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Tema 2. Las leyes anuales de presupuestos. Su contenido. El presupuesto del Estado. Principios de programación y de gestión. Contenido, elaboración y estructura. Desglose de aplicaciones presupuestarias.

Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre · Índice oficial del BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262).

Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (A2), 1.356 plazas convocadas. La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo VIII) con un temario distinto, no cubierto aquí. Numeración tal y como la publica el BOE: cada bloque reinicia su propia numeración de temas (Bloque I: 1-11, Bloque II: 1-6, etc.), no es una secuencia continua 1-58.

Las leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado aprueban, para cada ejercicio, los estados de gastos e ingresos del sector público estatal y un articulado con normas de gestión presupuestaria. El presupuesto del Estado se estructura conforme a la Ley 47/2003, General Presupuestaria, en tres clasificaciones complementarias: la orgánica (secciones y servicios), la por programas o funcional (áreas de gasto, políticas, grupos de programas y programas) y la económica (capítulos, artículos, conceptos y subconceptos). La conjunción de las tres da lugar a la aplicación presupuestaria, unidad elemental de imputación del crédito. Los créditos son, por regla general, limitativos y vinculantes al nivel que fije cada ley, y excepcionalmente ampliables. La elaboración parte de los objetivos de estabilidad, los escenarios plurianuales y el límite de gasto no financiero, y la programación y gestión se rigen por principios de estabilidad, eficacia, eficiencia y transparencia.

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La Ley anual de Presupuestos Generales del Estado: naturaleza y contenido

La Ley de Presupuestos Generales del Estado se aprueba cada año por las Cortes Generales a propuesta del Gobierno (art. 134 CE). Tiene un contenido necesario, formado por los estados de gastos e ingresos y las normas que autorizan el gasto y la previsión de ingresos, y un contenido eventual, formado por el articulado con normas sobre gestión presupuestaria, régimen retributivo del personal del sector público, operaciones financieras, avales, entes territoriales y determinadas modificaciones tributarias habilitadas por el art. 134.7 CE, siempre que guarden conexión con los ingresos y gastos o con la política económica general, según la doctrina del Tribunal Constitucional. La ley tiene vigencia anual, sin perjuicio de preceptos con vocación de permanencia. Como referencia, la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, fue objeto de prórroga en 2024 y 2025; la situación de ejercicios posteriores debe comprobarse en fuentes oficiales.

Contenido y estructura formal del proyecto de Ley de Presupuestos

El proyecto consta de un articulado, dividido en títulos (por ejemplo, créditos y sus modificaciones, gestión presupuestaria, gastos de personal, pensiones públicas, operaciones financieras, normas tributarias y relaciones con otras Administraciones), disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales, y de los estados numéricos de ingresos y gastos. Se acompaña de documentación complementaria: memoria de objetivos de los programas, informe económico-financiero, memoria de beneficios fiscales (exigida por el art. 134.2 CE), informe de impacto de género (Ley 30/2003), informe de alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los presupuestos de las entidades del sector público.

Principios de programación y de gestión presupuestaria

Programación: se rige por los principios de estabilidad presupuestaria, plurianualidad, transparencia, eficacia en el cumplimiento de objetivos, eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional. Gestión: se orienta por la eficacia, eficiencia, economía y calidad, a través de sistemas de dirección por objetivos y control de resultados. Estos principios se unen a los clásicos de unidad, universalidad, anualidad, especialidad y no afectación. Los escenarios presupuestarios plurianuales y la técnica de presupuesto por programas son las herramientas operativas de la programación.

Elaboración del presupuesto del Estado: pasos y órganos

La elaboración parte de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda para el conjunto de las Administraciones Públicas, que el Gobierno somete al Congreso y al Senado, previo informe de la AIReF sobre las previsiones macroeconómicas y los objetivos. El Gobierno aprueba el límite de gasto no financiero (techo de gasto), coherente con los objetivos y la regla de gasto (LOEPSF, art. 30). El Ministerio de Hacienda dicta, mediante orden ministerial, las normas de elaboración y la estructura de los presupuestos, y los departamentos y entidades elaboran sus propuestas dentro de sus techos. El anteproyecto se integra en un proyecto de ley que aprueba el Consejo de Ministros y remite al Congreso a más tardar al final de septiembre (art. 134.3 CE).

Los escenarios presupuestarios plurianuales

Instrumento de programación a medio plazo que fija, para varios ejercicios, los límites de gasto de cada departamento ministerial y de las entidades del sector público estatal en coherencia con los objetivos de estabilidad presupuestaria y el techo de gasto. Dan el marco para la negociación presupuestaria interna y para el principio de plurianualidad.

Estructura del estado de gastos: las tres clasificaciones

El estado de gastos se estructura con carácter general según tres clasificaciones complementarias. La orgánica: secciones (ministerios, órganos constitucionales y otras unidades), servicios y organismos. La por programas (funcional): áreas de gasto, políticas de gasto, grupos de programas y programas. La económica: capítulos, artículos, conceptos y subconceptos. Los créditos se consignan con el desglose resultante de combinar estas tres clasificaciones. El estado de ingresos se clasifica por la orgánica y la económica.

La clasificación orgánica: secciones y servicios

Ordena el gasto según el órgano o entidad responsable de ejecutarlo. Las secciones corresponden a los ministerios, a los órganos constitucionales y a otras unidades presupuestarias con tratamiento específico: Casa de S.M. el Rey, Cortes Generales (que incluye al Defensor del Pueblo), Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional, Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial, Deuda Pública, Clases Pasivas, Gastos de diversos ministerios, Entes territoriales, Fondo de Contingencia, entre otras. Dentro de cada sección, los servicios identifican la unidad administrativa gestora. La clasificación orgánica permite exigir responsabilidad por la ejecución.

La clasificación por programas o funcional

Agrupa el gasto según su finalidad, con independencia del órgano gestor. Las áreas de gasto son cinco: 1 Servicios públicos básicos, 2 Actuaciones de protección y promoción social, 3 Producción de bienes públicos de carácter preferente, 4 Actuaciones de carácter económico y 9 Actuaciones de carácter general. Se desciende después a políticas de gasto, grupos de programas y programas, identificados por un código de tres cifras y una letra (por ejemplo, 121M). Permite analizar el gasto desde la perspectiva de las políticas públicas y evaluar resultados.

La clasificación económica del presupuesto de gastos

Se estructura en capítulos según la naturaleza económica del gasto. Operaciones corrientes: Capítulo 1, gastos de personal; Capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios; Capítulo 3, gastos financieros; Capítulo 4, transferencias corrientes; Capítulo 5, Fondo de Contingencia y otros imprevistos. Operaciones de capital: Capítulo 6, inversiones reales; Capítulo 7, transferencias de capital. Operaciones financieras: Capítulo 8, activos financieros; Capítulo 9, pasivos financieros. Cada capítulo se desagrega en artículos (dos cifras), conceptos (tres cifras) y subconceptos (cinco cifras).

La clasificación económica del presupuesto de ingresos

Operaciones corrientes: Capítulo 1, impuestos directos y cotizaciones sociales; Capítulo 2, impuestos indirectos; Capítulo 3, tasas, precios públicos y otros ingresos; Capítulo 4, transferencias corrientes; Capítulo 5, ingresos patrimoniales. Operaciones de capital: Capítulo 6, enajenación de inversiones reales; Capítulo 7, transferencias de capital. Operaciones financieras: Capítulo 8, activos financieros; Capítulo 9, pasivos financieros.

Desglose de aplicaciones presupuestarias

La aplicación presupuestaria es el resultado de cruzar las clasificaciones orgánica, por programas y económica y constituye la unidad elemental de imputación del crédito: sobre ella se autoriza el gasto, se reconoce la obligación y se ordena el pago. Se identifica por un código con la sección y servicio (orgánica), el programa (funcional) y el concepto o subconcepto (económica). Ejemplo ilustrativo: sección y servicio, programa 121M, concepto 220 (material de oficina). La aplicación sirve de referencia para determinar la vinculación de créditos.

Los créditos presupuestarios: limitativos, vinculantes y ampliables

El crédito presupuestario es la cuantía máxima que se autoriza como límite de gasto para una aplicación. La regla general es que los créditos del presupuesto de gastos del Estado tienen carácter limitativo y vinculante al nivel que determine la ley, de modo que no pueden adquirirse compromisos de gasto por importe superior ni aplicar los créditos a finalidades distintas. Excepcionalmente, la Ley de Presupuestos declara determinados créditos ampliables, con una lista tasada (por ejemplo, el pago de pensiones de Clases Pasivas, los intereses de la deuda pública y determinadas prestaciones), que pueden ampliarse por el importe de las obligaciones reconocidas sin necesidad de ley. Los presupuestos de entidades empresariales tienen carácter estimativo.

La vinculación de créditos y el principio de especialidad cuantitativa

El nivel de vinculación fija las aplicaciones entre las que el órgano gestor puede redistribuir el gasto sin tramitar una modificación presupuestaria formal. Lo determina cada Ley de Presupuestos combinando las tres clasificaciones; conviene consultar el artículo correspondiente de la ley del ejercicio y no memorizar niveles genéricos. Los gastos de personal y las inversiones reciben tratamiento diferenciado.

El presupuesto consolidado del sector público estatal

Los PGE integran, además del presupuesto de la Administración General del Estado, los de los organismos autónomos, la Seguridad Social, las entidades públicas empresariales y el resto de entes del sector público estatal, presentados de forma consolidada. Los presupuestos de gastos de la AGE, organismos autónomos y Seguridad Social tienen carácter limitativo; los de las entidades empresariales, estimativo.

El techo de gasto no financiero

Límite máximo de gasto no financiero del Estado, que el Gobierno aprueba cada año coherente con los objetivos de estabilidad y la regla de gasto (art. 30 LOEPSF), tras someter los objetivos de estabilidad al Congreso y al Senado y previo informe de la AIReF sobre previsiones y objetivos. Constituye el marco obligado para elaborar el proyecto de PGE. El Congreso y el Senado votan los objetivos de estabilidad y el límite de gasto en la fase previa al proyecto.

El presupuesto orientado a resultados y la evaluación del gasto

La técnica del presupuesto por programas ha ido acompañada de mecanismos de evaluación del gasto (spending reviews), desarrollados con la AIReF (creada por la Ley Orgánica 6/2013), para analizar la eficiencia de las políticas de gasto y retroalimentar la elaboración del presupuesto. El informe de alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el de impacto de género acompañan al proyecto de ley.

La estructura presupuestaria común y la gestión desconcentrada

Una orden ministerial establece cada año la estructura de los PGE (clasificaciones económica, orgánica y por programas) para asegurar homogeneidad y comparabilidad. Determinados créditos se gestionan de forma desconcentrada por la Administración periférica (Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno) y por los servicios territoriales de cada departamento, dentro de las normas de desconcentración de la gestión del gasto.

Tramitación parlamentaria de la ley de presupuestos: especialidades

El proyecto se presenta al Congreso con el debate de totalidad, enmiendas parciales, tramitación en la Comisión de Presupuestos y en el Pleno, y paso al Senado. Las enmiendas que supongan aumento de créditos o disminución de ingresos requieren la conformidad del Gobierno (art. 134.6 CE). La Ley de Presupuestos es la única ley sobre la que la Constitución establece un plazo de presentación (tres meses antes de la expiración del presupuesto anterior) y a la que se aplica la prórroga automática.

Esquema de memorización de la estructura presupuestaria

Gastos: tres clasificaciones (orgánica, por programas, económica), nueve capítulos, aplicación presupuestaria como cruce de las tres. Ingresos: dos clasificaciones (orgánica y económica), nueve capítulos. Créditos: limitativos y vinculantes, con ampliables en lista tasada. Programación: escenarios plurianuales, objetivos de estabilidad, techo de gasto y Fondo de Contingencia (Capítulo 5 de gastos). El Capítulo 5 de gastos y el Capítulo 5 de ingresos no guardan relación: el primero es el Fondo de Contingencia y el segundo son ingresos patrimoniales.

Presupuesto de ingresos: carácter estimativo y beneficios fiscales

Los ingresos del presupuesto son previsiones: el estado de ingresos contiene la estimación de los derechos que se prevé liquidar, sin carácter limitativo, a diferencia del estado de gastos. El art. 134.2 CE exige que se consigne el importe de los beneficios fiscales que afectan a los tributos del Estado, que se detallan en la memoria correspondiente. Las cotizaciones sociales y las transferencias de la Seguridad Social se recogen en su propio presupuesto.

Diferencia entre la ley de presupuestos y la ley de acompañamiento de otras épocas

Durante años las leyes de presupuestos se acompañaron de leyes de medidas fiscales, administrativas y del orden social que reformaban múltiples normas. El Tribunal Constitucional ha limitado esta práctica exigiendo conexión de las normas incluidas en la ley de presupuestos con su contenido propio, y la tendencia actual es incorporar solo las medidas con relación directa con los ingresos, gastos o la política económica general.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • La ley anual de PGE tiene contenido necesario (estados de ingresos y gastos) y contenido eventual limitado por la doctrina constitucional: debe tener conexión directa con ingresos, gastos o política económica general.
  • El proyecto debe presentarse al Congreso al menos tres meses antes de la expiración de los presupuestos anteriores (art. 134.3 CE); las enmiendas que aumenten créditos o disminuyan ingresos necesitan la conformidad del Gobierno (134.6).
  • Tres clasificaciones del gasto: orgánica (secciones y servicios), por programas (áreas de gasto, políticas, grupos de programas, programas) y económica (capítulos, artículos, conceptos, subconceptos). Ingresos: orgánica y económica.
  • Áreas de gasto: 1 Servicios públicos básicos; 2 Protección y promoción social; 3 Bienes públicos de carácter preferente; 4 Actuaciones de carácter económico; 9 Actuaciones de carácter general.
  • Capítulos de gastos: 1 Personal; 2 Gastos corrientes en bienes y servicios; 3 Financieros; 4 Transferencias corrientes; 5 Fondo de Contingencia; 6 Inversiones reales; 7 Transferencias de capital; 8 Activos financieros; 9 Pasivos financieros.
  • Capítulos de ingresos: 1 Impuestos directos y cotizaciones sociales; 2 Impuestos indirectos; 3 Tasas, precios públicos y otros; 4 Transferencias corrientes; 5 Ingresos patrimoniales; 6 Enajenación de inversiones reales; 7 Transferencias de capital; 8 Activos financieros; 9 Pasivos financieros.
  • Operaciones corrientes: capítulos 1 a 5 de gastos; de capital: 6 y 7; financieras: 8 y 9.
  • Trampa: el Capítulo 5 de gastos es el Fondo de Contingencia y otros imprevistos, mientras que el Capítulo 5 de ingresos son los ingresos patrimoniales; no confundirlos.
  • La aplicación presupuestaria es la unidad elemental de imputación y resulta de combinar las tres clasificaciones.
  • Los créditos son limitativos y vinculantes por regla general; la Ley de Presupuestos declara ampliables un listado tasado (por ejemplo, pensiones de Clases Pasivas e intereses de deuda).
  • El nivel de vinculación de los créditos lo fija cada Ley de Presupuestos; no se aplica un nivel único legal.
  • El techo de gasto no financiero (art. 30 LOEPSF) marca el límite de los PGE y se aprueba antes de elaborar el proyecto.
  • Los PGE se presentan consolidados; son limitativos los presupuestos de AGE, organismos autónomos y Seguridad Social, y estimativos los de entes empresariales.
  • El Defensor del Pueblo se presupuesta dentro de la sección de las Cortes Generales, no tiene sección propia.
  • Documentación del proyecto: memoria de objetivos de programas, informe económico-financiero, memoria de beneficios fiscales, informe de impacto de género y alineamiento con los ODS.
  • Los escenarios presupuestarios plurianuales son el marco de programación a medio plazo y fijan límites por departamento.
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¿Cuántas áreas de gasto integran la clasificación por programas o funcional del presupuesto?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 2 de Gestión AGE?

Las leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado aprueban, para cada ejercicio, los estados de gastos e ingresos del sector público estatal y un articulado con normas de gestión presupuestaria. El presupuesto del Estado se estructura conforme a la Ley 47/2003, General Presupuestaria, en tres clasificaciones complementarias: la orgánica (secciones y servicios), la por programas o funcional (áreas de gasto, políticas, grupos de programas y programas) y la económica (capítulos, artículos, conceptos y subconceptos). La conjunción de las tres da lugar a la aplicación presupuestaria, unidad elemental de imputación del crédito. Los créditos son, por regla general, limitativos y vinculantes al nivel que fije cada ley, y excepcionalmente ampliables. La elaboración parte de los objetivos de estabilidad, los escenarios plurianuales y el límite de gasto no financiero, y la programación y gestión se rigen por principios de estabilidad, eficacia, eficiencia y transparencia.

¿Qué hay que memorizar del Tema 2 para el examen?

La ley anual de PGE tiene contenido necesario (estados de ingresos y gastos) y contenido eventual limitado por la doctrina constitucional: debe tener conexión directa con ingresos, gastos o política económica general. El proyecto debe presentarse al Congreso al menos tres meses antes de la expiración de los presupuestos anteriores (art. 134.3 CE); las enmiendas que aumenten créditos o disminuyan ingresos necesitan la conformidad del Gobierno (134.6). Tres clasificaciones del gasto: orgánica (secciones y servicios), por programas (áreas de gasto, políticas, grupos de programas, programas) y económica (capítulos, artículos, conceptos, subconceptos). Ingresos: orgánica y económica. Áreas de gasto: 1 Servicios públicos básicos; 2 Protección y promoción social; 3 Bienes públicos de carácter preferente; 4 Actuaciones de carácter económico; 9 Actuaciones de carácter general. Capítulos de gastos: 1 Personal; 2 Gastos corrientes en bienes y servicios; 3 Financieros; 4 Transferencias corrientes; 5 Fondo de Contingencia; 6 Inversiones reales; 7 Transferencias de capital; 8 Activos financieros; 9 Pasivos financieros. Capítulos de ingresos: 1 Impuestos directos y cotizaciones sociales; 2 Impuestos indirectos; 3 Tasas, precios públicos y otros; 4 Transferencias corrientes; 5 Ingresos patrimoniales; 6 Enajenación de inversiones reales; 7 Transferencias de capital; 8 Activos financieros; 9 Pasivos financieros. Operaciones corrientes: capítulos 1 a 5 de gastos; de capital: 6 y 7; financieras: 8 y 9. Trampa: el Capítulo 5 de gastos es el Fondo de Contingencia y otros imprevistos, mientras que el Capítulo 5 de ingresos son los ingresos patrimoniales; no confundirlos. La aplicación presupuestaria es la unidad elemental de imputación y resulta de combinar las tres clasificaciones. Los créditos son limitativos y vinculantes por regla general; la Ley de Presupuestos declara ampliables un listado tasado (por ejemplo, pensiones de Clases Pasivas e intereses de deuda). El nivel de vinculación de los créditos lo fija cada Ley de Presupuestos; no se aplica un nivel único legal. El techo de gasto no financiero (art. 30 LOEPSF) marca el límite de los PGE y se aprueba antes de elaborar el proyecto. Los PGE se presentan consolidados; son limitativos los presupuestos de AGE, organismos autónomos y Seguridad Social, y estimativos los de entes empresariales. El Defensor del Pueblo se presupuesta dentro de la sección de las Cortes Generales, no tiene sección propia. Documentación del proyecto: memoria de objetivos de programas, informe económico-financiero, memoria de beneficios fiscales, informe de impacto de género y alineamiento con los ODS. Los escenarios presupuestarios plurianuales son el marco de programación a medio plazo y fijan límites por departamento.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, art. 134. BOE-A-1978-31229.
  • Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (Título II y normas de estructura presupuestaria). BOE-A-2003-21614.
  • Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, arts. 30 y 31. BOE-A-2012-5730.
  • Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
  • Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno.
  • Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

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