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Tema 1. Las fuentes del derecho administrativo: concepto y clases. La jerarquía de las fuentes.

Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre · Índice oficial del BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262).

Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (A2), 1.356 plazas convocadas. La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo VIII) con un temario distinto, no cubierto aquí. Numeración tal y como la publica el BOE: cada bloque reinicia su propia numeración de temas (Bloque I: 1-11, Bloque II: 1-6, etc.), no es una secuencia continua 1-58.

Las fuentes del derecho administrativo se ordenan conforme al principio de jerarquía normativa: la Constitución, la ley y las disposiciones del Ejecutivo con fuerza de ley, el reglamento como norma subordinada a la ley, y otras fuentes complementarias como la costumbre, los principios generales del derecho, la jurisprudencia y el Derecho de la Unión Europea. Ninguna norma de rango inferior puede contradecir a otra de rango superior, so pena de nulidad.

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La jerarquía de las fuentes (art. 9.3 CE y art. 1 CC)

El sistema de fuentes del derecho administrativo español se estructura jerárquicamente: la Constitución ocupa la cúspide como norma suprema, a la que están sujetos todos los poderes públicos; le siguen las leyes y normas con rango de ley (leyes orgánicas, leyes ordinarias, decretos-leyes y decretos legislativos); después los reglamentos, subordinados siempre a la ley, y dentro de estos, jerarquizados según el órgano del que emanen. El principio de jerarquía normativa (art. 9.3 CE) implica que ninguna norma de rango inferior puede contradecir a otra de rango superior, so pena de nulidad.

Concepto de fuente del derecho administrativo

Se entiende por fuente del derecho todo modo o forma de manifestación externa del derecho positivo, esto es, los cauces a través de los cuales se produce y expresa el derecho vigente. En el ámbito administrativo, la peculiaridad radica en que la propia Administración, además de estar sometida a las normas, participa activamente en su producción mediante la potestad reglamentaria, condición dual que no se da en otros sujetos de derecho.

Clases de fuentes: escritas y no escritas

Las fuentes escritas comprenden la Constitución, los tratados internacionales, las leyes y normas con rango de ley, y los reglamentos. Las fuentes no escritas comprenden la costumbre (de aplicación muy residual en Derecho Administrativo) y los principios generales del Derecho, que actúan con carácter informador del ordenamiento jurídico y como fuente supletoria en defecto de ley o costumbre aplicable, conforme al art. 1.4 del Código Civil.

El sistema de fuentes del Derecho Administrativo

Comparte las fuentes clásicas (ley, costumbre, principios generales del Derecho), con la peculiaridad de que la Administración es sujeto sometido a las normas y, a la vez, creadora de normas mediante la potestad reglamentaria. La costumbre tiene papel residual; los principios generales (buena fe, confianza legítima, proporcionalidad) informan el ordenamiento y suplen su ausencia; la jurisprudencia no es fuente en sentido estricto pero complementa el ordenamiento (art. 1.6 Código Civil).

El principio de legalidad: vinculación positiva y negativa

El principio de legalidad (arts. 9.1 y 103.1 CE) exige sometimiento pleno a la ley y al Derecho. La vinculación negativa permite actuar libremente en lo no prohibido (propia del Derecho privado); la vinculación positiva exige habilitación normativa previa para cada actuación (propia del Derecho Administrativo español). La ausencia de cobertura legal convierte la actuación en vía de hecho o determina la invalidez del acto, incluso su nulidad de pleno derecho.

La Constitución como norma suprema

Norma jurídica suprema con valor normativo directo e inmediato: sus preceptos son invocables ante los tribunales y vinculan a poderes públicos y ciudadanos sin necesidad de desarrollo legislativo, salvo remisión expresa. Su supremacía se garantiza mediante rigidez (procedimientos agravados de reforma) y control de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional.

Otras fuentes del derecho administrativo

Junto a las fuentes escritas, el ordenamiento administrativo admite la costumbre (con aplicación muy limitada, especialmente en el ámbito local), los principios generales del derecho (que se aplican en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico: buena fe, confianza legítima, proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad), y la jurisprudencia, entendida como la doctrina que, de modo reiterado, establece el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho (art. 1.6 CC).

Los Tratados internacionales como fuente (arts. 93-96 CE)

Válidamente celebrados y publicados en el BOE, forman parte del ordenamiento interno con rango superior a las leyes ordinarias, solo por debajo de la Constitución. Solo pueden derogarse, modificarse o suspenderse según lo previsto en ellos mismos o conforme al Derecho Internacional. La cesión de competencias a organizaciones internacionales (art. 93 CE) exige ley orgánica.

El Derecho de la Unión Europea en el sistema de fuentes español

El Derecho de la Unión, en virtud de los principios de primacía y efecto directo elaborados por el Tribunal de Justicia, prevalece sobre el Derecho interno de los Estados miembros, incluidas las leyes españolas, obligando al juez y a la Administración nacionales a inaplicar la norma interna contraria a una norma europea directamente aplicable, sin que ello suponga formalmente su derogación ni afecte a su validez dentro del ordenamiento español.

Los principios generales del Derecho como fuente

Cumplen una triple función: informadora (inspiran el conjunto del ordenamiento y orientan su interpretación), supletoria (se aplican en defecto de ley o costumbre aplicable) y de garantía (actúan como límite frente a la arbitrariedad de los poderes públicos). Entre los más relevantes en Derecho Administrativo destacan la buena fe, la confianza legítima, la proporcionalidad, la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad, hoy en gran medida positivizados en la LPAC y la LRJSP.

El principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE)

Garantiza la certeza del Derecho, tanto en su existencia como en su aplicación, exigiendo claridad, publicidad y estabilidad de las normas, así como la previsibilidad de las consecuencias jurídicas de los actos propios. Se proyecta en el Derecho Administrativo, entre otras manifestaciones, en el principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y en la protección de la confianza legítima.

El principio de confianza legítima

De origen jurisprudencial (Derecho alemán y jurisprudencia del TJUE), positivizado en el art. 3.1.e) de la Ley 40/2015, exige que la Administración no defraude la confianza generada en los ciudadanos por su comportamiento previo, coherente y reiterado, aunque este no se ajuste estrictamente a la legalidad, límite a la potestad de revisión de oficio y a los cambios de criterio administrativo no suficientemente justificados.

La costumbre como fuente del derecho administrativo

Tiene un papel muy residual en Derecho Administrativo, dado el carácter fuertemente formalizado y escrito de esta rama del ordenamiento, quedando circunscrita a ámbitos concretos como el régimen local (aprovechamientos comunales, usos y costumbres en el funcionamiento de determinados órganos), siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y resulte probada.

La jurisprudencia y su función complementaria del ordenamiento

La jurisprudencia del Tribunal Supremo, y en su ámbito la de los Tribunales Superiores de Justicia, no es fuente del Derecho en sentido estricto conforme al art. 1.6 del Código Civil, pero complementa el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establece al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho, alcanzando especial relevancia práctica a través del recurso de casación con interés casacional objetivo.

La diferencia entre fuentes del Derecho y fuentes de conocimiento del Derecho

Las fuentes del Derecho en sentido propio (ley, costumbre, principios generales) son los cauces de creación de normas jurídicas vinculantes; las fuentes de conocimiento (Boletines Oficiales, repertorios de jurisprudencia, bases de datos jurídicas) son los medios a través de los cuales se puede acceder al conocimiento de dichas normas, sin que su consulta o desconocimiento afecte a la validez o vigencia de la norma correspondiente.

La publicación de las normas como requisito de eficacia (art. 9.3 CE)

La Constitución garantiza (art. 9.3) la publicidad de las normas. Ninguna norma jurídica despliega efectos vinculantes sin haber sido publicada previamente en el diario oficial correspondiente (Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la provincia). La publicación es condición de eficacia (de entrada en vigor), no de validez. El art. 131 LPAC exige que las normas con rango de ley, los reglamentos y las disposiciones administrativas se publiquen en el diario oficial correspondiente para que entren en vigor y produzcan efectos, sin perjuicio de otros medios de publicidad complementarios. Las leyes entran en vigor a los veinte días de su publicación completa en el BOE, salvo que dispongan otra cosa (art. 2.1 Código Civil), y el art. 6 del Código Civil recoge que la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento.

La derogación de las normas jurídicas

Técnica por la cual una norma posterior deja sin vigencia a una norma anterior de igual o inferior rango, pudiendo ser expresa (cuando la norma nueva identifica las disposiciones que deroga) o tácita (cuando la nueva regulación resulta incompatible con la anterior sin mencionarla expresamente), rigiendo con carácter general el criterio de que la norma posterior deroga a la anterior (lex posterior derogat priori) dentro de un mismo rango normativo.

El principio de competencia frente al principio de jerarquía

Junto al criterio jerárquico (una norma prevalece sobre otra por su superior rango formal), el ordenamiento español articula también el criterio de competencia: determinadas materias están reservadas a un tipo concreto de norma con independencia de su rango jerárquico formal (por ejemplo, la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, o entre ley orgánica y ley ordinaria), de modo que una norma puede ser inválida no por infringir una norma jerárquicamente superior, sino por invadir el ámbito material reservado a otra.

La irretroactividad como límite general de las normas administrativas (art. 9.3 CE)

La Constitución garantiza (art. 9.3) la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. En el Derecho Administrativo sancionador rige la retroactividad de las disposiciones favorables al infractor (art. 26 Ley 40/2015). Con carácter general, las leyes no tienen efecto retroactivo si no disponen lo contrario (art. 2.3 Código Civil), pero los reglamentos solo pueden tener eficacia retroactiva cuando la ley que desarrollan lo permite, y nunca en lo restrictivo o sancionador (art. 47.2 LPAC: nulidad de las disposiciones que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales). Cabe la retroactividad impropia o de grado mínimo, que el Tribunal Constitucional admite si no se vulneran la seguridad jurídica ni la confianza legítima.

El bloque de constitucionalidad y su proyección sobre las fuentes autonómicas

Además de la propia Constitución, integran el denominado bloque de constitucionalidad, a efectos del control de las normas autonómicas, los Estatutos de Autonomía y determinadas leyes estatales que, sin ser orgánicas en sentido estricto, delimitan competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas (leyes marco, leyes de transferencia o delegación, leyes de armonización del art. 150 CE), sirviendo de parámetro de control de constitucionalidad de la legislación autonómica.

La jerarquía normativa en el Código Civil, la LOPJ y la LPAC

El art. 1.2 del Código Civil dispone que carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior. El art. 6 LOPJ obliga a los jueces y tribunales a no aplicar los reglamentos o cualquier otra disposición contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa. El art. 128.2 y 3 LPAC prohíbe a los reglamentos vulnerar la Constitución o las leyes y exige que las disposiciones administrativas se ajusten al orden de jerarquía que establezcan las leyes, sin que ninguna pueda vulnerar los preceptos de otra de rango superior. El art. 47.2 LPAC sanciona con nulidad de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones de rango superior, las que regulen materias reservadas a la ley y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

Orden de prelación completo de las fuentes

De mayor a menor: 1) Constitución; 2) Derecho de la Unión Europea (con primacía en su ámbito de aplicación) y tratados internacionales publicados (art. 96 CE), por encima de las leyes internas; 3) normas con rango de ley: leyes orgánicas, leyes ordinarias estatales y autonómicas, decretos-leyes y decretos legislativos (entre leyes orgánicas y ordinarias rige el principio de competencia, no de jerarquía); 4) reglamentos, ordenados según el órgano del que emanan: Reales Decretos del Consejo de Ministros, órdenes de las Comisiones Delegadas, órdenes ministeriales y disposiciones de órganos inferiores (art. 24 Ley 50/1997, del Gobierno); 5) en el nivel local, las ordenanzas y reglamentos, subordinados a la ley estatal y autonómica. La costumbre y los principios generales operan en defecto de ley, y la jurisprudencia complementa. Los Estatutos de Autonomía son leyes orgánicas que constituyen la norma institucional básica de cada Comunidad (art. 147 CE).

El Derecho de la Unión Europea: fuentes y efectos

El Derecho originario está formado por los Tratados constitutivos (TUE y TFUE) y la Carta de los Derechos Fundamentales. El Derecho derivado comprende, según el art. 288 TFUE, los reglamentos (alcance general, obligatorios en todos sus elementos y directamente aplicables en cada Estado miembro), las directivas (obligan al Estado destinatario en cuanto al resultado, dejando la elección de forma y medios, y requieren transposición), las decisiones (obligatorias en todos sus elementos, o solo para sus destinatarios si los designan) y las recomendaciones y dictámenes, no vinculantes. El efecto directo de las normas europeas fue declarado en la sentencia Van Gend en Loos (1963) y la primacía en Costa/ENEL (1964); una directiva no transpuesta en plazo puede tener efecto directo vertical (frente al Estado) si sus disposiciones son claras, precisas e incondicionales, y su incumplimiento puede generar responsabilidad patrimonial del Estado (sentencia Francovich). La cuestión prejudicial (art. 267 TFUE) permite a los jueces nacionales consultar al TJUE sobre interpretación y validez. En España, el art. 93 CE es el fundamento de la integración, y el art. 4 bis LOPJ obliga a los órganos judiciales a aplicar el Derecho de la Unión conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

Primacía del Derecho de la UE y supremacía de la Constitución

El Tribunal Constitucional (Declaración 1/2004) distingue entre primacía del Derecho de la Unión, que opera como regla de aplicación preferente de las normas europeas en el ámbito de las competencias cedidas por el art. 93 CE, y supremacía de la Constitución, que se mantiene en el ordenamiento interno como norma fundamental, de modo que la cesión tiene los límites derivados de los principios y valores constitucionales básicos. El conflicto entre una norma interna y una norma europea directamente aplicable no se resuelve declarando la nulidad de la primera, sino por inaplicación en el caso concreto por el juez o la Administración, a diferencia del control de constitucionalidad, que corresponde en exclusiva al Tribunal Constitucional.

Rango de las normas parlamentarias y de los Estatutos

Los Reglamentos de las Cámaras (art. 72 CE) no son leyes en sentido formal, pero el Tribunal Constitucional los somete a su control como normas con valor de ley (art. 27.2 LOTC). Los Estatutos de Autonomía se aprueban por ley orgánica y forman parte del bloque de constitucionalidad. Las leyes autonómicas tienen el mismo rango que las estatales en su ámbito. Los decretos-leyes y decretos legislativos son disposiciones del Gobierno con rango de ley, controlables por el Tribunal Constitucional (los decretos legislativos, además, por la jurisdicción contencioso-administrativa en cuanto al exceso sobre la delegación).

El control de constitucionalidad y de legalidad de las normas

La inconstitucionalidad de una ley se declara por el Tribunal Constitucional mediante el recurso de inconstitucionalidad (art. 161.1.a CE; plazo de tres meses desde la publicación de la norma; legitimados: Presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores y los órganos ejecutivos y asambleas de las Comunidades Autónomas) o la cuestión de inconstitucionalidad (art. 163 CE), que plantea el juez ordinario cuando una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo le parezca contraria a la Constitución. Los reglamentos son controlados por los Tribunales (art. 106.1 CE), que conocen de los recursos directos e indirectos contra ellos y pueden inaplicarlos (art. 6 LOPJ). La doctrina del TC es vinculante para los jueces y tribunales (art. 5.1 LOPJ).

Las instrucciones y órdenes de servicio: ni normas ni fuentes

Los órganos administrativos pueden dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio (art. 6 Ley 40/2015). No son normas jurídicas ni fuentes del Derecho, carecen de eficacia externa, no pueden innovar el ordenamiento y su incumplimiento no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir. Deben distinguirse de los reglamentos y de las circulares con efectos normativos hacia terceros, que sí exigen habilitación legal y publicación.

Los principios generales de actuación de las Administraciones públicas (art. 3 Ley 40/2015)

El art. 3.1 Ley 40/2015 establece que las Administraciones públicas sirven con objetividad a los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Deberán respetar en su actuación, entre otros, los principios de servicio efectivo a los ciudadanos, simplicidad, claridad y proximidad, participación, objetividad y transparencia, racionalización y agilidad de los procedimientos, buena fe, confianza legítima y lealtad institucional (letra e), responsabilidad por la gestión pública, planificación y dirección por objetivos, y cooperación, colaboración y coordinación. El art. 4 regula los principios de intervención de las Administraciones públicas respecto de la actividad de los ciudadanos (necesidad, proporcionalidad, mínima distorsión).

Interpretación y aplicación de las normas (art. 3 CC)

Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas (art. 3.1 Código Civil). Además, los jueces y tribunales interpretarán y aplicarán las leyes y reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación del Tribunal Constitucional (art. 5.1 LOPJ), y los derechos fundamentales se interpretarán conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados sobre la materia ratificados por España (art. 10.2 CE). Esta interpretación incluye la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • La Administración es a la vez sujeto del Derecho administrativo y fuente productora de normas mediante la potestad reglamentaria, sin alterar por ello la primacía de la ley.
  • El principio de jerarquía normativa (art. 9.3 CE) rige dentro de cada ordenamiento; las relaciones Estado-CCAA se rigen, en cambio, por el principio de competencia, no de jerarquía.
  • El Derecho de la Unión Europea se relaciona con el interno mediante los principios de primacía y efecto directo, no mediante jerarquía normativa clásica.
  • La costumbre tiene aplicación muy limitada en Derecho administrativo, salvo en el ámbito local (art. 1.3 LRBRL).
  • La jerarquía de fuentes (art. 9.3 CE, art. 1 CC): Constitución, leyes y normas con rango de ley, reglamentos (subordinados y jerarquizados entre sí según el órgano emisor).
  • Fuentes escritas: Constitución, tratados, leyes y reglamentos. Fuentes no escritas: costumbre (residual) y principios generales del Derecho (informadores y supletorios, art. 1.4 CC).
  • El principio de legalidad distingue vinculación negativa (libertad en lo no prohibido, propia del Derecho privado) de vinculación positiva (habilitación normativa previa, propia de la Administración española).
  • La Constitución tiene valor normativo directo e inmediato, invocable ante los tribunales sin necesidad de desarrollo legislativo salvo remisión expresa; su supremacía se garantiza por rigidez y control de constitucionalidad.
  • Los tratados internacionales (arts. 93-96 CE), publicados en el BOE, tienen rango superior a las leyes ordinarias, solo por debajo de la Constitución; la cesión de competencias a organizaciones internacionales (art. 93) exige ley orgánica.
  • Los principios generales del Derecho cumplen función informadora, supletoria y de garantía; destacan buena fe, confianza legítima, proporcionalidad y seguridad jurídica, hoy positivizados en la LPAC y la LRJSP.
  • El principio de confianza legítima (art. 3.1.e Ley 40/2015) impide que la Administración defraude expectativas generadas por su comportamiento previo coherente, límite a la revisión de oficio.
  • La jurisprudencia del TS (art. 1.6 CC) no es fuente en sentido estricto, pero complementa el ordenamiento con la doctrina reiterada al interpretar ley, costumbre y principios generales.
  • Se distingue fuentes del Derecho (ley, costumbre, principios) de fuentes de conocimiento del Derecho (Boletines Oficiales, repertorios de jurisprudencia): estas últimas no afectan a la validez ni vigencia de la norma.
  • La publicación es requisito de eficacia, no de validez, de las normas (art. 9.3 CE): ninguna norma despliega efectos vinculantes sin publicación previa en el diario oficial correspondiente.
  • La derogación puede ser expresa (identifica las disposiciones derogadas) o tácita (incompatibilidad sin mención expresa), rigiendo lex posterior derogat priori dentro de un mismo rango.
  • El principio de competencia (frente al de jerarquía) reserva determinadas materias a un tipo concreto de norma con independencia de su rango formal (reparto Estado-CCAA, ley orgánica-ordinaria).
  • La irretroactividad (art. 9.3 CE) protege frente a disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales; los reglamentos solo tienen eficacia retroactiva si la ley lo permite y nunca en lo restrictivo (art. 47.2 LPAC).
  • El bloque de constitucionalidad, a efectos de control de normas autonómicas, integra la Constitución, los Estatutos de Autonomía y leyes estatales de delimitación competencial (marco, transferencia, armonización).
  • Jerarquía: art. 1.2 CC (carecen de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior), art. 6 LOPJ (los jueces no aplican reglamentos contrarios a la CE, la ley o la jerarquía), art. 128.3 LPAC (ninguna disposición administrativa vulnera otra de rango superior) y art. 47.2 LPAC (nulidad de pleno derecho).
  • Orden de los reglamentos del Gobierno: Real Decreto (Consejo de Ministros) > órdenes de Comisiones Delegadas > orden ministerial > disposiciones de órganos inferiores (Ley 50/1997).
  • Derecho de la UE: reglamento (directamente aplicable), directiva (obliga en el resultado y requiere transposición), decisión (obligatoria), recomendaciones y dictámenes (no vinculantes) - art. 288 TFUE.
  • Primacía (Derecho de la UE, aplicación preferente) y supremacía (Constitución): Declaración TC 1/2004. El conflicto con una norma europea se resuelve por inaplicación, no por nulidad; el control de constitucionalidad es monopolio del TC.
  • Recurso de inconstitucionalidad: plazo de tres meses; legitimados: Presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores y órganos colegiados ejecutivos y asambleas de las CCAA (art. 162.1.a CE). Cuestión de inconstitucionalidad: la plantea el juez ordinario (art. 163 CE).
  • Las instrucciones y órdenes de servicio (art. 6 Ley 40/2015) no son normas: su incumplimiento no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria.
  • Publicidad de las normas: el art. 131 LPAC exige su publicación en el diario oficial para que entren en vigor y produzcan efectos; las leyes entran en vigor a los 20 días si no se dice otra cosa (art. 2.1 CC).
  • Las leyes orgánicas y las ordinarias se relacionan por competencia (materia reservada), no por jerarquía; una ley ordinaria que invada materia orgánica es inconstitucional.
  • Los principios de actuación del art. 3.1 Ley 40/2015: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho; la letra e) recoge buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.
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¿Qué precepto de la LPAC establece que las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 1 de Gestión AGE?

Las fuentes del derecho administrativo se ordenan conforme al principio de jerarquía normativa: la Constitución, la ley y las disposiciones del Ejecutivo con fuerza de ley, el reglamento como norma subordinada a la ley, y otras fuentes complementarias como la costumbre, los principios generales del derecho, la jurisprudencia y el Derecho de la Unión Europea. Ninguna norma de rango inferior puede contradecir a otra de rango superior, so pena de nulidad.

¿Qué hay que memorizar del Tema 1 para el examen?

La Administración es a la vez sujeto del Derecho administrativo y fuente productora de normas mediante la potestad reglamentaria, sin alterar por ello la primacía de la ley. El principio de jerarquía normativa (art. 9.3 CE) rige dentro de cada ordenamiento; las relaciones Estado-CCAA se rigen, en cambio, por el principio de competencia, no de jerarquía. El Derecho de la Unión Europea se relaciona con el interno mediante los principios de primacía y efecto directo, no mediante jerarquía normativa clásica. La costumbre tiene aplicación muy limitada en Derecho administrativo, salvo en el ámbito local (art. 1.3 LRBRL). La jerarquía de fuentes (art. 9.3 CE, art. 1 CC): Constitución, leyes y normas con rango de ley, reglamentos (subordinados y jerarquizados entre sí según el órgano emisor). Fuentes escritas: Constitución, tratados, leyes y reglamentos. Fuentes no escritas: costumbre (residual) y principios generales del Derecho (informadores y supletorios, art. 1.4 CC). El principio de legalidad distingue vinculación negativa (libertad en lo no prohibido, propia del Derecho privado) de vinculación positiva (habilitación normativa previa, propia de la Administración española). La Constitución tiene valor normativo directo e inmediato, invocable ante los tribunales sin necesidad de desarrollo legislativo salvo remisión expresa; su supremacía se garantiza por rigidez y control de constitucionalidad. Los tratados internacionales (arts. 93-96 CE), publicados en el BOE, tienen rango superior a las leyes ordinarias, solo por debajo de la Constitución; la cesión de competencias a organizaciones internacionales (art. 93) exige ley orgánica. Los principios generales del Derecho cumplen función informadora, supletoria y de garantía; destacan buena fe, confianza legítima, proporcionalidad y seguridad jurídica, hoy positivizados en la LPAC y la LRJSP. El principio de confianza legítima (art. 3.1.e Ley 40/2015) impide que la Administración defraude expectativas generadas por su comportamiento previo coherente, límite a la revisión de oficio. La jurisprudencia del TS (art. 1.6 CC) no es fuente en sentido estricto, pero complementa el ordenamiento con la doctrina reiterada al interpretar ley, costumbre y principios generales. Se distingue fuentes del Derecho (ley, costumbre, principios) de fuentes de conocimiento del Derecho (Boletines Oficiales, repertorios de jurisprudencia): estas últimas no afectan a la validez ni vigencia de la norma. La publicación es requisito de eficacia, no de validez, de las normas (art. 9.3 CE): ninguna norma despliega efectos vinculantes sin publicación previa en el diario oficial correspondiente. La derogación puede ser expresa (identifica las disposiciones derogadas) o tácita (incompatibilidad sin mención expresa), rigiendo lex posterior derogat priori dentro de un mismo rango. El principio de competencia (frente al de jerarquía) reserva determinadas materias a un tipo concreto de norma con independencia de su rango formal (reparto Estado-CCAA, ley orgánica-ordinaria). La irretroactividad (art. 9.3 CE) protege frente a disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales; los reglamentos solo tienen eficacia retroactiva si la ley lo permite y nunca en lo restrictivo (art. 47.2 LPAC). El bloque de constitucionalidad, a efectos de control de normas autonómicas, integra la Constitución, los Estatutos de Autonomía y leyes estatales de delimitación competencial (marco, transferencia, armonización). Jerarquía: art. 1.2 CC (carecen de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior), art. 6 LOPJ (los jueces no aplican reglamentos contrarios a la CE, la ley o la jerarquía), art. 128.3 LPAC (ninguna disposición administrativa vulnera otra de rango superior) y art. 47.2 LPAC (nulidad de pleno derecho). Orden de los reglamentos del Gobierno: Real Decreto (Consejo de Ministros) > órdenes de Comisiones Delegadas > orden ministerial > disposiciones de órganos inferiores (Ley 50/1997). Derecho de la UE: reglamento (directamente aplicable), directiva (obliga en el resultado y requiere transposición), decisión (obligatoria), recomendaciones y dictámenes (no vinculantes) - art. 288 TFUE. Primacía (Derecho de la UE, aplicación preferente) y supremacía (Constitución): Declaración TC 1/2004. El conflicto con una norma europea se resuelve por inaplicación, no por nulidad; el control de constitucionalidad es monopolio del TC. Recurso de inconstitucionalidad: plazo de tres meses; legitimados: Presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores y órganos colegiados ejecutivos y asambleas de las CCAA (art. 162.1.a CE). Cuestión de inconstitucionalidad: la plantea el juez ordinario (art. 163 CE). Las instrucciones y órdenes de servicio (art. 6 Ley 40/2015) no son normas: su incumplimiento no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria. Publicidad de las normas: el art. 131 LPAC exige su publicación en el diario oficial para que entren en vigor y produzcan efectos; las leyes entran en vigor a los 20 días si no se dice otra cosa (art. 2.1 CC). Las leyes orgánicas y las ordinarias se relacionan por competencia (materia reservada), no por jerarquía; una ley ordinaria que invada materia orgánica es inconstitucional. Los principios de actuación del art. 3.1 Ley 40/2015: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho; la letra e) recoge buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.

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Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, arts. 1, 9, 10.2, 72, 93-97, 103, 106, 147, 161-163.
  • Código Civil, arts. 1, 2, 3 y 6.
  • Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, arts. 4 bis, 5 y 6.
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, arts. 3, 4 y 6.
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, arts. 37, 47, 128 y 131.
  • Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, art. 24.
  • Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, art. 1.3.
  • Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, arts. 267 y 288.
  • Declaración del Tribunal Constitucional 1/2004, de 13 de diciembre.

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