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Tema 1. El concepto de persona. Clases de personas. Personas físicas: Nacimiento y extinción. Personas jurídicas: Concepto, naturaleza y clases. Constitución y extinción de las personas jurídicas. Capacidad jurídica y capacidad de obrar. Representación. Adquisición y pérdida de la nacionalidad española. El extranjero.

Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna · Índice oficial del BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149).

Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, turno libre y promoción interna (666 plazas: 446 libre + 220 promoción interna). Es distinto del temario del Cuerpo de Agentes Tributarios (C1) y del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (A1), que tienen procesos y temarios propios, no cubiertos aquí.

Este tema abre el bloque de Derecho Civil y sienta las bases de toda la disciplina: quién es sujeto de derechos y obligaciones y con qué aptitud puede ejercerlos. Combina la teoría general de la persona (física y jurídica), con dos materias muy preguntadas en test por su casuística de plazos y requisitos: la nacionalidad española (formas de adquisición y pérdida) y el estatuto del extranjero. Para un Agente de la Hacienda Pública, que gestiona relaciones jurídico-tributarias con personas físicas, jurídicas y entidades sin personalidad, dominar estos conceptos es la base para entender después la capacidad de obrar tributaria y la representación ante la Administración.

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Concepto de persona en sentido jurídico

En sentido técnico-jurídico, persona es todo ente capaz de ser titular de derechos y obligaciones, es decir, todo sujeto al que el ordenamiento reconoce personalidad o subjetividad jurídica. Este concepto no coincide necesariamente con el de ser humano individual: junto a la persona física (el hombre como tal), el Derecho atribuye también personalidad a determinadas organizaciones o conjuntos de bienes creados por el hombre para la consecución de fines colectivos, las llamadas personas jurídicas. La personalidad jurídica es, por tanto, una cualidad o aptitud abstracta que el ordenamiento confiere y que constituye el presupuesto necesario de la capacidad jurídica: solo quien es persona puede ser titular de derechos subjetivos, contraer obligaciones y comparecer como parte en las relaciones jurídicas. Esta noción se contrapone a la de simple cosa u objeto de derecho, que carece de subjetividad y solo puede ser objeto de relaciones jurídicas ajenas. El Código Civil no ofrece una definición expresa de persona, pero toda su regulación del Libro I parte de esta distinción básica entre sujeto y objeto de derecho, distinción que resulta esencial para comprender después las relaciones jurídico-tributarias en las que la Administración actúa frente a sujetos con personalidad propia.

Clases de personas: físicas y jurídicas

El ordenamiento español distingue dos grandes categorías de sujetos de derecho. Las personas físicas o naturales son los seres humanos individualmente considerados, que adquieren personalidad por el hecho del nacimiento en las condiciones legalmente exigidas y la pierden con la muerte. Las personas jurídicas son entes creados por el Derecho, dotados de personalidad propia distinta de la de sus miembros o fundadores, a los que se atribuye capacidad para ser titulares de derechos y obligaciones y actuar en el tráfico jurídico como si fueran una persona física, a través de sus órganos de representación. El Código Civil regula ambas categorías en el Libro I, dedicando el Título II al nacimiento y extinción de la personalidad civil de las personas físicas y otros preceptos posteriores a las personas jurídicas. Esta distinción tiene enorme trascendencia práctica: mientras la persona física responde de sus deudas con todo su patrimonio sin limitación, la persona jurídica actúa con un patrimonio propio y autónomo, separado del de sus socios o fundadores, lo que constituye precisamente una de sus principales utilidades económicas y jurídicas, especialmente relevante en el ámbito mercantil y en la aplicación del sistema tributario a cada tipo de sujeto.

El nacimiento de la persona física (art. 30 CC): requisitos

El artículo 30 del Código Civil, en su redacción vigente tras la reforma operada por la Ley 20/2011, del Registro Civil, dispone que la personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno. Esta redacción supuso un cambio relevante respecto de la regulación histórica del propio artículo 30, que hasta 2011 exigía además que el nacido tuviera figura humana y viviera veinticuatro horas enteramente desprendido del seno materno (requisito de viabilidad); ambos requisitos adicionales fueron suprimidos, de modo que hoy basta con nacer vivo y quedar completamente separado de la madre para adquirir la personalidad civil, con independencia de la duración de esa vida. La prueba del nacimiento y de sus circunstancias (fecha, hora y lugar) corresponde a la inscripción en el Registro Civil, que constituye el medio de prueba de los hechos inscritos, sin perjuicio de que quepa prueba en contrario en los términos legalmente previstos. El momento exacto del nacimiento con vida resulta decisivo a efectos sucesorios, pues determina la capacidad para suceder de quien estaba concebido al tiempo de abrirse la sucesión.

El nasciturus y su protección jurídica (art. 29 CC)

El artículo 29 del Código Civil establece que el nacimiento determina la personalidad, pero que el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables, siempre que nazca con las condiciones expresadas en el artículo 30, esto es, que nazca vivo y quede enteramente desprendido del seno materno. Esta figura, conocida como nasciturus, no goza en rigor de personalidad jurídica plena antes del nacimiento —pues esta se adquiere ex artículo 30 en el momento del parto—, pero el ordenamiento le atribuye una protección jurídica anticipada, retroactiva al momento de la concepción, para todo aquello que le beneficie: fundamentalmente, la capacidad para suceder (puede ser instituido heredero o legatario, artículo 959 y siguientes CC, que prevén la suspensión de la partición y las medidas de conservación del patrimonio en beneficio del concebido) y para recibir donaciones, que pueden ser aceptadas por las personas que legítimamente le representarían si se hubiera producido ya el nacimiento (artículo 627 CC). Se trata de una ficción legal de anticipación de efectos, condicionada suspensivamente a que el nacimiento efectivamente se produzca en los términos del artículo 30; si no llega a nacer o no lo hace con vida, se entiende que nunca tuvo esa protección.

La extinción de la persona física: la muerte

El artículo 32 del Código Civil dispone, con una fórmula muy breve pero de gran trascendencia práctica, que la personalidad civil se extingue por la muerte de las personas. La muerte pone fin a la existencia de la persona física y, con ella, a su capacidad jurídica: deja de ser sujeto de derechos y obligaciones, sin perjuicio de que determinados efectos jurídicos vinculados a su personalidad se proyecten después de su fallecimiento (derechos de la personalidad protegidos post mortem por la Ley Orgánica 1/1982, o la propia sucesión mortis causa, en la que sus derechos y obligaciones transmisibles pasan a sus herederos ex artículo 657 CC). La prueba de la muerte se realiza mediante la correspondiente inscripción en el Registro Civil, a partir del certificado médico de defunción, que debe expresar el día, la hora y el lugar del fallecimiento cuando sea posible determinarlos; esta precisión horaria adquiere especial relevancia en los supuestos de conmoriencia y en materia sucesoria, cuando varias personas llamadas a sucederse fallecen en un mismo suceso o en circunstancias que dificultan establecer el orden de los fallecimientos.

La declaración de fallecimiento y la ausencia legal

El Código Civil regula en su Título VIII (Libro I, arts. 181 y ss.) la ausencia, con tres fases de gravedad creciente ante la desaparición de una persona de su domicilio o última residencia sin noticias de ella. 1) Defensor del desaparecido: se nombra en cuanto hay desaparición para amparar su patrimonio y representarlo en lo urgente. 2) Declaración de ausencia legal: procede transcurrido un año desde las últimas noticias (o desde la desaparición), o tres años si el desaparecido dejó apoderado general, y conlleva el nombramiento de un representante del declarado ausente. 3) Declaración de fallecimiento (arts. 193 y ss. CC): permite, transcurridos ciertos plazos sin noticias, dar por muerto al desaparecido a todos los efectos, incluida la apertura de la sucesión. Plazos principales del art. 193: diez años desde las últimas noticias o, a falta de ellas, desde la desaparición; y cinco años si en ese tiempo el ausente hubiera cumplido setenta y cinco años. El art. 194 prevé además plazos mucho más breves, que se cuentan desde el suceso, para los casos de riesgo inminente de muerte (violencia contra la vida, siniestros o naufragio); no es necesario memorizar su duración exacta. La declaración se tramita hoy como expediente de jurisdicción voluntaria (Ley 15/2015). Declarado el fallecimiento se abre la sucesión, pero con cautelas: durante cinco años desde la declaración los herederos no pueden disponer a título gratuito de los bienes (art. 196 CC). Si el declarado fallecido reaparece, el art. 197 CC le reconoce el derecho a recobrar sus bienes en el estado en que se encuentren y el precio de los vendidos, sin poder reclamar frutos ni rentas.

Conmoriencia y premoriencia

La premoriencia es el hecho de que una persona fallezca antes que otra, cuestión que resulta decisiva a efectos sucesorios porque solo puede heredar quien sobrevive al causante (artículo 758 CC). El problema jurídico surge cuando dos o más personas llamadas a sucederse entre sí (típicamente, parientes que fallecen en un mismo accidente) mueren sin que pueda probarse cuál de ellas falleció primero. Para resolver esta incertidumbre, el artículo 33 del Código Civil establece la regla de la conmoriencia: si se duda entre dos o más personas llamadas a sucederse quién de ellas murió primero, quien sostenga la muerte anterior de una o de otra debe probarla; a falta de prueba, se presume que murieron al mismo tiempo, y en consecuencia no tiene lugar la transmisión de derechos de una a otra. Es, por tanto, una presunción iuris tantum (admite prueba en contrario) que actúa en defecto de prueba y cuyo efecto práctico es excluir cualquier transmisión sucesoria recíproca entre los comurientes, como si ninguno hubiera sobrevivido al otro, abriéndose la sucesión de cada uno de forma independiente.

El Registro Civil: función y organización

El Registro Civil es la institución pública encargada de dar publicidad y constancia oficial de los hechos y actos relativos al estado civil de las personas: nacimiento, filiación, nombre y apellidos, emancipación, modificaciones judiciales de la capacidad y medidas de apoyo, declaraciones de ausencia o fallecimiento, nacionalidad y vecindad civil, matrimonio y defunción, entre otros. Su función esencial es constituir el medio de prueba de estos hechos: los inscritos gozan de presunción de exactitud e integridad mientras no se rectifiquen judicialmente o en el propio procedimiento registral. La regulación sustantiva se encuentra en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, cuya entrada en vigor plena se produjo el 30 de abril de 2021. Reformó profundamente el sistema: sustituyó el viejo modelo de libros y secciones (nacimientos, matrimonios, defunciones, tutelas) por un registro individual para cada persona, con un código personal, de base informática y estructura única para toda España. Depende del Ministerio de Justicia (hoy Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes), a través de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, y su gestión pasó de los antiguos jueces encargados a funcionarios al servicio de las Oficinas del Registro Civil (Letrados de la Administración de Justicia, y cónsules en el extranjero). Conviene distinguir el Registro Civil de otros registros (Propiedad, Mercantil), que no acreditan el estado civil.

Concepto y naturaleza de la persona jurídica

La persona jurídica es una organización de personas o de bienes, creada por el Derecho, a la que el ordenamiento reconoce personalidad propia y distinta de la de sus miembros o fundadores, dotándola de capacidad para ser titular de derechos y obligaciones y para actuar en el tráfico jurídico. El artículo 38 del Código Civil recoge el contenido básico de esa capacidad al disponer que las personas jurídicas pueden adquirir y poseer bienes de todas clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles o criminales, conforme a las leyes y reglas de su constitución. Sobre la naturaleza última de esta figura, la doctrina ha discutido si la persona jurídica es una creación puramente artificial del Derecho, una realidad social preexistente que el ordenamiento se limita a reconocer, o una simple técnica de imputación normativa; en cualquier caso, lo relevante desde el punto de vista positivo es que, una vez constituida conforme a los requisitos legales, la persona jurídica adquiere un patrimonio propio, separado del de sus integrantes, y actúa a través de sus órganos, cuyos actos se imputan directamente a ella.

Teorías sobre la naturaleza de la persona jurídica (ficción, realidad)

Dos grandes corrientes doctrinales han explicado la naturaleza de la persona jurídica. La teoría de la ficción, formulada clásicamente por Savigny, sostiene que solo el ser humano es persona por naturaleza y que la personalidad de los entes colectivos es una ficción creada artificialmente por el legislador para facilitar el tráfico jurídico de patrimonios colectivos; de aquí se deriva que la persona jurídica carece de voluntad propia y solo puede actuar a través de representantes, y que su capacidad depende enteramente de lo que la ley le conceda. Frente a ella, las teorías realistas u organicistas (Gierke, entre otros) defienden que la persona jurídica es una realidad social objetiva, un organismo colectivo con voluntad e intereses propios distintos de los de sus miembros individuales, que el Derecho simplemente reconoce y no crea de la nada; sus órganos no serían meros representantes sino partes integrantes de esa realidad orgánica. Existen también posiciones intermedias o normativistas que prescinden de la discusión ontológica y entienden la personalidad jurídica como una técnica de imputación de efectos jurídicos, sin necesidad de resolver si el ente colectivo tiene o no una voluntad real comparable a la humana. El Código Civil español no toma partido expreso por ninguna de ellas.

Clases de personas jurídicas: asociaciones, fundaciones y corporaciones

El artículo 35 del Código Civil clasifica las personas jurídicas distinguiendo, de un lado, las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la ley, cuya personalidad empieza desde el instante mismo en que, con arreglo a Derecho, hubiesen quedado válidamente constituidas; y de otro, las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales, a las que la ley conceda personalidad propia, independiente de la de cada uno de los asociados. Atendiendo al criterio del sustrato sobre el que se asientan, la doctrina distingue tradicionalmente entre corporaciones (agrupaciones de personas de base territorial o profesional creadas normalmente por la ley o con intervención pública, como los colegios profesionales o las cámaras), asociaciones (agrupaciones voluntarias de personas que se unen para la consecución de un fin común, típicamente sin ánimo de lucro, reguladas hoy por la Ley Orgánica 1/2002) y fundaciones (organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero un patrimonio a la realización de fines de interés general, reguladas por la Ley 50/2002). Corporaciones y asociaciones se caracterizan por el sustrato personal; las fundaciones, por el patrimonial.

Personas jurídicas de Derecho público y de Derecho privado

Atendiendo al régimen jurídico que las disciplina y a la naturaleza de los fines que persiguen, las personas jurídicas se clasifican en públicas y privadas. Las personas jurídicas de Derecho público son entes creados por normas de Derecho público, integrados en la organización del Estado o dotados de potestades públicas para el cumplimiento de fines de interés general (el propio Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales, los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales o determinadas corporaciones de base pública como los colegios profesionales), que se rigen primordialmente por el Derecho administrativo, sin perjuicio de que en sus relaciones patrimoniales puedan quedar sometidas también al Derecho privado. Las personas jurídicas de Derecho privado nacen de la iniciativa particular (asociaciones, fundaciones, sociedades civiles y mercantiles) y se rigen fundamentalmente por el Derecho civil o mercantil, sin perjuicio de la intervención administrativa en su constitución o control (autorización, inscripción registral, protectorado en el caso de las fundaciones). Esta distinción resulta especialmente relevante para un Agente de la Hacienda Pública, pues condiciona el régimen tributario aplicable (exenciones, régimen fiscal especial de entidades sin fines lucrativos, capacidad de obrar ante la Administración tributaria) de cada tipo de entidad.

Constitución de las personas jurídicas: requisitos

La constitución válida de una persona jurídica exige, con carácter general, la concurrencia de tres elementos: un acto fundacional (voluntad de crear el ente, manifestada normalmente en escritura pública, estatutos o carta fundacional), el cumplimiento de los requisitos de forma y publicidad exigidos por la ley específica aplicable a cada tipo de entidad (inscripción en el registro correspondiente: Registro de Asociaciones, Registro de Fundaciones, Registro Mercantil), y la licitud del fin perseguido, que no puede ser contrario a las leyes ni a la moral. El artículo 35 CC vincula el nacimiento de la personalidad de corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público al momento en que, con arreglo a Derecho, hayan quedado válidamente constituidas, remitiendo así a la normativa especial de cada tipo de persona jurídica los requisitos concretos de constitución. Así, las asociaciones adquieren personalidad jurídica desde el otorgamiento del acta fundacional (aunque la inscripción registral es necesaria para la plena oponibilidad frente a terceros y determinados efectos), las fundaciones desde la inscripción de la escritura pública de constitución en el Registro de Fundaciones, y las sociedades mercantiles desde la inscripción de la escritura de constitución en el Registro Mercantil.

El acto fundacional y los estatutos

El acto fundacional es el negocio jurídico, unilateral o plurilateral según los casos, por el cual una o varias personas manifiestan su voluntad de crear una persona jurídica, fijando sus elementos esenciales: la denominación, el domicilio, el objeto o fines, el patrimonio inicial (relevante especialmente en fundaciones) y, en su caso, los órganos de gobierno y representación. Este acto se instrumenta normalmente en escritura pública (exigida, por ejemplo, para la constitución de fundaciones y de sociedades mercantiles) y va acompañado de los estatutos, que constituyen la norma interna reguladora del funcionamiento de la entidad: derechos y obligaciones de los miembros o de los órganos, reglas de organización y adopción de acuerdos, procedimiento de modificación estatutaria y causas y régimen de disolución. Los estatutos vinculan a los miembros presentes y futuros y son objeto de control por el órgano registral o administrativo competente (calificación registral, protectorado de fundaciones). Respecto de la capacidad civil, el art. 37 CC dispone que la de las corporaciones se regula por las leyes que las hayan creado o reconocido, la de las asociaciones por sus estatutos y la de las fundaciones por las reglas de su institución, debidamente aprobadas cuando fuere necesario; y el art. 36 CC somete las asociaciones de interés particular del art. 35.2 a las disposiciones del contrato de sociedad, según su naturaleza.

Extinción de las personas jurídicas: causas y efectos

Las personas jurídicas, al igual que las físicas, pueden extinguirse, si bien por causas distintas ligadas a su naturaleza artificial. El artículo 39 del Código Civil enumera como causas de extinción de las asociaciones o corporaciones: haber expirado el plazo durante el cual funcionaban legalmente, haberse realizado por completo el fin para el cual se constituyeron, o ser ya imposible aplicar a este la actividad y los medios de que disponían; a ellas se añaden, según el tipo de entidad, el acuerdo válido de disolución de sus miembros, la fusión o absorción por otra entidad, o la revocación de la autorización administrativa cuando esta fuera necesaria para su existencia. El propio artículo 39 dispone que, en estos casos de extinción, el destino de los bienes se determina según lo prescrito por las leyes, los estatutos o las cláusulas fundacionales; a falta de previsión, tales bienes se aplicarán a la realización de fines análogos, en interés de la región, provincia o municipio que principalmente debieran recoger los beneficios de las instituciones extinguidas. A diferencia de la muerte de la persona física, la extinción de la persona jurídica suele ir precedida de un proceso de liquidación de su patrimonio, dirigido a satisfacer a sus acreedores antes de repartir o destinar el remanente.

Concepto de capacidad jurídica

La capacidad jurídica es la aptitud abstracta e indivisible para ser titular de derechos y obligaciones, es decir, para ser sujeto de relaciones jurídicas. Se trata de un atributo inherente a la propia condición de persona: toda persona física, por el mero hecho de serlo, tiene capacidad jurídica desde su nacimiento (en los términos del artículo 30 CC) hasta su muerte, sin que quepan grados ni pueda ser modulada por la voluntad de terceros ni por las circunstancias personales del sujeto (edad, enfermedad, condena penal); toda persona jurídica la tiene igualmente desde su válida constitución. La capacidad jurídica se diferencia así radicalmente de la capacidad de obrar en que esta última sí admite grados y modulaciones legales, mientras que aquella es uniforme e igual para todos los seres humanos, como consecuencia del reconocimiento constitucional de la dignidad de la persona (artículo 10 CE) y de la prohibición de la llamada muerte civil, figura histórica hoy proscrita por la cual ciertas penas o circunstancias privaban por completo de personalidad jurídica a quien las sufría.

Concepto de capacidad de obrar

La capacidad de obrar es la aptitud de una persona para ejercitar por sí misma, de forma eficaz, los derechos de que es titular y para asumir y cumplir por sí misma obligaciones, esto es, para realizar actos jurídicos válidos y eficaces. A diferencia de la capacidad jurídica, que es uniforme, la capacidad de obrar es graduable y depende de circunstancias personales del sujeto que el ordenamiento considera relevantes para valorar su aptitud natural de entender y querer: fundamentalmente la edad (distinguiendo entre menores y mayores de edad, y dentro de los menores, entre los que tienen determinada madurez para ciertos actos y los que carecen de ella) y, tras la reforma operada por la Ley 8/2021, la necesidad de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica en el caso de personas con discapacidad, superando el antiguo modelo de incapacitación judicial que privaba de capacidad de obrar. La capacidad de obrar puede ser plena (la del mayor de edad no sujeto a medidas de apoyo) o limitada, en cuyo caso el acto requerirá, según los casos, el complemento de capacidad de un representante legal, de un curador o de otra persona designada, sin que ello suponga sustituir la voluntad del titular sino apoyarla.

Diferencias entre capacidad jurídica y capacidad de obrar

Aunque ambos conceptos aluden a la aptitud de la persona en el ámbito del Derecho, presentan diferencias sustanciales. La capacidad jurídica es un atributo abstracto, único e igual para todas las personas, que no admite grados: se tiene o no se tiene, y toda persona física o jurídica la posee en su integridad desde que adquiere personalidad. La capacidad de obrar, en cambio, es una aptitud concreta y graduable, referida a la posibilidad real de ejercitar por uno mismo los derechos de que se es titular, que varía según circunstancias personales (edad, necesidad de apoyos). Puede darse, por tanto, capacidad jurídica sin plena capacidad de obrar: un menor de edad o una persona que precisa medidas de apoyo tienen capacidad jurídica plena (son titulares de derechos, por ejemplo, pueden heredar o ser propietarios) pero carecen de capacidad de obrar plena para ejercitarlos por sí mismos, de modo que actuarán a través de sus representantes legales o con el apoyo de un curador, según corresponda. Lo que nunca puede darse es capacidad de obrar sin capacidad jurídica, pues aquella presupone necesariamente esta última: solo puede ejercitar derechos quien previamente puede ser titular de ellos.

La mayoría de edad y la capacidad de obrar plena

El artículo 315 del Código Civil dispone que la mayor edad empieza a los dieciocho años cumplidos, precisando que para el cómputo de los años de la mayoría de edad se incluirá completo el día del nacimiento. Alcanzada la mayoría de edad, el artículo 322 CC establece la regla general de la capacidad de obrar plena: el mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil, salvo las excepciones establecidas en casos especiales por el propio Código. Estas excepciones son limitaciones puntuales que la ley impone por razones específicas de protección o de orden público, no por presumir una falta general de aptitud: así, ciertos requisitos de forma reforzados, prohibiciones concretas para determinados actos (como las del artículo 1459 CC en materia de compraventa) o, en su caso, la sujeción a medidas de apoyo cuando la persona, con independencia de su edad, precise de ellas por circunstancias que afecten a su modo de ejercer su capacidad jurídica. Antes de la mayoría de edad, la capacidad de obrar del menor es progresiva: se amplía conforme aumenta su madurez, permitiéndosele realizar por sí mismo determinados actos propios de su edad (los llamados actos de la vida corriente) y exigiéndose para el resto la intervención de quienes ejerzan la patria potestad o la tutela.

Causas modificativas de la capacidad: menor edad y discapacidad

Tradicionalmente el Código Civil consideraba causas modificativas de la capacidad de obrar la minoría de edad, la incapacitación judicial, la prodigalidad y la interdicción civil. La minoría de edad sigue siendo hoy la principal causa objetiva de limitación de la capacidad de obrar: los menores no emancipados actúan, en general, mediante la representación legal de quienes ostenten la patria potestad (art. 162 CC) o la tutela, con las excepciones del propio art. 162: los actos relativos a derechos de la personalidad u otros que el hijo pueda realizar por sí mismo según las leyes y sus condiciones de madurez, y los actos en que exista conflicto de intereses. Rige además el principio de capacidad progresiva: el menor maduro debe ser oído (la LO 1/1996 de Protección Jurídica del Menor fija el derecho a ser oído desde los doce años o antes si tiene suficiente madurez) y el art. 1263 CC permite a los menores no emancipados prestar consentimiento en los contratos que las leyes les permitan celebrar por sí solos y en los relativos a bienes y servicios de la vida corriente propios de su edad conforme a los usos sociales. La emancipación (arts. 314 y ss. CC) pone fin a la patria potestad y se produce por la mayoría de edad, por concesión de quienes ejercen la patria potestad (requiere que el menor tenga dieciséis años cumplidos y la consienta, art. 317) o por concesión judicial; el emancipado necesita el complemento legal previsto en el art. 323 CC para tomar dinero a préstamo, gravar o enajenar inmuebles, establecimientos mercantiles u objetos de extraordinario valor. La discapacidad, por su parte, dejó de ser desde la Ley 8/2021 causa de incapacitación: ya no se declara a nadie incapaz ni se le priva de capacidad de obrar, sino que se establecen medidas de apoyo proporcionadas que respetan su voluntad, deseos y preferencias. La Ley 8/2021 suprimió asimismo la prodigalidad como institución.

Las medidas de apoyo a personas con discapacidad tras la Ley 8/2021

La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica (en vigor desde el 3 de septiembre de 2021), reformó el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Hipotecaria, la Ley del Notariado y la Ley 15/2015 de la Jurisdicción Voluntaria para adaptar el ordenamiento a la Convención de Nueva York de 2006. Sustituyó el modelo de sustitución de la voluntad (incapacitación, tutela de adultos, patria potestad prorrogada o rehabilitada) por un modelo de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica que respeta en todo caso la voluntad, deseos y preferencias de la persona. El Título XI del Libro I CC regula las medidas de apoyo, que pueden ser voluntarias (previstas por la propia persona, mayor de edad o menor emancipado, en escritura pública notarial, art. 255 CC: poderes y mandatos preventivos, autocuratela), o judiciales/legales cuando no existan o sean insuficientes: la guarda de hecho (art. 263 CC), que no requiere nombramiento y subsiste mientras funcione adecuadamente; la curatela (medida de apoyo estable, de naturaleza asistencial y solo excepcionalmente representativa, que sustituye a la tutela de mayores) y el defensor judicial (art. 295 CC: conflicto de intereses o imposibilidad transitoria del apoyo habitual). Las medidas voluntarias tienen preferencia sobre las demás; la curatela se constituye por resolución judicial motivada y, salvo excepción, las medidas judiciales deben revisarse periódicamente en plazo máximo de tres años (seis, excepcionalmente). La tutela se reserva hoy para los menores no sometidos a patria potestad. Rigen los principios de necesidad y proporcionalidad: se aplicará siempre la medida menos restrictiva de la autonomía de la persona.

Concepto y clases de representación: legal y voluntaria

La representación es la institución jurídica por virtud de la cual una persona (el representante) actúa en nombre de otra (el representado), de modo que los efectos jurídicos del acto o negocio realizado se producen directamente en la esfera jurídica del representado, como si este hubiera actuado personalmente. Se distinguen dos grandes clases. La representación legal es la que impone directamente la ley, con independencia de la voluntad del representado, precisamente para suplir su falta de capacidad de obrar: es el caso de los progenitores que ejercen la patria potestad respecto de sus hijos menores, o del tutor respecto del menor no sujeto a patria potestad; en estos casos, el representante actúa dentro de los límites y con las facultades que la propia ley le atribuye. La representación voluntaria, en cambio, nace de un acto de autonomía privada del propio representado, plenamente capaz, que decide libremente conferir a otra persona facultades para actuar en su nombre mediante el otorgamiento de un poder (apoderamiento); a diferencia de la legal, su alcance depende de lo que el poderdante haya querido conceder, y puede revocarse libremente por este en cualquier momento, salvo pacto de irrevocabilidad válidamente admitido en supuestos excepcionales.

El poder de representación y el apoderamiento

El apoderamiento es el negocio jurídico unilateral por el cual una persona (poderdante) confiere a otra (apoderado) el poder de representación, esto es, la facultad de actuar en su nombre frente a terceros produciendo efectos directamente en su esfera jurídica. Se trata de un acto distinto y autónomo del contrato de mandato (regulado en los artículos 1709 y siguientes del Código Civil), aunque frecuentemente vayan unidos en la práctica: el mandato es el contrato por el que una persona se obliga a prestar un servicio o hacer alguna cosa por cuenta o encargo de otra, mientras que el poder es el acto por el que se concede la facultad de representar; puede haber mandato sin representación (mandato sin poder, en el que el mandatario actúa en nombre propio) y poder sin mandato subyacente. El artículo 1710 CC admite que el mandato pueda ser expreso o tácito, y el expreso puede otorgarse por instrumento público o privado, e incluso de palabra; no obstante, cuando el poder haya de utilizarse para actos que deban constar en escritura pública, o para perjudicar a tercero, deberá otorgarse igualmente en escritura pública, conforme exige el artículo 1280 CC. El poder puede ser general (para todos los negocios del poderdante) o especial (para uno o más negocios determinados).

La autocontratación y el conflicto de intereses

La autocontratación se produce cuando una misma persona interviene en un negocio jurídico ostentando dos posiciones jurídicas distintas: actuando en su propio nombre y, simultáneamente, en representación de otra persona (por ejemplo, un apoderado que compra para sí un bien de su representado), o representando a la vez a dos personas distintas en un mismo contrato. El Código Civil no contiene una prohibición general y expresa de la autocontratación, pero sí establece prohibiciones específicas allí donde presume un riesgo estructural de conflicto de intereses entre representante y representado: así, el artículo 1459 CC prohíbe a los tutores comprar bienes de sus pupilos, a los mandatarios adquirir los bienes cuya administración o enajenación se les hubiese confiado, y a los albaceas los bienes confiados a su cargo. La jurisprudencia y la doctrina han generalizado a partir de estos preceptos un principio más amplio: la autocontratación es válida siempre que no exista conflicto de intereses entre las partes representadas, o cuando el representado la haya autorizado expresamente conociendo la doble posición; en caso contrario, el acto realizado en autocontratación con conflicto de intereses no autorizado se considera anulable, por faltar la garantía de imparcialidad que debe presidir toda actuación representativa.

Nacionalidad: concepto y regulación en el Código Civil

La nacionalidad es el vínculo jurídico-político que une a una persona con un Estado determinado, atribuyéndole la condición de nacional de este y, con ella, el estatuto de derechos y deberes propio de esa condición, distinto del que corresponde a los extranjeros. En el ordenamiento español, la nacionalidad se configura además como un estado civil de la persona, y su regulación sustantiva se contiene fundamentalmente en el Título I del Libro I del Código Civil (artículos 17 a 28), que ha sido modificado en numerosas ocasiones para adaptar sus criterios de atribución a la evolución social (adopción, filiación no matrimonial, igualdad entre hombre y mujer) y a compromisos internacionales de España (convenios bilaterales de doble nacionalidad con países iberoamericanos). El Código distingue, dentro de las formas de adquisición, entre la nacionalidad de origen, que se adquiere automáticamente por el hecho del nacimiento o de la adopción en determinadas circunstancias, y la nacionalidad derivativa o adquirida, que resulta de un acto posterior de la persona o de una decisión estatal (opción, carta de naturaleza, residencia). Esta distinción tiene consecuencias jurídicas relevantes, entre ellas la diferente exigencia probatoria y el distinto tratamiento a efectos de pérdida de la nacionalidad.

Adquisición originaria de la nacionalidad española: iure sanguinis y iure soli

El artículo 17 del Código Civil regula la atribución de la nacionalidad española de origen combinando dos criterios clásicos. El ius sanguinis (derecho de sangre) atribuye la nacionalidad española a los nacidos de padre o madre españoles, con independencia del lugar de nacimiento, y es el criterio principal. El ius soli (derecho de suelo) opera de forma subsidiaria o correctora, sobre todo para evitar la apatridia o vincular a España a quienes tienen una conexión estrecha con el país. Son españoles de origen: a) los nacidos de padre o madre españoles; b) los nacidos en España de padres extranjeros si, al menos, uno de ellos hubiera nacido también en España (se exceptúan los hijos de funcionario diplomático o consular acreditado en España); c) los nacidos en España de padres extranjeros si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad; d) los nacidos en España cuya filiación no resulte determinada (se presumen nacidos en España los menores de edad cuyo primer lugar conocido de estancia sea territorio español). La determinación de la filiación o del nacimiento en España después de los dieciocho años no atribuye la nacionalidad de origen, pero concede derecho a optar por ella en el plazo de dos años desde esa determinación. Además, el art. 19 CC atribuye la nacionalidad española de origen al extranjero menor de dieciocho años adoptado por un español. Por último, normas especiales han abierto la nacionalidad de origen a colectivos concretos: los descendientes de exiliados y otros colectivos (Ley 52/2007 y Ley 20/2022 de Memoria Democrática, cuyos plazos de solicitud ya han finalizado) Los sefardíes originarios de España, en cambio, accedieron por carta de naturaleza (Ley 12/2015, de 24 de junio, con plazo ya cerrado).

Adquisición derivativa de la nacionalidad: opción, carta de naturaleza y residencia

Junto a la nacionalidad de origen, el Código Civil regula tres vías de adquisición derivativa. La opción (art. 20 CC) permite adquirir la nacionalidad mediante declaración de voluntad a quienes estén o hayan estado sujetos a la patria potestad de un español, a aquellos cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España, y a los adoptados mayores de dieciocho años, con las reglas sobre quién y cuándo puede formular la declaración; no exige residencia previa. La carta de naturaleza (art. 21.1 CC) es una forma graciable y discrecional de concesión, otorgada por Real Decreto cuando en el interesado concurren circunstancias excepcionales. La adquisición por residencia (arts. 21.2 y 22 CC) es la vía ordinaria de naturalización: se concede por resolución del Ministro de Justicia (competencia hoy ejercida en el actual Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes), previa tramitación por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública conforme al Real Decreto 1004/2015; exige residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición durante el plazo legalmente exigido, buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española, que se acredita mediante las pruebas del Instituto Cervantes de conocimientos constitucionales y socioculturales (CCSE) y, salvo exenciones, de lengua española (DELE A2). La solicitud no resuelta expresamente en un año se entiende desestimada, y la concesión puede denegarse por razones de orden público o interés nacional (art. 21.2 CC).

Requisitos de la residencia legal para la naturalización

El artículo 22 del Código Civil fija distintos plazos de residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición, según la vinculación del solicitante con España. El plazo general es de diez años. Se reduce a cinco años para quienes hayan obtenido la condición de refugiado. Se reduce a dos años para los nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal, o de origen sefardí. Y se reduce a un solo año en determinados supuestos de especial vinculación con España: el nacido en territorio español, quien no haya ejercitado oportunamente la facultad de optar, quien haya estado sujeto legalmente a la tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución españoles durante dos años consecutivos (aunque continuara en esta situación al tiempo de la solicitud), quien al tiempo de la solicitud llevara un año casado con español o española y no estuviera separado legalmente o de hecho, el viudo o viuda de española o español si a la muerte del cónyuge no existiera separación legal o de hecho, y el nacido fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles. A estos requisitos temporales se añaden siempre los de buena conducta cívica y grado de integración.

Pérdida de la nacionalidad española

El artículo 24 del Código Civil regula la pérdida de la nacionalidad española, que debe distinguirse de la privación (art. 25 CC, de carácter sancionador). Supuestos de pérdida: a) los españoles emancipados que, residiendo habitualmente en el extranjero, adquieran voluntariamente otra nacionalidad o utilicen exclusivamente la extranjera que tuvieran atribuida antes de la emancipación; la pérdida se produce transcurridos tres años desde la adquisición de la nacionalidad extranjera o desde la emancipación, salvo que declaren su voluntad de conservar la española; b) la renuncia expresa a la nacionalidad española por quien tenga otra nacionalidad y resida habitualmente en el extranjero; c) los nacidos y residentes en el extranjero que ostenten la nacionalidad española por ser hijos de padre o madre españoles también nacidos en el extranjero, cuando las leyes del país de residencia les atribuyan su nacionalidad, perderán la española si no declaran su voluntad de conservarla ante el Registro Civil en el plazo de tres años desde su mayoría de edad o emancipación (art. 24.3). En ningún caso se produce la pérdida si España se hallase en guerra (art. 24.2). En cambio, el art. 25 CC regula la privación: solo alcanza a los españoles que no lo sean de origen y procede, entre otros supuestos, cuando entren voluntariamente al servicio de las armas o ejerzan cargo político en un Estado extranjero contra la prohibición expresa del Gobierno. Aparte, el art. 25.2 prevé que la sentencia firme que declare que el interesado incurrió en falsedad, ocultación o fraude en la adquisición de la nacionalidad produce la nulidad de la adquisición, si la sentencia se dicta en los quince años siguientes.

Conservación y recuperación de la nacionalidad

La conservación de la nacionalidad se articula mediante la declaración de voluntad de conservarla ante el encargado del Registro Civil dentro del plazo de tres años previsto en el art. 24 CC (supuestos de emancipados que adquieren otra nacionalidad o de nacidos en el extranjero hijos de españoles también nacidos en el extranjero). Cuando la nacionalidad se ha perdido, el art. 26 CC regula su recuperación: quien la hubiera perdido puede recuperarla cumpliendo tres requisitos: a) ser residente legal en España (requisito dispensable por el Ministro de Justicia en el caso de emigrantes e hijos de emigrantes); b) declarar ante el encargado del Registro Civil su voluntad de recuperar la nacionalidad; c) inscribir la recuperación en el Registro Civil. Quienes hubieran sido privados de la nacionalidad (art. 25) o no fueran españoles de origen y hubieran incurrido en causa de privación necesitan previa habilitación concedida discrecionalmente por el Gobierno. La recuperación produce efectos desde su inscripción en el Registro Civil, sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros durante el periodo en que el interesado careció de nacionalidad española.

La doble nacionalidad y los convenios de doble nacionalidad

El artículo 11.3 de la Constitución española habilita al Estado para concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España; en estos países, aun sin que haya reciprocidad, los españoles podrán naturalizarse sin perder su nacionalidad de origen. España ha suscrito convenios de doble nacionalidad con varios Estados iberoamericanos (entre otros, Chile, Perú, Paraguay, Guatemala, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Honduras, República Dominicana y Argentina y Colombia), con reglas sobre cuál de las dos nacionalidades prevalece mientras se reside en uno u otro país. Fuera de esos convenios, el art. 23.b CC exige a quien adquiere la nacionalidad española por opción, carta de naturaleza o residencia que renuncie a su anterior nacionalidad, salvo los naturales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal, que no tienen que renunciar. Requisitos comunes del art. 23 CC para validez de esas adquisiciones: que el mayor de catorce años y capaz jure o prometa fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes; que declare que renuncia a su anterior nacionalidad (salvo las excepciones anteriores); y que la adquisición se inscriba en el Registro Civil. La adquisición exige cumplir esos requisitos en el plazo de ciento ochenta días desde la notificación de la concesión.

El extranjero: concepto y régimen jurídico general

Se considera extranjero, a efectos del ordenamiento español, a toda persona que carece de la nacionalidad española, con independencia de que ostente otra nacionalidad o sea apátrida. El artículo 27 del Código Civil establece el principio general de equiparación entre españoles y extranjeros en el goce de los derechos civiles regulados por el propio Código, salvo lo dispuesto en leyes especiales y en los tratados internacionales; se trata de una remisión que ha sido matizada y en gran parte desplazada por la legislación posterior, singularmente por el Derecho de extranjería y por las normas sobre orden público internacional. El régimen jurídico del extranjero se articula sobre un doble nivel: de un lado, el estatuto de derechos y libertades específicamente reconocido por la legislación de extranjería, que distingue entre extranjeros comunitarios (nacionales de Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, sujetos a un régimen de libre circulación mucho más favorable) y extracomunitarios; y de otro, el régimen de entrada, permanencia, trabajo y salida del territorio español, sujeto a autorización administrativa (visados, autorizaciones de residencia y trabajo) salvo excepciones legalmente previstas.

Derechos y libertades de los extranjeros en España (Ley Orgánica 4/2000)

La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, es la norma marco del Derecho español de extranjería. Ha sido modificada en numerosas ocasiones (entre otras, por las LO 8/2000, 11/2003, 14/2003, 2/2009 y 10/2011) para adaptarla a la jurisprudencia constitucional y al Derecho de la Unión Europea. Su desarrollo reglamentario actual es el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, que aprobó el nuevo Reglamento de extranjería y ha sustituido al Real Decreto 557/2011, con entrada en vigor el 20 de mayo de 2025. Constitucionalmente, el art. 13.1 CE dispone que los extranjeros gozan en España de las libertades públicas que garantiza el Título I en los términos que establezcan los tratados y la ley; el art. 13.2 CE reserva a los españoles los derechos del art. 23, salvo el sufragio activo y pasivo en elecciones municipales por criterio de reciprocidad. La STC 236/2007 declaró inconstitucional condicionar a la residencia legal el ejercicio de los derechos de reunión, asociación, sindicación y huelga, que corresponden a todos los extranjeros. La ley reconoce un amplio catálogo de derechos: documentación, circulación, educación (obligatoria y gratuita para los menores), asistencia sanitaria, asistencia jurídica gratuita, reagrupación familiar, y derechos laborales y de Seguridad Social en función de su situación administrativa. Regula también el régimen de entrada, estancia y residencia (temporal y de larga duración), las infracciones y sanciones (incluida la expulsión) y el sistema de autorizaciones. Los ciudadanos de la Unión Europea y asimilados se rigen por su normativa específica de libre circulación (Real Decreto 240/2007), de aplicación preferente. En el ámbito del asilo, la Ley 12/2009 regula el derecho de asilo y la protección subsidiaria, y el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo resulta aplicable en la Unión desde junio de 2026.

El domicilio de las personas físicas y jurídicas

El domicilio es el lugar de asiento jurídico de la persona para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. El artículo 40 del Código Civil dispone que, para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones civiles, el domicilio de las personas naturales es el lugar de su residencia habitual, y, en su caso, el que determine la Ley de Enjuiciamiento Civil; añade que el domicilio de los diplomáticos residentes en el extranjero, que gocen del derecho de extraterritorialidad, será el último que hubieren tenido en territorio español. El domicilio de las personas jurídicas se regula en el artículo 41 CC, que lo sitúa en el lugar en que se halle establecida su representación legal, o donde ejerzan las principales funciones de su instituto, en defecto de lo que determinen los estatutos o las reglas de su constitución. El domicilio cumple funciones jurídicas de primer orden: determina la competencia territorial de los tribunales y órganos administrativos, el lugar de cumplimiento de las obligaciones a falta de pacto (artículo 1171 CC), y sirve de punto de conexión relevante en materia tributaria para fijar la residencia fiscal y la Administración competente.

La vecindad civil

La vecindad civil es la condición jurídica que determina, dentro del territorio español, la sujeción de una persona al Derecho civil común (Código Civil) o a uno de los Derechos civiles forales o especiales vigentes en determinados territorios (Aragón, Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco, Baleares y, con particularidades, Comunitat Valenciana); no debe confundirse con la vecindad administrativa (empadronamiento). El art. 14 CC establece que la sujeción al derecho civil común o al foral depende de la vecindad civil. Criterios: tienen la vecindad de sus padres los nacidos de padres con la misma vecindad; si al nacer el hijo los padres tuvieren distinta vecindad, tendrá la del progenitor respecto del cual la filiación haya sido determinada antes, en su defecto la del lugar de nacimiento y, en último término, la común; los padres pueden atribuir al hijo la vecindad de cualquiera de ellos durante los seis meses siguientes al nacimiento o adopción. El hijo, desde los catorce años y hasta un año después de su emancipación, puede optar por la vecindad del lugar de nacimiento o por la última vecindad de cualquiera de sus padres. La vecindad se adquiere también por residencia continuada de dos años, si el interesado manifiesta su voluntad, o de diez años, sin declaración en contrario; ambas declaraciones se inscriben en el Registro Civil. En caso de duda, prevalece la vecindad correspondiente al lugar de nacimiento. El art. 15 CC regula la vecindad de los extranjeros que adquieren la nacionalidad española, que deben optar en el momento de la inscripción por la del lugar de residencia, la del lugar de nacimiento, la última de cualquiera de sus progenitores o adoptantes, o la del cónyuge. La vecindad civil determina la ley personal aplicable (art. 16 CC) en materia de sucesiones y régimen económico matrimonial.

Entes sin personalidad jurídica y su relevancia tributaria

No toda unidad patrimonial u organizativa es persona jurídica. Carecen de personalidad la herencia yacente, las comunidades de bienes, las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal (con relevancia procesal y fiscal propia), las sociedades civiles cuyos pactos se mantengan secretos entre los socios (art. 1669 CC) y otras entidades sin personalidad. La Ley 58/2003, General Tributaria, atribuye a las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición, la condición de obligados tributarios cuando las leyes así lo establezcan (art. 35.4 LGT). Tienen capacidad de obrar en el orden tributario, además de quienes la tengan conforme a Derecho, los menores y las personas con discapacidad en las relaciones tributarias derivadas de las actividades cuya titularidad les corresponda y cuya gestión puedan realizar por sí mismos (art. 44 LGT), y la representación ante la Administración se regula en los arts. 45 y 46 LGT.

Regulación de asociaciones, fundaciones y sociedades

Asociaciones: Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación; se constituyen por acuerdo de tres o más personas físicas o jurídicas mediante acta fundacional (art. 5), adquieren personalidad con el otorgamiento del acta y se inscriben en el Registro de Asociaciones a efectos de publicidad. Fundaciones: Ley 50/2002, de 26 de diciembre; la fundación se constituye por acto inter vivos (escritura pública) o mortis causa (testamento) y adquiere personalidad desde la inscripción de la escritura en el Registro de Fundaciones; se presume suficiente una dotación de 30.000 euros y está sometida al control del Protectorado. Sociedades mercantiles: el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que dispone que adquieren personalidad con la inscripción de la escritura en el Registro Mercantil. Entidades sin fines lucrativos: régimen fiscal especial en la Ley 49/2002.

Cuadro comparativo: pérdida, privación y recuperación de la nacionalidad

Pérdida (art. 24): afecta a españoles (de origen o no) residentes en el extranjero y se evita declarando la voluntad de conservarla; privación (art. 25): sanción, solo a españoles no de origen y por causas tasadas (servicio de armas o cargo político en un Estado extranjero contra la prohibición del Gobierno, y otros supuestos legales); nulidad de la adquisición por fraude (art. 25.2): por sentencia firme dictada dentro de los quince años siguientes. Recuperación (art. 26): residencia legal en España (dispensable a emigrantes e hijos), declaración de voluntad e inscripción; necesita habilitación del Gobierno quien hubiera sido privado o no sea español de origen e incurriese en causa de privación.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Art. 30 CC (tras la reforma de la Ley 20/2011): la personalidad se adquiere con el nacimiento con vida y el entero desprendimiento del seno materno; ya no se exigen ni la figura humana ni las 24 horas de vida que exigía la redacción original de 1889.
  • Art. 29 CC: el concebido se tiene por nacido para todo lo que le favorezca, siempre que llegue a nacer con los requisitos del art. 30 (condición suspensiva, no personalidad anticipada plena).
  • Art. 32 CC: la personalidad civil se extingue solo por la muerte (no existe ya la 'muerte civil' histórica).
  • Art. 33 CC (conmoriencia): a falta de prueba de quién murió antes, se presume que fallecieron al mismo tiempo y no hay transmisión de derechos entre los comurientes.
  • Declaración de fallecimiento: plazo general 10 años sin noticias; se reduce a 5 años si el ausente hubiera cumplido 75; plazos mucho más breves (en torno a 1-3 meses) en supuestos de riesgo inminente de muerte (naufragio, siniestro aéreo, operaciones bélicas).
  • Art. 35 CC distingue corporaciones/asociaciones/fundaciones de interés público (personalidad desde su válida constitución) de las asociaciones de interés particular (capacidad civil regulada por sus estatutos).
  • Art. 38 CC: contenido básico de la capacidad de las personas jurídicas (adquirir y poseer bienes, contraer obligaciones, ejercitar acciones civiles y criminales).
  • Art. 39 CC: causas de extinción de asociaciones/corporaciones (expiración del plazo, cumplimiento del fin, imposibilidad de aplicar a él los medios) y destino de sus bienes según ley, estatutos o, en defecto, aplicación a fines análogos.
  • La capacidad jurídica es única e igual para todos y no admite grados; la capacidad de obrar sí es graduable y depende de edad y, tras 2021, de las medidas de apoyo que en su caso precise la persona.
  • Puede haber capacidad jurídica sin capacidad de obrar plena (menores, personas con medidas de apoyo), pero nunca al revés.
  • Art. 315 CC: la mayoría de edad se alcanza a los 18 años cumplidos, computando completo el día del nacimiento.
  • Ley 8/2021: sustituye el modelo de sustitución de la voluntad (incapacitación, tutela de adultos) por un modelo de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica; la curatela (no la tutela) pasa a ser la medida de apoyo estable típica para adultos, y por regla general es asistencial, no representativa.
  • El apoderamiento (acto unilateral de otorgar poder) es distinto del mandato (contrato); puede haber mandato sin poder de representación y poder sin mandato.
  • Art. 1459 CC: prohibiciones legales de autocontratación por conflicto de intereses (tutores, mandatarios, albaceas, empleados públicos, jueces y abogados respecto de determinados bienes).
  • Art. 17 CC combina ius sanguinis (criterio principal) con ius soli (subsidiario, especialmente para evitar la apatridia) en la nacionalidad de origen.
  • Plazos de residencia legal para naturalización (art. 22 CC): 10 años (regla general), 5 años (refugiados), 2 años (iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal, sefardíes), 1 año (casos de especial vinculación: nacido en España, casado con español, viudo de español, etc.).
  • Distinguir pérdida de la nacionalidad (art. 24 CC, por adquisición voluntaria de otra o renuncia, con posibilidad de conservarla declarándolo) de la privación (art. 25 CC, de carácter sancionador, por sentencia firme que aprecie fraude en su adquisición o servicio a otro Estado contra prohibición del Gobierno).
  • Recuperar la nacionalidad tras haberla perdido por sanción o fraude exige habilitación del Gobierno, no basta la simple declaración de voluntad del art. 26 CC.
  • Los convenios de doble nacionalidad (art. 11.3 CE) son sobre todo con países iberoamericanos; además, el art. 24.1 CC permite conservar la de origen sin necesidad de convenio a los naturalizados españoles procedentes de esos mismos países, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal.
  • Art. 40 CC (domicilio de la persona física: residencia habitual) frente a art. 41 CC (domicilio de la persona jurídica: donde esté su representación legal o sus principales funciones).
  • La vecindad civil (art. 14 CC) determina la sujeción a Derecho común o foral y no debe confundirse con el domicilio ni con el empadronamiento administrativo.
  • Art. 20 CC: opción. Art. 21 CC: carta de naturaleza (Real Decreto, discrecional) y residencia (resolución ministerial; silencio negativo a partir de un año). Art. 23 CC: requisitos comunes: juramento o promesa de fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución, renuncia a la anterior nacionalidad (salvo iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal) e inscripción registral.
  • La privación de nacionalidad (art. 25 CC) solo puede afectar a quienes no sean españoles de origen: los españoles de origen nunca pueden ser privados de su nacionalidad. La sentencia que declara fraude en la adquisición produce la nulidad de la adquisición si se dicta en los quince años siguientes (art. 25.2).
  • Art. 162 CC: representación legal de los hijos menores por quienes ejercen la patria potestad, con excepciones (derechos de la personalidad, actos que el menor pueda realizar por sí mismo conforme a su madurez, conflicto de intereses). Emancipación por concesión de los padres: 16 años cumplidos y consentimiento del menor (art. 317 CC).
  • Ley 8/2021: ya no existe la prodigalidad ni la patria potestad prorrogada o rehabilitada; las medidas de apoyo se revisan como máximo cada tres años (seis excepcionalmente). Guarda de hecho (art. 263), defensor judicial (art. 295), curatela y poderes o mandatos preventivos (arts. 255 y ss.).
  • Ausencia: defensor del desaparecido, declaración de ausencia legal (un año; tres si dejó apoderado) y declaración de fallecimiento (arts. 193 y ss.). Tras declarar el fallecimiento los herederos no pueden disponer a título gratuito durante cinco años (art. 196). Si reaparece, recobra sus bienes en el estado en que se encuentren (art. 197).
  • Art. 36 CC: las asociaciones de interés particular se rigen por el contrato de sociedad. Art. 37 CC: capacidad civil de corporaciones (leyes que las crearon), asociaciones (estatutos) y fundaciones (reglas de su institución).
  • Art. 13 CE: los extranjeros gozan de las libertades públicas en los términos de tratados y ley; los derechos del art. 23 CE son de los españoles, salvo el sufragio municipal por reciprocidad. La STC 236/2007 reconoció a los extranjeros irregulares los derechos de reunión, asociación, sindicación y huelga.
  • Registro Civil (Ley 20/2011): plena entrada en vigor el 30 de abril de 2021; registro individual por persona, informatizado, dependiente del Ministerio de Justicia.
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Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 1 de Hacienda (AEAT)?

Este tema abre el bloque de Derecho Civil y sienta las bases de toda la disciplina: quién es sujeto de derechos y obligaciones y con qué aptitud puede ejercerlos. Combina la teoría general de la persona (física y jurídica), con dos materias muy preguntadas en test por su casuística de plazos y requisitos: la nacionalidad española (formas de adquisición y pérdida) y el estatuto del extranjero. Para un Agente de la Hacienda Pública, que gestiona relaciones jurídico-tributarias con personas físicas, jurídicas y entidades sin personalidad, dominar estos conceptos es la base para entender después la capacidad de obrar tributaria y la representación ante la Administración.

¿Qué hay que memorizar del Tema 1 para el examen?

Art. 30 CC (tras la reforma de la Ley 20/2011): la personalidad se adquiere con el nacimiento con vida y el entero desprendimiento del seno materno; ya no se exigen ni la figura humana ni las 24 horas de vida que exigía la redacción original de 1889. Art. 29 CC: el concebido se tiene por nacido para todo lo que le favorezca, siempre que llegue a nacer con los requisitos del art. 30 (condición suspensiva, no personalidad anticipada plena). Art. 32 CC: la personalidad civil se extingue solo por la muerte (no existe ya la 'muerte civil' histórica). Art. 33 CC (conmoriencia): a falta de prueba de quién murió antes, se presume que fallecieron al mismo tiempo y no hay transmisión de derechos entre los comurientes. Declaración de fallecimiento: plazo general 10 años sin noticias; se reduce a 5 años si el ausente hubiera cumplido 75; plazos mucho más breves (en torno a 1-3 meses) en supuestos de riesgo inminente de muerte (naufragio, siniestro aéreo, operaciones bélicas). Art. 35 CC distingue corporaciones/asociaciones/fundaciones de interés público (personalidad desde su válida constitución) de las asociaciones de interés particular (capacidad civil regulada por sus estatutos). Art. 38 CC: contenido básico de la capacidad de las personas jurídicas (adquirir y poseer bienes, contraer obligaciones, ejercitar acciones civiles y criminales). Art. 39 CC: causas de extinción de asociaciones/corporaciones (expiración del plazo, cumplimiento del fin, imposibilidad de aplicar a él los medios) y destino de sus bienes según ley, estatutos o, en defecto, aplicación a fines análogos. La capacidad jurídica es única e igual para todos y no admite grados; la capacidad de obrar sí es graduable y depende de edad y, tras 2021, de las medidas de apoyo que en su caso precise la persona. Puede haber capacidad jurídica sin capacidad de obrar plena (menores, personas con medidas de apoyo), pero nunca al revés. Art. 315 CC: la mayoría de edad se alcanza a los 18 años cumplidos, computando completo el día del nacimiento. Ley 8/2021: sustituye el modelo de sustitución de la voluntad (incapacitación, tutela de adultos) por un modelo de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica; la curatela (no la tutela) pasa a ser la medida de apoyo estable típica para adultos, y por regla general es asistencial, no representativa. El apoderamiento (acto unilateral de otorgar poder) es distinto del mandato (contrato); puede haber mandato sin poder de representación y poder sin mandato. Art. 1459 CC: prohibiciones legales de autocontratación por conflicto de intereses (tutores, mandatarios, albaceas, empleados públicos, jueces y abogados respecto de determinados bienes). Art. 17 CC combina ius sanguinis (criterio principal) con ius soli (subsidiario, especialmente para evitar la apatridia) en la nacionalidad de origen. Plazos de residencia legal para naturalización (art. 22 CC): 10 años (regla general), 5 años (refugiados), 2 años (iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal, sefardíes), 1 año (casos de especial vinculación: nacido en España, casado con español, viudo de español, etc.). Distinguir pérdida de la nacionalidad (art. 24 CC, por adquisición voluntaria de otra o renuncia, con posibilidad de conservarla declarándolo) de la privación (art. 25 CC, de carácter sancionador, por sentencia firme que aprecie fraude en su adquisición o servicio a otro Estado contra prohibición del Gobierno). Recuperar la nacionalidad tras haberla perdido por sanción o fraude exige habilitación del Gobierno, no basta la simple declaración de voluntad del art. 26 CC. Los convenios de doble nacionalidad (art. 11.3 CE) son sobre todo con países iberoamericanos; además, el art. 24.1 CC permite conservar la de origen sin necesidad de convenio a los naturalizados españoles procedentes de esos mismos países, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal. Art. 40 CC (domicilio de la persona física: residencia habitual) frente a art. 41 CC (domicilio de la persona jurídica: donde esté su representación legal o sus principales funciones). La vecindad civil (art. 14 CC) determina la sujeción a Derecho común o foral y no debe confundirse con el domicilio ni con el empadronamiento administrativo. Art. 20 CC: opción. Art. 21 CC: carta de naturaleza (Real Decreto, discrecional) y residencia (resolución ministerial; silencio negativo a partir de un año). Art. 23 CC: requisitos comunes: juramento o promesa de fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución, renuncia a la anterior nacionalidad (salvo iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal) e inscripción registral. La privación de nacionalidad (art. 25 CC) solo puede afectar a quienes no sean españoles de origen: los españoles de origen nunca pueden ser privados de su nacionalidad. La sentencia que declara fraude en la adquisición produce la nulidad de la adquisición si se dicta en los quince años siguientes (art. 25.2). Art. 162 CC: representación legal de los hijos menores por quienes ejercen la patria potestad, con excepciones (derechos de la personalidad, actos que el menor pueda realizar por sí mismo conforme a su madurez, conflicto de intereses). Emancipación por concesión de los padres: 16 años cumplidos y consentimiento del menor (art. 317 CC). Ley 8/2021: ya no existe la prodigalidad ni la patria potestad prorrogada o rehabilitada; las medidas de apoyo se revisan como máximo cada tres años (seis excepcionalmente). Guarda de hecho (art. 263), defensor judicial (art. 295), curatela y poderes o mandatos preventivos (arts. 255 y ss.). Ausencia: defensor del desaparecido, declaración de ausencia legal (un año; tres si dejó apoderado) y declaración de fallecimiento (arts. 193 y ss.). Tras declarar el fallecimiento los herederos no pueden disponer a título gratuito durante cinco años (art. 196). Si reaparece, recobra sus bienes en el estado en que se encuentren (art. 197). Art. 36 CC: las asociaciones de interés particular se rigen por el contrato de sociedad. Art. 37 CC: capacidad civil de corporaciones (leyes que las crearon), asociaciones (estatutos) y fundaciones (reglas de su institución). Art. 13 CE: los extranjeros gozan de las libertades públicas en los términos de tratados y ley; los derechos del art. 23 CE son de los españoles, salvo el sufragio municipal por reciprocidad. La STC 236/2007 reconoció a los extranjeros irregulares los derechos de reunión, asociación, sindicación y huelga. Registro Civil (Ley 20/2011): plena entrada en vigor el 30 de abril de 2021; registro individual por persona, informatizado, dependiente del Ministerio de Justicia.

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149) (Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española (arts. 10, 11 y 13).
  • Código Civil, Libro I (arts. 17-41, 162, 193-198, 249 y ss., 314-323) y arts. 1259 y ss., 1459 y 1709 y ss.
  • Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.
  • Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
  • Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria.
  • Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
  • Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
  • Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (arts. 35, 44-46).
  • Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
  • Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000.
  • Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia.

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