Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, turno libre y promoción interna (666 plazas: 446 libre + 220 promoción interna). Es distinto del temario del Cuerpo de Agentes Tributarios (C1) y del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (A1), que tienen procesos y temarios propios, no cubiertos aquí.
Este tema reúne cuatro instituciones del Libro II del Código Civil que comparten protagonismo en el examen por su elevada casuística: la posesión (situación de hecho protegida jurídicamente, distinta de la propiedad), y tres derechos reales limitados de goce muy preguntados —usufructo, servidumbre y comunidad de bienes—, esta última a caballo entre el derecho real de propiedad compartida y una situación jurídica que genera reglas propias de gestión y extinción. La clave para rendir bien en test es no confundir los conceptos entre sí (posesión con propiedad, comunidad romana con comunidad germánica, servidumbres continuas con discontinuas) y fijar bien los plazos y mayorías legalmente exigidos en cada institución.
Concepto de posesión y su distinción de la propiedad
El artículo 430 del Código Civil define la posesión distinguiendo dos modalidades: posesión natural es la tenencia de una cosa o el disfrute de un derecho por una persona, mientras que posesión civil es esa misma tenencia o disfrute unidos a la intención de haber la cosa o derecho como suyos. La posesión es, ante todo, una situación de hecho (el poder de hecho sobre una cosa) que el ordenamiento protege de manera autónoma, con independencia de que quien posee sea o no el verdadero propietario: de ahí que puedan coexistir, y de hecho coexistan con frecuencia, la titularidad de la propiedad en una persona y la posesión efectiva de la cosa en otra distinta (por ejemplo, un usurpador, un arrendatario o un usufructuario). La posesión se protege jurídicamente por razones de paz social y de apariencia de titularidad, otorgando a quien posee una serie de presunciones y de acciones de tutela sumaria (los interdictos), con independencia de que después, en un proceso declarativo posterior, se discuta y resuelva quién es el verdadero propietario de la cosa poseída.
Naturaleza jurídica de la posesión: ¿hecho o derecho?
La naturaleza jurídica de la posesión ha sido objeto de un intenso debate doctrinal. Para una parte de la doctrina, la posesión es un puro hecho jurídico, un estado de cosas al que el ordenamiento anuda determinadas consecuencias (protección interdictal, presunciones, posibilidad de usucapir), pero que carece de la estructura propia de un derecho subjetivo, pues no atribuye en sí misma un poder jurídico sino que se limita a proteger una apariencia. Para otro sector doctrinal, la posesión constituye verdaderamente un derecho subjetivo, de naturaleza real, autónomo respecto de la propiedad, en la medida en que el ordenamiento reconoce a quien posee un conjunto de facultades exigibles frente a terceros (a ser mantenido en la posesión, a ser indemnizado si se le despoja de ella) que exceden de la mera tolerancia de un hecho. El propio Código Civil parece adoptar una posición ecléctica: mientras que el artículo 430 CC la define en términos fácticos (tenencia, disfrute), el artículo 446 CC reconoce expresamente que todo poseedor tiene derecho a ser respetado en su posesión, lo que sugiere el reconocimiento de una verdadera posición jurídica protegida, con independencia de que se le califique dogmáticamente como derecho subjetivo pleno o como simple hecho jurídicamente relevante.
Sujeto y objeto de la posesión
Puede ser sujeto de la posesión cualquier persona, física o jurídica, con capacidad natural suficiente para tener un poder de hecho sobre la cosa, sin que se exija plena capacidad de obrar: el artículo 443 del Código Civil admite expresamente que los menores y los incapaces pueden adquirir la posesión de las cosas, si bien necesitarán, para usar y disponer de esa posesión y de los derechos en ella fundados, de la asistencia de sus representantes legales. En cuanto al objeto, pueden ser objeto de posesión las cosas y los derechos susceptibles de apropiación, conforme resulta del propio artículo 437 CC, que dispone que solo pueden ser objeto de posesión las cosas y derechos que sean susceptibles de apropiación; se excluyen así de la posesión los derechos personalísimos, los bienes de dominio público mientras conserven esta condición, y las cosas que están fuera del comercio de los hombres. El artículo 438 CC regula, por su parte, las formas de adquisición de la posesión, distinguiendo entre la ocupación material de la cosa o derecho poseído, el hecho de quedar estos sujetos a la acción de nuestra voluntad, y los actos propios y las formalidades legales establecidas para adquirir tal derecho.
Clases de posesión: en concepto de dueño y en concepto distinto
El artículo 432 del Código Civil distingue dos conceptos de posesión: en concepto de dueño, o en el de tenedor de la cosa o derecho para conservarlos o disfrutarlos, perteneciendo el dominio a otra persona. Esta distinción es esencial: solo la posesión que se adquiere y se disfruta en concepto de dueño puede servir de título para adquirir el dominio (art. 447 CC), esto es, la posesión ad usucapionem. La posesión en concepto distinto de dueño (arrendatario, depositario, usufructuario, precarista) nunca puede transformarse por el mero paso del tiempo en propiedad, salvo que se produzca una interversión del concepto posesorio, mediante actos inequívocos y conocidos por el propietario que revelen la voluntad de poseer como dueño. El artículo 436 CC establece una presunción de continuidad: se presume que la posesión se sigue disfrutando en el mismo concepto en que se adquirió, a no ser que se pruebe lo contrario. Los actos meramente tolerados, los ejecutados clandestinamente y sin conocimiento del poseedor o con violencia no afectan a la posesión (art. 444 CC), y en ningún caso puede adquirirse violentamente la posesión mientras exista un poseedor que se oponga a ello (art. 441 CC). El art. 445 CC resuelve la contienda sobre el hecho de la posesión: se prefiere al poseedor actual; si hubiere dos poseedores, al más antiguo; si las fechas fueren las mismas, al que presente título; y si todas las condiciones fueren iguales, se constituye la cosa en depósito o guarda judicial.
Posesión de buena fe y de mala fe
El artículo 433 del Código Civil define la posesión de buena fe como aquella en la que el poseedor ignora que en su título o modo de adquirir exista vicio que lo invalide; se reputa poseedor de mala fe al que se halla en el caso contrario. La buena fe se presume siempre, y al que afirme la mala fe de un poseedor corresponde la prueba (art. 434 CC). La posesión adquirida de buena fe no pierde este carácter sino en el caso y desde el momento en que existan actos que acrediten que el poseedor no ignora que posee la cosa indebidamente (art. 435 CC). De la distinción derivan efectos muy diferentes en la liquidación del estado posesorio: el poseedor de buena fe hace suyos los frutos percibidos mientras no sea interrumpida legalmente su posesión (art. 451 CC), mientras que el de mala fe debe abonar los frutos percibidos y los que el poseedor legítimo hubiera podido percibir, y solo tiene derecho a ser reintegrado de los gastos necesarios (art. 455 CC). Respecto de la pérdida o deterioro, el poseedor de buena fe no responde sino en cuanto se haya enriquecido con ella, mientras que el de mala fe responde en todo caso, y también de los casos fortuitos cuando maliciosamente haya retrasado la entrega de la cosa al poseedor legítimo (art. 457 CC).
Posesión civil y posesión natural, mediata e inmediata
Además de la distinción básica del artículo 430 CC entre posesión natural (mera tenencia material) y posesión civil (tenencia unida a la intención de hacer la cosa propia), la doctrina distingue también entre posesión mediata e inmediata en función de si existe intermediación de otra persona en el ejercicio del poder de hecho sobre la cosa. La posesión inmediata es la que se ejerce directamente sobre la cosa, sin intermediarios: quien tiene la cosa en su poder de forma efectiva y material. La posesión mediata es la que corresponde a quien, sin tener el contacto físico directo con la cosa, la posee a través de otra persona que la tiene en su nombre, en virtud de una relación jurídica que legitima esa tenencia ajena (por ejemplo, el propietario que ha arrendado su vivienda posee mediatamente a través del arrendatario, que posee inmediatamente en concepto de tenedor). Esta construcción, recogida implícitamente en el artículo 431 CC (la posesión se ejerce en las cosas o en los derechos por la misma persona que las tiene y las disfruta, o por otra en su nombre), permite explicar cómo pueden coexistir simultáneamente, sobre una misma cosa, dos posesiones de distinta naturaleza y concepto, sin que sean incompatibles entre sí.
Adquisición de la posesión
El artículo 438 del Código Civil regula las formas de adquisición de la posesión: la ocupación material de la cosa o derecho poseído (aprehensión física, corpus); el hecho de quedar estos sujetos a la acción de nuestra voluntad, fórmula que admite formas espiritualizadas de adquirir (por ejemplo, la entrega de llaves o de documentos, conforme a los arts. 1463 y 1464 CC en sede de tradición); y los actos propios y las formalidades legales establecidas para adquirir tal derecho, que incluyen la adquisición de la posesión de la herencia por el heredero: la posesión de los bienes hereditarios se entiende transmitida al heredero sin interrupción y desde el momento de la muerte del causante, en el caso de que llegue a adirse la herencia, y quien válidamente repudie se entenderá que no la ha poseído en ningún momento (art. 440 CC, la llamada posesión civilísima). Pueden adquirir la posesión quienes tengan capacidad natural para ello, su representante legal, su mandatario y un tercero sin mandato, en cuyo último caso no se entiende adquirida hasta que la persona en cuyo nombre se actuó la ratifique (art. 439 CC).
Efectos de la posesión: presunciones posesorias
El Código Civil establece presunciones legales que favorecen al poseedor. El artículo 448 CC dispone que el poseedor en concepto de dueño tiene a su favor la presunción legal de que posee con justo título, y no se le puede obligar a exhibirlo. El artículo 450 CC establece que cada uno de los partícipes de una cosa que se poseía en común se entenderá que ha poseído exclusivamente la parte que al dividirse le cupiere durante todo el tiempo que duró la indivisión, y que la interrupción en la posesión de la totalidad o parte de la cosa poseída en común perjudicará por igual a todos los partícipes. El artículo 459 CC presume que el poseedor actual que acredite su posesión en época anterior ha poseído también durante el tiempo intermedio, mientras no se pruebe lo contrario, lo que favorece la continuidad necesaria para consumar la usucapión. Respecto de los bienes muebles, el artículo 464 CC dispone que la posesión de los bienes muebles, adquirida de buena fe, equivale al título; sin embargo, quien hubiese perdido una cosa mueble o hubiese sido privado de ella ilegalmente podrá reivindicarla de quien la posea, con reglas específicas si se adquirió en venta pública (reembolso del precio) o en Bolsa, feria, mercado o de comerciante establecido (Código de Comercio).
Liquidación del estado posesorio: frutos, gastos y mejoras
Cuando se pone fin a una situación posesoria (típicamente al estimarse una acción reivindicatoria), los artículos 451 a 458 del Código Civil regulan la liquidación del estado posesorio. Frutos: el poseedor de buena fe hace suyos los percibidos mientras no sea interrumpida legalmente la posesión (art. 451); los naturales e industriales se entienden percibidos desde que se alzan o separan, y los civiles día por día (art. 452); el de mala fe abona los percibidos y los que el legítimo poseedor hubiera podido percibir (art. 455). Gastos: los necesarios se abonan a todo poseedor, pero solo el de buena fe puede retener la cosa hasta que se le satisfagan; los útiles se abonan al poseedor de buena fe con el mismo derecho de retención, pudiendo el que haya vencido en su posesión optar entre satisfacer el importe de los gastos o abonar el aumento de valor que por ellos haya adquirido la cosa (art. 453); los de puro lujo o mero recreo no se abonan al poseedor de buena fe, que podrá llevarse los adornos con que hubiese embellecido la cosa principal si no sufriese detrimento y no optare el que recobra por abonar su importe (art. 454); el poseedor de mala fe solo tiene derecho al reintegro de los gastos necesarios (art. 455). Pérdida o deterioro: art. 457 CC.
Pérdida de la posesión
El artículo 460 del Código Civil enumera las causas de pérdida de la posesión: 1.º el abandono de la cosa; 2.º la cesión hecha a otro por título oneroso o gratuito; 3.º la destrucción o pérdida total de la cosa, o quedar esta fuera del comercio; y 4.º la posesión de otro, aun contra la voluntad del antiguo poseedor, si la nueva posesión hubiese durado más de un año. Este último supuesto implica que, transcurrido un año desde el despojo sin recuperar la posesión, se entiende perdida, sin perjuicio de que el propietario conserve su acción reivindicatoria y de las reglas de la usucapión a favor del nuevo poseedor. Además, la posesión de las cosas muebles no se entiende perdida mientras se hallen bajo el poder del poseedor, aunque este ignore accidentalmente su paradero (art. 465 CC), y quien recobra conforme a derecho la posesión indebidamente perdida se entiende, para los efectos legales, que la ha disfrutado sin interrupción (art. 466 CC).
Tutela sumaria de la posesión: los interdictos
El artículo 446 del Código Civil proclama que todo poseedor tiene derecho a ser respetado en su posesión y que, si fuere inquietado en ella, deberá ser amparado o restituido por los medios que las leyes de procedimiento establecen. Estos medios son los antiguos interdictos, hoy reconducidos por la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil al juicio verbal de tutela sumaria de la tenencia o de la posesión, regulado en el artículo 250.1.4.º LEC, que permite a quien haya sido despojado o perturbado en su disfrute pedir la recuperación o el amparo sin discutir la titularidad del derecho, sino únicamente el hecho posesorio anterior y el acto de despojo o perturbación. No se admiten las demandas que pretendan retener o recobrar la posesión si se interponen transcurrido un año a contar desde el acto de la perturbación o despojo (art. 439.1 LEC). Se trata de un proceso sumario, de cognición limitada, cuya sentencia no produce efectos de cosa juzgada material (art. 447.2 LEC), quedando abierta la vía del proceso declarativo ordinario (reivindicatoria, declarativa de dominio) para discutir la titularidad. Cuando el titular de un derecho real está inscrito, puede acudir además al procedimiento del art. 250.1.7.º LEC y art. 41 LH.
Concepto y caracteres del usufructo
El artículo 467 del Código Civil define el usufructo como el derecho a disfrutar los bienes ajenos con la obligación de conservar su forma y sustancia, a no ser que el título de su constitución o la ley autoricen otra cosa. Es el derecho real limitado de goce más amplio: confiere al usufructuario casi todas las facultades de uso y disfrute, dejando al propietario (nudo propietario) la facultad de disposición y la expectativa de recuperar la plenitud del dominio al extinguirse el usufructo, por el principio de elasticidad del dominio. Su carácter esencial es la temporalidad: el usufructo constituido a favor de personas jurídicas no puede exceder de treinta años (art. 515 CC), y el constituido a favor de personas físicas dura, como máximo, hasta su muerte. Es intransmisible mortis causa (se extingue con la muerte del usufructuario), aunque el usufructuario puede disfrutar por sí mismo la cosa, arrendarla y enajenar su derecho de usufructo, incluso a título gratuito (art. 480 CC). El usufructo puede recaer sobre bienes y también sobre derechos que no sean personalísimos ni intransmisibles (art. 469 CC). Los derechos y obligaciones del usufructuario son los que determine el título constitutivo y, en su defecto, las normas del CC (art. 470 CC).
Constitución del usufructo
El artículo 468 del Código Civil enumera las fuentes de constitución del usufructo: la ley, la voluntad de los particulares manifestada en actos entre vivos o en última voluntad, y la prescripción. El usufructo legal más relevante es el del cónyuge viudo sobre parte de la herencia del premuerto, en concurrencia con los herederos forzosos (arts. 834 y ss. CC). El usufructo voluntario puede constituirse por acto inter vivos (donación del usufructo con reserva de la nuda propiedad, o a la inversa; venta separada) o por disposición testamentaria (legado de usufructo). Puede también constituirse por usucapión, conforme a los artículos 1930 y siguientes CC. El art. 469 CC permite constituir el usufructo sobre todo o parte de los frutos de la cosa, a favor de una o varias personas, simultánea o sucesivamente, desde o hasta cierto día, puramente o bajo condición; los usufructos sucesivos están limitados a favor de personas existentes al tiempo de constituirse, por las normas sobre sustituciones fideicomisarias.
Derechos del usufructuario
El usufructuario ostenta, como núcleo de su derecho, la facultad de percibir todos los frutos naturales, industriales y civiles de la cosa usufructuada (art. 471 CC), con reglas minuciosas sobre los frutos pendientes al iniciarse y al terminar el usufructo (arts. 472 a 474 CC). Tiene derecho a disfrutar del aumento que reciba por accesión la cosa usufructuada, de las servidumbres a su favor y, en general, de todos los beneficios inherentes a ella (art. 479 CC). Puede aprovechar por sí mismo el usufructo, arrendarlo y ceder su derecho a título oneroso o gratuito (art. 480 CC), si bien todos los contratos que celebre como usufructuario se resolverán al fin del usufructo, salvo el arrendamiento de fincas rústicas, que se considera subsistente durante el año agrícola en curso. Puede hacer en los bienes las mejoras útiles o de puro recreo que tenga por conveniente, siempre que no altere su forma o sustancia, sin derecho a indemnización, pudiendo retirarlas si es posible sin detrimento (art. 487 CC). Respecto de las cargas, el usufructuario debe hacer las reparaciones ordinarias que necesite la cosa (art. 500 CC), las extraordinarias son de cuenta del propietario (art. 501 CC), y el pago de las cargas y contribuciones anuales y el de las que se consideren gravámenes de los frutos corresponde al usufructuario todo el tiempo que el usufructo dure (art. 504 CC).
Obligaciones del usufructuario: inventario y fianza
Antes de entrar en la posesión de los bienes, el artículo 491 del Código Civil obliga al usufructuario a formar, con citación del propietario o de su legítimo representante, inventario de todos ellos, tasando los muebles y describiendo el estado en que se hallen los inmuebles, y a prestar fianza, comprometiéndose a cumplir las obligaciones que le correspondan. Estas obligaciones protegen al nudo propietario frente al riesgo de deterioro, ocultación o disposición indebida de los bienes. No obstante, el usufructuario, cualquiera que sea el título del usufructo, puede ser dispensado de inventariar o de prestar fianza cuando de ello no resulte perjuicio a nadie, y el Código exceptúa de la fianza a determinados usufructuarios, como el vendedor o donante que se hubiese reservado el usufructo de los bienes vendidos o donados (arts. 492 y siguientes CC). Si el usufructuario no presta la fianza exigida, el propietario puede adoptar las medidas de garantía legalmente previstas para los distintos tipos de bienes (puesta en administración de los inmuebles, depósito o venta de los muebles, etc., arts. 494 y 495 CC).
Extinción del usufructo
El artículo 513 del Código Civil enumera las causas de extinción del usufructo: por muerte del usufructuario (salvo pacto de duración inferior o previsión de usufructos sucesivos válidamente constituidos); por expirar el plazo por el que se constituyó, o cumplirse la condición resolutoria consignada en el título constitutivo; por la reunión del usufructo y la propiedad en una misma persona (consolidación); por la renuncia del usufructuario; por la pérdida total de la cosa objeto del usufructo, si bien si la pérdida fuere parcial, continuará el usufructo en la parte restante; por la resolución del derecho del constituyente, cuando este resulte a su vez de un derecho revocable o resoluble; y por prescripción, cuando el usufructuario deja de ejercitar su derecho durante el plazo legalmente exigido para la prescripción extintiva de los derechos reales. Extinguido el usufructo por cualquiera de estas causas, se produce automáticamente, en virtud del principio de elasticidad del dominio, la consolidación de la plena propiedad en el nudo propietario, sin necesidad de ningún acto adicional de transmisión, debiendo el usufructuario restituir los bienes al propietario en el estado en que se encuentren, sin más responsabilidad que la derivada de su dolo o negligencia.
El cuasiusufructo
El artículo 482 del Código Civil regula el cuasiusufructo, que se produce cuando el usufructo comprende cosas que no se pueden usar sin consumirlas (dinero, granos, bebidas). El usufructuario tiene derecho a servirse de ellas con la obligación de pagar al terminar el usufructo el importe de su avalúo, si se hubiesen dado estimadas, o de restituirlas en igual cantidad y calidad, si no se hubiesen estimado. Se distingue del usufructo de cosas deteriorables por el uso (art. 481 CC), en el que el usufructuario puede servirse de ellas según su destino y solo debe restituirlas en el estado en que se encuentren, con la obligación de indemnizar el menoscabo causado por dolo o negligencia. En el cuasiusufructo el usufructuario no está sujeto a la obligación de conservar la forma y sustancia, adquiere la propiedad de las cosas consumibles y asume una obligación de restitución de género, razón por la que un sector doctrinal discute si es un verdadero derecho real.
Concepto y caracteres de la servidumbre
El artículo 530 del Código Civil define la servidumbre como el gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño. De esta definición se extraen sus caracteres esenciales: es un derecho real que recae necesariamente sobre bienes inmuebles (no cabe servidumbre sobre muebles); presupone la existencia de dos fincas, el predio dominante (el que se beneficia del gravamen) y el predio sirviente (el que lo soporta), que deben pertenecer a distintos dueños, pues nadie puede tener una servidumbre sobre finca propia (nemini res sua servit); y su contenido consiste en la imposición al predio sirviente de una limitación en beneficio del predio dominante, que puede consistir en tolerar que el propietario del predio dominante realice determinados actos sobre el sirviente (servidumbres positivas, como la de paso) o en abstenerse de realizar en el predio sirviente algo que, de no existir la servidumbre, su dueño podría legítimamente hacer (servidumbres negativas, como la de no elevar más de cierta altura una construcción). Las servidumbres son indivisibles (artículo 535 CC): si el predio sirviente se divide entre varios, cada uno de los nuevos dueños debe tolerar la servidumbre en la parte que le corresponda.
Clases de servidumbres: continuas y discontinuas, aparentes y no aparentes
El artículo 532 del Código Civil clasifica las servidumbres en continuas y discontinuas, aparentes y no aparentes. Son continuas aquellas cuyo uso es o puede ser incesante, sin la intervención de ningún hecho del hombre (desagüe, vistas); discontinuas las que se usan a intervalos más o menos largos y dependen de actos del hombre (paso). Son aparentes las que se anuncian y están continuamente a la vista por signos exteriores que revelan su uso y aprovechamiento (una ventana abierta, una puerta), y no aparentes las que no presentan indicio exterior de su existencia (prohibición de edificar a cierta altura). El artículo 533 CC añade la clasificación en positivas (imponen al dueño del predio sirviente la obligación de dejar hacer alguna cosa o de hacerla por sí mismo) y negativas (prohíben al dueño del predio sirviente hacer algo que le sería lícito sin la servidumbre). Las clasificaciones son combinables. La distinción continua/aparente es determinante para la usucapión: las servidumbres continuas y aparentes se adquieren por título o por prescripción de veinte años (art. 537 CC); las continuas no aparentes y las discontinuas, sean o no aparentes, solo pueden adquirirse en virtud de título (art. 539 CC), cuya falta solo puede suplirse por escritura de reconocimiento del dueño del predio sirviente o por sentencia firme (art. 540 CC).
Servidumbres legales y voluntarias
El artículo 536 del Código Civil dispone que las servidumbres se establecen por la ley o por la voluntad de los propietarios: la primera se llama legal y la segunda voluntaria. Las servidumbres legales son las establecidas por la ley, bien en interés de los particulares (servidumbre de paso a favor de finca enclavada, de aguas, de medianería, de luces y vistas, de desagüe), bien por causa de utilidad pública o comunal (las de acueducto, de líneas eléctricas o de telecomunicaciones se rigen por su legislación sectorial). Las servidumbres legales de interés particular pueden modificarse por convenio de los interesados cuando no lo prohíba la ley ni resulte perjuicio a tercero. Las servidumbres voluntarias son las establecidas por la voluntad de los propietarios mediante título (contrato, testamento), se rigen primordialmente por el título constitutivo y supletoriamente por el Código Civil, y pueden establecerse con la amplitud que convenga a los propietarios, siempre que no contravengan las leyes ni el orden público (art. 594 CC).
Constitución de las servidumbres
Las servidumbres pueden constituirse por título: negocio entre los propietarios de los predios afectados (contrato, testamento) o resolución judicial o administrativa en las legales. Las servidumbres continuas y aparentes se adquieren por título o por prescripción de veinte años (art. 537 CC), mediante posesión pública, pacífica e ininterrumpida. Las continuas no aparentes y las discontinuas, sean o no aparentes, solo pueden adquirirse en virtud de título (art. 539 CC), y la ausencia de título solo puede suplirse por escritura de reconocimiento del dueño del predio sirviente o sentencia firme (art. 540 CC). El artículo 541 CC regula la constitución por signo aparente: la existencia de un signo aparente de servidumbre entre dos fincas, establecido por el propietario de ambas, se considerará, si se enajenare una, como título para que la servidumbre continúe activa y pasivamente, salvo que, al tiempo de separarse la propiedad de las dos fincas, se exprese lo contrario en el título de enajenación o se haga desaparecer el signo antes del otorgamiento de la escritura. La servidumbre exige inscripción registral para perjudicar a terceros adquirentes de buena fe (art. 32 LH).
La servidumbre de paso: régimen legal
La servidumbre legal de paso, regulada en los artículos 564 y siguientes del Código Civil, es la servidumbre legal más relevante en la práctica. El propietario de una finca o heredad enclavada entre otras ajenas y sin salida a camino público tiene derecho a exigir paso por las heredades vecinas, previa la correspondiente indemnización (art. 564 CC), derecho que se extiende, según el propio precepto, a quien tuviese una salida insuficiente. Cuando se constituye con carácter permanente, la indemnización consiste en el valor del terreno que se ocupe y en el importe de los perjuicios que se causen al predio sirviente; si el paso es solo temporal o limitado, se indemnizan únicamente los perjuicios ocasionados. El paso debe darse por el punto menos perjudicial al predio sirviente y, en cuanto sea compatible con esta regla, por donde sea menor la distancia al camino público; su anchura será la que baste a las necesidades del predio dominante. Si una finca resulta enclavada por venta, permuta o partición, el vendedor, permutante o copartícipe están obligados a dar paso sin indemnización, salvo pacto en contrario (art. 568 CC). Si el paso deja de ser necesario porque el dueño adquiere otra finca contigua a camino público, el dueño del predio sirviente puede pedir la extinción, devolviendo lo recibido por indemnización.
Extinción de las servidumbres
El artículo 546 del Código Civil enumera las causas de extinción de las servidumbres: por reunirse en una misma persona la propiedad del predio dominante y la del sirviente (consolidación); por el no uso durante veinte años, plazo que se cuenta desde el día en que dejó de usarse la servidumbre respecto de las discontinuas, o desde que tuvo lugar un acto contrario a la servidumbre respecto de las continuas; por hacerse imposible el uso de la servidumbre a consecuencia del estado de los predios, aunque la servidumbre revivirá si después dejan de existir los inconvenientes que impidieran su uso, a no ser que haya transcurrido tiempo suficiente para la prescripción; por llegar el día o realizarse la condición, si la servidumbre fuere temporal o condicional; por la renuncia del dueño del predio dominante; y por la redención convenida entre el dueño del predio dominante y el del sirviente. A estas causas específicas se añade, con carácter general, la pérdida total de cualquiera de las dos fincas (dominante o sirviente), conforme a las reglas generales de extinción de los derechos reales por pérdida de su objeto.
Concepto de comunidad de bienes (art. 392 CC)
El artículo 392 del Código Civil define la comunidad de bienes estableciendo que hay comunidad cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece pro indiviso a varias personas, añadiendo que, a falta de contratos o de disposiciones especiales, la comunidad se regirá por las prescripciones de este título (el Título III del Libro II, artículos 392 a 406 CC). Se trata, por tanto, de una situación de cotitularidad sobre un mismo derecho (normalmente el de propiedad, aunque también cabe comunidad sobre otros derechos reales, como un usufructo con varios cousufructuarios), en la que cada comunero no es propietario de una parte físicamente determinada de la cosa común, sino de una cuota ideal o abstracta sobre la totalidad de ella (pro indiviso), que le permite ejercer sobre el conjunto de la cosa las facultades dominicales correspondientes a esa proporción. La comunidad de bienes regulada en el artículo 392 CC tiene carácter supletorio, aplicándose únicamente en defecto de un régimen contractual específico pactado por los comuneros (como el de una sociedad civil, si concurren sus elementos) o de una regulación legal especial (como la de la sociedad de gananciales o la de la propiedad horizontal, que no se rigen por estas normas generales).
Comunidad romana frente a comunidad germánica
La doctrina distingue dos grandes modelos históricos y conceptuales de comunidad. La comunidad de tipo romano, que es la acogida por el Código Civil español en el artículo 392 y siguientes, se caracteriza por la existencia de cuotas ideales y abstractas sobre la totalidad de la cosa común, atribuidas a cada comunero, que puede disponer libremente de su propia cuota (enajenarla, gravarla, cederla) sin necesidad del consentimiento de los demás, y que tiene derecho a pedir en cualquier momento la división de la cosa común, no estando obligado a permanecer en la indivisión (artículo 400 CC). La comunidad de tipo germánico o en mano común, en cambio, propia de figuras como la sociedad de gananciales o la comunidad hereditaria antes de la partición, se caracteriza por la ausencia de cuotas individualizadas sobre bienes concretos mientras dura la situación de comunidad: los comuneros son cotitulares de un patrimonio colectivo considerado como un todo, sin que ninguno de ellos pueda disponer aisladamente de una parte alícuota de un bien concreto integrado en ese patrimonio, y sin que exista, en principio, un derecho individual a pedir la división mientras subsista el vínculo que da origen a la comunidad (el matrimonio, la situación de herencia yacente).
Cuotas de los comuneros y presunción de igualdad
El artículo 393 del Código Civil regula el concepto de cuota en la comunidad de bienes, estableciendo en su párrafo primero que el concurso de los partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas, será proporcional a sus respectivas cuotas. El párrafo segundo del mismo precepto introduce una presunción de gran importancia práctica ante la frecuente falta de determinación expresa de las cuotas: se presumirán iguales, mientras no se pruebe lo contrario, las porciones correspondientes a los partícipes en la comunidad. Esta presunción de igualdad de cuotas, de carácter iuris tantum, opera como regla de cierre cuando el título constitutivo de la comunidad (contrato, testamento, disposición legal) no establece expresamente cuotas desiguales entre los comuneros; corresponde a quien alegue una cuota distinta de la igualitaria la carga de probarlo. La cuota de cada comunero determina no solo su participación en los beneficios y frutos de la cosa común y en las cargas y gastos que esta genere, sino también su capacidad de influencia en la formación de la voluntad mayoritaria de la comunidad para los acuerdos de administración, conforme al sistema de mayorías computadas por cuotas que establece el artículo 398 CC.
Derechos y obligaciones de los comuneros: uso, gastos y mejoras
El artículo 394 del Código Civil reconoce a cada partícipe el derecho a servirse de las cosas comunes, siempre que disponga de ellas conforme a su destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad ni impida a los copartícipes utilizarlas según su derecho. El artículo 395 CC permite a todo copropietario obligar a los demás a contribuir a los gastos de conservación de la cosa o derecho común, proporcionalmente a su cuota, y solo se exime de esta obligación el que renuncie a la parte que le pertenece en el dominio. En cuanto a las alteraciones, el artículo 397 CC exige el consentimiento de todos los condueños para hacer alteraciones en la cosa común, aunque de ellas pudieran resultar ventajas para todos; es una regla mucho más exigente que la de mayoría prevista para los actos de administración, por la mayor intensidad de la afectación. Por su parte, el artículo 399 CC reconoce a cada condueño la plena propiedad de su parte y de los frutos y utilidades que le correspondan, pudiendo enajenarla, cederla o hipotecarla, aunque el efecto de la enajenación o hipoteca se limita a la porción que se le adjudique en la división al cesar la comunidad.
El retracto de comuneros
El artículo 1522 del Código Civil, ubicado en sede de compraventa, reconoce a los copropietarios de una cosa común el derecho de retracto cuando se vendiere a un extraño la parte de todos los demás condueños o de alguno de ellos. El retracto legal es el derecho de subrogarse, con las mismas condiciones estipuladas en el contrato, en lugar del que adquiere una cosa por compra o dación en pago (art. 1521 CC). Cuando dos o más copropietarios quieran usar del retracto, solo podrán hacerlo a prorrata de la porción que tengan en la cosa común. Finalidad: favorecer la extinción de la comunidad y evitar la entrada de extraños. El plazo para su ejercicio es de nueve días, contados desde la inscripción en el Registro de la Propiedad y, en su defecto, desde que el retrayente hubiera tenido conocimiento de la venta (art. 1524 CC). El retrayente debe reembolsar al comprador el precio de la venta y los gastos legítimos, y la jurisprudencia exige la consignación del precio. El derecho no procede si la venta se hace a otro comunero, y el comprador extraño debe haber adquirido por compraventa o dación en pago; la permuta o la donación no dan lugar a retracto.
Administración de la cosa común
El artículo 398 del Código Civil dispone que, para la administración y mejor disfrute de la cosa común, serán obligatorios los acuerdos de la mayoría de los partícipes, y que no habrá mayoría sino cuando el acuerdo esté tomado por los partícipes que representen la mayor cantidad de los intereses que constituyan el objeto de la comunidad: una mayoría de intereses (por cuotas), no de cabezas. Si no resultare mayoría, o el acuerdo de esta fuere gravemente perjudicial a los interesados, el Juez proveerá, a instancia de parte, lo que corresponda, incluso nombrar un administrador. Esta regla se limita a la administración y disfrute: las alteraciones requieren unanimidad (art. 397 CC) y los actos de disposición de la propia cuota son libres (art. 399 CC). Cada comunero puede ejercitar acciones en beneficio de la comunidad (por ejemplo, la reivindicatoria o las de defensa frente a terceros), doctrina jurisprudencial que se admite por entenderse que el copropietario actúa en interés de todos.
División de la cosa común: acción de división
El artículo 400 del Código Civil consagra una nota de la comunidad de tipo romano: ningún copropietario estará obligado a permanecer en la comunidad, pudiendo cada uno pedir en cualquier tiempo que se divida la cosa común. La acción de división es imprescriptible mientras subsista la comunidad. Es válido el pacto de conservar la cosa indivisa por tiempo determinado, que no exceda de diez años, prorrogable por nueva convención (art. 400.2 CC). Según el artículo 401 CC, los copropietarios no podrán exigir la división cuando de hacerla resulte inservible la cosa para el uso a que se destina. Si la cosa fuere esencialmente indivisible y los condueños no conviniesen en que se adjudique a uno de ellos indemnizando a los demás, se venderá y repartirá su precio (art. 404 CC). Los acreedores o cesionarios de los partícipes pueden concurrir a la división y oponerse a la que se haga sin su concurso (art. 403 CC). Fiscalmente, la división de la cosa común realizada de forma proporcional a las cuotas no se considera transmisión, pero los excesos de adjudicación sí tributan.
Extinción de la comunidad de bienes
El artículo 406 del Código Civil dispone que serán aplicables a la división entre los partícipes en la comunidad las reglas concernientes a la división de la herencia (arts. 1051 y siguientes CC), de modo que el régimen de la partición de comunidades ordinarias se aproxima al de la partición hereditaria: formación de lotes proporcionales a las cuotas, adjudicación y saneamiento por evicción. La división puede ser voluntaria o judicial cuando no hay acuerdo, aplicándose analógicamente los procedimientos de la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre división judicial de patrimonios. La comunidad puede extinguirse también por la reunión de todas las cuotas en una sola persona (por ejemplo, compra de las cuotas por un comunero o retracto), por la pérdida o destrucción total de la cosa común, o por renuncia de todos los comuneros menos uno. Un supuesto especial de extinción es la enajenación de la cosa común por acuerdo unánime de los comuneros o por subasta cuando la cosa es indivisible.
Relevancia tributaria de posesión, usufructo y comunidad
En el IBI (Real Decreto Legislativo 2/2004, Ley Reguladora de las Haciendas Locales), constituye hecho imponible la titularidad de una concesión administrativa, de un derecho real de superficie, de un derecho real de usufructo o del derecho de propiedad, y los sujetos pasivos se determinan por ese orden de prelación (art. 61). La valoración del usufructo a efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones sigue las reglas del art. 26 de la Ley 29/1987: el usufructo temporal se valora a razón del 2 % por cada año, sin exceder del 70 %; el vitalicio, al 70 % del valor total si el usufructuario tiene menos de veinte años, minorándose un 1 % por cada año más con un mínimo del 10 %. En las comunidades de bienes, la LGT les atribuye la condición de obligados tributarios (art. 35.4 LGT). La atribución de rentas a los comuneros en el IRPF se hace según su cuota de participación (art. 8.3 LIRPF).
Cuadro comparativo: comunidad romana, comunidad germánica y propiedad horizontal
Comunidad romana (arts. 392 y ss. CC): cuotas ideales, libre disposición de la cuota, acción de división en cualquier momento (art. 400). Comunidad germánica o en mano común (gananciales, herencia indivisa): sin cuotas sobre bienes concretos, sin derecho a pedir la división mientras dure el vínculo. Propiedad horizontal (Ley 49/1960): propiedad separada de los elementos privativos y copropiedad forzosa e indivisible de los comunes, con cuotas de participación; no se aplica a ella la acción de división del art. 400. Servidumbre: derecho real sobre finca ajena; usufructo: derecho real sobre bienes o derechos ajenos; posesión: poder de hecho protegido.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Art. 430 CC distingue posesión natural (mera tenencia) de posesión civil (tenencia + intención de hacer la cosa propia).
Solo la posesión en concepto de dueño (art. 432 CC) es apta para usucapir; la posesión en concepto distinto (arrendatario, depositario) nunca lleva a usucapión salvo interversión del concepto posesorio.
Buena fe posesoria (art. 433 CC): ignorar el vicio del título; se presume (art. 434). El poseedor de buena fe hace suyos los frutos percibidos hasta la interrupción legal (art. 451); el de mala fe debe abonarlos y los que pudo percibir (art. 455). La pérdida o deterioro: el de buena fe responde solo hasta su enriquecimiento; el de mala fe, en todo caso (art. 457).
Gastos necesarios: se abonan a todo poseedor, con derecho de retención solo para el de buena fe (art. 453 CC). Gastos útiles: al de buena fe, con retención; el vencedor opta entre el importe del gasto o el aumento de valor. Gastos de lujo: no se abonan, pero el de buena fe puede llevarse los adornos sin detrimento (art. 454).
Art. 460.4º CC: se pierde la posesión por la posesión de otro durante más de un año, aun contra la voluntad del antiguo poseedor.
Los interdictos posesorios hoy se canalizan por el juicio verbal de tutela sumaria de la posesión (art. 250.1.4º LEC); no prejuzgan la titularidad del derecho (no hay cosa juzgada material sobre el fondo).
Art. 467 CC: el usufructo obliga a conservar forma y sustancia, salvo que el título o la ley digan otra cosa (excepción clave: el cuasiusufructo del art. 482 CC sobre bienes consumibles).
Duración máxima del usufructo (art. 515 CC): 30 años si el usufructuario es persona jurídica; vitalicio como máximo si es persona física.
El usufructo es intransmisible mortis causa (se extingue con la muerte del usufructuario) pero sí cedible inter vivos (art. 480 CC).
Antes de entrar en el goce, el usufructuario debe hacer inventario y prestar fianza (art. 491 CC), pudiendo ser dispensado cuando no resulte perjuicio a nadie (art. 492 CC); el vendedor o donante que se reserva el usufructo está exceptuado de la fianza.
Art. 513 CC: causas de extinción del usufructo (muerte, expiración del plazo, consolidación, renuncia, pérdida total de la cosa, resolución del derecho del constituyente, prescripción).
Art. 530 CC: la servidumbre exige necesariamente dos fincas de distinto dueño (nemini res sua servit); recae siempre sobre inmuebles.
Distinguir continuas/discontinuas y aparentes/no aparentes (art. 532 CC, ambas clasificaciones) de positivas/negativas (art. 533 CC). Las clasificaciones son combinables.
Solo las servidumbres continuas Y aparentes pueden adquirirse por usucapión (20 años, art. 537 CC); las discontinuas o no aparentes exigen siempre título, sin que quepa ni la posesión inmemorial (art. 539 CC).
Servidumbre de paso (arts. 564 y ss. CC): exige indemnización previa; si es permanente, valor del terreno ocupado más perjuicios; si es temporal, solo perjuicios; sin indemnización si la finca queda enclavada por venta, permuta o partición (art. 568).
Art. 546 CC: el no uso extingue la servidumbre a los 20 años (plazo distinto del de usucapión ordinaria de bienes muebles/inmuebles).
Art. 392 CC: la comunidad de bienes es pro indiviso, con cuota ideal abstracta sobre el todo (comunidad romana), a diferencia de la comunidad germánica en mano común (gananciales, herencia yacente) sin cuotas individualizadas ni derecho a pedir la división mientras dure el vínculo.
Art. 393 CC: presunción iuris tantum de igualdad de cuotas entre comuneros si no se prueba otra cosa.
Art. 397 CC exige unanimidad para alterar la cosa común; art. 398 CC solo exige mayoría de intereses (por cuotas, no por cabezas) para actos de administración y disfrute.
Art. 400 CC: acción de división imprescriptible; el pacto de indivisión no puede exceder de 10 años (aunque es prorrogable).
Retracto de comuneros (art. 1522 CC): nueve días desde la inscripción en el Registro y, en su defecto, desde que el retrayente tuvo conocimiento de la venta (art. 1524 CC); si hay varios retrayentes, a prorrata de sus cuotas.
Art. 447 CC: solo la posesión en concepto de dueño sirve de título para adquirir el dominio. Art. 445 CC: orden de preferencia en la contienda posesoria (poseedor actual, más antiguo, con título, depósito judicial).
Art. 464 CC: la posesión de bienes muebles adquirida de buena fe equivale al título (con excepción de lo perdido o sustraído ilegalmente).
Art. 439.1 LEC: la demanda de tutela sumaria de la posesión debe interponerse dentro del año desde el acto de perturbación o despojo.
Arts. 500-504 CC: reparaciones ordinarias y cargas anuales del usufructo, a cargo del usufructuario; extraordinarias, del propietario.
Art. 481 CC (cosas deteriorables, se devuelven en el estado en que estén) frente a art. 482 CC (cuasiusufructo: consumibles, se devuelve igual cantidad y calidad o su avalúo).
Art. 399 CC: libre disposición de la cuota por cada comunero; art. 404 CC: cosa indivisible, adjudicación con indemnización o venta y reparto del precio.
10 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 100 aciertos
Las servidumbres continuas y aparentes pueden adquirirse por prescripción en el plazo de:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 4 de Hacienda (AEAT)?
Este tema reúne cuatro instituciones del Libro II del Código Civil que comparten protagonismo en el examen por su elevada casuística: la posesión (situación de hecho protegida jurídicamente, distinta de la propiedad), y tres derechos reales limitados de goce muy preguntados —usufructo, servidumbre y comunidad de bienes—, esta última a caballo entre el derecho real de propiedad compartida y una situación jurídica que genera reglas propias de gestión y extinción. La clave para rendir bien en test es no confundir los conceptos entre sí (posesión con propiedad, comunidad romana con comunidad germánica, servidumbres continuas con discontinuas) y fijar bien los plazos y mayorías legalmente exigidos en cada institución.
¿Qué hay que memorizar del Tema 4 para el examen?
Art. 430 CC distingue posesión natural (mera tenencia) de posesión civil (tenencia + intención de hacer la cosa propia). Solo la posesión en concepto de dueño (art. 432 CC) es apta para usucapir; la posesión en concepto distinto (arrendatario, depositario) nunca lleva a usucapión salvo interversión del concepto posesorio. Buena fe posesoria (art. 433 CC): ignorar el vicio del título; se presume (art. 434). El poseedor de buena fe hace suyos los frutos percibidos hasta la interrupción legal (art. 451); el de mala fe debe abonarlos y los que pudo percibir (art. 455). La pérdida o deterioro: el de buena fe responde solo hasta su enriquecimiento; el de mala fe, en todo caso (art. 457). Gastos necesarios: se abonan a todo poseedor, con derecho de retención solo para el de buena fe (art. 453 CC). Gastos útiles: al de buena fe, con retención; el vencedor opta entre el importe del gasto o el aumento de valor. Gastos de lujo: no se abonan, pero el de buena fe puede llevarse los adornos sin detrimento (art. 454). Art. 460.4º CC: se pierde la posesión por la posesión de otro durante más de un año, aun contra la voluntad del antiguo poseedor. Los interdictos posesorios hoy se canalizan por el juicio verbal de tutela sumaria de la posesión (art. 250.1.4º LEC); no prejuzgan la titularidad del derecho (no hay cosa juzgada material sobre el fondo). Art. 467 CC: el usufructo obliga a conservar forma y sustancia, salvo que el título o la ley digan otra cosa (excepción clave: el cuasiusufructo del art. 482 CC sobre bienes consumibles). Duración máxima del usufructo (art. 515 CC): 30 años si el usufructuario es persona jurídica; vitalicio como máximo si es persona física. El usufructo es intransmisible mortis causa (se extingue con la muerte del usufructuario) pero sí cedible inter vivos (art. 480 CC). Antes de entrar en el goce, el usufructuario debe hacer inventario y prestar fianza (art. 491 CC), pudiendo ser dispensado cuando no resulte perjuicio a nadie (art. 492 CC); el vendedor o donante que se reserva el usufructo está exceptuado de la fianza. Art. 513 CC: causas de extinción del usufructo (muerte, expiración del plazo, consolidación, renuncia, pérdida total de la cosa, resolución del derecho del constituyente, prescripción). Art. 530 CC: la servidumbre exige necesariamente dos fincas de distinto dueño (nemini res sua servit); recae siempre sobre inmuebles. Distinguir continuas/discontinuas y aparentes/no aparentes (art. 532 CC, ambas clasificaciones) de positivas/negativas (art. 533 CC). Las clasificaciones son combinables. Solo las servidumbres continuas Y aparentes pueden adquirirse por usucapión (20 años, art. 537 CC); las discontinuas o no aparentes exigen siempre título, sin que quepa ni la posesión inmemorial (art. 539 CC). Servidumbre de paso (arts. 564 y ss. CC): exige indemnización previa; si es permanente, valor del terreno ocupado más perjuicios; si es temporal, solo perjuicios; sin indemnización si la finca queda enclavada por venta, permuta o partición (art. 568). Art. 546 CC: el no uso extingue la servidumbre a los 20 años (plazo distinto del de usucapión ordinaria de bienes muebles/inmuebles). Art. 392 CC: la comunidad de bienes es pro indiviso, con cuota ideal abstracta sobre el todo (comunidad romana), a diferencia de la comunidad germánica en mano común (gananciales, herencia yacente) sin cuotas individualizadas ni derecho a pedir la división mientras dure el vínculo. Art. 393 CC: presunción iuris tantum de igualdad de cuotas entre comuneros si no se prueba otra cosa. Art. 397 CC exige unanimidad para alterar la cosa común; art. 398 CC solo exige mayoría de intereses (por cuotas, no por cabezas) para actos de administración y disfrute. Art. 400 CC: acción de división imprescriptible; el pacto de indivisión no puede exceder de 10 años (aunque es prorrogable). Retracto de comuneros (art. 1522 CC): nueve días desde la inscripción en el Registro y, en su defecto, desde que el retrayente tuvo conocimiento de la venta (art. 1524 CC); si hay varios retrayentes, a prorrata de sus cuotas. Art. 447 CC: solo la posesión en concepto de dueño sirve de título para adquirir el dominio. Art. 445 CC: orden de preferencia en la contienda posesoria (poseedor actual, más antiguo, con título, depósito judicial). Art. 464 CC: la posesión de bienes muebles adquirida de buena fe equivale al título (con excepción de lo perdido o sustraído ilegalmente). Art. 439.1 LEC: la demanda de tutela sumaria de la posesión debe interponerse dentro del año desde el acto de perturbación o despojo. Arts. 500-504 CC: reparaciones ordinarias y cargas anuales del usufructo, a cargo del usufructuario; extraordinarias, del propietario. Art. 481 CC (cosas deteriorables, se devuelven en el estado en que estén) frente a art. 482 CC (cuasiusufructo: consumibles, se devuelve igual cantidad y calidad o su avalúo). Art. 399 CC: libre disposición de la cuota por cada comunero; art. 404 CC: cosa indivisible, adjudicación con indemnización o venta y reparto del precio.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149) (Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna).
Fuentes de este desarrollo
Código Civil, Libro II, Títulos III, V, VI y VII (arts. 392-406, 430-466, 467-522, 530-604) y arts. 1521-1524.
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (arts. 250, 439 y 447).
Decreto de 8 de febrero de 1946 (Ley Hipotecaria, arts. 32 y 41).
Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal.
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (art. 61).
Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (art. 26).
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (art. 35.4).
Mientras tanto, practica con tests gratis de Hacienda (AEAT).