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Tema 9. La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: Régimen vigente. Requisitos para que proceda la indemnización. Responsabilidad de las autoridades y funcionarios. Requisitos. Plazos de reclamación y procedimiento.

Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna · Índice oficial del BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149).

Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, turno libre y promoción interna (666 plazas: 446 libre + 220 promoción interna). Es distinto del temario del Cuerpo de Agentes Tributarios (C1) y del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (A1), que tienen procesos y temarios propios, no cubiertos aquí.

El art. 106.2 CE reconoce a los particulares el derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, salvo en casos de fuerza mayor. Este régimen de responsabilidad patrimonial, objetivo y directo, se desarrolla en los arts. 32 a 37 de la Ley 40/2015 (aspectos sustantivos) y en los arts. 65, 67, 81 y 91 de la Ley 39/2015 (aspectos procedimentales), y se completa con la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, que la Administración puede exigir por vía de regreso cuando haya mediado dolo, o culpa o negligencia graves.

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Fundamento y caracteres del sistema (art. 106.2 CE y art. 32 Ley 40/2015)

La responsabilidad patrimonial de la Administración tiene rango constitucional (art. 106.2 CE; también art. 9.3 CE, que garantiza la responsabilidad de los poderes públicos). Es objetiva (no exige culpa o negligencia del agente causante: basta el funcionamiento normal o anormal del servicio) y directa (el particular reclama directamente a la Administración, sin necesidad de dirigirse previamente contra el funcionario causante). Es además unitaria (un mismo régimen para toda la actuación administrativa, sea de Derecho público o privado, art. 35 Ley 40/2015) y general (abarca toda la actividad administrativa: actos, omisiones, actuaciones materiales). Los particulares tienen derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley (art. 32.1 Ley 40/2015). La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización (art. 32.1, párrafo segundo). La jurisdicción competente es siempre la contencioso-administrativa, aunque en la producción del daño concurran particulares o la Administración actúe sujeta al Derecho privado (art. 2.e de la Ley 29/1998, LJCA). Tienen su propio régimen la responsabilidad por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia (art. 121 CE y arts. 292 a 297 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) y la de los daños causados por contratistas (art. 196 LCSP).

Requisitos para que proceda la indemnización

La jurisprudencia y los arts. 32 y 34 de la Ley 40/2015 exigen: (1) Lesión o daño antijurídico, entendido no como contrario a Derecho en su causación, sino como aquel que el particular no tiene el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley (art. 34.1). (2) Daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas (art. 32.2): no son indemnizables los daños meramente eventuales o hipotéticos, ni los de carácter general que afectan a toda la colectividad. (3) Imputabilidad a la Administración y relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el daño producido; la causalidad puede romperse por la intervención de un tercero o de la propia víctima, y en caso de concurrencia de culpas se modera la indemnización. (4) Ausencia de fuerza mayor: la fuerza mayor (acontecimiento externo, imprevisible o inevitable, ajeno al servicio) excluye la responsabilidad; el caso fortuito (acontecimiento interno, intrínseco al funcionamiento del servicio) no la excluye. (5) Que la acción se ejercite dentro del plazo de prescripción. Tampoco son indemnizables los daños derivados de hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquellos (riesgos del desarrollo), sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer (art. 34.1). Valoración de la indemnización (art. 34): se calcula con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado; en los casos de muerte o lesiones corporales puede tomarse como referencia la valoración de los baremos de la normativa vigente en materia de seguros obligatorios y de Seguridad Social. La cuantía se calcula con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad fijado por el INE, y de los intereses que procedan por demora en el pago. La indemnización puede sustituirse por una compensación en especie o abonarse mediante pagos periódicos cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado (art. 34.4).

Responsabilidad concurrente de varias Administraciones (art. 33), de Derecho privado (art. 35) y del Estado legislador (art. 32)

Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones se derive responsabilidad, las Administraciones intervinientes responden frente al particular, en todo caso, de forma solidaria, pudiendo el instrumento jurídico regulador determinar la distribución de la responsabilidad entre ellas (art. 33.1). En otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción del daño, la responsabilidad se fija para cada una atendiendo a los criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención; es solidaria cuando no sea posible dicha determinación (art. 33.2). Cuando las Administraciones actúen, directamente o a través de una entidad de Derecho privado, en relaciones de Derecho privado, responden directamente de los daños y perjuicios causados por el personal que se encuentre a su servicio, considerándose la actuación del mismo actuación propia de la Administración bajo cuyo servicio se encuentre, y la responsabilidad se exige conforme a las reglas de este régimen (art. 35). Responsabilidad del Estado legislador (art. 32.3 a 5): los particulares tienen derecho a ser indemnizados por la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen. La responsabilidad del Estado por daños derivados de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional exige que el perjudicado haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada. Cuando el daño derive de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea, deben cumplirse los requisitos fijados por la jurisprudencia del TJUE (norma jurídica violada con la finalidad de conferir derechos a particulares, violación suficientemente caracterizada y relación de causalidad directa).

Responsabilidad de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas (arts. 36 y 37 Ley 40/2015)

Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial, los particulares exigen directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio (art. 36.1). La Administración, cuando hubiera indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del procedimiento que reglamentariamente se establezca (acción de regreso, art. 36.2). Para la exigencia de dicha responsabilidad y, en su caso, para su cuantificación, se ponderan, entre otros, los siguientes criterios: el resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones Públicas y su relación con la producción del resultado dañoso. Asimismo, la Administración instruirá igual procedimiento a las autoridades y demás personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes y derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves (art. 36.3). La culpa o negligencia leve del empleado no genera responsabilidad frente a la Administración. La responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones, así como la responsabilidad civil derivada del delito, se exige de acuerdo con la legislación correspondiente, y no suspende los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial (art. 37). La responsabilidad civil de los contratistas por daños a terceros se rige por el art. 196 LCSP: el contratista responde de los daños causados a terceros, salvo que sean consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración.

Plazo de reclamación (art. 67 Ley 39/2015)

Los interesados solo pueden solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. El derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empieza a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. En los casos en que proceda reconocer derecho a indemnización por anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto o disposición, el derecho a reclamar prescribe al año de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva. En los supuestos de leyes declaradas inconstitucionales o contrarias al Derecho de la Unión Europea, el derecho prescribe al año de la publicación en el BOE o en el DOUE de la correspondiente sentencia. El plazo de prescripción es de un año (no de cuatro, como en materia tributaria).

Procedimiento de responsabilidad patrimonial (arts. 65, 67, 81, 91 y 96 Ley 39/2015)

Iniciación. Se inicia de oficio (art. 65, siempre que no haya prescrito el derecho a reclamar del interesado, mediante acuerdo del órgano competente) o a instancia del interesado mediante reclamación en la que se deben especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre estas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba (art. 67.2). La carga de la prueba corresponde en principio al reclamante respecto de la lesión y del nexo causal; a la Administración corresponde probar la concurrencia de fuerza mayor o de culpa exclusiva de la víctima. Instrucción. Se solicita informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, sin que el plazo de emisión pueda exceder de diez días (art. 81.1). Es preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a cincuenta mil euros (o la que se establezca en la legislación autonómica), así como en los casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980 del Consejo de Estado (art. 81.2). Se concede trámite de audiencia a los interesados. Terminación. La resolución se pronuncia necesariamente sobre la existencia o no de la lesión resarcible y, en su caso, sobre la valoración del daño causado, la cuantía y el modo de la indemnización, explicitando los criterios utilizados para su cálculo (art. 91). El plazo máximo para resolver y notificar es de seis meses desde el inicio del procedimiento; transcurrido sin resolución expresa, se entiende desestimada la reclamación por silencio administrativo (efecto negativo, art. 24.1), pudiendo el interesado acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. Cabe la terminación convencional mediante acuerdo indemnizatorio (art. 86), que fija la cuantía y modo de la indemnización. La resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial pone fin a la vía administrativa (art. 114), por lo que puede recurrirse potestativamente en reposición o directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Tramitación simplificada (art. 96): puede tramitarse de forma simplificada cuando sean inequívocas la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, en cuyo caso el plazo de resolución se reduce a treinta días.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El sistema de responsabilidad patrimonial es objetivo y directo: no requiere culpa del agente y el particular reclama directamente a la Administración, sin dirigirse antes contra el funcionario. Su fundamento es el art. 106.2 CE; el desarrollo, los arts. 32 a 37 Ley 40/2015.
  • El daño debe ser antijurídico (que el particular no tenga el deber jurídico de soportar), efectivo, evaluable económicamente e individualizado, con relación de causalidad y sin fuerza mayor. El caso fortuito no exonera; los riesgos del desarrollo (art. 34.1) sí.
  • La anulación de un acto o disposición no presupone, por sí misma, derecho a indemnización (art. 32.1).
  • Responsabilidad concurrente: solidaria en fórmulas conjuntas de actuación (art. 33.1); en otros supuestos se reparte por competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención (art. 33.2).
  • La acción de regreso contra autoridades y personal exige dolo, o culpa o negligencia graves (art. 36.2): criterios de ponderación son resultado dañoso, grado de culpabilidad, responsabilidad profesional y relación con el resultado.
  • El plazo general de prescripción de la reclamación es de 1 año desde el hecho lesivo o desde la manifestación de su efecto (o desde la curación/determinación de secuelas en daños personales; o desde la sentencia/resolución de anulación).
  • El plazo máximo de resolución del procedimiento es de 6 meses, con silencio desestimatorio (negativo) si no hay resolución expresa; el dictamen del Consejo de Estado es preceptivo para reclamaciones de 50.000 euros o más.
  • La indemnización se valora con referencia al día en que se produjo la lesión, actualizada al fin del procedimiento (IGC del INE) más los intereses de demora; la jurisdicción competente es la contencioso-administrativa aunque la Administración actúe en régimen de Derecho privado.
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¿Cuál es el plazo general de prescripción para reclamar responsabilidad patrimonial a la Administración, según el art. 67 de la Ley 39/2015?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 9 de Hacienda (AEAT)?

El art. 106.2 CE reconoce a los particulares el derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, salvo en casos de fuerza mayor. Este régimen de responsabilidad patrimonial, objetivo y directo, se desarrolla en los arts. 32 a 37 de la Ley 40/2015 (aspectos sustantivos) y en los arts. 65, 67, 81 y 91 de la Ley 39/2015 (aspectos procedimentales), y se completa con la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, que la Administración puede exigir por vía de regreso cuando haya mediado dolo, o culpa o negligencia graves.

¿Qué hay que memorizar del Tema 9 para el examen?

El sistema de responsabilidad patrimonial es objetivo y directo: no requiere culpa del agente y el particular reclama directamente a la Administración, sin dirigirse antes contra el funcionario. Su fundamento es el art. 106.2 CE; el desarrollo, los arts. 32 a 37 Ley 40/2015. El daño debe ser antijurídico (que el particular no tenga el deber jurídico de soportar), efectivo, evaluable económicamente e individualizado, con relación de causalidad y sin fuerza mayor. El caso fortuito no exonera; los riesgos del desarrollo (art. 34.1) sí. La anulación de un acto o disposición no presupone, por sí misma, derecho a indemnización (art. 32.1). Responsabilidad concurrente: solidaria en fórmulas conjuntas de actuación (art. 33.1); en otros supuestos se reparte por competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención (art. 33.2). La acción de regreso contra autoridades y personal exige dolo, o culpa o negligencia graves (art. 36.2): criterios de ponderación son resultado dañoso, grado de culpabilidad, responsabilidad profesional y relación con el resultado. El plazo general de prescripción de la reclamación es de 1 año desde el hecho lesivo o desde la manifestación de su efecto (o desde la curación/determinación de secuelas en daños personales; o desde la sentencia/resolución de anulación). El plazo máximo de resolución del procedimiento es de 6 meses, con silencio desestimatorio (negativo) si no hay resolución expresa; el dictamen del Consejo de Estado es preceptivo para reclamaciones de 50.000 euros o más. La indemnización se valora con referencia al día en que se produjo la lesión, actualizada al fin del procedimiento (IGC del INE) más los intereses de demora; la jurisdicción competente es la contencioso-administrativa aunque la Administración actúe en régimen de Derecho privado.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149) (Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, arts. 9.3, 106.2 y 121 (BOE-A-1978-31229).
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, arts. 32 a 37.
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, arts. 24, 65, 67, 81, 86, 91, 96 y 114.
  • Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, art. 2.e).
  • Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, art. 22 (dictamen preceptivo en reclamaciones de responsabilidad patrimonial).
  • Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, art. 196.

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