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Tema 8. La protección de datos personales y su régimen jurídico: principios, derechos, responsable y encargado del tratamiento, delegado y autoridades de protección de datos. Derechos digitales.

Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre · Índice oficial del BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262).

Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (A2), 1.356 plazas convocadas. La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo VIII) con un temario distinto, no cubierto aquí. Numeración tal y como la publica el BOE: cada bloque reinicia su propia numeración de temas (Bloque I: 1-11, Bloque II: 1-6, etc.), no es una secuencia continua 1-58.

La protección de datos personales es un derecho fundamental (art. 18.4 CE) regulado, tras la aplicación directa del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), por la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), que adapta el marco europeo al ordenamiento español, define las figuras del responsable y el encargado del tratamiento y del delegado de protección de datos, y reconoce un catálogo de derechos digitales de nueva generación.

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Marco normativo y principios del tratamiento

El Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos (RGPD), de aplicación directa en todos los Estados miembros desde el 25 de mayo de 2018, y la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), que lo completa y adapta en España, configuran el marco vigente. Los principios del tratamiento (art. 5 RGPD) son: licitud, lealtad y transparencia; limitación de la finalidad; minimización de datos; exactitud; limitación del plazo de conservación; integridad y confidencialidad; y responsabilidad proactiva (accountability), por el cual el responsable debe ser capaz de demostrar el cumplimiento de todos los anteriores.

Derechos de las personas interesadas

El RGPD y la LOPDGDD reconocen los derechos de acceso (conocer si se tratan datos propios y a qué finalidad), rectificación (corregir datos inexactos), supresión o «derecho al olvido» (cancelar datos cuando ya no sean necesarios o se retire el consentimiento), limitación del tratamiento, portabilidad (recibir los datos en formato estructurado y transmitirlos a otro responsable) y oposición (oponerse al tratamiento por motivos relacionados con su situación particular). Estos derechos son personalísimos, gratuitos con carácter general, y deben atenderse en el plazo de un mes, prorrogable por dos meses más en función de la complejidad.

Responsable, encargado y delegado del tratamiento

El responsable del tratamiento es la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determina los fines y medios del tratamiento (art. 4.7 RGPD); en el ámbito de las Administraciones públicas, suele coincidir con el propio órgano u organismo titular del fichero o actividad de tratamiento. El encargado del tratamiento trata los datos por cuenta del responsable, en virtud de un contrato o acto jurídico que le vincula (art. 28 RGPD), sin poder tratarlos para fines propios. El delegado de protección de datos (DPO) es la figura de asesoramiento y supervisión interna, de designación obligatoria para las Administraciones públicas (art. 37.1.a RGPD y art. 34 LOPDGDD), que informa y asesora al responsable, supervisa el cumplimiento normativo y coopera con la autoridad de control.

Autoridades de control y derechos digitales

La autoridad de control en España es la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), organismo público independiente encargado de velar por el cumplimiento de la normativa, tramitar reclamaciones e imponer sanciones; en el ámbito autonómico pueden existir agencias propias (Cataluña, País Vasco, Andalucía). La LOPDGDD dedica su Título X a los derechos digitales, entre ellos el derecho a la neutralidad de Internet, el derecho al olvido en búsquedas de Internet y en redes sociales, el derecho a la portabilidad en servicios de redes sociales, el derecho a la educación digital, el derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral, y los derechos digitales en la negociación colectiva.

El RGPD: ámbito y objetivo

El Reglamento (UE) 2016/679, de aplicación directa desde el 25 de mayo de 2018, protege los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas, en particular su derecho a la protección de datos, y garantiza la libre circulación de estos en el mercado interior, con ámbito de aplicación territorial extendido a responsables fuera de la UE que ofrezcan bienes o servicios a interesados en ella.

La LOPDGDD: estructura y función

La Ley Orgánica 3/2018 adapta el ordenamiento español al RGPD, completando aspectos remitidos a los Estados miembros (edad de consentimiento, tratamiento de datos de fallecidos, DPO en el sector público, régimen sancionador), y deroga la LO 15/1999. Se estructura en diez Títulos: disposiciones generales (I), principios de protección de datos (II), derechos de las personas (III), disposiciones aplicables a tratamientos concretos (IV), responsable y encargado (V), transferencias internacionales (VI), autoridades de protección de datos (VII), procedimientos en caso de posible vulneración (VIII), régimen sancionador (IX) y garantía de los derechos digitales (X, arts. 79-97), este último novedoso. La LOPDGDD derogó también el Real Decreto-ley 5/2018, que había adaptado con urgencia la normativa de protección de datos.

Concepto de dato personal y categorías especiales (arts. 4.1 y 9 RGPD)

Dato personal es toda información sobre una persona física identificada o identificable. Las categorías especiales (origen étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, afiliación sindical, datos genéticos, biométricos, de salud o vida sexual) tienen tratamiento en principio prohibido, salvo excepciones tasadas, por su especial riesgo para los derechos del interesado.

Principio de licitud, lealtad y transparencia (art. 5.1.a RGPD)

El tratamiento debe fundarse en alguna base jurídica del art. 6 RGPD (licitud), no resultar engañoso ni perjudicial para las expectativas razonables del interesado (lealtad), y facilitar información concisa, inteligible y de fácil acceso sobre el tratamiento (transparencia), presupuesto necesario para el ejercicio del resto de derechos.

Principios de limitación de la finalidad y minimización de datos

Los datos deben recogerse con fines determinados, explícitos y legítimos, sin tratamiento ulterior incompatible (limitación de la finalidad), y ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para dichos fines (minimización), conectado este último con la protección de datos desde el diseño y por defecto del art. 25 RGPD.

Principios de exactitud, limitación del plazo de conservación e integridad

Los datos deben ser exactos y actualizados, suprimiéndose o rectificándose sin dilación los inexactos. Deben conservarse solo durante el tiempo necesario para los fines del tratamiento. Y deben tratarse garantizando seguridad adecuada (confidencialidad e integridad), incluida protección contra tratamiento no autorizado, pérdida o daño accidental (art. 32 RGPD: seudonimización, cifrado).

El principio de responsabilidad proactiva (accountability, art. 5.2 RGPD)

El responsable debe cumplir todos los principios del art. 5.1 y ser capaz de demostrarlo, sustituyendo el antiguo modelo de inscripción previa de ficheros por uno de autorresponsabilidad: evaluación de riesgos, medidas técnicas y organizativas, y capacidad de acreditar el cumplimiento mediante el registro de actividades, evaluaciones de impacto y códigos de conducta.

Bases jurídicas del tratamiento (art. 6.1 RGPD)

Consentimiento del interesado; necesidad para ejecutar un contrato; cumplimiento de obligación legal; protección de intereses vitales; cumplimiento de misión de interés público o ejercicio de poderes públicos (base habitual de las Administraciones); e interés legítimo del responsable o de un tercero, esta última no invocable por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones.

El consentimiento del interesado: requisitos (arts. 4.11 y 7 RGPD)

Manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca. El responsable debe poder demostrarlo; si se da junto a otros asuntos, debe presentarse de forma distinguible; puede retirarse en cualquier momento con la misma facilidad con que se otorgó. La edad de consentimiento del menor para servicios de la sociedad de la información se fija en España en 14 años.

Derecho de acceso, rectificación y supresión (arts. 15-17 RGPD)

Acceso: confirmación de si se tratan datos y acceso a ellos y a la información del tratamiento. Rectificación: corrección de datos inexactos o incompletos. Supresión o «derecho al olvido»: eliminación cuando concurran motivos tasados (datos ya no necesarios, retirada del consentimiento, tratamiento ilícito), cediendo ante libertad de expresión, obligación legal o interés público en salud.

Derecho a la limitación del tratamiento y a la portabilidad (arts. 18 y 20 RGPD)

Limitación: marcar los datos para restringir su tratamiento futuro (por ejemplo, mientras se verifica su exactitud). Portabilidad: recibir los datos facilitados en formato estructurado y de uso común, y transmitirlos a otro responsable, cuando el tratamiento se base en consentimiento o contrato y se efectúe por medios automatizados.

Derecho de oposición y decisiones automatizadas (arts. 21 y 22 RGPD)

Oposición al tratamiento basado en interés público o legítimo, incluida la elaboración de perfiles; absoluta y sin justificación en mercadotecnia directa. Derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en tratamiento automatizado con efectos jurídicos significativos, salvo excepciones tasadas, exigiéndose en tal caso, como mínimo, el derecho a obtener intervención humana.

El responsable y el encargado del tratamiento (art. 4.7 y 4.8 RGPD)

El responsable determina los fines y medios del tratamiento; en la Administración, es el órgano titular de la competencia. El encargado trata datos por cuenta del responsable, mediante contrato u acto jurídico vinculante (art. 28 RGPD) que regula objeto, duración, naturaleza, tipo de datos, obligaciones y prohibición de subcontratar sin autorización.

El delegado de protección de datos (DPO, arts. 37-39 RGPD)

Designación obligatoria, entre otros supuestos, cuando el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público. Informa y asesora al responsable y a los empleados, supervisa el cumplimiento normativo, asesora en las evaluaciones de impacto, coopera con la autoridad de control y actúa como punto de contacto, desempeñando sus funciones con independencia.

El registro de actividades de tratamiento (art. 30 RGPD)

Obligación de cada responsable de documentar sus tratamientos: identidad del responsable y del DPO, fines, categorías de interesados y de datos, destinatarios, transferencias internacionales, plazos de supresión previstos y descripción de las medidas de seguridad, sustituyendo al antiguo sistema de inscripción de ficheros ante la autoridad de control.

La evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD, art. 35 RGPD)

Exigida cuando un tratamiento entrañe probablemente alto riesgo para los derechos de las personas (evaluación sistemática de aspectos personales con efectos jurídicos, tratamiento a gran escala de categorías especiales, observación sistemática a gran escala de zonas públicas), debiendo describir las operaciones, evaluar necesidad, proporcionalidad y riesgos, y prever medidas de mitigación.

Notificación de brechas de seguridad (arts. 33-34 RGPD)

El responsable debe notificar la violación de seguridad a la autoridad de control sin dilación indebida, a más tardar en 72 horas, salvo que sea improbable el riesgo para los derechos del afectado. Debe comunicarse también al interesado cuando el riesgo sea alto, salvo medidas que hagan ininteligibles los datos (cifrado) o esfuerzo desproporcionado.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD): funciones y sanciones

Autoridad de control independiente que supervisa la aplicación del RGPD y la LOPDGDD, resuelve reclamaciones, investiga, impone medidas correctivas y sanciones, y coopera con otras autoridades europeas. El régimen sancionador distingue multas de hasta 10 y hasta 20 millones de euros (o 2% y 4% del volumen de negocio); las Administraciones Públicas españolas quedan sujetas a un régimen específico de apercibimiento.

Transferencias internacionales de datos (arts. 44-50 RGPD)

Solo proceden si se garantiza que el nivel de protección no se menoscaba: decisión de adecuación de la Comisión Europea; garantías adecuadas (cláusulas contractuales tipo, normas corporativas vinculantes); o, subsidiariamente, excepciones tasadas del art. 49 (consentimiento explícito informado de los riesgos).

Derechos digitales de la LOPDGDD (Título X)

Derecho a la neutralidad de internet; derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral, respetando descanso, permisos y vacaciones frente al uso de dispositivos digitales; y derecho al testamento digital, que permite a herederos o personas designadas acceder a los contenidos digitales de una persona fallecida y dar instrucciones sobre su destino.

Protección de menores en internet

Reconocimiento del derecho a la protección de la intimidad de los menores frente al uso indebido de sus datos e imagen en la red, con deber de padres, tutores y centros educativos de contribuir a garantizarla, complementado con la edad de 14 años para el consentimiento del menor en servicios de la sociedad de la información.

El tratamiento de datos por las Administraciones Públicas

Su base jurídica ordinaria es el cumplimiento de una misión de interés público o el ejercicio de poderes públicos, sin necesidad de consentimiento para tratamientos en ejercicio de competencias legalmente atribuidas. Un mismo DPO puede designarse para varios organismos públicos, y el régimen sancionador del sector público sustituye la multa por resolución declarativa con traslado a los órganos de control interno.

Naturaleza del derecho y encaje constitucional

La protección de datos es un derecho fundamental autónomo, derivado del art. 18.4 CE («la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos»). El Tribunal Constitucional (STC 292/2000) lo configuró como un derecho distinto de la intimidad: otorga un poder de disposición y control sobre los propios datos personales (saber quién los tiene, para qué y poder oponerse), con un contenido más amplio que el de la intimidad, pues protege cualquier dato personal, sea o no íntimo. A escala europea está reconocido en el art. 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y en el art. 16 del Tratado de Funcionamiento de la UE. Por ser derecho fundamental, el desarrollo de su contenido esencial requiere ley orgánica (art. 81 CE), de ahí el carácter orgánico de la LOPDGDD (aunque no todos sus preceptos tienen ese carácter, como indica su disposición final).

Ámbito de aplicación material y territorial (arts. 2 y 3 RGPD)

Material: tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales y tratamiento no automatizado de datos contenidos o destinados a un fichero. Quedan fuera, entre otros, el tratamiento por una persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas, el realizado fuera del Derecho de la Unión y el que efectúan las autoridades competentes con fines penales (regulado por la Directiva (UE) 2016/680, transpuesta en España por la Ley Orgánica 7/2021). Territorial: se aplica a responsables o encargados establecidos en la UE, y también a los no establecidos cuando ofrezcan bienes o servicios a interesados en la Unión o controlen su comportamiento (efecto extraterritorial). La LOPDGDD no es aplicable a los datos de personas fallecidas en los mismos términos: sus herederos o personas vinculadas pueden solicitar acceso, rectificación o supresión, salvo prohibición expresa del fallecido o de la ley (art. 3 LOPDGDD).

Definiciones clave del art. 4 RGPD

Interesado: persona física identificada o identificable. Tratamiento: cualquier operación sobre datos (recogida, registro, conservación, consulta, comunicación, supresión). Seudonimización: tratamiento que impide atribuir los datos a un interesado sin información adicional (es un dato personal, a diferencia de la anonimización, que excluye la aplicación del RGPD). Responsable (4.7) y encargado (4.8). Destinatario y tercero. Consentimiento (4.11). Violación de la seguridad de los datos (4.12). Elaboración de perfiles (4.4): tratamiento automatizado para evaluar aspectos personales. Datos genéticos, biométricos y relativos a la salud (4.13-4.15). Conviene distinguir seudonimización (reversible, sigue siendo dato personal) de anonimización (irreversible, fuera del ámbito del RGPD).

Información al interesado: transparencia y «información por capas» (arts. 12-14 RGPD y art. 11 LOPDGDD)

El responsable debe informar al interesado de forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con lenguaje claro y sencillo. El art. 13 RGPD regula la información cuando los datos se obtienen del propio interesado (identidad del responsable y del DPO, fines y base jurídica, destinatarios, transferencias, plazo de conservación, derechos, derecho a retirar el consentimiento y a reclamar ante la autoridad de control); el art. 14, cuando los datos no proceden del interesado (se añaden categorías de datos y la fuente de origen). El art. 11 LOPDGDD admite el sistema de «información por capas»: una primera capa con información básica (identidad del responsable, finalidad, posibilidad de ejercer derechos) y una segunda con el resto, accesible de forma sencilla e inmediata.

Régimen de ejercicio de los derechos (arts. 12 RGPD y 12-18 LOPDGDD)

El responsable debe facilitar el ejercicio de los derechos y responder en el plazo de un mes desde la recepción de la solicitud, prorrogable otros dos meses cuando sea necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes, informando de la prórroga y de sus motivos dentro del primer mes. La información y las actuaciones son gratuitas; solo si las solicitudes son manifiestamente infundadas o excesivas podrá cobrarse un canon razonable o negarse a actuar. Si el responsable no da curso a la solicitud, debe informar del motivo y de la posibilidad de reclamar ante la autoridad de control y de ejercitar acciones judiciales. La LOPDGDD (arts. 12 a 18) desarrolla el ejercicio por representante, la acreditación de la identidad y el derecho de acceso, y el art. 32 regula el bloqueo de datos: al rectificar o suprimir, el responsable los conserva bloqueados, a disposición de jueces, tribunales, Ministerio Fiscal y Administraciones públicas, durante el plazo de prescripción de posibles responsabilidades.

Corresponsables y representantes (arts. 26 y 27 RGPD)

Cuando dos o más responsables determinan conjuntamente los fines y medios del tratamiento son corresponsables y deben fijar por acuerdo transparente sus respectivas responsabilidades, cuyos aspectos esenciales se pondrán a disposición del interesado, que puede ejercer sus derechos frente a cada uno de ellos. Los responsables o encargados no establecidos en la UE que estén sujetos al RGPD deben designar por escrito un representante en la Unión. Debe distinguirse del encargado: el corresponsable decide fines y medios; el encargado solo actúa por cuenta del responsable y bajo sus instrucciones, y si determina fines y medios por su cuenta se le considera responsable.

Protección de datos desde el diseño y por defecto, y seguridad (arts. 24, 25 y 32 RGPD)

El responsable debe aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas, en función del riesgo, para garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme al RGPD (art. 24). La protección de datos desde el diseño obliga a integrar las garantías desde el momento de determinar los medios y durante todo el tratamiento; la protección por defecto, a tratar solo los datos necesarios para cada fin específico (art. 25). El art. 32 enumera, entre otras medidas, la seudonimización y el cifrado, la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia de los sistemas, la capacidad de restaurar el acceso tras un incidente y la verificación periódica de la eficacia. En el sector público, la disposición adicional primera de la LOPDGDD obliga a aplicar las medidas del Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 311/2022) y a analizar los riesgos con arreglo a él.

Tratamientos concretos regulados por la LOPDGDD (Título IV)

El Título IV recoge reglas para tratamientos específicos. Entre las de mayor interés: tratamiento de datos de contacto y de empresarios individuales (art. 19); sistemas de información crediticia (art. 20); videovigilancia (art. 22), donde las imágenes se suprimirán en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo que deban conservarse para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones, y debe informarse mediante un dispositivo informativo en lugar suficientemente visible; sistemas de exclusión publicitaria (art. 23); sistemas de información de denuncias internas (art. 24), hoy completados por la Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. El art. 9 LOPDGDD precisa que el mero consentimiento del afectado no basta para levantar la prohibición de tratar datos cuya finalidad principal sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico.

Consulta previa y códigos de conducta (arts. 36, 40-43 RGPD)

Si la EIPD muestra que el tratamiento entrañaría un alto riesgo que el responsable no puede mitigar, debe consultar a la autoridad de control antes de iniciar el tratamiento (art. 36); la autoridad puede asesorar por escrito y ejercer sus poderes. Los códigos de conducta (arts. 40-41) elaborados por asociaciones y sectores, aprobados por la autoridad y supervisados por un organismo acreditado, y los mecanismos de certificación, sellos y marcas (arts. 42-43), son instrumentos voluntarios para demostrar el cumplimiento y forman parte de la responsabilidad proactiva.

Las autoridades de control: AEPD, agencias autonómicas y cooperación europea (arts. 51-76 RGPD; Título VII LOPDGDD)

La AEPD es una autoridad administrativa independiente, con personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de los poderes públicos y se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia; su Estatuto se aprobó por Real Decreto 389/2021. Está dirigida por una Presidencia y una Adjuntía, designadas por el Gobierno a propuesta del Congreso de los Diputados, con mandato de cinco años renovable una sola vez, y cuenta con un Consejo Consultivo. Existen autoridades autonómicas con competencia sobre los tratamientos de sus propias Administraciones: la Autoridad Catalana de Protección de Datos, la Agencia Vasca de Protección de Datos y el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. A escala europea, las autoridades cooperan mediante el mecanismo de ventanilla única y de coherencia (autoridad principal en los tratamientos transfronterizos) y en el Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD), órgano de la Unión con personalidad jurídica que garantiza la aplicación coherente del Reglamento; el Supervisor Europeo de Protección de Datos controla a las instituciones de la UE.

Reclamaciones, recursos e indemnización (arts. 77-82 RGPD)

Todo interesado tiene derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control (art. 77), a la tutela judicial efectiva contra sus decisiones (art. 78) y contra el responsable o encargado (art. 79), y a ser indemnizado por los daños y perjuicios materiales o inmateriales causados por una infracción (art. 82). Las resoluciones de la AEPD ponen fin a la vía administrativa y son recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa (Audiencia Nacional), sin perjuicio del recurso potestativo de reposición. El art. 83 RGPD gradúa las multas atendiendo a la naturaleza, gravedad y duración de la infracción, su carácter intencional, las medidas adoptadas y la cooperación con la autoridad.

Infracciones y prescripción en la LOPDGDD (Título IX)

La LOPDGDD (arts. 70-78) tipifica las infracciones de los responsables y encargados como muy graves (art. 72, prescriben a los tres años), graves (art. 73, dos años) y leves (art. 74, un año). Entre las muy graves figuran el tratamiento sin base de legitimación, la vulneración de los principios del art. 5 RGPD, el incumplimiento de los requisitos del consentimiento y el tratamiento de categorías especiales sin amparo en el art. 9. El art. 77 prevé para las entidades públicas enumeradas (órganos constitucionales, Administración General del Estado, Administraciones autonómicas y locales, organismos públicos, universidades públicas, etc.) un régimen específico: la autoridad dicta resolución declarando la infracción y ordena medidas para corregirla, sin imponer multa, con comunicación al órgano superior y a los afectados y, cuando proceda, propuesta de actuación disciplinaria.

Normativa europea complementaria

Junto al RGPD, la Unión ha aprobado otros reglamentos que condicionan el tratamiento de datos en el entorno digital, entre ellos el Reglamento (UE) 2022/868 de Gobernanza de Datos, la Ley de Datos (Reglamento (UE) 2023/2854), el Reglamento de Servicios Digitales (Reglamento (UE) 2022/2065), el Reglamento de Mercados Digitales (Reglamento (UE) 2022/1925), el Reglamento (UE) 2024/1183 por el que se modifica el eIDAS en materia de identidad digital europea y el Reglamento de Inteligencia Artificial (Reglamento (UE) 2024/1689), cuya aplicación es escalonada. En materia de transferencias a Estados Unidos rige, desde julio de 2023, la decisión de adecuación del Marco de Privacidad de Datos UE-EE. UU. para las entidades adheridas. La Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) es la autoridad nacional creada para la supervisión de la IA.

Derechos digitales: relación de los arts. 80 a 97 LOPDGDD

El Título X (arts. 79-97) reconoce, tras la declaración general del art. 79 (los derechos de la Constitución y los Tratados se aplican en Internet): neutralidad de Internet (80), acceso universal a Internet (81), seguridad digital (82), educación digital (83), protección de los menores en Internet (84), rectificación en Internet (85), actualización de informaciones en medios de comunicación digitales (86), intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral (87), desconexión digital en el ámbito laboral (88), intimidad frente al uso de videovigilancia y grabación de sonidos en el lugar de trabajo (89), intimidad ante sistemas de geolocalización en el ámbito laboral (90), derechos digitales en la negociación colectiva (91), protección de datos de los menores en Internet (92), derecho al olvido en búsquedas de Internet (93) y en servicios de redes sociales y equivalentes (94), portabilidad en servicios de redes sociales (95), testamento digital (96) y políticas de impulso de los derechos digitales (97). Los derechos laborales (arts. 87-91) fueron coordinados con el Estatuto de los Trabajadores y el Estatuto Básico del Empleado Público mediante las disposiciones finales de la LOPDGDD, que añadieron el art. 20 bis ET y el art. 14.j bis TREBEP.

Desconexión digital y derechos del personal al servicio de las Administraciones públicas

El derecho a la desconexión digital (art. 88 LOPDGDD) garantiza fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido el respeto al descanso, permisos y vacaciones, así como a la intimidad personal y familiar. Las modalidades de ejercicio se sujetan a la negociación colectiva o, en su defecto, a acuerdo entre la empresa y los representantes, y el empleador debe elaborar una política interna dirigida a trabajadores, incluidos los directivos, con formación y sensibilización sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas. Para los empleados públicos, el art. 14.j bis del Estatuto Básico del Empleado Público (texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015) reconoce el derecho a la intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición y frente a la videovigilancia y geolocalización, así como a la desconexión digital.

Testamento digital y menores (arts. 96, 84 y 92 LOPDGDD)

El art. 96 permite que las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, y sus herederos, accedan a los contenidos gestionados por prestadores de servicios de la sociedad de la información, los modifiquen o los supriman, salvo prohibición expresa del fallecido o de la ley; el fallecido puede designar a una persona para ello y las instrucciones pueden darse en testamento. Respecto de los menores, los padres, madres, tutores, curadores o representantes legales procurarán que hagan un uso equilibrado y responsable de los dispositivos digitales (art. 84), y la utilización o difusión de imágenes o información personal de menores en redes sociales que puedan implicar una intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales determinará la intervención del Ministerio Fiscal (art. 84.2). El art. 92 impone a los centros educativos y a quienes desarrollen actividades con menores el deber de garantizar la protección del interés superior del menor y de sus derechos fundamentales.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El RGPD (Reglamento UE 2016/679) es de aplicación directa desde 2018; la LOPDGDD (LO 3/2018) lo completa y regula además los derechos digitales (Título X).
  • Siete principios del art. 5 RGPD: licitud/lealtad/transparencia, limitación de la finalidad, minimización, exactitud, limitación del plazo, integridad/confidencialidad y responsabilidad proactiva.
  • El delegado de protección de datos (DPO) es de designación obligatoria en las Administraciones públicas, con funciones de asesoramiento, supervisión y cooperación con la autoridad de control.
  • La AEPD puede imponer sanciones de hasta 20 millones de euros o el 4% del volumen de negocio global anual, lo que resulte mayor, en las infracciones más graves.
  • El responsable del tratamiento determina fines y medios (art. 4.7 RGPD); el encargado trata por cuenta del responsable mediante contrato (art. 28), sin poder tratar para fines propios.
  • Derechos ARCO-POL: acceso, rectificación, supresión/olvido, limitación, portabilidad y oposición, personalísimos y gratuitos, atendidos en un mes prorrogable por dos meses más.
  • Las categorías especiales de datos (origen étnico, salud, orientación sexual, datos biométricos/genéticos) tienen tratamiento en principio prohibido salvo excepciones tasadas (art. 9 RGPD).
  • Las bases jurídicas del tratamiento (art. 6.1 RGPD) incluyen consentimiento, ejecución de contrato, obligación legal, intereses vitales, misión de interés público (base habitual de las Administraciones) e interés legítimo (no invocable por autoridades públicas).
  • El consentimiento debe ser libre, específico, informado e inequívoco, revocable en cualquier momento con la misma facilidad con que se otorgó; la edad de consentimiento del menor en España es 14 años.
  • El derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas con efectos jurídicos significativos exige, como mínimo, garantizar la intervención humana (art. 22 RGPD).
  • El registro de actividades de tratamiento (art. 30 RGPD) sustituyó al antiguo sistema de inscripción de ficheros, documentando responsable, DPO, fines, categorías de datos y medidas de seguridad.
  • La evaluación de impacto (EIPD, art. 35 RGPD) es exigible cuando el tratamiento entrañe alto riesgo (evaluación sistemática con efectos jurídicos, categorías especiales a gran escala, videovigilancia sistemática de zonas públicas).
  • Las brechas de seguridad deben notificarse a la autoridad de control en 72 horas, salvo riesgo improbable; al interesado, cuando el riesgo sea alto, salvo cifrado u otras medidas mitigadoras.
  • La AEPD es la autoridad de control estatal (pueden existir agencias autonómicas en Cataluña, País Vasco y Andalucía); las Administraciones Públicas quedan sujetas a un régimen sancionador específico de apercibimiento en vez de multa.
  • Las transferencias internacionales de datos exigen decisión de adecuación de la Comisión, garantías adecuadas (cláusulas tipo, normas corporativas vinculantes) o, subsidiariamente, excepciones tasadas del art. 49.
  • Derechos digitales del Título X LOPDGDD: neutralidad de internet, olvido en buscadores y redes sociales, portabilidad en redes sociales, educación digital, desconexión digital laboral y testamento digital.
  • La base jurídica habitual de las Administraciones Públicas es el cumplimiento de una misión de interés público o el ejercicio de poderes públicos, sin necesidad de consentimiento para el ejercicio de competencias legalmente atribuidas.
  • Distingue: seudonimización (reversible, sigue siendo dato personal) y anonimización (irreversible, el RGPD ya no se aplica). Trampa frecuente de examen.
  • La protección de datos es un derecho fundamental autónomo respecto de la intimidad (STC 292/2000): poder de disposición y control sobre los propios datos; arraiga en el art. 18.4 CE y en el art. 8 de la Carta de la UE.
  • Plazo de respuesta a los derechos: un mes, prorrogable dos más (en total hasta tres meses), informando de la prórroga en el primer mes; gratuito salvo solicitudes manifiestamente infundadas o excesivas.
  • Brecha de seguridad: 72 horas a la autoridad de control desde que se tiene constancia; al interesado, «sin dilación indebida» y solo si hay alto riesgo. No confundir ambos plazos.
  • Sanciones del art. 83 RGPD: 10 millones o 2% (infracciones de obligaciones del responsable, encargado, certificación, etc.) y 20 millones o 4% (principios, derechos, transferencias, incumplimiento de órdenes), siempre la cuantía mayor en empresas.
  • Prescripción de infracciones en la LOPDGDD: muy graves 3 años, graves 2 años, leves 1 año.
  • Edad de consentimiento: el RGPD fija 16 años pero permite rebajarla hasta 13; España la fijó en 14 (art. 7 LOPDGDD). Por debajo, consentimiento de los titulares de la patria potestad o tutela.
  • Los datos de videovigilancia se suprimen como máximo en un mes desde su captación (art. 22.3 LOPDGDD), salvo conservación para acreditar actos contra la integridad de personas, bienes o instalaciones.
  • El DPO debe notificarse a la AEPD en el plazo de diez días desde su designación o cese (art. 34 LOPDGDD) y no puede ser destituido ni sancionado por desempeñar sus funciones salvo dolo o negligencia grave (art. 36).
  • La LOPDGDD deroga la LO 15/1999 y el RDL 5/2018; la AEPD se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia; su Presidencia dura cinco años, renovable una vez.
  • Título X LOPDGDD: arts. 79-97. Memorizar: neutralidad (80), acceso universal (81), educación digital (83), desconexión (88), olvido en búsquedas (93) y redes (94), portabilidad en redes (95), testamento digital (96).
  • Las Administraciones públicas no pueden basar sus tratamientos en el interés legítimo cuando actúan en el ejercicio de sus funciones (art. 6.1 RGPD, último párrafo); su base típica es la misión de interés público o el ejercicio de poderes públicos, que debe estar establecida en el Derecho de la UE o en una norma con rango de ley (art. 8 LOPDGDD).
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Pregunta 1 de 140 aciertos

¿Qué norma europea establece el marco general directamente aplicable en materia de protección de datos personales?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 8 de Gestión AGE?

La protección de datos personales es un derecho fundamental (art. 18.4 CE) regulado, tras la aplicación directa del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), por la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), que adapta el marco europeo al ordenamiento español, define las figuras del responsable y el encargado del tratamiento y del delegado de protección de datos, y reconoce un catálogo de derechos digitales de nueva generación.

¿Qué hay que memorizar del Tema 8 para el examen?

El RGPD (Reglamento UE 2016/679) es de aplicación directa desde 2018; la LOPDGDD (LO 3/2018) lo completa y regula además los derechos digitales (Título X). Siete principios del art. 5 RGPD: licitud/lealtad/transparencia, limitación de la finalidad, minimización, exactitud, limitación del plazo, integridad/confidencialidad y responsabilidad proactiva. El delegado de protección de datos (DPO) es de designación obligatoria en las Administraciones públicas, con funciones de asesoramiento, supervisión y cooperación con la autoridad de control. La AEPD puede imponer sanciones de hasta 20 millones de euros o el 4% del volumen de negocio global anual, lo que resulte mayor, en las infracciones más graves. El responsable del tratamiento determina fines y medios (art. 4.7 RGPD); el encargado trata por cuenta del responsable mediante contrato (art. 28), sin poder tratar para fines propios. Derechos ARCO-POL: acceso, rectificación, supresión/olvido, limitación, portabilidad y oposición, personalísimos y gratuitos, atendidos en un mes prorrogable por dos meses más. Las categorías especiales de datos (origen étnico, salud, orientación sexual, datos biométricos/genéticos) tienen tratamiento en principio prohibido salvo excepciones tasadas (art. 9 RGPD). Las bases jurídicas del tratamiento (art. 6.1 RGPD) incluyen consentimiento, ejecución de contrato, obligación legal, intereses vitales, misión de interés público (base habitual de las Administraciones) e interés legítimo (no invocable por autoridades públicas). El consentimiento debe ser libre, específico, informado e inequívoco, revocable en cualquier momento con la misma facilidad con que se otorgó; la edad de consentimiento del menor en España es 14 años. El derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas con efectos jurídicos significativos exige, como mínimo, garantizar la intervención humana (art. 22 RGPD). El registro de actividades de tratamiento (art. 30 RGPD) sustituyó al antiguo sistema de inscripción de ficheros, documentando responsable, DPO, fines, categorías de datos y medidas de seguridad. La evaluación de impacto (EIPD, art. 35 RGPD) es exigible cuando el tratamiento entrañe alto riesgo (evaluación sistemática con efectos jurídicos, categorías especiales a gran escala, videovigilancia sistemática de zonas públicas). Las brechas de seguridad deben notificarse a la autoridad de control en 72 horas, salvo riesgo improbable; al interesado, cuando el riesgo sea alto, salvo cifrado u otras medidas mitigadoras. La AEPD es la autoridad de control estatal (pueden existir agencias autonómicas en Cataluña, País Vasco y Andalucía); las Administraciones Públicas quedan sujetas a un régimen sancionador específico de apercibimiento en vez de multa. Las transferencias internacionales de datos exigen decisión de adecuación de la Comisión, garantías adecuadas (cláusulas tipo, normas corporativas vinculantes) o, subsidiariamente, excepciones tasadas del art. 49. Derechos digitales del Título X LOPDGDD: neutralidad de internet, olvido en buscadores y redes sociales, portabilidad en redes sociales, educación digital, desconexión digital laboral y testamento digital. La base jurídica habitual de las Administraciones Públicas es el cumplimiento de una misión de interés público o el ejercicio de poderes públicos, sin necesidad de consentimiento para el ejercicio de competencias legalmente atribuidas. Distingue: seudonimización (reversible, sigue siendo dato personal) y anonimización (irreversible, el RGPD ya no se aplica). Trampa frecuente de examen. La protección de datos es un derecho fundamental autónomo respecto de la intimidad (STC 292/2000): poder de disposición y control sobre los propios datos; arraiga en el art. 18.4 CE y en el art. 8 de la Carta de la UE. Plazo de respuesta a los derechos: un mes, prorrogable dos más (en total hasta tres meses), informando de la prórroga en el primer mes; gratuito salvo solicitudes manifiestamente infundadas o excesivas. Brecha de seguridad: 72 horas a la autoridad de control desde que se tiene constancia; al interesado, «sin dilación indebida» y solo si hay alto riesgo. No confundir ambos plazos. Sanciones del art. 83 RGPD: 10 millones o 2% (infracciones de obligaciones del responsable, encargado, certificación, etc.) y 20 millones o 4% (principios, derechos, transferencias, incumplimiento de órdenes), siempre la cuantía mayor en empresas. Prescripción de infracciones en la LOPDGDD: muy graves 3 años, graves 2 años, leves 1 año. Edad de consentimiento: el RGPD fija 16 años pero permite rebajarla hasta 13; España la fijó en 14 (art. 7 LOPDGDD). Por debajo, consentimiento de los titulares de la patria potestad o tutela. Los datos de videovigilancia se suprimen como máximo en un mes desde su captación (art. 22.3 LOPDGDD), salvo conservación para acreditar actos contra la integridad de personas, bienes o instalaciones. El DPO debe notificarse a la AEPD en el plazo de diez días desde su designación o cese (art. 34 LOPDGDD) y no puede ser destituido ni sancionado por desempeñar sus funciones salvo dolo o negligencia grave (art. 36). La LOPDGDD deroga la LO 15/1999 y el RDL 5/2018; la AEPD se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia; su Presidencia dura cinco años, renovable una vez. Título X LOPDGDD: arts. 79-97. Memorizar: neutralidad (80), acceso universal (81), educación digital (83), desconexión (88), olvido en búsquedas (93) y redes (94), portabilidad en redes (95), testamento digital (96). Las Administraciones públicas no pueden basar sus tratamientos en el interés legítimo cuando actúan en el ejercicio de sus funciones (art. 6.1 RGPD, último párrafo); su base típica es la misión de interés público o el ejercicio de poderes públicos, que debe estar establecida en el Derecho de la UE o en una norma con rango de ley (art. 8 LOPDGDD).

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 14 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, art. 18.4.
  • Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), DOUE L 119, de 4 de mayo de 2016.
  • Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (BOE-A-2018-16673).
  • Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales.
  • Real Decreto 389/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos.
  • Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.
  • Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
  • Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre.

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