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Tema 1. Políticas de modernización de la Administración General del Estado. La Administración electrónica. Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. La Agenda Digital para España. La calidad de los servicios públicos y de atención al ciudadano. Mejora Regulatoria y Análisis de Impacto Normativo.

Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre · Índice oficial del BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262).

Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (A2), 1.356 plazas convocadas. La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo VIII) con un temario distinto, no cubierto aquí. Numeración tal y como la publica el BOE: cada bloque reinicia su propia numeración de temas (Bloque I: 1-11, Bloque II: 1-6, etc.), no es una secuencia continua 1-58.

La modernización de la Administración General del Estado se articula en torno a la Administración electrónica, regulada por las Leyes 39/2015 y 40/2015 y el Real Decreto 203/2021, que consagran el derecho de la ciudadanía a relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones y su obligatoriedad para determinados sujetos. Se completa con las infraestructuras y esquemas comunes (Esquema Nacional de Seguridad e Interoperabilidad, Cl@ve, Red SARA, DEHú), con la Agenda Digital para España (hoy España Digital 2026) y con la Década Digital europea, con las políticas de calidad de los servicios públicos y atención al ciudadano (Real Decreto 951/2005) y con la mejora regulatoria y el análisis de impacto normativo (Ley 50/1997, Real Decreto 931/2017) como instrumentos para una producción normativa más eficiente y transparente.

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Concepto y principios de la Administración electrónica

La Administración electrónica (e-Administración) comprende el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en las Administraciones públicas, combinado con cambios organizativos, para mejorar los servicios públicos, reforzar los procesos democráticos y apoyar las políticas públicas. Las Administraciones se relacionan entre sí y con sus órganos y entidades dependientes por medios electrónicos que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas (art. 3.2 Ley 40/2015), y su régimen se inspira en principios como la neutralidad tecnológica y de adaptabilidad al progreso de las tecnologías, la accesibilidad, la facilidad de uso, la interoperabilidad, la proporcionalidad y la personalización y proactividad (art. 3 del Real Decreto 203/2021). La ciudadanía tiene derecho a comunicarse con las Administraciones a través de un Punto de acceso general electrónico (art. 13.a Ley 39/2015), a ser asistida en el uso de medios electrónicos (art. 12) y a elegir el medio de relación, salvo que esté obligada a relacionarse electrónicamente (art. 14).

Marco normativo de la Administración electrónica: Leyes 39/2015 y 40/2015

La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula la vertiente «ad extra» (relaciones con los ciudadanos), partiendo de que el uso de medios electrónicos es el cauce ordinario de relación, no una alternativa al papel: registro electrónico, archivo electrónico único (art. 17), expediente electrónico (art. 70), identificación y firma (arts. 9-11) y notificaciones electrónicas (arts. 41-43). La Ley 40/2015, del Régimen Jurídico del Sector Público, regula la vertiente «ad intra»: funcionamiento electrónico del sector público (arts. 38-46: sede electrónica, portal de internet, sistemas de identificación y firma de la Administración, actuación administrativa automatizada, archivo electrónico), el funcionamiento electrónico de órganos colegiados y los esquemas nacionales de interoperabilidad y seguridad (art. 156). Ambas se completan con el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. Las previsiones sobre registro electrónico, archivo y punto de acceso general tuvieron plena efectividad el 2 de octubre de 2020. En el ámbito europeo destacan el Reglamento eIDAS (Reglamento (UE) nº 910/2014, modificado por el Reglamento (UE) 2024/1183) y la Ley 6/2020, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

El derecho a relacionarse electrónicamente y los sujetos obligados (art. 14 LPAC)

Las personas físicas eligen libremente el medio, electrónico o no, salvo obligación legal o reglamentaria (art. 14.1 Ley 39/2015), y pueden modificar su elección en cualquier momento. Están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos (art. 14.2): las personas jurídicas; las entidades sin personalidad jurídica; quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones en ejercicio de dicha actividad (se incluye a notarios y registradores de la propiedad y mercantiles); quienes representen a un interesado obligado; y los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición, en la forma que determine cada Administración. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación para ciertos colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica o dedicación profesional, quede garantizado el acceso y disponibilidad de los medios electrónicos (art. 14.3).

La sede electrónica: concepto y garantías

Dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias (art. 38.1 Ley 40/2015). El establecimiento de una sede conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y de los servicios a los que pueda accederse. Debe garantizar la identificación del órgano titular, la autenticidad e integridad, y disponer de medios para formular sugerencias y quejas, y permite sustituir o complementar la publicación de actos que deban publicarse en tablón de anuncios o edictos mediante su publicación en la sede (art. 38.6). Su disponibilidad es, con carácter general, permanente (24 horas, todos los días del año), salvo interrupciones técnicas anunciadas. Existen sedes electrónicas asociadas (que dependen de otra sede), reguladas por el Real Decreto 203/2021, y las condiciones de seguridad responden al Esquema Nacional de Seguridad.

El Punto de Acceso General de la AGE

Portal (administracion.gob.es) a través del cual los ciudadanos acceden de forma unificada a la información, servicios y trámites electrónicos de la Administración General del Estado, evitando la dispersión de tener que conocer las distintas sedes electrónicas de cada Ministerio u organismo; contiene la sede electrónica, el directorio de servicios y es el medio de acceso a la Carpeta Ciudadana (Mi Carpeta Ciudadana), donde la ciudadanía consulta sus expedientes, notificaciones y datos. Integra el acceso al registro electrónico general de la AGE y al servicio de notificaciones electrónicas DEHú. Su gestión corresponde a la Secretaría General de Administración Digital, dentro del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Sistemas de identificación de los interesados (art. 9 LPAC)

Las Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados mediante sistemas que pueden ser: sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la lista de confianza; sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico; y sistemas de clave concertada (como Cl@ve) y cualquier otro sistema que las Administraciones consideren válido, con distintos niveles de seguridad conforme al Reglamento europeo eIDAS (art. 9 Ley 39/2015). La identificación acredita la identidad; la firma (art. 10) añade, además, la garantía de integridad del documento y de la voluntad de quien lo suscribe. Con carácter general, para realizar cualquier actuación electrónica solo se exige la identificación; la firma se exige para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos (art. 11.2).

Cl@ve como sistema común de identificación

Plataforma común del sector público estatal para identificación, autenticación y firma electrónica (gestionada por la Secretaría General de Administración Digital), que reúne varios sistemas: Cl@ve Permanente (usuario y contraseña reforzada con código de un solo uso), el acceso mediante la aplicación Cl@ve Móvil y las modalidades de uso temporal o puntual (el sistema de código «PIN», cuyo uso va siendo sustituido), así como la posibilidad de usar certificados electrónicos (como los de la FNMT-RCM) y el DNI electrónico. Evita que el ciudadano necesite credenciales distintas para cada Administración. La oferta concreta de modalidades evoluciona y se está adaptando a la futura Cartera Europea de Identidad Digital prevista en el Reglamento (UE) 2024/1183 (eIDAS 2), que los Estados miembros deben poner a disposición de sus ciudadanos antes de finales de 2026.

La actuación administrativa automatizada (art. 41 LRJSP)

Cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público (art. 41 Ley 40/2015). Exige establecer previamente el órgano u órganos competentes, según los casos, para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente, así como indicar el órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación. La Administración se identifica mediante el sello electrónico y puede utilizar el código seguro de verificación (art. 42), y el personal se identifica y firma mediante los sistemas del art. 43. Los sistemas de decisión automatizada deben respetar los principios de transparencia y no discriminación (art. 23 de la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación).

Las notificaciones electrónicas: práctica y rechazo (arts. 41 y 43 LPAC)

Se practican preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía (art. 41.1 Ley 39/2015). Las notificaciones por medios electrónicos se practican mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única (DEHú) o de ambos sistemas (art. 43.1). Se entienden practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido, y rechazadas cuando transcurran diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido; en ese caso se tiene por efectuado el trámite y se continúa el procedimiento (art. 43.2 y art. 41.5), salvo imposibilidad técnica o material. Las Administraciones envían un aviso al dispositivo o dirección de correo electrónico que el interesado haya comunicado, pero la falta de práctica de este aviso no impide que la notificación sea plenamente válida (art. 41.6). Cuando se notifica por distintos cauces, se toma como fecha la de la primera notificación correctamente practicada.

La Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHú)

Plataforma común del sector público estatal (la DEHú), gestionada por la Secretaría General de Administración Digital, a través de la cual se ponen a disposición del interesado las notificaciones y comunicaciones electrónicas de la Administración General del Estado y de las demás Administraciones y organismos que se adhieran a ella. Ofrece a la ciudadanía un punto de acceso único donde consultar todas sus notificaciones, sustituyendo a las anteriores direcciones electrónicas habilitadas, y su utilización está prevista en el art. 43 de la Ley 39/2015 y en el Real Decreto 203/2021.

Copias auténticas y compulsa electrónica de documentos (art. 27 LPAC)

Las copias, electrónicas o en papel, realizadas por las Administraciones Públicas de documentos originales (o copias auténticas de estos) tienen la misma validez y eficacia que el original si se garantiza la identidad del órgano que las realiza y su contenido, conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad y al Esquema Nacional de Seguridad (art. 27 Ley 39/2015), sin necesidad de cotejo, sustituyendo funcionalmente a la tradicional compulsa presencial en papel. Las copias en papel de documentos electrónicos incluyen un código seguro de verificación (CSV) o similar que permita contrastar su autenticidad mediante comparecencia en la sede electrónica. Los interesados pueden solicitar la expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos. La digitalización de documentos en papel presentados en las oficinas de asistencia en materia de registros se realiza mediante copia auténtica electrónica (art. 16.5).

El Esquema Nacional de Seguridad (ENS, RD 311/2022)

Regulado por el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, que sustituye al Real Decreto 3/2010, establece los principios básicos y requisitos mínimos de una política de seguridad en la utilización de medios electrónicos, garantizando la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad de la información y los servicios del sector público (art. 156.2 Ley 40/2015). Es aplicable al sector público y, con matices, a los sistemas de información de los proveedores que presten servicios a la Administración. Los sistemas se clasifican en categorías básica, media y alta, y exigen medidas proporcionales y la declaración o certificación de conformidad. El Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT) elabora las guías de seguridad. Se relaciona con la Directiva (UE) 2022/2555 (NIS2) sobre ciberseguridad.

El Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI, RD 4/2010)

Regulado por el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero (art. 156.1 Ley 40/2015), comprende el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad, en su triple dimensión organizativa (procesos y objetivos compartidos), semántica (interpretación unívoca de la información intercambiada) y técnica (interfaces, interconexión, integración de datos y servicios). Se desarrolla mediante las Normas Técnicas de Interoperabilidad (por ejemplo, de documento electrónico, expediente electrónico, copiado auténtico y conversión, y política de gestión de documentos electrónicos). Se vincula con el Reglamento (UE) 2024/903 (Ley de la Europa Interoperable).

Infraestructuras y servicios comunes del ENI

Las Administraciones deben utilizar las infraestructuras y servicios comunes de la AGE: la Red SARA (red de comunicaciones que interconecta las Administraciones), la Plataforma de Intermediación de Datos (que permite consultar datos de otras Administraciones sin exigir al ciudadano su aportación), la plataforma @firma (validación de firma y certificados), Cl@ve, el Directorio Común de unidades orgánicas y oficinas (DIR3), el Sistema de Información Administrativa (SIA, catálogo de procedimientos), la Oficina de Registro Virtual (ORVE) y el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe). Las aplicaciones desarrolladas por o para las Administraciones deben ponerse a disposición de cualquier otra que las solicite, sin contraprestación y sin necesidad de convenio (art. 157 Ley 40/2015), fomentando la reutilización y evitando duplicidad de gasto público. El Centro de Transferencia de Tecnología (art. 158) gestiona el directorio general de aplicaciones reutilizables.

Las oficinas integradas de atención al ciudadano y la Ventanilla Única Empresarial

Las Oficinas de asistencia en materia de registros permiten a la ciudadanía presentar documentación dirigida a cualquier Administración, asistir en el uso de medios electrónicos, digitalizar documentos y realizar copias auténticas (arts. 12 y 16 Ley 39/2015). La Ventanilla Única Empresarial (VUE) es un servicio interadministrativo, fruto de convenios entre AGE, CCAA, Cámaras de Comercio y corporaciones locales, que facilita a los emprendedores los trámites de creación de empresas, en línea con la Directiva de Servicios europea (Directiva 2006/123/CE) y con la Pasarela Digital Única europea (Reglamento (UE) 2018/1724, que garantiza el acceso en línea a trámites transfronterizos y el principio de «solo una vez»).

La Agenda Digital para España y España Digital

Marco estratégico impulsado sucesivamente desde la Agenda Digital para España (2013), la Agenda España Digital 2025 (2020) y su actualización España Digital 2026, orientado a impulsar el despliegue de la conectividad digital, la digitalización de las Administraciones Públicas, la economía digital y la transformación digital de las empresas, con especial atención a la reducción de la brecha digital territorial y generacional, y financiado en gran medida con cargo a fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como la modernización de las Administraciones Públicas, la conectividad, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y el plan de competencias digitales). Del conjunto se derivó el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025. Se alinea con la Década Digital Europea 2030 (Decisión (UE) 2022/2481), que fija objetivos para 2030 en competencias digitales, infraestructuras seguras, transformación digital de las empresas y digitalización de los servicios públicos (ejemplos: 100% de los servicios públicos clave en línea y acceso de todos los ciudadanos a su historial médico electrónico).

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública

Departamento ministerial responsable de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de transformación digital de la economía y la Administración, telecomunicaciones y sociedad de la información, inteligencia artificial, así como de la política de función pública, integrando así el impulso de la modernización administrativa con la gestión de los recursos humanos del sector público estatal. La Secretaría General de Administración Digital (SGAD) es el órgano directivo que impulsa la administración electrónica de la AGE, gestiona las infraestructuras comunes y coordina la política de seguridad y de interoperabilidad. La denominación actual del Ministerio es posterior a la reestructuración de departamentos de noviembre de 2023 y está sujeta a eventuales reorganizaciones ministeriales.

La calidad de los servicios públicos: marco general

El impulso de la calidad en la AGE se articula a través del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la AGE, que prevé programas como el análisis de la demanda y la evaluación de la satisfacción de los usuarios, las Cartas de Servicios, el sistema de quejas y sugerencias, la evaluación de la calidad de las organizaciones, los premios y el reconocimiento de buenas prácticas, y el Observatorio de la Calidad de los Servicios Públicos. Se apoya en modelos de excelencia (como el modelo EFQM adaptado al sector público y el modelo EVAM). La Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, refuerza la evaluación de las políticas públicas y crea la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas.

Las Cartas de Servicios

Documentos escritos a través de los cuales los órganos, organismos y entidades de la AGE informan a los ciudadanos sobre los servicios que tienen encomendados, los derechos que les asisten en relación con aquellos y los compromisos de calidad en su prestación (plazos, accesibilidad), junto con los indicadores para verificar su cumplimiento y las medidas de subsanación en caso de incumplimiento. Su contenido y régimen se regulan en el Real Decreto 951/2005, y son objeto de seguimiento y evaluación periódica, con publicidad en las sedes electrónicas.

La atención al ciudadano como principio de la calidad de los servicios públicos

Integra la simplificación administrativa, la reducción de cargas, la multicanalidad (atención presencial, telefónica y electrónica), la accesibilidad universal para personas con discapacidad (Real Decreto 1112/2018, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público) y la transparencia en la información sobre trámites y plazos, principios recogidos tanto en la normativa de procedimiento administrativo común (derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones, art. 13 Ley 39/2015, y derechos de los interesados en el procedimiento, art. 53) como en las estrategias específicas de modernización de la AGE. El derecho de acceso a la información pública se regula en la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Los principios de buena regulación (art. 129 LPAC)

En el ejercicio de la iniciativa legislativa y de la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas deben actuar de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia (art. 129 Ley 39/2015). La iniciativa debe estar justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución (necesidad y eficacia); contener la regulación imprescindible, tras constatar que no existen medidas menos restrictivas de derechos (proporcionalidad); evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar la gestión de los recursos públicos (eficiencia). El Tribunal Constitucional (STC 55/2018) declaró que varios de los preceptos del Título VI de la Ley 39/2015 (en particular los arts. 132 y 133 y parte del art. 129) solo son aplicables a la Administración General del Estado, y no a las Comunidades Autónomas en el ejercicio de su potestad normativa.

El principio de seguridad jurídica y transparencia en la elaboración normativa

La iniciativa normativa debe ejercerse de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, generando un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certeza, que facilite su conocimiento y comprensión (seguridad jurídica); y debe garantizar la participación de los ciudadanos, mediante consulta pública previa y trámite de audiencia e información pública, definiendo claramente los objetivos de las iniciativas normativas y su justificación en el preámbulo o exposición de motivos, y posibilitando el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y a los documentos propios de su proceso de elaboración (transparencia, art. 129.5 y 6).

La Mejora Regulatoria: concepto y objetivos

Conjunto de políticas dirigidas a garantizar que la regulación existente y la nueva regulación se diseñan y aplican conforme a los principios de buena regulación, reduciendo las cargas administrativas innecesarias sobre ciudadanos y empresas, mejorando la calidad técnica de las normas y sometiendo la producción normativa a un análisis sistemático de sus efectos antes de su aprobación (y a su evaluación posterior). Se inspira en las recomendaciones de la OCDE y en la agenda de «Legislar mejor» de la Unión Europea, y se concreta en el procedimiento de elaboración de normas del art. 26 de la Ley 50/1997, del Gobierno, y en la Ley 20/2013, de garantía de la unidad de mercado.

La Memoria del Análisis de Impacto Normativo (MAIN)

Documento preceptivo que debe acompañar a todo anteproyecto de ley y proyecto de real decreto legislativo o de reglamento, conforme al art. 26.3 de la Ley 50/1997 del Gobierno y al Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, que regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo. Su contenido (art. 2) comprende: la oportunidad de la propuesta (motivación, objetivos y alternativas de regulación); el contenido y análisis jurídico (con tabla de vigencias y derogaciones); el análisis sobre la adecuación de la norma al orden de distribución de competencias; el impacto económico y presupuestario (incluida la detección y medición de las cargas administrativas y el impacto en la competencia, la unidad de mercado y la competitividad); el impacto por razón de género; y otros impactos, como el impacto en la infancia y la adolescencia, en la familia, en las personas con discapacidad y en la igualdad de oportunidades, y el impacto medioambiental. Cuando no se prevean impactos apreciables o por razones de urgencia puede elaborarse una memoria abreviada (art. 3). La Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, del Ministerio de la Presidencia, informa sobre la calidad técnica y la MAIN antes de su elevación al Consejo de Ministros.

La consulta pública previa y la evaluación normativa ex post

Con carácter previo a la elaboración de un anteproyecto de ley o reglamento, debe sustanciarse una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente, en la que se recabe la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de los problemas que se pretenden solucionar, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias (art. 133.1 Ley 39/2015 y art. 26.2 Ley 50/1997). Puede prescindirse de este trámite en normas presupuestarias, organizativas, que no tengan un impacto significativo en la actividad económica o que regulen aspectos parciales de una materia, y cuando concurran razones graves de interés público. Tras la elaboración del texto se somete a audiencia e información pública. Las Administraciones deben además revisar periódicamente su normativa vigente para adaptarla a los principios de buena regulación (evaluación normativa ex post, art. 130 Ley 39/2015) y elaborar un informe anual de evaluación normativa, tarea que se realiza en el seno de la Junta de Planificación y Evaluación Normativa.

El Plan Anual Normativo (art. 132 LPAC)

Anualmente, el Gobierno aprueba el Plan Anual Normativo, que contiene las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente (art. 132 Ley 39/2015 y art. 25 Ley 50/1997). Se aprueba por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de la Presidencia (hoy, de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes) y se hace público en el Portal de la Transparencia. Las iniciativas que no figuren en el Plan solo pueden tramitarse con justificación en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo. Un año después, el Informe Anual de Evaluación Normativa analiza el grado de cumplimiento del Plan y los resultados de la aplicación de las normas evaluadas. La Junta de Planificación y Evaluación Normativa coordina estas tareas (Real Decreto 286/2017).

La simplificación administrativa y la reducción de cargas

Conjunto de medidas orientadas a reducir el tiempo y coste que soportan ciudadanos y empresas en su relación con la Administración: eliminación de trámites redundantes, sustitución de autorizaciones previas por declaraciones responsables o comunicaciones cuando lo permita la normativa sectorial (art. 69 Ley 39/2015), interoperabilidad de datos entre Administraciones para evitar aportar documentación ya obrante en poder de la Administración (derecho a no aportar documentos ya presentados, art. 28 Ley 39/2015) y ventanilla única, principios reforzados por la transposición de la Directiva de Servicios. Antecedentes: la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA, 2012-2013), que propuso más de doscientas medidas de racionalización.

Registros electrónicos, archivo electrónico único y apoderamientos

Cada Administración dispone de un registro electrónico general, interoperable con el resto (art. 16 Ley 39/2015), que permite presentar documentos todos los días del año durante las 24 horas, con efectos en el cómputo de plazos (los días inhábiles se entienden a efectos del primer día hábil siguiente). Las Administraciones deben mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos correspondientes a procedimientos finalizados (art. 17), y los expedientes se formarán electrónicamente (art. 70). El Registro Electrónico de Apoderamientos (art. 6) permite a las personas otorgar apoderamientos generales, especiales o para trámites concretos para actuar en su nombre ante las Administraciones, existiendo registros de la AGE, autonómicos y locales que son interoperables entre sí.

Antecedentes y evolución de la modernización de la Administración

La modernización de la AGE ha pasado por etapas sucesivas: la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (derogada por las Leyes 39/2015 y 40/2015, que consolidaron la administración electrónica como cauce ordinario), los planes Moderniza y Avanza, la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA, 2013), la Estrategia TIC y el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025. Los últimos años han sido de aceleración por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En la Unión Europea, la Ley de la Europa Interoperable (Reglamento (UE) 2024/903) y la Década Digital refuerzan la interoperabilidad y la prestación transfronteriza de servicios públicos digitales.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Las personas jurídicas están obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración (art. 14 Ley 39/2015); las personas físicas pueden elegir, salvo obligación legal específica.
  • El Análisis de Impacto Normativo (RD 931/2017) exige valorar los principios de buena regulación del art. 129 Ley 39/2015 y evaluar impactos económico, de género, en la infancia y en accesibilidad, entre otros.
  • La Agenda España Digital (2025, actualizada como España Digital 2026) se alinea con la Década Digital Europea 2030, priorizando conectividad, competencias digitales y transformación digital del sector público.
  • La Administración electrónica se rige por los principios de neutralidad tecnológica, adaptabilidad, accesibilidad, facilidad de uso, interoperabilidad y proporcionalidad (art. 3 RD 203/2021); el art. 3.2 Ley 40/2015 impone relaciones electrónicas interoperables y seguras. El derecho a comunicarse a través del Punto de acceso general electrónico se recoge en el art. 13.a Ley 39/2015.
  • La Ley 39/2015 regula la vertiente 'ad extra' (relaciones con ciudadanos, el medio electrónico como cauce ordinario) y la Ley 40/2015 la 'ad intra' (sede electrónica, actuación automatizada, firma electrónica del personal).
  • Obligados a relacionarse electrónicamente (art. 14 LPAC): personas jurídicas, entidades sin personalidad, profesionales de colegiación obligatoria, representantes de un obligado y empleados públicos por razón de su condición.
  • La sede electrónica debe garantizar identidad del titular, integridad/veracidad/actualización de la información y disponibilidad 24h/365 días salvo interrupciones técnicas anunciadas.
  • El Punto de Acceso General de la AGE (administracion.gob.es) unifica el acceso al registro electrónico, la carpeta ciudadana y la DEHú, evitando la dispersión de sedes electrónicas por Ministerio.
  • Sistemas de identificación (art. 9 LPAC): certificados electrónicos cualificados, sistemas de clave concertada (Cl@ve) y otros válidos conforme al Reglamento europeo eIDAS.
  • Cl@ve es el sistema común de identificación, autenticación y firma (Cl@ve Permanente, Cl@ve Móvil y modalidades temporales, junto con certificados electrónicos y DNIe); se adaptará a la Cartera Europea de Identidad Digital (Reglamento (UE) 2024/1183).
  • La actuación administrativa automatizada (art. 41 LRJSP) exige publicar previamente en sede electrónica el órgano competente de las especificaciones y el órgano responsable a efectos de impugnación.
  • Las notificaciones electrónicas se practican preferentemente por medios electrónicos, se entienden producidas al acceder al contenido, y rechazadas a los 10 días naturales sin acceder, salvo imposibilidad técnica acreditada.
  • La DEHú es la plataforma común donde las Administraciones adheridas ponen a disposición las notificaciones y comunicaciones electrónicas de los interesados; se gestiona por la Secretaría General de Administración Digital.
  • Las copias electrónicas o en papel de documentos originales (art. 27 LPAC) tienen la misma validez que el original si se garantiza identidad y contenido conforme al ENI, sin necesidad de cotejo presencial.
  • El ENS (RD 311/2022) garantiza confidencialidad, integridad y disponibilidad; el ENI (RD 4/2010) garantiza interoperabilidad organizativa, semántica y técnica.
  • Infraestructuras y servicios comunes de la AGE (Red SARA, Plataforma de Intermediación de Datos, @firma, Cl@ve) deben ponerse a disposición de otras Administraciones sin contraprestación, fomentando la reutilización.
  • Las Oficinas de asistencia en materia de registros permiten presentar documentación dirigida a cualquier Administración y asistir en el uso de medios electrónicos; la Ventanilla Única Empresarial facilita trámites de creación de empresas.
  • Los principios de buena regulación (art. 129 LPAC): necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia en el ejercicio de la iniciativa normativa.
  • La Memoria del Análisis de Impacto Normativo (MAIN, RD 931/2017) es preceptiva en todo anteproyecto/proyecto de reglamento: oportunidad, análisis jurídico, competencial, económico-presupuestario, de género y de infancia/adolescencia.
  • El Plan Anual Normativo (art. 132 Ley 39/2015 y art. 25 Ley 50/1997) lo aprueba el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de la Presidencia; el Informe Anual de Evaluación Normativa mide su cumplimiento.
  • Los obligados del art. 14.2 Ley 39/2015 deben relacionarse electrónicamente en todos los trámites con las Administraciones; los empleados públicos solo respecto de los trámites que realicen por razón de su condición.
  • En las actuaciones electrónicas solo se exige identificación; la firma se exige para solicitudes, declaraciones responsables, recursos, desistimiento y renuncia (art. 11.2 Ley 39/2015).
  • Notificación electrónica: rechazada a los 10 días naturales sin acceso (art. 43.2); el aviso de puesta a disposición no es requisito de validez (art. 41.6).
  • ENS: Real Decreto 311/2022 (categorías básica, media y alta). ENI: Real Decreto 4/2010 (dimensiones organizativa, semántica y técnica). Ambos previstos en el art. 156 Ley 40/2015.
  • Reutilización de aplicaciones sin contraprestación y sin convenio (art. 157 Ley 40/2015); Centro de Transferencia de Tecnología (art. 158).
  • Calidad: Real Decreto 951/2005 (Cartas de Servicios, quejas y sugerencias, evaluación de la satisfacción). Evaluación de políticas públicas: Ley 27/2022.
  • La consulta pública previa puede omitirse en normas presupuestarias u organizativas, sin impacto significativo en la actividad económica, que regulen aspectos parciales de una materia o por razones graves de interés público (art. 133.4 Ley 39/2015).
  • STC 55/2018: algunos preceptos del Título VI de la Ley 39/2015 (arts. 132 y 133, y parte del 129) no son aplicables a las Comunidades Autónomas.
  • La MAIN se regula por el art. 26.3 de la Ley 50/1997 y el Real Decreto 931/2017; admite una versión abreviada (art. 3); la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa informa sobre ella.
  • La Ley 11/2007 fue derogada por las Leyes 39/2015 y 40/2015; la efectividad plena de registro electrónico, archivo electrónico único y punto de acceso general se alcanzó el 2 de octubre de 2020.
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Pregunta 1 de 120 aciertos

¿Qué norma institucionaliza la evaluación de las políticas públicas en la Administración General del Estado?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 1 de Gestión AGE?

La modernización de la Administración General del Estado se articula en torno a la Administración electrónica, regulada por las Leyes 39/2015 y 40/2015 y el Real Decreto 203/2021, que consagran el derecho de la ciudadanía a relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones y su obligatoriedad para determinados sujetos. Se completa con las infraestructuras y esquemas comunes (Esquema Nacional de Seguridad e Interoperabilidad, Cl@ve, Red SARA, DEHú), con la Agenda Digital para España (hoy España Digital 2026) y con la Década Digital europea, con las políticas de calidad de los servicios públicos y atención al ciudadano (Real Decreto 951/2005) y con la mejora regulatoria y el análisis de impacto normativo (Ley 50/1997, Real Decreto 931/2017) como instrumentos para una producción normativa más eficiente y transparente.

¿Qué hay que memorizar del Tema 1 para el examen?

Las personas jurídicas están obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración (art. 14 Ley 39/2015); las personas físicas pueden elegir, salvo obligación legal específica. El Análisis de Impacto Normativo (RD 931/2017) exige valorar los principios de buena regulación del art. 129 Ley 39/2015 y evaluar impactos económico, de género, en la infancia y en accesibilidad, entre otros. La Agenda España Digital (2025, actualizada como España Digital 2026) se alinea con la Década Digital Europea 2030, priorizando conectividad, competencias digitales y transformación digital del sector público. La Administración electrónica se rige por los principios de neutralidad tecnológica, adaptabilidad, accesibilidad, facilidad de uso, interoperabilidad y proporcionalidad (art. 3 RD 203/2021); el art. 3.2 Ley 40/2015 impone relaciones electrónicas interoperables y seguras. El derecho a comunicarse a través del Punto de acceso general electrónico se recoge en el art. 13.a Ley 39/2015. La Ley 39/2015 regula la vertiente 'ad extra' (relaciones con ciudadanos, el medio electrónico como cauce ordinario) y la Ley 40/2015 la 'ad intra' (sede electrónica, actuación automatizada, firma electrónica del personal). Obligados a relacionarse electrónicamente (art. 14 LPAC): personas jurídicas, entidades sin personalidad, profesionales de colegiación obligatoria, representantes de un obligado y empleados públicos por razón de su condición. La sede electrónica debe garantizar identidad del titular, integridad/veracidad/actualización de la información y disponibilidad 24h/365 días salvo interrupciones técnicas anunciadas. El Punto de Acceso General de la AGE (administracion.gob.es) unifica el acceso al registro electrónico, la carpeta ciudadana y la DEHú, evitando la dispersión de sedes electrónicas por Ministerio. Sistemas de identificación (art. 9 LPAC): certificados electrónicos cualificados, sistemas de clave concertada (Cl@ve) y otros válidos conforme al Reglamento europeo eIDAS. Cl@ve es el sistema común de identificación, autenticación y firma (Cl@ve Permanente, Cl@ve Móvil y modalidades temporales, junto con certificados electrónicos y DNIe); se adaptará a la Cartera Europea de Identidad Digital (Reglamento (UE) 2024/1183). La actuación administrativa automatizada (art. 41 LRJSP) exige publicar previamente en sede electrónica el órgano competente de las especificaciones y el órgano responsable a efectos de impugnación. Las notificaciones electrónicas se practican preferentemente por medios electrónicos, se entienden producidas al acceder al contenido, y rechazadas a los 10 días naturales sin acceder, salvo imposibilidad técnica acreditada. La DEHú es la plataforma común donde las Administraciones adheridas ponen a disposición las notificaciones y comunicaciones electrónicas de los interesados; se gestiona por la Secretaría General de Administración Digital. Las copias electrónicas o en papel de documentos originales (art. 27 LPAC) tienen la misma validez que el original si se garantiza identidad y contenido conforme al ENI, sin necesidad de cotejo presencial. El ENS (RD 311/2022) garantiza confidencialidad, integridad y disponibilidad; el ENI (RD 4/2010) garantiza interoperabilidad organizativa, semántica y técnica. Infraestructuras y servicios comunes de la AGE (Red SARA, Plataforma de Intermediación de Datos, @firma, Cl@ve) deben ponerse a disposición de otras Administraciones sin contraprestación, fomentando la reutilización. Las Oficinas de asistencia en materia de registros permiten presentar documentación dirigida a cualquier Administración y asistir en el uso de medios electrónicos; la Ventanilla Única Empresarial facilita trámites de creación de empresas. Los principios de buena regulación (art. 129 LPAC): necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia en el ejercicio de la iniciativa normativa. La Memoria del Análisis de Impacto Normativo (MAIN, RD 931/2017) es preceptiva en todo anteproyecto/proyecto de reglamento: oportunidad, análisis jurídico, competencial, económico-presupuestario, de género y de infancia/adolescencia. El Plan Anual Normativo (art. 132 Ley 39/2015 y art. 25 Ley 50/1997) lo aprueba el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de la Presidencia; el Informe Anual de Evaluación Normativa mide su cumplimiento. Los obligados del art. 14.2 Ley 39/2015 deben relacionarse electrónicamente en todos los trámites con las Administraciones; los empleados públicos solo respecto de los trámites que realicen por razón de su condición. En las actuaciones electrónicas solo se exige identificación; la firma se exige para solicitudes, declaraciones responsables, recursos, desistimiento y renuncia (art. 11.2 Ley 39/2015). Notificación electrónica: rechazada a los 10 días naturales sin acceso (art. 43.2); el aviso de puesta a disposición no es requisito de validez (art. 41.6). ENS: Real Decreto 311/2022 (categorías básica, media y alta). ENI: Real Decreto 4/2010 (dimensiones organizativa, semántica y técnica). Ambos previstos en el art. 156 Ley 40/2015. Reutilización de aplicaciones sin contraprestación y sin convenio (art. 157 Ley 40/2015); Centro de Transferencia de Tecnología (art. 158). Calidad: Real Decreto 951/2005 (Cartas de Servicios, quejas y sugerencias, evaluación de la satisfacción). Evaluación de políticas públicas: Ley 27/2022. La consulta pública previa puede omitirse en normas presupuestarias u organizativas, sin impacto significativo en la actividad económica, que regulen aspectos parciales de una materia o por razones graves de interés público (art. 133.4 Ley 39/2015). STC 55/2018: algunos preceptos del Título VI de la Ley 39/2015 (arts. 132 y 133, y parte del 129) no son aplicables a las Comunidades Autónomas. La MAIN se regula por el art. 26.3 de la Ley 50/1997 y el Real Decreto 931/2017; admite una versión abreviada (art. 3); la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa informa sobre ella. La Ley 11/2007 fue derogada por las Leyes 39/2015 y 40/2015; la efectividad plena de registro electrónico, archivo electrónico único y punto de acceso general se alcanzó el 2 de octubre de 2020.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, arts. 6, 9-17, 27, 28, 41-43, 69, 70 y 129-133.
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, arts. 3, 38-46 y 156-158.
  • Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
  • Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad; Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.
  • Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado; Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado.
  • Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, arts. 25 y 26; Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo; Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo (Plan Anual Normativo e Informe Anual de Evaluación Normativa).
  • Reglamento (UE) nº 910/2014 (eIDAS) y Reglamento (UE) 2024/1183; Reglamento (UE) 2018/1724 (Pasarela Digital Única); Reglamento (UE) 2024/903 (Europa Interoperable); Decisión (UE) 2022/2481 (Década Digital 2030).
  • Sentencia del Tribunal Constitucional 55/2018, de 24 de mayo.

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