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Tema 10. Otras políticas públicas. El sistema sanitario: distribución de competencias, gestión y financiación. Política exterior y de cooperación al desarrollo. Régimen de telecomunicaciones y desarrollo de la sociedad de la información. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre · Índice oficial del BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262).

Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (A2), 1.356 plazas convocadas. La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo VIII) con un temario distinto, no cubierto aquí. Numeración tal y como la publica el BOE: cada bloque reinicia su propia numeración de temas (Bloque I: 1-11, Bloque II: 1-6, etc.), no es una secuencia continua 1-58.

El bloque de otras políticas públicas reúne materias tan diversas como el sistema sanitario y la distribución de competencias en salud, la política exterior y de cooperación al desarrollo, el régimen de las telecomunicaciones y el desarrollo de la sociedad de la información, y la Agenda 2030 con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible como marco global que orienta transversalmente las políticas públicas españolas.

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El derecho a la protección de la salud (art. 43 CE)

Se reconoce el derecho a la protección de la salud, correspondiendo a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios; la ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte, así como la adecuada utilización del ocio, principio rector que fundamenta la Ley 14/1986, General de Sanidad.

El Sistema Nacional de Salud: configuración general

La Ley 14/1986, General de Sanidad, y la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, configuran un sistema sanitario de cobertura universal, financiado mayoritariamente con impuestos (no con cotizaciones sociales, a diferencia de las prestaciones de la Seguridad Social), organizado territorialmente en Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas, integrados y coordinados por el Sistema Nacional de Salud.

La distribución de competencias en materia sanitaria (art. 149.1.16ª CE)

Corresponde al Estado la competencia exclusiva sobre sanidad exterior, bases y coordinación general de la sanidad, y legislación sobre productos farmacéuticos; las Comunidades Autónomas, por su parte, han asumido en sus Estatutos de Autonomía la competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de sanidad e higiene (art. 148.1.21ª CE), lo que ha dado lugar a un sistema sanitario fuertemente descentralizado tras la culminación, en 2002, del proceso de transferencias sanitarias a todas las Comunidades Autónomas.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud

Órgano permanente de coordinación, cooperación, comunicación e información de los servicios de salud entre ellos y con la Administración del Estado (arts. 69 y ss. Ley 16/2003). Está integrado por el Ministro de Sanidad, que lo preside, y los Consejeros competentes en materia de sanidad de las Comunidades Autónomas (y el INGESA, por Ceuta y Melilla, como organismo estatal). Su finalidad esencial es promover la cohesión del Sistema Nacional de Salud y garantizar la equidad y la calidad de los servicios en todo el territorio. Adopta sus decisiones mediante acuerdos que se plasman en recomendaciones, y cuenta con comisiones y grupos de trabajo (Comisión de Salud Pública, Comisión de Recursos Humanos, etc.). Informa la cartera de servicios del SNS, que se aprueba por el Gobierno mediante Real Decreto.

La cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud

La cartera de servicios del SNS es el conjunto de técnicas, tecnologías o procedimientos mediante los que se hacen efectivas las prestaciones sanitarias (arts. 8 bis y ss. Ley 16/2003, tras el RDL 16/2012). Se estructura en: cartera común básica (servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en centros sanitarios o sociosanitarios, urgencias y transporte sanitario urgente; cubierta completamente por financiación pública); cartera común suplementaria (prestación farmacéutica, ortoprotésica, productos dietéticos y transporte sanitario no urgente, sujetas a aportación del usuario); y cartera común de servicios accesorios (los no esenciales, también sujetos a aportación o reembolso). Las Comunidades Autónomas pueden aprobar carteras complementarias en su ámbito, financiadas con sus recursos propios. La cartera común se aprueba por Real Decreto (hoy, el Real Decreto 1030/2006).

La financiación del Sistema Nacional de Salud

La sanidad se financia con impuestos y se integra, desde la reforma de 2001-2002, en el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común, regulado en la actualidad por la Ley 22/2009, de 18 de diciembre. No existe una financiación sanitaria finalista separada (la asignación a sanidad forma parte de los recursos generales que cada Comunidad destina libremente), aunque la Ley 22/2009 articula el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales), el Fondo de Suficiencia Global y los Fondos de Convergencia. Los regímenes de Navarra y País Vasco se financian por el sistema de Convenio y Concierto, respectivamente. El Estado financia el INGESA (Ceuta y Melilla) y los regímenes especiales de mutualidades de funcionarios. El modelo de financiación autonómica se halla en proceso de reforma (estado a contrastar).

La política exterior española: fundamento y órganos

La dirección de la política exterior corresponde constitucionalmente al Gobierno (art. 97 CE), ejercida a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que coordina la acción exterior del Estado, incluida la de las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias con proyección exterior, en aplicación de la Ley 2/2014, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado.

La Ley 2/2014, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado

Define la acción exterior del Estado como el conjunto de políticas, actuaciones e instrumentos que el Estado y otros sujetos dotados de proyección exterior despliegan en el exterior, definidos y dirigidos por el Gobierno, para la consecución de los objetivos e intereses generales de España en el exterior, articulando el Servicio Exterior del Estado y la coordinación de la acción exterior de todos los actores públicos, incluidas las Comunidades Autónomas.

La cooperación española al desarrollo: marco general

La Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, sustituyó a la Ley 23/1998, de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Orienta la política de cooperación a la erradicación de la pobreza, la reducción de las desigualdades, la defensa de los derechos humanos y la sostenibilidad, en el marco de la Agenda 2030 y con el principio de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. Articula el Sistema de la Cooperación Española, integrado por la AGE, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, las universidades, las organizaciones no gubernamentales y otros actores, y se instrumenta mediante la ayuda oficial al desarrollo (AOD), la cooperación técnica, la ayuda humanitaria, la educación para el desarrollo y la cooperación financiera (Fondo para la Promoción del Desarrollo, FONPRODE, Ley 36/2010), ordenados por planes directores y por el seguimiento de un informe anual. La Ley 25/2014 no regula la cooperación: es la Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

Agencia estatal (Ley 28/2006, de Agencias estatales) adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, es el principal órgano de gestión de la cooperación española para el desarrollo, con presencia en numerosos países a través de Oficinas Técnicas de Cooperación, Centros Culturales y Centros de Formación; se encarga de la planificación, ejecución y gestión de proyectos y programas de cooperación al desarrollo y de ayuda humanitaria. Debe distinguirse de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (órgano directivo del Ministerio) y de la Comisión Interministerial de Cooperación.

El régimen de las telecomunicaciones en España

La Ley General de Telecomunicaciones (actualmente Ley 11/2022) establece el régimen jurídico aplicable a la explotación de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, garantizando el acceso a estos servicios en condiciones de competencia efectiva y de neutralidad tecnológica, correspondiendo al Estado, en virtud del art. 149.1.21ª CE, la competencia exclusiva sobre telecomunicaciones.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en telecomunicaciones

Organismo regulador independiente que, entre sus competencias sobre distintos mercados regulados, supervisa y controla el correcto funcionamiento del mercado de las comunicaciones electrónicas y audiovisuales, resuelve conflictos entre operadores y garantiza el acceso a las redes en condiciones de competencia efectiva, sucediendo a la antigua Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones tras la fusión de reguladores de 2013.

El servicio universal de telecomunicaciones

Conjunto definido de servicios de comunicaciones electrónicas cuya prestación se garantiza para todos los usuarios finales con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y a un precio asequible, comprendiendo con carácter general el acceso a internet de banda ancha suficiente y las llamadas de voz, financiado mediante un mecanismo de compensación entre operadores cuando su prestación resulte deficitaria.

El desarrollo de la sociedad de la información

Conjunto de políticas orientadas a fomentar la incorporación de las tecnologías digitales al conjunto de la actividad económica y social, con especial atención a la reducción de la brecha digital (territorial, generacional y de género), la alfabetización digital de la ciudadanía y la promoción del comercio electrónico, articuladas normativamente a través de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE).

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015 (Resolución A/RES/70/1) y articula 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas, de aplicación universal, que integran de forma equilibrada las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental, bajo el lema de «no dejar a nadie atrás». Los ODS abarcan ámbitos como el fin de la pobreza (ODS 1), la igualdad de género (ODS 5), el trabajo decente y el crecimiento económico (ODS 8), la reducción de las desigualdades (ODS 10), la acción por el clima (ODS 13) y las instituciones sólidas (ODS 16), entre otros.

La implementación de la Agenda 2030 en España

España aprobó el Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030 (2018) y, con posterioridad, la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 (aprobada por el Consejo de Ministros en junio de 2021), que define ocho Retos País y políticas aceleradoras. El seguimiento se realiza mediante informes de progreso presentados anualmente a las Cortes Generales y los Informes Nacionales Voluntarios presentados ante el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas. La coordinación institucional corresponde a la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 (que sustituyó en 2020 al Alto Comisionado para la Agenda 2030, existente entre 2018 y 2020), dependiente del Ministerio competente en derechos sociales, junto con el Consejo de Desarrollo Sostenible (órgano consultivo de participación de la sociedad civil) y la Conferencia Sectorial de la Agenda 2030, con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, que han desarrollado sus propias estrategias de localización de los ODS.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Fin de la pobreza (1), hambre cero (2), salud y bienestar (3), educación de calidad (4), igualdad de género (5), agua limpia y saneamiento (6), energía asequible y no contaminante (7), trabajo decente y crecimiento económico (8), industria innovación e infraestructura (9), reducción de las desigualdades (10), ciudades y comunidades sostenibles (11), producción y consumo responsables (12), acción por el clima (13), vida submarina (14), vida de ecosistemas terrestres (15), paz justicia e instituciones sólidas (16) y alianzas para lograr los objetivos (17).

Las 169 metas y los indicadores de seguimiento de la Agenda 2030

Los 17 ODS se despliegan en 169 metas concretas, con un marco de indicadores globales aprobado por la Comisión de Estadística de la ONU para su seguimiento cuantitativo. Cada país adapta este marco a su contexto nacional, correspondiendo en España al Instituto Nacional de Estadística (INE) la elaboración del sistema de indicadores de seguimiento nacional.

Los principios transversales de la Agenda 2030

Universalidad (aplicable a todos los países, desarrollados y en desarrollo), integralidad (las tres dimensiones del desarrollo sostenible se abordan de forma interconectada), y el principio de «no dejar a nadie atrás» (leave no one behind), que exige priorizar la atención a los colectivos más vulnerables y reducir las desigualdades dentro y entre países.

La gobernanza institucional de la Agenda 2030 en España

La gobernanza española articula varios niveles: un Grupo de Alto Nivel para la Agenda 2030 (creado en 2017, de coordinación interministerial), la Comisión Delegada del Gobierno para la Agenda 2030 (creada en 2020), la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 como órgano ejecutivo, la Conferencia Sectorial para la Agenda 2030 como cauce de cooperación con las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, y el Consejo de Desarrollo Sostenible como órgano consultivo de la sociedad civil. En sede parlamentaria existe la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La denominación y composición de estos órganos puede variar con las reorganizaciones ministeriales (a contrastar con el Real Decreto de estructura vigente).

El seguimiento internacional y parlamentario de la Agenda 2030

España presenta ante el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (órgano que, bajo los auspicios del ECOSOC y de la Asamblea General, supervisa la Agenda 2030) Informes Nacionales Voluntarios que dan cuenta del grado de implementación de los ODS. En las Cortes Generales, la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los ODS examina el informe anual de progreso del Gobierno y realiza comparecencias y seguimiento. El INE ofrece la plataforma de indicadores de la Agenda 2030 con la que se hace el seguimiento estadístico nacional.

Las leyes básicas de la sanidad: ordenación del sistema

Junto a la Ley 14/1986, General de Sanidad, y la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del SNS, forman el bloque normativo básico: Ley 41/2002 (autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica), Ley 44/2003 (ordenación de las profesiones sanitarias), Ley 33/2011, General de Salud Pública, el Texto Refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (RDL 1/2015), el Real Decreto-ley 16/2012 (medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS, con reformas del concepto de asegurado y de la cartera de servicios), el Real Decreto-ley 7/2018 (acceso universal al SNS) y la Ley Orgánica 3/1986, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que habilita a las autoridades sanitarias a adoptar medidas de control. La Ley 2/2021 (medidas urgentes para hacer frente a la crisis sanitaria del COVID-19) se dictó en ese contexto.

Estructura territorial y organizativa del SNS

La Ley 14/1986 organiza los servicios de salud en Áreas de Salud (demarcación territorial bajo la responsabilidad de cada Comunidad Autónoma) y Zonas Básicas de Salud (ámbito de la atención primaria). Los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas gestionan la asistencia sanitaria pública, con niveles de atención primaria y especializada. El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) gestiona la asistencia sanitaria en Ceuta y Melilla. La Administración General del Estado conserva la sanidad exterior, la coordinación general, la Alta Inspección, la política del medicamento y los productos sanitarios (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, agencia estatal), y la investigación biomédica (Instituto de Salud Carlos III). La asistencia sanitaria de los funcionarios civiles del Estado se presta a través de las mutualidades (MUFACE, ISFAS y MUGEJU), mediante conciertos con entidades de seguro o con los servicios públicos de salud.

Principios y derechos del sistema sanitario

La Ley 14/1986 declara que la asistencia sanitaria pública se extiende a toda la población, y desde el RDL 7/2018 el acceso a las prestaciones se vincula a la condición de residente, sin distinción por la situación administrativa. Entre los principios del SNS destacan: financiación pública, universalidad y gratuidad en el momento del uso, equidad, descentralización, integración de las estructuras de salud, participación de los ciudadanos y calidad. La Ley 16/2003 ordena el marco de coordinación y cooperación de las Administraciones públicas para garantizar la equidad, la calidad y la participación, y prevé instrumentos de cohesión como el Plan de Calidad, el Fondo de cohesión sanitaria y el sistema de información sanitaria.

La política exterior: sujetos y reparto competencial

La política exterior del Estado se funda en el art. 97 CE (dirección de la política interior y exterior por el Gobierno), en el art. 149.1.3ª CE (competencia exclusiva del Estado en relaciones internacionales) y en los arts. 63 y 93 a 96 CE (representación del Estado por el Rey, acreditación de embajadores, celebración y eficacia de tratados). Las Comunidades Autónomas no pueden celebrar tratados, pero pueden desarrollar acción exterior en el marco de sus competencias, con sujeción a los principios de unidad de acción en el exterior, lealtad institucional y coordinación (Ley 2/2014). La Ley 25/2014, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, regula la celebración y eficacia de los tratados. Los instrumentos de planificación son la Estrategia de Acción Exterior y el informe anual de acción exterior.

El Servicio Exterior del Estado

El Servicio Exterior del Estado (Ley 2/2014) está integrado por las Misiones Diplomáticas Permanentes (Embajadas), las Representaciones Permanentes ante organizaciones internacionales (por ejemplo, ante la UE y la ONU), las Oficinas Consulares, las Misiones Especiales y las Delegaciones de determinadas oficinas sectoriales en el exterior (consejerías de Interior, Defensa, Economía, etc.). El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación coordina la acción exterior y la jefatura de la Misión corresponde al Embajador, que representa al Estado y dirige la actuación de todos los órganos y unidades en su ámbito.

El régimen de telecomunicaciones: competencias, autoridades y espectro

El Estado tiene competencia exclusiva sobre telecomunicaciones (149.1.21ª CE) y sobre las bases del régimen de prensa, radio y televisión y medios de comunicación social en general (149.1.27ª). La Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, derogó la Ley 9/2014, y transpone el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (Directiva (UE) 2018/1972). Establece el régimen de autorización general (basta con notificar el inicio de actividad al registro de operadores), regula el dominio público radioeléctrico (gestionado por el Estado y ordenado por el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias), la interconexión y el acceso, los derechos de los usuarios finales, el servicio universal, la seguridad de las redes y servicios (incluidas las redes 5G) y el régimen sancionador. El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública (a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales) ejerce las competencias de ordenación y política del sector, y la CNMC las de regulación y supervisión de los mercados.

La CNMC: naturaleza y relaciones

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se creó por la Ley 3/2013, de 4 de junio, como organismo público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, independiente del Gobierno, de las Administraciones públicas y de los agentes del mercado, con funciones de supervisión y control de todos los mercados y sectores productivos. Sustituyó a la Comisión Nacional de la Competencia, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de Energía y otros organismos reguladores sectoriales. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa y se recurren ante la jurisdicción contencioso-administrativa (Audiencia Nacional).

Sociedad de la información y comercio electrónico: la Ley 34/2002 (LSSI)

La Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, incorpora la Directiva 2000/31/CE y regula: el régimen de los prestadores establecidos en España (obligaciones de información general, art. 10); las comunicaciones comerciales por vía electrónica (prohibición de comunicaciones no solicitadas sin consentimiento previo y expreso, arts. 20-22); la responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación (operadores de redes y proveedores de acceso, almacenamiento temporal y alojamiento de datos, y enlaces, que solo responden si tienen conocimiento efectivo de la ilicitud de los contenidos y no actúan con diligencia para retirarlos); la contratación por vía electrónica; las normas de resolución extrajudicial de conflictos y el régimen sancionador, con infracciones muy graves, graves y leves. La LSSI se aplica sin perjuicio de la protección de datos (RGPD y LOPDGDD).

Desarrollo digital: normativa y estrategias complementarias

El marco jurídico de la sociedad de la información se completa con la Ley 6/2020, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza (firma electrónica y sellos), que complementa al Reglamento (UE) 910/2014 (eIDAS), modificado por el Reglamento (UE) 2024/1183 (identidad digital europea); la Ley 13/2022, General de Comunicación Audiovisual; el Reglamento (UE) 2022/2065, de Servicios Digitales; y el Reglamento (UE) 2024/1689, de Inteligencia Artificial. Desde la perspectiva programática destacan la Agenda España Digital y la Carta de Derechos Digitales (2021), de carácter no normativo, que sirve de referencia para el reconocimiento de nuevos derechos en el entorno digital, y la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. La Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) es la autoridad nacional de supervisión.

La Agenda 2030: antecedentes, estructura y compromisos conexos

Antecedentes: los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM, 2000-2015, ocho objetivos). La Agenda 2030 se aprobó en septiembre de 2015 en la Cumbre de Desarrollo Sostenible (Resolución A/RES/70/1 «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible») y comenzó a aplicarse el 1 de enero de 2016, con horizonte en 2030. Se estructura en declaración, 17 ODS y 169 metas, medios de implementación y revitalización de la Alianza Mundial, y seguimiento y examen. Se agrupa en cinco esferas («cinco P»): personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas (partnerships). Se complementa con la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre financiación para el desarrollo (2015) y con el Acuerdo de París sobre el cambio climático (2015). El Pacto para el Futuro (Naciones Unidas, 2024) y la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (Sevilla, 2025) han reforzado el compromiso político con su cumplimiento.

La Agenda 2030 y la política de las Administraciones públicas españolas

La Agenda 2030 se proyecta transversalmente en la acción de todas las Administraciones. La Ley 1/2023 incorpora la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. En el ámbito local, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) impulsa la localización de los ODS. La Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 se orienta a su cumplimiento mediante ocho Retos País y políticas aceleradoras.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Las competencias sanitarias están transferidas a todas las CCAA desde 2002; el Consejo Interterritorial del SNS (Ministro de Sanidad y Consejeros autonómicos) coordina el sistema; la cartera común de servicios se aprueba por Real Decreto del Gobierno, con informe del Consejo Interterritorial.
  • La financiación sanitaria se integra en el sistema general de financiación autonómica desde 2002, sin asignación finalista específica.
  • La AECID gestiona los programas y proyectos de cooperación española al desarrollo, dentro del sistema articulado por la Ley 1/2023.
  • La Agenda 2030 (ONU, 2015) fija 17 ODS y 169 metas; España la implementa mediante su Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 (2021), coordinada por la Secretaría de Estado para la Agenda 2030.
  • El art. 43 CE reconoce el derecho a la protección de la salud, fundamento de la Ley 14/1986 General de Sanidad; los poderes públicos deben fomentar educación sanitaria y deporte.
  • El SNS (Leyes 14/1986 y 16/2003) es de cobertura universal, financiado con impuestos (no cotizaciones), organizado en Servicios de Salud autonómicos integrados y coordinados por el SNS.
  • El Estado tiene exclusiva sobre sanidad exterior, bases y coordinación general y legislación farmacéutica (149.1.16ª); las CCAA, desarrollo legislativo y ejecución (148.1.21ª), culminadas las transferencias en 2002.
  • El Consejo Interterritorial del SNS (Ministro + Consejeros autonómicos) promueve la cohesión mediante la fijación de una cartera común de servicios.
  • La cartera de servicios se estructura en básica (garantizada, financiación íntegramente pública), suplementaria (con aportación del usuario, como farmacia) y de servicios accesorios.
  • La política exterior corresponde constitucionalmente al Gobierno (art. 97 CE), ejercida por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que coordina también la acción exterior de las CCAA (Ley 2/2014).
  • La cooperación al desarrollo se rige por la Ley 1/2023 (sustituyó a la Ley 23/1998); la Ley 25/2014 es la Ley de Tratados. Persigue erradicar la pobreza en el marco de la Agenda 2030 mediante AOD, cooperación técnica, ayuda humanitaria y educación para el desarrollo.
  • La AECID es una agencia estatal (Ley 28/2006) adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; gestiona proyectos y programas de cooperación y ayuda humanitaria a través de Oficinas Técnicas de Cooperación.
  • La Ley 11/2022 General de Telecomunicaciones garantiza acceso en condiciones de competencia efectiva y neutralidad tecnológica; el Estado tiene competencia exclusiva sobre telecomunicaciones (149.1.21ª CE).
  • La CNMC supervisa el mercado de comunicaciones electrónicas y audiovisuales, resuelve conflictos entre operadores y garantiza el acceso a redes, sucediendo a la antigua CMT.
  • El servicio universal de telecomunicaciones garantiza acceso a internet de banda ancha y llamadas de voz para todos los usuarios a precio asequible, financiado por compensación entre operadores si es deficitario.
  • La Ley 34/2002 (LSSICE) regula el desarrollo de la sociedad de la información, la reducción de la brecha digital y la promoción del comercio electrónico.
  • La Agenda 2030 (Resolución ONU A/RES/70/1, 2015) articula 17 ODS y 169 metas bajo el lema 'no dejar a nadie atrás', integrando dimensiones económica, social y ambiental.
  • España coordina la Agenda 2030 mediante la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 (que sustituyó al Alto Comisionado), el Consejo de Desarrollo Sostenible y la Conferencia Sectorial; presenta Informes Nacionales Voluntarios ante el Foro Político de Alto Nivel de la ONU.
  • Error típico: la Ley 25/2014 es la Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, no de cooperación; la cooperación para el desarrollo se regula en la Ley 1/2023 (que sustituye a la Ley 23/1998).
  • La AECID es una agencia estatal (Ley 28/2006), no un organismo autónomo; está adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
  • Sanidad: el Estado tiene competencia exclusiva sobre sanidad exterior, bases y coordinación general de la sanidad y legislación sobre productos farmacéuticos (149.1.16ª CE); las CCAA, la gestión y desarrollo legislativo. Competencias transferidas a todas las CCAA en 2002; INGESA gestiona Ceuta y Melilla.
  • Cartera común del SNS: básica (100% pública), suplementaria (aportación del usuario: farmacia, ortoprótesis, dietoterápicos, transporte no urgente) y de servicios accesorios (RDL 16/2012). Las CCAA pueden aprobar carteras complementarias con financiación propia.
  • El SNS se financia con impuestos (no cotizaciones). La financiación sanitaria no es finalista: forma parte del sistema de financiación autonómica (Ley 22/2009, con el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales).
  • Los funcionarios civiles del Estado y sus beneficiarios reciben asistencia sanitaria a través de mutualidades (MUFACE, ISFAS, MUGEJU), mediante conciertos con entidades privadas o con servicios públicos de salud, sin perjuicio de su derecho a optar.
  • Política exterior: la dirige el Gobierno (art. 97 CE); competencia exclusiva del Estado sobre relaciones internacionales (149.1.3ª); las CCAA hacen acción exterior (no pueden celebrar tratados) con unidad de acción, lealtad y coordinación (Ley 2/2014).
  • Telecomunicaciones: competencia exclusiva del Estado (149.1.21ª). La Ley 11/2022 sustituye a la Ley 9/2014 y transpone el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (Directiva (UE) 2018/1972). Régimen de autorización general (no licencias individuales).
  • La CNMC (Ley 3/2013) sucedió, entre otros, a la CMT y a la CNC; es el regulador independiente del mercado de comunicaciones electrónicas y del audiovisual; sus resoluciones agotan la vía administrativa.
  • LSSI (Ley 34/2002, de 11 de julio): prohíbe las comunicaciones comerciales no solicitadas sin consentimiento previo y regula la responsabilidad limitada de los prestadores de servicios de intermediación (conocimiento efectivo).
  • Agenda 2030: aprobada en septiembre de 2015, aplicable desde el 1 de enero de 2016; 17 ODS, 169 metas, «cinco P»; sustituye a los ODM (2000-2015, ocho objetivos); universal y con el principio de «no dejar a nadie atrás».
  • España: Plan de Acción 2018, Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 (2021, ocho Retos País) y Secretaría de Estado para la Agenda 2030 (desde 2020, sustituyó al Alto Comisionado); seguimiento por la Comisión Mixta Congreso-Senado.
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¿Desde qué año están íntegramente transferidas a las Comunidades Autónomas las competencias sanitarias?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 10 de Gestión AGE?

El bloque de otras políticas públicas reúne materias tan diversas como el sistema sanitario y la distribución de competencias en salud, la política exterior y de cooperación al desarrollo, el régimen de las telecomunicaciones y el desarrollo de la sociedad de la información, y la Agenda 2030 con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible como marco global que orienta transversalmente las políticas públicas españolas.

¿Qué hay que memorizar del Tema 10 para el examen?

Las competencias sanitarias están transferidas a todas las CCAA desde 2002; el Consejo Interterritorial del SNS (Ministro de Sanidad y Consejeros autonómicos) coordina el sistema; la cartera común de servicios se aprueba por Real Decreto del Gobierno, con informe del Consejo Interterritorial. La financiación sanitaria se integra en el sistema general de financiación autonómica desde 2002, sin asignación finalista específica. La AECID gestiona los programas y proyectos de cooperación española al desarrollo, dentro del sistema articulado por la Ley 1/2023. La Agenda 2030 (ONU, 2015) fija 17 ODS y 169 metas; España la implementa mediante su Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 (2021), coordinada por la Secretaría de Estado para la Agenda 2030. El art. 43 CE reconoce el derecho a la protección de la salud, fundamento de la Ley 14/1986 General de Sanidad; los poderes públicos deben fomentar educación sanitaria y deporte. El SNS (Leyes 14/1986 y 16/2003) es de cobertura universal, financiado con impuestos (no cotizaciones), organizado en Servicios de Salud autonómicos integrados y coordinados por el SNS. El Estado tiene exclusiva sobre sanidad exterior, bases y coordinación general y legislación farmacéutica (149.1.16ª); las CCAA, desarrollo legislativo y ejecución (148.1.21ª), culminadas las transferencias en 2002. El Consejo Interterritorial del SNS (Ministro + Consejeros autonómicos) promueve la cohesión mediante la fijación de una cartera común de servicios. La cartera de servicios se estructura en básica (garantizada, financiación íntegramente pública), suplementaria (con aportación del usuario, como farmacia) y de servicios accesorios. La política exterior corresponde constitucionalmente al Gobierno (art. 97 CE), ejercida por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que coordina también la acción exterior de las CCAA (Ley 2/2014). La cooperación al desarrollo se rige por la Ley 1/2023 (sustituyó a la Ley 23/1998); la Ley 25/2014 es la Ley de Tratados. Persigue erradicar la pobreza en el marco de la Agenda 2030 mediante AOD, cooperación técnica, ayuda humanitaria y educación para el desarrollo. La AECID es una agencia estatal (Ley 28/2006) adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; gestiona proyectos y programas de cooperación y ayuda humanitaria a través de Oficinas Técnicas de Cooperación. La Ley 11/2022 General de Telecomunicaciones garantiza acceso en condiciones de competencia efectiva y neutralidad tecnológica; el Estado tiene competencia exclusiva sobre telecomunicaciones (149.1.21ª CE). La CNMC supervisa el mercado de comunicaciones electrónicas y audiovisuales, resuelve conflictos entre operadores y garantiza el acceso a redes, sucediendo a la antigua CMT. El servicio universal de telecomunicaciones garantiza acceso a internet de banda ancha y llamadas de voz para todos los usuarios a precio asequible, financiado por compensación entre operadores si es deficitario. La Ley 34/2002 (LSSICE) regula el desarrollo de la sociedad de la información, la reducción de la brecha digital y la promoción del comercio electrónico. La Agenda 2030 (Resolución ONU A/RES/70/1, 2015) articula 17 ODS y 169 metas bajo el lema 'no dejar a nadie atrás', integrando dimensiones económica, social y ambiental. España coordina la Agenda 2030 mediante la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 (que sustituyó al Alto Comisionado), el Consejo de Desarrollo Sostenible y la Conferencia Sectorial; presenta Informes Nacionales Voluntarios ante el Foro Político de Alto Nivel de la ONU. Error típico: la Ley 25/2014 es la Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, no de cooperación; la cooperación para el desarrollo se regula en la Ley 1/2023 (que sustituye a la Ley 23/1998). La AECID es una agencia estatal (Ley 28/2006), no un organismo autónomo; está adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Sanidad: el Estado tiene competencia exclusiva sobre sanidad exterior, bases y coordinación general de la sanidad y legislación sobre productos farmacéuticos (149.1.16ª CE); las CCAA, la gestión y desarrollo legislativo. Competencias transferidas a todas las CCAA en 2002; INGESA gestiona Ceuta y Melilla. Cartera común del SNS: básica (100% pública), suplementaria (aportación del usuario: farmacia, ortoprótesis, dietoterápicos, transporte no urgente) y de servicios accesorios (RDL 16/2012). Las CCAA pueden aprobar carteras complementarias con financiación propia. El SNS se financia con impuestos (no cotizaciones). La financiación sanitaria no es finalista: forma parte del sistema de financiación autonómica (Ley 22/2009, con el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales). Los funcionarios civiles del Estado y sus beneficiarios reciben asistencia sanitaria a través de mutualidades (MUFACE, ISFAS, MUGEJU), mediante conciertos con entidades privadas o con servicios públicos de salud, sin perjuicio de su derecho a optar. Política exterior: la dirige el Gobierno (art. 97 CE); competencia exclusiva del Estado sobre relaciones internacionales (149.1.3ª); las CCAA hacen acción exterior (no pueden celebrar tratados) con unidad de acción, lealtad y coordinación (Ley 2/2014). Telecomunicaciones: competencia exclusiva del Estado (149.1.21ª). La Ley 11/2022 sustituye a la Ley 9/2014 y transpone el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (Directiva (UE) 2018/1972). Régimen de autorización general (no licencias individuales). La CNMC (Ley 3/2013) sucedió, entre otros, a la CMT y a la CNC; es el regulador independiente del mercado de comunicaciones electrónicas y del audiovisual; sus resoluciones agotan la vía administrativa. LSSI (Ley 34/2002, de 11 de julio): prohíbe las comunicaciones comerciales no solicitadas sin consentimiento previo y regula la responsabilidad limitada de los prestadores de servicios de intermediación (conocimiento efectivo). Agenda 2030: aprobada en septiembre de 2015, aplicable desde el 1 de enero de 2016; 17 ODS, 169 metas, «cinco P»; sustituye a los ODM (2000-2015, ocho objetivos); universal y con el principio de «no dejar a nadie atrás». España: Plan de Acción 2018, Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 (2021, ocho Retos País) y Secretaría de Estado para la Agenda 2030 (desde 2020, sustituyó al Alto Comisionado); seguimiento por la Comisión Mixta Congreso-Senado.

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Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, arts. 43, 97, 148.1.21ª, 149.1.3ª, 149.1.16ª y 149.1.21ª.
  • Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
  • Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
  • Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.
  • Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común.
  • Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado.
  • Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.
  • Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global.
  • Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos.
  • Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones.
  • Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
  • Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
  • Naciones Unidas, Resolución A/RES/70/1 (2015), Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
  • Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 (Consejo de Ministros, 2021).

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