Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (A2), 1.356 plazas convocadas. La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo VIII) con un temario distinto, no cubierto aquí. Numeración tal y como la publica el BOE: cada bloque reinicia su propia numeración de temas (Bloque I: 1-11, Bloque II: 1-6, etc.), no es una secuencia continua 1-58.
El Título I de la Constitución (arts. 10 a 55) reconoce un extenso catálogo de derechos y deberes fundamentales, con distintos niveles de protección según su ubicación sistemática, y contempla mecanismos excepcionales de suspensión general (estados de excepción y sitio) e individual (investigaciones antiterroristas). El Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, supervisa la actividad de la Administración en defensa de estos derechos.
Derechos y deberes fundamentales (Título I, arts. 10-55)
El Título I se abre con el art. 10 (dignidad de la persona y libre desarrollo de la personalidad como fundamento del orden político) y el art. 14 (igualdad ante la ley sin discriminación por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión u otra condición o circunstancia personal o social). El Capítulo II se divide en la Sección 1ª «De los derechos fundamentales y de las libertades públicas» (arts. 15-29) y la Sección 2ª «De los derechos y deberes de los ciudadanos» (arts. 30-38). El Capítulo III recoge los principios rectores de la política social y económica (arts. 39-52).
La dignidad de la persona y la interpretación conforme a tratados internacionales (art. 10 CE)
El art. 10.1 CE proclama la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes y el libre desarrollo de la personalidad como fundamento del orden político y de la paz social. El art. 10.2 CE fija una regla interpretativa esencial: las normas sobre derechos fundamentales se interpretarán conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España.
Españoles y extranjeros (Capítulo I, arts. 11 a 13 CE)
El art. 11 regula la adquisición, conservación y pérdida de la nacionalidad, remitidas a la ley. El art. 12 fija la mayoría de edad en los 18 años. El art. 13 reconoce a los extranjeros en España las libertades públicas del Título I en los términos que establezcan los tratados y la ley, con reserva de tratado o ley para el sufragio activo y pasivo en elecciones municipales y exclusión, salvo tratado, de la extradición por delitos políticos.
Los derechos fundamentales de la Sección 1ª (arts. 15 a 29 CE) y el art. 14
El art. 14 (igualdad ante la ley) abre el Capítulo II y queda fuera de la Sección 1ª, aunque goza de su mismo nivel de protección (art. 53.2). La Sección 1ª agrupa: vida e integridad física y moral, con prohibición de la tortura y abolición de la pena de muerte (art. 15), libertad ideológica, religiosa y de culto (art. 16), libertad y seguridad (art. 17), honor, intimidad y propia imagen, inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones (art. 18), libertad de residencia y circulación (art. 19), libertad de expresión e información (art. 20), reunión (art. 21), asociación (art. 22), participación política y acceso a funciones públicas (art. 23), tutela judicial efectiva (art. 24), legalidad penal (art. 25), prohibición de tribunales de honor (art. 26), educación (art. 27), sindicación y huelga (art. 28) y petición (art. 29).
Derechos y deberes de los ciudadanos de la Sección 2ª (arts. 30 a 38 CE)
Comprende el deber de defender a España y la objeción de conciencia (art. 30), el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio (art. 31), el derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica (art. 32), a la propiedad privada y a la herencia, con función social y expropiación solo por causa justificada de utilidad pública o interés social mediante indemnización (art. 33), el derecho de fundación (art. 34), el deber de trabajar y el derecho al trabajo (art. 35), los colegios profesionales (art. 36), la negociación colectiva y el conflicto colectivo (art. 37) y la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado (art. 38). No exigen ley orgánica para su desarrollo, a diferencia de la Sección 1ª, y su regulación solo puede hacerse por ley que respete su contenido esencial (art. 53.1). La objeción de conciencia del art. 30.2 es la única de esta Sección que cuenta con amparo (art. 53.2).
Los principios rectores de la política social y económica (Capítulo III, arts. 39 a 52)
Desarrollan el mandato de Estado social del art. 1.1 CE: protección social, económica y jurídica de la familia (art. 39), progreso social y pleno empleo (art. 40), régimen público de Seguridad Social (art. 41), emigrantes (art. 42), protección de la salud (art. 43), acceso a la cultura (art. 44), medio ambiente (art. 45), patrimonio histórico, cultural y artístico (art. 46), vivienda digna (art. 47), participación de la juventud (art. 48), atención a las personas con discapacidad (art. 49, reformado en 2024), pensiones y bienestar de la tercera edad (art. 50), defensa de consumidores y usuarios (art. 51) y organizaciones profesionales (art. 52). Conforme al art. 53.3 CE, informan la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, pero solo pueden alegarse ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen: no son derechos subjetivos directamente exigibles.
Las garantías generales del art. 53 CE
El art. 53.1 CE vincula a todos los poderes públicos a los derechos del Capítulo II, exigiendo ley (que respete su contenido esencial) para regular su ejercicio y garantizando su respeto mediante recurso de inconstitucionalidad. El art. 53.2 refuerza los derechos de la Sección 1ª más el art. 14 con tutela judicial preferente y sumaria y recurso de amparo. El art. 53.3 limita la eficacia de los principios rectores del Capítulo III.
El recurso de amparo constitucional
Mecanismo extraordinario y subsidiario ante el Tribunal Constitucional (art. 161.1.b y art. 53.2 CE; LOTC, Título III) frente a violaciones del art. 14 CE, de la Sección 1ª del Capítulo II (arts. 15-29) y de la objeción de conciencia (art. 30.2). Es subsidiario: exige agotar previamente la vía judicial ordinaria. Pueden interponerlo toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal (art. 162.1.b CE), y puede dirigirse frente a disposiciones, actos jurídicos o vías de hecho de los poderes públicos. Desde la reforma de la LOTC por la Ley Orgánica 6/2007 el recurso solo se admite si el contenido del recurso justifica una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal en razón de su especial trascendencia constitucional (art. 50.1.b LOTC). Plazos de interposición: 30 días hábiles contra resoluciones judiciales tras la notificación de la que agota la vía judicial, 20 días contra actos del Gobierno o la Administración y 3 meses contra actos parlamentarios sin valor de ley.
La reserva de ley orgánica para derechos fundamentales (art. 81 CE)
Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas (la doctrina las vincula a la Sección 1ª del Capítulo II y entiende que incluye el art. 14), los Estatutos de Autonomía, el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución (art. 81.1). Su aprobación, modificación o derogación exige mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto (art. 81.2 CE). El Tribunal Constitucional interpreta la reserva de manera restrictiva: solo requiere ley orgánica el desarrollo directo del contenido del derecho, no cualquier norma que roce la materia.
Garantía y suspensión de los derechos (arts. 53 y 55 CE): panorámica
El art. 53 gradúa la protección de los derechos del Título I en tres niveles según su ubicación sistemática (Capítulo II, Sección 1ª más art. 14, y Capítulo III). El art. 55 CE prevé, además, dos mecanismos excepcionales: la suspensión general de determinados derechos al declararse los estados de excepción o sitio (55.1), y la suspensión individual para personas investigadas por terrorismo (55.2).
Los estados de alarma, excepción y sitio (art. 116 CE y LO 4/1981)
Los tres estados excepcionales se regulan en el art. 116 CE y en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio. El estado de alarma lo declara el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, dando cuenta al Congreso, por un plazo máximo de 15 días que solo puede prorrogarse con autorización del Congreso. Procede ante catástrofes, calamidades o desgracias públicas, crisis sanitarias, paralización de servicios esenciales o situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad. El estado de excepción lo declara el Gobierno previa autorización del Congreso, ante alteración grave del libre ejercicio de los derechos y libertades, del funcionamiento de las instituciones democráticas o de los servicios esenciales; dura como máximo 30 días, prorrogables por otros 30 con autorización del Congreso, y permite la suspensión de los derechos del art. 55.1. El estado de sitio lo declara el Congreso por mayoría absoluta, a propuesta exclusiva del Gobierno, ante insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional; su duración y condiciones las determina el Congreso. Durante cualquiera de los estados el Congreso no puede ser disuelto, y la declaración no modifica el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes (art. 116.5 y 6 CE).
Derechos suspendibles con carácter general (art. 55.1 CE)
Al declararse los estados de excepción o de sitio pueden suspenderse (art. 55.1 CE): la libertad y seguridad personal (art. 17), la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2), el secreto de las comunicaciones (art. 18.3), la libertad de residencia y circulación (art. 19), la libertad de expresión e información y el secuestro de publicaciones (art. 20.1.a y d, y 20.5), el derecho de reunión (art. 21), el derecho de huelga (art. 28.2) y el derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo (art. 37.2). Se exceptúa el apartado 3 del art. 17 (derechos del detenido a ser informado de sus derechos, a no declarar y a asistencia de letrado) para el supuesto de estado de excepción. Es una lista cerrada, no suspendible por otros estados ni por analogía.
La suspensión individual de derechos en investigaciones de terrorismo (art. 55.2 CE)
Distinta de la suspensión general, permite que una ley orgánica autorice, de forma individual, con intervención judicial y control parlamentario, la suspensión de los derechos de los arts. 17.2 (plazo de detención) y 18.2 y 3 (domicilio y comunicaciones) respecto de personas concretas investigadas por actuación de bandas armadas o terroristas. Su utilización injustificada genera responsabilidad penal por violación de derechos.
El Defensor del Pueblo (art. 54 CE; LO 3/1981)
Es el alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales (art. 54 CE; LO 3/1981, de 6 de abril). Es elegido por las Cortes Generales: el Congreso y el Senado lo eligen por mayoría de 3/5 en cada Cámara, para un mandato de 5 años; goza de inviolabilidad y no está sujeto a mandato imperativo. Debe ser español, mayor de edad y estar en pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos. Su actuación se extiende a la Administración General del Estado, y también supervisa la actividad de las Comunidades Autónomas en los términos de la LO 3/1981.
Estatuto y designación del Defensor del Pueblo
Institución de garantía no jurisdiccional, inspirada en el Ombudsman escandinavo, elegida por mayoría de 3/5 del Congreso y del Senado para un mandato de 5 años. Cuenta con dos Adjuntos que le auxilian y en quienes puede delegar sus funciones. Goza de inviolabilidad y no está sujeto a mandato imperativo, garantías equivalentes a las de un alto órgano constitucional.
Funciones del Defensor del Pueblo
Puede iniciar y proseguir de oficio o a petición de parte cualquier investigación conducente al esclarecimiento de actos de la Administración pública; está legitimado para interponer los recursos de inconstitucionalidad y de amparo; y presenta un informe anual a las Cortes Generales, pudiendo elaborar informes extraordinarios cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconseje.
Relación del Defensor del Pueblo con otras acciones y recursos
La presentación de una queja ante el Defensor del Pueblo no interrumpe ni suspende los plazos para el ejercicio de otras acciones o recursos que puedan corresponder a los interesados. La queja puede presentarse por toda persona natural o jurídica con interés legítimo, sin limitación de nacionalidad, residencia ni edad; debe presentarse en el plazo máximo de un año desde que se tuvo conocimiento de los hechos, es gratuita y no exige abogado ni procurador. No puede investigar asuntos pendientes de resolución judicial. Sus resoluciones no son jurídicamente vinculantes ni anulan actos administrativos, pero cuentan con una notable fuerza moral e institucional derivada de su rendición de cuentas ante las Cortes Generales, y la actitud obstruccionista de los poderes públicos puede incluirse en el informe anual.
El Defensor del Pueblo y los Defensores autonómicos
Diversas Comunidades Autónomas cuentan con figuras equivalentes (Ombudsman autonómico, Síndic de Greuges, Ararteko, Valedor do Pobo, entre otros), que actúan como comisionados de los respectivos Parlamentos autonómicos para la supervisión de la Administración de su territorio, coordinándose con el Defensor del Pueblo estatal sin relación jerárquica entre ambos.
Distinción entre derechos fundamentales en sentido estricto y otros derechos constitucionales
En sentido estricto, solo son «derechos fundamentales» los de la Sección 1ª del Capítulo II (arts. 15-29) más el art. 14, por gozar de la máxima protección (reserva de ley orgánica, tutela judicial preferente y sumaria, recurso de amparo). Los demás derechos del Título I, aun siendo constitucionales, no alcanzan ese nivel de garantía reforzada.
El principio de igualdad y no discriminación (art. 14 CE)
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Es un derecho de aplicación transversal a todo el ordenamiento y, junto con la Sección 1ª, goza del máximo nivel de garantía constitucional (art. 53.2 CE).
Doctrina sobre el principio de igualdad (art. 14 CE)
El art. 14 se proyecta como igualdad ante la ley (el legislador no puede establecer diferencias carentes de justificación objetiva y razonable) y como igualdad en la aplicación de la ley (un mismo órgano no puede apartarse de su criterio sin motivación). Las diferencias de trato no son discriminatorias si persiguen un fin legítimo y son proporcionadas. Junto a la cláusula general, el precepto enumera causas especialmente sospechosas de discriminación (nacimiento, raza, sexo, religión, opinión). La igualdad formal del art. 14 se complementa con la igualdad material del art. 9.2, que justifica las acciones positivas a favor de colectivos desfavorecidos, sin que éstas lesionen el art. 14.
Derechos de libertad personal y garantías procesales (arts. 17, 24 y 25 CE)
El art. 17 reconoce la libertad y seguridad personal: la detención preventiva no puede durar más del tiempo estrictamente necesario para el esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas el detenido debe ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial (art. 17.2). El procedimiento de habeas corpus (art. 17.4) está desarrollado por la Ley Orgánica 6/1984. El art. 24 garantiza la tutela judicial efectiva sin indefensión, el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y asistencia de letrado, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a la presunción de inocencia y a utilizar los medios de prueba pertinentes. El art. 25 consagra el principio de legalidad penal y sancionadora (nullum crimen sine lege), la orientación de las penas privativas de libertad hacia la reeducación y la reinserción social y la prohibición de que la Administración civil imponga sanciones que impliquen privación de libertad.
Libertades de expresión, reunión, asociación y participación (arts. 20 a 23 CE)
El art. 20 protege la libertad de expresión, la producción literaria, artística, científica y técnica, la libertad de cátedra y la comunicación de información veraz por cualquier medio; no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa y el secuestro de publicaciones solo cabe por resolución judicial (art. 20.5). Sus límites son el respeto a los derechos del Título I, a los preceptos de las leyes que los desarrollen y, especialmente, el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y la protección de la juventud y de la infancia (art. 20.4). El art. 21 reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, sin necesidad de autorización previa, pero con comunicación previa a la autoridad en los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones. El art. 22 reconoce el derecho de asociación; las asociaciones solo pueden ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada, y se prohíben las secretas y las de carácter paramilitar. El art. 23 garantiza el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por representantes elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal, y a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes (principios de mérito y capacidad, art. 103.3 CE).
Matices del estado de alarma: la doctrina constitucional de 2021
La declaración del estado de alarma por la pandemia de COVID-19 (Real Decreto 463/2020) fue objeto de recursos de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional, en su STC 148/2021, concluyó que las medidas que suponían una limitación de la libertad de circulación de intensidad equivalente a una suspensión y el confinamiento domiciliario general excedían lo permitido en el estado de alarma, que solo admite limitaciones, por lo que habrían exigido la declaración del estado de excepción. En la STC 183/2021 se declaró contraria a la Constitución la prórroga de seis meses del estado de alarma autorizada en octubre de 2020, por delegar en las Comunidades Autónomas decisiones sobre las medidas y reducir el control parlamentario. La doctrina clave: alarma = limitaciones; excepción y sitio = suspensiones.
Extranjeros y derechos fundamentales (art. 13 CE)
La doctrina constitucional distingue tres grupos de derechos respecto de los extranjeros: los que corresponden por igual a españoles y extranjeros por pertenecer a la persona en cuanto tal (derecho a la vida, la integridad, la libertad ideológica, la tutela judicial efectiva, la intimidad, entre otros); los que sólo corresponden a los españoles (el derecho de sufragio y el acceso a funciones públicas del art. 23, salvo lo que establezcan tratados o la ley para el sufragio municipal); y los que pertenecen a los extranjeros en la medida y condiciones que establezcan los tratados y las leyes (por ejemplo, residencia, reunión, asociación, sindicación y huelga). El art. 13.4 regula el derecho de asilo en los términos que fije la ley.
El Defensor del Pueblo: funciones adicionales y organización
El Defensor del Pueblo es designado para el cumplimiento de sus funciones con independencia y autonomía. Dispone de dos Adjuntos, nombrados por él previa conformidad de las Cámaras, y de una Comisión Mixta Congreso-Senado de relaciones con el Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo ejerce también las funciones de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) conforme al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. Puede solicitar a la Administración todos los documentos que considere necesarios; la negativa o negligencia en el envío de documentos o la obstaculización pueden dar lugar a responsabilidad penal por desobediencia, y puede proponer la modificación de criterios y normas cuya aplicación haya generado situaciones injustas. Cesa por renuncia, expiración del mandato, muerte o incapacidad, o actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Solo los derechos de la Sección 1ª (arts. 15-29) más el art. 14 tienen recurso de amparo ante el TC (art. 53.2 CE); los principios rectores del Capítulo III (39-52) no son exigibles directamente ante los tribunales (53.3).
El estado de alarma no permite suspender derechos; sí lo permiten el estado de excepción y el de sitio (art. 55.1), y existe además una suspensión individual (art. 55.2) para investigaciones antiterroristas, con intervención judicial y control parlamentario.
El Defensor del Pueblo se elige por 3/5 de cada Cámara para 5 años; está legitimado para interponer recursos de inconstitucionalidad y de amparo.
El deber de defender a España (art. 30) admite objeción de conciencia; el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31) se articula mediante un sistema tributario justo basado en los principios de igualdad y progresividad.
El Título I se abre con el art. 10 (dignidad y libre desarrollo de la personalidad) y el art. 14 (igualdad); el Capítulo II se divide en Sección 1ª (arts. 15-29) y Sección 2ª (arts. 30-38); el Capítulo III recoge los principios rectores (39-52).
El art. 10.2 CE fija la regla interpretativa: las normas sobre derechos fundamentales se interpretan conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales ratificados por España.
El Capítulo I (arts. 11-13) remite a la ley la nacionalidad, fija la mayoría de edad en 18 años y reconoce a los extranjeros las libertades públicas del Título I según tratados y ley, con reserva de tratado/ley para el sufragio municipal.
Los derechos de la Sección 2ª (arts. 30-38), a diferencia de los de la Sección 1ª, no exigen ley orgánica para su desarrollo.
Los principios rectores del Capítulo III (39-52) solo informan la legislación positiva y son alegables según dispongan las leyes de desarrollo (53.3): no son derechos subjetivos directamente exigibles.
El art. 53 CE gradúa la protección en tres niveles: vinculación de todos los poderes públicos + reserva de ley + recurso de inconstitucionalidad (53.1); tutela judicial preferente y sumaria + amparo para Sección 1ª más el art. 14 (53.2); mera eficacia informadora para el Capítulo III (53.3).
El recurso de amparo es subsidiario (exige agotar la vía judicial ordinaria); están legitimados la persona afectada, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal; protege el art. 14, la Sección 1ª y la objeción de conciencia (30.2).
La reserva de ley orgánica (art. 81 CE) alcanza al desarrollo de los derechos fundamentales (Sección 1ª más art. 14), los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general, exigiendo mayoría absoluta del Congreso en votación final de conjunto.
Estado de alarma (decreto del Gobierno, 15 días prorrogables con autorización del Congreso, catástrofes o crisis sanitarias, sin suspensión de derechos) frente a excepción (autoriza el Congreso, alteración grave del orden público) y sitio (Congreso por mayoría absoluta, insurrección o amenaza a la integridad territorial).
Derechos suspendibles con carácter general (55.1): libertad y seguridad (17), inviolabilidad del domicilio (18.2), secreto de comunicaciones (18.3), residencia y circulación (19), expresión y secuestro de publicaciones (20.1.a, d y 20.5), reunión (21), huelga (28.2) y conflicto colectivo (37.2).
La suspensión individual antiterrorista (55.2) afecta a los arts. 17.2 (plazo de detención) y 18.2-3 (domicilio y comunicaciones), exige intervención judicial y control parlamentario, y su uso injustificado genera responsabilidad penal.
El Defensor del Pueblo (LO 3/1981) es alto comisionado de las Cortes Generales; puede iniciar investigaciones de oficio o a instancia de parte, presenta informe anual a las Cortes y cuenta con dos Adjuntos.
La queja ante el Defensor del Pueblo no suspende los plazos de otras acciones o recursos; sus resoluciones no vinculan jurídicamente ni son revisables judicialmente, aunque tienen fuerza moral e institucional.
Existen Defensores autonómicos equivalentes (Síndic de Greuges, Ararteko, Valedor do Pobo, entre otros), coordinados con el Defensor del Pueblo estatal sin relación jerárquica entre ambos.
Trampa frecuente: el art. 14 NO forma parte de la Sección 1ª (arts. 15-29), pero tiene su mismo nivel de protección (tutela preferente y sumaria y amparo, art. 53.2).
La objeción de conciencia (art. 30.2) es el único derecho de la Sección 2ª susceptible de recurso de amparo.
La detención preventiva dura como máximo 72 horas (art. 17.2); el habeas corpus (art. 17.4) se desarrolla por LO 6/1984.
En el estado de excepción NO se suspende el art. 17.3 (derechos del detenido): así lo dice el propio art. 55.1.
Plazos de amparo: 30 días hábiles frente a resoluciones judiciales, 20 frente a actos administrativos o del Gobierno y 3 meses frente a actos parlamentarios sin valor de ley; es necesario justificar la especial trascendencia constitucional (LO 6/2007).
Estado de excepción: 30 días + 30 de prórroga. Estado de alarma: 15 días + prórroga autorizada por el Congreso. Estado de sitio: duración fijada por el Congreso.
La STC 148/2021 declaró que el confinamiento general exigía estado de excepción, no de alarma: alarma permite limitar, no suspender, derechos.
La queja al Defensor del Pueblo: plazo de un año, gratuita, sin abogado ni procurador y sin interrumpir plazos de recursos. El Defensor no puede intervenir en asuntos pendientes de resolución judicial.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
¿Puede suspenderse algún derecho fundamental durante la vigencia de un estado de alarma?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 2 de Gestión AGE?
El Título I de la Constitución (arts. 10 a 55) reconoce un extenso catálogo de derechos y deberes fundamentales, con distintos niveles de protección según su ubicación sistemática, y contempla mecanismos excepcionales de suspensión general (estados de excepción y sitio) e individual (investigaciones antiterroristas). El Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, supervisa la actividad de la Administración en defensa de estos derechos.
¿Qué hay que memorizar del Tema 2 para el examen?
Solo los derechos de la Sección 1ª (arts. 15-29) más el art. 14 tienen recurso de amparo ante el TC (art. 53.2 CE); los principios rectores del Capítulo III (39-52) no son exigibles directamente ante los tribunales (53.3). El estado de alarma no permite suspender derechos; sí lo permiten el estado de excepción y el de sitio (art. 55.1), y existe además una suspensión individual (art. 55.2) para investigaciones antiterroristas, con intervención judicial y control parlamentario. El Defensor del Pueblo se elige por 3/5 de cada Cámara para 5 años; está legitimado para interponer recursos de inconstitucionalidad y de amparo. El deber de defender a España (art. 30) admite objeción de conciencia; el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31) se articula mediante un sistema tributario justo basado en los principios de igualdad y progresividad. El Título I se abre con el art. 10 (dignidad y libre desarrollo de la personalidad) y el art. 14 (igualdad); el Capítulo II se divide en Sección 1ª (arts. 15-29) y Sección 2ª (arts. 30-38); el Capítulo III recoge los principios rectores (39-52). El art. 10.2 CE fija la regla interpretativa: las normas sobre derechos fundamentales se interpretan conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales ratificados por España. El Capítulo I (arts. 11-13) remite a la ley la nacionalidad, fija la mayoría de edad en 18 años y reconoce a los extranjeros las libertades públicas del Título I según tratados y ley, con reserva de tratado/ley para el sufragio municipal. Los derechos de la Sección 2ª (arts. 30-38), a diferencia de los de la Sección 1ª, no exigen ley orgánica para su desarrollo. Los principios rectores del Capítulo III (39-52) solo informan la legislación positiva y son alegables según dispongan las leyes de desarrollo (53.3): no son derechos subjetivos directamente exigibles. El art. 53 CE gradúa la protección en tres niveles: vinculación de todos los poderes públicos + reserva de ley + recurso de inconstitucionalidad (53.1); tutela judicial preferente y sumaria + amparo para Sección 1ª más el art. 14 (53.2); mera eficacia informadora para el Capítulo III (53.3). El recurso de amparo es subsidiario (exige agotar la vía judicial ordinaria); están legitimados la persona afectada, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal; protege el art. 14, la Sección 1ª y la objeción de conciencia (30.2). La reserva de ley orgánica (art. 81 CE) alcanza al desarrollo de los derechos fundamentales (Sección 1ª más art. 14), los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general, exigiendo mayoría absoluta del Congreso en votación final de conjunto. Estado de alarma (decreto del Gobierno, 15 días prorrogables con autorización del Congreso, catástrofes o crisis sanitarias, sin suspensión de derechos) frente a excepción (autoriza el Congreso, alteración grave del orden público) y sitio (Congreso por mayoría absoluta, insurrección o amenaza a la integridad territorial). Derechos suspendibles con carácter general (55.1): libertad y seguridad (17), inviolabilidad del domicilio (18.2), secreto de comunicaciones (18.3), residencia y circulación (19), expresión y secuestro de publicaciones (20.1.a, d y 20.5), reunión (21), huelga (28.2) y conflicto colectivo (37.2). La suspensión individual antiterrorista (55.2) afecta a los arts. 17.2 (plazo de detención) y 18.2-3 (domicilio y comunicaciones), exige intervención judicial y control parlamentario, y su uso injustificado genera responsabilidad penal. El Defensor del Pueblo (LO 3/1981) es alto comisionado de las Cortes Generales; puede iniciar investigaciones de oficio o a instancia de parte, presenta informe anual a las Cortes y cuenta con dos Adjuntos. La queja ante el Defensor del Pueblo no suspende los plazos de otras acciones o recursos; sus resoluciones no vinculan jurídicamente ni son revisables judicialmente, aunque tienen fuerza moral e institucional. Existen Defensores autonómicos equivalentes (Síndic de Greuges, Ararteko, Valedor do Pobo, entre otros), coordinados con el Defensor del Pueblo estatal sin relación jerárquica entre ambos. Trampa frecuente: el art. 14 NO forma parte de la Sección 1ª (arts. 15-29), pero tiene su mismo nivel de protección (tutela preferente y sumaria y amparo, art. 53.2). La objeción de conciencia (art. 30.2) es el único derecho de la Sección 2ª susceptible de recurso de amparo. La detención preventiva dura como máximo 72 horas (art. 17.2); el habeas corpus (art. 17.4) se desarrolla por LO 6/1984. En el estado de excepción NO se suspende el art. 17.3 (derechos del detenido): así lo dice el propio art. 55.1. Plazos de amparo: 30 días hábiles frente a resoluciones judiciales, 20 frente a actos administrativos o del Gobierno y 3 meses frente a actos parlamentarios sin valor de ley; es necesario justificar la especial trascendencia constitucional (LO 6/2007). Estado de excepción: 30 días + 30 de prórroga. Estado de alarma: 15 días + prórroga autorizada por el Congreso. Estado de sitio: duración fijada por el Congreso. La STC 148/2021 declaró que el confinamiento general exigía estado de excepción, no de alarma: alarma permite limitar, no suspender, derechos. La queja al Defensor del Pueblo: plazo de un año, gratuita, sin abogado ni procurador y sin interrumpir plazos de recursos. El Defensor no puede intervenir en asuntos pendientes de resolución judicial.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, Título I (arts. 10-55) y art. 116, BOE-A-1978-31229.
Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.
Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo.
Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (arts. 41 a 58, recurso de amparo; reforma por LO 6/2007, de 24 de mayo).
Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de Habeas Corpus.
Sentencias del Tribunal Constitucional 148/2021 y 183/2021.
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