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Tema 32. Los impuestos medioambientales. La imposición medioambiental en España. El impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Los impuestos sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica y sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas. El impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. Impuesto sobre el valor de la extracción de gas, petróleo y condensados.

Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna · Índice oficial del BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149).

Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, turno libre y promoción interna (666 plazas: 446 libre + 220 promoción interna). Es distinto del temario del Cuerpo de Agentes Tributarios (C1) y del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (A1), que tienen procesos y temarios propios, no cubiertos aquí.

Al margen de los Impuestos Especiales tradicionales, el sistema tributario estatal español incorpora, desde la Ley 15/2012, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, un conjunto de figuras impositivas de finalidad marcadamente ambiental: el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE), los dos impuestos sobre el combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos, el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero (Ley 16/2013) y el más reciente Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados. Todos ellos responden al principio «quien contamina paga» y gravan, no el consumo de un producto como los Impuestos Especiales clásicos, sino la realización de actividades con impacto ambiental o de riesgo (producción eléctrica, generación de residuos radiactivos, uso de gases con potencial de calentamiento atmosférico, extracción de hidrocarburos), constituyendo un bloque de creciente peso dentro de la fiscalidad energética española y europea.

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Concepto y fundamento de la fiscalidad medioambiental

La fiscalidad medioambiental engloba el conjunto de figuras tributarias cuyo hecho imponible se construye, total o parcialmente, sobre una actividad, un producto o un proceso que genera una externalidad negativa sobre el medio ambiente, con la finalidad de internalizar en el coste de esa actividad el perjuicio ambiental que provoca y que, de otro modo, no sería asumido por quien lo causa sino difuso sobre el conjunto de la sociedad. A diferencia de los tributos con finalidad exclusivamente recaudatoria, los tributos ambientales combinan esa función con una finalidad extrafiscal explícita de modificar comportamientos económicos, orientándolos hacia alternativas menos contaminantes o más eficientes energéticamente, si bien en la práctica ambas finalidades conviven y en ocasiones entran en tensión, ya que un tributo plenamente disuasorio tendería, en el límite, a eliminar la propia base imponible que le da sustento recaudatorio.

El principio «quien contamina paga» como base de la imposición ambiental

El principio «quien contamina paga» (polluter pays principle), recogido en el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como uno de los principios rectores de la política ambiental europea, constituye el fundamento teórico de la imposición medioambiental: quien genera una externalidad negativa sobre el medio ambiente debe soportar el coste de las medidas necesarias para prevenirla, corregirla o compensarla, en lugar de trasladar ese coste al conjunto de la sociedad o a las generaciones futuras. En el ámbito tributario, este principio se traduce en el diseño de hechos imponibles que recaen precisamente sobre la actividad contaminante o generadora de riesgo ambiental (producción eléctrica con determinadas fuentes, generación de residuos radiactivos, emisión de gases de efecto invernadero, extracción de recursos no renovables), de modo que el tributo actúa como instrumento de traslación del coste ambiental al agente económico que lo origina, complementando a los instrumentos de regulación directa (límites de emisión, autorizaciones administrativas) propios del Derecho ambiental.

Marco normativo de la imposición medioambiental estatal: Ley 15/2012

La Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, articuló de forma sistemática buena parte de la fiscalidad ambiental estatal española: creó el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE), el Impuesto sobre la Producción de Combustible Nuclear Gastado y Residuos Radiactivos resultantes de la Generación de Energía Nucleoeléctrica y el Impuesto sobre el Almacenamiento de Combustible Nuclear Gastado y Residuos Radiactivos en Instalaciones Centralizadas, introdujo el canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica (en el texto refundido de la Ley de Aguas) y modificó otros tributos energéticos. A esta norma se sumó la Ley 16/2013, de 29 de octubre, que estableció el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, y la Ley 8/2015, de 21 de mayo, que creó el Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados al modificar la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos. Más recientemente, la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, creó el Impuesto especial sobre los envases de plásticos no reutilizables y el Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos. Todo ello se suma a los numerosos tributos propios de naturaleza ambiental que las Comunidades Autónomas han aprobado en ejercicio de su capacidad normativa (cánones de vertido o saneamiento, impuestos sobre grandes superficies comerciales por su impacto en el territorio, impuestos sobre emisiones o sobre bolsas de plástico, entre otros).

Finalidad recaudatoria frente a finalidad extrafiscal de estos tributos

La doctrina y la jurisprudencia constitucional han debatido sobre el carácter, recaudatorio o extrafiscal, de los tributos ambientales, cuestión con consecuencias jurídicas relevantes: si un tributo autonómico grava el mismo hecho imponible que uno estatal, puede vulnerar la prohibición de doble imposición del artículo 6 de la LOFCA, salvo que se aprecien diferencias sustanciales en su estructura o finalidad. La STC 289/2000, de 30 de noviembre (impuesto balear sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente), es el precedente clásico en materia de finalidad extrafiscal: la finalidad ambiental declarada debe reflejarse en la estructura del tributo (por ejemplo, modulando el gravamen según el impacto ambiental real) para que dicha calificación sea jurídicamente sostenible. En la misma línea se enmarcan sentencias posteriores sobre tributos autonómicos medioambientales (por ejemplo, la STC 196/2012 sobre el impuesto extremeño). El IVPEE, por su parte, ha generado una controversia doctrinal por gravar con un tipo único tanto a la producción eléctrica de origen renovable como a la de origen fósil, lo que ha sido criticado por desdibujar su pretendida finalidad ambiental.

El Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE): naturaleza

El Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, creado por la Ley 15/2012, es un tributo de naturaleza directa y real que grava la realización de actividades de producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica, medida en barras de central, mediante cualquiera de las instalaciones a las que se refiere la Ley del Sector Eléctrico. A diferencia del Impuesto Especial sobre la Electricidad, que grava el consumo o suministro final de electricidad y es de naturaleza indirecta, el IVPEE grava la actividad de producción en sí misma considerada, recayendo por tanto sobre los propios productores de energía eléctrica (titulares de las instalaciones de generación) y no sobre los consumidores finales, lo que ha dado lugar a un intenso debate sobre su verdadera naturaleza jurídica (si se trata de un auténtico impuesto sobre la renta de la actividad productiva o de un tributo con naturaleza mixta entre impuesto sobre la renta e impuesto sobre el consumo energético).

Hecho imponible del IVPEE: producción e incorporación de energía eléctrica al sistema

La Ley 15/2012 define el hecho imponible del IVPEE como la producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica, medida en barras de central, en el sistema eléctrico peninsular y en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, incluyendo tanto el régimen ordinario como el régimen especial de producción (energías renovables, cogeneración y residuos), sin distinción a estos efectos entre unas y otras fuentes energéticas, lo que constituye el elemento más criticado de su pretendida finalidad ambiental. Son contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades que realicen las actividades de producción e incorporación de energía al sistema eléctrico en territorio español, siendo el periodo impositivo, con carácter general, el año natural, salvo cese de la actividad antes de su finalización, en cuyo caso el periodo impositivo terminará en la fecha del cese.

Base imponible del IVPEE: importe total de las retribuciones

La base imponible del IVPEE es el importe total que corresponda percibir al contribuyente por la producción e incorporación de energía eléctrica al sistema eléctrico, medida en barras de central, por cada instalación, en el periodo impositivo, considerando la totalidad de las retribuciones previstas en el sector eléctrico (retribución por venta de energía en el mercado, retribución específica al régimen especial cuando proceda, y demás conceptos retributivos regulados). La base imponible no es la energía física producida en kilovatios-hora, sino su valor económico expresado en euros, lo que explica la denominación de impuesto sobre el «valor» de la producción. El tipo de gravamen general es del 7 por 100 (ver el punto siguiente sobre las suspensiones coyunturales).

Tipo de gravamen del IVPEE

El tipo de gravamen general del IVPEE es del 7 por 100 de la base imponible. Su exigencia ha sido objeto de suspensiones y modificaciones temporales relevantes en los últimos ejercicios en el contexto de la crisis de precios energéticos (Reales Decretos-leyes sucesivos que suspendieron temporalmente su exigencia, total o parcialmente, para contener el precio de la electricidad). Por ello el opositor debe consultar siempre la normativa vigente en el año de la convocatoria para saber si el impuesto está o no suspendido y el porcentaje aplicable, sin dar por buena una cifra memorizada: de todo el bloque medioambiental, el IVPEE es el tributo cuyo régimen ha sido objeto de intervención normativa coyuntural con mayor frecuencia.

Devengo y gestión del IVPEE

El IVPEE se devenga el último día del periodo impositivo, es decir, con carácter general, el 31 de diciembre de cada año natural, salvo cese de la actividad antes de dicha fecha, en que el devengo se anticipa a la fecha del cese; se trata de un tributo de periodo y no de devengo instantáneo por operación, a diferencia de los Impuestos Especiales de fabricación. La ley obliga a los contribuyentes a efectuar pagos fraccionados a cuenta de la liquidación final, con la periodicidad que fija la normativa (que ha sido modificada en diversas ocasiones), debiendo presentarse posteriormente la autoliquidación anual que regulariza la posición del contribuyente descontando los pagos fraccionados ya realizados.

El Impuesto sobre la Producción de Combustible Nuclear Gastado y Residuos Radiactivos: naturaleza

El Impuesto sobre la Producción de Combustible Nuclear Gastado y Residuos Radiactivos resultantes de la Generación de Energía Nucleoeléctrica, creado por la Ley 15/2012, es un tributo de naturaleza directa que grava la actividad de producción de combustible nuclear gastado y de residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica, no ya la producción de electricidad en sí misma (que tributa además por el IVPEE si procede), sino específicamente el riesgo y coste ambiental asociado a la generación de estos residuos de muy larga vida y elevada peligrosidad, cuya gestión y almacenamiento a largo plazo genera costes que este impuesto pretende contribuir a internalizar en la actividad que los origina, en coherencia con el principio quien contamina paga aplicado al riesgo nuclear.

Hecho imponible del impuesto sobre producción de combustible nuclear gastado

El hecho imponible de este impuesto está constituido por la generación de combustible nuclear gastado, resultante de cada reactor nuclear de producción de energía eléctrica, así como por la generación de residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica no producidos directamente en el combustible pero derivados de la operación de la instalación (residuos de explotación y de desmantelamiento). El impuesto grava por tanto una consecuencia física y objetiva de la actividad de generación nucleoeléctrica —la aparición de material altamente radiactivo que requiere una gestión especializada y de muy largo plazo— con independencia de la retribución económica que el titular de la central obtenga por la venta de la energía producida, lo que lo diferencia claramente en su estructura del IVPEE, que sí toma como base el valor económico de la producción eléctrica.

Sujetos pasivos y base imponible de este impuesto

Son sujetos pasivos contribuyentes de este impuesto los operadores de las instalaciones nucleares de producción de energía eléctrica, es decir, los titulares de las centrales nucleares en las que se genera el combustible gastado o los residuos radiactivos gravados. La base imponible se determina, en el caso del combustible nuclear gastado, por los kilogramos de metal pesado contenidos en dicho combustible, magnitud técnica que mide con precisión la cantidad de material nuclear efectivamente utilizado en el proceso de fisión, mientras que para los residuos radiactivos de baja y media actividad no derivados directamente del combustible, la base imponible se determina en función del volumen de dichos residuos, aplicándose sobre cada una de estas magnitudes un tipo de gravamen específico expresado en euros por unidad de la magnitud correspondiente.

El Impuesto sobre el Almacenamiento de Combustible Nuclear Gastado y Residuos Radiactivos en instalaciones centralizadas

El segundo impuesto nuclear creado por la Ley 15/2012 grava, de forma diferenciada del anterior, la actividad de almacenamiento de combustible nuclear gastado y de residuos radiactivos en instalaciones centralizadas, es decir, en instalaciones distintas de la propia central nuclear de origen que están específicamente destinadas al almacenamiento temporal o definitivo de estos materiales una vez extraídos de los reactores, diferenciándose así de la actividad de producción propiamente dicha (gravada por el impuesto anterior) para gravar específicamente la actividad posterior de gestión y custodia de estos materiales fuera de la instalación productora, actividad que conlleva sus propios riesgos y costes ambientales asociados a la concentración de material radiactivo en un emplazamiento específico durante largos periodos de tiempo.

Hecho imponible del impuesto sobre almacenamiento de residuos radiactivos

El hecho imponible de este impuesto está constituido por el almacenamiento de combustible nuclear gastado y de residuos radiactivos en instalaciones centralizadas, siendo sujeto pasivo contribuyente el titular de la instalación centralizada de almacenamiento correspondiente. Este impuesto fue concebido en el contexto del proyecto, largamente debatido en España, de construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad en Villar de Cañas (Cuenca). El proyecto del ATC fue finalmente abandonado en 2018 en favor de almacenes temporales individualizados en los emplazamientos de cada central, bajo el marco del Plan General de Residuos Radiactivos (el vigente es el 7.º PGRR, aprobado por el Consejo de Ministros en diciembre de 2023). El opositor debe tener presente que el impuesto, aunque vigente, tiene una proyección práctica limitada por la inexistencia del ATC, y contrastar a qué instalaciones centralizadas resulta de aplicación en la actualidad.

Modalidades de base imponible según la actividad de almacenamiento

La base imponible de este impuesto se determina de forma diferenciada según el tipo de material almacenado: para el combustible nuclear gastado almacenado, la base imponible atiende a los kilogramos de metal pesado contenido, en línea con el criterio empleado en el impuesto sobre producción; para los residuos radiactivos de alta actividad distintos del combustible gastado, o resultantes del reproceso de este, la base imponible atiende igualmente a magnitudes de metal pesado equivalente; y para los residuos radiactivos de media, baja y muy baja actividad, la base imponible se determina en función del volumen de dichos residuos expresado en metros cúbicos, aplicándose en cada caso el tipo de gravamen específico correspondiente a la magnitud y categoría de residuo de que se trate, con una estructura de tarifa que grava más intensamente los residuos de mayor actividad y peligrosidad radiológica.

El Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero: naturaleza (Ley 16/2013)

El Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, creado por la Ley 16/2013, de 29 de octubre, es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo de aquellos gases fluorados que, por su elevado potencial de calentamiento atmosférico, contribuyen de forma muy significativa al efecto invernadero y al cambio climático, en coherencia con los compromisos internacionales de reducción de emisiones de estos gases asumidos por la Unión Europea (Reglamento (UE) n.º 517/2014, sobre gases fluorados de efecto invernadero) y por España. Su estructura recuerda a la de los Impuestos Especiales de fabricación clásicos en cuanto grava, en fase única, la primera venta o entrega de estos productos tras su fabricación, importación o adquisición intracomunitaria, si bien no está integrado formalmente dentro de la Ley 38/1992 sino que cuenta con su propia ley reguladora.

Ámbito objetivo: gases fluorados comprendidos y su potencial de calentamiento atmosférico

El ámbito objetivo del impuesto comprende los hidrofluorocarburos (HFC), los perfluorocarburos (PFC) y el hexafluoruro de azufre (SF6), gases fluorados utilizados fundamentalmente como refrigerantes en equipos de aire acondicionado y refrigeración, como agentes espumantes, como aislantes eléctricos y en otras aplicaciones industriales, cuyo denominador común es un elevado potencial de calentamiento atmosférico (PCA): magnitud que mide, tomando como referencia el CO2 (con PCA igual a 1), cuántas veces superior es la capacidad de un gas de contribuir al efecto invernadero respecto del dióxido de carbono, y que puede alcanzar varios miles de unidades. La ley somete al impuesto únicamente a los gases cuyo PCA alcanza el umbral legal de 150, quedando fuera los de menor PCA por considerarse su impacto ambiental menos significativo a estos efectos. El marco de la Unión es el Reglamento (UE) n.º 517/2014, sustituido por el Reglamento (UE) 2024/573, de 7 de febrero de 2024, sobre los gases fluorados de efecto invernadero, que refuerza la reducción progresiva de su producción y uso (hasta su eliminación de los HFC en 2050).

Hecho imponible del impuesto sobre gases fluorados: primera venta o entrega

El hecho imponible del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero es, con carácter general, la venta o entrega de los gases fluorados comprendidos en su ámbito objetivo, así como su autoconsumo y su tenencia irregular, tras su fabricación, importación o adquisición intracomunitaria; el impuesto se configura así como un tributo monofásico en el que el gravamen se sitúa en la primera venta o entrega. La tenencia irregular como hecho imponible autónomo busca evitar que la mera posesión de estos gases sin acreditar su origen legal o el pago del impuesto correspondiente permita eludir la tributación, equiparando a estos efectos al tenedor irregular con el fabricante o importador. Son sujetos pasivos contribuyentes los fabricantes, importadores y adquirentes intracomunitarios, entre otros. La concreción literal del hecho imponible debe contrastarse en la Ley 16/2013 vigente.

Exenciones del impuesto sobre gases fluorados

El Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero reconoce exenciones para determinados usos y destinos de estos gases: su utilización como materia prima para la fabricación de otras sustancias en las que quedan químicamente transformados, su destrucción mediante procedimientos de eliminación autorizados, su incorporación por primera vez a equipos o aparatos nuevos fabricados o importados a la Unión Europea antes de una fecha determinada, su empleo en equipos militares, y su utilización en aplicaciones destinadas a la navegación aérea y marítima internacional, exenciones que responden tanto a la lógica de no gravar usos que no implican una liberación efectiva del gas a la atmósfera (materia prima, destrucción) como a compromisos internacionales específicos de determinados sectores (defensa, transporte internacional).

Base imponible y tipos de gravamen del impuesto sobre gases fluorados

La base imponible del impuesto está constituida por el peso de los gases fluorados objeto del impuesto, expresado en kilogramos. Sobre ella se aplica un tipo que resulta de multiplicar el potencial de calentamiento atmosférico (PCA) de cada gas concreto por un coeficiente fijado en la ley (0,015 euros por unidad de PCA y kilogramo, según la redacción vigente), de modo que a mayor PCA, mayor tipo efectivo por kilogramo, articulándose una tributación proporcional al daño ambiental potencial de cada sustancia. La ley establece un tipo máximo por kilogramo, con independencia del resultado de multiplicar el PCA por el coeficiente, para evitar tipos desproporcionados en gases de PCA extremadamente elevado; el opositor debe verificar el coeficiente y el tope vigentes.

El Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados: naturaleza

El Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados, creado por la Ley 8/2015, de 21 de mayo, es un tributo de naturaleza directa y real que grava la actividad extractiva de estos recursos no renovables en territorio español, incluyendo el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental. Tiene una doble finalidad: recaudatoria, en la línea de otros países que gravan la renta derivada de sus recursos naturales, y ambiental, pues la extracción de hidrocarburos, especialmente la marina, conlleva impactos significativos sobre el entorno. La Ley 8/2015 regula también otros ingresos de la actividad (canon de superficie) y reparte parte de su rendimiento con Comunidades Autónomas y entidades locales, extremo que el opositor debe consultar en la ley.

Hecho imponible del impuesto sobre extracción de gas, petróleo y condensados

El hecho imponible está constituido por la extracción, en territorio español (incluidas las aguas bajo soberanía o jurisdicción españolas), de gas natural, petróleo y condensados, siendo sujetos pasivos contribuyentes los titulares de los derechos de exploración, investigación y explotación reconocidos por la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos, que son quienes extraen los recursos en virtud de la concesión o autorización administrativa, con independencia del destino posterior del producto (venta en el mercado nacional, exportación o uso propio).

Base imponible y tipo de gravamen de este impuesto

La base imponible de este impuesto está constituida por el valor de los productos extraídos (gas, petróleo y condensados), determinado con referencia a precios de mercado de referencia para cada tipo de producto en el periodo impositivo correspondiente, magnitud que refleja el valor económico de la actividad extractiva realizada y no meramente el volumen físico extraído, sobre la que se aplica un tipo de gravamen porcentual fijado en la normativa reguladora. Dado que se trata de la figura más reciente y de menor tradición doctrinal y jurisprudencial de todo el bloque de imposición ambiental, y que su desarrollo normativo puede ser objeto de modificación, el opositor debe prestar especial atención a la normativa vigente en el año de la convocatoria para verificar tanto la vigencia como la cuantía exacta del tipo de gravamen aplicable.

Devengo y sujetos pasivos del impuesto sobre extracción de hidrocarburos

El devengo se produce, como tributo de periodo, al finalizar el periodo impositivo (con carácter general, el año natural), momento en que se determina el valor total de la producción extraída; pueden exigirse pagos fraccionados a cuenta conforme a la normativa. Son sujetos pasivos los titulares de los derechos de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, que presentan la autoliquidación ante la Administración tributaria estatal. Se trata de un tributo de titularidad estatal; su rendimiento se reparte en parte con las Comunidades Autónomas y entidades locales afectadas por la actividad conforme a la Ley 8/2015.

Tributos medioambientales en el conjunto del sistema: clasificación y niveles

Eurostat clasifica los impuestos ambientales en cuatro categorías: energía (incluidos los carburantes del transporte), transporte (excluidos carburantes), contaminación y recursos. En España pertenecen al grupo de energía el Impuesto sobre Hidrocarburos, el de la Electricidad, el del Carbón y el IVPEE; al de transporte el IEDMT (con tipos por emisiones de CO2) y los impuestos sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM) local; al de contaminación los impuestos sobre gases fluorados, envases de plástico y vertederos; y al de recursos el impuesto sobre la extracción de hidrocarburos y los cánones de aguas. Existen tributos ambientales en los tres niveles territoriales: estatales (los indicados), autonómicos (cánones de saneamiento y vertido, impuestos sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente, sobre emisiones atmosféricas, sobre residuos) y locales (bonificaciones ambientales en el IBI, el ICIO y el IVTM; tasas de residuos).

Impuestos estatales de la economía circular (Ley 7/2022)

La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que transpuso las directivas del paquete de economía circular de la Unión, creó dos tributos: el Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables y el Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos. El primero grava la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de envases de plástico no reutilizables con un tipo de 0,45 euros por kilogramo de plástico no reciclado contenido, con efectos desde el 1 de enero de 2023; son contribuyentes los fabricantes, importadores y adquirentes intracomunitarios, y se autoliquida con el modelo 592. El segundo grava el depósito de residuos en vertederos y su incineración o coincineración, con tipos diferenciados según el tipo de residuo y su destino, para desincentivar el vertido en favor del reciclaje y la reutilización. La Ley 7/2022 obliga también a las entidades locales a establecer una tasa o prestación patrimonial no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria, por los servicios de recogida, transporte y tratamiento de residuos. Los detalles de gestión y reparto de recaudación del segundo tributo deben contrastarse en la ley.

Canon por utilización de aguas continentales para producción hidroeléctrica

La Ley 15/2012 incorporó al texto refundido de la Ley de Aguas el canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica (artículo 112 bis). Es un tributo de la categoría de tasa/canon vinculado al uso privativo de un bien de dominio público hidráulico, que recae sobre los titulares de concesiones hidroeléctricas con un tipo del 22 por 100 del valor de la energía producida, con reducciones para pequeñas instalaciones y para determinados supuestos (a contrastar en el texto vigente). Se distingue del IVPEE en que éste grava la producción con independencia de la fuente, mientras que el canon recae solo sobre la producción hidroeléctrica por el aprovechamiento del dominio público hidráulico.

Cuadro comparativo de los impuestos del tema

IVPEE: grava la producción de electricidad; contribuyente productor; base el valor económico (retribuciones) en barras de central; tipo del 7 por 100; periodo anual y pagos fraccionados. Impuesto sobre producción de combustible nuclear gastado y residuos: grava la generación de residuos; contribuyente el titular de la central; base kilogramos de metal pesado (combustible) o volumen (otros residuos). Impuesto sobre almacenamiento centralizado: grava el almacenamiento; contribuyente el titular de la instalación; ATC abandonado en 2018. Gases fluorados: monofásico; base en kg; tipo igual al PCA por el coeficiente, con tope; excluye gases de PCA por debajo del umbral de 150. Extracción de gas, petróleo y condensados: grava la extracción; contribuyente el titular de derechos de exploración, investigación y explotación; base valor de lo extraído. En todos ellos hay que verificar el tipo vigente, que ha sido modificado por reformas o suspensiones temporales.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El principio «quien contamina paga» (art. 191 TFUE) es el fundamento común a todo este bloque de tributos: internalizar el coste ambiental en quien lo genera.
  • La Ley 15/2012 creó de golpe tres tributos: IVPEE, Impuesto sobre producción de combustible nuclear gastado/residuos, e Impuesto sobre almacenamiento de estos residuos en instalaciones centralizadas.
  • El IVPEE grava la PRODUCCIÓN de electricidad (a los productores), a diferencia del Impuesto Especial sobre la Electricidad, que grava el SUMINISTRO/consumo final (a través de comercializadoras).
  • Base imponible del IVPEE: el valor económico total de las retribuciones percibidas por la producción, no los kWh físicos producidos.
  • El IVPEE no distingue por tipo de energía (renovable o fósil), lo que ha sido muy criticado por desdibujar su pretendida finalidad ambiental; su tipo ha sido objeto de suspensiones temporales en la crisis energética.
  • Impuesto sobre producción de combustible nuclear gastado: grava el hecho físico de generar residuos radiactivos, con base en kg de metal pesado (combustible) o volumen (otros residuos), NO el valor económico de la electricidad.
  • Impuesto sobre almacenamiento de residuos radiactivos: distinto del anterior, grava el ALMACENAMIENTO en instalaciones centralizadas (el proyecto de ATC se abandonó en 2018).
  • Gases Fluorados (Ley 16/2013): grava la primera venta o entrega, el autoconsumo y la tenencia irregular; solo los gases con PCA que alcanza el umbral de 150 (los de menor PCA quedan fuera).
  • Tipo de los gases fluorados: PCA del gas concreto × coeficiente fijado en la ley, con un tope máximo por kilogramo (ambos valores a verificar en la normativa vigente).
  • Exenciones de gases fluorados: uso como materia prima con transformación química, destrucción autorizada, equipos militares, navegación internacional.
  • El Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados es la figura más reciente: grava la actividad extractiva sobre titulares de derechos mineros de hidrocarburos (Ley 34/1998), con base en el valor de mercado de lo extraído.
  • Los tributos medioambientales estatales conviven con tributos propios autonómicos de finalidad ambiental; el límite es el art. 6 LOFCA (prohibición de doble imposición) y la STC 289/2000 exige que la finalidad extrafiscal se refleje en la estructura del tributo.
  • IVPEE: tipo general del 7%, devengo el 31 de diciembre (periodo anual), con suspensiones temporales recientes por la crisis energética; contribuyente el productor.
  • Ley 7/2022: crea el Impuesto especial sobre envases de plástico no reutilizables (0,45 euros por kg de plástico no reciclado, desde 1-1-2023, modelo 592) y el impuesto sobre vertederos, incineración y coincineración.
  • Ley 8/2015, de 21 de mayo: crea el Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados (modifica la Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos).
  • Reglamento (UE) 2024/573 sustituye al 517/2014 en materia de gases fluorados de efecto invernadero.
  • Error típico: confundir el IVPEE (producción, directo, sobre el productor) con el Impuesto sobre la Electricidad (suministro/consumo, indirecto, repercutido en factura).
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El tipo del impuesto sobre gases fluorados se calcula:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 32 de Hacienda (AEAT)?

Al margen de los Impuestos Especiales tradicionales, el sistema tributario estatal español incorpora, desde la Ley 15/2012, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, un conjunto de figuras impositivas de finalidad marcadamente ambiental: el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE), los dos impuestos sobre el combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos, el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero (Ley 16/2013) y el más reciente Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados. Todos ellos responden al principio «quien contamina paga» y gravan, no el consumo de un producto como los Impuestos Especiales clásicos, sino la realización de actividades con impacto ambiental o de riesgo (producción eléctrica, generación de residuos radiactivos, uso de gases con potencial de calentamiento atmosférico, extracción de hidrocarburos), constituyendo un bloque de creciente peso dentro de la fiscalidad energética española y europea.

¿Qué hay que memorizar del Tema 32 para el examen?

El principio «quien contamina paga» (art. 191 TFUE) es el fundamento común a todo este bloque de tributos: internalizar el coste ambiental en quien lo genera. La Ley 15/2012 creó de golpe tres tributos: IVPEE, Impuesto sobre producción de combustible nuclear gastado/residuos, e Impuesto sobre almacenamiento de estos residuos en instalaciones centralizadas. El IVPEE grava la PRODUCCIÓN de electricidad (a los productores), a diferencia del Impuesto Especial sobre la Electricidad, que grava el SUMINISTRO/consumo final (a través de comercializadoras). Base imponible del IVPEE: el valor económico total de las retribuciones percibidas por la producción, no los kWh físicos producidos. El IVPEE no distingue por tipo de energía (renovable o fósil), lo que ha sido muy criticado por desdibujar su pretendida finalidad ambiental; su tipo ha sido objeto de suspensiones temporales en la crisis energética. Impuesto sobre producción de combustible nuclear gastado: grava el hecho físico de generar residuos radiactivos, con base en kg de metal pesado (combustible) o volumen (otros residuos), NO el valor económico de la electricidad. Impuesto sobre almacenamiento de residuos radiactivos: distinto del anterior, grava el ALMACENAMIENTO en instalaciones centralizadas (el proyecto de ATC se abandonó en 2018). Gases Fluorados (Ley 16/2013): grava la primera venta o entrega, el autoconsumo y la tenencia irregular; solo los gases con PCA que alcanza el umbral de 150 (los de menor PCA quedan fuera). Tipo de los gases fluorados: PCA del gas concreto × coeficiente fijado en la ley, con un tope máximo por kilogramo (ambos valores a verificar en la normativa vigente). Exenciones de gases fluorados: uso como materia prima con transformación química, destrucción autorizada, equipos militares, navegación internacional. El Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados es la figura más reciente: grava la actividad extractiva sobre titulares de derechos mineros de hidrocarburos (Ley 34/1998), con base en el valor de mercado de lo extraído. Los tributos medioambientales estatales conviven con tributos propios autonómicos de finalidad ambiental; el límite es el art. 6 LOFCA (prohibición de doble imposición) y la STC 289/2000 exige que la finalidad extrafiscal se refleje en la estructura del tributo. IVPEE: tipo general del 7%, devengo el 31 de diciembre (periodo anual), con suspensiones temporales recientes por la crisis energética; contribuyente el productor. Ley 7/2022: crea el Impuesto especial sobre envases de plástico no reutilizables (0,45 euros por kg de plástico no reciclado, desde 1-1-2023, modelo 592) y el impuesto sobre vertederos, incineración y coincineración. Ley 8/2015, de 21 de mayo: crea el Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados (modifica la Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos). Reglamento (UE) 2024/573 sustituye al 517/2014 en materia de gases fluorados de efecto invernadero. Error típico: confundir el IVPEE (producción, directo, sobre el productor) con el Impuesto sobre la Electricidad (suministro/consumo, indirecto, repercutido en factura).

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149) (Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.
  • Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras (Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero).
  • Ley 8/2015, de 21 de mayo, por la que se modifica la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos.
  • Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
  • Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (art. 6).
  • Reglamento (UE) 2024/573 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de febrero de 2024, sobre los gases fluorados de efecto invernadero.
  • Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, art. 191.
  • STC 289/2000, de 30 de noviembre.

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