Ver esquema

Tema 18. El concurso: Presupuesto subjetivo y objetivo. El auto de declaración de concurso. Efectos sobre acreedores, créditos y contratos. Determinación de la masa activa, masa pasiva y los créditos contra la masa. El convenio: Contenido y sus efectos. Efectos de la apertura de la fase de liquidación. Las causas de conclusión del concurso. La calificación del concurso.

Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna · Índice oficial del BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149).

Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, turno libre y promoción interna (666 plazas: 446 libre + 220 promoción interna). Es distinto del temario del Cuerpo de Agentes Tributarios (C1) y del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (A1), que tienen procesos y temarios propios, no cubiertos aquí.

El concurso de acreedores es el procedimiento judicial único, previsto para cualquier deudor común, sea persona natural o jurídica, que se encuentre en situación de insolvencia, cuya finalidad es dar una respuesta ordenada y colectiva a dicha situación, sustituyendo la dispersión de ejecuciones singulares que cada acreedor podría iniciar individualmente por un procedimiento universal que atienda de forma coordinada a la satisfacción del conjunto de los acreedores, respetando en la medida de lo posible el principio de la par condicio creditorum (igualdad de trato entre acreedores de la misma clase). Su regulación actual se contiene en el Texto Refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, que a su vez ha sido objeto de una reforma de gran calado por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 sobre reestructuración e insolvencia, que ha modificado sustancialmente el derecho preconcursal (sustituyendo los antiguos acuerdos de refinanciación y acuerdos extrajudiciales de pago por los nuevos planes de reestructuración) y ha introducido, además, un procedimiento especial simplificado para microempresas. Este es, con notable diferencia, el tema más extenso de todo el bloque de Derecho Mercantil asignado, recorriendo la totalidad de las fases del concurso ordinario: desde su presupuesto subjetivo y objetivo, pasando por los efectos de su declaración sobre el deudor, los acreedores, los créditos y los contratos, la determinación de las masas activa y pasiva, hasta las dos posibles soluciones del concurso —el convenio y la liquidación— y su terminación, con especial atención a la pieza de calificación, que determina si el concurso merece la consideración de fortuito o culpable, con las consiguientes consecuencias, entre otras, de naturaleza personal para el deudor y sus administradores. A fecha de octubre de 2026 conviene retener los siguientes cambios recientes: la Ley 16/2022 (planes de reestructuración, procedimiento especial para microempresas, nueva exoneración del pasivo insatisfecho, definición de la insolvencia inminente en tres meses) y la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que sustituye los Juzgados de lo Mercantil por las secciones de lo mercantil de los tribunales de instancia. Para el opositor de Hacienda tienen especial interés la clasificación de los créditos tributarios y de Seguridad Social, la paralización de los apremios y las normas de sucesión de empresa en la venta de unidades productivas.

← Ver el índice completo del temario

El Texto Refundido de la Ley Concursal (RDLeg 1/2020) y su reforma por Ley 16/2022

El Texto Refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, vino a refundir en un único cuerpo legal, sistematizado y clarificado, la Ley Concursal de 2003 y sus numerosísimas reformas posteriores, sin introducir en principio, por tratarse de un texto refundido, modificaciones sustantivas de fondo, sino una mera regularización, aclaración y armonización de los textos legales refundidos, distribuyendo la materia en tres libros: el Libro Primero, dedicado al concurso de acreedores propiamente dicho; el Libro Segundo, dedicado al entonces denominado derecho preconcursal; y el Libro Tercero, dedicado a las normas de Derecho internacional privado en materia de insolvencia. Esta sistemática se vio profundamente alterada por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, que transpuso al ordenamiento español la Directiva (UE) 2019/1023 sobre reestructuración e insolvencia, introduciendo una reforma de calado que sustituyó el antiguo régimen preconcursal de acuerdos de refinanciación y acuerdos extrajudiciales de pago por un nuevo marco de planes de reestructuración dentro del Libro Segundo, añadió un nuevo libro dedicado al procedimiento especial para microempresas (de manera que el Texto Refundido pasó de tres a cuatro libros, pasando las normas de Derecho internacional privado al último de ellos), y modificó puntualmente numerosos preceptos del concurso ordinario regulado en el Libro Primero, que sigue constituyendo, no obstante estas modificaciones, el objeto central de estudio de este tema.

Planes de reestructuración y procedimiento especial para microempresas

La Ley 16/2022 sustituyó el antiguo derecho preconcursal por los planes de reestructuración, que el deudor en probabilidad de insolvencia, insolvencia inminente o actual puede proponer a sus acreedores para modificar la composición, condiciones o estructura de su activo y pasivo o su capital, o para transferir elementos patrimoniales o unidades productivas. Se tramitan con una comunicación de apertura de negociaciones al juzgado, que produce un efecto de paralización de determinadas ejecuciones sobre bienes necesarios por un plazo limitado, y la posibilidad de nombrar a un experto en la reestructuración. El plan se aprueba por clases de acreedores con mayorías reforzadas y puede homologarse judicialmente, con la posibilidad de arrastrar a clases disidentes bajo determinadas reglas de prioridad. En paralelo, la ley creó un procedimiento especial para microempresas, de tramitación simplificada y electrónica, dirigido a deudores con una plantilla muy reducida y con volúmenes de negocio y pasivo muy bajos (umbrales de 700.000 y 350.000 euros), que puede finalizar en un plan de continuación o en una liquidación rápida, aplicándose supletoriamente las normas del concurso.

Presupuesto subjetivo del concurso: deudores que pueden ser declarados en concurso

El presupuesto subjetivo del concurso, regulado en el art. 1 del Texto Refundido de la Ley Concursal, establece que la declaración de concurso procederá respecto de cualquier deudor, sea persona natural o jurídica, consagrando así un modelo de unidad subjetiva del concurso, frente a modelos históricos anteriores que reservaban procedimientos distintos según la condición mercantil o civil del deudor (la antigua distinción entre quiebra y suspensión de pagos, reservadas al comerciante, y el concurso de acreedores civil, aplicable al deudor no comerciante). Este modelo unitario permite que puedan ser declarados en concurso tanto las personas físicas, sean o no empresarios (incluyendo el consumidor persona física, para el que se prevén determinadas especialidades procedimentales y sustantivas, particularmente en materia de exoneración del pasivo insatisfecho), como las personas jurídicas, cualquiera que sea su naturaleza (sociedades mercantiles de cualquier tipo, asociaciones, fundaciones), quedando excluidas de la declaración de concurso las entidades que integran la organización territorial del Estado, los organismos públicos y demás entes de Derecho público (art. 1.3 TRLC). Las entidades de crédito, las entidades aseguradoras y otras sujetas a regímenes sectoriales presentan especialidades derivadas de los procedimientos administrativos de resolución y liquidación previstos en su normativa, por su especial trascendencia sistémica.

Presupuesto objetivo del concurso: la insolvencia actual e inminente

El presupuesto objetivo del concurso es la insolvencia del deudor, definida por el Texto Refundido de la Ley Concursal como el estado en que se encuentra quien no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles, distinguiendo la ley entre insolvencia actual, que es la que ya se ha producido efectivamente en el momento de solicitar el concurso, y la insolvencia inminente, que es aquella que el deudor prevea que no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones dentro de los tres meses siguientes (plazo que fijó la Ley 16/2022 en el art. 2.3 TRLC). Se distingue de la mera probabilidad de insolvencia del Libro Segundo (preconcursal), referida a las obligaciones que venzan en los dos años siguientes, que habilita para acudir a un plan de reestructuración pero no para solicitar el concurso. Para el concurso solicitado por los acreedores la ley enumera hechos externos reveladores de la insolvencia (art. 2.4 TRLC): el sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones, la existencia de embargos que afecten de modo general al patrimonio, el alzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa de bienes y el incumplimiento generalizado de obligaciones tributarias, de Seguridad Social o salariales durante determinados períodos. La distinción entre ambos tipos de insolvencia tiene una relevancia práctica notable: la insolvencia actual habilita tanto al deudor como a sus acreedores y a los demás legitimados para solicitar la declaración de concurso, mientras que la insolvencia meramente inminente solo legitima al propio deudor para instar dicha declaración, en la medida en que se trata de una situación que este puede anticipar y prevenir mejor que un tercero ajeno a su situación patrimonial concreta, favoreciendo así la presentación de concursos tempranos, antes de que la situación patrimonial del deudor se deteriore hasta el punto de comprometer definitivamente la viabilidad de una solución ordenada de la crisis.

Legitimación para solicitar el concurso: concurso voluntario y necesario

La legitimación para instar la declaración de concurso se atribuye, con carácter general, al propio deudor y a cualquiera de sus acreedores, distinguiéndose en función de quién presenta la solicitud entre concurso voluntario, cuando es el propio deudor quien insta su declaración —único legitimado, además, para solicitarlo fundándose en una situación de insolvencia meramente inminente—, y concurso necesario, cuando la solicitud proviene de cualquier acreedor o de otros sujetos legitimados por la ley (como el propio mediador concursal en determinados procedimientos, o los socios que respondan personalmente de las deudas sociales), fundándose en tal caso necesariamente en una situación de insolvencia ya actual, y no meramente inminente. El deudor persona jurídica está legalmente obligado a solicitar la declaración de concurso voluntario dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia actual (art. 5 TRLC), plazo que se suspende si se comunica la apertura de negociaciones con los acreedores en los términos del Libro Segundo, constituyendo el incumplimiento de este deber de solicitud oportuna uno de los factores que la ley toma en consideración, más adelante, a efectos de la calificación del concurso como culpable, en la medida en que el retraso injustificado en la solicitud del concurso puede agravar la situación patrimonial del deudor en perjuicio de sus acreedores.

El auto de declaración de concurso: contenido

Una vez tramitada la solicitud de concurso, sea esta voluntaria o necesaria, y verificada por el juez la concurrencia de los presupuestos legalmente exigidos, se dicta el correspondiente auto de declaración de concurso, resolución judicial que constituye el punto de partida de todo el procedimiento concursal y que debe contener, entre otros extremos, el carácter necesario o voluntario del concurso; en su caso, los efectos sobre las facultades de administración y disposición del deudor, determinando si se acuerda su suspensión (con sustitución por la administración concursal) o su mera intervención (manteniendo el deudor dichas facultades bajo la supervisión de la administración concursal); el nombramiento de la administración concursal, con expresión de su identidad; las medidas cautelares que, en su caso, el juez estime necesarias para asegurar la integridad, la conservación o la administración del patrimonio del deudor hasta que la administración concursal acepte el cargo; y el llamamiento a los acreedores para que pongan en conocimiento de la administración concursal la existencia de sus créditos, dentro de un plazo determinado. El auto debe ser objeto de publicidad, tanto registral (inscripción en el Registro Civil, si el deudor es persona física, o en el Registro Mercantil, si es persona jurídica) como a través del Registro Público Concursal, garantizando así su general cognoscibilidad frente a terceros.

Competencia y procedimiento de declaración del concurso

La competencia para declarar el concurso corresponde al juez de lo mercantil (hoy, sección de lo mercantil del tribunal de instancia, tras la Ley Orgánica 1/2025) cuando el deudor es una persona jurídica o un empresario, y al juez de primera instancia cuando se trata de persona natural no empresaria. La competencia territorial se determina por el lugar donde el deudor tenga el centro de sus intereses principales, que se presume en el domicilio estatutario de la persona jurídica o en el lugar de residencia habitual de la persona natural no empresaria o de la administración de los negocios en el empresario. La solicitud de concurso voluntario se presenta con la documentación exigida (memoria económica, inventario, lista de acreedores, plantilla de trabajadores, cuentas anuales de los tres últimos ejercicios), y el juez dicta el auto de declaración en un plazo breve. En el concurso necesario se da traslado al deudor para que se oponga. La declaración de concurso es recurrible en apelación.

Publicidad de la declaración de concurso

La declaración de concurso está sometida a un riguroso régimen de publicidad, tanto de carácter procesal como registral, dada la trascendencia que dicha declaración tiene no solo para el propio deudor y sus acreedores, sino para el conjunto del tráfico jurídico y económico con el que aquel pudiera relacionarse en el futuro. El extracto de la declaración de concurso se publica en el Registro Público Concursal, plataforma electrónica de acceso público y gratuito que centraliza la información relativa a los distintos procedimientos concursales en tramitación en toda España, permitiendo a cualquier interesado conocer la existencia y el estado de un concurso concreto sin necesidad de personarse en el órgano judicial competente (Juzgado de lo Mercantil o, tras la Ley Orgánica 1/2025, sección de lo mercantil del tribunal de instancia). Adicionalmente, el auto de declaración de concurso debe inscribirse en el Registro Mercantil, cuando el deudor sea una persona jurídica o un empresario individual inscrito, produciendo dicha inscripción, entre otros efectos, la posibilidad de que el registrador deniegue la inscripción de determinados actos posteriores relativos al deudor concursado que resulten incompatibles con la situación concursal, y en el Registro Civil, cuando el deudor sea una persona natural, dejando constancia de esta circunstancia en su hoja registral correspondiente, con la relevancia que ello puede tener a determinados efectos de capacidad y de publicidad frente a terceros.

Efectos de la declaración de concurso sobre el deudor: facultades de administración y disposición

La declaración de concurso produce, sobre las facultades patrimoniales del deudor, uno de sus efectos más característicos y de mayor trascendencia práctica: la limitación de su capacidad de administrar y disponer libremente de su patrimonio, limitación que puede articularse, según decida el juez del concurso atendiendo a las circunstancias del caso, mediante dos regímenes de intensidad distinta. En el régimen de intervención, aplicable con carácter general en los concursos voluntarios, el deudor conserva las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, si bien sometidas a la autorización o conformidad de la administración concursal para determinados actos, de manera que ambos —deudor y administración concursal— actúan de forma conjunta o coordinada. En el régimen de suspensión, aplicable con carácter general en los concursos necesarios y en determinados supuestos agravados durante la tramitación del voluntario, el deudor queda privado de dichas facultades de administración y disposición, que son asumidas íntegramente por la administración concursal en su lugar, actuando esta en sustitución del deudor y no meramente junto a él. Esta distinta intensidad de la limitación patrimonial responde a la necesidad de graduar la intervención sobre el patrimonio del deudor en función de la mayor o menor confianza que su conducta y su colaboración con el procedimiento inspiren al juez del concurso.

El régimen de intervención y de suspensión de facultades

La distinción entre el régimen de intervención y el régimen de suspensión de las facultades patrimoniales del deudor concursado tiene una enorme trascendencia práctica, tanto para la gestión ordinaria de su actividad durante la tramitación del concurso como para la validez de los actos que realice mientras este se sustancia. En el régimen de intervención, los actos de administración y disposición que el deudor realice sin la autorización o conformidad de la administración concursal cuando esta resulte legalmente exigible pueden ser objeto de anulación, a instancia de la propia administración concursal, salvo que sean convalidados por esta con posterioridad. En el régimen de suspensión, la realización por el propio deudor, sin la intervención de la administración concursal que ha asumido sus facultades, de actos que corresponderían a esta constituye un supuesto de nulidad de pleno derecho, dada la más intensa limitación de la capacidad de obrar patrimonial que este régimen comporta. La determinación de cuál de los dos regímenes resulta aplicable en cada caso concreto corresponde al juez del concurso, atendiendo a las circunstancias que rodean la insolvencia del deudor, pudiendo modificarse dicho régimen a lo largo de la tramitación del procedimiento si concurren circunstancias que lo justifiquen, como el incumplimiento por el deudor de sus deberes de colaboración con la administración concursal.

La administración concursal: nombramiento y funciones

La administración concursal es el órgano del concurso encargado de las funciones de intervención o, en su caso, sustitución de las facultades patrimoniales del deudor, así como de otras muy diversas funciones a lo largo de todo el procedimiento (elaboración del informe sobre la situación patrimonial del deudor, formación del inventario de la masa activa y de la lista de acreedores integrantes de la masa pasiva, emisión de informes sobre el convenio o sobre el plan de liquidación, ejercicio de acciones de reintegración de la masa activa, entre otras muchas). El juez designa a la administración concursal, que con carácter general es un órgano unipersonal, entre profesionales con la formación y la experiencia exigidas (abogados, economistas, titulados mercantiles y auditores de cuentas) inscritos a tales efectos, pudiendo recaer el nombramiento tanto en una persona física como en una persona jurídica especializada. La administración concursal desempeña su cargo con la diligencia de un ordenado administrador y de un representante leal, respondiendo frente al deudor y frente a los acreedores de los daños y perjuicios causados a la masa por los actos y omisiones contrarios a la ley o realizados sin la diligencia debida en el desempeño de su cargo.

Efectos de la declaración de concurso sobre los acreedores

La declaración de concurso produce sobre los acreedores del deudor concursado un efecto de gran trascendencia práctica y dogmática: todos ellos, con independencia de la naturaleza, la fecha de origen o el importe de sus respectivos créditos, quedan integrados de forma automática en la masa pasiva del concurso, sometidos en lo sucesivo a las reglas comunes de tramitación del procedimiento concursal, en sustitución de las acciones individuales de reclamación y de ejecución que, en otro caso, cada uno de ellos podría haber ejercitado por separado contra el patrimonio del deudor. Este efecto de universalidad subjetiva, unido al efecto paralelo de universalidad objetiva sobre el patrimonio del deudor (que se integra en la masa activa del concurso), constituye la manifestación más característica del carácter universal y colectivo que define al procedimiento concursal, frente al carácter individual y singular que caracteriza a las ejecuciones ordinarias del Derecho procesal civil común, y responde a la finalidad última de garantizar un tratamiento igualitario entre los acreedores de la misma clase o rango (principio de la par condicio creditorum), evitando que la mera diligencia o rapidez de unos acreedores en el ejercicio de acciones individuales pueda perjudicar injustificadamente a los demás.

La paralización de ejecuciones singulares

Uno de los efectos más relevantes de la declaración de concurso sobre los acreedores es la paralización de las ejecuciones singulares que estos pudieran tener iniciadas o pretender iniciar contra el patrimonio del deudor concursado, con el fin de evitar que determinados acreedores, mediante el ejercicio individual y descoordinado de acciones ejecutivas, puedan obtener una satisfacción de su crédito con preferencia y en perjuicio de los demás acreedores integrados en la masa pasiva del concurso, quebrando así el principio de tratamiento colectivo y coordinado que caracteriza al procedimiento concursal. Como regla general, declarado el concurso, no pueden iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni apremios administrativos o tributarios, contra el patrimonio del deudor, y las que estuvieran ya en tramitación en el momento de la declaración quedan suspendidas, con determinadas excepciones tasadas por la ley: las ejecuciones de garantías reales sobre bienes o derechos que no sean necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial pueden iniciarse o continuar, mientras que las que recaen sobre bienes necesarios quedan paralizadas hasta que se apruebe un convenio que no afecte al ejercicio de ese derecho o transcurra un año desde la declaración sin que se haya abierto la liquidación; los procedimientos administrativos de ejecución, incluidos los tributarios, solo pueden continuar si el embargo se hubiese acordado antes de la declaración y los bienes no fueran necesarios para la continuidad de la actividad (arts. 142 y siguientes TRLC), reconduciéndose en todo caso la satisfacción de los créditos afectados por esta paralización al cauce ordenado y colectivo del propio procedimiento concursal, ya sea a través del convenio o de la liquidación.

Jurisdicción del juez del concurso y acciones judiciales

El juez del concurso tiene jurisdicción exclusiva y excluyente para conocer de determinadas materias: las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado, con excepción de los procesos matrimoniales y de capacidad; las acciones sociales de contenido colectivo (modificación, suspensión y extinción de los contratos de trabajo); toda ejecución frente a bienes y derechos de la masa activa, cualquiera que sea el órgano que la hubiera ordenado, y las medidas cautelares que afecten al patrimonio del concursado. Los juicios declarativos en tramitación al declararse el concurso continúan hasta su firmeza, salvo que se acuerde su acumulación al concurso (las acciones de reintegración y las de responsabilidad contra administradores se acumulan), y los nuevos procesos que se promuevan frente al concursado se tramitan ante el órgano que corresponda, sin perjuicio de la tutela del interés del concurso. Estas reglas aseguran la unidad del tratamiento de la insolvencia y evitan resoluciones contradictorias.

Efectos sobre los créditos: el vencimiento anticipado y la suspensión del devengo de intereses

La declaración de concurso produce determinados efectos específicos sobre el propio contenido y régimen de los créditos integrados en la masa pasiva. Por un lado, el Texto Refundido de la Ley Concursal no establece con carácter general el vencimiento anticipado de los créditos aplazados del deudor por el mero hecho de la declaración de concurso, sino que mantiene la vigencia de los plazos pactados; el vencimiento anticipado se produce al abrirse la fase de liquidación. Por otro lado, sí se produce la suspensión del devengo de intereses, legales o convencionales, de los créditos concursales desde la fecha de declaración del concurso, salvo los créditos con garantía real, que siguen devengando intereses hasta donde alcance la respectiva garantía; los intereses devengados con anterioridad a la declaración y no pagados son créditos subordinados. Esta suspensión evita que el mero transcurso del tiempo durante la tramitación del procedimiento incremente indefinidamente el importe de la masa pasiva en perjuicio de los demás acreedores. En materia de compensación, la declaración de concurso no la impide si los requisitos de la misma concurrían antes de la declaración, pero no puede compensarse tras ella lo que no fuera compensable antes.

Efectos de la declaración de concurso sobre los contratos vigentes

La declaración de concurso no produce, con carácter general, la resolución automática de los contratos en los que el deudor concursado fuera parte, en aplicación del principio de continuidad de la actividad empresarial que informa el moderno Derecho concursal, orientado a favorecer, siempre que ello resulte posible y conveniente para los intereses del concurso, la conservación de la empresa viable y de las relaciones contractuales que sustentan su actividad económica, en lugar de precipitar su liquidación mediante la resolución generalizada de sus vínculos contractuales. Este principio de vigencia de los contratos pendientes admite, no obstante, matizaciones relevantes: las cláusulas contractuales que establezcan la facultad de resolución o la extinción del contrato por la sola causa de la declaración de concurso de cualquiera de las partes se tienen, con carácter general, por no puestas, precisamente para evitar que la mera apertura del procedimiento concursal desencadene automáticamente la pérdida de contratos que pueden resultar esenciales para la continuidad de la actividad del deudor y, con ello, para las posibilidades de una solución ordenada de su situación de insolvencia, sin perjuicio de las facultades específicas de resolución en interés del concurso que a continuación se estudian.

La resolución de contratos en interés del concurso

Frente a la regla general de continuidad de los contratos pendientes, el Texto Refundido de la Ley Concursal reconoce al deudor concursado (con la conformidad de la administración concursal, en el régimen de intervención) o a la propia administración concursal (en el régimen de suspensión) la facultad de solicitar del juez del concurso la resolución de un contrato en interés del concurso, esto es, cuando dicha resolución resulte conveniente para el buen fin del procedimiento concursal, aunque el contrato en cuestión no hubiera sido incumplido por ninguna de las partes ni existiera causa contractual de resolución. Esta facultad excepcional, que constituye una de las manifestaciones más singulares de la posición jurídica reforzada de que goza el deudor concursado (o la administración concursal en su representación) frente a sus contrapartes contractuales, se justifica en la necesidad de liberar al patrimonio concursal de relaciones contractuales onerosas, deficitarias o innecesarias para la continuidad de la actividad, aunque formalmente válidas y vigentes, reconociendo la ley, como contrapartida a esta facultad excepcional, el derecho de la contraparte contractual afectada por la resolución a obtener, con cargo a la masa del concurso, la indemnización de los daños y perjuicios que dicha resolución anticipada le hubiera ocasionado, créditos que, como se estudiará, se satisfacen con cargo a la masa y no como créditos concursales ordinarios.

Los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento

Un supuesto de especial relevancia práctica es el de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del deudor concursado como de la contraparte contractual, en cuyo caso el Texto Refundido de la Ley Concursal establece que la declaración de concurso, por sí sola, no afecta a la vigencia de dichos contratos, cuyas prestaciones deben cumplirse con cargo a la masa, lo que implica que el crédito de la contraparte contractual derivado de las prestaciones que esta realice con posterioridad a la declaración de concurso, en cumplimiento de un contrato así mantenido en vigor, tiene la consideración de crédito contra la masa y no de crédito concursal ordinario, con la consiguiente prioridad de pago que ello comporta. Esta regla persigue un doble objetivo: por un lado, incentivar a los terceros contratantes con el deudor concursado a mantener y cumplir sus relaciones contractuales pendientes con este, dado que sus créditos derivados de dicho cumplimiento gozarán de la preferencia propia de los créditos contra la masa; y, por otro lado, permitir la continuidad de la actividad económica del deudor concursado, que podrá seguir contando con los suministros, servicios y prestaciones necesarios para el desarrollo de su negocio durante la tramitación del concurso, favoreciendo así las posibilidades de una eventual solución conservativa de la crisis mediante convenio.

Efectos del concurso sobre los contratos de trabajo

La declaración de concurso no extingue por sí sola los contratos de trabajo, y el juez del concurso es competente para conocer de los procedimientos de modificación sustancial, suspensión y extinción colectiva de los contratos de trabajo en que sea empleador el concursado (arts. 169 y siguientes TRLC). El procedimiento se inicia mediante solicitud de la administración concursal, del deudor o de los trabajadores, con un período de consultas con los representantes de los trabajadores, tras el cual el juez resuelve mediante auto. Las indemnizaciones derivadas de la extinción de los contratos tienen la consideración de créditos concursales con privilegio general en la parte que no exceda de la cuantía legal, y de ordinarios en el exceso, salvo que se devenguen después de la declaración, en cuyo caso son créditos contra la masa. El Fondo de Garantía Salarial se subroga en los derechos de los trabajadores a los que pague las prestaciones.

Concepto de masa activa del concurso

La masa activa del concurso está integrada, conforme a la regla general establecida en el Texto Refundido de la Ley Concursal, por la totalidad de los bienes y derechos integrados en el patrimonio del deudor a la fecha de la declaración de concurso, así como por los que se reintegren a dicho patrimonio o se adquieran hasta la conclusión del procedimiento, constituyendo así el conjunto patrimonial sobre el que habrán de hacer efectivos sus créditos, en la medida de lo posible, los acreedores integrados en la masa pasiva del concurso. La formación de la masa activa constituye una de las tareas esenciales encomendadas a la administración concursal, que debe elaborar el correspondiente inventario, con expresión del valor de cada uno de los bienes y derechos que la integran, referido a la fecha de la declaración de concurso, y con indicación, en su caso, de los gravámenes, cargas y limitaciones que afecten a estos bienes y que pudieran incidir en su valor de realización efectiva. La masa activa constituye, en definitiva, la garantía patrimonial universal que responde de la totalidad de las deudas del concursado, en aplicación del principio general de responsabilidad patrimonial universal, si bien reconducido y ordenado, en sede concursal, a través de las reglas propias del procedimiento colectivo.

Bienes y derechos integrados en la masa activa

Integran la masa activa del concurso todos los bienes y derechos de contenido patrimonial de que sea titular el deudor concursado en el momento de la declaración de concurso, cualquiera que sea su naturaleza (bienes muebles e inmuebles, derechos de crédito frente a terceros, participaciones sociales o acciones de las que sea titular, derechos de propiedad industrial e intelectual, entre otros), así como aquellos que ingresen en su patrimonio con posterioridad a dicha fecha por cualquier título válido, y los que se reintegren a la masa como consecuencia del ejercicio de las correspondientes acciones de reintegración. Quedan excluidos de la masa activa, por el contrario, aquellos bienes y derechos que, aun formando parte del patrimonio del deudor, resulten legalmente inembargables conforme a la legislación procesal civil (determinados bienes y derechos de contenido personalísimo o necesarios para la subsistencia del deudor persona física y de su familia), así como los bienes que, aun estando en poder del deudor, pertenezcan en realidad a terceros por cualquier título (por ejemplo, bienes recibidos en depósito o en comisión, o aportados al deudor en administración), cuya titularidad dominical no ha llegado a integrarse efectivamente en el patrimonio del concursado pese a hallarse en su posesión material, y respecto de los cuales su titular tiene derecho de separación. Los bienes vendidos con reserva de dominio y los cedidos en arrendamiento financiero no dan derecho de separación a su titular, que tiene un crédito con privilegio especial sobre el bien.

Las acciones de reintegración de la masa activa

Las acciones de reintegración de la masa activa son aquellas que la ley concede a la administración concursal, y subsidiariamente a los acreedores en determinadas condiciones, para obtener la declaración de ineficacia de determinados actos realizados por el deudor con anterioridad a la declaración de concurso, dentro de un periodo de tiempo determinado (con carácter general, los dos años anteriores a la fecha de dicha declaración), cuando dichos actos hubieran resultado perjudiciales para la masa activa, aunque no hubiera existido intención fraudulenta por parte de quien los realizó, constituyendo así un mecanismo de reconstrucción del patrimonio del deudor en beneficio del conjunto de los acreedores concursales. El presupuesto legal de estas acciones es el perjuicio patrimonial para la masa activa, que la propia ley presume, sin admitir prueba en contrario, respecto de determinados actos de especial gravedad (actos de disposición a título gratuito, o pagos u otros actos de extinción de obligaciones cuyo vencimiento fuera posterior a la declaración de concurso), y presume, admitiendo en este caso prueba en contrario, respecto de otros actos de menor gravedad realizados con personas especialmente relacionadas con el deudor. Declarada judicialmente la rescisión del acto perjudicial, se produce la reintegración a la masa activa de las prestaciones objeto del acto rescindido, con la correlativa restitución recíproca de las prestaciones que ambas partes se hubieran realizado.

Concepto de masa pasiva del concurso

La masa pasiva del concurso está integrada por la totalidad de los créditos frente al deudor concursado, existentes en el momento de la declaración de concurso, con independencia de la nacionalidad y el domicilio del acreedor titular de cada uno de ellos, produciéndose, como ya se ha estudiado, la integración automática en dicha masa pasiva de todos los acreedores del deudor concursado, que quedan sometidos en lo sucesivo a las reglas comunes de tramitación del procedimiento concursal, en sustitución del ejercicio individual de acciones de reclamación o de ejecución contra el patrimonio de aquel. La determinación de la masa pasiva se articula a través de un procedimiento de comunicación de créditos por los propios acreedores a la administración concursal, y de reconocimiento y clasificación de estos por dicho órgano, plasmándose el resultado de esta labor en la lista de acreedores que la administración concursal debe elaborar y presentar al juzgado, documento que resulta esencial para la determinación de quiénes son los acreedores del concurso, por qué importe y con qué clasificación, aspectos todos ellos de enorme trascendencia práctica de cara a la ulterior tramitación del convenio o de la fase de liquidación, según cuál sea finalmente la solución por la que discurra el concurso.

Comunicación de créditos y reconocimiento por la administración concursal

Los acreedores deben comunicar la existencia de sus créditos a la administración concursal en el plazo de un mes desde la publicación de la declaración en el Registro Público Concursal, y la comunicación puede realizarse por medios electrónicos. La comunicación debe expresar nombre, domicilio y demás datos de identidad del acreedor, así como la cuantía, fechas de adquisición y vencimiento, características y calificación que se pretenda. La administración concursal incluye en la lista de acreedores los créditos comunicados y los que resulten de la documentación del deudor, aunque no se hubieran comunicado. Los créditos no comunicados en plazo se clasifican como subordinados, salvo que ya constaran en la documentación del deudor o fueran conocidos por la administración concursal. Los acreedores pueden impugnar la lista de acreedores y el inventario en el plazo legal.

Créditos concursales: clasificación (privilegiados, ordinarios, subordinados)

Los créditos concursales, esto es, aquellos que integran la masa pasiva del concurso por haber nacido con anterioridad a la declaración de este, se clasifican, a efectos de su satisfacción dentro del procedimiento concursal, en tres grandes categorías que determinan un distinto orden de prelación y un distinto tratamiento en el convenio y en la liquidación. Los créditos privilegiados son aquellos a los que la ley reconoce una posición preferente de cobro frente a los demás créditos concursales, distinguiéndose dentro de esta categoría entre créditos con privilegio especial, que recaen sobre bienes o derechos concretos del deudor (créditos con garantía hipotecaria o pignoraticia), y créditos con privilegio general, que se satisfacen con cargo a la totalidad del patrimonio del deudor con preferencia sobre los créditos ordinarios (determinados créditos salariales, tributarios y de la Seguridad Social, entre otros expresamente enumerados por la ley). Los créditos ordinarios son aquellos que no gozan de ningún privilegio ni están calificados como subordinados, constituyendo la categoría residual y, en la práctica, la más numerosa dentro de la masa pasiva de la mayoría de los concursos. Los créditos subordinados, por último, son aquellos que la ley posterga en el orden de pago respecto de los créditos ordinarios, por concurrir en ellos alguna de las circunstancias legalmente tasadas que a continuación se estudian.

Créditos con privilegio especial y con privilegio general

Dentro de la categoría de créditos privilegiados, el Texto Refundido de la Ley Concursal distingue entre créditos con privilegio especial y créditos con privilegio general. Los créditos con privilegio especial recaen sobre bienes o derechos determinados del patrimonio del concursado y su preferencia se limita al producto de la realización de esos bienes: el crédito garantizado con hipoteca inmobiliaria o mobiliaria, con prenda o con anticresis, los créditos garantizados con reserva de dominio o prohibición de disponer en ventas a plazos, los del arrendador financiero sobre los bienes cedidos, y los refaccionarios, entre otros (art. 270 TRLC). El privilegio especial se limita al valor de la garantía, que no puede exceder del 90 por ciento del valor razonable del bien deducidas las deudas preferentes; el exceso del crédito se clasifica según su naturaleza (ordinario, normalmente). Los créditos con privilegio general no recaen sobre bienes concretos, sino sobre la totalidad del patrimonio y se satisfacen con preferencia sobre los ordinarios. Entre ellos la ley enumera de forma tasada los créditos por salarios no cubiertos por el privilegio especial en la cuantía legalmente establecida, las retenciones tributarias y de Seguridad Social por cuenta de los trabajadores, los créditos tributarios y demás de Derecho público, incluidos los de Seguridad Social, hasta el cincuenta por ciento de su importe, los créditos por responsabilidad extracontractual por muerte o daños personales y el crédito del acreedor que hubiera instado el concurso necesario, hasta la cuarta parte de su importe (art. 280 TRLC).

Los créditos de Hacienda Pública y Seguridad Social en el concurso

El opositor de Hacienda debe conocer cómo se clasifican los créditos de las Administraciones públicas. Los créditos tributarios y demás de Derecho público, incluidos los de Seguridad Social, nacidos antes de la declaración, tienen privilegio general hasta el cincuenta por ciento de su importe (art. 280 TRLC), y el resto es ordinario. Las retenciones tributarias y de Seguridad Social por cuenta de los trabajadores tienen privilegio general por su total importe. Los intereses (incluidos los de demora, salvo con garantía real) y las sanciones son créditos subordinados. Los créditos tributarios devengados con posterioridad a la declaración son créditos contra la masa. Los créditos de la Administración con garantía real constituida a su favor tienen privilegio especial sobre los bienes gravados. Los apremios tributarios se rigen por las reglas de paralización antes expuestas (embargos anteriores a la declaración y bienes no necesarios), y la LGT regula la concurrencia de procedimientos (art. 164). La Administración tributaria puede además perseguir la responsabilidad tributaria de los administradores y de los socios conforme a la LGT (arts. 40, 42 y 43), con independencia del concurso.

Créditos subordinados: supuestos

Los créditos subordinados son aquellos que la ley posterga en el orden de satisfacción dentro del concurso, situándolos por detrás de los créditos ordinarios, por concurrir en ellos alguna de las circunstancias que el Texto Refundido de la Ley Concursal enumera de forma tasada, entre las que destacan: los créditos que, siendo conocidos para la administración concursal, no se comunicaron en plazo, o los comunicados tardíamente por el acreedor fuera del plazo legalmente establecido, salvo que el retraso no le sea imputable; los créditos que, por pacto contractual, tuvieran el carácter subordinado respecto de los demás créditos del deudor; los créditos por intereses de cualquier clase, incluidos los moratorios, salvo los correspondientes a créditos con garantía real hasta donde alcance esta; los créditos por multas y demás sanciones pecuniarias; los créditos de que fuera titular alguna de las personas especialmente relacionadas con el deudor concursado (administradores, socios significativos, personas del grupo empresarial); y los créditos derivados de actos rescindidos mediante el ejercicio de acciones de reintegración, cuando la sentencia hubiera apreciado mala fe. La subordinación de estos créditos comporta, además de su postergación en el orden de pago, otras consecuencias relevantes, como la privación del derecho de voto en la junta de acreedores para la aprobación del convenio y la sujeción, sin excepción, a las quitas y esperas que este pudiera establecer.

Concepto de créditos contra la masa

Los créditos contra la masa constituyen una categoría de créditos radicalmente distinta de los créditos concursales anteriormente estudiados, dado que no nacen con anterioridad a la declaración de concurso, sino con posterioridad a ella, como consecuencia directa de la propia tramitación del procedimiento concursal o de la continuidad de la actividad del deudor durante su sustanciación, comprendiendo, entre otros, los créditos por salarios de los últimos treinta días de trabajo anteriores a la declaración de concurso en la cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional, los créditos por costas y gastos judiciales del propio procedimiento concursal, la retribución de la administración concursal, los créditos derivados del ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración de concurso, y los créditos derivados de obligaciones válidamente contraídas durante el procedimiento por el propio deudor o por la administración concursal, incluyendo los nacidos del ejercicio de la facultad de resolución de contratos en interés del concurso ya estudiada. Su rasgo definitorio es que se satisfacen con cargo a la masa activa a sus respectivos vencimientos, con independencia de la fase en que se encuentre el concurso y del resultado final de este, sin necesidad de esperar a la aprobación de un convenio o a la apertura de la fase de liquidación, y con preferencia absoluta sobre la generalidad de los créditos concursales.

Régimen de pago de los créditos contra la masa

Los créditos contra la masa se caracterizan por gozar de un régimen de pago netamente diferenciado del que corresponde a los créditos concursales, que se satisfacen, según la solución por la que finalmente discurra el concurso, a través del convenio aprobado o conforme al orden legal de prelación aplicable en la fase de liquidación: los créditos contra la masa deben satisfacerse a sus respectivos vencimientos, cualquiera que sea el estado del concurso, sin necesidad de someterse a la espera que pudiera derivarse de la tramitación del propio procedimiento concursal, lo que refleja la preferencia absoluta que la ley les reconoce frente a la generalidad de los créditos concursales, incluidos incluso los privilegiados. Esta regla general de pago a vencimiento admite, no obstante, una excepción relevante en los supuestos en que la masa activa resulte insuficiente para satisfacer la totalidad de los créditos contra la masa existentes, en cuyo caso el Texto Refundido de la Ley Concursal establece un orden de prelación específico para el pago de estos créditos entre sí (dando preferencia, entre otros, a los créditos salariales y a los créditos por costas y gastos judiciales necesarios para la tramitación del procedimiento), situación de insuficiencia de masa que, cuando se produce, constituye además una de las causas legales que determinan la apertura o la continuación de la fase de liquidación del concurso.

La lista de acreedores y el inventario de la masa activa

La lista de acreedores y el inventario de la masa activa son los dos documentos esenciales que la administración concursal debe elaborar y presentar al juzgado, junto con su informe sobre la situación patrimonial del deudor, dentro del plazo legalmente establecido tras la aceptación de su cargo, constituyendo ambos documentos el resultado material de las dos operaciones fundamentales que estructuran el concurso: la determinación de la masa activa (mediante el inventario, que debe expresar la relación y el valor de todos los bienes y derechos que la integran) y la determinación de la masa pasiva (mediante la lista de acreedores, que debe expresar la relación de todos los créditos comunicados y reconocidos, con indicación de su importe, su clasificación como privilegiado, ordinario o subordinado, y su titular). Ambos documentos pueden ser objeto de impugnación, tanto por el propio deudor como por cualquier acreedor personado en el procedimiento, ante el juez del concurso, dentro del plazo legalmente establecido, dando lugar en tal caso a los correspondientes incidentes concursales de impugnación del inventario o de la lista de acreedores, cuya resolución definitiva por el juez del concurso determinará la configuración final y definitiva de ambas masas, activa y pasiva, a los efectos de la ulterior tramitación del procedimiento.

El informe de la administración concursal

El informe de la administración concursal es el documento en el que este órgano debe plasmar, dentro del plazo legalmente establecido tras la aceptación de su cargo, un análisis detallado de la situación patrimonial y económica del deudor, así como cuantos datos y circunstancias resulten relevantes para el ulterior desarrollo del procedimiento concursal, incorporando como anexos el inventario de la masa activa y la lista de acreedores ya estudiados. El contenido del informe debe incluir, entre otros extremos, un análisis de los datos y circunstancias relevantes concernientes al deudor, con expresión, en su caso, de los incumplimientos previos de sus obligaciones contables y de otra índole; una memoria de las principales decisiones y actuaciones de la administración concursal; y, cuando el juez lo hubiera acordado, una exposición motivada acerca de la viabilidad de la continuación de la actividad profesional o empresarial del deudor, en su caso con propuestas sobre la conveniencia de que el concurso se resuelva mediante convenio o mediante liquidación. Este informe constituye, en definitiva, el documento central de la denominada fase común del concurso, que se cierra precisamente con su presentación, dando paso a partir de ese momento a la tramitación de la fase de convenio o, alternativamente, a la apertura directa de la fase de liquidación.

El convenio concursal: concepto y finalidad

El convenio es una de las dos soluciones posibles del concurso, junto con la liquidación, y consiste en un acuerdo entre el deudor concursado y sus acreedores, alcanzado y aprobado con las mayorías y los requisitos legalmente exigidos, cuyo contenido típico prevé determinadas quitas (reducciones) del importe de los créditos y esperas (aplazamientos) en su vencimiento, con la finalidad de permitir al deudor superar su situación de insolvencia y continuar con su actividad profesional o empresarial, evitando así la liquidación de su patrimonio y la consiguiente extinción de dicha actividad, en beneficio no solo del propio deudor sino también, indirectamente, de los propios acreedores, que en muchas ocasiones pueden obtener una satisfacción mayor de sus créditos a través de la continuidad de una empresa viable que mediante su liquidación desordenada. El convenio constituye, por tanto, la solución conservativa del concurso por excelencia, preferida por el legislador concursal cuando la situación patrimonial y las perspectivas de viabilidad del deudor lo permitan, frente a la liquidación, solución de carácter marcadamente más drástico y definitivo, reservada a aquellos supuestos en los que no resulte posible o conveniente la continuidad de la actividad del deudor concursado.

Propuesta de convenio: contenido posible (quitas y esperas)

La propuesta de convenio, que puede presentar tanto el propio deudor como los acreedores que representen un determinado porcentaje del pasivo, debe contener necesariamente una proposición de quita, de espera, o de ambas modalidades combinadas, no pudiendo consistir, con carácter general, en la liquidación global del patrimonio del deudor para satisfacción de sus deudas, supuesto que quedaría reconducido, en su caso, a la fase de liquidación propiamente dicha y no a la de convenio. La ley establece determinados límites cuantitativos y temporales a estas proposiciones (fijando, en su redacción originaria, límites máximos al porcentaje de quita y a la duración de la espera, si bien las sucesivas reformas del régimen concursal han ido flexibilizando notablemente estos límites, permitiendo en la actualidad propuestas de convenio con quitas y esperas de mayor alcance, especialmente cuando se acompañen de un plan de viabilidad o de pagos suficientemente fundamentado), pudiendo además contener otras medidas adicionales o alternativas, como propuestas de conversión de deuda en capital social del deudor concursado, o de cesión de bienes o derechos a los acreedores en pago o para pago de sus créditos, siempre dentro de los límites y requisitos legalmente establecidos para cada una de estas modalidades específicas de contenido convencional.

Tramitación y aprobación judicial del convenio

La tramitación del convenio se articula, con carácter general, a través de dos vías alternativas: la aceptación de la propuesta mediante la adhesión escrita de los acreedores, sin necesidad de celebrar junta de acreedores, cuando así lo permitan las circunstancias del concurso, o la aprobación de la propuesta en el seno de la junta de acreedores, convocada al efecto, en la que estos deliberan y votan sobre la propuesta presentada. Para la aprobación del convenio se exigen determinadas mayorías del pasivo ordinario, variables en función del contenido concreto de la propuesta (mayorías más exigentes cuanto más gravosas resulten las quitas o esperas propuestas para los acreedores), no computándose a estos efectos el voto de los créditos subordinados, privados legalmente del derecho de voto en el convenio. Aprobado el convenio por la mayoría legalmente exigida, corresponde al juez del concurso su aprobación judicial definitiva, pudiendo denegarla de oficio o a instancia de parte cuando concurra alguna infracción legal en su tramitación o en su contenido, o cuando se estime que el cumplimiento del convenio es objetivamente inviable, resolviendo en tal caso mediante sentencia que pone fin al incidente de oposición a la aprobación judicial del convenio, si este hubiera sido formulado por algún acreedor legitimado.

Efectos del convenio sobre los créditos y sobre el deudor

La aprobación judicial del convenio produce, sobre los créditos concursales ordinarios afectados por él, el efecto de sustituir su contenido original por el que resulte de las quitas y esperas aprobadas, quedando dichos créditos remitidos o aplazados en los términos exactos previstos en el convenio, y extinguiéndose, además, las eventuales acciones individuales de ejecución que los acreedores pudieran haber pretendido ejercitar frente al deudor por el importe y en los términos originarios de sus créditos, en la medida en que estos han quedado novados por el contenido del convenio aprobado. Sobre el propio deudor, la aprobación del convenio produce el cese de los efectos de la declaración de concurso sobre sus facultades de administración y disposición patrimonial (cese del régimen de intervención o de suspensión), recuperando en principio su plena capacidad de gestión ordinaria de su patrimonio, si bien sujeta a las obligaciones y limitaciones específicas que, en su caso, el propio convenio pudiera haber establecido para garantizar su efectivo cumplimiento (como la designación de un interventor o supervisor del cumplimiento del convenio, o la sujeción de determinados actos a autorización), cesando igualmente, en consecuencia, las funciones ordinarias de la administración concursal, sin perjuicio de las que específicamente se le pudieran haber encomendado en relación con la supervisión del cumplimiento convencional.

Incumplimiento del convenio: la rescisión

El incumplimiento por el deudor de los términos del convenio aprobado judicialmente puede ser puesto de manifiesto por cualquier acreedor que estime incumplidas las obligaciones asumidas por aquel, mediante la correspondiente solicitud judicial de declaración de incumplimiento, que, de ser estimada, determina la rescisión del convenio y la reapertura de la fase de liquidación del concurso, retornando así el procedimiento a un cauce netamente concursal del que había salido precisamente como consecuencia de la aprobación del convenio, con las consiguientes consecuencias sobre las facultades patrimoniales del deudor, que vuelven a quedar sujetas al correspondiente régimen de intervención o de suspensión propio de la fase de liquidación. La declaración de incumplimiento del convenio produce, además, la recuperación por los acreedores afectados de la totalidad de sus derechos originarios (es decir, sin las quitas o esperas que el convenio hubiera establecido), previa deducción de la parte ya percibida en cumplimiento del convenio incumplido, restableciéndose así íntegramente su posición jurídica anterior a la aprobación de aquel, sin perjuicio de la eventual conservación de determinadas garantías o efectos favorables que el convenio hubiera podido generar en beneficio de los acreedores durante su vigencia efectiva y hasta el momento de su incumplimiento.

Apertura de la fase de liquidación: causas

La liquidación es la segunda de las dos soluciones posibles del concurso, consistente en la realización de la totalidad de los bienes y derechos integrados en la masa activa del deudor, con el fin de destinar el producto obtenido a la satisfacción ordenada de los créditos integrados en la masa pasiva conforme al orden legal de prelación, produciéndose, con carácter general, la extinción de la persona jurídica concursada una vez concluida dicha liquidación. La apertura de la fase de liquidación puede producirse por diversas causas: a solicitud del propio deudor, que puede instarla en cualquier momento del procedimiento; de forma necesaria, cuando no se hubiera presentado o no hubiera sido aprobada propuesta alguna de convenio dentro de los plazos legalmente establecidos; como consecuencia del incumplimiento del convenio ya aprobado, según se ha estudiado; o cuando, durante la vigencia del convenio, el propio deudor conociera la imposibilidad de cumplir con los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación de aquel, debiendo en tal caso solicitar la apertura de la liquidación, sin esperar a que algún acreedor inste la correspondiente declaración de incumplimiento, en aplicación del deber general de colaboración y de buena fe que pesa sobre el deudor concursado a lo largo de toda la tramitación del procedimiento.

El plan de liquidación

Abierta la fase de liquidación, corresponde a la administración concursal elaborar un plan de liquidación, en el que se contengan las reglas específicas conforme a las cuales habrá de procederse a la realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa, plan que debe presentarse al juzgado dentro de un plazo determinado desde la apertura de dicha fase, y que puede establecer, entre otras posibilidades, la enajenación del conjunto de los establecimientos, explotaciones o de cualesquiera otras unidades productivas de bienes o de servicios pertenecientes al deudor mediante su transmisión unitaria a un tercero (favoreciendo así la continuidad de la actividad empresarial bajo una titularidad distinta a la del deudor concursado, con el consiguiente mantenimiento del empleo y del valor económico del negocio), o, alternativamente, la realización separada de los distintos elementos del activo cuando no resulte posible o conveniente su enajenación conjunta. A falta de plan de liquidación aprobado, o para lo no previsto en él, resultan de aplicación las reglas legales supletorias de liquidación establecidas por el propio Texto Refundido de la Ley Concursal, que prevén, con carácter general, la enajenación de los bienes mediante subasta, sin perjuicio de la posibilidad de acudir a otras formas de realización (venta directa, cesión en pago) cuando estas resulten más convenientes para los intereses del concurso.

Comparación entre el convenio y la liquidación

Convenio: solución conservativa que permite continuar la actividad del deudor; contenido de quitas y esperas, conversión de deuda en capital y otras medidas; aprobación por adhesión o junta con mayorías sobre el pasivo ordinario; los subordinados no votan; cesa el concurso en cuanto a facultades patrimoniales del deudor; en caso de incumplimiento, apertura de la liquidación. Liquidación: solución de realización de la masa activa; plan de liquidación; vencimiento anticipado de los créditos; disolución y cese de administradores si es persona jurídica; pago según el orden legal de prelación; conclusión del concurso y, en su caso, extinción de la persona jurídica. En ambas soluciones se abre la sección de calificación cuando la ley lo exige, y los créditos contra la masa se pagan a su vencimiento.

Venta de unidad productiva y sucesión de empresa

La liquidación concursal favorece la enajenación conjunta de unidades productivas para conservar el negocio y el empleo (arts. 215 y siguientes TRLC). El adquirente de una unidad productiva se subroga en los contratos de trabajo si se trata de una sucesión de empresa, y el juez puede declarar que no se produce sucesión de empresa respecto de las deudas laborales y de Seguridad Social anteriores a la enajenación, que el FOGASA asume en los términos legales. En el ámbito tributario, el art. 42.1.c) de la Ley General Tributaria declara responsables solidarios a quienes sucedan a otros en la titularidad o ejercicio de explotaciones o actividades económicas por las deudas tributarias de estos, pero excluye de esa responsabilidad a los adquirentes de bienes afectos a la explotación o actividad en un procedimiento concursal, cuando la adquisición se produce en un procedimiento concursal. Las ofertas de unidad productiva presentadas y las cesiones en pago son, así, mecanismos importantes del plan de liquidación.

Efectos de la apertura de la liquidación sobre el deudor y los créditos

La apertura de la fase de liquidación produce, sobre las facultades patrimoniales del deudor persona natural, la sustitución del régimen que hubiera venido rigiendo hasta ese momento por el régimen de suspensión, privándole de sus facultades de administración y disposición sobre la masa activa, que pasan a ser ejercidas íntegramente por la administración concursal; cuando el deudor fuera persona jurídica, la apertura de la liquidación determina, además, la disolución de esta, si no estuviera ya disuelta con anterioridad, y el cese de los administradores o liquidadores que vinieran desempeñando dicho cargo, que son sustituidos, a los efectos de la liquidación concursal, por la propia administración concursal. Sobre los créditos, la apertura de la fase de liquidación produce el vencimiento anticipado de todos los créditos concursales aplazados, con la finalidad de posibilitar su íntegra cuantificación y su ordenado pago con cargo al producto de la realización de la masa activa, así como la conversión en dinero, a los solos efectos del concurso, de aquellos créditos que consistieran en prestaciones de distinta naturaleza (créditos en especie o en moneda extranjera), operación esta que resulta imprescindible para poder proceder al pago ordenado y proporcional de todos ellos conforme al orden legal de prelación de créditos aplicable en fase de liquidación.

Orden de pago de los créditos en la fase de liquidación

En la fase de liquidación, el pago de los créditos se realiza conforme a un estricto orden de prelación legal, que respeta en todo caso, con carácter previo y preferente, la satisfacción íntegra de los créditos contra la masa a sus respectivos vencimientos, y que, una vez satisfechos estos (o simultáneamente a su satisfacción, cuando la masa activa resulte suficiente), procede al pago de los créditos concursales conforme al siguiente orden: en primer lugar, los créditos con privilegio especial, con cargo al producto de la realización de los bienes o derechos concretos afectos a dicho privilegio; en segundo lugar, los créditos con privilegio general, por el orden establecido legalmente entre las distintas categorías que lo integran, y a prorrata dentro de cada categoría si el remanente no alcanzara para satisfacerlos íntegramente; en tercer lugar, los créditos ordinarios, igualmente a prorrata entre todos ellos si el remanente resultara insuficiente; y, en último lugar, los créditos subordinados, satisfechos por el orden establecido entre sus distintas categorías y, dentro de cada una de ellas, igualmente a prorrata. Este estricto orden de prelación, que respeta el principio de la par condicio creditorum dentro de cada categoría homogénea de créditos, explica que en la práctica totalidad de los concursos que concluyen en liquidación, los créditos ordinarios y, con mayor razón, los subordinados, apenas lleguen a percibir una parte mínima o incluso ninguna parte de su importe.

Causas de conclusión del concurso

El concurso de acreedores puede concluir por diversas causas legalmente tasadas, que ponen fin al procedimiento en momentos y por motivos muy distintos entre sí. Entre las más relevantes destacan: la firmeza de la resolución que revoque el auto de declaración de concurso, cuando se hubiera estimado un recurso interpuesto contra este; el cumplimiento íntegro del convenio aprobado, una vez constatado dicho cumplimiento por el juez del concurso a instancia del propio deudor; la insuficiencia de la masa activa para satisfacer los créditos contra la masa, que comprende los supuestos de inexistencia de bienes y derechos con los que satisfacer a los acreedores ni terceros responsables a quienes reclamar, causa de conclusión de enorme frecuencia estadística en la práctica concursal española, particularmente en los concursos de personas físicas y de pequeñas empresas; la finalización de la fase de liquidación, una vez satisfechos íntegramente los créditos contra la masa y realizado el reparto conforme al orden de prelación entre los créditos concursales; y el desistimiento o la renuncia de la totalidad de los acreedores reconocidos, cuando estos manifiesten expresamente su voluntad de no continuar con la tramitación del procedimiento. La conclusión del concurso produce, con carácter general, el cese de las limitaciones de las facultades patrimoniales del deudor y de las demás medidas y efectos derivados de la declaración de concurso.

La conclusión del concurso por insuficiencia de masa y la exoneración del pasivo

La conclusión del concurso por inexistencia de bienes y derechos del concursado con los que satisfacer a los acreedores, ni de terceros responsables a quienes reclamar, constituye, en términos puramente estadísticos, la causa de conclusión más frecuente en la práctica concursal española, reflejando la realidad de que un porcentaje muy elevado de los concursos que se declaran corresponden a deudores, personas físicas o pequeñas empresas, cuya situación patrimonial se encuentra ya tan gravemente deteriorada en el momento de solicitar el concurso que prácticamente carecen de activo realizable susceptible de ser destinado, siquiera parcialmente, a la satisfacción de sus acreedores. Cuando el deudor sea una persona jurídica, la conclusión del concurso por esta causa produce, además, su definitiva extinción, con la consiguiente cancelación de sus asientos registrales, sin necesidad de tramitar un proceso de liquidación societaria ordinaria adicional al propio procedimiento concursal ya sustanciado. Cuando el deudor sea persona natural, la conclusión por esta causa fue tradicionalmente el presupuesto de la exoneración del pasivo insatisfecho, mecanismo que permite a las personas físicas de buena fe obtener la liberación de las deudas que no hubieran podido satisfacerse con cargo a su patrimonio. La Ley 16/2022 reformó el régimen para facilitar el acceso: el deudor de buena fe puede solicitar la exoneración con liquidación de la masa activa o con un plan de pagos de duración limitada, sin que sea siempre necesaria la conclusión previa, y prevé que los créditos de Derecho público solo puedan exonerarse hasta una cuantía máxima.

Exoneración del pasivo insatisfecho (Ley 16/2022)

La exoneración del pasivo insatisfecho permite al deudor persona natural, empresario o consumidor, de buena fe, liberarse de las deudas que no haya podido satisfacer en el concurso. La Ley 16/2022 transpuso en este punto la Directiva (UE) 2019/1023 y simplificó el régimen. Pueden obtenerla los deudores que actúen de buena fe, con dos vías: la exoneración con liquidación de la masa activa, y la exoneración con sujeción a un plan de pagos que se cumplirá durante un plazo de tres o cinco años según los casos. No pueden acceder los deudores que hayan sido condenados por determinados delitos económicos o contra el patrimonio, ni quienes incurran en las demás causas legales de exclusión. Quedan excluidos de la exoneración los créditos por alimentos, las deudas por responsabilidad civil extracontractual por muerte o daños personales, las derivadas de delito, y los créditos de Derecho público solo se exoneran hasta una cuantía máxima legal. La exoneración no afecta a los obligados solidarios, fiadores y avalistas, que no se benefician de ella. Se concede en una resolución judicial que puede ser revocada si el deudor oculta bienes o ingresos.

La calificación del concurso: concurso fortuito y culpable

La calificación del concurso es la pieza procesal, tramitada como sección separada dentro del procedimiento concursal, en la que se determina, mediante sentencia, si la insolvencia del deudor concursado ha de calificarse como fortuita o como culpable, distinción que reviste una enorme trascendencia práctica dado el diferente régimen de consecuencias jurídicas que a una y otra calificación resulta aplicable. La sección de calificación se forma, con carácter general, cuando se abre la liquidación y, en su caso, cuando se aprueba un convenio con las quitas o esperas que la ley determina. El concurso se califica como fortuito cuando no concurre ninguna de las causas legalmente previstas para su calificación como culpable, en cuyo caso la sentencia se limita a declarar dicha calificación, sin que de ella se deriven consecuencias adicionales para el deudor ni para las personas que hubieran actuado en su representación o gestión. El concurso se califica, por el contrario, como culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor, o de sus representantes legales o, en caso de personas jurídicas, de sus administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, apreciada bien mediante prueba directa de dicha conducta dolosa o gravemente negligente, bien mediante la concurrencia de alguna de las presunciones legales, absolutas o relativas, que la propia ley establece a tal efecto y que se estudiarán a continuación.

Presunciones de culpabilidad en la calificación

La ley configura dos grupos de supuestos de concurso culpable. Primero, los casos en que el concurso se califica como culpable en todo caso, sin admitir prueba en contrario (art. 443 TRLC), entre los que figuran: el incumplimiento sustancial por el deudor obligado a llevar contabilidad de esta obligación, la doble contabilidad o la irregularidad contable relevante para comprender su situación patrimonial; la inexactitud grave en los documentos acompañados a la solicitud de concurso o presentados durante el procedimiento, o el ocultamiento de documentos; la salida fraudulenta de bienes del patrimonio antes de la declaración; y el alzamiento de bienes. Segundo, los supuestos que se presumen salvo prueba en contrario (art. 444 TRLC), entre los que destacan: el incumplimiento del deber de solicitar la declaración de concurso, el incumplimiento del deber de colaboración con el juez y la administración concursal, la falta de formulación de las cuentas anuales o su no sometimiento a auditoría cuando fuera obligado, y la falta de depósito de las cuentas en el Registro Mercantil. Pueden calificarse como cómplices las personas que hubieran cooperado con dolo o culpa grave con el deudor o sus representantes.

Efectos de la calificación culpable del concurso

La calificación del concurso como culpable produce, conforme al régimen sancionador establecido en el Texto Refundido de la Ley Concursal, un conjunto de consecuencias jurídicas de considerable severidad para las personas afectadas por dicha calificación. En primer lugar, la inhabilitación de las personas afectadas por la calificación (el propio deudor persona física, o los administradores y liquidadores, de derecho o de hecho, de la persona jurídica concursada) para administrar bienes ajenos durante un periodo de entre dos y quince años, así como para representar o administrar a cualquier persona durante el mismo periodo, atendiendo a la gravedad de los hechos y a la entidad del perjuicio causado. En segundo lugar, la pérdida de cualquier derecho que las personas afectadas por la calificación pudieran tener como acreedores concursales o contra la masa, así como la condena a devolver los bienes o derechos que hubieran obtenido indebidamente del patrimonio del deudor concursado, o que hubieran recibido de la masa activa, junto con la indemnización de los daños y perjuicios causados. Y en tercer lugar, y de forma más relevante en la práctica reciente, la posible condena de los administradores o liquidadores afectados por la calificación culpable a la cobertura, total o parcial, del déficit concursal, esto es, de la parte de los créditos que no reciban íntegra satisfacción en la liquidación del patrimonio del deudor concursado.

Personas afectadas por la calificación culpable y su responsabilidad

Las personas que pueden resultar afectadas por la calificación culpable del concurso, y quedar por tanto sujetas a las consecuencias sancionadoras anteriormente estudiadas, son, además del propio deudor persona física, cuando el deudor sea persona jurídica, sus administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, así como los apoderados generales de la persona jurídica concursada, y quienes hubieran tenido cualquiera de estas condiciones dentro de los dos años anteriores a la fecha de declaración del concurso, extendiendo así la ley el ámbito subjetivo de esta responsabilidad a quienes, aun habiendo cesado formalmente en el cargo con anterioridad a la declaración de concurso, hubieran podido contribuir con su gestión anterior a la generación o agravación de la insolvencia que posteriormente desembocó en el procedimiento concursal. La responsabilidad concursal de estas personas, y muy particularmente la eventual condena a la cobertura del déficit patrimonial, exige la concurrencia de una relación de causalidad entre la conducta que fundamentó la calificación culpable y la generación o agravación de dicha insolvencia, correspondiendo al juez del concurso, en la propia sentencia de calificación, individualizar y graduar el alcance de la condena en función del grado de participación de cada una de las personas afectadas en los hechos determinantes de la calificación, sin que dicha responsabilidad opere de forma automática o solidaria entre todas ellas sin más consideración.

Responsabilidad de administradores y socios en el concurso de sociedades

Cuando el deudor es una sociedad de capital, la administración concursal está legitimada para ejercitar la acción social de responsabilidad contra los administradores, liquidadores y auditores de cuentas por los daños y perjuicios causados al deudor concursado. El deber de solicitar el concurso en dos meses (art. 5 TRLC) se articula con el deber de los administradores de convocar la junta en caso de pérdidas cualificadas (art. 365 LSC): si la sociedad es insolvente deben solicitar el concurso, pues no cabe eludirlo mediante la disolución. Las aportaciones sociales pendientes de desembolso se integran en la masa activa y la administración concursal puede reclamarlas aunque no hubiera vencido el plazo para su desembolso, y los socios que respondan personalmente de las deudas sociales están sujetos a las acciones de la masa. Finalmente, la calificación culpable puede conducir a la condena de los administradores a cubrir el déficit, como se ha visto.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Presupuesto subjetivo (art. 1 TRLC): cualquier deudor, persona natural o jurídica, puede ser declarado en concurso — modelo unitario, sin distinción histórica entre comerciante y no comerciante.
  • Presupuesto objetivo: insolvencia actual (habilita a deudor y acreedores a solicitar el concurso) frente a insolvencia inminente (el deudor prevé que no podrá cumplir sus obligaciones en los tres meses siguientes; solo legitima al propio deudor) — distinción clave de examen. El deber de solicitar el concurso es de dos meses desde que se conoce la insolvencia actual.
  • Concurso voluntario (lo insta el deudor, único legitimado en caso de insolvencia meramente inminente) frente a concurso necesario (lo insta un acreedor u otro legitimado, exige insolvencia ya actual).
  • Régimen de intervención (el deudor conserva facultades patrimoniales bajo supervisión/autorización de la administración concursal) frente a régimen de suspensión (la administración concursal sustituye íntegramente al deudor) — la intervención es la regla en el concurso voluntario.
  • La paralización de ejecuciones singulares afecta también a los apremios administrativos y tributarios contra el patrimonio del deudor concursado, con excepciones tasadas (garantías reales sobre bienes no afectos a la actividad, subastas ya anunciadas).
  • Las cláusulas contractuales de resolución automática por la sola declaración de concurso se tienen por no puestas — regla de continuidad de los contratos pendientes que favorece la conservación de la empresa.
  • En los contratos con obligaciones recíprocas pendientes que se mantienen vigentes, el crédito de la contraparte por las prestaciones posteriores a la declaración es crédito CONTRA LA MASA (prioridad de pago), no crédito concursal.
  • Acciones de reintegración: rescinden actos perjudiciales para la masa activa realizados en los DOS AÑOS anteriores a la declaración, sin exigir intención fraudulenta — presunciones de perjuicio absolutas (actos gratuitos, pagos de deudas no vencidas) y relativas (personas especialmente relacionadas).
  • Triple clasificación de créditos concursales: privilegiados (especial, sobre bienes concretos, y general, sobre todo el patrimonio) / ordinarios / subordinados — determina el orden de cobro en liquidación y el trato en el convenio.
  • Créditos subordinados: comunicación tardía no imputable a causa justificada, pacto contractual de subordinación, intereses de cualquier clase (salvo garantía real), multas y sanciones, créditos de personas especialmente relacionadas con el deudor, créditos de actos rescindidos con mala fe — pierden el derecho de voto en la junta de acreedores.
  • Créditos contra la masa: nacen DESPUÉS de la declaración de concurso (costas del procedimiento, retribución de la administración concursal, salarios de últimos 30 días con tope, obligaciones de la actividad tras la declaración) — se pagan a su vencimiento con preferencia absoluta sobre los concursales.
  • El convenio (quitas y esperas) es la solución conservativa preferida por el legislador; los créditos subordinados no votan y quedan sujetos a sus efectos sin excepción.
  • El incumplimiento del convenio se declara judicialmente y produce su rescisión + reapertura de la liquidación + recuperación por los acreedores de sus derechos originarios (descontando lo ya cobrado).
  • La apertura de la liquidación produce el vencimiento anticipado de todos los créditos concursales aplazados y, si el deudor es persona jurídica, su disolución y el cese de administradores/liquidadores, sustituidos por la administración concursal.
  • Orden de pago en liquidación: 1º créditos contra la masa (a vencimiento, con carácter previo); 2º privilegio especial (sobre el bien concreto); 3º privilegio general; 4º ordinarios (a prorrata); 5º subordinados (a prorrata, por su propio orden interno).
  • La causa de conclusión más frecuente en la práctica es la insuficiencia de masa activa; en persona jurídica produce su extinción definitiva, y la persona natural de buena fe puede acceder a la exoneración del pasivo insatisfecho (reformada por la Ley 16/2022).
  • Calificación fortuita (sin consecuencias) frente a culpable (dolo o culpa grave del deudor o de administradores/liquidadores de hecho o de derecho en la generación o agravación de la insolvencia, por prueba directa o por presunciones legales).
  • Efectos de la calificación culpable: inhabilitación de 2 a 15 años para administrar bienes ajenos y representar a terceros, pérdida de derechos como acreedor, devolución de bienes obtenidos indebidamente, y posible condena a cubrir el déficit concursal.
  • El ámbito subjetivo de la calificación culpable alcanza también a quienes tuvieron la condición de administrador, liquidador o apoderado general dentro de los DOS AÑOS anteriores a la declaración de concurso, aunque hubieran cesado antes de esta.
  • La reforma de la Ley 16/2022 transpuso la Directiva (UE) 2019/1023: sustituyó los acuerdos de refinanciación y extrajudiciales de pago por los planes de reestructuración, creó el procedimiento especial para microempresas y reformó la exoneración del pasivo insatisfecho.
  • Insolvencia inminente: el deudor prevé que no podrá cumplir regularmente sus obligaciones en los tres meses siguientes; probabilidad de insolvencia (preconcursal): obligaciones que venzan en los dos años siguientes.
  • Deber de solicitar el concurso: dos meses desde que el deudor conoce o debe conocer su insolvencia actual (art. 5 TRLC); los acreedores solo pueden pedirlo con base en un título ejecutivo infructuoso o en los hechos reveladores del art. 2.4.
  • Competencia: juzgados de lo mercantil (hoy secciones de lo mercantil de los tribunales de instancia) para persona jurídica y empresario; territorial por el centro de intereses principales.
  • Clasificación de créditos públicos: privilegio general hasta el 50% de su importe; retenciones por cuenta de trabajadores, privilegio general íntegro; intereses y sanciones, subordinados; créditos posteriores a la declaración, contra la masa.
  • El privilegio especial se limita al valor de la garantía (hasta el 90% del valor razonable deducidas las deudas preferentes); el exceso es crédito ordinario.
  • Presunciones de culpabilidad: absolutas (art. 443: incumplimiento sustancial de contabilidad, inexactitud grave en la solicitud, salida fraudulenta de bienes) y relativas (art. 444: incumplimiento del deber de solicitar el concurso o de colaborar, no formular o auditar cuentas, no depositarlas).
  • Ley 16/2022: planes de reestructuración aprobados por clases, procedimiento para microempresas y reforma de la exoneración del pasivo insatisfecho, con dos vías (liquidación o plan de pagos).
  • Las ejecuciones de garantías reales sobre bienes necesarios para la actividad quedan paralizadas hasta el convenio o hasta un año desde la declaración sin liquidación; las que recaen sobre bienes no necesarios pueden iniciarse o continuar.
  • En la venta de unidad productiva en el concurso, el adquirente no responde de las deudas tributarias del transmitente (art. 42.1.c LGT).
Ver el esquema con tus propios subrayados →

Ponte a prueba

12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.

Pregunta 1 de 120 aciertos

La apertura de la fase de liquidación del concurso de una sociedad produce:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 18 de Hacienda (AEAT)?

El concurso de acreedores es el procedimiento judicial único, previsto para cualquier deudor común, sea persona natural o jurídica, que se encuentre en situación de insolvencia, cuya finalidad es dar una respuesta ordenada y colectiva a dicha situación, sustituyendo la dispersión de ejecuciones singulares que cada acreedor podría iniciar individualmente por un procedimiento universal que atienda de forma coordinada a la satisfacción del conjunto de los acreedores, respetando en la medida de lo posible el principio de la par condicio creditorum (igualdad de trato entre acreedores de la misma clase). Su regulación actual se contiene en el Texto Refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, que a su vez ha sido objeto de una reforma de gran calado por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 sobre reestructuración e insolvencia, que ha modificado sustancialmente el derecho preconcursal (sustituyendo los antiguos acuerdos de refinanciación y acuerdos extrajudiciales de pago por los nuevos planes de reestructuración) y ha introducido, además, un procedimiento especial simplificado para microempresas. Este es, con notable diferencia, el tema más extenso de todo el bloque de Derecho Mercantil asignado, recorriendo la totalidad de las fases del concurso ordinario: desde su presupuesto subjetivo y objetivo, pasando por los efectos de su declaración sobre el deudor, los acreedores, los créditos y los contratos, la determinación de las masas activa y pasiva, hasta las dos posibles soluciones del concurso —el convenio y la liquidación— y su terminación, con especial atención a la pieza de calificación, que determina si el concurso merece la consideración de fortuito o culpable, con las consiguientes consecuencias, entre otras, de naturaleza personal para el deudor y sus administradores. A fecha de octubre de 2026 conviene retener los siguientes cambios recientes: la Ley 16/2022 (planes de reestructuración, procedimiento especial para microempresas, nueva exoneración del pasivo insatisfecho, definición de la insolvencia inminente en tres meses) y la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que sustituye los Juzgados de lo Mercantil por las secciones de lo mercantil de los tribunales de instancia. Para el opositor de Hacienda tienen especial interés la clasificación de los créditos tributarios y de Seguridad Social, la paralización de los apremios y las normas de sucesión de empresa en la venta de unidades productivas.

¿Qué hay que memorizar del Tema 18 para el examen?

Presupuesto subjetivo (art. 1 TRLC): cualquier deudor, persona natural o jurídica, puede ser declarado en concurso — modelo unitario, sin distinción histórica entre comerciante y no comerciante. Presupuesto objetivo: insolvencia actual (habilita a deudor y acreedores a solicitar el concurso) frente a insolvencia inminente (el deudor prevé que no podrá cumplir sus obligaciones en los tres meses siguientes; solo legitima al propio deudor) — distinción clave de examen. El deber de solicitar el concurso es de dos meses desde que se conoce la insolvencia actual. Concurso voluntario (lo insta el deudor, único legitimado en caso de insolvencia meramente inminente) frente a concurso necesario (lo insta un acreedor u otro legitimado, exige insolvencia ya actual). Régimen de intervención (el deudor conserva facultades patrimoniales bajo supervisión/autorización de la administración concursal) frente a régimen de suspensión (la administración concursal sustituye íntegramente al deudor) — la intervención es la regla en el concurso voluntario. La paralización de ejecuciones singulares afecta también a los apremios administrativos y tributarios contra el patrimonio del deudor concursado, con excepciones tasadas (garantías reales sobre bienes no afectos a la actividad, subastas ya anunciadas). Las cláusulas contractuales de resolución automática por la sola declaración de concurso se tienen por no puestas — regla de continuidad de los contratos pendientes que favorece la conservación de la empresa. En los contratos con obligaciones recíprocas pendientes que se mantienen vigentes, el crédito de la contraparte por las prestaciones posteriores a la declaración es crédito CONTRA LA MASA (prioridad de pago), no crédito concursal. Acciones de reintegración: rescinden actos perjudiciales para la masa activa realizados en los DOS AÑOS anteriores a la declaración, sin exigir intención fraudulenta — presunciones de perjuicio absolutas (actos gratuitos, pagos de deudas no vencidas) y relativas (personas especialmente relacionadas). Triple clasificación de créditos concursales: privilegiados (especial, sobre bienes concretos, y general, sobre todo el patrimonio) / ordinarios / subordinados — determina el orden de cobro en liquidación y el trato en el convenio. Créditos subordinados: comunicación tardía no imputable a causa justificada, pacto contractual de subordinación, intereses de cualquier clase (salvo garantía real), multas y sanciones, créditos de personas especialmente relacionadas con el deudor, créditos de actos rescindidos con mala fe — pierden el derecho de voto en la junta de acreedores. Créditos contra la masa: nacen DESPUÉS de la declaración de concurso (costas del procedimiento, retribución de la administración concursal, salarios de últimos 30 días con tope, obligaciones de la actividad tras la declaración) — se pagan a su vencimiento con preferencia absoluta sobre los concursales. El convenio (quitas y esperas) es la solución conservativa preferida por el legislador; los créditos subordinados no votan y quedan sujetos a sus efectos sin excepción. El incumplimiento del convenio se declara judicialmente y produce su rescisión + reapertura de la liquidación + recuperación por los acreedores de sus derechos originarios (descontando lo ya cobrado). La apertura de la liquidación produce el vencimiento anticipado de todos los créditos concursales aplazados y, si el deudor es persona jurídica, su disolución y el cese de administradores/liquidadores, sustituidos por la administración concursal. Orden de pago en liquidación: 1º créditos contra la masa (a vencimiento, con carácter previo); 2º privilegio especial (sobre el bien concreto); 3º privilegio general; 4º ordinarios (a prorrata); 5º subordinados (a prorrata, por su propio orden interno). La causa de conclusión más frecuente en la práctica es la insuficiencia de masa activa; en persona jurídica produce su extinción definitiva, y la persona natural de buena fe puede acceder a la exoneración del pasivo insatisfecho (reformada por la Ley 16/2022). Calificación fortuita (sin consecuencias) frente a culpable (dolo o culpa grave del deudor o de administradores/liquidadores de hecho o de derecho en la generación o agravación de la insolvencia, por prueba directa o por presunciones legales). Efectos de la calificación culpable: inhabilitación de 2 a 15 años para administrar bienes ajenos y representar a terceros, pérdida de derechos como acreedor, devolución de bienes obtenidos indebidamente, y posible condena a cubrir el déficit concursal. El ámbito subjetivo de la calificación culpable alcanza también a quienes tuvieron la condición de administrador, liquidador o apoderado general dentro de los DOS AÑOS anteriores a la declaración de concurso, aunque hubieran cesado antes de esta. La reforma de la Ley 16/2022 transpuso la Directiva (UE) 2019/1023: sustituyó los acuerdos de refinanciación y extrajudiciales de pago por los planes de reestructuración, creó el procedimiento especial para microempresas y reformó la exoneración del pasivo insatisfecho. Insolvencia inminente: el deudor prevé que no podrá cumplir regularmente sus obligaciones en los tres meses siguientes; probabilidad de insolvencia (preconcursal): obligaciones que venzan en los dos años siguientes. Deber de solicitar el concurso: dos meses desde que el deudor conoce o debe conocer su insolvencia actual (art. 5 TRLC); los acreedores solo pueden pedirlo con base en un título ejecutivo infructuoso o en los hechos reveladores del art. 2.4. Competencia: juzgados de lo mercantil (hoy secciones de lo mercantil de los tribunales de instancia) para persona jurídica y empresario; territorial por el centro de intereses principales. Clasificación de créditos públicos: privilegio general hasta el 50% de su importe; retenciones por cuenta de trabajadores, privilegio general íntegro; intereses y sanciones, subordinados; créditos posteriores a la declaración, contra la masa. El privilegio especial se limita al valor de la garantía (hasta el 90% del valor razonable deducidas las deudas preferentes); el exceso es crédito ordinario. Presunciones de culpabilidad: absolutas (art. 443: incumplimiento sustancial de contabilidad, inexactitud grave en la solicitud, salida fraudulenta de bienes) y relativas (art. 444: incumplimiento del deber de solicitar el concurso o de colaborar, no formular o auditar cuentas, no depositarlas). Ley 16/2022: planes de reestructuración aprobados por clases, procedimiento para microempresas y reforma de la exoneración del pasivo insatisfecho, con dos vías (liquidación o plan de pagos). Las ejecuciones de garantías reales sobre bienes necesarios para la actividad quedan paralizadas hasta el convenio o hasta un año desde la declaración sin liquidación; las que recaen sobre bienes no necesarios pueden iniciarse o continuar. En la venta de unidad productiva en el concurso, el adquirente no responde de las deudas tributarias del transmitente (art. 42.1.c LGT).

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149) (Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna).

Fuentes de este desarrollo

  • Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal
  • Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023
  • Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones
  • Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia
  • Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (arts. 40, 42, 43 y 164)
  • Real Decreto 892/2013, de 15 de noviembre, por el que se regula el Registro Público Concursal

Mientras tanto, practica con tests gratis de Hacienda (AEAT).

Empieza gratis ahora