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Tema 9. El régimen patrimonial de las Administraciones públicas. El dominio público. Los bienes patrimoniales del Estado. El Patrimonio Nacional. Los bienes comunales.

Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre · Índice oficial del BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262).

Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (A2), 1.356 plazas convocadas. La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo VIII) con un temario distinto, no cubierto aquí. Numeración tal y como la publica el BOE: cada bloque reinicia su propia numeración de temas (Bloque I: 1-11, Bloque II: 1-6, etc.), no es una secuencia continua 1-58.

El régimen patrimonial de las Administraciones públicas se funda en el art. 132 CE y se regula, en el ámbito estatal, por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP), que distingue entre bienes y derechos de dominio público o demaniales (afectados al uso general o al servicio público, inalienables, imprescriptibles e inembargables) y bienes y derechos patrimoniales (sujetos, con especialidades de Derecho público, al Derecho privado). El art. 132.2 CE califica como dominio público estatal, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental. El Patrimonio Nacional (Ley 23/1982) y los bienes comunales (Ley 7/1985 y Reglamento de Bienes de las Entidades Locales) cuentan con regímenes singulares propios. Las Administraciones disponen de potestades exorbitantes de defensa de su patrimonio (investigación, deslinde, recuperación de oficio y desahucio administrativo).

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El fundamento constitucional del patrimonio de las Administraciones Públicas

La Constitución no contiene una regulación sistemática del patrimonio público, pero contiene varias referencias: la subordinación de toda la riqueza del país, sea cual fuere su titularidad, al interés general (art. 128.1 CE); la posibilidad de reservar al sector público recursos o servicios esenciales mediante ley (art. 128.2); y, sobre todo, el art. 132 CE, que: a) remite a la ley la regulación del régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación (art. 132.1); b) declara bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental (art. 132.2); y c) establece que por ley se regularán el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional, su administración, defensa y conservación (art. 132.3). Competencialmente, el Estado dicta la legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas (art. 149.1.18.ª CE) y las Comunidades Autónomas pueden regular su propio patrimonio (STC 58/1982), con los límites de la legislación básica estatal (STC 227/1988, sobre aguas, y STC 149/1991, sobre costas).

La Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP)

Constituye la norma reguladora del régimen jurídico patrimonial de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella (BOE-A-2003-20254). Sustituyó a la Ley de Patrimonio del Estado, texto articulado aprobado por Decreto 1022/1964, de 15 de abril. Algunos de sus preceptos tienen carácter básico, otros son de aplicación plena a la AGE y otros son supletorios para las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, en virtud de su disposición final; las Entidades Locales cuentan además con normativa propia (Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, y Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio). Se desarrolla por el Reglamento General aprobado por Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto. La gestión de los bienes se somete a principios de eficiencia y economía, publicidad, transparencia y concurrencia en las adquisiciones y enajenaciones, coordinación, y adecuada identificación y control de los bienes.

Clasificación de los bienes públicos: demaniales y patrimoniales

El patrimonio de las Administraciones Públicas está constituido por el conjunto de sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza y el título de su adquisición o aquel en virtud del cual les hayan sido atribuidos. Los bienes y derechos se clasifican en bienes de dominio público o demaniales (afectados a un uso general o a un servicio público o calificados por ley como tales) y bienes de dominio privado o patrimoniales (el resto), con regímenes jurídicos claramente diferenciados. En el ámbito local, el patrimonio comprende además los bienes comunales, que son una categoría específica del dominio público local.

El dominio público: concepto y elementos

Según el art. 5.1 LPAP, son bienes y derechos de dominio público los que, siendo de titularidad pública, se encuentren afectos al uso general o al servicio público, así como aquellos que la ley califique expresamente como demaniales. El art. 5.2 LPAP considera de dominio público los inmuebles de titularidad de la AGE y de sus organismos públicos en los que se alojen servicios, oficinas o dependencias de sus órganos o de órganos constitucionales. Sus elementos son el subjetivo (titularidad pública), el objetivo (el bien concreto) y el teleológico (la afectación a un fin de uso o servicio público). Se distingue entre demanio natural (costas, aguas, cauces) y artificial (carreteras, edificios públicos). El art. 132.2 CE, por su parte, no define el dominio público, sino que establece una reserva de dominio público estatal para determinados bienes naturales y remite a la ley la determinación de los demás.

Las notas jurídicas del dominio público (art. 132.1 CE)

Inalienabilidad: los bienes demaniales están fuera del comercio de los hombres, no pueden ser objeto de transmisión ni gravamen mientras conserven tal condición; son inhipotecables y su uso privativo se otorga mediante concesión o autorización. Imprescriptibilidad: no pueden adquirirse por terceros mediante usucapión, cualquiera que sea el tiempo de posesión, ni siquiera por la posesión inscrita en el Registro. Inembargabilidad: no pueden ser objeto de embargo ni de ejecución judicial o administrativa, garantía instrumental de la continuidad del uso o servicio público a que están afectados. La LPAP desarrolla estas notas y establece un régimen de protección de la integridad física y jurídica de estos bienes. Los bienes patrimoniales, en cambio, son en principio alienables y prescriptibles, aunque están sujetos a reglas específicas de enajenación y a las prerrogativas de defensa.

El dominio público marítimo-terrestre y el hidráulico

El dominio público marítimo-terrestre estatal comprende la ribera del mar y de las rías (zona marítimo-terrestre y playas), el mar territorial y las aguas interiores, y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental; se regula por la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, reformada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral. La ley establece servidumbres: de protección (100 metros desde el límite interior de la ribera del mar, ampliable en determinados supuestos hasta otros 100 metros), de tránsito (6 metros) y de acceso al mar, así como una zona de influencia de 500 metros. Las concesiones para ocupación del dominio público marítimo-terrestre pueden otorgarse por un plazo máximo de 75 años. El dominio público hidráulico comprende las aguas continentales superficiales y subterráneas renovables con independencia del tiempo de renovación, los cauces de corrientes naturales continuas o discontinuas, los lechos de lagos, lagunas y embalses superficiales en cauces públicos, y los acuíferos subterráneos; se regula por el texto refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio) y se gestiona a través de las Confederaciones Hidrográficas y las demarcaciones hidrográficas.

La afectación y desafectación de bienes demaniales

La afectación es el acto o hecho que determina la vinculación de un bien de titularidad pública a un uso general o a un servicio público, incorporándolo al dominio público; puede ser expresa, mediante acto formal que determine el bien y el fin al que se destina, o implícita (en virtud de una ley, por la aprobación de un proyecto, plan o por el uso). La desafectación es el acto contrario, por el cual un bien demanial pierde dicha condición y se incorpora al patrimonio, pasando a regirse por el régimen de los bienes patrimoniales; requiere un acto expreso y formal, no bastando el mero cese de hecho en el uso o servicio, y no puede producirse más que cuando el bien ya no es necesario para el fin al que estaba destinado. La afectación o desafectación de bienes de dominio público estatal corresponde, con carácter general, al departamento competente en materia de patrimonio (Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General del Patrimonio del Estado), a propuesta del departamento u organismo interesado.

La mutación demanial

Técnica por la cual se modifica la afectación de un bien de dominio público, cambiando su destino de un uso o servicio público a otro distinto, sin que llegue a perder su naturaleza demanial en ningún momento, adscribiéndose entonces al departamento u organismo competente por razón del nuevo destino, instrumento que permite la reasignación eficiente de bienes públicos entre distintas finalidades sin necesidad de desafectación y nueva afectación. A la adscripción (puesta a disposición de un bien al servicio de un órgano u organismo sin transmitir la titularidad) se contrapone la titularidad, que sigue correspondiendo a la AGE.

El uso de los bienes de dominio público: común y privativo

El uso común general corresponde por igual a todos los ciudadanos, de modo que el uso de unos no impide el de los demás (calles, plazas, playas); el uso común especial exige requisitos adicionales por razón de las circunstancias de utilización (peligrosidad, intensidad o rentabilidad) y se sujeta a licencia o autorización. El uso privativo determina la ocupación de una porción del dominio público, de modo que limita o excluye la utilización por otros interesados, y requiere título habilitante: autorización (utilización de bienes de escasa entidad, plazo máximo de cuatro años incluidas las prórrogas) o concesión (utilización o aprovechamiento de entidad que implique ocupación permanente o realización de obras e instalaciones).

Las concesiones demaniales

Título habilitante para el uso privativo o el aprovechamiento especial de los bienes de dominio público estatal, otorgado con carácter general en régimen de concurrencia, mediante licitación, salvo supuestos de adjudicación directa tasados, y sujeto a un plazo máximo de 75 años (art. 93 LPAP), salvo que las normas especiales establezcan otro menor. Atribuye al concesionario un derecho real sobre las obras e instalaciones de carácter inmobiliario que construya (art. 97), susceptible de transmisión y de hipoteca previa autorización del órgano concedente, pero no altera la naturaleza demanial ni la titularidad pública del bien concedido. Se extingue por vencimiento del plazo, rescate por razones de interés público, mutuo acuerdo, desafectación, caducidad por incumplimiento de las condiciones, revocación o renuncia. Al término de la concesión, las obras e instalaciones revierten a la Administración. La Administración conserva siempre sus potestades de policía y de defensa del dominio público.

Los bienes patrimoniales: régimen jurídico

Son bienes y derechos de dominio privado o patrimoniales los que, siendo de titularidad de las Administraciones Públicas, no tengan el carácter de demaniales (art. 7 LPAP). En todo caso, tienen esta consideración los derechos de arrendamiento, los valores y títulos representativos de acciones y participaciones en el capital de sociedades mercantiles, los derechos de propiedad incorporal y los derechos de crédito. Se rigen por la legislación patrimonial y, supletoriamente, por las normas de Derecho privado en cuanto a su adquisición, uso, disfrute, administración y disposición, si bien están sujetos a determinadas especialidades de Derecho público: inventario, control, procedimientos de enajenación y potestades de defensa. Los inmuebles vacantes y sin dueño conocido pertenecen a la AGE (art. 17 LPAP) y el Estado adquiere los bienes de las herencias abintestato a falta de herederos.

Adquisición y gestión de los bienes patrimoniales

Los bienes patrimoniales pueden adquirirse a título oneroso (compra, permuta, expropiación), gratuito (donación, herencia, legado) o por ley (bienes vacantes y abandonados). La adquisición onerosa de inmuebles se hace, en general, mediante concurso, salvo adquisición directa justificada. La explotación puede hacerse mediante arrendamiento, cesión de uso, concesión patrimonial o contratos de gestión, y se sujeta a los principios de rentabilidad y eficiencia. La Administración debe inscribir sus inmuebles y derechos reales en el Registro de la Propiedad y puede inmatricular sus bienes mediante certificación administrativa.

El inventario general de bienes y derechos del Estado

Registro administrativo en el que se relacionan, describen y valoran los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos (art. 32 LPAP), con la finalidad de conocer en todo momento su contenido y garantizar su correcta administración. Es instrumento distinto del Registro de la Propiedad, aunque complementario de este a efectos de publicidad registral. La gestión corresponde a la Dirección General del Patrimonio del Estado. Los organismos públicos deben mantener su propio inventario.

La afectación de bienes patrimoniales al uso general o al servicio público

Los bienes patrimoniales pueden ser objeto de afectación, incorporándose entonces al dominio público, mediante acto formal expreso que determine el bien o derecho afectado y el fin al que se destina. En el ámbito estatal, la competencia para acordarla corresponde, con carácter general, al departamento competente en materia de patrimonio, a propuesta del ministerio u organismo interesado, sin perjuicio de que la ley prevea afectaciones implícitas (por ejemplo, por la aprobación de un proyecto de obra o por la adquisición de bienes destinados a un servicio).

La enajenación de bienes patrimoniales

La enajenación de bienes patrimoniales (art. 137 LPAP y siguientes) exige que el bien haya sido declarado previamente no necesario para el uso general o el servicio público, que se haya practicado su tasación pericial y que el procedimiento respete los principios de publicidad y concurrencia. Se realiza, con carácter general, mediante procedimientos competitivos (subasta o concurso públicos), si bien la LPAP admite la adjudicación directa en supuestos tasados: cuando el adquirente sea otra Administración Pública o entidad de derecho público, entidades sin ánimo de lucro declaradas de utilidad pública, cuando concurran razones excepcionales debidamente justificadas o cuando la subasta o el concurso hayan quedado desiertos o fracasados, entre otros. La competencia para enajenar se atribuye al ministro competente en materia de patrimonio, con intervención del Consejo de Ministros por encima de determinada cuantía.

La cesión gratuita de bienes patrimoniales

Las Administraciones Públicas pueden ceder gratuitamente el uso o la propiedad de sus bienes patrimoniales a favor de otras Administraciones Públicas o de entidades privadas sin ánimo de lucro (fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad pública), para fines de utilidad pública o interés social concurrentes con los de la propia entidad cedente (art. 145 LPAP y siguientes). La cesión está sujeta a reversión automática al patrimonio de origen si en el plazo fijado no se destinan al fin previsto o dejan de destinarse a él posteriormente.

El Patrimonio Nacional: régimen jurídico singular (Ley 23/1982)

El art. 132.3 CE ordena regular por ley el Patrimonio Nacional. La Ley 23/1982, de 16 de junio, lo define como el conjunto de bienes y derechos de titularidad del Estado afectados al uso y servicio del Rey y de los miembros de la Familia Real para el ejercicio de la alta representación que la Constitución y las leyes les atribuyen (art. 1). Es distinto del Patrimonio del Estado ordinario y del dominio público ordinario. Su administración corresponde a un Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, que es el órgano rector, adscrito al departamento ministerial correspondiente (tradicionalmente el de la Presidencia). Los bienes del Patrimonio Nacional gozan de los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad y se destinan también a fines culturales, científicos y docentes de interés público. Se desarrolla por el Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo.

Bienes integrantes del Patrimonio Nacional

Comprende, entre otros, los Palacios Reales de Madrid (Palacio de Oriente) y el Campo del Moro, de Aranjuez, El Pardo, La Granja de San Ildefonso y Riofrío, el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, los monasterios de las Descalzas Reales y de la Encarnación, y los bosques y montes adscritos a los mismos, así como los muebles de valor histórico, artístico o cultural vinculados a estos palacios (tapices, pinturas, armería, bibliotecas). Algunos fondos están depositados en museos. Están sometidos a un régimen de protección análogo al del dominio público, aunque formalmente diferenciados de él por su finalidad específica y su régimen de gestión propio.

Los bienes comunales: régimen jurídico

Los bienes comunales son aquellos bienes de dominio público de las Entidades Locales cuyo aprovechamiento y disfrute corresponde al común de los vecinos (art. 79.3 Ley 7/1985). Están gobernados por la entidad local, sujetos a los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad (art. 132.1 CE), y su aprovechamiento se rige preferentemente por la costumbre u ordenanza local tradicionalmente observada, a falta de las cuales se aplica el régimen supletorio de la legislación de régimen local (Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, Real Decreto 1372/1986): en defecto de costumbre, se aprovechan en régimen de explotación común o cultivo colectivo, y si no es posible, mediante adjudicación por lotes o suertes a los vecinos o, en último término, por subasta con preferencia de vecinos. Los comunales se distinguen de los bienes de propios (patrimoniales cuyas rentas se destinan a las arcas municipales), de los montes vecinales en mano común (Ley 55/1980, de 11 de noviembre), de titularidad vecinal y no municipal, y de los demás bienes de dominio público local. La alteración de la calificación jurídica de estos bienes exige expediente en el que se acredite su oportunidad y legalidad, con información pública y acuerdo con quórum reforzado de la corporación.

El deslinde de los bienes de dominio público

Procedimiento administrativo dirigido a determinar los límites físicos de un bien demanial, con la finalidad de definir su extensión y evitar situaciones de indefinición o intrusión por parte de terceros. Su resolución tiene carácter declarativo de la titularidad demanial preexistente (no constitutivo), y es título suficiente para rectificar, en su caso, las situaciones registrales contradictorias, sin perjuicio del derecho de los afectados a acudir a la jurisdicción civil ordinaria para cuestiones de propiedad. El deslinde del dominio público marítimo-terrestre se rige por la Ley de Costas. Los actos de deslinde son recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

La potestad de investigación, deslinde, recuperación posesoria y desahucio administrativo

La LPAP reconoce a las Administraciones Públicas, en garantía de su patrimonio, las potestades de investigación (para determinar la titularidad de bienes o derechos cuando esta no conste), deslinde (delimitación de sus bienes inmuebles), recuperación posesoria de oficio (sin necesidad de acudir a los tribunales: en cualquier tiempo para bienes demaniales y en el plazo de un año desde el día siguiente al de la usurpación para los patrimoniales, transcurrido el cual deben acudir a los tribunales) y desahucio administrativo (para recuperar la posesión de sus bienes demaniales frente a quienes los detenten sin título bastante o con título caducado), todas ellas manifestación de la autotutela administrativa en materia patrimonial. Además, las Administraciones tienen la obligación de defender su patrimonio, y las entidades locales deben ejercer las acciones necesarias para ello.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Los bienes de dominio público son inalienables, imprescriptibles e inembargables (art. 132.1 CE), y gozan de facultades de autotutela (recuperación posesoria de oficio, deslinde, desahucio administrativo).
  • El art. 132 CE tiene tres apartados: 1) régimen de los bienes de dominio público y comunales y sus notas; 2) bienes de dominio público estatal por mandato constitucional; 3) ley del Patrimonio del Estado y del Patrimonio Nacional.
  • El uso privativo del dominio público exige título habilitante: autorización (plazo máximo de cuatro años) o concesión (plazo máximo de 75 años, art. 93 LPAP).
  • Los bienes patrimoniales se rigen por la LPAP y, supletoriamente, por el Derecho privado, sin perjuicio de potestades como la investigación y la recuperación posesoria de oficio (un año).
  • El Patrimonio Nacional (Ley 23/1982) y los bienes comunales (Ley 7/1985, art. 79.3) tienen regímenes singulares; ambos comparten las notas de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad.
  • La Ley 33/2003 (LPAP) es la norma del régimen patrimonial de la AGE y sus organismos públicos, con preceptos básicos y supletorios para CCAA y EELL; sustituyó a la Ley de Patrimonio del Estado de 1964.
  • El art. 132.2 CE reserva al dominio público estatal la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.
  • El art. 5.1 LPAP define el dominio público: bienes de titularidad pública afectos al uso general o al servicio público y los que una ley califique como demaniales; sus elementos son subjetivo, objetivo y teleológico.
  • La afectación vincula un bien al dominio público; la desafectación lo devuelve al régimen patrimonial, exigiendo acto expreso y formal (no basta el mero cese de hecho).
  • La mutación demanial cambia el destino de un bien demanial sin que pierda su naturaleza, adscribiéndolo al órgano competente por el nuevo destino.
  • Las concesiones demaniales otorgan un derecho real sobre las obras e instalaciones construidas, transmisible e hipotecable previa autorización, sin alterar la titularidad pública del bien.
  • El Inventario General de Bienes y Derechos del Estado (art. 32 LPAP) relaciona, describe y valora el patrimonio estatal; es distinto del Registro de la Propiedad aunque complementario.
  • La enajenación de bienes patrimoniales exige previa tasación pericial y declaración de no necesidad, y se realiza por procedimientos competitivos; la adjudicación directa solo cabe en supuestos tasados.
  • El Patrimonio Nacional comprende los palacios reales de Madrid, Aranjuez, El Pardo, La Granja y Riofrío, El Escorial y los monasterios de las Descalzas Reales y de la Encarnación; lo administra un Consejo de Administración.
  • Los bienes comunales corresponden al aprovechamiento del común de los vecinos; se rigen por costumbre u ordenanza y, supletoriamente, por el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales; no deben confundirse con los bienes de propios ni con los montes vecinales en mano común.
  • El deslinde tiene carácter declarativo (no constitutivo) y es título para rectificar el Registro.
  • Potestades de autotutela patrimonial: investigación, deslinde, recuperación posesoria de oficio (sin plazo en demaniales, un año en patrimoniales) y desahucio administrativo.
  • La cesión gratuita de bienes patrimoniales a otras Administraciones o entidades sin ánimo de lucro para fines de utilidad pública está sujeta a reversión automática si no se destinan al fin previsto.
  • Costas: servidumbre de protección de 100 metros, de tránsito de 6 metros y zona de influencia de 500 metros (Ley 22/1988, reformada por la Ley 2/2013); concesiones por un máximo de 75 años.
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¿Qué carácter tiene la resolución de deslinde de un bien de dominio público?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 9 de Gestión AGE?

El régimen patrimonial de las Administraciones públicas se funda en el art. 132 CE y se regula, en el ámbito estatal, por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP), que distingue entre bienes y derechos de dominio público o demaniales (afectados al uso general o al servicio público, inalienables, imprescriptibles e inembargables) y bienes y derechos patrimoniales (sujetos, con especialidades de Derecho público, al Derecho privado). El art. 132.2 CE califica como dominio público estatal, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental. El Patrimonio Nacional (Ley 23/1982) y los bienes comunales (Ley 7/1985 y Reglamento de Bienes de las Entidades Locales) cuentan con regímenes singulares propios. Las Administraciones disponen de potestades exorbitantes de defensa de su patrimonio (investigación, deslinde, recuperación de oficio y desahucio administrativo).

¿Qué hay que memorizar del Tema 9 para el examen?

Los bienes de dominio público son inalienables, imprescriptibles e inembargables (art. 132.1 CE), y gozan de facultades de autotutela (recuperación posesoria de oficio, deslinde, desahucio administrativo). El art. 132 CE tiene tres apartados: 1) régimen de los bienes de dominio público y comunales y sus notas; 2) bienes de dominio público estatal por mandato constitucional; 3) ley del Patrimonio del Estado y del Patrimonio Nacional. El uso privativo del dominio público exige título habilitante: autorización (plazo máximo de cuatro años) o concesión (plazo máximo de 75 años, art. 93 LPAP). Los bienes patrimoniales se rigen por la LPAP y, supletoriamente, por el Derecho privado, sin perjuicio de potestades como la investigación y la recuperación posesoria de oficio (un año). El Patrimonio Nacional (Ley 23/1982) y los bienes comunales (Ley 7/1985, art. 79.3) tienen regímenes singulares; ambos comparten las notas de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad. La Ley 33/2003 (LPAP) es la norma del régimen patrimonial de la AGE y sus organismos públicos, con preceptos básicos y supletorios para CCAA y EELL; sustituyó a la Ley de Patrimonio del Estado de 1964. El art. 132.2 CE reserva al dominio público estatal la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental. El art. 5.1 LPAP define el dominio público: bienes de titularidad pública afectos al uso general o al servicio público y los que una ley califique como demaniales; sus elementos son subjetivo, objetivo y teleológico. La afectación vincula un bien al dominio público; la desafectación lo devuelve al régimen patrimonial, exigiendo acto expreso y formal (no basta el mero cese de hecho). La mutación demanial cambia el destino de un bien demanial sin que pierda su naturaleza, adscribiéndolo al órgano competente por el nuevo destino. Las concesiones demaniales otorgan un derecho real sobre las obras e instalaciones construidas, transmisible e hipotecable previa autorización, sin alterar la titularidad pública del bien. El Inventario General de Bienes y Derechos del Estado (art. 32 LPAP) relaciona, describe y valora el patrimonio estatal; es distinto del Registro de la Propiedad aunque complementario. La enajenación de bienes patrimoniales exige previa tasación pericial y declaración de no necesidad, y se realiza por procedimientos competitivos; la adjudicación directa solo cabe en supuestos tasados. El Patrimonio Nacional comprende los palacios reales de Madrid, Aranjuez, El Pardo, La Granja y Riofrío, El Escorial y los monasterios de las Descalzas Reales y de la Encarnación; lo administra un Consejo de Administración. Los bienes comunales corresponden al aprovechamiento del común de los vecinos; se rigen por costumbre u ordenanza y, supletoriamente, por el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales; no deben confundirse con los bienes de propios ni con los montes vecinales en mano común. El deslinde tiene carácter declarativo (no constitutivo) y es título para rectificar el Registro. Potestades de autotutela patrimonial: investigación, deslinde, recuperación posesoria de oficio (sin plazo en demaniales, un año en patrimoniales) y desahucio administrativo. La cesión gratuita de bienes patrimoniales a otras Administraciones o entidades sin ánimo de lucro para fines de utilidad pública está sujeta a reversión automática si no se destinan al fin previsto. Costas: servidumbre de protección de 100 metros, de tránsito de 6 metros y zona de influencia de 500 metros (Ley 22/1988, reformada por la Ley 2/2013); concesiones por un máximo de 75 años.

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Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, arts. 128, 132 y 149.1.18.ª.
  • Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (BOE-A-2003-20254) y Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba su Reglamento general.
  • Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, y Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo, que la desarrolla.
  • Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (BOE-A-1985-5392), arts. 79-83; Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
  • Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (reformada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo) y Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, texto refundido de la Ley de Aguas.
  • Ley 55/1980, de 11 de noviembre, de Montes Vecinales en Mano Común.

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