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Tema 4. Las fuentes del Derecho Administrativo. La Constitución. La Ley. Disposiciones del Gobierno con fuerza de ley: Decretos-leyes y Decretos legislativos. El Reglamento: Concepto, caracteres y clases. Límites de los reglamentos. Reglamentos ilegales.

Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna · Índice oficial del BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149).

Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, turno libre y promoción interna (666 plazas: 446 libre + 220 promoción interna). Es distinto del temario del Cuerpo de Agentes Tributarios (C1) y del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (A1), que tienen procesos y temarios propios, no cubiertos aquí.

El sistema de fuentes del Derecho Administrativo se articula en torno a la Constitución como norma suprema, la ley como expresión de la voluntad popular, las disposiciones del Gobierno con fuerza de ley (Decretos-leyes y Decretos legislativos) que constituyen excepciones tasadas al monopolio legislativo de las Cortes, y el reglamento como norma de rango infralegal dictada por la Administración en ejercicio de la potestad reglamentaria, sometida a límites formales y materiales cuyo incumplimiento determina su nulidad de pleno derecho.

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La Constitución y la Ley como fuentes primarias

La Constitución es la norma suprema del ordenamiento (art. 9.1 CE), de aplicación directa y parámetro de validez de todas las demás normas, con eficacia derogatoria de las disposiciones anteriores que la contradigan. La Ley, como expresión de la voluntad popular a través de las Cortes Generales o de los Parlamentos autonómicos, puede ser ley ordinaria (aprobada por mayoría simple) o ley orgánica (art. 81 CE: relativa al desarrollo de derechos fundamentales y libertades públicas, la aprobación de Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general, exigiendo mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto). Existen también técnicas legislativas específicas: la ley de bases (art. 82 CE) mediante la que las Cortes delegan en el Gobierno la elaboración de textos articulados; la ley marco, la ley orgánica de transferencia o delegación y la ley de armonización (art. 150 CE), que regulan la relación con las CCAA; y la ley de Presupuestos Generales del Estado (art. 134 CE), de vigencia anual. En el sistema de fuentes se distinguen además la ley estatal y la ley autonómica, entre las que rige el principio de competencia (y no el de jerarquía), y los tratados internacionales válidamente celebrados y publicados oficialmente, que forman parte del ordenamiento interno (art. 96.1 CE) y cuya derogación o modificación solo puede hacerse en la forma prevista en los propios tratados o según las normas generales del Derecho internacional. El Derecho de la Unión Europea (art. 93 CE) goza de primacía y, en el caso de los reglamentos, de efecto directo.

El Decreto-ley (art. 86 CE)

Es una disposición legislativa provisional dictada por el Gobierno, sin previa delegación de las Cortes, en caso de extraordinaria y urgente necesidad. No puede afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. Según la doctrina del Tribunal Constitucional, la expresión 'afectar' no impide toda regulación de materias del Título I, sino que veda alterar su régimen general o los elementos esenciales de un derecho, y el presupuesto habilitante (la extraordinaria y urgente necesidad) es controlable por el Tribunal, que lo exige justificado de forma explícita y razonada, no apreciable de forma meramente formal. Debe someterse a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación, para su convalidación o derogación; durante ese plazo las Cortes pueden tramitarlo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Entra en vigor, salvo disposición en contrario, en el momento de su publicación en el BOE y tiene desde ese instante fuerza de ley, aunque su vigencia es provisional hasta su convalidación o derogación por el Congreso, que debe pronunciarse expresamente dentro de los 30 días siguientes a la promulgación; la derogación tiene efectos hacia el futuro y no afecta a las situaciones consolidadas. Tras la convalidación puede tramitarse como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia (art. 86.3). Su denominación formal es Real Decreto-ley y lo aprueba el Consejo de Ministros. Algunas Comunidades Autónomas han incorporado en sus Estatutos de Autonomía la posibilidad de dictar decretos-leyes autonómicos, con límites similares y convalidación por el Parlamento autonómico.

El Decreto legislativo (arts. 82-85 CE)

Son disposiciones del Gobierno que contienen legislación delegada, dictadas en virtud de una delegación expresa de las Cortes Generales mediante ley de bases (cuando el objeto es la formación de un texto articulado, fijando los principios y criterios a seguir sin poder autorizar la modificación de la propia ley de bases ni facultar para dictar normas con carácter retroactivo) o mediante ley ordinaria (cuando se trata de refundir varios textos legales en uno solo, precisando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si incluye regularizar, aclarar y armonizar los textos legales objeto de refundición). La delegación se otorga para materia concreta, con fijación de plazo para su ejercicio, y se agota por su uso mediante la disposición correspondiente. Los Decretos legislativos reciben formalmente el nombre de Real Decreto Legislativo. La delegación no puede entenderse concedida por tiempo indeterminado ni puede subdelegarse a autoridades distintas del propio Gobierno (art. 82.3). Control: al ser normas con rango de ley, solo el Tribunal Constitucional puede declarar su inconstitucionalidad, pero la jurisdicción contencioso-administrativa controla los excesos de la delegación cuando el Gobierno se extralimita del texto delegado (art. 82.6 CE y art. 1.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa), y las propias leyes de delegación pueden establecer fórmulas adicionales de control parlamentario.

El Reglamento: concepto, caracteres y clases

Es toda norma escrita de rango inferior a la ley dictada por la Administración en el ejercicio de su potestad reglamentaria, con vocación de innovar el ordenamiento jurídico. Se clasifica por su relación con la ley (ejecutivos, que desarrollan una ley previa; independientes, dictados sobre materias no reservadas a ley; de necesidad, ante situaciones extraordinarias), por su origen (estatales, autonómicos, locales) y por su contenido (organizativos o ad intra, y normativos o ad extra, que afectan a los administrados). En el ámbito estatal, la potestad reglamentaria corresponde originariamente al Gobierno (art. 97 CE), articulándose los Reglamentos aprobados por Real Decreto del Consejo de Ministros, Orden Ministerial u Orden de Comisión Delegada según la materia y el rango del órgano. Formas del ejercicio de la potestad reglamentaria del Gobierno: Real Decreto del Consejo de Ministros, Real Decreto del Presidente del Gobierno (para la organización de la Presidencia, Vicepresidencias y Ministerios) y Órdenes ministeriales, y Órdenes de las Comisiones Delegadas del Gobierno (Ley 50/1997, del Gobierno, art. 24). Las Órdenes ministeriales requieren habilitación legal expresa o del Gobierno. En el ámbito autonómico, la potestad reglamentaria se ejerce por los órganos de gobierno según los Estatutos, y en el ámbito local por los Plenos mediante ordenanzas y reglamentos (y por el Alcalde mediante bandos, que no son estrictamente normas generales); la aprobación de las ordenanzas locales sigue el procedimiento del art. 49 de la Ley 7/1985 (aprobación inicial por el Pleno, información pública y audiencia a los interesados por un plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, y resolución de las reclamaciones y aprobación definitiva por el Pleno). No son reglamentos las circulares, instrucciones y órdenes de servicio (art. 6 Ley 40/2015), que son actos internos de dirección jerárquica y cuyo incumplimiento no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados. Publicación y entrada en vigor: los reglamentos y demás disposiciones generales deben publicarse en el diario oficial correspondiente para que entren en vigor y producir efectos jurídicos (art. 131 Ley 39/2015), y, salvo que se disponga otra cosa, entran en vigor a los veinte días naturales desde su completa publicación (art. 2.1 del Código Civil). La jerarquía normativa interna de los reglamentos: Real Decreto del Consejo de Ministros, Orden de Comisión Delegada, Orden ministerial y disposiciones de órganos inferiores, de modo que ningún reglamento puede vulnerar los preceptos de otro de rango superior.

Límites de la potestad reglamentaria y reglamentos ilegales

La potestad reglamentaria está limitada por: la reserva de ley (materias que la Constitución exige regular por ley, como derechos fundamentales, tributos o sanciones), la jerarquía normativa (un reglamento no puede contradecir una ley ni un reglamento de rango superior), el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos (art. 37 Ley 40/2015: ninguna resolución administrativa singular puede vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque provenga de un órgano de igual o superior jerarquía), la irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos, y los principios de buena regulación (art. 129 Ley 39/2015: necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia). Los reglamentos ilegales (que vulneran la Constitución, las leyes u otras disposiciones de rango superior) son nulos de pleno derecho (art. 47.2 Ley 39/2015), pudiendo impugnarse directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa desde su publicación o indirectamente con ocasión de los actos que los apliquen. Se aplican además las reglas del art. 128 de la Ley 39/2015: los reglamentos no pueden vulnerar la Constitución ni las leyes ni regular materias reservadas a la competencia de las Cortes; y, sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración respecto de la ley, no pueden tipificar infracciones administrativas, establecer sanciones, ni tributos, cánones u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público. La nulidad de pleno derecho de los reglamentos del art. 47.2 Ley 39/2015 abarca las disposiciones que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la ley y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Procedimiento de elaboración (art. 26 de la Ley 50/1997, del Gobierno): consulta pública previa, memoria del análisis de impacto normativo, informes y dictámenes preceptivos, audiencia e información pública y, en los reglamentos ejecutivos de leyes, dictamen del Consejo de Estado (art. 22.3 de la Ley Orgánica 3/1980). Control: contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabe recurso en vía administrativa (art. 112.3 Ley 39/2015); procede el recurso contencioso-administrativo directo en el plazo de dos meses desde su publicación (art. 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa), el recurso indirecto contra los actos de aplicación, fundado en la ilegalidad de la disposición (art. 26 LJCA), y la cuestión de ilegalidad (art. 27 LJCA); además, la Administración puede declarar de oficio la nulidad de las disposiciones nulas en cualquier momento, previo dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico (art. 106.2 Ley 39/2015). Los jueces y tribunales no aplicarán los reglamentos ilegales (art. 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). La Sentencia del Tribunal Constitucional 55/2018 acotó la aplicación a las CCAA de algunos preceptos sobre la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de la Ley 39/2015.

Otras fuentes y relaciones entre normas

Además de las fuentes escritas descritas, el art. 1 del Código Civil enumera como fuentes del ordenamiento la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho, y precisa que la jurisprudencia del Tribunal Supremo complementa el ordenamiento (art. 1.6). En Derecho Administrativo la costumbre tiene un papel muy reducido, ya que solo rige en defecto de ley aplicable y siempre que no sea contraria a la moral o al orden público, y los principios generales del Derecho informan la interpretación y se aplican en defecto de ley y costumbre. Los criterios de ordenación de las normas son: jerarquía (la norma superior prevalece, art. 9.3 CE), competencia (cada norma opera en su ámbito material y territorial, como ocurre entre Estado y CCAA), temporalidad (la ley posterior deroga la anterior, art. 2.2 CC) y especialidad. La Constitución, de aplicación directa, ocupa el vértice; le siguen los tratados internacionales y el Derecho de la Unión, las leyes y normas con fuerza de ley (orgánicas y ordinarias, Decretos-leyes y Decretos legislativos, en relación de competencia o de materia reservada y no de jerarquía entre las orgánicas y ordinarias) y los reglamentos. La reserva de ley puede ser absoluta (la ley debe regular toda la materia) o relativa (la ley fija los criterios y el reglamento colabora). El principio de legalidad (art. 103.1 CE) somete a la Administración a la Ley y al Derecho.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El Decreto-ley (art. 86 CE) no puede afectar al Título I, al régimen de las CCAA, al Derecho electoral ni a las instituciones básicas del Estado, y debe convalidarse por el Congreso en 30 días.
  • El Decreto legislativo se dicta por delegación expresa mediante ley de bases (texto articulado) o ley ordinaria (texto refundido), y la delegación se agota al ejercitarse.
  • El principio de inderogabilidad singular de los reglamentos (art. 37 Ley 40/2015) impide que una resolución singular vulnere una disposición general, aunque provenga de un órgano superior.
  • Los reglamentos ilegales son nulos de pleno derecho (art. 47.2 Ley 39/2015) y pueden impugnarse directa o indirectamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
  • Leyes orgánicas y ordinarias no se relacionan por jerarquía sino por competencia (materia reservada); la orgánica exige mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto (art. 81.2).
  • Decreto-ley: Real Decreto-ley; entra en vigor al publicarse; convalidación expresa del Congreso en 30 días; las Cortes pueden tramitarlo como proyecto de ley (art. 86.3). Presupuesto habilitante controlable por el TC.
  • Ley de bases = texto articulado; ley ordinaria = texto refundido; la delegación es expresa, para materia concreta y con plazo, no puede subdelegarse y se agota con su uso.
  • Reglamento: no puede tipificar infracciones ni establecer sanciones o tributos (art. 128 Ley 39/2015); sin reserva de ley, es nulo; nulidad de pleno derecho del art. 47.2.
  • Contra disposiciones generales no cabe recurso administrativo (art. 112.3 Ley 39/2015): solo contencioso directo (2 meses), indirecto o cuestión de ilegalidad.
  • Reglamentos ejecutivos de leyes: dictamen preceptivo del Consejo de Estado. Ordenanzas locales: aprobación inicial y definitiva por el Pleno con información pública mínima de 30 días (art. 49 LRBRL).
  • Circulares, instrucciones y órdenes de servicio (art. 6 Ley 40/2015) no son reglamentos: son actos internos de dirección jerárquica.
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Pregunta 1 de 120 aciertos

Según el art. 112.3 de la Ley 39/2015, contra las disposiciones administrativas de carácter general:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 4 de Hacienda (AEAT)?

El sistema de fuentes del Derecho Administrativo se articula en torno a la Constitución como norma suprema, la ley como expresión de la voluntad popular, las disposiciones del Gobierno con fuerza de ley (Decretos-leyes y Decretos legislativos) que constituyen excepciones tasadas al monopolio legislativo de las Cortes, y el reglamento como norma de rango infralegal dictada por la Administración en ejercicio de la potestad reglamentaria, sometida a límites formales y materiales cuyo incumplimiento determina su nulidad de pleno derecho.

¿Qué hay que memorizar del Tema 4 para el examen?

El Decreto-ley (art. 86 CE) no puede afectar al Título I, al régimen de las CCAA, al Derecho electoral ni a las instituciones básicas del Estado, y debe convalidarse por el Congreso en 30 días. El Decreto legislativo se dicta por delegación expresa mediante ley de bases (texto articulado) o ley ordinaria (texto refundido), y la delegación se agota al ejercitarse. El principio de inderogabilidad singular de los reglamentos (art. 37 Ley 40/2015) impide que una resolución singular vulnere una disposición general, aunque provenga de un órgano superior. Los reglamentos ilegales son nulos de pleno derecho (art. 47.2 Ley 39/2015) y pueden impugnarse directa o indirectamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Leyes orgánicas y ordinarias no se relacionan por jerarquía sino por competencia (materia reservada); la orgánica exige mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto (art. 81.2). Decreto-ley: Real Decreto-ley; entra en vigor al publicarse; convalidación expresa del Congreso en 30 días; las Cortes pueden tramitarlo como proyecto de ley (art. 86.3). Presupuesto habilitante controlable por el TC. Ley de bases = texto articulado; ley ordinaria = texto refundido; la delegación es expresa, para materia concreta y con plazo, no puede subdelegarse y se agota con su uso. Reglamento: no puede tipificar infracciones ni establecer sanciones o tributos (art. 128 Ley 39/2015); sin reserva de ley, es nulo; nulidad de pleno derecho del art. 47.2. Contra disposiciones generales no cabe recurso administrativo (art. 112.3 Ley 39/2015): solo contencioso directo (2 meses), indirecto o cuestión de ilegalidad. Reglamentos ejecutivos de leyes: dictamen preceptivo del Consejo de Estado. Ordenanzas locales: aprobación inicial y definitiva por el Pleno con información pública mínima de 30 días (art. 49 LRBRL). Circulares, instrucciones y órdenes de servicio (art. 6 Ley 40/2015) no son reglamentos: son actos internos de dirección jerárquica.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149) (Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, arts. 9, 81-86, 96, 97, 103 y 106 (BOE-A-1978-31229).
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, arts. 47, 106, 112, 128, 129 y 131.
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, arts. 6 y 37.
  • Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, arts. 24 a 26.
  • Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
  • Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.
  • Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, art. 49.
  • Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil, arts. 1 y 2.

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