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Tema 14. Las sociedades de capital: Concepto y régimen jurídico. Constitución: Escritura pública e inscripción. Los estatutos. Acciones y obligaciones. La junta general y la administración de la sociedad.

Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna · Índice oficial del BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149).

Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, turno libre y promoción interna (666 plazas: 446 libre + 220 promoción interna). Es distinto del temario del Cuerpo de Agentes Tributarios (C1) y del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (A1), que tienen procesos y temarios propios, no cubiertos aquí.

Las sociedades de capital —anónima, limitada y comanditaria por acciones— constituyen, con enorme diferencia estadística sobre las sociedades personalistas estudiadas en el tema anterior, la forma jurídica en la que se organiza la inmensa mayoría de la actividad empresarial en España. Su régimen jurídico común se encuentra unificado desde 2010 en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (RDLeg 1/2010), norma que ha sido objeto de sucesivas reformas relevantes (Ley 25/2011, Ley 31/2014 de mejora del gobierno corporativo, Ley 5/2021 de incentivación de la implicación de los accionistas, Ley 18/2022 de creación y crecimiento de empresas) y que constituye, junto con el Código de Comercio, el eje central del Derecho mercantil de sociedades exigible en esta oposición. Este tema desarrolla los aspectos estructurales del régimen de las sociedades de capital: su constitución formal, el contenido de los estatutos sociales, el régimen de las acciones, participaciones y obligaciones como instrumentos de financiación, y el funcionamiento de sus dos órganos sociales necesarios, la junta general y el órgano de administración. Es, junto con el tema de la disolución y modificaciones estructurales, el núcleo duro del Derecho de sociedades en el examen, por lo que requiere un manejo preciso de las mayorías, los quorum y los plazos legales.

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Concepto de sociedades de capital (art. 1 LSC)

El art. 1 de la Ley de Sociedades de Capital define a las sociedades de capital partiendo de un elemento común: en ellas, el capital social está dividido en acciones o en participaciones sociales, se integra por las aportaciones de todos los socios, y estos no responden personalmente de las deudas sociales. El propio precepto enumera los tres tipos que integran esta categoría: la sociedad de responsabilidad limitada, cuyo capital está dividido en participaciones sociales indivisibles y acumulables; la sociedad anónima, cuyo capital está dividido en acciones; y la sociedad comanditaria por acciones, que además del capital dividido en acciones cuenta con socios que responden personalmente de las deudas sociales como colectivos. Esta unificación de régimen jurídico en un único texto legal, culminada por el Texto Refundido de 2010 (que refundió la anterior Ley de Sociedades Anónimas de 1989 y la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 1995), responde a la constatación de que, pese a sus diferencias, estos tres tipos comparten un núcleo normativo común muy amplio (constitución, órganos sociales, cuentas anuales, modificaciones estatutarias, disolución) que justifica su tratamiento unitario, reservando la regulación específica de cada tipo a los aspectos verdaderamente diferenciales entre ellos.

Caracteres comunes: capital dividido, responsabilidad limitada de los socios

El rasgo estructural común a los tres tipos de sociedades de capital es la limitación de la responsabilidad de los socios frente a las deudas sociales: estos no responden personalmente de dichas deudas, sino únicamente hasta el límite de su aportación al capital social, lo que separa nítidamente el patrimonio social, único que responde frente a los acreedores sociales, del patrimonio personal de cada socio. Esta limitación de responsabilidad constituye el principal incentivo económico para adoptar este tipo de sociedades frente a las personalistas, al permitir acotar el riesgo empresarial asumido por cada socio a la cifra concreta invertida, y explica su enorme predominio estadístico en el tráfico mercantil actual. Como contrapartida a esta limitación de responsabilidad, que en otro caso perjudicaría gravemente a los acreedores sociales, el ordenamiento articula un conjunto de garantías en torno a la integridad del capital social: exigencia de desembolso mínimo en el momento de la constitución, régimen tasado de restitución de aportaciones a los socios (reducción de capital, distribución de dividendos únicamente con cargo a beneficios o reservas de libre disposición), y responsabilidad de los administradores en determinados supuestos de desequilibrio patrimonial grave, de manera que el principio de responsabilidad limitada del socio se compensa con un riguroso principio de integridad y realidad del capital social.

Las aportaciones sociales: dinerarias y no dinerarias

Las aportaciones pueden ser dinerarias o no dinerarias (bienes o derechos patrimoniales susceptibles de valoración económica). Las dinerarias se acreditan mediante certificación del depósito en una entidad de crédito o ante notario. Las no dinerarias deben describirse en la escritura con indicación de su valoración y de la numeración de las acciones o participaciones atribuidas; en la sociedad anónima, las aportaciones no dinerarias exigen un informe de experto independiente nombrado por el Registro Mercantil, y deben desembolsarse íntegramente en el momento de la suscripción, mientras que en la sociedad limitada los fundadores responden solidariamente de su valoración (con los adquirentes de las participaciones, durante cinco años). En la sociedad anónima el desembolso mínimo exigido es el veinticinco por ciento del valor nominal de cada acción, y los dividendos pasivos (la parte pendiente) deben satisfacerse en la forma y plazo previstos en los estatutos o en el acuerdo del órgano competente. En la sociedad limitada el capital debe estar íntegramente suscrito y desembolsado en el momento de la constitución. Las aportaciones de industria no son admisibles en las sociedades de capital.

Integridad del capital: reserva legal y límites al reparto

La responsabilidad limitada de los socios se compensa con las normas de integridad del capital. Primero, la reserva legal: en todo caso, una cifra igual al diez por ciento del beneficio del ejercicio se destina a reserva legal hasta que esta alcance, al menos, el veinte por ciento del capital social (art. 274 LSC); mientras no supere ese límite solo puede destinarse a compensar pérdidas si no hay otras reservas disponibles. Segundo, límites al reparto de dividendos (art. 273 LSC): solo pueden repartirse dividendos con cargo al beneficio del ejercicio o a reservas de libre disposición, siempre que el valor del patrimonio neto no sea inferior al capital social, ni lo resulte a consecuencia del reparto; los beneficios imputados directamente al patrimonio neto no pueden distribuirse. Tercero, la prohibición de emitir acciones o participaciones por debajo de su valor nominal, y la responsabilidad solidaria de los socios y de quienes adquieran participaciones sobre la realidad y valoración de las aportaciones no dinerarias durante cinco años (art. 73 LSC). Cuarto, las aportaciones no pueden consistir en trabajo o servicios (art. 58 LSC), a diferencia de lo que sucede en las sociedades personalistas. Quinto, cuando las pérdidas dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, existe causa legal de disolución (art. 363 LSC) salvo que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente.

Registro y publicidad: libros, depósito de cuentas y obligaciones formales

La sociedad debe llevar, además de la contabilidad (arts. 25 y siguientes del Código de Comercio), el libro registro de socios en la S.L. (art. 104 LSC) y el libro registro de acciones nominativas en la S.A. (art. 116 LSC), y el libro de actas. Los administradores deben formular las cuentas anuales en el plazo máximo de tres meses desde el cierre del ejercicio (art. 253 LSC); la junta ordinaria las aprueba dentro de los seis meses siguientes, y dentro del mes siguiente a su aprobación deben presentarse a depósito en el Registro Mercantil (art. 279 LSC), cuyo incumplimiento puede dar lugar al cierre de la hoja registral (art. 282 LSC) y a sanciones. La inscripción de nombramientos de administradores, apoderamientos generales, modificaciones estatutarias y demás actos inscribibles se hace en el Registro Mercantil, con los efectos de publicidad material del art. 21 del Código de Comercio (los actos inscritos se presumen exactos y válidos y su contenido se opone a terceros desde la publicación en el BORME, con una protección a la buena fe en los 15 días siguientes).

El Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital

El vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, en ejercicio de la delegación legislativa conferida por la disposición final séptima de la Ley 3/2009 sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, con el objeto de refundir en un único texto la regulación hasta entonces dispersa en la Ley de Sociedades Anónimas de 1989, la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 1995 y determinados preceptos del Código de Comercio y de otras leyes especiales relativos a la sociedad comanditaria por acciones y a las sociedades cotizadas. Se trata de un texto refundido en sentido estricto (no de una nueva ley), lo que en principio limitaba la labor del Gobierno a la mera sistematización y armonización de la normativa preexistente, sin introducir novedades sustantivas, aunque la práctica legislativa posterior ha ido incorporando reformas de fondo muy relevantes mediante la modificación directa del propio Texto Refundido (Ley 25/2011 de adaptación parcial a la Directiva de sociedades, Ley 31/2014 de mejora del gobierno corporativo, Ley 11/2018 de información no financiera, Ley 5/2021, Ley 18/2022 de creación y crecimiento de empresas), de manera que el TRLSC ha terminado por convertirse en la norma general y de referencia de todo el Derecho español de sociedades de capital.

Diferencias entre sociedad anónima y sociedad de responsabilidad limitada

Pese a compartir un régimen jurídico común muy amplio, la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada presentan diferencias relevantes que conviene tener presentes. En cuanto al capital, la denominación de sus partes alícuotas es distinta (acciones frente a participaciones sociales), y mientras las acciones pueden representarse mediante títulos o mediante anotaciones en cuenta y tienen la consideración legal de valores negociables, las participaciones sociales no pueden en ningún caso representarse mediante títulos ni anotaciones en cuenta, ni denominarse acciones, y no tienen el carácter de valores negociables. En cuanto a la transmisión, la ley establece como régimen legal supletorio la libre transmisibilidad de las acciones (salvo restricciones estatutarias) frente a un régimen de mayores restricciones legales para las participaciones sociales (con derecho de adquisición preferente de los demás socios en las transmisiones a terceros). Solo la sociedad anónima puede cotizar en mercados de valores y emitir obligaciones con mayor flexibilidad; la sociedad limitada, por su parte, presenta un régimen de constitución y funcionamiento más flexible y económico, lo que explica su enorme preponderancia numérica entre las sociedades de nueva creación en España, especialmente entre pequeñas y medianas empresas.

Comparación entre la sociedad anónima y la sociedad limitada

Capital mínimo: S.A. 60.000 euros (desembolso mínimo del 25 por ciento); S.L. un euro (con cautelas si es inferior a 3.000 euros). Representación: acciones (títulos o anotaciones en cuenta, valores negociables) frente a participaciones (ni títulos ni anotaciones, no son valores). Transmisión: libre en las acciones salvo restricciones estatutarias, con un régimen restrictivo supletorio en las participaciones (preferencia de los socios y de la sociedad; documento público). Obligaciones: las puede emitir la S.A., la S.L. no. Convocatoria de la junta: anuncio con un mes de antelación (S.A.) frente a quince días y comunicación individual (S.L.). Quórum: 25 por ciento en primera convocatoria en S.A., sin quórum en la S.L. Mayorías: más votos a favor que en contra en la S.A., mayoría de los votos emitidos que representen al menos un tercio de los votos de las participaciones en la S.L. Duración del cargo de administrador: máximo seis años en la S.A., indefinido por defecto en la S.L. Administración: en la S.L. el consejo tiene un máximo de doce miembros; en la S.A. no hay máximo legal. La S.A. admite la fundación sucesiva y la cotización, y la S.L. no.

La sociedad anónima: capital social mínimo y régimen de acciones

La sociedad anónima exige, conforme al art. 4 de la Ley de Sociedades de Capital, un capital social mínimo de sesenta mil euros, que debe estar íntegramente suscrito y desembolsado en al menos un veinticinco por ciento en el momento de la constitución, salvo en los casos de aportaciones no dinerarias, que deben desembolsarse íntegramente en el momento de suscribir las correspondientes acciones. Su capital se divide en acciones, que pueden representarse mediante títulos físicos o mediante el sistema de anotaciones en cuenta, siendo esta segunda modalidad obligatoria para las sociedades cotizadas, y constituyen valores mobiliarios negociables, dotados de una considerable flexibilidad para su transmisión y circulación en el tráfico. Este régimen de capital mínimo relativamente elevado, unido a la mayor complejidad de su régimen de funcionamiento (obligación de auditoría en más supuestos, mayor rigor en el régimen de acuerdos sociales, posibilidad de emitir obligaciones y de cotizar en bolsa), hace de la sociedad anónima el tipo social propio de las empresas de mayor dimensión y de aquellas que precisan acceder a los mercados de capitales para financiar su actividad, a diferencia de la sociedad de responsabilidad limitada, reservada tradicionalmente a proyectos empresariales de menor envergadura.

La sociedad de responsabilidad limitada: capital y participaciones sociales

La sociedad de responsabilidad limitada, tras la profunda reforma introducida por la Ley 18/2022, de creación y crecimiento de empresas, que dio nueva redacción al art. 4 de la Ley de Sociedades de Capital y suprimió el art. 4 bis LSC (régimen de formación sucesiva), ha eliminado la exigencia de un capital social mínimo de tres mil euros que tradicionalmente caracterizaba a este tipo social, fijando como capital mínimo la cifra de un euro y permitiendo, por tanto, su constitución con un capital social inferior a tres mil euros, si bien sujeta entonces a un régimen especial de garantía en beneficio de los acreedores sociales: deberá destinarse a la reserva legal una cifra al menos igual al veinte por ciento del beneficio del ejercicio, hasta que la suma de la reserva legal y el capital social alcancen el importe de tres mil euros, y en caso de liquidación, si el patrimonio social fuera insuficiente para atender el pago de las obligaciones sociales, los socios responderán solidariamente de la diferencia entre el importe de tres mil euros y la cifra de capital suscrito. Su capital se divide en participaciones sociales, que no tienen la consideración de valores negociables ni pueden representarse mediante títulos o anotaciones en cuenta, y cuya transmisión está sometida a un régimen legal de mayores restricciones que las acciones, en coherencia con el carácter más cerrado y de menor dimensión que caracteriza habitualmente a este tipo social.

La sociedad limitada de formación sucesiva

La figura de la sociedad limitada de formación sucesiva o en régimen de formación sucesiva, introducida por la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores para permitir la constitución de sociedades limitadas con un capital social inferior al mínimo legal entonces vigente de tres mil euros, ha quedado sustancialmente superada tras la reforma operada por la Ley 18/2022, que eliminó con carácter general la exigencia de capital mínimo de tres mil euros para la sociedad de responsabilidad limitada, sustituyendo aquel régimen transitorio de formación sucesiva por un régimen especial permanente aplicable a cualquier sociedad limitada constituida con capital inferior a dicha cifra. En esencia, ambos regímenes —el histórico de formación sucesiva y el actual, vigente— comparten una misma lógica de política legislativa: facilitar el acceso al tipo social de responsabilidad limitada a proyectos empresariales de pequeña envergadura o en fase inicial, sin las cargas de capitalización mínima tradicionales, a cambio de imponer determinadas cautelas en garantía de los acreedores sociales mientras subsista dicha infracapitalización, como la dotación reforzada a reserva legal y la responsabilidad solidaria de los socios, en caso de liquidación, por la diferencia hasta alcanzar la antigua cifra mínima de capital.

Constitución de las sociedades de capital: fundación simultánea y sucesiva

Las sociedades de capital pueden constituirse por dos procedimientos. La fundación simultánea, forma ordinaria y absolutamente predominante en la práctica, consiste en el otorgamiento del contrato de sociedad por todos los socios fundadores en un único acto, mediante el otorgamiento de la escritura pública de constitución, en la que asumen la totalidad de las acciones o participaciones y desembolsan, al menos, la parte del capital legalmente exigida. La fundación sucesiva, de utilización prácticamente residual en la actualidad y reservada exclusivamente a la sociedad anónima, permite la constitución de la sociedad mediante una oferta pública de suscripción de acciones dirigida al público en general con anterioridad al otorgamiento de la escritura de constitución, procedimiento que exige la elaboración de un programa de fundación, su depósito en el Registro Mercantil y la celebración de una junta constituyente en la que los suscriptores aprueban las gestiones realizadas por los promotores y proceden al nombramiento de los administradores, previa a la definitiva formalización en escritura pública. La escasísima utilización práctica de la fundación sucesiva se explica por su mayor complejidad y coste frente a las alternativas actuales de captación de capital para proyectos empresariales de nueva creación.

La escritura pública de constitución: contenido mínimo

El art. 22 de la Ley de Sociedades de Capital establece el contenido mínimo que debe recoger la escritura de constitución de cualquier sociedad de capital: la identidad del socio o socios fundadores (que pueden ser uno solo, en el caso de la sociedad unipersonal); la voluntad de constituir una sociedad de un tipo social determinado; las aportaciones que cada socio realice o, en caso de aportaciones dinerarias, se obligue a realizar, y la numeración de las acciones o participaciones atribuidas a cambio; los estatutos de la sociedad; y la identidad de la persona o personas que se encarguen inicialmente de la administración y de la representación social. Adicionalmente, la escritura de constitución puede contener todos los pactos y condiciones que los socios fundadores juzguen conveniente establecer, siempre que no se opongan a las leyes reguladoras de las sociedades de capital ni contradigan los principios configuradores del tipo social elegido, dando así cabida a determinados pactos parasociales o extraestatutarios que los socios prefieran incorporar directamente a la escritura fundacional, sin perjuicio de que los pactos que los socios mantengan reservados no son oponibles a la sociedad. La Ley reconoce así un amplio principio de libertad de pactos, limitado por el respeto a las normas imperativas y a los principios configuradores del tipo social.

La inscripción registral: carácter constitutivo

La inscripción de la escritura de constitución en el Registro Mercantil, que debe solicitarse dentro de los dos meses siguientes al otorgamiento de la escritura conforme al art. 32 de la Ley de Sociedades de Capital, produce el efecto de determinar la adquisición por la sociedad de la personalidad jurídica correspondiente al tipo social elegido, con separación patrimonial plena respecto de sus socios y limitación de responsabilidad de estos a su aportación. Este carácter constitutivo de la inscripción es una de las manifestaciones más claras del principio de tipicidad y de seguridad jurídica que rige el Derecho de sociedades de capital: mientras no se produzca la inscripción, la sociedad puede existir como sociedad en formación (si está en trámite y no ha transcurrido el plazo legal) o degenerar en sociedad irregular (si transcurre el plazo de un año sin solicitar la inscripción, habiendo iniciado sus operaciones), con el consiguiente régimen de responsabilidad personal para quienes hayan actuado en su nombre, tal y como se ha estudiado en el tema anterior. La demora injustificada en la solicitud de inscripción constituye, además, un incumplimiento de los deberes de los administradores o de las personas encargadas de dicha gestión, susceptibles en su caso de generar responsabilidad frente a la propia sociedad o frente a terceros perjudicados por el retraso.

Los estatutos sociales: contenido obligatorio

El art. 23 de la Ley de Sociedades de Capital establece el contenido mínimo obligatorio que deben incluir los estatutos de cualquier sociedad de capital: la denominación de la sociedad, que deberá ser distinta de la de cualquier otra sociedad preexistente, según certificación del Registro Mercantil Central; el objeto social, determinando las actividades que lo integran; el domicilio social, así como el órgano competente para decidir o acordar la creación, supresión o traslado de sucursales; el capital social, las participaciones o acciones en que se divida, su valor nominal y su numeración correlativa; el modo o modos de organizar la administración de la sociedad, el número de administradores o, al menos, el número máximo y mínimo, así como el plazo de duración del cargo y el sistema de retribución, si la tuvieren; y el modo de deliberar y adoptar sus acuerdos los órganos colegiados de la sociedad. Los estatutos constituyen la norma corporativa fundamental de la sociedad, de rango jerárquicamente inferior a la ley pero superior a los reglamentos internos y a los acuerdos concretos de los órganos sociales, y su modificación exige, con carácter general, acuerdo de la junta general adoptado con las mayorías reforzadas legalmente previstas, dada su especial trascendencia para el funcionamiento de la sociedad.

Pactos parasociales: naturaleza y eficacia

Los pactos parasociales son acuerdos celebrados entre todos o algunos de los socios de una sociedad de capital, al margen de los estatutos sociales, con el fin de completar, concretar o modificar en sus relaciones internas el régimen legal y estatutario de la sociedad, típicamente en materias como el ejercicio del derecho de voto (sindicatos de voto), las restricciones adicionales a la libre transmisión de acciones o participaciones (sindicatos de bloqueo), el reparto de determinados cargos en el órgano de administración, o los mecanismos de resolución de bloqueos o conflictos entre socios (cláusulas de arrastre o tag along/drag along). Su naturaleza jurídica es la de un contrato con eficacia meramente obligacional (inter partes), y no organizativa o corporativa, lo que determina su régimen de eficacia: son plenamente válidos y exigibles entre quienes los suscriben conforme a las reglas generales de los contratos, pero no son oponibles a la sociedad ni a los socios que no los hayan suscrito, y su incumplimiento no puede fundamentar la impugnación de acuerdos sociales válidamente adoptados conforme a los estatutos, sin perjuicio de la responsabilidad contractual (normalmente mediante cláusulas penales) que pueda exigirse entre los socios pactantes por su incumplimiento. La jurisprudencia ha matizado esta regla general en supuestos de pactos omnilaterales (suscritos por todos los socios), reconociéndoles en ciertos casos una eficacia más próxima a la corporativa.

Nulidad de la sociedad de capital: causas tasadas

El art. 56 de la Ley de Sociedades de Capital establece un régimen de nulidad de la sociedad de capital ya inscrita profundamente distinto del régimen general de nulidad de los contratos, en aplicación del principio de conservación de la empresa y de protección de los terceros que hayan contratado con ella confiando en su apariencia de sociedad válidamente constituida. Frente a la amplitud de causas de nulidad contractual del Derecho común, el precepto tasa taxativamente las causas por las que puede declararse la nulidad de una sociedad de capital ya inscrita: no concurrencia, en el contrato de constitución, de la voluntad efectiva de al menos dos socios fundadores, en caso de pluralidad de estos, o del socio fundador, en caso de sociedad unipersonal; incapacidad de todos los socios fundadores; objeto social ilícito o contrario al orden público; no expresarse en la escritura de constitución o en los estatutos las aportaciones de los socios, la denominación, el objeto social o la cifra de capital; y no haberse desembolsado el mínimo legal exigido para la inscripción. Las causas de nulidad son por tanto tasadas y no cabe alegar otras. Algunos defectos son subsanables, y la sentencia de nulidad no se proyecta sobre la validez de los actos anteriores. Una vez declarada la nulidad por sentencia firme, se abre el periodo de liquidación de la sociedad, con arreglo al procedimiento previsto para la disolución, sin que dicha declaración afecte a la validez de las obligaciones y créditos de la sociedad frente a terceros ni de estos frente a la sociedad.

Concepto y naturaleza jurídica de la acción

La acción, propia de la sociedad anónima y de la comanditaria por acciones, presenta una triple naturaleza jurídica reconocida unánimemente por la doctrina mercantilista: es, en primer lugar, una parte alícuota del capital social, expresión numérica de la proporción que dicha parte representa sobre el total del capital de la sociedad; es, en segundo lugar, un conjunto de derechos —económicos y políticos— que su titular ostenta frente a la sociedad en su condición de socio, atribuyendo la misma la cualidad de accionista con los derechos mínimos reconocidos por la ley; y es, en tercer lugar, un valor mobiliario o negociable, susceptible de representación mediante títulos físicos o mediante anotaciones en cuenta, y dotado, en principio, de una considerable aptitud para circular en el tráfico económico, especialmente cuando la sociedad cotiza en un mercado de valores. Esta triple naturaleza explica la complejidad del régimen jurídico de la acción, que debe atender simultáneamente a su función de medida del capital social (con las consiguientes exigencias de desembolso y de tutela de la integridad del capital), a su función de vehículo de derechos del socio, y a su función de instrumento de circulación en el tráfico patrimonial, sujeto en este último aspecto a las reglas propias de los valores mobiliarios.

La acción como parte del capital, conjunto de derechos y valor mobiliario

Desarrollando la triple naturaleza jurídica de la acción, en su vertiente de parte del capital social, todas las acciones de una misma sociedad deben tener igual valor nominal, y la suma de los valores nominales de todas ellas debe coincidir exactamente con la cifra total del capital social, no pudiendo emitirse acciones por una cifra inferior a su valor nominal (emisión bajo la par), aunque sí por encima de dicho valor (emisión con prima). En su vertiente de conjunto de derechos, la acción confiere a su titular, como mínimo, los derechos que enumera el art. 93 de la Ley de Sociedades de Capital: participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio resultante de la liquidación; asunción preferente en la creación de nuevas acciones o de obligaciones convertibles; asistir y votar en las juntas generales e impugnar los acuerdos sociales; y el derecho de información. En su vertiente de valor mobiliario, la acción puede transmitirse conforme a las reglas propias de los valores negociables, con las especialidades derivadas de su forma de representación (títulos nominativos o al portador, o anotaciones en cuenta), constituyendo esta aptitud circulatoria una de las principales ventajas de la sociedad anónima frente a otros tipos sociales para la captación de inversión, especialmente en el ámbito de los mercados cotizados.

Clases de acciones: ordinarias y privilegiadas

Las acciones ordinarias son aquellas que atribuyen a su titular los derechos comunes reconocidos por la ley a la condición de accionista, sin ninguna particularidad o privilegio adicional respecto de las demás. Frente a ellas, los estatutos sociales pueden crear clases de acciones privilegiadas, que atribuyen a sus titulares algún privilegio frente a las acciones ordinarias, típicamente de carácter económico (un dividendo preferente o mínimo garantizado, una cuota de liquidación preferente), respetando en todo caso los límites legales que prohíben la creación de acciones que reciban directa o indirectamente participación en las ganancias en proporción distinta a su valor nominal, salvo en los términos y con los límites específicos que la propia ley reconoce. Dentro de esta categoría destacan las acciones sin voto, que privan a su titular del derecho a votar en las juntas generales a cambio de un dividendo mínimo anual, fijo o variable, cuyo importe deben determinar los estatutos sociales (su importe nominal no puede superar la mitad del capital social desembolsado), y las acciones rescatables, que pueden ser amortizadas por la propia sociedad emisora o por el accionista, a solicitud de cualquiera de ellos, en las condiciones que determinen los estatutos en el momento de su emisión. El conjunto de acciones que atribuyan los mismos derechos constituye una misma clase, y dentro de una misma clase pueden existir, a su vez, distintas series de acciones, formadas por aquellas que tengan igual valor nominal.

Derechos del accionista: económicos y políticos

Los derechos que el art. 93 de la Ley de Sociedades de Capital reconoce con carácter mínimo a todo accionista o socio se clasifican tradicionalmente en derechos económicos y derechos políticos. Entre los primeros destacan el derecho al dividendo, es decir, a participar en el reparto de las ganancias sociales cuando la junta general acuerde su distribución con cargo a beneficios o reservas de libre disposición; el derecho a la cuota de liquidación, esto es, a participar en el patrimonio resultante de la liquidación de la sociedad una vez satisfechas todas las deudas sociales; y el derecho de asunción o suscripción preferente, que permite al socio mantener su porcentaje de participación en la sociedad cuando esta amplíe capital o emita obligaciones convertibles, suscribiendo con preferencia frente a terceros. Entre los derechos políticos figuran el derecho de asistencia y voto en las juntas generales, con las particularidades y eventuales restricciones estatutarias que puedan preverse; el derecho de impugnación de los acuerdos sociales contrarios a la ley, a los estatutos, al reglamento de la junta o al interés social; y el derecho de información, que permite al socio solicitar de los administradores, con ocasión de la convocatoria de la junta y dentro de los límites legales, las aclaraciones o informaciones que estime precisas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Transmisión de acciones: libertad y restricciones estatutarias

El régimen legal supletorio de las acciones es el de la libre transmisibilidad, en coherencia con su naturaleza de valor mobiliario destinado, en principio, a circular con facilidad en el tráfico, si bien los estatutos sociales pueden establecer restricciones a dicha libre transmisión, siempre que no la hagan prácticamente intransmisible, límite que la ley formula expresamente como prohibición de las cláusulas estatutarias que hagan la acción intransmisible de forma absoluta. Las restricciones más habituales consisten en cláusulas de autorización previa por parte de la sociedad para determinadas transmisiones, o cláusulas de tanteo o adquisición preferente en favor de los demás accionistas o de la propia sociedad, aplicables típicamente en sociedades anónimas de carácter cerrado o familiar que, pese a adoptar este tipo social, desean mantener cierto control sobre la composición de su accionariado, aproximándose en este punto al régimen, legalmente más restrictivo, propio de las participaciones sociales de la sociedad limitada. Antes de la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil, o mientras no se hayan cumplido los trámites de emisión de las nuevas acciones acordadas en un aumento de capital, la transmisión de las acciones o de los derechos de suscripción correspondientes no puede en ningún caso perjudicar a la sociedad, quedando sujeta a un régimen de mayores cautelas que en la circulación ordinaria posterior a la plena constitución de la sociedad y a la efectiva emisión de las acciones.

Las participaciones sociales en la sociedad limitada: régimen de transmisión

El régimen de transmisión de las participaciones sociales de la sociedad de responsabilidad limitada es sensiblemente más restrictivo que el de las acciones, en coherencia con el carácter más cerrado y personalista que, pese a tratarse de una sociedad de capital, caracteriza tradicionalmente a este tipo social. La transmisión voluntaria de participaciones sociales por actos inter vivos entre socios, entre cónyuges, ascendientes o descendientes del socio, o entre sociedades pertenecientes al mismo grupo, es libre, salvo disposición contraria de los estatutos; en cualquier otro caso (transmisión a un tercero ajeno a la sociedad), la ley establece como régimen legal supletorio un derecho de adquisición preferente en favor de los demás socios y, subsidiariamente, de la propia sociedad, de manera que el socio que desee transmitir sus participaciones a un tercero debe comunicarlo a los administradores, quienes deben ponerlo en conocimiento de los demás socios, para que estos puedan ejercitar su derecho de adquisición preferente en el plazo y en las condiciones legal o estatutariamente previstas. Los estatutos pueden establecer, además, otras restricciones o incluso prohibir la transmisión voluntaria de participaciones por un plazo no superior a cinco años desde la constitución de la sociedad, si bien nunca pueden hacer la participación social prácticamente intransmisible, aplicándose supletoriamente el régimen legal de adquisición preferente si los estatutos no contienen previsión propia sobre la materia.

Derecho de suscripción preferente y transmisión de participaciones

En los aumentos de capital con emisión de nuevas acciones o participaciones (y en la emisión de obligaciones convertibles) los socios tienen derecho de suscripción o asunción preferente en proporción al valor nominal de las que posean. En la sociedad anónima el plazo para ejercitar el derecho no puede ser inferior a un mes desde la publicación del anuncio de la oferta de suscripción en el BORME; en la limitada, el plazo es de un mes desde el envío de la comunicación escrita. La junta puede acordar la supresión total o parcial del derecho si lo exige el interés de la sociedad, previo informe de los administradores y, en la anónima, de un experto independiente. En la limitada, la transmisión de las participaciones debe constar en documento público (escritura pública o póliza intervenida) y la sociedad solo reconoce como socio a quien se inscribe en el libro registro de socios. Las transmisiones forzosas (embargos, procedimientos concursales) y mortis causa tienen su propio régimen de adquisición preferente por la sociedad o los socios. La sociedad puede adquirir sus propias participaciones o acciones dentro de los límites cuantitativos que fija la ley y con las cautelas sobre la autocartera.

Las obligaciones como valores de renta fija emitidos por la sociedad

Las obligaciones son valores negociables, agrupados en emisiones, que reconocen o crean una deuda a cargo de la sociedad emisora frente a sus titulares (los obligacionistas), quienes, a diferencia de los accionistas, no ostentan la condición de socios sino de acreedores de la sociedad, con derecho a percibir un interés periódico (fijo o variable) y a la restitución del capital invertido en el plazo y condiciones fijados en el acuerdo de emisión. Constituyen así un instrumento de financiación ajena o de endeudamiento de la sociedad, alternativo a la financiación propia mediante ampliación de capital, y su régimen se encuentra en los arts. 401 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital. La emisión de obligaciones está reservada a la sociedad anónima y a la comanditaria por acciones; la sociedad de responsabilidad limitada no puede emitir obligaciones ni otros valores que reconozcan o creen una deuda, prohibición que alcanza también a las convertibles, sin perjuicio de que pueda financiarse mediante préstamos ordinarios o participativos. La condición de obligacionista, al no implicar la titularidad de una parte del capital social, no atribuye derechos políticos de participación en la vida corporativa de la sociedad, sino exclusivamente derechos de crédito frente a esta.

Requisitos para la emisión de obligaciones

La emisión de obligaciones por una sociedad anónima exige, conforme a la Ley de Sociedades de Capital, un acuerdo del órgano competente (la junta general o, cuando la ley o los estatutos lo permitan, los administradores; la emisión de obligaciones convertibles exige en todo caso acuerdo de la junta), su formalización en escritura pública y su inscripción en el Registro Mercantil. La ley somete la emisión a límites y garantías ligados a la solvencia de la sociedad y a la protección de los obligacionistas, con excepciones para emisiones garantizadas o dirigidas a determinados inversores. El acuerdo de emisión debe determinar, entre otros extremos, el importe total de la emisión, el número y el valor nominal de las obligaciones, el tipo de interés, el procedimiento de amortización y, en su caso, las garantías de la emisión. La emisión de obligaciones convertibles en acciones exige, además, un informe de los administradores sobre las bases y modalidades de la conversión y un informe de un experto independiente o auditor de cuentas distinto del de la sociedad, nombrado por el Registro Mercantil (no pueden convertirse en acciones por debajo de su valor nominal), en garantía de los futuros accionistas que resulten de la conversión frente a una eventual dilución no justificada de su participación.

El sindicato de obligacionistas

El sindicato de obligacionistas es una agrupación corporativa que se constituye automáticamente entre los titulares de las obligaciones de una misma emisión, tan pronto como la suscripción de la emisión ha quedado formalizada, con el fin de organizar la defensa colectiva de sus intereses frente a la sociedad emisora y de facilitar la relación entre esta y los obligacionistas a lo largo de toda la vida de la emisión. El sindicato cuenta con dos órganos: la asamblea general de obligacionistas, integrada por todos los titulares de las obligaciones de la emisión, competente para adoptar los acuerdos que resulten necesarios para la mejor defensa de sus legítimos intereses frente a la sociedad (modificación de las garantías, aceptación de quitas o esperas en supuestos de dificultades financieras de la emisora, ejercicio de acciones judiciales), y el comisario, que actúa como órgano de relación permanente entre la sociedad emisora y el sindicato, ostentando la representación legal de este y las facultades que le atribuyan los estatutos de la emisión. Los gastos que ocasione el sostenimiento del sindicato corren a cargo de la sociedad emisora en los términos de la escritura de emisión, y la constitución de este sindicato constituye una particularidad exclusiva del régimen de las obligaciones que no tiene equivalente en el régimen de las acciones ni en el de las participaciones sociales.

La junta general: concepto, clases (ordinaria y extraordinaria)

La junta general es el órgano de deliberación y decisión de la sociedad de capital integrado por la totalidad de los socios, a través del cual estos, debidamente convocados, deciden por mayoría sobre los asuntos propios de su competencia. El art. 159 de la Ley de Sociedades de Capital establece que los socios, reunidos en junta general, decidirán por mayoría en los asuntos propios de la competencia de esta, y que todos los socios, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión, quedan sometidos a los acuerdos adoptados válidamente, plasmando así el principio mayoritario que rige el funcionamiento corporativo de las sociedades de capital, en contraste con el principio de unanimidad que tradicionalmente ha regido en las sociedades personalistas. La ley distingue dos clases de junta: la junta general ordinaria, que debe reunirse necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado; y la junta general extraordinaria, que comprende cualquier otra reunión de la junta no calificable de ordinaria, sin que la naturaleza de los asuntos que puedan tratarse en una u otra difiera, dado que ambas ostentan las mismas competencias legales, siendo su distinción puramente temporal y formal.

Convocatoria de la junta general: requisitos y plazos

La convocatoria de la junta general corresponde, con carácter general, al órgano de administración de la sociedad, si bien la ley reconoce a los socios que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social el derecho a solicitar la convocatoria de junta general, indicando en la solicitud los asuntos a tratar, debiendo los administradores convocarla para su celebración dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se hubiere requerido notarialmente para convocarla. La convocatoria debe publicarse, conforme al art. 173 de la Ley de Sociedades de Capital, mediante anuncio en la página web de la sociedad, si esta hubiera sido creada, inscrita y publicada en los términos legalmente previstos, o, en su defecto, mediante anuncio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia del domicilio social (para las sociedades anónimas). En la sociedad limitada, salvo disposición contraria de los estatutos (que pueden prever la página web), la convocatoria se realiza mediante cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en el libro registro de socios. La junta puede convocarse también judicialmente, a petición de cualquier socio, si los administradores no la convocan en plazo. Entre la convocatoria y la fecha prevista para la celebración de la junta debe mediar, como mínimo, un mes en la sociedad anónima y quince días en la sociedad limitada.

Competencias de la junta general

El art. 160 de la Ley de Sociedades de Capital enumera las materias reservadas a la competencia de la junta general, esto es, aquellas decisiones que, por su especial trascendencia para la vida social, no pueden ser adoptadas por el órgano de administración sino que requieren necesariamente el acuerdo de los socios: la censura de la gestión social, la aprobación de las cuentas anuales y la aplicación del resultado; el nombramiento y separación de los administradores, de los liquidadores y, en su caso, de los auditores de cuentas; la modificación de los estatutos sociales; el aumento y la reducción del capital social; la supresión o limitación del derecho de suscripción y de asunción preferente; la adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales; la transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo, así como el traslado del domicilio al extranjero; la disolución de la sociedad; la aprobación del balance final de liquidación; y cualesquiera otros asuntos que determinen la ley o los estatutos. Esta enumeración legal de competencias tiene carácter de mínimo indisponible, en el sentido de que no pueden atribuirse estatutariamente al órgano de administración estas materias, aunque los estatutos sí pueden ampliar el catálogo legal reservando a la junta otras decisiones adicionales. Se presume el carácter esencial de los activos cuando el importe de la operación supere el veinticinco por ciento del valor de los activos que figuren en el último balance aprobado. En la sociedad anónima la junta puede, además, impartir instrucciones al órgano de administración o someter a su autorización la adopción de decisiones de gestión sobre determinados asuntos, sin que ello afecte a la facultad de representación de los administradores frente a terceros (art. 161 LSC).

Funcionamiento de la junta: junta universal, información, voto y asistencia telemática

Junta universal: la junta se entiende convocada y queda válidamente constituida para tratar cualquier asunto, sin necesidad de convocatoria, siempre que esté presente o representado todo el capital social y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la junta (art. 178 LSC). Derecho de información: en la sociedad anónima, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la junta los accionistas pueden solicitar por escrito las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular preguntas, sobre los asuntos del orden del día (art. 197 LSC), y los administradores deben facilitarlas, salvo que su publicidad perjudique a los intereses sociales y la petición no esté apoyada por accionistas que representen al menos el veinticinco por ciento del capital; en la sociedad limitada, los socios pueden solicitar las informaciones por escrito con anterioridad a la reunión o verbalmente durante la misma (art. 196 LSC). Representación: todo socio que tenga derecho de asistencia puede hacerse representar en la junta por otra persona, que en la sociedad anónima puede ser un tercero y en la limitada, salvo disposición estatutaria, debe ser socio, cónyuge, ascendiente, descendiente o persona con poder general en documento público (art. 183 y 184 LSC). Derecho de voto: en la sociedad anónima es proporcional al valor nominal de las acciones y en la limitada corresponde un voto a cada participación, salvo las excepciones previstas por la ley (acciones sin voto o supuestos de conflicto de interés). Asistencia telemática: los estatutos pueden autorizar la asistencia por medios telemáticos y, en su caso, la celebración de juntas exclusivamente telemáticas. Las deliberaciones se recogen en acta, que puede aprobarse al final de la propia reunión o dentro del plazo de quince días por el presidente y dos interventores.

Constitución de la junta y quórum de asistencia

Para la sociedad anónima, la Ley de Sociedades de Capital exige, en su art. 193, un quórum mínimo de constitución de la junta general en primera convocatoria del veinticinco por ciento del capital social suscrito con derecho de voto, pudiendo los estatutos fijar un quórum superior; en segunda convocatoria, la junta queda válidamente constituida cualquiera que sea el capital concurrente a la misma, salvo que los estatutos fijen un quórum determinado, que en todo caso deberá ser inferior al que aquellos hayan establecido o al legal para la primera convocatoria. El art. 194 LSC establece, además, un quórum reforzado para determinados acuerdos de especial trascendencia (emisión de obligaciones, aumento o reducción de capital, transformación, fusión, escisión o cesión global de activo y pasivo y traslado de domicilio al extranjero, y en general cualquier modificación estatutaria): en primera convocatoria, es necesaria la concurrencia de accionistas presentes o representados que posean, al menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho de voto, siendo suficiente en segunda convocatoria la concurrencia del veinticinco por ciento de dicho capital. En la sociedad de responsabilidad limitada no existe propiamente un régimen de quórum de asistencia equivalente, dado que la junta queda válidamente constituida cualquiera que sea el número de socios concurrentes, centrándose en cambio el régimen legal en las mayorías necesarias para la adopción de acuerdos.

Adopción de acuerdos sociales: mayorías

En la sociedad anónima, el art. 201 de la Ley de Sociedades de Capital establece como mayoría ordinaria para la adopción de acuerdos la de más votos a favor que en contra del capital presente o representado, mientras que para los acuerdos que requieren el quórum reforzado del art. 194 LSC (aumento o reducción de capital, modificaciones estructurales, exclusión del derecho de suscripción preferente, y demás modificaciones estatutarias) se exige el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la junta cuando, en segunda convocatoria, concurran accionistas que representen entre el veinticinco y el cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho a voto, siendo suficiente en cambio la mayoría absoluta cuando concurra un porcentaje de capital igual o superior al cincuenta por ciento. En la sociedad de responsabilidad limitada, el art. 198 LSC exige como mayoría ordinaria el voto favorable de la mayoría de los votos válidamente emitidos, siempre que representen al menos un tercio de los votos correspondientes a las participaciones sociales en que se divida el capital social (sin computar los votos en blanco). El art. 199 LSC establece mayorías reforzadas para los acuerdos de especial trascendencia: para el aumento o la reducción del capital y cualquier otra modificación de estatutos se requiere el voto favorable de más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social, y para otros acuerdos de mayor calado (supresión o limitación del derecho de preferencia, transformación, fusión, escisión, cesión global de activo y pasivo, exclusión de socios y similares) se exigen dos tercios de dichos votos. Los estatutos pueden elevar las mayorías legales, dentro de los límites que fija la propia ley.

Impugnación de acuerdos sociales

El art. 204 de la Ley de Sociedades de Capital, en la redacción dada por la reforma de la Ley 31/2014, unifica en una sola categoría los acuerdos impugnables, calificando como tales los acuerdos sociales que sean contrarios a la ley, se opongan a los estatutos o al reglamento de la junta de la sociedad, o lesionen el interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros, entendiéndose por lesión del interés social, entre otros supuestos, la imposición de acuerdos de manera abusiva por la mayoría, cuando el acuerdo se adopte sin respuesta a una necesidad razonable de la sociedad, con el ánimo de lesionar injustificadamente a los demás socios, y sin que sea causa de impugnación la infracción de meros requisitos procedimentales establecidos por la ley, los estatutos o los reglamentos de la junta o del consejo, salvo que se refieran a determinados requisitos esenciales de convocatoria, constitución o adopción del acuerdo, o a determinada información sustancial. El plazo general de caducidad para el ejercicio de la acción de impugnación es de un año (tres meses en las sociedades cotizadas), salvo para los acuerdos contrarios al orden público, que no caducan. La legitimación activa corresponde a los socios que lo fuesen antes de la adopción del acuerdo (en las sociedades cotizadas se exige un porcentaje mínimo de capital), a los administradores y a los terceros que acrediten interés legítimo; los acuerdos contrarios al orden público pueden ser impugnados por cualquier tercero. La demanda se dirige contra la sociedad y la sentencia estimatoria produce efectos frente a todos los socios.

El órgano de administración: formas posibles (administrador único, solidario, mancomunado, consejo)

El art. 210 de la Ley de Sociedades de Capital reconoce a los estatutos sociales la libertad para optar entre distintos modos de organizar la administración de la sociedad, con las siguientes modalidades básicas: un administrador único, que ostenta en solitario la titularidad del órgano; varios administradores solidarios, cada uno de los cuales puede actuar y vincular por sí solo a la sociedad frente a terceros, sin necesidad de contar con los demás; dos administradores conjuntos o mancomunados, que deben actuar necesariamente de forma conjunta para vincular a la sociedad, sistema que ofrece mayor control recíproco pero también mayor rigidez operativa; y un consejo de administración, órgano colegiado integrado por un mínimo de tres miembros (en la sociedad de responsabilidad limitada, no más de doce), que adopta sus acuerdos por mayoría y que resulta obligatorio cuando la administración conjunta se confíe a más de dos personas. El poder de representación corresponde, según la modalidad, al administrador único, a cada solidario, a los mancomunados conjuntamente o al consejo colegiadamente (art. 233 LSC). En la sociedad limitada, los estatutos pueden habilitar a la junta general para optar alternativamente por cualquiera de estos sistemas sin necesidad de modificación estatutaria, mera previsión que en la sociedad anónima exige, en cambio, la correspondiente modificación de estatutos, salvo que estos hubieran facultado igualmente a la junta para dicha opción alternativa.

Nombramiento, duración y cese de los administradores

El nombramiento de los administradores corresponde a la junta general, salvo el de los primeros administradores, que se realiza en la propia escritura de constitución, produciendo efectos dicho nombramiento desde el momento de su aceptación, sin perjuicio de la necesidad de su inscripción en el Registro Mercantil dentro de los diez días siguientes a dicha aceptación (art. 145 del Reglamento del Registro Mercantil). En las sociedades cotizadas el plazo máximo del cargo es de cuatro años. En cuanto a la duración del cargo, el art. 221 de la Ley de Sociedades de Capital establece un régimen diferenciado: en la sociedad anónima, los administradores ejercerán su cargo durante el plazo que señalen los estatutos, que no podrá exceder de seis años, siendo posible su reelección una o varias veces por periodos de igual duración máxima; en la sociedad de responsabilidad limitada, en cambio, los administradores ejercerán su cargo por tiempo indefinido, salvo que los estatutos establezcan un plazo determinado, en cuyo caso podrán ser reelegidos una o varias veces. La separación de los administradores puede ser acordada en cualquier momento por la junta general, aunque no conste en el orden del día, tratándose de una de las manifestaciones del carácter esencialmente revocable del cargo de administrador, sin perjuicio del eventual derecho a una indemnización si la separación se hubiera acordado sin justa causa y así lo hubieran previsto los estatutos o el propio contrato del administrador.

El consejo de administración: funcionamiento y delegación de facultades

El consejo de administración es el órgano colegiado que actúa con régimen de mayorías. Para que quede válidamente constituido se requiere la presencia, entre presentes y representados, de la mayoría de sus vocales, y los acuerdos se adoptan por mayoría absoluta de los consejeros concurrentes a la sesión, salvo que la ley o los estatutos establezcan otra cosa (arts. 247 y 248 LSC). La convocatoria corresponde al presidente, y los administradores que constituyan al menos un tercio de los miembros del consejo pueden convocarlo si, previa petición al presidente, este no lo hace en el plazo de un mes. El consejo puede delegar facultades en una comisión ejecutiva o en uno o varios consejeros delegados; la delegación permanente de alguna facultad y la designación de los administradores que hayan de ocupar tales cargos requieren para su validez el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del consejo y no producen efecto hasta su inscripción en el Registro Mercantil (art. 249 LSC). Ciertas facultades son indelegables (art. 249 bis LSC), como la supervisión del efectivo funcionamiento de las comisiones y de los órganos delegados, la determinación de las políticas y estrategias generales, la formulación de las cuentas anuales y su presentación a la junta y la formulación de cualquier clase de informe exigido por la ley al órgano de administración. Cuando se nombre a un consejero delegado o se atribuyan funciones ejecutivas a un consejero, debe celebrarse un contrato entre este y la sociedad, que ha de ser aprobado previamente por el consejo con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros, sin la participación del afectado, y que se incorpora como anexo al acta (art. 249.3 LSC).

Facultades y deberes de los administradores

Los administradores ostentan el poder de representación de la sociedad en juicio y fuera de él, con un ámbito de actuación que, conforme al art. 234 de la Ley de Sociedades de Capital, se extiende a todos los actos comprendidos en el objeto social delimitado en los estatutos, quedando la sociedad obligada frente a terceros de buena fe y sin culpa grave aunque el acto no esté comprendido en el objeto social, en aplicación de la doctrina del ultra vires atenuada que rige en el Derecho español. En cuanto a sus deberes, la reforma de la Ley 31/2014 sistematizó, en los arts. 225 a 232 LSC, un catálogo detallado de deberes de los administradores: el deber general de diligencia de un ordenado empresario, que incluye el deber de dedicar el tiempo y esfuerzo necesarios para el buen gobierno de la sociedad y el deber de recabar toda la información precisa para el correcto cumplimiento de sus obligaciones; y el deber de lealtad, entendido como la obligación de desempeñar el cargo con la lealtad de un fiel representante, obrando de buena fe y en el mejor interés de la sociedad, deber que se concreta en obligaciones específicas como el deber de evitar situaciones de conflicto de interés, el deber de secreto, el deber de abstención en las votaciones sobre asuntos en los que tenga un interés propio, y el deber de no aprovechar oportunidades de negocio de la sociedad en beneficio propio.

Estatuto del administrador: requisitos, incompatibilidades y retribución

Pueden ser administradores personas físicas o jurídicas; si se nombra a una persona jurídica, esta debe designar a una persona física para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo (art. 212 bis LSC). Salvo disposición contraria de los estatutos, no es necesario ser socio. No pueden ser administradores los menores de edad no emancipados, las personas incapacitadas, las inhabilitadas conforme a la Ley Concursal, las condenadas por determinados delitos (patrimoniales, socioeconómicos, falsedades o contra la Administración de Justicia, entre otros) mientras dure la inhabilitación, y las personas afectadas por causa legal de incompatibilidad (art. 213 LSC). El cargo de administrador es gratuito salvo que los estatutos establezcan lo contrario, determinando el sistema de retribución (art. 217 LSC); cuando se retribuya con una participación en los beneficios, los estatutos deben fijar el porcentaje máximo. La Ley 31/2014 estableció que la remuneración de los administradores debe guardar una proporción razonable con la importancia de la sociedad, la situación económica y los estándares de mercado. Se consideran administradores de hecho quienes, sin título o con título nulo o extinguido, ejercen las funciones de administración, y también aquella bajo cuyas instrucciones actúen los administradores de la sociedad, a los efectos de responsabilidad (art. 236.3 LSC).

Responsabilidad de los administradores frente a la sociedad y terceros

Los administradores responden frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos, o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño de su cargo, siempre que concurra dolo o culpa, conforme al régimen general del art. 236 de la Ley de Sociedades de Capital. Para exigir esta responsabilidad, la ley articula dos acciones diferenciadas: la acción social de responsabilidad, regulada en el art. 238 LSC, que tiene por objeto reconstituir el patrimonio social dañado por la actuación de los administradores, correspondiendo su ejercicio en primer término a la propia sociedad, previo acuerdo de la junta general, y subsidiariamente, a los socios que posean una participación que les permita solicitar la convocatoria de la junta general (en general, el cinco por ciento del capital; el tres por ciento en las sociedades cotizadas) y, a los acreedores sociales, cuando la sociedad y los socios no la hayan ejercitado y el patrimonio social resulte insuficiente para satisfacer sus créditos (arts. 239 y 240 LSC). La responsabilidad de los miembros del órgano que haya adoptado el acuerdo lesivo es solidaria, salvo los que prueben que, no habiendo intervenido en su adopción, desconocían su existencia o, conociéndola, hicieron todo lo conveniente para evitar el daño o se opusieron expresamente (art. 237 LSC); y la acción individual de responsabilidad, regulada en el art. 241 LSC, que corresponde a los socios y a terceros por los actos de los administradores que lesionen directamente sus intereses particulares, sin necesidad de pasar por el patrimonio social. A este régimen general se añade la responsabilidad solidaria específica prevista en el art. 367 LSC para los administradores que incumplan la obligación legal de convocar junta general para adoptar el acuerdo de disolución, o de instar la disolución judicial, cuando concurra causa legal de disolución, por las deudas sociales posteriores al acaecimiento de dicha causa.

Sociedades cotizadas: régimen especial

La sociedad cotizada es la sociedad anónima cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado secundario oficial. Su régimen especial se contiene en el Título XIV de la Ley de Sociedades de Capital (arts. 495 y siguientes) y se completa con la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (que sustituyó al texto refundido de 2015) y la normativa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Entre sus particularidades están: la obligatoriedad del sistema de anotaciones en cuenta para sus acciones, el reforzamiento de los derechos de información y de participación de los accionistas en la junta (posibilidad de asistencia telemática y reglamento obligatorio de la junta), un plazo máximo del cargo de administrador de cuatro años, la existencia de un comité de auditoría y de comisiones de nombramientos y retribuciones, la política de remuneraciones de los consejeros sometida a la aprobación de la junta, la obligación de informar sobre su gobierno corporativo y de aprobar un informe anual de remuneraciones, y plazos y umbrales de ejercicio de derechos de minoría distintos de los generales (por ejemplo, el tres por ciento para solicitar la convocatoria de la junta o el ejercicio de la acción social, y un plazo de tres meses para impugnar acuerdos). El Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas (CNMV) rige con el principio de cumplir o explicar.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Las tres sociedades de capital comparten dos rasgos: capital dividido en acciones/participaciones y ausencia de responsabilidad personal de los socios por las deudas sociales (art. 1 LSC).
  • Tras la reforma de la Ley 18/2022, la SL ya no exige capital mínimo de 3.000 euros: puede constituirse con capital inferior, con reserva legal reforzada (20% del beneficio) y responsabilidad solidaria de los socios en liquidación por la diferencia hasta 3.000 euros. La SA mantiene su mínimo de 60.000 euros, desembolsado al menos al 25%.
  • Acciones (SA): valores negociables, transmisión legal supletoria libre. Participaciones (SL): no son valores negociables, transmisión a terceros sujeta a derecho de adquisición preferente de los demás socios salvo régimen estatutario distinto.
  • Contenido mínimo de la escritura (art. 22 LSC) frente a contenido mínimo de los estatutos (art. 23 LSC) — no confundir: identidad de fundadores y aportaciones van en la escritura; denominación, objeto, domicilio, capital y modo de administración van en estatutos.
  • Nulidad de la sociedad de capital ya inscrita (art. 56 LSC): causas tasadas y excepcionales (no cabe alegar cualquier causa civil de nulidad contractual) — protege la conservación de la empresa y a los terceros que contrataron con ella.
  • Pactos parasociales: eficacia solo obligacional entre quienes los suscriben (inter partes), nunca oponibles a la sociedad ni fundamento de impugnación de acuerdos sociales válidos.
  • Junta ordinaria: obligatoria dentro de los 6 primeros meses del ejercicio para aprobar cuentas y aplicar resultado; su celebración fuera de plazo no invalida los acuerdos. Junta extraordinaria: cualquier otra, mismas competencias.
  • Quórum de constitución de la SA (arts. 193-194 LSC): 25% en primera convocatoria (ordinario, sin mínimo en 2ª); quórum reforzado del 50% en primera / 25% en segunda para acuerdos estructurales. La SL no tiene régimen de quórum equivalente.
  • Mayorías: en la SA, ordinaria = más votos a favor que en contra (art. 201); reforzada = 2/3 del capital presente si, en 2ª convocatoria, concurre entre el 25 y el 50% del capital, y mayoría absoluta si concurre el 50% o más. En la SL, ordinaria = mayoría de los votos válidamente emitidos que representen al menos 1/3 de los votos de las participaciones (art. 198); reforzadas en el art. 199 (más de la mitad de los votos de las participaciones para modificar estatutos y aumentar o reducir capital; 2/3 en los acuerdos de mayor calado).
  • Impugnación de acuerdos sociales (art. 204 LSC, tras Ley 31/2014): acuerdos contrarios a la ley, a los estatutos, al reglamento de la junta o lesivos del interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros; caducidad de 1 año (3 meses en cotizadas), salvo los contrarios al orden público, que no caducan.
  • Modos de organizar la administración (art. 210 LSC): administrador único, varios solidarios, dos mancomunados o consejo de administración; si la administración conjunta se confía a más de dos personas hay que constituir consejo (mínimo 3 miembros; en SL, máximo 12).
  • Duración del cargo de administrador: máximo 6 años en la SA (reelegible); indefinido en la SL salvo que estatutos fijen plazo. En ambos casos, cese revocable ad nutum por la junta en cualquier momento, aunque no conste en el orden del día.
  • Deberes de los administradores tras la Ley 31/2014: diligencia de un ordenado empresario + deber de lealtad (evitar conflictos de interés, secreto, abstención, no aprovechar oportunidades de negocio de la sociedad).
  • Doble vía de responsabilidad de administradores: acción social (art. 238 LSC, repara el daño a la sociedad, la ejercita la sociedad y subsidiariamente socios/acreedores) frente a acción individual (art. 241 LSC, repara daño directo a socios o terceros).
  • Responsabilidad solidaria específica del art. 367 LSC: administradores que no convocan junta ni instan disolución judicial ante causa legal de disolución responden solidariamente de las deudas sociales posteriores al acaecimiento de la causa — muy preguntado en test.
  • Las obligaciones son valores de renta fija que atribuyen la condición de acreedor, no de socio; la SL no puede emitir obligaciones ni otros valores que creen una deuda, ni siquiera convertibles.
  • El sindicato de obligacionistas se constituye automáticamente al formalizarse la suscripción de la emisión; sus órganos son la asamblea general de obligacionistas y el comisario, y sus gastos corren a cargo de la sociedad emisora.
  • Mayoría ordinaria en la S.L. (art. 198 LSC): mayoría de los votos válidamente emitidos, siempre que representen al menos un tercio de los votos de las participaciones; no se computan los votos en blanco.
  • La junta universal (art. 178 LSC) exige que esté presente todo el capital y que los asistentes acepten por unanimidad su celebración; no necesita convocatoria.
  • Plazo de antelación de la convocatoria: un mes en la S.A. y quince días en la S.L.; derecho de información de los accionistas de la S.A. hasta el séptimo día anterior a la junta.
  • La delegación permanente de facultades del consejo exige el voto favorable de dos tercios de sus componentes y su inscripción en el Registro Mercantil (art. 249 LSC).
  • Acciones sin voto: su importe nominal no puede superar la mitad del capital desembolsado; atribuyen un dividendo mínimo anual.
  • Reserva legal: 10 por ciento del beneficio hasta alcanzar el 20 por ciento del capital (art. 274 LSC); pérdidas que dejen el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital son causa de disolución (art. 363 LSC).
  • Las aportaciones de trabajo o servicios no son admisibles en las sociedades de capital (art. 58 LSC).
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Pregunta 1 de 120 aciertos

¿Cuál es el capital social mínimo de una sociedad anónima y el desembolso mínimo inicial exigible?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 14 de Hacienda (AEAT)?

Las sociedades de capital —anónima, limitada y comanditaria por acciones— constituyen, con enorme diferencia estadística sobre las sociedades personalistas estudiadas en el tema anterior, la forma jurídica en la que se organiza la inmensa mayoría de la actividad empresarial en España. Su régimen jurídico común se encuentra unificado desde 2010 en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (RDLeg 1/2010), norma que ha sido objeto de sucesivas reformas relevantes (Ley 25/2011, Ley 31/2014 de mejora del gobierno corporativo, Ley 5/2021 de incentivación de la implicación de los accionistas, Ley 18/2022 de creación y crecimiento de empresas) y que constituye, junto con el Código de Comercio, el eje central del Derecho mercantil de sociedades exigible en esta oposición. Este tema desarrolla los aspectos estructurales del régimen de las sociedades de capital: su constitución formal, el contenido de los estatutos sociales, el régimen de las acciones, participaciones y obligaciones como instrumentos de financiación, y el funcionamiento de sus dos órganos sociales necesarios, la junta general y el órgano de administración. Es, junto con el tema de la disolución y modificaciones estructurales, el núcleo duro del Derecho de sociedades en el examen, por lo que requiere un manejo preciso de las mayorías, los quorum y los plazos legales.

¿Qué hay que memorizar del Tema 14 para el examen?

Las tres sociedades de capital comparten dos rasgos: capital dividido en acciones/participaciones y ausencia de responsabilidad personal de los socios por las deudas sociales (art. 1 LSC). Tras la reforma de la Ley 18/2022, la SL ya no exige capital mínimo de 3.000 euros: puede constituirse con capital inferior, con reserva legal reforzada (20% del beneficio) y responsabilidad solidaria de los socios en liquidación por la diferencia hasta 3.000 euros. La SA mantiene su mínimo de 60.000 euros, desembolsado al menos al 25%. Acciones (SA): valores negociables, transmisión legal supletoria libre. Participaciones (SL): no son valores negociables, transmisión a terceros sujeta a derecho de adquisición preferente de los demás socios salvo régimen estatutario distinto. Contenido mínimo de la escritura (art. 22 LSC) frente a contenido mínimo de los estatutos (art. 23 LSC) — no confundir: identidad de fundadores y aportaciones van en la escritura; denominación, objeto, domicilio, capital y modo de administración van en estatutos. Nulidad de la sociedad de capital ya inscrita (art. 56 LSC): causas tasadas y excepcionales (no cabe alegar cualquier causa civil de nulidad contractual) — protege la conservación de la empresa y a los terceros que contrataron con ella. Pactos parasociales: eficacia solo obligacional entre quienes los suscriben (inter partes), nunca oponibles a la sociedad ni fundamento de impugnación de acuerdos sociales válidos. Junta ordinaria: obligatoria dentro de los 6 primeros meses del ejercicio para aprobar cuentas y aplicar resultado; su celebración fuera de plazo no invalida los acuerdos. Junta extraordinaria: cualquier otra, mismas competencias. Quórum de constitución de la SA (arts. 193-194 LSC): 25% en primera convocatoria (ordinario, sin mínimo en 2ª); quórum reforzado del 50% en primera / 25% en segunda para acuerdos estructurales. La SL no tiene régimen de quórum equivalente. Mayorías: en la SA, ordinaria = más votos a favor que en contra (art. 201); reforzada = 2/3 del capital presente si, en 2ª convocatoria, concurre entre el 25 y el 50% del capital, y mayoría absoluta si concurre el 50% o más. En la SL, ordinaria = mayoría de los votos válidamente emitidos que representen al menos 1/3 de los votos de las participaciones (art. 198); reforzadas en el art. 199 (más de la mitad de los votos de las participaciones para modificar estatutos y aumentar o reducir capital; 2/3 en los acuerdos de mayor calado). Impugnación de acuerdos sociales (art. 204 LSC, tras Ley 31/2014): acuerdos contrarios a la ley, a los estatutos, al reglamento de la junta o lesivos del interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros; caducidad de 1 año (3 meses en cotizadas), salvo los contrarios al orden público, que no caducan. Modos de organizar la administración (art. 210 LSC): administrador único, varios solidarios, dos mancomunados o consejo de administración; si la administración conjunta se confía a más de dos personas hay que constituir consejo (mínimo 3 miembros; en SL, máximo 12). Duración del cargo de administrador: máximo 6 años en la SA (reelegible); indefinido en la SL salvo que estatutos fijen plazo. En ambos casos, cese revocable ad nutum por la junta en cualquier momento, aunque no conste en el orden del día. Deberes de los administradores tras la Ley 31/2014: diligencia de un ordenado empresario + deber de lealtad (evitar conflictos de interés, secreto, abstención, no aprovechar oportunidades de negocio de la sociedad). Doble vía de responsabilidad de administradores: acción social (art. 238 LSC, repara el daño a la sociedad, la ejercita la sociedad y subsidiariamente socios/acreedores) frente a acción individual (art. 241 LSC, repara daño directo a socios o terceros). Responsabilidad solidaria específica del art. 367 LSC: administradores que no convocan junta ni instan disolución judicial ante causa legal de disolución responden solidariamente de las deudas sociales posteriores al acaecimiento de la causa — muy preguntado en test. Las obligaciones son valores de renta fija que atribuyen la condición de acreedor, no de socio; la SL no puede emitir obligaciones ni otros valores que creen una deuda, ni siquiera convertibles. El sindicato de obligacionistas se constituye automáticamente al formalizarse la suscripción de la emisión; sus órganos son la asamblea general de obligacionistas y el comisario, y sus gastos corren a cargo de la sociedad emisora. Mayoría ordinaria en la S.L. (art. 198 LSC): mayoría de los votos válidamente emitidos, siempre que representen al menos un tercio de los votos de las participaciones; no se computan los votos en blanco. La junta universal (art. 178 LSC) exige que esté presente todo el capital y que los asistentes acepten por unanimidad su celebración; no necesita convocatoria. Plazo de antelación de la convocatoria: un mes en la S.A. y quince días en la S.L.; derecho de información de los accionistas de la S.A. hasta el séptimo día anterior a la junta. La delegación permanente de facultades del consejo exige el voto favorable de dos tercios de sus componentes y su inscripción en el Registro Mercantil (art. 249 LSC). Acciones sin voto: su importe nominal no puede superar la mitad del capital desembolsado; atribuyen un dividendo mínimo anual. Reserva legal: 10 por ciento del beneficio hasta alcanzar el 20 por ciento del capital (art. 274 LSC); pérdidas que dejen el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital son causa de disolución (art. 363 LSC). Las aportaciones de trabajo o servicios no son admisibles en las sociedades de capital (art. 58 LSC).

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Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149) (Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna).

Fuentes de este desarrollo

  • Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (arts. 1, 4, 22, 23, 56, 93, 159-206, 210-249 bis, 273, 274, 279, 363, 367, 401 y ss., 495 y ss.)
  • Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo
  • Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas
  • Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas
  • Real Decreto de 22 de agosto de 1885, por el que se publica el Código de Comercio
  • Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil

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