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Tema 22. El sistema financiero. El Banco Central. Los bancos comerciales. Otros intermediarios financieros.

Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna · Índice oficial del BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149).

Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, turno libre y promoción interna (666 plazas: 446 libre + 220 promoción interna). Es distinto del temario del Cuerpo de Agentes Tributarios (C1) y del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (A1), que tienen procesos y temarios propios, no cubiertos aquí.

El Tema 22 desarrolla la arquitectura institucional a través de la cual el ahorro de una economía se canaliza hacia la inversión: los mercados financieros, los intermediarios que operan en ellos y, de forma destacada, el papel del banco central como autoridad monetaria y supervisora. Es un tema extenso que combina definiciones de teoría financiera pura —activos, mercados, intermediación— con contenido institucional muy concreto sobre el Eurosistema, el Banco de España y los distintos tipos de intermediarios no bancarios, por lo que conviene distinguir con claridad qué es predicable de cualquier sistema financiero en abstracto y qué es específico del marco institucional español y europeo vigente. Este tema es la puerta de entrada al resto de temas de macroeconomía monetaria y financiera del temario (dinero, comercio internacional, análisis financiero de empresa), y su dominio exige relacionar el papel del Banco Central Europeo, desarrollado aquí desde la perspectiva institucional, con los instrumentos de política monetaria ya vistos en el Tema 21 desde la perspectiva funcional.

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Concepto y funciones del sistema financiero

El sistema financiero es el conjunto de instituciones, mercados y activos financieros cuya finalidad es canalizar el ahorro generado por las unidades económicas con capacidad de financiación (fundamentalmente las familias) hacia las unidades con necesidad de financiación (fundamentalmente las empresas y las administraciones públicas), permitiendo así que el ahorro se transforme en inversión productiva. Su función económica esencial es, por tanto, poner en contacto a ahorradores e inversores, resolviendo el problema de que quienes generan excedentes de renta no coinciden, en general, con quienes necesitan financiación para acometer sus proyectos de inversión, ni comparten necesariamente las mismas preferencias en cuanto a plazo, riesgo y rentabilidad. Para cumplir esta función, el sistema financiero desempeña adicionalmente funciones complementarias de gran relevancia: reduce los costes de búsqueda e información entre ahorradores e inversores, permite diversificar y gestionar el riesgo de las inversiones, transforma activos financieros de una naturaleza a otra en cuanto a plazo y liquidez, y proporciona el mecanismo a través del cual se transmiten los impulsos de la política monetaria del banco central hacia el conjunto de la economía real. Un sistema financiero eficiente, profundo y bien regulado constituye, por todo ello, un factor determinante del crecimiento económico a largo plazo de un país.

Los activos financieros: concepto y características (liquidez, riesgo, rentabilidad)

Un activo financiero es un título o anotación contable, emitido por una unidad económica con necesidad de financiación, que representa un derecho de cobro para su poseedor y una obligación de pago para su emisor, y que se diferencia de un activo real (una vivienda, una máquina) en que no forma parte de la riqueza material de la economía sino que constituye un pasivo para otro agente; ejemplos son las acciones, los bonos, los depósitos bancarios o los préstamos. Todo activo financiero se caracteriza simultáneamente por tres rasgos interrelacionados que determinan su atractivo para el inversor. La liquidez es la facilidad, rapidez y ausencia de pérdida de valor con que un activo puede convertirse en dinero efectivo; el riesgo es la probabilidad de que el emisor no cumpla puntualmente sus obligaciones de pago (riesgo de crédito) o de que el valor de mercado del activo fluctúe de forma adversa (riesgo de mercado); y la rentabilidad es el rendimiento, en forma de interés, dividendo o plusvalía, que el activo proporciona a su poseedor. Estas tres características mantienen entre sí una relación de compromiso o trade-off: en igualdad de condiciones, un activo más líquido y menos arriesgado ofrece, en equilibrio de mercado, una rentabilidad esperada menor, mientras que un mayor riesgo o una menor liquidez exigen, para resultar atractivos al inversor, una rentabilidad esperada más elevada.

Los mercados financieros: concepto y clasificación

Los mercados financieros son los mecanismos o espacios, físicos o electrónicos, en los que se ponen en contacto oferentes y demandantes de activos financieros, determinándose en ellos el precio y el volumen negociado de dichos activos. Cumplen funciones esenciales para el correcto funcionamiento del sistema financiero: ponen en contacto a los agentes que participan en las transacciones financieras, fijan el precio de los activos mediante el mecanismo de la oferta y la demanda, proporcionan liquidez a los activos al facilitar su compraventa, y reducen los plazos y costes de intermediación entre ahorradores e inversores. Los mercados financieros pueden clasificarse conforme a diversos criterios: según el plazo de los activos negociados, distinguiéndose mercados monetarios y mercados de capitales; según la fase de negociación del activo, distinguiéndose mercado primario y mercado secundario; según el grado de intervención de las autoridades, entre mercados organizados, con reglas de funcionamiento y supervisión estandarizadas, y mercados no organizados u «over the counter», en los que las condiciones se negocian bilateralmente entre las partes; y según la naturaleza del activo negociado, distinguiéndose mercados de renta fija, de renta variable, de divisas y de derivados. Esta variedad de mercados permite que el sistema financiero atienda a la enorme diversidad de necesidades de financiación e inversión existentes en una economía moderna.

Mercados monetarios y mercados de capitales

Los mercados financieros se clasifican, atendiendo al plazo de vencimiento de los activos que en ellos se negocian, en mercados monetarios y mercados de capitales. Los mercados monetarios son aquellos en los que se negocian activos financieros a corto plazo, habitualmente con vencimiento inferior a dieciocho meses, que se caracterizan por su elevada liquidez y su bajo riesgo, siendo ejemplos característicos las letras del Tesoro, los pagarés de empresa, los depósitos interbancarios y las cesiones temporales de activos; estos mercados desempeñan un papel esencial en la gestión de la liquidez a corto plazo tanto de las entidades financieras como del sector público y de las grandes empresas, y son también el ámbito en que opera de forma más directa e inmediata la política monetaria del banco central. Los mercados de capitales, por su parte, son aquellos en los que se negocian activos financieros a medio y largo plazo, destinados fundamentalmente a la financiación de inversiones productivas duraderas, siendo sus dos grandes componentes el mercado de renta fija a largo plazo, donde se negocian bonos y obligaciones tanto públicos como privados, y el mercado de renta variable o bolsa de valores, donde se negocian acciones representativas del capital social de las empresas. Ambos tipos de mercados son complementarios y necesarios para que el sistema financiero atienda tanto las necesidades de liquidez inmediata como las de financiación estable de la economía.

Mercado primario y mercado secundario

Atendiendo a la fase de negociación en que se encuentra un activo financiero, se distingue entre mercado primario y mercado secundario. El mercado primario, también llamado mercado de emisión, es aquel en el que se negocian por primera vez los activos financieros recién creados o emitidos, de manera que los fondos correspondientes a la transacción fluyen directamente desde el inversor que adquiere el activo hacia la entidad emisora, que obtiene así financiación nueva y efectiva para sus proyectos de inversión; ejemplos son la salida a bolsa de una empresa mediante una oferta pública de venta o de suscripción, o la emisión de deuda pública por el Tesoro en una subasta. El mercado secundario, en cambio, es aquel en el que se negocian los activos financieros ya existentes, previamente emitidos en el mercado primario, entre inversores que compran y venden entre sí sin que ello suponga flujo de financiación adicional alguno hacia el emisor original; su función esencial no es, por tanto, canalizar financiación directa hacia el emisor, sino proporcionar liquidez a los activos ya en circulación, permitiendo a su poseedor recuperar su inversión antes del vencimiento sin necesidad de esperar a que este se produzca. La existencia de un mercado secundario líquido y eficiente es, precisamente, uno de los factores que incentiva la participación de los inversores en el mercado primario, al garantizarles la posibilidad de desprenderse del activo cuando lo deseen.

Los intermediarios financieros: función de transformación de activos

Los intermediarios financieros son instituciones especializadas que se interponen entre los ahorradores últimos y los inversores últimos de una economía, captando fondos de los primeros mediante la emisión de activos financieros propios —depósitos, pólizas de seguro, participaciones en fondos— y empleando esos fondos para adquirir activos financieros emitidos por los segundos —préstamos, acciones, bonos—, en lugar de que ahorradores e inversores intercambien directamente entre sí sus activos financieros primarios en el mercado. La razón de ser económica de esta intermediación radica en la denominada función de transformación de activos: los intermediarios financieros transforman activos financieros con unas determinadas características de plazo, riesgo, importe y liquidez en otros con características distintas, más ajustadas a las preferencias de cada parte; el ejemplo más característico es la transformación de plazos que realiza un banco comercial, que capta depósitos a la vista, de máxima liquidez para el depositante, y los emplea para conceder préstamos a largo plazo, adaptados a las necesidades del inversor productivo. Adicionalmente, los intermediarios financieros permiten diversificar el riesgo entre un gran número de operaciones, reducen los costes de búsqueda e información que tendría que asumir cada ahorrador individual para evaluar directamente a cada potencial prestatario, y generan economías de escala en la gestión de las operaciones financieras que resultarían inalcanzables para un ahorrador individual actuando en solitario.

Intermediarios financieros bancarios y no bancarios

Los intermediarios financieros se clasifican tradicionalmente en dos grandes categorías según la naturaleza de los activos financieros que emiten para captar fondos del público. Los intermediarios financieros bancarios son aquellas entidades que tienen capacidad para crear dinero bancario, es decir, para emitir depósitos a la vista que forman parte de la oferta monetaria de la economía y son directamente utilizables como medio de pago; en este grupo se incluyen los bancos, las cajas de ahorro y las cooperativas de crédito, sometidos en España a la supervisión prudencial del Banco Central Europeo y del Banco de España en el marco del Mecanismo Único de Supervisión europeo. Los intermediarios financieros no bancarios, por el contrario, no tienen capacidad de crear dinero bancario, ya que los activos financieros que emiten para captar fondos —pólizas de seguro, planes y fondos de pensiones, participaciones en fondos de inversión— no son directamente utilizables como medio de pago generalizado, aunque desempeñan funciones de intermediación financiera igualmente relevantes para la economía, como la canalización del ahorro a largo plazo hacia la inversión productiva o la cobertura de riesgos; en este grupo se incluyen las compañías de seguros, los fondos de pensiones, las instituciones de inversión colectiva y los establecimientos financieros de crédito. Esta distinción resulta relevante tanto desde el punto de vista del análisis monetario como desde el de la regulación y supervisión financiera aplicable a cada tipo de entidad.

El Banco Central: concepto y funciones generales

El banco central es la institución pública responsable de dirigir y ejecutar la política monetaria de un país o de una unión monetaria, así como de velar por la estabilidad y el correcto funcionamiento del sistema financiero en su conjunto. Su origen histórico se vincula al surgimiento de bancos con el privilegio exclusivo de emisión de billetes de curso legal, función a la que progresivamente se han ido añadiendo otras responsabilidades hasta configurar el perfil institucional del banco central moderno. Sus funciones generales, comunes a la práctica totalidad de bancos centrales contemporáneos, comprenden: la emisión exclusiva de los billetes de curso legal, actuando como único proveedor de la base monetaria; el diseño y ejecución de la política monetaria, orientada habitualmente al objetivo prioritario de la estabilidad de precios; la supervisión prudencial de las entidades de crédito, para garantizar la solvencia y la correcta gestión del riesgo del sistema bancario; la gestión de las reservas exteriores del país; la actuación como banco de bancos, prestando servicios de liquidez y de compensación a las entidades de crédito; y la actuación, en muchos casos, como banquero, agente financiero y asesor económico del Estado. En el ámbito de la zona euro, estas funciones se ejercen de forma compartida entre el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales, integrados en el Eurosistema.

El Banco Central Europeo y el Eurosistema

El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort, es la institución responsable de definir y ejecutar la política monetaria única para el conjunto de los países que integran la zona euro, siendo su objetivo principal, establecido en los tratados de la Unión Europea, el mantenimiento de la estabilidad de precios. El BCE no actúa en solitario, sino integrado en el Eurosistema, formado por el propio Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales de los Estados miembros que han adoptado el euro, entre ellos el Banco de España; el Eurosistema constituye el marco institucional a través del cual se diseña de forma centralizada y se ejecuta de forma descentralizada, con la colaboración de los bancos centrales nacionales, la política monetaria única de la zona euro. Debe distinguirse el Eurosistema del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), concepto más amplio que engloba al BCE y a los bancos centrales nacionales de todos los Estados miembros de la Unión Europea, incluidos aquellos que, como ocurre con algunos países, no han adoptado el euro como moneda. Los órganos de decisión del BCE son tres: el Consejo de Gobierno, formado por los miembros del Comité Ejecutivo y los gobernadores de los bancos centrales nacionales de la zona euro, que adopta las decisiones fundamentales de política monetaria; el Comité Ejecutivo, formado por el presidente, el vicepresidente y cuatro vocales nombrados por el Consejo Europeo por mayoría cualificada para un mandato de ocho años no renovable (art. 283 TFUE), encargado de la ejecución de la política monetaria y de la gestión ordinaria; y el Consejo General, formado por el presidente, el vicepresidente y los gobernadores de los bancos centrales de todos los Estados miembros de la UE, que desempeña funciones de coordinación y asesoramiento. El derecho de voto de los gobernadores en el Consejo de Gobierno se ejerce por un sistema de rotación al haber superado la zona euro el número de 18 miembros.

Funciones del Banco Central: emisión de billetes

Una de las funciones tradicionales y más antiguas del banco central es la emisión exclusiva de los billetes de curso legal en su ámbito territorial de competencia, privilegio que en su origen histórico solía compartirse entre distintas entidades bancarias y que progresivamente se fue concentrando en una única institución pública hasta configurar el monopolio de emisión característico de la banca central moderna. En el marco de la zona euro, esta función corresponde de forma compartida al Banco Central Europeo, que autoriza el volumen total de emisión de billetes en euros, y a los bancos centrales nacionales del Eurosistema, entre ellos el Banco de España, que son los que materialmente ponen en circulación los billetes dentro de sus respectivos territorios, si bien todos los billetes en euros, con independencia del banco central nacional que los haya emitido físicamente, tienen idéntico curso legal y poder liberatorio en el conjunto de la zona euro. Esta función de emisión no debe confundirse con la creación total de dinero de la economía, ya que los billetes y monedas —el dinero legal— representan solo una parte, y cuantitativamente minoritaria en las economías desarrolladas, de la oferta monetaria total, siendo el resto dinero bancario creado por las propias entidades de crédito a través del proceso de multiplicación de depósitos analizado en el tema del dinero.

Funciones del Banco Central: banco de bancos

El banco central desempeña frente al sistema bancario comercial una función equivalente a la que los bancos comerciales desempeñan frente a sus clientes particulares y empresariales, por lo que se le describe habitualmente como «banco de bancos». En virtud de esta función, las entidades de crédito mantienen cuentas y depósitos en el banco central, a través de los cuales gestionan su liquidez diaria y realizan entre sí las operaciones de compensación y liquidación de pagos derivadas de las transacciones de sus respectivos clientes, función que en la zona euro se articula técnicamente a través del sistema de pagos de grandes importes T2 (que desde marzo de 2023 sustituyó a TARGET2) y de TARGET2-Securities (T2S) para la liquidación de valores. El banco central actúa, además, como prestamista de última instancia del sistema financiero: en situaciones de tensión de liquidez, cuando una entidad solvente pero temporalmente ilíquida no puede obtener financiación en el mercado interbancario, el banco central puede proporcionarle liquidez de emergencia para evitar que dicha tensión puntual se transforme en una crisis de solvencia o se propague al resto del sistema por contagio, función que resulta esencial para preservar la estabilidad financiera en su conjunto. A través de esta función de banco de bancos, el banco central ejerce también de forma directa e inmediata sus instrumentos de política monetaria —operaciones de mercado abierto, facilidades permanentes—, dado que estos operan precisamente sobre las cuentas y reservas que las entidades de crédito mantienen en el propio banco central.

Funciones del Banco Central: banquero del Estado

El banco central desempeña tradicionalmente, en mayor o menor medida según el marco institucional de cada país, la función de banquero, agente financiero y asesor del Estado. Como banquero del Estado, puede gestionar las cuentas de tesorería de las administraciones públicas y prestar servicios de tramitación de pagos y cobros del sector público; como agente financiero, puede colaborar en la organización y gestión de las emisiones de deuda pública del Tesoro, facilitando la colocación de dicha deuda entre los inversores; y como asesor económico, elabora informes y análisis sobre la situación económica y financiera del país que sirven de apoyo técnico a las decisiones de política económica del Gobierno. Sin embargo, en el marco institucional de la Unión Económica y Monetaria europea, esta función de banquero del Estado se encuentra sujeta a un límite jurídico fundamental: la prohibición de financiación monetaria directa del sector público, establecida en los tratados de la Unión Europea, en virtud de la cual el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales del Eurosistema, entre ellos el Banco de España, tienen expresamente prohibido (art. 123 TFUE) conceder descubiertos o cualquier otro tipo de crédito directo a las administraciones públicas, ni adquirir directamente instrumentos de deuda emitidos por ellas (se permite, en cambio, la adquisición en el mercado secundario en el marco de la política monetaria); el art. 124 TFUE prohíbe además cualquier medida que otorgue a las administraciones un acceso privilegiado a las entidades financieras, precisamente para preservar la independencia de la política monetaria frente a las necesidades de financiación del sector público.

Funciones del Banco Central: supervisión y estabilidad financiera

Junto a sus funciones monetarias, el banco central desempeña un papel esencial en la supervisión prudencial de las entidades de crédito y en la preservación de la estabilidad financiera del sistema en su conjunto. La supervisión prudencial consiste en el control, por parte de la autoridad competente, del cumplimiento por las entidades de crédito de los requisitos de solvencia, liquidez, gestión de riesgos y buen gobierno corporativo establecidos en la normativa bancaria, con el fin de proteger a los depositantes y prevenir crisis bancarias individuales. En el marco de la Unión Bancaria europea, esta función de supervisión se ejerce a través del Mecanismo Único de Supervisión, en el que el Banco Central Europeo supervisa directamente a las entidades de crédito de mayor tamaño y relevancia sistémica de la zona euro, mientras que las entidades de menor tamaño («menos significativas») quedan bajo la supervisión directa de las autoridades nacionales, como el Banco de España, si bien bajo la coordinación y supervisión última del propio BCE. El MUS se regula en el Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo, que atribuye al BCE tareas supervisoras específicas con base en el art. 127.6 TFUE; entre los criterios para considerar significativa a una entidad figuran su tamaño (activos totales superiores a 30.000 millones de euros), su importancia para la economía y su actividad transfronteriza. La función de estabilidad financiera, distinta y complementaria de la supervisión de entidades individuales, tiene una perspectiva macroprudencial: consiste en la vigilancia de los riesgos que afectan al sistema financiero en su conjunto —burbujas de crédito o de activos, interconexiones excesivas entre entidades— y en la adopción de instrumentos macroprudenciales para prevenir crisis sistémicas que puedan propagarse al conjunto de la economía real.

Independencia del Banco Central

La independencia del banco central es un principio institucional según el cual la autoridad monetaria debe poder diseñar y ejecutar la política monetaria sin recibir instrucciones del Gobierno ni de ningún otro organismo, con el fin de preservar la credibilidad y la eficacia de dicha política, especialmente en la persecución del objetivo de estabilidad de precios. La justificación teórica de este principio radica en el problema de la denominada «inconsistencia temporal» de la política monetaria: un gobierno sujeto a incentivos electorales de corto plazo podría verse tentado a presionar para generar sorpresas inflacionistas que estimulen la actividad económica y el empleo a corto plazo, aun a costa de una inflación más elevada y persistente a medio y largo plazo, una vez que dichas expectativas se han incorporado a las decisiones de precios y salarios de los agentes económicos; delegar la política monetaria en una institución independiente, con un mandato centrado en la estabilidad de precios y protegida de presiones políticas de corto plazo, permite anclar de forma más creíble las expectativas de inflación de los agentes económicos. La independencia del Banco Central Europeo y de los bancos centrales nacionales del Eurosistema, entre ellos el Banco de España, está expresamente consagrada en los tratados de la Unión Europea, que prohíben a estas instituciones solicitar o aceptar instrucciones de los gobiernos de los Estados miembros o de cualquier otro organismo, así como a estos últimos tratar de influir sobre sus decisiones.

El Banco de España: funciones en el marco del Eurosistema

El Banco de España es el banco central nacional español, integrado en el Eurosistema desde la adopción del euro, lo que ha supuesto una transformación sustancial de sus funciones respecto al periodo anterior a la unión monetaria: la competencia exclusiva sobre el diseño de la política monetaria se ha transferido al Banco Central Europeo, y el Banco de España participa en su ejecución descentralizada y en la formación de las decisiones a través de la presencia de su gobernador en el Consejo de Gobierno del BCE. Pese a esta cesión de competencias monetarias, el Banco de España, cuyo régimen se contiene en la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, conserva funciones nacionales de gran relevancia: la supervisión prudencial de las entidades de crédito españolas de menor tamaño, bajo la coordinación última del Mecanismo Único de Supervisión europeo; la puesta en circulación material de billetes y monedas en euros dentro del territorio español; la elaboración de estadísticas económicas y financieras y de análisis sobre la situación de la economía española; la gestión de las reservas de divisas y oro que aún mantiene; la promoción del buen funcionamiento y la estabilidad del sistema financiero español; y funciones de protección del cliente bancario y de resolución de reclamaciones, así como de asesoramiento económico al Gobierno. El Banco de España conserva, además, su propia personalidad jurídica y patrimonio, y su gobernador, cuyo mandato es de seis años sin posibilidad de reelección, es nombrado por el Rey a propuesta del presidente del Gobierno. Su independencia, que impide solicitar o aceptar instrucciones del Gobierno, se garantiza también por la Ley 13/1994.

Los bancos comerciales: concepto y función de intermediación

Los bancos comerciales son entidades de crédito privadas cuya actividad principal consiste en captar fondos del público, en forma de depósitos, y emplear esos fondos, junto con sus propios recursos, en la concesión de préstamos y créditos a familias y empresas, así como en la prestación de otros servicios financieros como medios de pago, gestión de valores o asesoramiento financiero. Su función económica esencial es la intermediación financiera indirecta: se interponen entre los ahorradores, que buscan seguridad, liquidez y una rentabilidad para sus excedentes de renta, y los inversores, que necesitan financiación para acometer sus proyectos, transformando activos financieros de unas características a otras, especialmente en lo relativo al plazo, mediante la denominada transformación de vencimientos. Los bancos comerciales se distinguen del resto de intermediarios financieros por su capacidad exclusiva de crear dinero bancario, es decir, de generar depósitos a la vista que forman parte de la oferta monetaria y son directamente utilizables como medio de pago, capacidad que deriva precisamente de que solo una fracción de los depósitos que reciben se mantiene como reserva, prestándose el resto y generando, a través del proceso encadenado de multiplicación de depósitos analizado en el tema del dinero, una cantidad de dinero bancario muy superior a la base monetaria inicial. Esta doble condición de intermediarios financieros y de creadores de dinero explica la intensidad de la regulación y supervisión prudencial a la que están sometidos.

Operaciones de activo y de pasivo de los bancos comerciales

El negocio de los bancos comerciales se estructura contablemente en dos grandes tipos de operaciones, según su reflejo en el balance de la entidad. Las operaciones de pasivo son aquellas mediante las cuales el banco capta recursos financieros ajenos que constituyen una deuda u obligación de pago para la entidad frente a terceros, siendo las más características los depósitos a la vista, de ahorro y a plazo constituidos por sus clientes, aunque también incluyen la emisión de bonos y otros instrumentos de deuda propia, o la financiación obtenida en el mercado interbancario o del propio banco central; estas operaciones constituyen la principal fuente de fondos que el banco emplea posteriormente en su actividad de intermediación. Las operaciones de activo son aquellas mediante las cuales el banco emplea esos recursos captados, invirtiéndolos en activos financieros que constituyen un derecho de cobro a su favor frente a terceros, siendo las más características la concesión de préstamos y créditos a familias, empresas y administraciones públicas, así como la adquisición de valores de renta fija, pública o privada. La diferencia entre el tipo de interés que el banco cobra por sus operaciones de activo y el que paga por sus operaciones de pasivo constituye el denominado margen de intermediación, principal fuente tradicional de ingresos del negocio bancario clásico, junto a las comisiones percibidas por la prestación de servicios financieros complementarios.

El negocio bancario: margen de intermediación

El margen de intermediación, también llamado margen financiero o diferencial de tipos de interés, es la magnitud que resume el resultado de la actividad tradicional de intermediación de un banco comercial, calculándose como la diferencia entre los ingresos financieros que la entidad obtiene por sus operaciones de activo —fundamentalmente el interés cobrado por los préstamos y créditos concedidos— y los costes financieros que soporta por sus operaciones de pasivo —fundamentalmente el interés pagado por los depósitos captados de sus clientes y por la financiación obtenida en los mercados mayoristas—. Este margen constituye la remuneración económica de la función de intermediación y de transformación de plazos y de riesgo que realiza el banco, y su cuantía depende de factores como el nivel general de los tipos de interés de la economía, el grado de competencia existente en el sector bancario, el perfil de riesgo de la cartera crediticia de la entidad y su estructura de financiación. Junto al margen de intermediación, el negocio bancario obtiene ingresos adicionales a través de las comisiones por la prestación de servicios que no implican propiamente la asunción de riesgo de intermediación, como la gestión de medios de pago, la comercialización de fondos de inversión o seguros, o el asesoramiento financiero, ingresos que han ganado peso relativo en el conjunto de los ingresos bancarios en las últimas décadas en un contexto de progresiva compresión de los márgenes tradicionales de intermediación derivada de la elevada competencia y de periodos prolongados de tipos de interés reducidos.

Otros intermediarios financieros bancarios: cajas de ahorro y cooperativas de crédito

Junto a los bancos propiamente dichos, el sistema financiero español ha contado tradicionalmente con otros dos tipos de entidades de crédito con capacidad de crear dinero bancario, aunque con una naturaleza jurídica y una configuración societaria distintas. Las cajas de ahorro fueron históricamente entidades de crédito de naturaleza fundacional y sin ánimo de lucro, orientadas originalmente al fomento del ahorro popular y con una vocación social manifestada a través de la denominada obra social, que destinaban parte de sus excedentes a fines benéficos, culturales o asistenciales en su ámbito territorial de actuación; a raíz de la crisis financiera iniciada en 2008, prácticamente la totalidad de las cajas de ahorro españolas traspasaron su actividad financiera a bancos de nueva creación, participados por fundaciones bancarias que sustituyeron a las antiguas cajas, proceso que culminó con la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, y que ha reducido drásticamente el peso de este modelo en el sistema financiero actual, subsistiendo solo alguna caja de pequeña dimensión. Las fundaciones bancarias conservan la finalidad de obra social y, cuando su participación en una entidad de crédito alcanza determinados umbrales, deben elaborar un protocolo de gestión y un plan financiero. Las cooperativas de crédito son entidades de crédito constituidas bajo la forma jurídica de sociedad cooperativa, cuyo objeto social combina la actividad crediticia general con la atención preferente a las necesidades financieras de sus socios cooperativistas, siendo su exponente más relevante en España el conjunto de cajas rurales, tradicionalmente vinculadas al ámbito agrario y a la financiación de pequeñas explotaciones y del tejido económico local en zonas rurales.

Establecimientos financieros de crédito

Los establecimientos financieros de crédito son entidades financieras especializadas que, a diferencia de los bancos, las cajas de ahorro y las cooperativas de crédito, no tienen la consideración de entidades de crédito plenas, ya que carecen de la capacidad de captar depósitos u otros fondos reembolsables del público, y por tanto no pueden crear dinero bancario; su actividad se centra exclusivamente en la concesión de operaciones de activo especializadas, financiadas mediante recursos propios y mediante financiación obtenida en los mercados mayoristas o de otras entidades de crédito, en lugar de mediante depósitos captados directamente del público. Entre las actividades típicas de los establecimientos financieros de crédito se encuentran el arrendamiento financiero o leasing, mediante el cual la entidad adquiere un bien a petición de su cliente y se lo cede en arrendamiento con opción de compra a su finalización; el factoring, consistente en la adquisición de los créditos comerciales que las empresas tienen frente a sus clientes, anticipándoles su importe; la concesión de préstamos y créditos, incluido el crédito al consumo especializado; y la emisión de tarjetas de crédito. Su especialización en determinados segmentos del crédito, combinada con una regulación prudencial menos estricta que la aplicable a las entidades de crédito plenas dado que no captan depósitos del público, explica su papel complementario dentro del conjunto del sistema financiero.

Intermediarios financieros no bancarios: compañías de seguros

Las compañías de seguros son intermediarios financieros no bancarios cuya actividad consiste en asumir, a cambio del cobro de una prima, el riesgo de que se produzca un determinado evento incierto —un siniestro— que pueda causar un perjuicio económico al asegurado, comprometiéndose a indemnizarle en caso de que dicho evento efectivamente ocurra; en su vertiente de seguro de vida-ahorro, además de la cobertura de riesgo actúan como canalizadoras de ahorro a largo plazo de las familias. Su función de intermediación financiera se manifiesta en que las primas cobradas a un gran número de asegurados, que en conjunto exceden, gracias a la ley de los grandes números aplicada a la estadística actuarial, el importe de las indemnizaciones que efectivamente deben pagar en cada periodo, constituyen un volumen de recursos —las denominadas provisiones técnicas— que las compañías de seguros invierten en activos financieros, principalmente de renta fija a largo plazo, convirtiéndose así en inversores institucionales de primer orden en los mercados de capitales. La actividad aseguradora se clasifica tradicionalmente en dos grandes ramos: el seguro de vida, vinculado a contingencias relacionadas con la supervivencia o el fallecimiento del asegurado y con un componente de ahorro a largo plazo relevante, y el seguro distinto del de vida o seguro general, que cubre riesgos como los daños materiales, la responsabilidad civil o la enfermedad, sin ese componente de ahorro asociado.

Fondos de pensiones

Los fondos de pensiones son patrimonios sin personalidad jurídica propia, gestionados por una entidad gestora especializada bajo la supervisión de un depositario y de la autoridad de control competente, cuya finalidad exclusiva es dar cumplimiento a los planes de pensiones a los que están adscritos, canalizando el ahorro finalista acumulado por los partícipes durante su vida laboral hacia la obtención de una prestación económica complementaria en el momento de la jubilación u otras contingencias asimiladas, como la incapacidad, el fallecimiento o la dependencia. Su función de intermediación financiera resulta especialmente relevante por su naturaleza de ahorro a muy largo plazo: al captar aportaciones periódicas de los partícipes que no se rescatarán, en condiciones normales, hasta el acaecimiento de la contingencia cubierta, los fondos de pensiones pueden invertir en activos financieros de mayor duración y, potencialmente, de mayor rentabilidad esperada a largo plazo, contribuyendo a la profundidad y estabilidad de los mercados de capitales. Los planes de pensiones se clasifican habitualmente según el sujeto constituyente en planes del sistema individual, promovidos por entidades financieras y suscritos libremente por cualquier persona física, planes del sistema de empleo, promovidos por una empresa en favor de sus empleados, y planes del sistema asociado, promovidos por asociaciones o sindicatos, y según el régimen de aportaciones y prestaciones en planes de aportación definida, de prestación definida o mixtos.

Instituciones de inversión colectiva: fondos y sociedades de inversión

Las instituciones de inversión colectiva son entidades cuyo objeto es la captación de fondos, bienes o derechos del público para gestionarlos e invertirlos de forma conjunta en activos financieros o no financieros, determinándose los rendimientos del inversor en función de los resultados colectivos obtenidos por la institución, a través de un sistema de reparto proporcional de los beneficios, gastos o pérdidas entre los inversores en función de su participación en el patrimonio común. Adoptan fundamentalmente dos formas jurídicas: los fondos de inversión, que carecen de personalidad jurídica propia y se configuran como un patrimonio separado sin personalidad, dividido en participaciones que suscriben los partícipes, gestionado por una sociedad gestora especializada bajo la custodia de una entidad depositaria distinta; y las sociedades de inversión, que sí tienen personalidad jurídica propia, adoptando la forma de sociedad anónima cuyo capital social se divide en acciones que suscriben los accionistas inversores. La principal ventaja que ofrecen las instituciones de inversión colectiva a los pequeños ahorradores es la posibilidad de acceder, con importes de inversión relativamente reducidos, a una cartera diversificada de activos financieros gestionada profesionalmente, diversificación que resultaría inalcanzable actuando de forma individual, además de aprovechar las economías de escala en los costes de gestión y de intermediación que genera la agrupación del ahorro de un elevado número de inversores.

Sociedades y agencias de valores

Las sociedades y agencias de valores son empresas de servicios de inversión especializadas en la intermediación en los mercados de valores, cuya diferencia fundamental radica en el ámbito de actividad que pueden desarrollar por cuenta propia. Las sociedades de valores pueden operar tanto por cuenta propia como por cuenta de terceros, es decir, pueden negociar valores utilizando su propio capital y asumiendo el riesgo de mercado correspondiente, además de ejecutar órdenes de compraventa por cuenta de sus clientes; su ámbito de actuación incluye la mediación en la colocación de emisiones, la gestión discrecional de carteras de inversión, el asesoramiento financiero y la negociación de valores en los mercados organizados. Las agencias de valores, por el contrario, únicamente pueden operar por cuenta de terceros, actuando exclusivamente como intermediarias que ejecutan las órdenes de sus clientes en los mercados de valores, sin poder emplear su propio capital para tomar posiciones en el mercado, lo que se traduce en un régimen de exigencias de capital y de supervisión prudencial menos estricto que el aplicable a las sociedades de valores. Ambos tipos de entidades, junto con las entidades de crédito autorizadas para prestar servicios de inversión, forman el conjunto de las empresas de servicios de inversión, sometidas en España a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La supervisión del sistema financiero español: Banco de España, CNMV y DGSFP

La supervisión del sistema financiero español se organiza, siguiendo el modelo tradicional de supervisión sectorial por tipo de actividad, en torno a tres autoridades especializadas, sin perjuicio de la integración de una parte relevante de estas competencias en el marco institucional de la Unión Bancaria y de las autoridades europeas de supervisión. El Banco de España supervisa a las entidades de crédito —bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito— así como a los establecimientos financieros de crédito, vigilando su solvencia, liquidez y correcta gestión de riesgos, si bien la supervisión directa de las entidades de crédito de mayor tamaño y relevancia sistémica corresponde, en el marco del Mecanismo Único de Supervisión, al Banco Central Europeo. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) supervisa los mercados de valores y a las entidades que en ellos operan —sociedades y agencias de valores, instituciones de inversión colectiva y sus gestoras—, velando por la transparencia de los mercados, la correcta formación de los precios y la protección de los inversores. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), órgano dependiente del Ministerio competente en materia económica, supervisa a las compañías de seguros y a las entidades gestoras de fondos de pensiones, controlando su solvencia y el cumplimiento de sus obligaciones frente a asegurados y partícipes. Esta arquitectura de supervisión sectorial convive con instancias europeas de coordinación y armonización de la regulación prudencial en cada uno de los tres ámbitos: la Autoridad Bancaria Europea (ABE/EBA), la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM/ESMA) y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ/EIOPA), creadas en 2010, y la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), de ámbito macroprudencial. No debe confundirse con el modelo «twin peaks» (una autoridad prudencial y otra de conducta), que no es el español.

Normativa básica del sistema financiero español

El régimen de las entidades de crédito se contiene en la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, que traspuso la Directiva 2013/36/UE (CRD IV) y se complementa con el Reglamento (UE) n.º 575/2013 sobre requisitos prudenciales (CRR); ambos han sido reformados en 2024 por el Reglamento (UE) 2024/1623 y la Directiva (UE) 2024/1619 (paquete bancario de aplicación de Basilea III). Las cooperativas de crédito se regulan además por la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito. El mercado de valores y los servicios de inversión se regulan por la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, que derogó el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores de 2015. Las instituciones de inversión colectiva se rigen por la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. La actividad aseguradora se regula por la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, basada en el régimen europeo de Solvencia II (Directiva 2009/138/CE), y el contrato de seguro por la Ley 50/1980. Los planes y fondos de pensiones se rigen por el Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre. Los establecimientos financieros de crédito, por la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial.

Los mercados de valores y de deuda pública en España

Los mercados de valores españoles se organizan en mercados regulados (las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, integradas en el sistema de interconexión bursátil; el mercado de renta fija AIAF; y el mercado de derivados MEFF), sistemas multilaterales de negociación (como BME Growth, para empresas de pequeña capitalización) y la negociación bilateral. Los grupos bursátiles españoles forman parte desde 2020 de la empresa suiza SIX. La compensación y liquidación se realizan por entidades específicas (BME Clearing, Iberclear como depositario central de valores). El índice de referencia de la Bolsa es el IBEX 35. La deuda pública del Estado se emite por el Tesoro Público (Dirección General del Tesoro y Política Financiera) mediante subastas y comprende: Letras del Tesoro (corto plazo, hasta doce meses), Bonos del Estado (medio plazo) y Obligaciones del Estado (largo plazo, a diez años o más). Los derivados son contratos cuyo valor depende de un activo subyacente: forwards, futuros (estandarizados y negociados en mercados organizados), opciones (derecho, pero no obligación, de comprar o vender) y swaps (permutas financieras). Los mercados financieros incluyen también el mercado de divisas y el interbancario, en el que las entidades se prestan fondos a corto plazo y que sirve de referencia para el Euríbor y para el €STR.

Instrumentos de pago, fintech y criptoactivos

Los sistemas de pago permiten transferir fondos entre agentes; el Eurosistema supervisa y gestiona infraestructuras como T2 (pagos de grandes importes) y TIPS (pagos instantáneos). En el ámbito minorista, la Directiva (UE) 2015/2366 (PSD2) regula los servicios de pago y la apertura de la banca a terceros proveedores, y fue incorporada al ordenamiento español mediante el Real Decreto-ley 19/2018. Las plataformas de financiación participativa (crowdfunding) y las empresas fintech se someten a la regulación europea y nacional específica (Reglamento (UE) 2020/1503 y Ley 5/2015). Los criptoactivos están regulados por el Reglamento (UE) 2023/1114 (MiCA) y su supervisión en España se reparte entre el Banco de España y la CNMV según la naturaleza del criptoactivo. Los bancos están además sujetos a normativa de prevención del blanqueo de capitales.

La Unión Bancaria: MUS, MUR y garantía de depósitos

La Unión Bancaria europea, creada tras la crisis de la deuda soberana, se asienta en tres pilares. El Mecanismo Único de Supervisión (MUS), operativo desde noviembre de 2014, atribuye al BCE la supervisión directa de las entidades significativas y la supervisión indirecta de las menos significativas, que ejercen las autoridades nacionales. El Mecanismo Único de Resolución (MUR), regulado por el Reglamento (UE) n.º 806/2014, se dirige a resolver de forma ordenada las entidades inviables mediante una Junta Única de Resolución (JUR) y un Fondo Único de Resolución financiado por el sector; la Directiva 2014/59/UE (BRRD) establece el marco europeo de recuperación y resolución, incorporado en España por la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y la autoridad de resolución ejecutiva nacional es el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). El tercer pilar, el sistema europeo de garantía de depósitos, está aún pendiente de completarse; mientras tanto rigen los sistemas nacionales conforme a la Directiva 2014/49/UE, que garantiza los depósitos hasta 100.000 euros por depositante y entidad (en España, el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito). En el ámbito macroprudencial, la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) y, en España, la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera (AMCESFI), creada por el Real Decreto-ley 22/2018, vigilan los riesgos sistémicos y pueden activar instrumentos como el colchón de capital anticíclico.

Regulación prudencial bancaria: solvencia y liquidez

La regulación prudencial se apoya en los acuerdos de Basilea del Comité de Supervisión Bancaria (Basilea III). Sus pilares son: el Pilar 1, requisitos mínimos de capital por riesgo de crédito, de mercado y operacional; el Pilar 2, proceso de revisión supervisora; y el Pilar 3, disciplina de mercado (transparencia). Los recursos propios se clasifican en capital de nivel 1 ordinario (CET1, fundamentalmente capital social y reservas), capital adicional de nivel 1 y capital de nivel 2. Además de los mínimos, existen colchones de capital (de conservación, anticíclico, para entidades de importancia sistémica). Los requisitos de liquidez incluyen el ratio de cobertura de liquidez (LCR) y el ratio de financiación estable neta (NSFR), y se contempla una ratio de apalancamiento no ponderada por riesgo. Para la resolución, las entidades deben cumplir además el requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL). Estas normas persiguen reducir la probabilidad de quiebra bancaria y limitar su contagio, al ser los bancos entidades altamente apalancadas, que transforman plazos y están expuestas a retiradas masivas de depósitos (pánicos bancarios), cuyo riesgo se mitiga mediante el prestamista de última instancia y la garantía de depósitos.

Aspectos fiscales de los productos financieros

Por su relevancia para el ámbito tributario, conviene retener algunas notas sobre la tributación de los instrumentos financieros. Los rendimientos de depósitos y cuentas, de bonos y de dividendos obtenidos por personas físicas residentes se integran en la base imponible del ahorro del IRPF y están sujetos a retención, con la escala del ahorro. Los traspasos entre fondos de inversión no tributan en el momento del traspaso, sino en el reembolso (diferimiento regulado en el art. 94 de la Ley del IRPF). Las instituciones de inversión colectiva tributan en el Impuesto sobre Sociedades a un tipo reducido del 1 % cuando cumplen los requisitos legales. Los planes de pensiones permiten, dentro de los límites legales, reducir la base imponible general del IRPF por las aportaciones, tributando las prestaciones como rendimientos del trabajo. Estas cuestiones se desarrollan en los temas de la parte tributaria del temario; aquí interesa su vinculación con los intermediarios financieros.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El sistema financiero canaliza el ahorro de unidades con capacidad de financiación hacia unidades con necesidad de financiación (transformación de activos, plazos y riesgos).
  • Todo activo financiero se caracteriza por liquidez, riesgo y rentabilidad; existe un trade-off entre estas tres características.
  • Mercados monetarios (corto plazo, alta liquidez, bajo riesgo) frente a mercados de capitales (medio/largo plazo, renta fija y variable).
  • Mercado primario = emisión nueva, financiación directa al emisor; mercado secundario = negociación de activos ya emitidos, aporta liquidez pero no financiación nueva al emisor.
  • Intermediarios bancarios (crean dinero bancario: bancos, cajas, cooperativas de crédito) frente a no bancarios (no crean dinero: seguros, fondos de pensiones, IIC, EFC).
  • El Eurosistema = BCE + bancos centrales nacionales de la zona euro; el SEBC (más amplio) = BCE + bancos centrales nacionales de TODA la UE.
  • Órganos del BCE: Consejo de Gobierno (decisiones de política monetaria) y Comité Ejecutivo (ejecución diaria).
  • El objetivo principal del BCE, fijado en los Tratados, es la estabilidad de precios.
  • Prohibición de financiación monetaria directa: el BCE y los bancos centrales nacionales no pueden dar crédito directo a las administraciones públicas ni comprarles deuda en mercado primario.
  • La independencia del banco central se justifica por el problema de la 'inconsistencia temporal' de la política monetaria (sesgo inflacionista de corto plazo).
  • El Banco de España, tras la entrada en el euro, perdió la competencia de política monetaria (transferida al BCE) pero conserva supervisión de entidades menores, emisión física de billetes y estadística económica.
  • El margen de intermediación = ingresos de operaciones de activo (préstamos) − costes de operaciones de pasivo (depósitos); es la fuente clásica del negocio bancario.
  • Establecimientos financieros de crédito: hacen leasing, factoring, crédito al consumo, PERO no captan depósitos del público (no son entidades de crédito plenas, no crean dinero).
  • Fondos de inversión: sin personalidad jurídica (patrimonio separado, gestora + depositario); sociedades de inversión: con personalidad jurídica (S.A.).
  • Sociedades de valores pueden operar por cuenta propia y de terceros; agencias de valores SOLO por cuenta de terceros.
  • Supervisión sectorial española: Banco de España (entidades de crédito), CNMV (mercados de valores), DGSFP (seguros y fondos de pensiones).
  • La supervisión de las entidades de crédito significativas de la zona euro corresponde directamente al BCE vía el Mecanismo Único de Supervisión (Unión Bancaria).
  • TARGET2 fue sustituido por T2 en marzo de 2023; TIPS es la plataforma de pagos instantáneos del Eurosistema.
  • Art. 123 TFUE: prohibición de financiación monetaria; art. 124: prohibición de acceso privilegiado a entidades financieras; art. 127: objetivo de estabilidad de precios; art. 130: independencia; art. 283: Comité Ejecutivo (8 años, no renovable).
  • Órganos del BCE: Consejo de Gobierno (Comité Ejecutivo + gobernadores de la zona euro), Comité Ejecutivo (presidente, vicepresidente y 4 vocales) y Consejo General (gobernadores de toda la UE).
  • Unión Bancaria: MUS (Reglamento 1024/2013), MUR (Reglamento 806/2014, JUR) y garantía de depósitos (100.000 euros; sistema europeo aún pendiente).
  • Una entidad es significativa en el MUS, entre otros criterios, si sus activos superan 30.000 millones de euros; las menos significativas las supervisa el Banco de España bajo la supervisión del BCE.
  • Autoridades europeas (2010): ABE/EBA (banca), AEVM/ESMA (valores) y AESPJ/EIOPA (seguros y pensiones); JERS/ESRB para el riesgo sistémico. España: AMCESFI (RDL 22/2018).
  • Ley 13/1994 de Autonomía del Banco de España: gobernador con mandato de 6 años no renovable; Ley 10/2014 (entidades de crédito); Ley 6/2023 (mercados de valores); Ley 20/2015 (seguros); RDL 1/2002 (planes y fondos de pensiones); Ley 35/2003 (IIC); Ley 5/2015 (EFC).
  • Ley 26/2013: cajas de ahorros y fundaciones bancarias; las cajas transfirieron su actividad financiera a bancos.
  • Traspaso entre fondos de inversión: sin tributación hasta el reembolso (art. 94 LIRPF); las IIC tributan en el IS al 1 % si cumplen los requisitos.
  • El modelo de supervisión español es sectorial (BdE, CNMV, DGSFP), no «twin peaks» (autoridad prudencial + autoridad de conducta).
  • Letras del Tesoro: corto plazo (hasta 12 meses); Bonos: medio plazo; Obligaciones: largo plazo (10 años o más).
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Pregunta 1 de 120 aciertos

La supervisión de las compañías de seguros y de las gestoras de fondos de pensiones corresponde en España a:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 22 de Hacienda (AEAT)?

El Tema 22 desarrolla la arquitectura institucional a través de la cual el ahorro de una economía se canaliza hacia la inversión: los mercados financieros, los intermediarios que operan en ellos y, de forma destacada, el papel del banco central como autoridad monetaria y supervisora. Es un tema extenso que combina definiciones de teoría financiera pura —activos, mercados, intermediación— con contenido institucional muy concreto sobre el Eurosistema, el Banco de España y los distintos tipos de intermediarios no bancarios, por lo que conviene distinguir con claridad qué es predicable de cualquier sistema financiero en abstracto y qué es específico del marco institucional español y europeo vigente. Este tema es la puerta de entrada al resto de temas de macroeconomía monetaria y financiera del temario (dinero, comercio internacional, análisis financiero de empresa), y su dominio exige relacionar el papel del Banco Central Europeo, desarrollado aquí desde la perspectiva institucional, con los instrumentos de política monetaria ya vistos en el Tema 21 desde la perspectiva funcional.

¿Qué hay que memorizar del Tema 22 para el examen?

El sistema financiero canaliza el ahorro de unidades con capacidad de financiación hacia unidades con necesidad de financiación (transformación de activos, plazos y riesgos). Todo activo financiero se caracteriza por liquidez, riesgo y rentabilidad; existe un trade-off entre estas tres características. Mercados monetarios (corto plazo, alta liquidez, bajo riesgo) frente a mercados de capitales (medio/largo plazo, renta fija y variable). Mercado primario = emisión nueva, financiación directa al emisor; mercado secundario = negociación de activos ya emitidos, aporta liquidez pero no financiación nueva al emisor. Intermediarios bancarios (crean dinero bancario: bancos, cajas, cooperativas de crédito) frente a no bancarios (no crean dinero: seguros, fondos de pensiones, IIC, EFC). El Eurosistema = BCE + bancos centrales nacionales de la zona euro; el SEBC (más amplio) = BCE + bancos centrales nacionales de TODA la UE. Órganos del BCE: Consejo de Gobierno (decisiones de política monetaria) y Comité Ejecutivo (ejecución diaria). El objetivo principal del BCE, fijado en los Tratados, es la estabilidad de precios. Prohibición de financiación monetaria directa: el BCE y los bancos centrales nacionales no pueden dar crédito directo a las administraciones públicas ni comprarles deuda en mercado primario. La independencia del banco central se justifica por el problema de la 'inconsistencia temporal' de la política monetaria (sesgo inflacionista de corto plazo). El Banco de España, tras la entrada en el euro, perdió la competencia de política monetaria (transferida al BCE) pero conserva supervisión de entidades menores, emisión física de billetes y estadística económica. El margen de intermediación = ingresos de operaciones de activo (préstamos) − costes de operaciones de pasivo (depósitos); es la fuente clásica del negocio bancario. Establecimientos financieros de crédito: hacen leasing, factoring, crédito al consumo, PERO no captan depósitos del público (no son entidades de crédito plenas, no crean dinero). Fondos de inversión: sin personalidad jurídica (patrimonio separado, gestora + depositario); sociedades de inversión: con personalidad jurídica (S.A.). Sociedades de valores pueden operar por cuenta propia y de terceros; agencias de valores SOLO por cuenta de terceros. Supervisión sectorial española: Banco de España (entidades de crédito), CNMV (mercados de valores), DGSFP (seguros y fondos de pensiones). La supervisión de las entidades de crédito significativas de la zona euro corresponde directamente al BCE vía el Mecanismo Único de Supervisión (Unión Bancaria). TARGET2 fue sustituido por T2 en marzo de 2023; TIPS es la plataforma de pagos instantáneos del Eurosistema. Art. 123 TFUE: prohibición de financiación monetaria; art. 124: prohibición de acceso privilegiado a entidades financieras; art. 127: objetivo de estabilidad de precios; art. 130: independencia; art. 283: Comité Ejecutivo (8 años, no renovable). Órganos del BCE: Consejo de Gobierno (Comité Ejecutivo + gobernadores de la zona euro), Comité Ejecutivo (presidente, vicepresidente y 4 vocales) y Consejo General (gobernadores de toda la UE). Unión Bancaria: MUS (Reglamento 1024/2013), MUR (Reglamento 806/2014, JUR) y garantía de depósitos (100.000 euros; sistema europeo aún pendiente). Una entidad es significativa en el MUS, entre otros criterios, si sus activos superan 30.000 millones de euros; las menos significativas las supervisa el Banco de España bajo la supervisión del BCE. Autoridades europeas (2010): ABE/EBA (banca), AEVM/ESMA (valores) y AESPJ/EIOPA (seguros y pensiones); JERS/ESRB para el riesgo sistémico. España: AMCESFI (RDL 22/2018). Ley 13/1994 de Autonomía del Banco de España: gobernador con mandato de 6 años no renovable; Ley 10/2014 (entidades de crédito); Ley 6/2023 (mercados de valores); Ley 20/2015 (seguros); RDL 1/2002 (planes y fondos de pensiones); Ley 35/2003 (IIC); Ley 5/2015 (EFC). Ley 26/2013: cajas de ahorros y fundaciones bancarias; las cajas transfirieron su actividad financiera a bancos. Traspaso entre fondos de inversión: sin tributación hasta el reembolso (art. 94 LIRPF); las IIC tributan en el IS al 1 % si cumplen los requisitos. El modelo de supervisión español es sectorial (BdE, CNMV, DGSFP), no «twin peaks» (autoridad prudencial + autoridad de conducta). Letras del Tesoro: corto plazo (hasta 12 meses); Bonos: medio plazo; Obligaciones: largo plazo (10 años o más).

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149) (Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna).

Fuentes de este desarrollo

  • Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (arts. 123, 124, 127 a 132, 282 y 283) y Protocolo (n.º 4) sobre los Estatutos del SEBC y del BCE
  • Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013 (Mecanismo Único de Supervisión) y Reglamento (UE) n.º 806/2014 (Mecanismo Único de Resolución)
  • Reglamento (UE) n.º 575/2013 (CRR) y Directiva 2013/36/UE (CRD IV), modificados por el Reglamento (UE) 2024/1623 y la Directiva (UE) 2024/1619
  • Directiva 2014/49/UE (sistemas de garantía de depósitos) y Directiva 2014/59/UE (recuperación y resolución)
  • Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España
  • Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito
  • Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias
  • Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión
  • Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial
  • Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras
  • Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones
  • Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva
  • Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión

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