Tema 5. Los contratos del sector público (I): concepto, clases y elementos. Preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción. La revisión de precios y otras alteraciones contractuales. Régimen de invalidez y recursos.
Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (A2), 1.356 plazas convocadas. La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo VIII) con un temario distinto, no cubierto aquí. Numeración tal y como la publica el BOE: cada bloque reinicia su propia numeración de temas (Bloque I: 1-11, Bloque II: 1-6, etc.), no es una secuencia continua 1-58.
Los contratos del sector público se rigen por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), que transpone las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE y sustituyó al texto refundido de 2011. Regula la preparación (expediente, pliegos, presupuesto base de licitación y valor estimado), la adjudicación (procedimientos, criterios, mesa de contratación, formalización), los efectos, el cumplimiento y la extinción (recepción, resolución), la modificación y la revisión de precios, así como el régimen de invalidez y de recursos, con el recurso especial en materia de contratación como garantía principal frente a pliegos y adjudicaciones. Sus principios rectores son la libertad de acceso a las licitaciones, la publicidad y transparencia, la no discriminación e igualdad de trato y la eficiente utilización de los fondos públicos, con incorporación transversal de criterios sociales y medioambientales.
La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público: objeto y finalidad
Regula la contratación del sector público garantizando que se ajuste a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia del procedimiento, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores, y asegurando una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de definir previamente las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa (mejor relación calidad-precio). Incorpora al ordenamiento español las Directivas 2014/23/UE (concesiones) y 2014/24/UE (contratación pública). Fue publicada en el BOE de 9 de noviembre de 2017 y entró en vigor el 9 de marzo de 2018. Se completa con el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RD 1098/2001) en lo no derogado y con normas autonómicas de desarrollo. Los llamados sectores especiales (agua, energía, transportes y servicios postales) se rigen por una norma distinta, que transpone la Directiva 2014/25/UE (Libro primero del Real Decreto-ley 3/2020, que sustituyó a la Ley 31/2007).
El ámbito subjetivo: los tres círculos de entidades del sector público
La LCSP distingue (art. 3): a) Administraciones Públicas en sentido estricto (Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales, organismos autónomos, universidades públicas y otras entidades de derecho público que cumplan los requisitos legales), sujetas al régimen más completo, incluida la categoría de contrato administrativo; b) poderes adjudicadores que no son Administración Pública (entidades públicas empresariales, fundaciones públicas, sociedades mercantiles de titularidad pública mayoritaria, etc.), con un régimen más flexible para los efectos y la extinción; y c) el resto de entes del sector público, que no son poderes adjudicadores y que solo quedan sujetos a unas reglas de contratación basadas en instrucciones internas que respeten los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación.
Negocios y contratos excluidos de la LCSP
Quedan fuera de la LCSP, entre otros, las relaciones laborales; los convenios interadministrativos y los convenios entre entidades del sector público o con particulares cuyo objeto no esté comprendido en contratos regulados (art. 6); los negocios jurídicos de adquisición y arrendamiento de bienes inmuebles (regulados por la legislación patrimonial); los contratos celebrados en virtud de tratados internacionales; los servicios de arbitraje y conciliación; ciertos servicios financieros, de investigación y desarrollo, de creación artística o de radiodifusión; y las actuaciones entre una entidad y sus medios propios personificados. Se regulan en los arts. 4 a 11. Los encargos a medios propios personificados (art. 32) exigen: control análogo del poder adjudicador sobre el ente, que más del 80 por ciento de las actividades de este se lleve a cabo en el ejercicio de los cometidos confiados por el poder adjudicador que hace el encargo, y que no exista participación directa de capital privado (salvo en casos legalmente admitidos que no supongan control o influencia decisiva). Los medios propios no pueden participar en las licitaciones del poder adjudicador del que dependan.
Concepto, clases y calificación de los contratos
Los contratos del sector público se califican por su objeto en: obras (art. 13), concesión de obras (art. 14), concesión de servicios (art. 15), suministro (art. 16) y servicios (art. 17); los mixtos (art. 18) se rigen por las normas de la prestación que tenga más importancia desde el punto de vista económico. Por su sujeción a regulación armonizada (arts. 19 y ss.), se distinguen los contratos sujetos a la regulación armonizada de la Unión Europea (SARA), por razón de su cuantía y de la entidad contratante, de los no armonizados. Por su naturaleza jurídica, los celebrados por Administraciones Públicas son contratos administrativos (los típicos y los especiales vinculados al giro o tráfico específico de la Administración, art. 25) o privados (art. 26): los de servicios financieros, creación artística y espectáculos y suscripciones, y los de bienes inmuebles y patrimoniales. Los celebrados por poderes adjudicadores que no son Administración Pública son siempre privados, aunque su preparación y adjudicación estén sujetas a la LCSP.
El objeto del contrato
Debe ser determinado, y la necesidad e idoneidad del contrato para satisfacer las necesidades de la entidad deben justificarse en el expediente (art. 28). No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir su cuantía y eludir los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan (art. 99.2). Siempre que la naturaleza o el objeto lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, favoreciendo el acceso de las pymes; en caso contrario, la no división debe justificarse motivadamente en el expediente (art. 99.3). El órgano de contratación puede limitar el número de lotes a los que puede presentar oferta un mismo licitador y el número de lotes que se pueden adjudicar a cada uno.
Duración y precio del contrato
La duración se fija atendiendo a la naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de someter periódicamente la concurrencia a licitación (art. 29). Con carácter general, los contratos de servicios y suministros no pueden exceder de cinco años, incluidas prórrogas, salvo excepciones. Las concesiones de obras y servicios tienen plazos máximos específicos: 40 años en la concesión de obras y en la concesión de servicios que comprenda la ejecución de obras y la explotación, 25 años en la concesión de servicios que comprenda la explotación de un servicio no sanitario, y 10 años en la que comprenda la prestación de servicios sanitarios, salvo que sea de aplicación una duración inferior. El precio será cierto, expresado en euros y adecuado al mercado (art. 102); se prohíbe el pago aplazado salvo en los casos legales.
El presupuesto base de licitación y el valor estimado del contrato
El presupuesto base de licitación es el límite máximo de gasto que, en virtud del contrato, puede comprometer el órgano de contratación, incluido el IVA salvo disposición en contrario (art. 100). Debe desglosar costes directos e indirectos y otros gastos eventuales. El valor estimado es el importe total, sin IVA, pagadero según las estimaciones del órgano de contratación, incluyendo cualquier forma de opción eventual, las eventuales prórrogas y las primas o pagos a licitadores (art. 101). Determina el procedimiento, la publicidad y los recursos aplicables, y en particular si el contrato está sujeto a regulación armonizada. El método de cálculo no puede utilizarse para eludir la aplicación de las normas.
Capacidad, solvencia, clasificación y prohibiciones para contratar
Pueden contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar, acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional (o la clasificación) y cuenten con la habilitación empresarial o profesional exigible. Las uniones temporales de empresarios (art. 69) responden solidariamente ante la Administración y no precisan escritura pública hasta que se adjudique el contrato. La clasificación es exigible en los contratos de obras de valor estimado igual o superior a 500.000 euros; en los de servicios no es exigible. Las prohibiciones para contratar (art. 71) impiden contratar a quienes hayan sido condenados por sentencia firme por delitos tasados (asociación ilícita, corrupción, tráfico de influencias, cohecho, fraudes, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, malversación, blanqueo, entre otros), a quienes hayan sido sancionados con carácter firme por infracción grave en materia laboral, social o medioambiental, a los declarados insolventes y a quienes estén incursos en conflicto de intereses no remediable. La acreditación documental se simplifica mediante la declaración responsable (DEUC) y la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE).
Preparación del contrato: expediente y pliegos
La celebración de contratos por las Administraciones Públicas requiere la previa tramitación del correspondiente expediente (art. 116), que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato. Deben justificarse: la naturaleza y extensión de las necesidades, la idoneidad del objeto y contenido del contrato, el presupuesto base de licitación, el valor estimado, los criterios de solvencia y de adjudicación, las condiciones especiales de ejecución, la existencia de crédito presupuestario y la insuficiencia de medios (en servicios). Puede realizar consultas preliminares del mercado (art. 115). La aprobación del expediente (art. 117) comporta la aprobación del gasto y, salvo contratos menores, la apertura del procedimiento de adjudicación. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares (art. 122) y de prescripciones técnicas (art. 124) deben aprobarse previamente a la licitación o simultáneamente a la autorización del gasto; son la «ley del contrato» y vinculan a la Administración y a los licitadores. El PCAP recoge derechos y obligaciones jurídicas, económicas y administrativas (solvencia, criterios de adjudicación, garantías, plazos, penalidades, modificaciones previstas); el PPT define las características técnicas, sin referencias a marcas o procedencias que favorezcan o descarten a determinados empresarios, salvo justificación.
Tramitación ordinaria, urgente y de emergencia
La tramitación ordinaria es la regla. La tramitación urgente (art. 119) exige que el expediente contenga declaración de urgencia debidamente motivada por responder a una necesidad inaplazable o a la necesidad de acelerar la adjudicación por razones de interés público; los plazos se reducen a la mitad, salvo excepciones. La tramitación de emergencia (art. 120) procede cuando la Administración deba actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional: puede ordenarse la ejecución sin tramitar expediente de contratación ni sujetarse a los requisitos formales de la ley; si no existe crédito adecuado, se aplican las reglas de la Ley General Presupuestaria; el inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá exceder de un mes desde la adopción del acuerdo. Transcurrido ese plazo sin ejecutarse la prestación, se tramita con carácter ordinario.
Adjudicación: procedimientos
La adjudicación se realiza, ordinariamente, utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio, por procedimiento abierto o restringido (art. 131.2). Los procedimientos son: abierto (art. 156; cualquier empresario interesado puede presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato); abierto simplificado (art. 159; contratos de obras con valor estimado igual o inferior a 2.000.000 euros y de suministros y servicios igual o inferior a 100.000 euros, con limitaciones en criterios sujetos a juicio de valor) y su variante abreviada para valores estimados inferiores a 80.000 euros en obras y 35.000 euros en suministros y servicios; restringido (arts. 160 a 165; solo presentan proposiciones los empresarios seleccionados por el órgano de contratación previa solicitud de participación); licitación con negociación (arts. 166 y 167; en supuestos tasados, con negociación de las ofertas con los candidatos); diálogo competitivo (arts. 172 y ss.; para contratos particularmente complejos); asociación para la innovación (arts. 177 y ss.); y el procedimiento negociado sin publicidad (art. 168; solo en supuestos tasados: ausencia de ofertas o candidaturas, razones técnicas o artísticas o protección de derechos exclusivos que impidan encomendar el contrato a otro empresario, y urgencia imperiosa derivada de acontecimientos imprevisibles). No existe ya un procedimiento negociado por razón de la cuantía. Los contratos menores (art. 118) son los de valor estimado inferior a 40.000 euros en obras y a 15.000 euros en suministros y servicios, con una duración máxima de un año sin posibilidad de prórroga, que requieren informe del órgano de contratación motivando la necesidad, justificando que no se altera el objeto para evitar los umbrales y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra, y la aprobación del gasto e incorporación de la factura.
Criterios de adjudicación y valoración de ofertas
La adjudicación se hará utilizando una pluralidad de criterios con base en la mejor relación calidad-precio (art. 145), que se evaluará con arreglo a criterios económicos y cualitativos, pudiendo incluir aspectos medioambientales o sociales vinculados al objeto del contrato. Cuando solo se utilice un criterio, debe ser el precio o un criterio basado en la rentabilidad (como el coste del ciclo de vida), y el uso exclusivo del precio queda reservado a prestaciones perfectamente definidas técnicamente. Se distinguen criterios evaluables mediante fórmulas (cuantificables automáticamente) y criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor (art. 146); cuando estos últimos tengan mayor ponderación que los automáticos, su valoración se atribuye a un comité de expertos con cualificación apropiada o a un organismo técnico especializado, no integrados en el órgano proponente del contrato. En el procedimiento abierto, la valoración de criterios automáticos se hará tras la de los de juicio de valor (apertura en acto público de los sobres con la oferta económica una vez conocida la puntuación técnica).
Las ofertas anormalmente bajas
Los pliegos establecerán los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados (art. 149). Cuando la mesa de contratación o el órgano de contratación identifique una oferta incursa en presunción de anormalidad, debe requerir al licitador para que justifique y desglose razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios o costes, mediante la presentación de información y documentos, en un plazo suficiente que no puede exceder de cinco días hábiles. Si tras la audiencia y el asesoramiento técnico el órgano considera que la oferta no puede ser cumplida, la excluirá de la clasificación. Se rechazarán las ofertas que vulneren la normativa sobre subcontratación o los incumplimientos de obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, incluidos los convenios colectivos sectoriales.
La mesa de contratación
Órgano colegiado de asistencia técnica al órgano de contratación (art. 326). En los procedimientos abierto y restringido, de licitación con negociación, diálogo competitivo y asociación para la innovación, los órganos de contratación de las Administraciones Públicas están asistidos por una mesa; en los negociados sin publicidad su constitución es facultativa. Califica la documentación administrativa, valora las ofertas, propone la adjudicación al órgano de contratación (la propuesta no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a la Administración) y, en su caso, propone la exclusión y la calificación de las ofertas anormalmente bajas. Forman parte de ella necesariamente un funcionario que tenga atribuido el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un interventor, además de su presidente y de un secretario; no pueden formar parte de ella ni emitir informes de valoración los cargos públicos representativos ni el personal eventual.
Adjudicación, notificación y formalización
Seleccionada la mejor oferta, el órgano de contratación requiere al licitador que la haya presentado para que, en el plazo de diez días hábiles, aporte la documentación acreditativa y constituya la garantía definitiva (art. 150.2). La adjudicación debe producirse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación; es motivada, se notifica a los candidatos y licitadores y se publica en el perfil del contratante (art. 151). Formalización (art. 153): los contratos celebrados por poderes adjudicadores se perfeccionan con su formalización (art. 36), que se efectúa en documento administrativo en un plazo no superior a quince días hábiles desde la remisión de la notificación de la adjudicación; si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, no puede formalizarse antes de que transcurran quince días hábiles desde esa remisión (periodo de suspensión o «standstill»). No se puede iniciar la ejecución sin formalización previa, salvo en la tramitación de emergencia. Si el contrato no se formaliza por causas imputables al adjudicatario, la Administración puede acordar la incautación de la garantía provisional y la indemnización de los daños. Se publica en el perfil del contratante y los datos básicos se comunican al Registro de Contratos del Sector Público.
Las garantías provisional y definitiva
La garantía provisional es excepcional (art. 106): solo puede exigirse justificándolo motivadamente en el expediente y no puede ser superior al 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido. La garantía definitiva (art. 107) se exige al licitador que haya presentado la mejor oferta y asciende al 5 por ciento del precio final ofertado, excluido el IVA (o del presupuesto base de licitación, IVA excluido, cuando el precio se determine en función de precios unitarios); en casos especiales el PCAP puede exigir además una garantía complementaria de hasta otro 5 por ciento, sin que la total supere el 10 por ciento. Puede constituirse en efectivo, valores, aval o seguro de caución. Responde de las penalidades, de la correcta ejecución, de los gastos por demora y de los daños que se deriven del incumplimiento, y de la incautación en caso de resolución culpable.
Efectos del contrato: ejecución, riesgo y ventura, penalidades y pago
Formalizado el contrato, se ejecuta a riesgo y ventura del contratista (art. 197), sin perjuicio de lo establecido para el contrato de obras en caso de fuerza mayor (art. 239). La Administración dirige, inspecciona y controla; en los contratos de obras la dirección corresponde al director facultativo. El contratista está obligado a cumplir el plazo total y los parciales: si incurre en demora, la Administración puede optar por la resolución o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, salvo que el PCAP establezca otras (art. 193). Las penalidades por cumplimiento defectuoso o incumplimiento de compromisos no pueden ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total superar el 50 por ciento (art. 192). El contratista tiene derecho al abono del precio de las prestaciones realmente ejecutadas; la Administración debe abonarlo dentro de los treinta días siguientes a la aprobación de las certificaciones o documentos que acrediten la conformidad (art. 198); si la demora excede de cuatro meses, el contratista puede resolver el contrato. La cesión (art. 214) exige autorización previa del órgano de contratación y que el cedente haya ejecutado al menos el 20 por ciento del importe del contrato; la subcontratación (art. 215) exige comunicación y está sujeta a los límites que fijen los pliegos, con pago directo a subcontratistas en los casos previstos (art. 217).
Las prerrogativas de la Administración (art. 190 LCSP)
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos de la LCSP, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender su ejecución, acordar su resolución y determinar los efectos de esta. Los acuerdos que se dicten son inmediatamente ejecutivos, previo procedimiento con audiencia del contratista (art. 191) e informe del servicio jurídico. Es preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma en los supuestos de interpretación, nulidad y resolución cuando se formule oposición por parte del contratista, y en las modificaciones que supongan una cuantía superior al 20 por ciento del precio inicial cuando este sea igual o superior a 6.000.000 de euros. Los acuerdos ponen fin a la vía administrativa y son directamente recurribles en vía contencioso-administrativa. Los contratos privados no se rigen por estas prerrogativas en sus efectos y extinción.
La modificación del contrato (arts. 203 a 207)
Los contratos administrativos solo pueden modificarse por razones de interés público y en los casos y con los límites de la LCSP; fuera de ellos, deben resolverse y adjudicarse de nuevo. Modificaciones previstas en el PCAP (art. 204): deben estar claramente detalladas (alcance, límites y naturaleza, condiciones, procedimiento y porcentaje del precio al que como máximo puedan afectar), sin que puedan superar el 20 por ciento del precio inicial, IVA excluido. Modificaciones no previstas (art. 205): solo cuando concurran los supuestos tasados de prestaciones adicionales, de circunstancias sobrevenidas imprevisibles o de modificaciones no sustanciales, y la alteración de la cuantía, aislada o conjuntamente, no exceda del 50 por ciento del precio inicial, IVA excluido, en los dos primeros supuestos. Una modificación es sustancial si altera las condiciones esenciales de la licitación, introduce condiciones que habrían permitido la admisión de otros candidatos, altera el equilibrio económico a favor del contratista o supera el 15 por ciento del precio inicial en obras o el 10 por ciento en los demás contratos. Las modificaciones acordadas son obligatorias para el contratista cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial (art. 206). Otros supuestos de alteración son la suspensión del contrato, los precios contradictorios y el reajuste de garantías.
Cumplimiento y extinción: recepción, liquidación y garantía
El contrato se entiende cumplido por el contratista cuando este ha realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto (art. 210). Su constatación exige un acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto. Puede establecerse un plazo de garantía, transcurrido el cual, y siempre que el informe sobre el estado de las obras o prestaciones sea favorable, procede la devolución o cancelación de la garantía definitiva y la liquidación. En el contrato de obras el plazo de garantía no será inferior a un año salvo casos especiales (art. 243) y el contratista responde de los vicios ocultos durante quince años desde la recepción (art. 244). En los contratos de servicios, la ejecución se entiende cumplida con la conformidad de los trabajos.
La resolución del contrato: causas y efectos
Son causas generales de resolución (art. 211): la muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista; la declaración de concurso o de insolvencia en cualquier procedimiento (en caso de concurso, solo si se abre la fase de liquidación o si no se presta la garantía); el mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista; la demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista; la demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior a cuatro meses; el incumplimiento de la obligación principal del contrato; la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados cuando no sea posible modificarlo; el incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales calificadas como tales en los pliegos; y las que se establezcan expresamente en el contrato. El procedimiento de resolución se instruye y resuelve en un plazo máximo de ocho meses (art. 212.8). Efectos (art. 213): si la causa es imputable al contratista, se le incauta la garantía y debe indemnizar a la Administración los daños y perjuicios en lo que excedan de la garantía; si es imputable a la Administración, el contratista tiene derecho al resarcimiento de los perjuicios. Mutuo acuerdo: solo cuando no concurra otra causa de resolución imputable al contratista y por razones de interés público.
Revisión de precios
Los precios de los contratos del sector público solo pueden ser objeto de revisión periódica y predeterminada en los términos del capítulo correspondiente de la LCSP (arts. 103 a 105); no cabe la revisión periódica no predeterminada o no periódica. Procede, con carácter excepcional, únicamente cuando el PCAP la prevea y se cumplan los requisitos legales (entre ellos, que se haya ejecutado una parte mínima del contrato y haya transcurrido un plazo desde su formalización), en los contratos de obras, en determinados contratos de suministro y en aquellos en que el periodo de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años y la inversión sea relevante, como las concesiones. Debe fijarse en el pliego la fórmula aplicable, tomando como referencia índices oficiales (Real Decreto 55/2017, de desindexación, que desarrolla la Ley 2/2015). Es una de las excepciones al principio de riesgo y ventura. Existen además regímenes excepcionales aprobados coyunturalmente (por ejemplo, revisión excepcional de precios en obras tras la crisis de materiales de 2021-2022) que no forman parte del régimen ordinario.
Acuerdos marco, sistemas dinámicos y centrales de contratación
Son técnicas de racionalización de la contratación. El acuerdo marco (arts. 219 a 222) fija las condiciones a las que habrán de ajustarse los contratos que se pretendan adjudicar durante un periodo determinado; su duración no puede exceder de cuatro años, salvo casos excepcionales debidamente justificados. El sistema dinámico de adquisición (arts. 223 a 226) es un proceso de contratación íntegramente electrónico, abierto durante toda su vigencia a cualquier empresa que cumpla los criterios de selección, para compras de uso corriente. Las centrales de contratación (arts. 227 a 230) adquieren suministros y servicios para otros órganos o se adjudican contratos y acuerdos marco para ellos, como la central de contratación estatal adscrita al ministerio competente en Hacienda.
Régimen de invalidez de los contratos (arts. 38 a 43 LCSP)
Los contratos del sector público solo son inválidos cuando lo sea alguno de sus actos preparatorios o de adjudicación por concurrir en ellos alguna de las causas de derecho administrativo o de derecho civil. Son causas de nulidad de derecho administrativo (art. 39) las del art. 47 LPAC y las específicas de la LCSP: la falta de capacidad de obrar o de solvencia, la concurrencia de una prohibición de contratar, la carencia o insuficiencia de crédito, o la falta de publicación del anuncio de licitación cuando sea exigible. Son causas de anulabilidad (art. 40) las demás infracciones del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder. La declaración de nulidad exige, en su caso, la previa revisión de oficio con dictamen del Consejo de Estado, y produce efectos de restitución recíproca de las prestaciones o, si no es posible, la indemnización de daños y perjuicios. En la contratación privada rigen las causas del Derecho civil en cuanto a efectos y extinción, pero la preparación y adjudicación siguen la LCSP. Cabe la cuestión de nulidad en los casos regulados por la ley (arts. 38 y ss.).
El recurso especial en materia de contratación (arts. 44 a 60)
Recurso administrativo específico, potestativo, previo al contencioso-administrativo y alternativo a los recursos administrativos ordinarios, que no cabe interponer contra los actos recurribles. Procede contra los contratos de obras de valor estimado superior a 3.000.000 de euros y de suministro y servicios superior a 100.000 euros; los acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición cuyos contratos cumplan esos umbrales; las concesiones de obras y servicios de valor superior a 3.000.000 de euros; y los contratos subvencionados y encargos a medios propios en ciertos supuestos (art. 44.1). Son actos recurribles (art. 44.2): los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales; los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación que decidan directa o indirectamente la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable (como la exclusión de licitadores); los acuerdos de adjudicación; y determinadas modificaciones basadas en el incumplimiento de los arts. 204 y 205. El plazo de interposición es de quince días hábiles contados desde el día siguiente a la publicación del anuncio o puesta a disposición de los pliegos, o desde la remisión de la notificación de la adjudicación (art. 50). Lo resuelven órganos administrativos especializados e independientes del órgano de contratación: el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) y los tribunales de las Comunidades Autónomas (art. 46). La interposición contra la adjudicación suspende automáticamente la tramitación del expediente (art. 53) y el Tribunal puede adoptar medidas provisionales (art. 49). Contra su resolución solo cabe recurso contencioso-administrativo.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La LCSP (Ley 9/2017, de 8 de noviembre) transpone las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE, derogó el TRLCSP de 2011 y entró en vigor el 9 de marzo de 2018.
Tres círculos subjetivos: Administraciones Públicas (régimen completo, contrato administrativo), poderes adjudicadores que no son AP (régimen flexible) y resto del sector público (instrucciones internas).
La LCSP prohíbe expresamente el fraccionamiento del objeto con la finalidad de eludir la publicidad o el procedimiento de adjudicación (art. 99.2); la división en lotes es la regla y su no división debe justificarse.
Procedimientos: abierto, abierto simplificado (obras hasta 2.000.000 euros; suministros y servicios hasta 100.000 euros), restringido, licitación con negociación, diálogo competitivo, asociación para la innovación y negociado sin publicidad en supuestos tasados; ya no existe el negociado por cuantía.
Contrato menor: valor estimado inferior a 40.000 euros en obras o a 15.000 euros en suministros y servicios, duración máxima de un año sin prórroga y con informe de necesidad y de no fraccionamiento.
El procedimiento abierto excluye toda negociación; el restringido limita la participación a empresarios seleccionados; el diálogo competitivo se reserva a contratos particularmente complejos.
Las modificaciones previstas en el pliego tienen un límite del 20% del precio inicial (art. 204); las no previstas, un límite del 50% del precio inicial en los casos de prestaciones adicionales y circunstancias imprevisibles (art. 205); es sustancial la modificación que supere el 15% (obras) o el 10% (resto).
La modificación es obligatoria para el contratista cuando no exceda del 20% del precio inicial (art. 206); el dictamen del Consejo de Estado es preceptivo en las modificaciones superiores al 20% de contratos de 6.000.000 euros o más.
El contrato se ejecuta a riesgo y ventura del contratista (art. 197), salvo fuerza mayor en obras (art. 239); la Administración abona el precio dentro de los 30 días siguientes a la aprobación de la certificación o conformidad.
La extinción se produce por cumplimiento (recepción y liquidación) o por resolución (art. 211: muerte, concurso, mutuo acuerdo, demora, impago por la Administración superior a cuatro meses, incumplimiento de obligaciones esenciales); el procedimiento de resolución se resuelve en ocho meses.
La revisión de precios es excepcional, periódica y predeterminada; no cabe revisión periódica no predeterminada ni revisión sin previsión en el pliego.
Presupuesto base de licitación: límite máximo de gasto, IVA incluido; valor estimado: importe total sin IVA, con prórrogas y opciones, que determina la sujeción a regulación armonizada y el procedimiento.
La garantía definitiva es del 5% del precio final ofertado sin IVA (más hasta otro 5% complementario); la garantía provisional es excepcional y no puede superar el 3% del presupuesto base de licitación sin IVA.
Los criterios de adjudicación son plurales y basados en la mejor relación calidad-precio; si los de juicio de valor pesan más que los automáticos, los valora un comité de expertos o un organismo técnico especializado.
Oferta anormalmente baja: audiencia al licitador para que justifique su oferta (plazo máximo de cinco días hábiles) y exclusión si no se acredita la viabilidad; se rechazan las ofertas que incumplan obligaciones sociales, laborales o medioambientales.
La mesa de contratación es obligatoria para las Administraciones Públicas en los procedimientos abierto, restringido, licitación con negociación, diálogo competitivo y asociación para la innovación; es facultativa en el negociado sin publicidad; incluye un jurista y un interventor.
El contrato se perfecciona con su formalización (art. 36); si cabe recurso especial, no puede formalizarse antes de quince días hábiles desde la remisión de la notificación de la adjudicación (art. 153.3); no se puede ejecutar sin formalizar, salvo emergencia.
Encargos a medios propios personificados: control análogo, más del 80% de la actividad para el poder adjudicador que controla y sin participación directa de capital privado (art. 32); quedan fuera de la LCSP como contratos.
Recurso especial en materia de contratación: potestativo y previo al contencioso, plazo de quince días hábiles, lo resuelven tribunales administrativos independientes (TACRC y autonómicos); la interposición contra la adjudicación suspende automáticamente el expediente.
Invalidez de los contratos: nulidad de derecho administrativo (art. 47 LPAC y causas específicas del art. 39 LCSP, como la falta de solvencia, la prohibición de contratar o la carencia de crédito) y anulabilidad (resto de infracciones, art. 40).
Acuerdo marco: duración máxima de cuatro años, salvo casos excepcionales justificados (art. 219).
10 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 100 aciertos
¿Cuál es el valor estimado máximo de un contrato de obras para poder considerarse contrato menor conforme al art. 118 LCSP?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 5 de Gestión AGE?
Los contratos del sector público se rigen por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), que transpone las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE y sustituyó al texto refundido de 2011. Regula la preparación (expediente, pliegos, presupuesto base de licitación y valor estimado), la adjudicación (procedimientos, criterios, mesa de contratación, formalización), los efectos, el cumplimiento y la extinción (recepción, resolución), la modificación y la revisión de precios, así como el régimen de invalidez y de recursos, con el recurso especial en materia de contratación como garantía principal frente a pliegos y adjudicaciones. Sus principios rectores son la libertad de acceso a las licitaciones, la publicidad y transparencia, la no discriminación e igualdad de trato y la eficiente utilización de los fondos públicos, con incorporación transversal de criterios sociales y medioambientales.
¿Qué hay que memorizar del Tema 5 para el examen?
La LCSP (Ley 9/2017, de 8 de noviembre) transpone las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE, derogó el TRLCSP de 2011 y entró en vigor el 9 de marzo de 2018. Tres círculos subjetivos: Administraciones Públicas (régimen completo, contrato administrativo), poderes adjudicadores que no son AP (régimen flexible) y resto del sector público (instrucciones internas). La LCSP prohíbe expresamente el fraccionamiento del objeto con la finalidad de eludir la publicidad o el procedimiento de adjudicación (art. 99.2); la división en lotes es la regla y su no división debe justificarse. Procedimientos: abierto, abierto simplificado (obras hasta 2.000.000 euros; suministros y servicios hasta 100.000 euros), restringido, licitación con negociación, diálogo competitivo, asociación para la innovación y negociado sin publicidad en supuestos tasados; ya no existe el negociado por cuantía. Contrato menor: valor estimado inferior a 40.000 euros en obras o a 15.000 euros en suministros y servicios, duración máxima de un año sin prórroga y con informe de necesidad y de no fraccionamiento. El procedimiento abierto excluye toda negociación; el restringido limita la participación a empresarios seleccionados; el diálogo competitivo se reserva a contratos particularmente complejos. Las modificaciones previstas en el pliego tienen un límite del 20% del precio inicial (art. 204); las no previstas, un límite del 50% del precio inicial en los casos de prestaciones adicionales y circunstancias imprevisibles (art. 205); es sustancial la modificación que supere el 15% (obras) o el 10% (resto). La modificación es obligatoria para el contratista cuando no exceda del 20% del precio inicial (art. 206); el dictamen del Consejo de Estado es preceptivo en las modificaciones superiores al 20% de contratos de 6.000.000 euros o más. El contrato se ejecuta a riesgo y ventura del contratista (art. 197), salvo fuerza mayor en obras (art. 239); la Administración abona el precio dentro de los 30 días siguientes a la aprobación de la certificación o conformidad. La extinción se produce por cumplimiento (recepción y liquidación) o por resolución (art. 211: muerte, concurso, mutuo acuerdo, demora, impago por la Administración superior a cuatro meses, incumplimiento de obligaciones esenciales); el procedimiento de resolución se resuelve en ocho meses. La revisión de precios es excepcional, periódica y predeterminada; no cabe revisión periódica no predeterminada ni revisión sin previsión en el pliego. Presupuesto base de licitación: límite máximo de gasto, IVA incluido; valor estimado: importe total sin IVA, con prórrogas y opciones, que determina la sujeción a regulación armonizada y el procedimiento. La garantía definitiva es del 5% del precio final ofertado sin IVA (más hasta otro 5% complementario); la garantía provisional es excepcional y no puede superar el 3% del presupuesto base de licitación sin IVA. Los criterios de adjudicación son plurales y basados en la mejor relación calidad-precio; si los de juicio de valor pesan más que los automáticos, los valora un comité de expertos o un organismo técnico especializado. Oferta anormalmente baja: audiencia al licitador para que justifique su oferta (plazo máximo de cinco días hábiles) y exclusión si no se acredita la viabilidad; se rechazan las ofertas que incumplan obligaciones sociales, laborales o medioambientales. La mesa de contratación es obligatoria para las Administraciones Públicas en los procedimientos abierto, restringido, licitación con negociación, diálogo competitivo y asociación para la innovación; es facultativa en el negociado sin publicidad; incluye un jurista y un interventor. El contrato se perfecciona con su formalización (art. 36); si cabe recurso especial, no puede formalizarse antes de quince días hábiles desde la remisión de la notificación de la adjudicación (art. 153.3); no se puede ejecutar sin formalizar, salvo emergencia. Encargos a medios propios personificados: control análogo, más del 80% de la actividad para el poder adjudicador que controla y sin participación directa de capital privado (art. 32); quedan fuera de la LCSP como contratos. Recurso especial en materia de contratación: potestativo y previo al contencioso, plazo de quince días hábiles, lo resuelven tribunales administrativos independientes (TACRC y autonómicos); la interposición contra la adjudicación suspende automáticamente el expediente. Invalidez de los contratos: nulidad de derecho administrativo (art. 47 LPAC y causas específicas del art. 39 LCSP, como la falta de solvencia, la prohibición de contratar o la carencia de crédito) y anulabilidad (resto de infracciones, art. 40). Acuerdo marco: duración máxima de cuatro años, salvo casos excepcionales justificados (art. 219).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE-A-2017-12902).
Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública, y Directiva 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de contratos de concesión.
Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, art. 47 (nulidad).
Mientras tanto, practica con tests gratis de Gestión AGE.