Tema 6. Gastos para la compra de bienes y servicios. Gastos de inversión. Gastos de transferencias: corrientes y de capital. Anticipos de caja fija. Pagos «a justificar». Justificación de libramientos.
Este temario corresponde al turno libre (ingreso libre) del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (A2), 1.356 plazas convocadas. La misma resolución convoca también la promoción interna del mismo cuerpo (Anexo VIII) con un temario distinto, no cubierto aquí. Numeración tal y como la publica el BOE: cada bloque reinicia su propia numeración de temas (Bloque I: 1-11, Bloque II: 1-6, etc.), no es una secuencia continua 1-58.
Además de los gastos de personal y financieros, la Administración ejecuta gastos para la compra de bienes corrientes y servicios (capítulo II), gastos de inversión real (capítulo VI) y gastos de transferencias corrientes (capítulo IV) y de capital (capítulo VII), cada uno con su propia dinámica de ejecución. El pago ordinario se hace en firme, contra obligación reconocida y documentos justificativos. Excepcionalmente, la Ley General Presupuestaria admite dos modalidades de provisión de fondos a cajas pagadoras y habilitados: los anticipos de caja fija, para gastos periódicos o repetitivos de pequeña cuantía, y los pagos «a justificar», cuando los documentos justificativos no pueden aportarse antes del pago. Ambas exigen rendir cuentas justificativas ante la Intervención, bajo responsabilidad del perceptor.
Clasificación económica del gasto: los capítulos del presupuesto
La clasificación económica distingue nueve capítulos: I Gastos de personal; II Gastos corrientes en bienes y servicios; III Gastos financieros; IV Transferencias corrientes; V Fondo de contingencia y otros imprevistos; VI Inversiones reales; VII Transferencias de capital; VIII Activos financieros; IX Pasivos financieros. Los capítulos I a V forman las operaciones corrientes; VI y VII, las operaciones de capital; VIII y IX, las operaciones financieras. Los capítulos I a VII integran el gasto no financiero (el que computa en el techo de gasto y en la capacidad o necesidad de financiación). Cada capítulo se desglosa en artículos, conceptos y subconceptos; la estructura concreta de los Presupuestos Generales del Estado se aprueba cada año en la orden ministerial de elaboración de los presupuestos. Esta clasificación es la que determina las reglas de vinculación de los créditos y los límites de las modificaciones presupuestarias.
Gastos corrientes en bienes y servicios (capítulo II)
Comprenden los gastos de funcionamiento necesarios para el ejercicio de las actividades de los servicios, que no producen un incremento del capital o patrimonio público: arrendamientos y cánones (art. 20), reparaciones, mantenimiento y conservación (art. 21), material, suministros y otros, como material de oficina, energía, comunicaciones, limpieza, seguridad y estudios y trabajos técnicos (art. 22) e indemnizaciones por razón del servicio (art. 23). Se caracterizan por ser gastos no inventariables y de consumo, de duración inferior al ejercicio y de carácter reiterativo. Se tramitan por los procedimientos de contratación del sector público (Ley 9/2017) o, si el valor estimado no supera los umbrales del contrato menor (40.000 euros en obras y 15.000 euros en suministros y servicios, IVA excluido), mediante expediente simplificado. Los suministros y servicios de uso general pueden adquirirse mediante contratación centralizada (art. 229 Ley 9/2017), con acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición gestionados por el órgano central de contratación.
Indemnizaciones por razón del servicio
Las indemnizaciones por razón del servicio compensan los gastos que el empleado público debe soportar por el desempeño de comisiones de servicio. Se regulan en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, y se imputan al artículo 23 del capítulo II. Principales clases: dietas (alojamiento y manutención), gastos de viaje, indemnización por residencia eventual, asistencias por participación en tribunales y órganos colegiados, e indemnización especial por razón del servicio. Las cuantías varían según el grupo en que se clasifica al perceptor (tres grupos) y según se trate de territorio nacional o extranjero. Estos gastos son típicos de los anticipos de caja fija, por su carácter periódico y de escasa cuantía, aunque también pueden tramitarse en firme.
Gastos de inversión real (capítulo VI)
Comprenden los gastos destinados a la creación de infraestructuras y a la adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento de los servicios, o que incrementan la capacidad productiva o patrimonial. Se desglosan en: inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general (art. 60), inversión de reposición en esos bienes (61), inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios (62), inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo (63), gastos de inversión de carácter inmaterial (64), como estudios, proyectos y aplicaciones informáticas de vida útil plurianual, e inversiones gestionadas para otros entes. Para distinguir inversión de gasto corriente se aplican criterios clásicos: duración previsible superior al ejercicio presupuestario, carácter no fungible, susceptibilidad de inclusión en el inventario y carácter no reiterativo. El gasto en grandes reparaciones o mejoras que prolongan la vida útil del bien se imputa a inversión; la conservación ordinaria se imputa al capítulo II.
Ejecución de la inversión: plurianualidad, contratación y recepción
Las inversiones suelen proyectarse sobre varios ejercicios, por lo que están sujetas al régimen de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros (art. 47 LGP: máximo de cuatro ejercicios, y porcentajes del 70, 60 y 50 por ciento sobre el crédito inicial, con las excepciones autorizadas por el Consejo de Ministros), que se refleja contablemente en las anualidades de cada expediente. Se ejecutan normalmente mediante contratos de obras, suministro o servicios, que exigen proyecto, replanteo y certificaciones de obra mensuales. Intervención: además de la fiscalización previa del gasto, existe la comprobación material de la inversión, en la que un representante de la Intervención asiste a la recepción de las obras o bienes. La adquisición de inmuebles, de bienes de patrimonio histórico y las enajenaciones se rigen por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Los bienes adquiridos se incorporan al inventario.
Gastos de transferencias: concepto, transferencias corrientes (capítulo IV) y de capital (capítulo VII)
Las transferencias son gastos que realiza la Administración sin contraprestación directa de los perceptores, que los destinan a financiar operaciones corrientes o de capital. Transferencias corrientes (capítulo IV): financian gastos corrientes de otros entes o de particulares. Se desglosan por destinatario: a la Administración General del Estado (40), a organismos autónomos (41), a la Seguridad Social (42), a agencias estatales y otros organismos públicos (43), a sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales (44), a comunidades autónomas (45), a entidades locales (46), a empresas privadas (47), a familias e instituciones sin fines de lucro (48) y al exterior (49). Transferencias de capital (capítulo VII): financian operaciones de capital de los perceptores (inversiones, adquisición de activos fijos), con la misma desagregación de destinatarios (artículos 70 a 79). La distinción entre ambos capítulos depende de la finalidad de la ayuda para el perceptor, no de la naturaleza del gasto para el pagador.
Régimen jurídico de las transferencias: subvenciones y transferencias entre Administraciones
Cuando el destinatario es un tercero privado o una entidad con finalidad de interés público y la ayuda reúne los requisitos del art. 2 de la Ley 38/2003 (disposición dineraria sin contraprestación, afectada a un fin de utilidad pública o interés social), la transferencia es una subvención y se rige por la LGS: bases reguladoras, concurrencia competitiva o concesión directa, justificación, reintegro y régimen sancionador. No tienen la consideración de subvenciones las aportaciones dinerarias entre distintas Administraciones públicas destinadas a financiar globalmente la actividad del ente receptor, ni las que realiza la Administración a sus organismos públicos: son transferencias que se instrumentan mediante la ejecución presupuestaria ordinaria. Las transferencias a comunidades autónomas y entidades locales pueden derivar de leyes, convenios o de la participación en ingresos del Estado. Su ejecución sigue las fases ADOP; en transferencias nominativas la autorización y la disposición suelen coincidir (AD) y el reconocimiento de la obligación se produce al cumplirse las condiciones de pago.
Otros capítulos relacionados: financieros, fondo de contingencia, activos y pasivos financieros
Capítulo III (gastos financieros): intereses de la Deuda Pública, de préstamos y de otras operaciones financieras, y gastos de emisión, formalización y modificación de las operaciones. Capítulo V: Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria (art. 50 LGP), dotación destinada a atender necesidades imprevistas, no discrecionales y no previstas en el presupuesto, que no se ejecuta directamente sino que se aplica mediante transferencias a otros créditos. Capítulo VIII (activos financieros): concesión de préstamos y anticipos, adquisición de acciones y participaciones y de deuda de otros entes; no son gasto de consumo ni inversión real sino variaciones de activos. Capítulo IX (pasivos financieros): amortización del principal de la deuda y de préstamos, que se distingue de los intereses (capítulo III). Un error clásico de examen es confundir los capítulos III y IX o imputar la amortización al capítulo de gastos financieros.
Los pagos: concepto, clases y régimen general
El pago es el acto por el que se satisface una obligación reconocida, ejecutado por el Tesoro mediante cargo en sus cuentas y abono en la del acreedor. Clases según su naturaleza: a) Pagos presupuestarios, que derivan de obligaciones reconocidas con cargo a créditos del estado de gastos (del ejercicio corriente o de ejercicios cerrados). b) Pagos extrapresupuestarios, que se realizan por obligaciones ajenas al presupuesto: devolución de fianzas y depósitos, de ingresos indebidos, entrega a terceros de retenciones practicadas, etc. Según el procedimiento: a) Pago en firme (regla general), contra la obligación reconocida y los justificantes que acreditan la prestación. b) Pagos «a justificar» y anticipos de caja fija (excepcionales), en los que se entrega el dinero antes de acreditar el gasto o se mantiene un fondo permanente para gastos menores. Los pagos se realizan normalmente por transferencia bancaria, y la LGP prevé el pago anticipado solo en los supuestos legalmente previstos.
Anticipos de caja fija: concepto y régimen
Son provisiones de fondos de carácter extrapresupuestario y permanente que se realizan a pagadores para la atención inmediata y posterior aplicación al presupuesto del año en que se realicen de gastos periódicos o repetitivos, como los referentes a dietas, gastos de locomoción, material de oficina no inventariable, conservación y otros de similares características (art. 79 LGP). Se regulan por el Real Decreto 725/1989, de 16 de junio, sobre anticipos de caja fija, y su normativa de desarrollo. Se constituyen y reponen mediante libramientos a favor de las cajas pagadoras, con un límite global fijado por las normas de desarrollo respecto de los créditos del departamento u organismo, y con límites individuales por gasto. Los gastos pagados con cargo al anticipo se justifican mediante cuentas justificativas que se rinden periódicamente ante la Intervención y que, una vez aprobadas, dan lugar a la aplicación definitiva al presupuesto y a la reposición de los fondos. Al final del ejercicio los gastos pendientes se aplican al presupuesto del mismo, por lo que el anticipo no puede trasladar gasto a ejercicios posteriores.
Anticipos de caja fija: caja pagadora, habilitado y control
El anticipo se gestiona por la caja pagadora, a cargo de un habilitado o cajero pagador, funcionario designado que responde personalmente de la custodia y aplicación de los fondos. La apertura de cuentas bancarias específicas, la llevanza de libros auxiliares y los arqueos periódicos forman parte del régimen. La Intervención verifica las cuentas justificativas y puede efectuar arqueos de fondos. La reposición de fondos depende de que la cuenta justificativa se haya rendido y aprobado; a medida que se justifican los gastos se aplican a los conceptos presupuestarios correspondientes (fases ADO) y se ordena el pago de reposición. Los gastos menores de 5.000 euros que se abonan mediante anticipo de caja fija están excluidos de la fiscalización previa. El anticipo no puede emplearse para gastos que por su cuantía o naturaleza deban tramitarse por el procedimiento ordinario, ni para fraccionar gastos con el fin de eludir los controles.
Pagos «a justificar»: concepto y supuestos
Son libramientos que se expiden cuando los documentos justificativos de la obligación no pueden aportarse antes de la orden de pago (art. 78 LGP). Se regulan por el Real Decreto 640/1987, de 8 de abril, sobre pagos librados «a justificar». Proceden con carácter excepcional: cuando los servicios y prestaciones se realizan fuera del territorio nacional, cuando no pueden acompañarse los justificantes por razones de urgencia, necesidad o circunstancias especiales de la gestión, o cuando así se autorice reglamentariamente. A diferencia del anticipo de caja fija, tiene naturaleza presupuestaria desde el momento del libramiento: el gasto se imputa al presupuesto en el momento de expedirse la orden de pago, y su carácter «a justificar» obliga al perceptor a acreditar posteriormente la aplicación de los fondos. Se destina a atenciones concretas y singulares y no a gastos periódicos. Su expedición exige que la orden de pago se emita a favor de un perceptor determinado, que es responsable de la custodia y de la justificación.
Justificación de libramientos: plazo, cuenta justificativa y reintegro
Quienes perciben fondos «a justificar» están obligados a justificar su aplicación en el plazo máximo de tres meses y a reintegrar las cantidades no invertidas o no justificadas. Para ello rinden cuenta justificativa ante el órgano competente, acompañando las facturas y demás documentos originales que acrediten la realización del gasto y el cumplimiento de los requisitos legales (competencia, crédito, finalidad). La cuenta es examinada por la Intervención, que puede formular reparos. Efectos del incumplimiento: no pueden expedirse nuevos libramientos «a justificar» a favor de perceptores con fondos pendientes de justificación fuera de plazo; se exige el reintegro de las cantidades no justificadas con los intereses de demora; y pueden derivarse responsabilidades disciplinaria, contable y, en su caso, penal. El libramiento no se entiende definitivamente aplicado hasta la aprobación de la cuenta; mientras tanto, la contabilidad lo mantiene como pendiente de justificar.
Diferencias entre anticipos de caja fija y pagos «a justificar»
Anticipo de caja fija: provisión de fondos extrapresupuestaria y permanente, para gastos periódicos o repetitivos de pequeña cuantía, que se reponen según se justifican las cuentas; no imputa gasto al presupuesto hasta su aplicación; aplicable al capítulo II, fundamentalmente; control mediante cuentas justificativas periódicas; regulado en el art. 79 LGP y el Real Decreto 725/1989. Pago «a justificar»: libramiento presupuestario, que imputa el gasto desde que se expide; para atenciones concretas y singulares cuando los justificantes no pueden presentarse antes; plazo de justificación de tres meses; no se repone sino que se justifica y, en su caso, se reintegra el sobrante; regulado en el art. 78 LGP y el Real Decreto 640/1987. Ambos son excepciones al pago en firme y dan lugar a responsabilidad del perceptor. Error frecuente de examen: invertir las notas de ambas figuras (el anticipo de caja fija es el extrapresupuestario y permanente; el pago a justificar es el presupuestario y puntual).
Gastos reservados
Los gastos reservados son una categoría especial de créditos, vinculados a la seguridad del Estado y a servicios de inteligencia, cuyo empleo y control se regulan por la Ley 11/1995, de 11 de mayo, reguladora de la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados. Se sustraen al régimen ordinario de justificación documental por la naturaleza confidencial de la actividad, y su control se encomienda a una comisión parlamentaria específica. Se trata de una excepción singular al régimen general de fiscalización y justificación y no debe confundirse con los pagos «a justificar» ordinarios, que sí exigen cuenta justificativa documentada ante la Intervención.
Responsabilidades derivadas de la gestión de fondos: contable y patrimonial
Quien tiene a su cargo el manejo de caudales públicos (habilitados, cajeros pagadores, perceptores de pagos a justificar) responde de su custodia y aplicación. La responsabilidad contable, exigible por el Tribunal de Cuentas, surge del menoscabo de caudales públicos por acción u omisión contraria a la ley (art. 38 de la Ley Orgánica 2/1982, del Tribunal de Cuentas) y se hace efectiva mediante el procedimiento de reintegro por alcance o el juicio de cuentas (Ley 7/1988, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas). El alcance consiste en el saldo deudor injustificado de una cuenta o en la ausencia de numerario o de justificantes en las cuentas o los caudales que debieron rendirse. Además, la LGP prevé la responsabilidad de las autoridades y del personal que por dolo o culpa grave infrinjan sus disposiciones (art. 176), sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria y penal. La Intervención debe comunicar los hechos al Tribunal de Cuentas cuando detecte alcance.
Libramientos y control: fiscalización e intervención del pago
El libramiento es la orden de pago expedida por el ordenador de pagos contra la Tesorería (o contra la caja pagadora, en el caso de los fondos descentralizados). Los libramientos se someten a intervención formal de la ordenación del pago, que verifica su correspondencia con la obligación reconocida y la existencia de los documentos justificativos, y a intervención material del pago, que comprueba la identidad del perceptor y la correcta realización de la operación. En los pagos «a justificar» y los anticipos de caja fija, el control se centra en la cuenta justificativa. La normativa de contratos, subvenciones y personal añade requisitos específicos. Los fondos pendientes de justificar al cierre del ejercicio se controlan en las operaciones de cierre contable.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Capítulos de gasto: I personal; II bienes corrientes y servicios; III gastos financieros; IV transferencias corrientes; V Fondo de contingencia; VI inversiones reales; VII transferencias de capital; VIII activos financieros; IX pasivos financieros.
Operaciones corrientes: capítulos I a V; operaciones de capital: VI y VII; operaciones financieras: VIII y IX. Gasto no financiero: capítulos I a VII.
Distinción entre capítulo II y capítulo VI: la inversión es inventariable, de duración superior al ejercicio, no fungible y no reiterativa; la conservación ordinaria va al capítulo II.
Capítulo II: arts. 20 (arrendamientos), 21 (reparaciones y conservación), 22 (material y suministros) y 23 (indemnizaciones por razón del servicio, Real Decreto 462/2002).
Inversiones reales: art. 62 (inversión nueva asociada al funcionamiento operativo), 63 (reposición asociada), 64 (inmaterial). Gastos plurianuales: art. 47 LGP, máximo cuatro ejercicios y porcentajes 70-60-50.
Transferencias: sin contraprestación directa. Corrientes (IV) financian operaciones corrientes del perceptor; de capital (VII) financian sus operaciones de capital. Art. 48 y 78: familias e instituciones sin fines de lucro.
No son subvenciones las aportaciones dinerarias entre Administraciones que financian globalmente la actividad del ente receptor (art. 2 LGS).
Los gastos financieros (intereses, capítulo III) se distinguen de los pasivos financieros (amortización de principal, capítulo IX).
El Fondo de contingencia (capítulo V) no se ejecuta directamente: se aplica mediante transferencias a otros créditos.
Pago en firme (regla general), pago «a justificar» y anticipo de caja fija (excepcionales). Los extrapresupuestarios son los que no afectan al presupuesto (fianzas, depósitos, ingresos indebidos).
Anticipo de caja fija (art. 79 LGP, Real Decreto 725/1989): provisión de fondos extrapresupuestaria y permanente, para gastos periódicos o repetitivos (dietas, locomoción, material no inventariable, conservación).
Pagos a justificar (art. 78 LGP, Real Decreto 640/1987): presupuestarios, se imputan al presupuesto al librarse; plazo de justificación de tres meses; no se libran nuevos fondos a quien tenga justificaciones pendientes fuera de plazo.
Diferencia clave: el anticipo de caja fija es extrapresupuestario y permanente (reposición); el pago a justificar es presupuestario y puntual (justificación y, en su caso, reintegro).
Los gastos menores de 5.000 euros abonados por anticipo de caja fija no están sujetos a fiscalización previa.
Responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas por menoscabo de caudales públicos (art. 38 LO 2/1982), por el procedimiento de reintegro por alcance (Ley 7/1988); responsabilidad por dolo o culpa grave en la LGP (art. 176).
Los gastos reservados se regulan por la Ley 11/1995 y su control es parlamentario; no se asimilan a los pagos a justificar ordinarios.
Contrato menor: menos de 40.000 euros en obras y 15.000 euros en suministros y servicios, sin fraccionar el objeto, sin prórroga y con duración máxima de un año.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
¿Para qué tipo de gastos se utilizan los anticipos de caja fija?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 6 de Gestión AGE?
Además de los gastos de personal y financieros, la Administración ejecuta gastos para la compra de bienes corrientes y servicios (capítulo II), gastos de inversión real (capítulo VI) y gastos de transferencias corrientes (capítulo IV) y de capital (capítulo VII), cada uno con su propia dinámica de ejecución. El pago ordinario se hace en firme, contra obligación reconocida y documentos justificativos. Excepcionalmente, la Ley General Presupuestaria admite dos modalidades de provisión de fondos a cajas pagadoras y habilitados: los anticipos de caja fija, para gastos periódicos o repetitivos de pequeña cuantía, y los pagos «a justificar», cuando los documentos justificativos no pueden aportarse antes del pago. Ambas exigen rendir cuentas justificativas ante la Intervención, bajo responsabilidad del perceptor.
¿Qué hay que memorizar del Tema 6 para el examen?
Capítulos de gasto: I personal; II bienes corrientes y servicios; III gastos financieros; IV transferencias corrientes; V Fondo de contingencia; VI inversiones reales; VII transferencias de capital; VIII activos financieros; IX pasivos financieros. Operaciones corrientes: capítulos I a V; operaciones de capital: VI y VII; operaciones financieras: VIII y IX. Gasto no financiero: capítulos I a VII. Distinción entre capítulo II y capítulo VI: la inversión es inventariable, de duración superior al ejercicio, no fungible y no reiterativa; la conservación ordinaria va al capítulo II. Capítulo II: arts. 20 (arrendamientos), 21 (reparaciones y conservación), 22 (material y suministros) y 23 (indemnizaciones por razón del servicio, Real Decreto 462/2002). Inversiones reales: art. 62 (inversión nueva asociada al funcionamiento operativo), 63 (reposición asociada), 64 (inmaterial). Gastos plurianuales: art. 47 LGP, máximo cuatro ejercicios y porcentajes 70-60-50. Transferencias: sin contraprestación directa. Corrientes (IV) financian operaciones corrientes del perceptor; de capital (VII) financian sus operaciones de capital. Art. 48 y 78: familias e instituciones sin fines de lucro. No son subvenciones las aportaciones dinerarias entre Administraciones que financian globalmente la actividad del ente receptor (art. 2 LGS). Los gastos financieros (intereses, capítulo III) se distinguen de los pasivos financieros (amortización de principal, capítulo IX). El Fondo de contingencia (capítulo V) no se ejecuta directamente: se aplica mediante transferencias a otros créditos. Pago en firme (regla general), pago «a justificar» y anticipo de caja fija (excepcionales). Los extrapresupuestarios son los que no afectan al presupuesto (fianzas, depósitos, ingresos indebidos). Anticipo de caja fija (art. 79 LGP, Real Decreto 725/1989): provisión de fondos extrapresupuestaria y permanente, para gastos periódicos o repetitivos (dietas, locomoción, material no inventariable, conservación). Pagos a justificar (art. 78 LGP, Real Decreto 640/1987): presupuestarios, se imputan al presupuesto al librarse; plazo de justificación de tres meses; no se libran nuevos fondos a quien tenga justificaciones pendientes fuera de plazo. Diferencia clave: el anticipo de caja fija es extrapresupuestario y permanente (reposición); el pago a justificar es presupuestario y puntual (justificación y, en su caso, reintegro). Los gastos menores de 5.000 euros abonados por anticipo de caja fija no están sujetos a fiscalización previa. Responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas por menoscabo de caudales públicos (art. 38 LO 2/1982), por el procedimiento de reintegro por alcance (Ley 7/1988); responsabilidad por dolo o culpa grave en la LGP (art. 176). Los gastos reservados se regulan por la Ley 11/1995 y su control es parlamentario; no se asimilan a los pagos a justificar ordinarios. Contrato menor: menos de 40.000 euros en obras y 15.000 euros en suministros y servicios, sin fraccionar el objeto, sin prórroga y con duración máxima de un año.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 306, de 22 de diciembre de 2025, páginas 170759 a 170763, Anexo VII (Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría de Estado de Función Pública, BOE-A-2025-26262) (Convocatoria 2025 (OEP 2025), turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (arts. 47, 50, 78, 79 y 176).
Real Decreto 725/1989, de 16 de junio, sobre anticipos de caja fija.
Real Decreto 640/1987, de 8 de abril, sobre pagos librados «a justificar».
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (arts. 118 y 229).
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (art. 2).
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, y Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
Ley 11/1995, de 11 de mayo, reguladora de la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados.
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