Tema 13. Las sociedades mercantiles: Concepto y clasificación. Requisitos de constitución de las sociedades mercantiles. La sociedad irregular. Nacionalidad de las sociedades. Las sociedades colectivas y comanditarias.
Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, turno libre y promoción interna (666 plazas: 446 libre + 220 promoción interna). Es distinto del temario del Cuerpo de Agentes Tributarios (C1) y del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (A1), que tienen procesos y temarios propios, no cubiertos aquí.
Las sociedades mercantiles son la forma jurídica dominante de organización del empresario social en el tráfico económico moderno, hasta el punto de que las sociedades de capital —que se estudiarán en el tema siguiente— constituyen la inmensa mayoría de las sociedades inscritas en los Registros Mercantiles españoles. Este tema aborda, sin embargo, el sustrato común a todas ellas: qué es una sociedad mercantil, cómo se clasifican, qué requisitos deben cumplirse para su válida constitución y qué ocurre cuando esos requisitos, en particular la inscripción registral, no llegan a cumplirse (la sociedad irregular). Se completa con el estudio de las dos sociedades personalistas por antonomasia, cuya importancia práctica actual es reducida pero cuyo estudio conserva un enorme valor dogmático para comprender categorías que se proyectan sobre el resto del Derecho de sociedades: la sociedad colectiva y la sociedad comanditaria simple.
El tema tiene también relevancia fiscal directa: la calificación de una sociedad como mercantil y su nacionalidad determinan su sujeción al Impuesto sobre Sociedades y las obligaciones registrales y contables asociadas, mientras que el régimen de la sociedad irregular y de las sociedades personalistas plantea cuestiones de imputación de rentas y de responsabilidad tributaria de los socios que enlazan directamente con el Derecho Tributario general.
En el plano normativo conviene tener presente que el Código de Comercio de 1885 sigue regulando el contrato de compañía mercantil y las sociedades personalistas, que la Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010) regula las sociedades anónima, de responsabilidad limitada y comanditaria por acciones, y que las modificaciones estructurales se rigen desde 2023 por el Real Decreto-ley 5/2023, que derogó la Ley 3/2009. Desde la perspectiva tributaria, la residencia en España de una sociedad (art. 8 de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades) y la letra de su NIF dependen de su forma jurídica, lo que hace de este tema una base obligada para el resto del bloque mercantil y fiscal.
La sociedad mercantil puede definirse como la agrupación voluntaria de dos o más personas (con la excepción de las sociedades unipersonales, admitidas para las sociedades de capital) que, mediante un contrato, ponen en común bienes, industria o alguna de estas cosas, con el fin de obtener un lucro y repartirlo entre sí, adoptando para ello una de las formas o tipos societarios previstos por las leyes mercantiles. Frente al concepto genérico de sociedad del art. 1665 del Código Civil, la sociedad es mercantil cuando adopta uno de los tipos regulados por la legislación mercantil (colectiva, comanditaria simple, comanditaria por acciones, anónima o limitada), con independencia de que su objeto sea o no civil, en aplicación del criterio formal u objetivo-formal que ha terminado por imponerse en el Derecho español frente al criterio material u objeto de la actividad. La sociedad mercantil válidamente constituida e inscrita adquiere personalidad jurídica propia, distinta de la de sus socios, lo que le permite ser titular de derechos y obligaciones, actuar en el tráfico en nombre propio y, en el caso de las sociedades de capital, limitar la responsabilidad de los socios al capital aportado, separando el patrimonio social del patrimonio personal de estos.
Fuentes del Derecho de sociedades y carácter mercantil
El Derecho de sociedades se apoya en un sistema de fuentes escalonado. El art. 2 del Código de Comercio ordena las fuentes de los actos de comercio: en primer lugar las disposiciones del propio Código, en su defecto los usos del comercio observados generalmente en cada plaza, y a falta de ambos las reglas del Derecho común. Para las sociedades personalistas rigen los arts. 116 y siguientes y 125 y siguientes del Código de Comercio; para las sociedades de capital, el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), y el Reglamento del Registro Mercantil (Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio). El art. 2 LSC proclama que las sociedades de capital, cualquiera que sea su objeto, tendrán carácter mercantil; el art. 1 LSC las define como las sociedades anónimas, las de responsabilidad limitada y las comanditarias por acciones. Las modificaciones estructurales (transformación, fusión, escisión y cesión global de activo y pasivo) se regulan desde 2023 en el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, que derogó la Ley 3/2009. El Código Civil actúa como Derecho supletorio y rige la sociedad civil (arts. 1665 y siguientes).
El contrato de sociedad: elementos esenciales
El contrato de sociedad, regulado con carácter general en el art. 116 del Código de Comercio para las sociedades mercantiles, presenta unos elementos esenciales comunes a todo tipo social. En primer lugar, la pluralidad de socios (salvo el supuesto excepcional de la sociedad unipersonal, admitido únicamente para las sociedades de capital), que deben aportar bienes, industria o ambas cosas a un fondo común. En segundo lugar, el fin común lucrativo, es decir, la finalidad de obtener ganancias mediante el ejercicio de una actividad económica y de repartirlas entre los socios, elemento que distingue a la sociedad de otras figuras asociativas sin ánimo de lucro (asociaciones, fundaciones). En tercer lugar, la affectio societatis, entendida como la voluntad de los socios de colaborar activamente en la consecución del fin común, asumiendo el riesgo empresarial conjunto, elemento especialmente relevante en las sociedades personalistas y cuya desaparición sobrevenida puede llegar a fundamentar, en determinadas circunstancias, la disolución de este tipo de sociedades. El contrato de sociedad es, por tanto, un contrato plurilateral de organización, en el que las prestaciones de los distintos socios no se intercambian entre sí, sino que se dirigen todas ellas hacia un fin común compartido.
Sociedad mercantil y sociedad civil: diferencias
La sociedad civil (art. 1665 del Código Civil) es el contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria, con ánimo de partir entre sí las ganancias. Sus rasgos diferenciales respecto de la sociedad mercantil son los siguientes. Primero, el criterio de mercantilidad: la sociedad es mercantil si se constituye con arreglo a las disposiciones del Código de Comercio (art. 116 del Código de Comercio) o si adopta una forma de sociedad de capital, mientras que es civil si adopta la forma del Código Civil. Segundo, la forma: la sociedad civil puede constituirse con plena libertad de forma salvo que se aporten bienes inmuebles o derechos reales, en cuyo caso se exige escritura pública, mientras que la mercantil requiere escritura e inscripción. Tercero, la personalidad: según el art. 1669 del Código Civil no tiene personalidad la sociedad cuyos pactos se mantengan secretos entre los socios, y en tal caso rige la comunidad de bienes. Cuarto, la responsabilidad: en la sociedad civil los socios responden de las deudas sociales, y la responsabilidad frente a terceros es mancomunada (art. 1698 del Código Civil), mientras que en la sociedad colectiva es solidaria. Quinto, desde 2016 las sociedades civiles con objeto mercantil son contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, mientras que las civiles sin objeto mercantil tributan en régimen de atribución de rentas.
Clasificación de las sociedades mercantiles: personalistas y capitalistas
La clasificación más relevante de las sociedades mercantiles distingue entre sociedades personalistas y sociedades capitalistas o de capital, atendiendo al elemento que resulta determinante en su configuración interna. En las sociedades personalistas —la sociedad colectiva y la sociedad comanditaria simple—, el elemento preponderante es la persona del socio: sus cualidades personales, su confianza mutua y su intervención directa en la gestión son decisivos, lo que se traduce en la responsabilidad personal, solidaria y subsidiaria de los socios colectivos por las deudas sociales, en la intransmisibilidad de la condición de socio sin consentimiento de los demás, y en la atribución de la gestión, salvo pacto en contrario, a todos los socios colectivos. En las sociedades de capital —anónima, limitada y comanditaria por acciones—, en cambio, el elemento preponderante es la aportación de capital: la responsabilidad de los socios se limita, con carácter general, al capital aportado, la condición de socio es en principio libremente transmisible (con matices según el tipo social concreto), y la gestión se atribuye a órganos de administración diferenciados de la propia condición de socio. Esta summa divisio, aunque presenta figuras intermedias (la sociedad comanditaria por acciones combina elementos de ambos modelos), sigue siendo la clasificación estructural básica del Derecho español de sociedades.
Sociedades de personas: colectiva y comanditaria simple
Dentro de las sociedades personalistas, el Código de Comercio regula dos tipos: la sociedad colectiva, en la que todos los socios (socios colectivos) responden personal, solidaria y subsidiariamente con todo su patrimonio de las deudas sociales, y participan en principio todos ellos en la gestión de la sociedad; y la sociedad comanditaria simple, que se caracteriza por la coexistencia de dos categorías de socios con estatutos jurídicos radicalmente distintos: los socios colectivos, con el mismo régimen de responsabilidad ilimitada y facultades de gestión que en la sociedad colectiva, y los socios comanditarios, cuya responsabilidad queda limitada al capital que se hubieran obligado a aportar y a quienes se excluye, como contrapartida de dicha limitación de responsabilidad, de la gestión y representación de la sociedad. Ambos tipos societarios, de gran importancia histórica y dogmática, tienen en la actualidad una presencia estadística marginal en el tráfico mercantil español, desplazadas por las sociedades de capital como consecuencia, fundamentalmente, de la responsabilidad ilimitada que soportan sus socios colectivos, si bien continúan siendo objeto de regulación vigente en el Código de Comercio y de estudio obligado en el temario de oposiciones por su valor sistemático como modelo originario del Derecho de sociedades mercantiles.
Sociedades de capital: anónima, limitada y comanditaria por acciones
Las sociedades de capital, reguladas de forma unificada en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (RDLeg 1/2010), comprenden tres tipos societarios que comparten como característica común la limitación de la responsabilidad de los socios frente a las deudas sociales, aunque presentan diferencias relevantes en su régimen concreto. La sociedad anónima (S.A.) se caracteriza por tener su capital dividido en acciones, valores negociables que incorporan la condición de socio y que en principio son libremente transmisibles, siendo el tipo social propio de las grandes empresas y el único que permite la cotización en mercados de valores. La sociedad de responsabilidad limitada (S.L.), el tipo social más utilizado en la práctica española por su sencillez y menor coste de constitución, tiene su capital dividido en participaciones sociales, que no tienen la consideración de valores negociables y cuya transmisión está sujeta a mayores restricciones legales y estatutarias que las acciones. La sociedad comanditaria por acciones, de escasísima utilización práctica, combina elementos de la sociedad comanditaria simple y de la sociedad anónima: su capital, dividido en acciones, pertenece a socios colectivos (que responden personalmente de las deudas sociales y a quienes corresponde la administración) y a socios comanditarios (con responsabilidad limitada a su aportación).
Capital mínimo y unipersonalidad en las sociedades de capital
El art. 4 de la Ley de Sociedades de Capital fija el capital mínimo: en la sociedad de responsabilidad limitada, tras la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, el capital social no podrá ser inferior a un euro (antes eran 3.000 euros); si es inferior a 3.000 euros, se aplican cautelas de protección de acreedores, como destinar a reserva legal al menos el 20 por ciento del beneficio hasta que el capital más la reserva alcance 3.000 euros, y la responsabilidad solidaria de los socios por la diferencia si se liquida la sociedad con patrimonio insuficiente. En la sociedad anónima el capital mínimo es de 60.000 euros y debe estar suscrito íntegramente y desembolsado al menos en un 25 por ciento. La sociedad unipersonal es la sociedad de capital cuyo único socio, persona física o jurídica, es titular de todas las participaciones o acciones, o aquella cuyo único socio ha adquirido sobrevenidamente ese carácter (arts. 12 y siguientes LSC); su unipersonalidad debe constar en escritura pública e inscribirse en el Registro Mercantil, y el socio único ejerce las competencias de la junta general, debiendo documentar sus decisiones y los contratos que celebre con la sociedad.
Otros tipos de sociedades y entidades afines
Fuera de los cinco tipos clásicos existen formas especiales cuya regulación conviene identificar. La sociedad laboral (anónima o de responsabilidad limitada) se rige por la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas, y exige que la mayoría del capital sea propiedad de los trabajadores que presten servicios retribuidos de forma personal y directa con relación laboral por tiempo indefinido. La sociedad profesional se regula en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales. Las cooperativas se rigen por la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, sin perjuicio de las leyes autonómicas. La agrupación de interés económico (AIE) se regula en la Ley 12/1991, de 29 de abril, y tiene por objeto facilitar o desarrollar la actividad económica de sus miembros. Las sociedades de garantía recíproca se rigen por la Ley 1/1994, de 11 de marzo. En el ámbito europeo existe la Sociedad Anónima Europea, regulada por el Reglamento (CE) 2157/2001, y la Sociedad Cooperativa Europea, por el Reglamento (CE) 1435/2003. Las uniones temporales de empresas (UTE) y los grupos de sociedades no son sociedades en sentido estricto, sino fórmulas de colaboración empresarial.
Requisitos de constitución: escritura pública
La constitución de cualquier sociedad mercantil exige, como requisito de forma común a todos los tipos societarios, su otorgamiento en escritura pública, exigencia que responde a la relevancia de los intereses en juego (los propios socios, los futuros acreedores sociales, el tráfico mercantil en general) y a la necesidad de garantizar el control de legalidad que corresponde al notario autorizante sobre el contenido del contrato de sociedad y de sus estatutos. Para las sociedades de capital, el Título II de la Ley de Sociedades de Capital (arts. 19 y siguientes) exige expresamente esta escritura pública como paso previo e imprescindible a su inscripción en el Registro Mercantil, debiendo contener, conforme al art. 22 LSC, la identidad de los socios fundadores, la voluntad de constituir una sociedad de un tipo social determinado, las aportaciones que cada socio realice y la numeración de las acciones o participaciones atribuidas a cambio, los estatutos de la sociedad, y la identidad de la persona o personas que se encarguen inicialmente de la administración. Para las sociedades personalistas, el propio Código de Comercio (art. 119: toda compañía, antes de dar principio a sus operaciones, debe hacer constar su constitución, pactos y condiciones en escritura pública que se presentará para su inscripción en el Registro Mercantil) exige igualmente escritura pública que refleje los pactos entre los socios en relación con la razón social, las aportaciones, el régimen de administración y responsabilidad y demás extremos relevantes del contrato social.
La inscripción en el Registro Mercantil: efectos constitutivos y declarativos
La inscripción de la escritura de constitución en el Registro Mercantil tiene, para las sociedades mercantiles, un efecto que la doctrina califica tradicionalmente de constitutivo, en el sentido de que es precisamente dicha inscripción la que determina la adquisición de la personalidad jurídica plena del tipo social elegido, con todos los efectos que le son propios (separación patrimonial, limitación de responsabilidad en su caso, régimen orgánico específico). En las sociedades de capital, el art. 33 LSC dispone que con la inscripción la sociedad adquiere la personalidad jurídica que corresponda al tipo social elegido. La escritura debe presentarse a inscripción en el plazo de dos meses desde su otorgamiento, y transcurrido un año sin solicitarla entra en juego el régimen de la sociedad devenida irregular. Antes de la inscripción, la sociedad puede existir como sociedad en formación (si está en trámite de inscripción) o como sociedad irregular (si no llega nunca a inscribirse), figuras a las que se aplica un régimen especial y más precario que el correspondiente al tipo social definitivamente adquirido tras la inscripción. Este carácter constitutivo de la inscripción, generalmente admitido para las sociedades de capital, presenta matices en las sociedades personalistas, donde un sector doctrinal defiende que la personalidad jurídica puede llegar a reconocerse, con ciertos límites, incluso antes de la inscripción, en virtud del principio de libertad de forma que rige tradicionalmente la contratación mercantil, aunque el régimen de responsabilidad de los socios y de exteriorización frente a terceros de la sociedad no inscrita sigue siendo, en todo caso, considerablemente más gravoso que el de la sociedad plenamente inscrita.
El principio de tipicidad societaria
El principio de tipicidad societaria implica que quienes deseen constituir una sociedad mercantil deben adoptar necesariamente uno de los tipos sociales previstos y regulados por el legislador (colectiva, comanditaria simple, comanditaria por acciones, anónima o limitada), sin que exista una libertad absoluta de configuración de tipos societarios atípicos o mixtos al margen de los legalmente previstos, a diferencia de lo que sucede, con carácter general, en el ámbito de la contratación mercantil, presidida por el principio de libertad de forma y de atipicidad contractual. Esta tipicidad, sin embargo, no es absoluta: dentro de cada tipo social, la autonomía de la voluntad de los socios dispone de un margen considerable para configurar el régimen concreto de la sociedad (a través de los estatutos y, en su caso, de pactos parasociales), siempre dentro de los límites imperativos que cada tipo establece en garantía de terceros y de los propios socios. La justificación de la tipicidad societaria reside en la necesidad de garantizar la seguridad del tráfico mercantil: los terceros que contratan con una sociedad deben poder conocer, por la mera indicación de su tipo social, el régimen básico de responsabilidad de los socios y de funcionamiento de sus órganos, sin necesidad de examinar caso por caso una configuración societaria absolutamente singular y no predecible.
La sociedad en formación: régimen de actos y contratos
La sociedad en formación es aquella que, habiendo otorgado ya la escritura pública de constitución, se encuentra todavía en trámite de inscripción en el Registro Mercantil. La Ley de Sociedades de Capital regula, en sus arts. 36 a 38, el régimen de responsabilidad por los actos y contratos celebrados en nombre de la sociedad durante este periodo intermedio: por regla general, quienes hubiesen actuado en nombre de la sociedad en formación responden solidariamente de los actos y contratos celebrados en nombre de esta, salvo que su eficacia hubiese quedado condicionada a la inscripción y, en su caso, posterior asunción de los mismos por la sociedad ya inscrita. Una vez producida la inscripción, la sociedad queda obligada por aquellos actos y contratos indispensables para su inscripción, los realizados por los administradores dentro de las facultades conferidas en la escritura, y los estipulados en virtud de mandato específico de las personas designadas al efecto por todos los socios, mientras que los demás actos y contratos requieren, para vincular a la sociedad ya inscrita, un acuerdo específico de asunción por parte de esta dentro de los tres meses siguientes a su inscripción. Este régimen busca proteger tanto a los terceros que contratan durante la fase de formación como a los propios socios frente a actuaciones no autorizadas de quienes gestionan la sociedad antes de su plena constitución.
Concepto de sociedad irregular
Con carácter general se denomina sociedad irregular a la que actúa en el tráfico sin haberse inscrito en el Registro Mercantil. Conviene distinguir dos supuestos: la irregular originaria (los socios nunca llegaron a otorgar escritura pública y se limitan a actuar de hecho) y la sociedad devenida irregular del art. 39 LSC (se otorgó la escritura pero no se solicitó la inscripción en el plazo de un año). Desde esta perspectiva, la sociedad irregular es aquella sociedad mercantil que, habiendo exteriorizado su voluntad de actuar como tal en el tráfico (mediante el inicio efectivo de sus operaciones), no ha llegado a inscribirse en el Registro Mercantil, bien porque nunca se solicitó su inscripción, bien porque, transcurrido un plazo prolongado desde el otorgamiento de la escritura sin que se hubiera solicitado la inscripción, la propia ley presume la voluntad de los socios de no inscribirla y de sustraerse al régimen del tipo social elegido. La figura de la sociedad irregular constituye una situación patológica o anómala respecto del régimen ordinario de constitución de las sociedades mercantiles, que exige el otorgamiento de escritura pública seguido de su inscripción registral para la plena adquisición del tipo social pretendido. A diferencia de la sociedad en formación, que se encuentra en una situación transitoria y encaminada, en principio, a su inscripción, la sociedad irregular presenta una vocación de persistencia en dicha situación, bien por decisión consciente de los socios de no formalizar la inscripción, bien por el mero transcurso del tiempo sin que se haya instado, lo que determina la aplicación de un régimen jurídico considerablemente más gravoso que el correspondiente al tipo social que los socios pretendieron inicialmente constituir.
Requisitos para la calificación de sociedad irregular
La calificación de una sociedad como irregular exige la concurrencia de dos requisitos: en primer lugar, el inicio de las operaciones sociales, es decir, que la sociedad haya comenzado efectivamente a actuar en el tráfico mercantil como tal frente a terceros, y no que se limite a permanecer en una situación puramente interna o preparatoria; en segundo lugar, la falta de inscripción en el Registro Mercantil, unida al transcurso de un plazo relevante desde el otorgamiento de la escritura sin que se haya solicitado dicha inscripción, plazo que la Ley de Sociedades de Capital fija en un año para las sociedades de capital, transcurrido el cual, si además la sociedad ha exteriorizado su actuación como tal en el tráfico, se presume la voluntad de los socios fundadores de no inscribir la sociedad y se aplican las normas de la sociedad colectiva o, en su caso, las de la sociedad civil, según que su objeto sea mercantil o civil. Esta calificación produce importantes consecuencias prácticas, particularmente en materia de responsabilidad de los socios frente a terceros y en materia fiscal, ya que la sociedad irregular con objeto mercantil pasa a regirse por las normas de la sociedad colectiva en cuanto a la responsabilidad personal de quienes hayan contratado en su nombre.
Régimen jurídico aplicable a la sociedad irregular
Verificados los presupuestos de la irregularidad (inicio de operaciones y falta de inscripción transcurrido el plazo legal), el art. 39 de la Ley de Sociedades de Capital (sociedad devenida irregular) dispone que a las relaciones jurídicas entre los socios y frente a terceros se aplicarán las normas de la sociedad colectiva, si la sociedad hubiera tenido un objeto mercantil, o las de la sociedad civil, en cualquier otro caso. Esta remisión implica que los socios de una sociedad de capital que degenera en irregular pierden el beneficio de la limitación de responsabilidad propio del tipo social pretendido, quedando sujetos, en cuanto hayan actuado en nombre de la sociedad, al régimen de responsabilidad personal, solidaria y subsidiaria propio de los socios colectivos. Este cambio radical de régimen de responsabilidad constituye la principal consecuencia práctica y disuasoria de la irregularidad societaria, y explica por qué en la práctica empresarial resulta excepcional que una sociedad de capital permanezca deliberadamente sin inscribir más allá del breve periodo inicial normal de tramitación registral. No obstante, la aplicación del régimen de la sociedad colectiva no implica en todo caso la pérdida de la personalidad jurídica de la sociedad irregular, que sigue existiendo como centro de imputación de relaciones jurídicas, si bien con un régimen de responsabilidad de sus socios y gestores considerablemente más severo.
Efectos frente a terceros de la sociedad irregular
Frente a terceros, quienes hubieran contratado en nombre de la sociedad irregular responden personalmente, y de forma solidaria entre sí, de las obligaciones así contraídas, en aplicación del régimen de responsabilidad de la sociedad colectiva al que remite la calificación de irregularidad, sin que puedan invocar frente a esos terceros la limitación de responsabilidad propia del tipo social de capital que pretendieron constituir. Esta consecuencia opera con independencia de que los socios que no hayan intervenido directamente en la actuación frente a terceros puedan, en el ámbito interno, exigirse responsabilidades entre sí conforme al pacto social. La sociedad irregular conserva capacidad para ser parte en el proceso (la Ley de Enjuiciamiento Civil, art. 6, reconoce capacidad a las entidades que, sin haber cumplido los requisitos para constituirse en personas jurídicas, actúan de hecho en el tráfico como sujetos de derechos y obligaciones) y, como en la sociedad colectiva, el patrimonio social responde en primer lugar, siendo la responsabilidad personal de los socios subsidiaria respecto de él. La protección de los terceros de buena fe que contratan con una sociedad irregular constituye, en definitiva, la principal justificación de este régimen sancionador reforzado, que busca desincentivar el ejercicio prolongado del comercio bajo la apariencia de un tipo social de capital que en realidad no llegó a constituirse plenamente conforme a las exigencias legales.
La disolución de la sociedad irregular
Cualquier socio de una sociedad irregular puede instar su disolución en cualquier momento, sin necesidad de justificar causa alguna, conforme prevé el art. 39 de la Ley de Sociedades de Capital una vez transcurrido el año sin solicitar la inscripción, facultad que responde precisamente a la situación de anomalía en que se encuentra dicha sociedad respecto del tipo social pretendido y que no goza de la estabilidad y de las garantías propias de una sociedad plenamente constituida e inscrita. Esta facultad de disolución ad nutum, es decir, sin necesidad de alegar justa causa, constituye una vía de escape para los socios que no deseen permanecer vinculados indefinidamente a una sociedad que no ha llegado a adquirir la personalidad jurídica plena del tipo social que se pretendía constituir, y contrasta con el régimen de disolución de las sociedades de capital regularmente constituidas e inscritas, que exige la concurrencia de alguna de las causas legales o estatutarias tasadas. Alternativamente, en lugar de instar la disolución, los socios de una sociedad irregular pueden optar por regularizar su situación solicitando la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil, siempre que no hubiera transcurrido un plazo tan prolongado que hiciera inviable dicha regularización o que esta resultara incompatible con derechos ya adquiridos por terceros durante el periodo de irregularidad.
La nacionalidad de las sociedades mercantiles: criterios de atribución
La determinación de la nacionalidad de una sociedad mercantil resulta relevante a múltiples efectos: la ley aplicable a su constitución, funcionamiento y disolución, su sujeción a la jurisdicción de los tribunales españoles, su tributación por el Impuesto sobre Sociedades (que grava a las sociedades residentes en España por su renta mundial) y el régimen de las inversiones extranjeras. El Derecho comparado conoce fundamentalmente dos criterios de atribución de la nacionalidad societaria: el criterio de constitución o de incorporación, conforme al cual la sociedad ostenta la nacionalidad del Estado con arreglo a cuyas leyes se constituyó, con independencia de dónde radique su domicilio o el centro efectivo de su actividad; y el criterio del domicilio o sede real, conforme al cual la nacionalidad viene determinada por el lugar donde la sociedad tiene su domicilio social o, más exigentemente, el centro efectivo de dirección y administración de sus negocios. El Derecho español ha optado tradicionalmente por una combinación de ambos criterios, con predominio del criterio del domicilio, aunque atemperado por exigencias adicionales relativas al lugar de constitución, en un régimen que ha sido objeto de importantes matizaciones derivadas de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre libertad de establecimiento societario dentro del espacio europeo.
Aspectos fiscales de la constitución: NIF, IS y operaciones societarias
La constitución de una sociedad tiene consecuencias tributarias inmediatas. Primero, la sociedad debe solicitar un NIF provisional y, tras la inscripción, el NIF definitivo; la primera letra del NIF identifica la forma jurídica conforme a la Orden EHA/451/2008, de 20 de febrero: A (sociedades anónimas), B (sociedades de responsabilidad limitada), C (sociedades colectivas), D (sociedades comanditarias), E (comunidades de bienes y herencias yacentes), F (sociedades cooperativas), G (asociaciones y otros tipos no definidos), H (comunidades de propietarios), J (sociedades civiles, con o sin personalidad jurídica), N (entidades extranjeras), W (establecimientos permanentes de entidades no residentes) y U (uniones temporales de empresas). Segundo, debe presentarse la declaración censal de alta (modelo 036 o 037). Tercero, las sociedades mercantiles son contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades (Ley 27/2014), incluidas las sociedades civiles con objeto mercantil, mientras que las entidades en atribución de rentas (comunidades de bienes, herencias yacentes y sociedades civiles sin objeto mercantil) imputan las rentas a sus miembros. Cuarto, las operaciones societarias de constitución están sujetas pero exentas en la modalidad correspondiente del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Quinto, la sociedad irregular con objeto mercantil tributa igualmente como sociedad.
El domicilio social como criterio de nacionalidad (arts. 8 a 10 LSC)
El art. 8 de la Ley de Sociedades de Capital dispone que serán españolas y se regirán por dicha ley todas las sociedades de capital que tengan su domicilio en territorio español, con independencia del lugar en que se hubieran constituido. El art. 9 LSC exige a estas sociedades fijar su domicilio dentro del territorio español en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en que radique su principal establecimiento o explotación, y los arts. 9 y 10 completan la regulación (domicilio y efectos de la discordancia entre el domicilio registral y el real, en que los terceros pueden considerar como domicilio cualquiera de ellos). Se impone así una combinación entre el criterio formal del domicilio estatutario y el criterio material de la sede real de la actividad, que impide domiciliar formalmente la sede en España mientras la actividad real se desarrolla en otro lugar. Esta exigencia persigue evitar el fraude de ley y garantizar que la sociedad quede sujeta a un control registral, fiscal y judicial efectivo por parte de las autoridades españolas. A efectos fiscales, el art. 8 de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades considera residente en territorio español a la entidad que cumpla cualquiera de estos requisitos: que se hubiese constituido conforme a las leyes españolas, que tenga su domicilio social en territorio español o que tenga su sede de dirección efectiva en territorio español (entendida como el lugar en que radica la dirección y control del conjunto de sus actividades).
Sociedades extranjeras que operan en España
Las sociedades válidamente constituidas conforme a la ley de un país extranjero conservan, con carácter general, su nacionalidad y personalidad jurídica de origen cuando operan en España, en aplicación de los criterios de reconocimiento de sociedades extranjeras y, dentro del ámbito de la Unión Europea, del principio de libertad de establecimiento reconocido por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y desarrollado por una consolidada jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencias Centros, Überseering, Inspire Art), que impide a los Estados miembros desconocer la personalidad jurídica de una sociedad válidamente constituida en otro Estado miembro por el mero hecho de que su actividad principal se desarrolle en un Estado distinto al de constitución. Cuando una sociedad extranjera pretenda ejercer su actividad en España de forma habitual y estable, puede optar por distintas fórmulas: la apertura de una sucursal, sin necesidad de constituir una nueva entidad; la constitución de una filial española, sociedad de nacionalidad española plenamente independiente aunque participada por la matriz extranjera; o la transformación transfronteriza, por la que una sociedad constituida en otro Estado miembro traslada su domicilio a España y adopta un tipo social español, regulada hoy por el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, que transpuso la Directiva (UE) 2019/2121 y derogó la Ley 3/2009, de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles. A las sentencias Centros (1999), Überseering (2002) e Inspire Art (2003) se suman Cartesio (2008) y Polbud (2017), relativas al traslado transfronterizo de sede o domicilio y a la libertad de establecimiento.
Concepto y caracteres de la sociedad colectiva
La sociedad colectiva es el tipo social personalista por excelencia, regulado en los arts. 125 a 144 del Código de Comercio, y se caracteriza por la existencia de una pluralidad de socios, denominados socios colectivos, que responden personal, solidaria y subsidiariamente entre sí de las deudas sociales con todo su patrimonio presente y futuro, tras el agotamiento previo del patrimonio social (beneficio de excusión), y que en principio participan todos ellos en la gestión y representación de la sociedad, salvo pacto expreso en contrario que atribuya la administración a uno o varios de ellos. Los rasgos definitorios de este tipo social son, por tanto: la responsabilidad ilimitada de los socios, que constituye su principal desventaja frente a las sociedades de capital y explica su escasísima utilización en la actualidad; el carácter personalista, en el sentido de que la identidad y las cualidades personales de cada socio resultan esenciales para la constitución y el funcionamiento de la sociedad; y la intransmisibilidad de la condición de socio sin el consentimiento de los demás, salvo pacto estatutario en contrario, dada la relevancia del elemento de confianza mutua (intuitu personae) que caracteriza a este tipo de sociedades desde su misma constitución.
Constitución y razón social de la sociedad colectiva
La sociedad colectiva se constituye, al igual que el resto de sociedades mercantiles, mediante escritura pública que debe contener, conforme al art. 125 del Código de Comercio, el nombre, apellidos y domicilio de los socios, la razón social, el nombre y apellidos de los socios encargados de la gestión y del uso de la firma social, el capital que cada socio aporte en efectivo, créditos o efectos, la duración de la sociedad y las cantidades que, en su caso, se asignen a cada socio gestor anualmente para sus gastos particulares. Un elemento característico de la sociedad colectiva es su razón social, denominación que debe formarse necesariamente con el nombre de todos los socios, de algunos de ellos, o de uno solo, añadiendo en estos dos últimos casos la expresión y Compañía, sin que puedan incluirse en dicha razón social nombres de personas que no pertenezcan a la sociedad, siendo responsable frente a terceros, con la misma responsabilidad ilimitada que un socio colectivo, quien consintiera la inclusión de su nombre en la razón social sin ser efectivamente socio. La razón social cumple así una función identificativa que remite directamente a los socios que responden personalmente de las deudas sociales, a diferencia de la denominación social de las sociedades de capital, que puede ser una denominación objetiva o de fantasía sin conexión necesaria con la identidad de los socios.
Los socios colectivos: aportaciones y responsabilidad personal e ilimitada
Los socios colectivos pueden aportar a la sociedad colectiva bienes (dinerarios o no dinerarios), derechos de crédito o su propio trabajo o industria, siendo posible, a diferencia de lo que ocurre en las sociedades de capital, la aportación de trabajo personal como contraprestación válida para adquirir la condición de socio, dado que en este tipo social no rige el principio de correspondencia entre capital social y patrimonio aportado que caracteriza a las sociedades capitalistas. El rasgo más característico del estatuto del socio colectivo es su responsabilidad personal, ilimitada, solidaria entre los socios y subsidiaria respecto de la sociedad, por todas las deudas sociales, con independencia de la aportación efectivamente realizada a la sociedad; el art. 127 del Código de Comercio establece que todos los socios colectivos están obligados personal y solidariamente, con todos sus bienes, a las resultas de las operaciones hechas en nombre y por cuenta de la compañía, bajo la firma de esta y por persona autorizada para usarla. Según la doctrina dominante, quien ingresa en una sociedad colectiva ya constituida responde también de las deudas anteriores a su ingreso, sin que un pacto interno en contrario sea oponible a los acreedores. El carácter subsidiario de esta responsabilidad implica que los acreedores sociales deben dirigirse primero contra el patrimonio de la sociedad, y solo si este resulta insuficiente pueden reclamar a los socios colectivos, quienes disponen a tal efecto del beneficio de excusión conforme a las reglas generales de la fianza mercantil.
Administración de la sociedad colectiva
Conforme a los arts. 129 y siguientes del Código de Comercio, la gestión de la sociedad colectiva corresponde, en principio y salvo pacto en contrario, a todos los socios colectivos, que tienen el derecho y el deber de participar en la administración de la sociedad, régimen que se explica por el carácter personalista de este tipo social, en el que todos los socios responden ilimitadamente de las deudas sociales y tienen, por tanto, un interés directo en el control de la gestión. No obstante, es habitual y perfectamente lícito que la escritura social atribuya la administración a uno o varios socios determinados, en cuyo caso los demás quedan excluidos de la gestión, sin perjuicio de conservar determinados derechos de información y control sobre la marcha de la sociedad. Cuando la administración se confía a varios socios sin especificar sus funciones respectivas ni expresar que no podrán obrar separadamente, cada uno de ellos puede realizar por separado los actos de administración que estime convenientes, pudiendo cualquiera de los demás oponerse a las operaciones antes de que hayan sido concluidas. La representación de la sociedad frente a terceros corresponde a los socios que tengan el uso de la firma social, conforme resulte de la escritura de constitución, siendo estos quienes vinculan válidamente a la sociedad en sus relaciones con terceros.
Disolución y liquidación de la sociedad colectiva
La sociedad colectiva se disuelve por las causas generales previstas en los arts. 221 y siguientes del Código de Comercio (cumplimiento del término fijado, conclusión de la empresa que constituye su objeto, pérdida del capital, acuerdo de los socios) y por causas específicas derivadas de su carácter personalista, como la muerte o incapacitación de un socio colectivo, salvo que la escritura social hubiera previsto expresamente la continuación de la sociedad con los herederos del socio fallecido o con los socios supervivientes, previsión habitual en la práctica dado el efecto disolutorio que, en otro caso, tendría cualquier alteración en la identidad de los socios colectivos. Producida la disolución, se abre el periodo de liquidación, en el que la sociedad conserva su personalidad jurídica a los solos efectos de dicha liquidación, correspondiendo a los liquidadores —que pueden ser los propios socios gestores o personas designadas al efecto— realizar el activo social, satisfacer las deudas pendientes con terceros y, una vez satisfechas estas, repartir el remanente entre los socios en proporción a su participación, todo ello con arreglo a las reglas generales sobre liquidación de sociedades mercantiles, dado que el Código de Comercio no contiene una regulación exhaustiva y propia de este proceso para la sociedad colectiva.
Concepto y caracteres de la sociedad comanditaria simple
La sociedad comanditaria simple, regulada en los arts. 145 y siguientes del Código de Comercio, es un tipo social personalista que se caracteriza por la coexistencia de dos clases de socios con estatutos jurídicos radicalmente diferenciados: los socios colectivos, que responden personal, solidaria e ilimitadamente de las deudas sociales y a quienes corresponde la gestión y representación de la sociedad, exactamente en los mismos términos que en la sociedad colectiva; y los socios comanditarios, cuya responsabilidad frente a las deudas sociales queda limitada al capital que se hubieran obligado a aportar, sin que respondan con su patrimonio personal más allá de dicha aportación, pero que, como contrapartida a este privilegio de responsabilidad limitada, quedan excluidos de la gestión y de la representación de la sociedad frente a terceros. Esta dualidad de estatutos convierte a la sociedad comanditaria simple en un tipo social híbrido o de transición entre las sociedades puramente personalistas (colectiva) y las sociedades de capital, anticipando en cierto modo, mucho antes de la aparición histórica de la sociedad de responsabilidad limitada, la idea de limitar la responsabilidad de quienes aportan capital sin intervenir en la gestión activa del negocio.
Los socios colectivos y los socios comanditarios: régimen diferenciado
El régimen jurídico de los socios colectivos en la sociedad comanditaria simple es idéntico al de los socios de la sociedad colectiva: responsabilidad personal, solidaria e ilimitada por las deudas sociales, y atribución, salvo pacto en contrario, de la gestión y representación de la sociedad. Los socios comanditarios, en cambio, presentan un estatuto singular: además de la limitación de su responsabilidad al capital comprometido, tienen expresamente prohibido, conforme a los arts. 146 a 148 del Código de Comercio, incluir su nombre en la razón social —que debe formarse exclusivamente con el nombre de los socios colectivos, añadiendo la expresión y Compañía y, en su caso, Sociedad en Comandita, o su abreviatura S. en C.—, así como realizar actos de administración de los intereses de la sociedad, ni siquiera en calidad de apoderados de los socios gestores, bajo sanción, en caso de incumplimiento de cualquiera de estas dos prohibiciones (inclusión del nombre en la razón social o intromisión en la gestión), de quedar sujetos frente a terceros a la misma responsabilidad ilimitada y solidaria que los socios colectivos. Los socios comanditarios conservan, no obstante, derechos de información y de control sobre la marcha de la sociedad y sobre las cuentas anuales, así como el derecho a participar en las ganancias sociales en la proporción pactada.
Responsabilidad limitada del socio comanditario
La limitación de responsabilidad del socio comanditario constituye el rasgo definitorio de su posición jurídica y el elemento que justifica su exclusión de la gestión social: frente a los acreedores de la sociedad, el socio comanditario únicamente responde hasta el límite del capital que se hubiera obligado a aportar, sin que su patrimonio personal pueda verse afectado más allá de dicha cifra, siempre que efectivamente haya desembolsado la aportación comprometida o, en caso de no haberla desembolsado íntegramente, hasta el límite de la parte pendiente de desembolso. Esta limitación de responsabilidad, sin embargo, opera únicamente en su condición pasiva de socio no gestor: si el socio comanditario incumple las prohibiciones legales de inclusión de su nombre en la razón social o de intervención en actos de gestión y administración de la sociedad, pierde automáticamente el beneficio de la responsabilidad limitada, quedando sujeto frente a los terceros que hubieran contratado en esas condiciones a la misma responsabilidad personal, solidaria e ilimitada que los socios colectivos, como sanción por haber generado, frente a dichos terceros, una apariencia de gestor o de socio colectivo que no se correspondía con su verdadera posición jurídica dentro de la sociedad.
Comparación entre sociedad colectiva y comanditaria simple
Aspectos comunes: ambas son sociedades personalistas reguladas en el Código de Comercio, se constituyen en escritura pública, deben inscribirse en el Registro Mercantil, giran bajo una razón social formada con nombres de socios y añaden la expresión y Compañía (la comanditaria, además, S. en C.), y en ambas hay socios colectivos con responsabilidad personal, solidaria e ilimitada. Diferencias: en la colectiva todos los socios son colectivos; en la comanditaria simple coexisten socios colectivos y socios comanditarios. El socio comanditario responde solo hasta el límite de lo comprometido, no puede figurar en la razón social y no puede realizar actos de administración, ni siquiera como apoderado. Si incumple estas prohibiciones, responde frente a terceros como socio colectivo. Las dos sociedades se distinguen de la sociedad comanditaria por acciones, que es una sociedad de capital regulada por la Ley de Sociedades de Capital, con capital dividido en acciones y administración a cargo de los socios colectivos. En materia de competencia, el Código de Comercio prohíbe al socio colectivo, sin consentimiento de la compañía, operar por cuenta propia en el mismo género de comercio que constituya el objeto social.
Administración de la sociedad comanditaria simple
La administración y representación de la sociedad comanditaria simple corresponde exclusivamente a los socios colectivos, exactamente en los mismos términos y con el mismo régimen que en la sociedad colectiva: salvo pacto en contrario, todos los socios colectivos tienen derecho y deber de gestionar la sociedad, si bien es frecuente que la escritura social atribuya la gestión a uno o varios de ellos en particular. Los socios comanditarios tienen legalmente vedado el ejercicio de cualquier acto de gestión o administración de los intereses de la sociedad, incluso en calidad de simples apoderados de los socios gestores, prohibición que busca preservar con nitidez la correspondencia entre quien gestiona y asume el riesgo empresarial (el socio colectivo, con responsabilidad ilimitada) y quien se limita a aportar capital sin intervenir en la marcha del negocio (el socio comanditario, con responsabilidad limitada), evitando que este último pueda beneficiarse simultáneamente de la limitación de responsabilidad y de una influencia decisiva sobre la gestión que en la práctica equivaldría a la de un verdadero socio gestor. No obstante esta exclusión de la gestión externa, los socios comanditarios conservan facultades de control interno, como el derecho a examinar el estado de la administración y la contabilidad de la sociedad en las épocas que se determinen en la escritura social, o en su defecto conforme a las reglas generales de buena fe entre socios.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Sociedad mercantil frente a sociedad civil: el criterio decisivo en Derecho español es formal (adopción de un tipo mercantil regulado por ley), no el objeto de la actividad.
Personalistas (colectiva, comanditaria simple) frente a capitalistas (anónima, limitada, comanditaria por acciones): en las primeras prima la persona del socio (responsabilidad ilimitada, intransmisibilidad); en las segundas, el capital aportado (responsabilidad limitada, transmisibilidad).
Requisitos de constitución de toda sociedad mercantil: escritura pública + inscripción en el Registro Mercantil; la inscripción tiene efecto constitutivo de la personalidad jurídica plena del tipo social elegido.
Sociedad en formación (transitoria, camino de la inscripción) frente a sociedad irregular (vocación de persistir sin inscribirse): no confundir sus regímenes de responsabilidad, distintos entre sí.
Sociedad irregular: requiere inicio de operaciones + transcurso de un año sin solicitar la inscripción (para sociedades de capital) — entonces se aplican las normas de la sociedad colectiva (objeto mercantil) o de la sociedad civil (objeto civil), con pérdida de la limitación de responsabilidad para quienes hayan actuado en su nombre.
Cualquier socio de una sociedad irregular puede pedir su disolución en cualquier momento sin necesidad de alegar causa (disolución ad nutum) — a diferencia del régimen tasado de causas de disolución de las sociedades de capital regulares.
Nacionalidad española de las sociedades de capital (arts. 8-9 LSC): domicilio en España coincidiendo con el centro de efectiva administración y dirección o el principal establecimiento; en caso de discordancia entre domicilio registral y real, el tercero puede elegir cualquiera de los dos a su favor (art. 10 LSC).
Sociedad colectiva: razón social formada solo con nombres de socios + 'y Compañía'; quien consiente que su nombre figure en la razón social sin ser socio responde como socio colectivo (responsabilidad ilimitada por apariencia).
Responsabilidad del socio colectivo: personal, ilimitada, solidaria entre los socios y subsidiaria respecto de la sociedad (beneficio de excusión) — el acreedor debe agotar primero el patrimonio social.
El socio que ingresa en una sociedad colectiva ya constituida responde también de las deudas sociales anteriores a su ingreso, sin que un pacto interno en contrario sea oponible a los acreedores previos.
Sociedad comanditaria simple: dos clases de socios con estatutos radicalmente distintos — colectivos (gestión + responsabilidad ilimitada) y comanditarios (sin gestión + responsabilidad limitada a su aportación).
El socio comanditario pierde la limitación de responsabilidad y responde como colectivo si incumple cualquiera de sus dos prohibiciones legales: que su nombre figure en la razón social, o que realice actos de gestión (incluso como mero apoderado).
La muerte, incapacitación o concurso de un socio colectivo disuelve la sociedad colectiva salvo pacto expreso de continuación con herederos o socios supervivientes — relevancia práctica del carácter intuitu personae.
La sociedad comanditaria por acciones combina ambos modelos: capital dividido en acciones, pero pertenece a socios colectivos (gestión + responsabilidad ilimitada) y comanditarios (responsabilidad limitada) — no confundir con la comanditaria simple.
Criterio de mercantilidad: es mercantil la sociedad constituida con arreglo al Código de Comercio (art. 116) y, en todo caso, las sociedades de capital cualquiera que sea su objeto (art. 2 LSC).
El plazo de inscripción es de dos meses desde el otorgamiento de la escritura; transcurrido un año sin solicitarla (y habiendo actividad) la sociedad queda sujeta al régimen de la sociedad devenida irregular (art. 39 LSC).
La irregularidad originaria (sin escritura) no se confunde con la devenida (escritura otorgada, sin inscripción en un año): en ambos casos se aplican las normas de la sociedad colectiva o de la civil según el objeto.
La Ley 3/2009 de Modificaciones Estructurales fue derogada por el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio; el traslado de domicilio entre Estados miembros se denomina hoy transformación transfronteriza.
Capital mínimo: S.L. un euro (tras la Ley 18/2022; si es inferior a 3.000 euros rigen cautelas) y S.A. 60.000 euros, con desembolso mínimo del 25 por ciento.
Residencia fiscal de una entidad en España (art. 8 LIS): basta cualquiera de tres criterios, a saber, constitución conforme a las leyes españolas, domicilio social en España o sede de dirección efectiva en España.
NIF: A (S.A.), B (S.L.), C (colectivas), D (comanditarias), E (comunidades de bienes y herencias yacentes), F (cooperativas), J (sociedades civiles), N (entidades extranjeras), W (establecimientos permanentes).
Sociedad civil: la responsabilidad frente a terceros es mancomunada (art. 1698 Código Civil), frente a la solidaria del socio colectivo (art. 127 Código de Comercio).
Las sociedades civiles con objeto mercantil son contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades desde 2016; las civiles sin objeto mercantil son entidades en atribución de rentas.
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
El socio comanditario de una sociedad comanditaria simple que realiza actos de administración, aun como apoderado de los socios gestores:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 13 de Hacienda (AEAT)?
Las sociedades mercantiles son la forma jurídica dominante de organización del empresario social en el tráfico económico moderno, hasta el punto de que las sociedades de capital —que se estudiarán en el tema siguiente— constituyen la inmensa mayoría de las sociedades inscritas en los Registros Mercantiles españoles. Este tema aborda, sin embargo, el sustrato común a todas ellas: qué es una sociedad mercantil, cómo se clasifican, qué requisitos deben cumplirse para su válida constitución y qué ocurre cuando esos requisitos, en particular la inscripción registral, no llegan a cumplirse (la sociedad irregular). Se completa con el estudio de las dos sociedades personalistas por antonomasia, cuya importancia práctica actual es reducida pero cuyo estudio conserva un enorme valor dogmático para comprender categorías que se proyectan sobre el resto del Derecho de sociedades: la sociedad colectiva y la sociedad comanditaria simple.
El tema tiene también relevancia fiscal directa: la calificación de una sociedad como mercantil y su nacionalidad determinan su sujeción al Impuesto sobre Sociedades y las obligaciones registrales y contables asociadas, mientras que el régimen de la sociedad irregular y de las sociedades personalistas plantea cuestiones de imputación de rentas y de responsabilidad tributaria de los socios que enlazan directamente con el Derecho Tributario general.
En el plano normativo conviene tener presente que el Código de Comercio de 1885 sigue regulando el contrato de compañía mercantil y las sociedades personalistas, que la Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010) regula las sociedades anónima, de responsabilidad limitada y comanditaria por acciones, y que las modificaciones estructurales se rigen desde 2023 por el Real Decreto-ley 5/2023, que derogó la Ley 3/2009. Desde la perspectiva tributaria, la residencia en España de una sociedad (art. 8 de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades) y la letra de su NIF dependen de su forma jurídica, lo que hace de este tema una base obligada para el resto del bloque mercantil y fiscal.
¿Qué hay que memorizar del Tema 13 para el examen?
Sociedad mercantil frente a sociedad civil: el criterio decisivo en Derecho español es formal (adopción de un tipo mercantil regulado por ley), no el objeto de la actividad. Personalistas (colectiva, comanditaria simple) frente a capitalistas (anónima, limitada, comanditaria por acciones): en las primeras prima la persona del socio (responsabilidad ilimitada, intransmisibilidad); en las segundas, el capital aportado (responsabilidad limitada, transmisibilidad). Requisitos de constitución de toda sociedad mercantil: escritura pública + inscripción en el Registro Mercantil; la inscripción tiene efecto constitutivo de la personalidad jurídica plena del tipo social elegido. Sociedad en formación (transitoria, camino de la inscripción) frente a sociedad irregular (vocación de persistir sin inscribirse): no confundir sus regímenes de responsabilidad, distintos entre sí. Sociedad irregular: requiere inicio de operaciones + transcurso de un año sin solicitar la inscripción (para sociedades de capital) — entonces se aplican las normas de la sociedad colectiva (objeto mercantil) o de la sociedad civil (objeto civil), con pérdida de la limitación de responsabilidad para quienes hayan actuado en su nombre. Cualquier socio de una sociedad irregular puede pedir su disolución en cualquier momento sin necesidad de alegar causa (disolución ad nutum) — a diferencia del régimen tasado de causas de disolución de las sociedades de capital regulares. Nacionalidad española de las sociedades de capital (arts. 8-9 LSC): domicilio en España coincidiendo con el centro de efectiva administración y dirección o el principal establecimiento; en caso de discordancia entre domicilio registral y real, el tercero puede elegir cualquiera de los dos a su favor (art. 10 LSC). Sociedad colectiva: razón social formada solo con nombres de socios + 'y Compañía'; quien consiente que su nombre figure en la razón social sin ser socio responde como socio colectivo (responsabilidad ilimitada por apariencia). Responsabilidad del socio colectivo: personal, ilimitada, solidaria entre los socios y subsidiaria respecto de la sociedad (beneficio de excusión) — el acreedor debe agotar primero el patrimonio social. El socio que ingresa en una sociedad colectiva ya constituida responde también de las deudas sociales anteriores a su ingreso, sin que un pacto interno en contrario sea oponible a los acreedores previos. Sociedad comanditaria simple: dos clases de socios con estatutos radicalmente distintos — colectivos (gestión + responsabilidad ilimitada) y comanditarios (sin gestión + responsabilidad limitada a su aportación). El socio comanditario pierde la limitación de responsabilidad y responde como colectivo si incumple cualquiera de sus dos prohibiciones legales: que su nombre figure en la razón social, o que realice actos de gestión (incluso como mero apoderado). La muerte, incapacitación o concurso de un socio colectivo disuelve la sociedad colectiva salvo pacto expreso de continuación con herederos o socios supervivientes — relevancia práctica del carácter intuitu personae. La sociedad comanditaria por acciones combina ambos modelos: capital dividido en acciones, pero pertenece a socios colectivos (gestión + responsabilidad ilimitada) y comanditarios (responsabilidad limitada) — no confundir con la comanditaria simple. Criterio de mercantilidad: es mercantil la sociedad constituida con arreglo al Código de Comercio (art. 116) y, en todo caso, las sociedades de capital cualquiera que sea su objeto (art. 2 LSC). El plazo de inscripción es de dos meses desde el otorgamiento de la escritura; transcurrido un año sin solicitarla (y habiendo actividad) la sociedad queda sujeta al régimen de la sociedad devenida irregular (art. 39 LSC). La irregularidad originaria (sin escritura) no se confunde con la devenida (escritura otorgada, sin inscripción en un año): en ambos casos se aplican las normas de la sociedad colectiva o de la civil según el objeto. La Ley 3/2009 de Modificaciones Estructurales fue derogada por el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio; el traslado de domicilio entre Estados miembros se denomina hoy transformación transfronteriza. Capital mínimo: S.L. un euro (tras la Ley 18/2022; si es inferior a 3.000 euros rigen cautelas) y S.A. 60.000 euros, con desembolso mínimo del 25 por ciento. Residencia fiscal de una entidad en España (art. 8 LIS): basta cualquiera de tres criterios, a saber, constitución conforme a las leyes españolas, domicilio social en España o sede de dirección efectiva en España. NIF: A (S.A.), B (S.L.), C (colectivas), D (comanditarias), E (comunidades de bienes y herencias yacentes), F (cooperativas), J (sociedades civiles), N (entidades extranjeras), W (establecimientos permanentes). Sociedad civil: la responsabilidad frente a terceros es mancomunada (art. 1698 Código Civil), frente a la solidaria del socio colectivo (art. 127 Código de Comercio). Las sociedades civiles con objeto mercantil son contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades desde 2016; las civiles sin objeto mercantil son entidades en atribución de rentas.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149) (Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna).
Fuentes de este desarrollo
Real Decreto de 22 de agosto de 1885, por el que se publica el Código de Comercio (arts. 116 a 150 y 221 y ss.)
Real Decreto de 24 de julio de 1889, por el que se publica el Código Civil (arts. 1665 y ss.)
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital
Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil
Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio (modificaciones estructurales; deroga la Ley 3/2009)
Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (arts. 7 y 8)
Orden EHA/451/2008, de 20 de febrero, por la que se regula la composición del NIF de las personas jurídicas
Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas; Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales
Mientras tanto, practica con tests gratis de Hacienda (AEAT).