local y reforzó el control financiero conforme al art. 135 CE. La autonomía financiera local (142 CE, TRLRHL) se nutre de tributos propios (impuestos, tasas, contribuciones especiales) y de participación en los tributos del Estado y de las CCAA; IBI, IAE e IVTM son los impuestos municipales obligatorios. Control de legalidad de los actos locales: requerimiento, impugnación contencioso-administrativa y suspensión (art. 67 LRBRL); disolución de Corporaciones por el Consejo de Ministros con aprobación del Senado (art. 61 LRBRL). En los archipiélagos, cada isla constituye entidad local propia: Cabildo Insular (Canarias, siete) y Consejo Insular (Baleares), con competencias provinciales. El Pleno se reúne en sesión ordinaria cada tres meses (hasta 5.000 habitantes), cada dos (5.001-20.000) y cada mes (más de 20.000).

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Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, Título VIII, Capítulos I y II (arts. 137-142), BOE-A-1978-31229.
  • Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (texto consolidado), BOE-A-1985-5392, arts. 1-4, 7, 19-29, 31-36, 42-49, 61, 65-67, 70 y Título X.
  • Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
  • Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
  • Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
  • Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
  • Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (arts. 179, 196, 197, 204).
  • Ley 22/2006, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, y Ley 1/2006, de Régimen Especial del Municipio de Barcelona.

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