Ver esquema

Tema 5. Situaciones administrativas del personal al servicio de las administraciones públicas. Incompatibilidades.

Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre · Índice oficial del BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262).

Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (A2), 1.356 plazas convocadas. La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo VIII) con un temario distinto, no cubierto aquí. Numeración tal y como la publica el BOE: cada bloque reinicia su propia numeración de temas (Bloque I: 1-11, Bloque II: 1-6, etc.), no es una secuencia continua 1-58.

Las situaciones administrativas regulan la posición jurídica del funcionario de carrera respecto de su Administración en cada momento de su vida profesional. El art. 85 TREBEP enumera cinco: servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones públicas, excedencia (con cinco modalidades, art. 89) y suspensión de funciones (art. 90), sin perjuicio de otras que puedan regular las leyes de función pública. Ninguna implica por sí misma la pérdida de la condición de funcionario, que solo se extingue por las causas del art. 63. El régimen de incompatibilidades de la Ley 53/1984, aplicable a funcionarios y personal laboral, impide el desempeño de un segundo puesto en el sector público (salvo excepciones) y condiciona la compatibilidad con actividades privadas a su reconocimiento previo, para garantizar la dedicación, la imparcialidad y la independencia del empleado público.

← Ver el índice completo del temario

Concepto y enumeración de las situaciones administrativas (art. 85 TREBEP)

Los funcionarios de carrera se encuentran en alguna de las situaciones siguientes: a) servicio activo; b) servicios especiales; c) servicio en otras Administraciones públicas; d) excedencia; e) suspensión de funciones. Las leyes de función pública que se dicten en desarrollo del Estatuto pueden regular otras situaciones administrativas cuando concurra, en interés de los funcionarios, una causa singular y distinta de las previstas. Las situaciones administrativas del personal laboral no se rigen por el TREBEP sino por el Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo (suspensión del contrato, excedencias forzosa y voluntaria, etc.). Las situaciones administrativas de los funcionarios civiles de la AGE se desarrollan reglamentariamente en el Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo.

El servicio activo (art. 86 TREBEP)

Los funcionarios de carrera se encuentran en servicio activo cuando prestan servicios en su condición de tales, salvo que les corresponda quedar en otra situación. Gozan de todos los derechos inherentes a su condición de funcionario y están sujetos a los deberes y responsabilidades derivados de la misma. Es la situación de referencia. Se consideran en servicio activo, entre otros supuestos, los funcionarios en comisión de servicios, los que realizan cursos selectivos o de formación por decisión de la Administración y los que disfrutan de permisos y licencias reglamentarios. Cada Administración puede regular el régimen de la comisión de servicios y de otros supuestos de prestación de servicios en distinta situación orgánica.

Los servicios especiales (art. 87 TREBEP): causas

Se declara en servicios especiales a los funcionarios de carrera, entre otros casos, cuando: sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado superior a seis meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional; adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales o de carácter supranacional; sean nombrados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas, altos cargos y otros asimilados; sean elegidos o designados para formar parte de los órganos constitucionales o estatutarios u otros cuya elección corresponda a las Cortes Generales o a las asambleas legislativas autonómicas; sean elegidos Diputados, Senadores o miembros de asambleas autonómicas o del Parlamento Europeo, o alcaldes o miembros de corporaciones locales con dedicación exclusiva; o presten servicios en órganos constitucionales o en instituciones como el Defensor del Pueblo. La lista completa debe consultarse en el art. 87.

Efectos de los servicios especiales

Los funcionarios en servicios especiales perciben las retribuciones del puesto o cargo que desempeñan y no las que les correspondan como funcionarios de carrera, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que tengan reconocidos. Tienen derecho a la reserva de plaza y destino que ocupasen y al cómputo del tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, reconocimiento de trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social. Deben solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo reglamentario tras el cese; si no lo hacen, se les declara de oficio en excedencia voluntaria por interés particular.

El servicio en otras Administraciones públicas (art. 88 TREBEP)

Los funcionarios de carrera que, en virtud de procesos de transferencias o por los procedimientos de movilidad previstos en la ley, obtienen destino en una Administración pública distinta, son declarados en la situación de servicio en otras Administraciones públicas. Se rigen por la legislación de la Administración en la que estén destinados y conservan su condición de funcionario de la Administración de origen y el derecho a participar en las convocatorias de provisión que ésta efectúe. Los funcionarios transferidos a las Comunidades Autónomas se integran en la función pública autonómica y se rigen por ella. El tiempo de servicios se computa a efectos de trienios y derechos de Seguridad Social.

La excedencia: modalidades (art. 89 TREBEP)

La excedencia de los funcionarios de carrera puede adoptar las siguientes modalidades: voluntaria por interés particular, voluntaria por agrupación familiar, por cuidado de familiares, por razón de violencia de género y por razón de violencia terrorista. El TREBEP no contiene ya, entre las modalidades de su art. 89, la tradicional excedencia forzosa de la Ley 30/1984 (cuyo régimen hay que contrastar en la normativa de la AGE si se plantea en el examen). Las excedencias se rigen por los requisitos, plazos, reserva de puesto y cómputo de servicios que fija el propio art. 89. El personal laboral se rige por el art. 46 del Estatuto de los Trabajadores.

La excedencia voluntaria por interés particular (art. 89.2 TREBEP)

Se concede a solicitud del funcionario cuando haya prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones públicas durante un periodo mínimo de cinco años inmediatamente anteriores, y no se concede cuando al funcionario se le instruya expediente disciplinario. No genera derecho a reserva de puesto ni a retribución, y el tiempo no se computa a efectos de trienios, ascensos ni derechos pasivos o de Seguridad Social. El reingreso se produce por los procedimientos de provisión ordinarios o por adscripción a una vacante dotada, y está condicionado a la existencia de vacante. Procede declarar de oficio la excedencia voluntaria cuando, finalizada la causa que determinó el pase a otra situación distinta del servicio activo, no se solicita el reingreso en el plazo reglamentario.

La excedencia voluntaria por agrupación familiar (art. 89.3 TREBEP)

Puede concederse, sin el requisito de cinco años de servicios efectivos previos, a los funcionarios cuyo cónyuge resida en otro municipio por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera o como laboral fijo en cualquiera de las Administraciones públicas, organismos públicos y entidades de derecho público dependientes o vinculados a ellas, en los órganos constitucionales o del Poder Judicial y órganos similares de las Comunidades Autónomas, así como en la Unión Europea o en organizaciones internacionales. No devenga retribuciones, no reserva puesto y no computa a efectos de trienios, ascensos ni derechos pasivos. La normativa de desarrollo puede extender el supuesto a las parejas de hecho (a contrastar en cada Administración).

La excedencia por cuidado de familiares (art. 89.4 TREBEP)

Los funcionarios tienen derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto por naturaleza como por adopción, o en los supuestos de guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. También tienen derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad, no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida. El periodo es único por cada sujeto causante, y si dos funcionarios generan el derecho, la Administración puede limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento del servicio. Durante el primer año se tiene derecho a la reserva del puesto; transcurrido este periodo, la reserva lo es a un puesto en la misma localidad y de igual retribución. El tiempo es computable a efectos de trienios, consolidación del grado personal y derechos en el régimen de Seguridad Social.

La excedencia por violencia de género y por violencia terrorista (art. 89.5 TREBEP y siguientes)

Las funcionarias víctimas de violencia de género tienen derecho a solicitar la excedencia, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, sin necesidad de haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que resulte de aplicación ningún plazo de permanencia en ella. Durante los seis primeros meses tienen derecho a la reserva del puesto de trabajo, computable a efectos de antigüedad, carrera y derechos del régimen de Seguridad Social. Cuando las actuaciones judiciales lo exijan, el periodo puede prorrogarse por periodos de tres meses, con un máximo de dieciocho, con idénticos efectos. Durante los dos primeros meses la funcionaria tiene derecho a percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. Un régimen análogo se aplica a los funcionarios víctimas del terrorismo. Es la más protectora de las modalidades.

Cuadro comparativo de las excedencias

Interés particular: 5 años previos de servicios, sin reserva, sin retribución, sin cómputo. Agrupación familiar: sin tiempo previo, sin reserva, sin retribución, sin cómputo. Cuidado de familiares: hasta 3 años por sujeto causante, reserva del puesto el primer año y después de puesto en la misma localidad, con cómputo para trienios, grado personal y Seguridad Social. Violencia de género: sin tiempo previo, reserva de 6 meses prorrogable hasta 18, retribuciones íntegras los dos primeros meses y cómputo a efectos de antigüedad, carrera y Seguridad Social. Las dos últimas son las que más derechos conservan; la de interés particular y la de agrupación familiar carecen de reserva y de cómputo.

La suspensión de funciones (art. 90 TREBEP)

La suspensión de funciones puede ser provisional o firme. La suspensión firme se impone en virtud de sentencia dictada en causa criminal o de sanción disciplinaria; cuando se debe a sanción disciplinaria no puede exceder de seis años. El funcionario suspenso firme no puede prestar servicios en ninguna Administración pública ni en los organismos públicos, agencias o entidades de derecho público dependientes o vinculadas a ellas, y queda privado, durante el tiempo de permanencia, de todos los derechos inherentes a la condición de funcionario; el tiempo no se computa a efectos de trienios, ascensos, consolidación del grado ni derechos pasivos. La suspensión firme de funciones determina la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de seis meses.

La suspensión provisional

Puede acordarse preventivamente durante la tramitación de un procedimiento judicial o disciplinario. Si se acuerda como medida provisional en un procedimiento disciplinario, no puede exceder de seis meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado (art. 98.3 TREBEP). El funcionario suspenso provisional tiene derecho a percibir durante la suspensión las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo, perdiendo las retribuciones complementarias ligadas al desempeño efectivo del puesto. Si se dicta sentencia absolutoria o se revoca la sanción, se restituye al funcionario a su situación con reconocimiento de todos los derechos económicos y demás que procedan desde la fecha de suspensión. Si se impone suspensión firme, el tiempo cumplido en suspensión provisional se abona para el cumplimiento de la sanción.

Pérdida de la condición de funcionario y rehabilitación (arts. 63 a 66 TREBEP)

La condición de funcionario de carrera se pierde por: a) renuncia a la condición de funcionario; b) pérdida de la nacionalidad, conforme a lo dispuesto en el art. 56.1.a (salvo supuestos de nacionales de otros Estados); c) jubilación total del funcionario; d) sanción disciplinaria de separación del servicio que tenga carácter firme; e) pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tenga carácter firme. La pérdida de la nacionalidad y la pena de inhabilitación pueden dar lugar a rehabilitación en los términos de la ley de función pública (art. 66). Las situaciones administrativas, a diferencia de estas causas, no extinguen la condición de funcionario.

Jubilación (art. 67 TREBEP)

La jubilación de los funcionarios puede ser voluntaria, por el cumplimiento de la edad o de los años de servicio exigidos por el régimen de seguridad social aplicable, forzosa, que se declara de oficio al cumplir el funcionario los sesenta y cinco años de edad, o por incapacidad permanente para el servicio. No obstante, el funcionario puede solicitar prolongar la permanencia en el servicio activo como máximo hasta que cumpla los setenta años; la Administración debe resolver de forma motivada. Los funcionarios de nuevo ingreso desde el 1 de enero de 2011 están incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, mientras que los anteriores están en el Régimen de Clases Pasivas.

El reingreso al servicio activo

El funcionario que cesa en una situación que no conlleva reserva de puesto reingresa por los procedimientos de provisión ordinarios (concurso o libre designación) o, provisionalmente, mediante adscripción a una vacante dotada presupuestariamente de su cuerpo o escala, a la espera de obtener destino definitivo. Si la situación conlleva reserva (servicios especiales, cuidado de familiares durante el periodo legal, violencia de género durante el periodo de reserva), el reingreso es al puesto reservado o a otro en las condiciones que fija la ley. Debe solicitarse el reingreso en el plazo reglamentario tras la finalización de la causa; en otro caso, se declara al funcionario de oficio en excedencia voluntaria por interés particular.

El régimen de incompatibilidades: concepto y fundamento (Ley 53/1984)

La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, desarrollada en la AGE por el Real Decreto 598/1985, se aplica a funcionarios y personal laboral de la AGE, las Comunidades Autónomas, las entidades locales, la Seguridad Social y los entes, organismos y empresas dependientes. Su principio general es que el desempeño de un puesto de trabajo en el sector público es incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de los deberes o comprometer la imparcialidad o independencia. El régimen es preventivo, no sancionador. El TREBEP recoge este régimen en los principios de conducta (art. 53) y tipifica su incumplimiento como falta muy grave (art. 95.2).

Incompatibilidad de segundas actividades públicas

Con carácter general, el personal comprendido en el ámbito de la Ley 53/1984 no puede desempeñar un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público, salvo los supuestos tasados que la ley permite, previa autorización o reconocimiento de compatibilidad: entre otros, el de profesor universitario asociado a tiempo parcial y con duración determinada, y determinados puestos de carácter sanitario o científico, y los cargos electivos locales sin dedicación exclusiva. Nadie puede percibir más de una remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas, salvo en los supuestos legales. El reconocimiento de compatibilidad no puede modificar la jornada de trabajo y el horario del interesado, y queda sin efecto automáticamente en caso de cambio de puesto en el sector público.

Compatibilidad con actividades privadas

El ejercicio de actividades privadas, incluidas las profesionales, por cuenta propia o ajena, requiere el previo reconocimiento de compatibilidad por el órgano competente. No puede reconocerse cuando la actividad impide o menoscaba el cumplimiento de los deberes, compromete la imparcialidad o independencia, o se realiza en el horario de trabajo. En todo caso, el personal no puede ejercer actividades privadas, por sí o mediante sustitución o apoderamiento, en asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público (art. 12.1.a), ni pertenecer a consejos de administración u órganos rectores de empresas privadas cuya actividad esté directamente relacionada con la gestionada por su departamento. Tampoco puede invocar su condición pública para el ejercicio de actividades mercantiles, industriales o profesionales.

Límite retributivo y actividades exceptuadas

No puede reconocerse compatibilidad al personal que desempeñe puestos que comporten la percepción de complemento específico, o concepto equiparable, cuya cuantía supere el 30 por 100 de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad, ni al retribuido por arancel (art. 16.1). Quedan exceptuadas del régimen de incompatibilidades, entre otras, las actividades derivadas de la administración del patrimonio personal o familiar, la producción y creación literaria, artística, científica y técnica y las publicaciones derivadas, la participación en seminarios, conferencias o cursos de carácter profesional y la colaboración ocasional en medios de comunicación, siempre que no se utilicen medios de la Administración ni se trate de asuntos relacionados con las funciones del puesto.

Consecuencias del incumplimiento y régimen de altos cargos

El incumplimiento del régimen de incompatibilidades constituye falta disciplinaria muy grave (art. 95.2 TREBEP) y puede acarrear la devolución de lo indebidamente percibido. Quien accede a un segundo puesto público sin autorización o reconocimiento de compatibilidad debe optar entre ambos en el plazo que fija la ley; si no opta, se aplican las reglas de opción tácita de la Ley 53/1984 y el pase a excedencia voluntaria en el puesto no elegido (a contrastar en el texto legal). Los altos cargos de la AGE se rigen por la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, que impone dedicación exclusiva, régimen de declaraciones y la limitación de dos años tras el cese para prestar servicios en entidades privadas afectadas por decisiones en las que hubieran participado.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Situaciones administrativas (art. 85 TREBEP): servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones públicas, excedencia y suspensión de funciones; ninguna implica pérdida de la condición de funcionario.
  • La pérdida de la condición de funcionario (art. 63) se produce por renuncia, pérdida de la nacionalidad, jubilación total, sanción de separación del servicio firme y pena de inhabilitación firme.
  • Adquisición de la condición de funcionario (art. 62): superación del proceso selectivo, nombramiento, acatamiento de la Constitución y toma de posesión.
  • Servicios especiales (art. 87): se perciben las retribuciones del puesto o cargo que se desempeña (más los trienios), con reserva de plaza y destino y cómputo del tiempo a efectos de ascensos, trienios y Seguridad Social.
  • Misión internacional superior a seis meses es causa de servicios especiales; no cualquier misión.
  • Servicio en otras Administraciones (art. 88): conserva la condición de origen y el derecho a participar en las convocatorias de provisión de la Administración de origen.
  • Excedencia voluntaria por interés particular: cinco años de servicios efectivos inmediatamente anteriores; sin reserva, sin retribución y sin cómputo de tiempo.
  • Excedencia por agrupación familiar: sin tiempo mínimo previo; el cónyuge debe desempeñar un puesto definitivo en otro municipio; sin reserva ni retribución.
  • Excedencia por cuidado de familiares: máximo tres años por sujeto causante; reserva del puesto el primer año y después de un puesto en la misma localidad y de igual retribución; computa a efectos de trienios, grado y Seguridad Social.
  • Excedencia por violencia de género: sin tiempo previo; reserva de puesto seis meses, prorrogable por periodos de tres hasta un máximo de dieciocho; retribuciones íntegras los dos primeros meses.
  • La excedencia forzosa de la Ley 30/1984 no figura entre las modalidades del art. 89 TREBEP.
  • Suspensión firme: por sentencia penal o sanción disciplinaria; si es disciplinaria, máximo seis años; excedida de seis meses, supone pérdida del puesto.
  • Suspensión provisional disciplinaria: máximo seis meses salvo paralización imputable al interesado; derecho a retribuciones básicas y prestaciones familiares.
  • El tiempo de suspensión provisional se abona al cumplimiento de la suspensión firme; si hay absolución se restituyen los derechos económicos.
  • La jubilación forzosa se declara de oficio a los 65 años; el funcionario puede solicitar prolongar el servicio activo hasta los 70.
  • La falta de solicitud de reingreso en el plazo reglamentario determina la declaración de oficio en excedencia voluntaria por interés particular.
  • Ley 53/1984: aplicable a funcionarios y a personal laboral; principio: incompatibilidad con cualquier actividad que menoscabe el cumplimiento de deberes o comprometa la imparcialidad o independencia.
  • El reconocimiento de compatibilidad para una actividad privada es previo, no modifica la jornada ni el horario y se extingue si cambia el puesto público.
  • Nunca cabe compatibilidad con actividad privada en asuntos en que se intervenga, se haya intervenido en los dos últimos años o se deba intervenir por razón del puesto.
  • No se reconoce compatibilidad a quien perciba complemento específico superior al 30 % de su retribución básica (sin antigüedad) ni al retribuido por arancel.
  • El incumplimiento del régimen de incompatibilidades es falta muy grave (art. 95.2 TREBEP).
  • Los altos cargos de la AGE se rigen por la Ley 3/2015: dedicación exclusiva y limitación de dos años tras el cese.
  • Trampa de examen: confundir la reserva del puesto (se mantiene en cuidado de familiares y violencia de género) con el cómputo del tiempo a efectos de trienios (no en interés particular y agrupación familiar).
  • Trampa de examen: las incompatibilidades no son sanciones, sino medidas preventivas; quien accede a un segundo puesto público sin reconocimiento de compatibilidad debe optar entre ambos.
Ver el esquema con tus propios subrayados →

Ponte a prueba

12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.

Pregunta 1 de 120 aciertos

El personal sujeto a la Ley 53/1984 no puede ejercer actividades privadas en asuntos en los que haya intervenido por razón de su puesto público en los últimos:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 5 de Gestión AGE?

Las situaciones administrativas regulan la posición jurídica del funcionario de carrera respecto de su Administración en cada momento de su vida profesional. El art. 85 TREBEP enumera cinco: servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones públicas, excedencia (con cinco modalidades, art. 89) y suspensión de funciones (art. 90), sin perjuicio de otras que puedan regular las leyes de función pública. Ninguna implica por sí misma la pérdida de la condición de funcionario, que solo se extingue por las causas del art. 63. El régimen de incompatibilidades de la Ley 53/1984, aplicable a funcionarios y personal laboral, impide el desempeño de un segundo puesto en el sector público (salvo excepciones) y condiciona la compatibilidad con actividades privadas a su reconocimiento previo, para garantizar la dedicación, la imparcialidad y la independencia del empleado público.

¿Qué hay que memorizar del Tema 5 para el examen?

Situaciones administrativas (art. 85 TREBEP): servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones públicas, excedencia y suspensión de funciones; ninguna implica pérdida de la condición de funcionario. La pérdida de la condición de funcionario (art. 63) se produce por renuncia, pérdida de la nacionalidad, jubilación total, sanción de separación del servicio firme y pena de inhabilitación firme. Adquisición de la condición de funcionario (art. 62): superación del proceso selectivo, nombramiento, acatamiento de la Constitución y toma de posesión. Servicios especiales (art. 87): se perciben las retribuciones del puesto o cargo que se desempeña (más los trienios), con reserva de plaza y destino y cómputo del tiempo a efectos de ascensos, trienios y Seguridad Social. Misión internacional superior a seis meses es causa de servicios especiales; no cualquier misión. Servicio en otras Administraciones (art. 88): conserva la condición de origen y el derecho a participar en las convocatorias de provisión de la Administración de origen. Excedencia voluntaria por interés particular: cinco años de servicios efectivos inmediatamente anteriores; sin reserva, sin retribución y sin cómputo de tiempo. Excedencia por agrupación familiar: sin tiempo mínimo previo; el cónyuge debe desempeñar un puesto definitivo en otro municipio; sin reserva ni retribución. Excedencia por cuidado de familiares: máximo tres años por sujeto causante; reserva del puesto el primer año y después de un puesto en la misma localidad y de igual retribución; computa a efectos de trienios, grado y Seguridad Social. Excedencia por violencia de género: sin tiempo previo; reserva de puesto seis meses, prorrogable por periodos de tres hasta un máximo de dieciocho; retribuciones íntegras los dos primeros meses. La excedencia forzosa de la Ley 30/1984 no figura entre las modalidades del art. 89 TREBEP. Suspensión firme: por sentencia penal o sanción disciplinaria; si es disciplinaria, máximo seis años; excedida de seis meses, supone pérdida del puesto. Suspensión provisional disciplinaria: máximo seis meses salvo paralización imputable al interesado; derecho a retribuciones básicas y prestaciones familiares. El tiempo de suspensión provisional se abona al cumplimiento de la suspensión firme; si hay absolución se restituyen los derechos económicos. La jubilación forzosa se declara de oficio a los 65 años; el funcionario puede solicitar prolongar el servicio activo hasta los 70. La falta de solicitud de reingreso en el plazo reglamentario determina la declaración de oficio en excedencia voluntaria por interés particular. Ley 53/1984: aplicable a funcionarios y a personal laboral; principio: incompatibilidad con cualquier actividad que menoscabe el cumplimiento de deberes o comprometa la imparcialidad o independencia. El reconocimiento de compatibilidad para una actividad privada es previo, no modifica la jornada ni el horario y se extingue si cambia el puesto público. Nunca cabe compatibilidad con actividad privada en asuntos en que se intervenga, se haya intervenido en los dos últimos años o se deba intervenir por razón del puesto. No se reconoce compatibilidad a quien perciba complemento específico superior al 30 % de su retribución básica (sin antigüedad) ni al retribuido por arancel. El incumplimiento del régimen de incompatibilidades es falta muy grave (art. 95.2 TREBEP). Los altos cargos de la AGE se rigen por la Ley 3/2015: dedicación exclusiva y limitación de dos años tras el cese. Trampa de examen: confundir la reserva del puesto (se mantiene en cuidado de familiares y violencia de género) con el cómputo del tiempo a efectos de trienios (no en interés particular y agrupación familiar). Trampa de examen: las incompatibilidades no son sanciones, sino medidas preventivas; quien accede a un segundo puesto público sin reconocimiento de compatibilidad debe optar entre ambos.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, arts. 53, 62-63, 66-67, 85-90, 95.2 y 98.3.
  • Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
  • Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los entes, organismos y empresas dependientes.
  • Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
  • Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

Mientras tanto, practica con tests gratis de Gestión AGE.

Empieza gratis ahora