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Tema 27. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible, cuota tributaria y reglas especiales.

Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna · Índice oficial del BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149).

Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, turno libre y promoción interna (666 plazas: 446 libre + 220 promoción interna). Es distinto del temario del Cuerpo de Agentes Tributarios (C1) y del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (A1), que tienen procesos y temarios propios, no cubiertos aquí.

El ITPAJD, regulado por el Texto Refundido aprobado por RDLeg 1/1993, es un impuesto indirecto cedido a las Comunidades Autónomas que en realidad agrupa tres hechos imponibles heterogéneos bajo una misma ley: Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO), que grava el tráfico civil o particular de bienes; Operaciones Societarias (OS), que grava determinados actos relativos al capital de las sociedades; y Actos Jurídicos Documentados (AJD), que grava la formalización de determinados documentos notariales, mercantiles y administrativos. Es de enorme relevancia práctica por su estrecha e insoslayable relación de incompatibilidad con el IVA (examinada en el tema 24) y por la amplia capacidad normativa autonómica sobre sus tipos de gravamen, que el opositor debe saber distinguir siempre de los tipos subsidiarios estatales fijados por el propio Texto Refundido.

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Naturaleza del ITPAJD: Texto Refundido aprobado por RDLeg 1/1993

El ITPAJD se regula en el Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, desarrollado reglamentariamente por el Real Decreto 828/1995. Se trata de un tributo de naturaleza indirecta, cedido en su rendimiento y con amplia capacidad normativa a las Comunidades Autónomas de régimen común conforme a la Ley 22/2009, que presenta la peculiaridad estructural de agrupar en una única norma tres hechos imponibles conceptualmente distintos y de origen histórico diferenciado, cuyo único nexo común es haber estado tradicionalmente gravados por el llamado «Impuesto de Derechos Reales» y sus sucesivas reformas: las Transmisiones Patrimoniales Onerosas, las Operaciones Societarias, y los Actos Jurídicos Documentados. Esta estructura tripartita, examinada con detalle en el punto siguiente, exige al opositor tener siempre presente en cuál de las tres modalidades se encuadra cada operación concreta, dado que cada una de ellas cuenta con su propio hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible y tipo de gravamen, pese a compartir una regulación legal común.

Las tres modalidades del impuesto: TPO, OS y AJD

El art. 1 del Texto Refundido estructura el impuesto en tres modalidades: la de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO), que grava fundamentalmente el tráfico patrimonial oneroso entre particulares, o entre un particular y un empresario cuando la operación no queda sujeta a IVA; la de Operaciones Societarias (OS), que grava determinados actos y negocios jurídicos relativos a la vida de las sociedades mercantiles (constitución, aumento y disminución de capital, disolución); y la de Actos Jurídicos Documentados (AJD), que grava, a su vez, en tres submodalidades diferenciadas, la formalización de determinados documentos notariales, mercantiles y administrativos. Cada una de estas tres modalidades tiene su propio hecho imponible, de manera que un mismo negocio jurídico o acto puede, en principio, quedar comprendido en el ámbito de una sola de ellas, rigiendo entre las tres modalidades (con la salvedad de la cuota fija de AJD, examinada más adelante) un principio de incompatibilidad que se desarrolla en el punto siguiente.

Incompatibilidad entre las distintas modalidades del impuesto

El Texto Refundido (art. 1 y concordantes) establece que en ningún caso, un mismo acto podrá ser liquidado por el concepto de TPO y por el de OS, ni tampoco por TPO y por la cuota gradual de AJD documentos notariales, rigiendo así un principio general de incompatibilidad entre las distintas modalidades del impuesto sobre una misma convención o negocio jurídico. Este principio de incompatibilidad explica, por ejemplo, por qué la constitución de una sociedad, aunque se formalice necesariamente en escritura pública notarial (documento susceptible, en principio, de tributar por AJD), tributa exclusivamente por la modalidad de Operaciones Societarias y no queda sujeta, además, a la cuota variable de AJD, precisamente porque uno de los requisitos de esta última (examinado más adelante) es que el acto documentado no esté sujeto a TPO ni a OS. La única excepción a esta regla de incompatibilidad es la cuota fija de AJD (el llamado «impuesto del papel timbrado»), que, por gravar la mera utilización del papel notarial y no el contenido económico del acto, es siempre compatible con cualquiera de las otras dos modalidades del impuesto.

Incompatibilidad entre TPO/OS y el IVA

El art. 7.5 del Texto Refundido, junto con las reglas de sujeción y exención de la LIVA, establece un principio general de incompatibilidad entre las modalidades de TPO y OS del ITPAJD y el IVA: las operaciones sujetas al IVA no quedan, por regla general, sujetas a TPO (aunque sí pueden quedar sujetas a AJD si concurren sus propios requisitos, dado que AJD grava la formalización documental y no la operación económica subyacente). No obstante, esta incompatibilidad general presenta excepciones expresamente tasadas, en las que una operación realizada por empresario o profesional, y por tanto en principio sujeta a IVA, tributa sin embargo por TPO: fundamentalmente, las entregas y los arrendamientos de bienes inmuebles, así como la constitución y transmisión de derechos reales de goce y disfrute que recaigan sobre los mismos, cuando dichas operaciones estén exentas del IVA, salvo que se produzca la renuncia a la exención examinada en el tema 24 (en cuyo caso la operación vuelve a tributar por IVA); y las entregas de inmuebles incluidas en la transmisión de la totalidad de un patrimonio empresarial no sujeta al IVA, cuando por sus destinatarios no se continúen las mismas actividades empresariales o profesionales del transmitente.

Hecho imponible de la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas

El art. 7.1 del Texto Refundido configura el hecho imponible de la modalidad de TPO sobre tres grandes categorías de operaciones: las transmisiones onerosas por actos inter vivos de toda clase de bienes y derechos que integren el patrimonio de las personas físicas o jurídicas; la constitución de derechos reales, préstamos, fianzas, arrendamientos, pensiones y concesiones administrativas, salvo cuando estas últimas tengan por objeto la cesión del derecho a utilizar infraestructuras ferroviarias, o bienes o instalaciones en puertos y aeropuertos; y, como operaciones asimiladas (art. 7.2), las adjudicaciones en pago y para pago de deudas y los excesos de adjudicación declarados, salvo los que resulten de dividir cosas indivisibles o que desmerezcan mucho por su división. Esta modalidad constituye, en esencia, el impuesto que grava el tráfico patrimonial que queda al margen del ámbito de aplicación del IVA (tráfico entre particulares, o determinado tráfico inmobiliario empresarial exento de IVA), desempeñando así una función complementaria y de cierre respecto de aquel.

Transmisiones de bienes y derechos sujetas a TPO

Dentro del primer bloque del hecho imponible de TPO (transmisiones onerosas por actos inter vivos), quedan sujetas, entre otras: las compraventas de toda clase de bienes muebles e inmuebles entre particulares; las permutas; las adjudicaciones en pago de deudas y las adjudicaciones para pago de deudas, con las especialidades correspondientes; los excesos de adjudicación declarados (por ejemplo, en la disolución de comunidades de bienes), salvo los que resulten de dividir cosas indivisibles o que desmerezcan por su división; y, con carácter general, cualquier transmisión de la propiedad de bienes o derechos que no quede sujeta al IVA por no ser realizada por un empresario o profesional en el ejercicio de su actividad. La reiterada exigencia de que la transmisión sea onerosa (y no lucrativa, en cuyo caso tributaría por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones) constituye, junto con la ausencia de la condición de empresario o profesional en el transmitente, el segundo criterio esencial de delimitación de esta modalidad frente a los otros grandes tributos indirectos del sistema (IVA e ISD), formando entre los tres un sistema cerrado y en principio sin solapamientos de tributación indirecta sobre el tráfico patrimonial.

Constitución de derechos reales, préstamos y arrendamientos sujetos a TPO

El segundo bloque del hecho imponible de TPO comprende la constitución de derechos reales (usufructo, uso, habitación, servidumbres, hipoteca, prenda, censos), de préstamos (incluidos los representados por bonos, obligaciones o títulos análogos, si no tributan por el concepto de AJD documentos mercantiles), de fianzas, de arrendamientos (de fincas rústicas y urbanas, y de bienes muebles, cuando no queden sujetos a IVA), y de pensiones, siempre que estos actos y contratos no queden sujetos al IVA. La constitución de un préstamo entre particulares, por ejemplo, queda sujeta a TPO al tipo del 1% (tipo subsidiario estatal aplicable a la constitución de derechos reales de garantía, préstamos, fianzas y pensiones, salvo el que corresponda fijar a cada Comunidad Autónoma), mientras que los préstamos concedidos por empresarios en el ejercicio de su actividad (por ejemplo, entidades financieras) están sujetos y exentos de IVA, por lo que no tributan por TPO sino, cuando se formalizan en escritura, por la cuota gradual de AJD.

Concesiones administrativas sujetas a TPO

El art. 7.1 del Texto Refundido sujeta a la modalidad de TPO las concesiones administrativas, entendiendo por tales los actos y negocios administrativos, cualquiera que sea su modalidad o denominación, por los que, como consecuencia del otorgamiento de facultades de gestión de servicios públicos o de la atribución del uso privativo o del aprovechamiento especial de bienes de dominio o uso público, se origine un desplazamiento patrimonial en favor de particulares. Quedan expresamente excluidas de esta sujeción, y por tanto no tributan por TPO, las concesiones que tengan por objeto la cesión del derecho a utilizar infraestructuras ferroviarias o bienes de dominio público portuario o aeroportuario, en atención a su particular relevancia estratégica. Cuando la concesión administrativa se sujeta a TPO, la Ley fija reglas específicas de determinación de la base imponible y del tipo de gravamen aplicable, según la naturaleza y el contenido económico concreto de la concesión otorgada, siendo sujeto pasivo, conforme se examina más adelante, el concesionario que resulta beneficiado por el otorgamiento de dicha concesión.

Hecho imponible de la modalidad de Operaciones Societarias

El art. 19.1 del Texto Refundido configura el hecho imponible de la modalidad de Operaciones Societarias sobre los siguientes actos: la constitución de sociedades, el aumento y la disminución de su capital social, la prórroga y la disolución de sociedades; las aportaciones que efectúen los socios que no supongan un aumento del capital social, para reponer pérdidas sociales; y el traslado a España de la sede de dirección efectiva o del domicilio social de una sociedad, cuando ni una ni otro estuviesen previamente situados en un Estado miembro de la Unión Europea. El art. 19 equipara a sociedades, a los efectos de esta modalidad del impuesto, otras entidades de fin lucrativo en los términos que enumera el propio precepto. Esta modalidad, que grava la propia estructura y evolución del capital de las sociedades, ha experimentado una progresiva reducción de su ámbito objetivo efectivo de tributación, tras la exención generalizada de la constitución y del aumento de capital que se examina en el punto siguiente.

Constitución, aumento y disminución de capital, disolución de sociedades

Dentro de las operaciones societarias sujetas al impuesto, la constitución de sociedades supone la primera dotación patrimonial de la entidad mediante las aportaciones de los socios fundadores; el aumento de capital, la ampliación de dicha dotación patrimonial mediante nuevas aportaciones, dinerarias o no dinerarias, de los socios (existentes o nuevos); la disminución de capital, la reducción de dicha cifra de capital social, ya sea mediante devolución de aportaciones a los socios, condonación de dividendos pasivos pendientes, o mediante la absorción de pérdidas sin devolución alguna a los socios; y la disolución de sociedades, el acto por el cual se pone fin a la vida jurídica de la sociedad, con la consiguiente liquidación de su patrimonio y adjudicación del remanente, si lo hubiera, a los socios en proporción a su participación. Cada uno de estos cuatro actos societarios tiene, en principio, la consideración de hecho imponible autónomo de la modalidad de OS, sin perjuicio de que, como se examina en el punto siguiente, la reforma de 2010 haya eliminado la tributación efectiva de dos de ellos (constitución y aumento de capital).

Exención de la constitución y aumento de capital tras la reforma de 2010

El Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, declaró exentas de la modalidad de Operaciones Societarias, con efectos desde su entrada en vigor: la constitución de sociedades, el aumento de capital social, las aportaciones que efectúen los socios que no supongan aumento de capital social para reponer pérdidas sociales, y el traslado a España de la sede de dirección efectiva o del domicilio social de una sociedad cuando ni una ni otro estuviesen previamente situados en un Estado miembro de la Unión Europea. Esta reforma, motivada por la necesidad de adaptar el ordenamiento español a la Directiva 2008/7/CE (que prohíbe a los Estados miembros gravar con el impuesto sobre las aportaciones de capital determinadas operaciones societarias fundamentales para el funcionamiento del mercado interior), ha convertido en residual, en la práctica, la tributación efectiva por la modalidad de OS, que en la actualidad recae fundamentalmente sobre las operaciones de disminución de capital con devolución de aportaciones a los socios y sobre la disolución de sociedades, tributando ambas al tipo del 1% sobre el valor real de los bienes y derechos entregados a los socios.

Hecho imponible de Actos Jurídicos Documentados: documentos notariales

Los arts. 27 a 32 del Texto Refundido regulan la modalidad de AJD en su submodalidad de documentos notariales, gravando la formalización en escritura, acta o testimonio notarial de determinados actos y contratos. Esta submodalidad se articula, a su vez, en dos cuotas superpuestas y de naturaleza distinta: la cuota fija, exigida sobre el propio papel timbrado en que se extienden las matrices y las copias de las escrituras y actas notariales, y los testimonios, con independencia del contenido del documento (tributo puramente formal o documental, ajeno al valor económico del acto); y la cuota variable o gradual, examinada con detalle en el punto siguiente, exigida adicionalmente sobre determinadas primeras copias de escrituras y actas notariales que reúnan ciertos requisitos de valuabilidad económica, inscribibilidad registral y no sujeción a otros tributos, y que constituye la manifestación más relevante en términos recaudatorios de toda la modalidad de AJD, especialmente en el ámbito de las transmisiones inmobiliarias y de la constitución de préstamos hipotecarios.

Cuota fija y cuota variable o gradual en AJD notarial

La cuota fija de AJD documentos notariales se satisface mediante la utilización de papel timbrado especial (o, en la práctica actual, mediante el pago electrónico equivalente) en la extensión de las matrices y copias de escrituras y actas notariales, así como de los testimonios, con un importe de escasa cuantía fijado por la propia Ley por cada pliego o folio utilizado (del orden de 0,30 euros por pliego o folio de matriz y 0,15 euros por folio de copia, cuantías que conviene contrastar), con independencia absoluta del contenido, valor o naturaleza del acto documentado, y sin que resulte alterada por la aplicación de exenciones que pudieran corresponder al acto o negocio jurídico subyacente (por ello se afirma que la cuota fija es siempre compatible con cualquier otra modalidad del impuesto, incluidas TPO y OS). La cuota variable o gradual, por el contrario, no se satisface mediante papel timbrado sino mediante autoliquidación ordinaria, y se exige, adicionalmente a la cuota fija, exclusivamente sobre aquellas primeras copias de escrituras y actas notariales que reúnan simultáneamente los tres requisitos que se examinan en el punto siguiente, aplicando sobre el valor declarado en el documento el tipo de gravamen que corresponda conforme a la normativa estatal subsidiaria o a la normativa autonómica aplicable.

Requisitos para la cuota gradual de AJD: inscribibilidad y valuabilidad

El art. 31.2 del Texto Refundido exige la concurrencia simultánea de tres requisitos para que una primera copia de escritura o acta notarial quede sujeta a la cuota gradual de AJD: en primer lugar, que tenga por objeto cantidad o cosa valuable, esto es, que el acto o negocio documentado tenga un contenido económico susceptible de valoración pecuniaria (excluyendo, por tanto, documentos de contenido no valuable, como un simple poder notarial sin contenido patrimonial cuantificable); en segundo lugar, que contenga actos o contratos inscribibles en los Registros de la Propiedad, Mercantil, de la Propiedad Industrial o de Bienes Muebles (con independencia de que la inscripción llegue efectivamente a practicarse, bastando la mera inscribibilidad registral del acto); y en tercer lugar, que el acto o contrato no esté sujeto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ni a las modalidades de TPO u OS de este mismo impuesto, en aplicación del principio de incompatibilidad ya examinado. Estos tres requisitos —valuabilidad, inscribibilidad y no sujeción a otros conceptos— constituyen uno de los contenidos más recurrentemente preguntados de todo el temario del ITPAJD.

Actos Jurídicos Documentados: documentos mercantiles

Los arts. 33 a 37 del Texto Refundido regulan la submodalidad de AJD documentos mercantiles, cuyo hecho imponible recae sobre las letras de cambio, los documentos que realicen función de giro o suplan a las letras de cambio, y los resguardos o certificados de depósito transmisibles, así como los pagarés, bonos, obligaciones y demás títulos análogos emitidos en serie, por plazo no superior a dieciocho meses, representativos de capitales ajenos, por los que se satisfaga una contraprestación establecida por diferencia entre el importe satisfecho en la emisión y el comprometido a reembolsar al vencimiento. Las letras de cambio tributan conforme a una escala progresiva fijada en función de su importe (base imponible constituida por la cantidad girada, más el importe de la que, en su caso, se hubiera consignado en concepto de gastos y comisiones), documentándose el pago del impuesto mediante efectos timbrados especiales de curso legal (papel timbrado específico para letras de cambio) o, en su caso, mediante el pago en metálico correspondiente cuando así se disponga. Los pagarés, bonos y demás títulos análogos que cumplan función de giro tributan al tipo fijo del 0,5% sobre su importe nominal.

Actos Jurídicos Documentados: documentos administrativos

Los arts. 40 y 41 del Texto Refundido regulan la submodalidad de AJD documentos administrativos, sujetando a gravamen, en primer lugar, la rehabilitación y transmisión de grandezas y títulos nobiliarios, tributando conforme a una escala de cuotas fijas que varía según se trate de rehabilitación, transmisión directa (padre a hijo) o transmisión transversal (entre otros parientes o personas ajenas); y, en segundo lugar, con mayor relevancia práctica, las anotaciones preventivas que se practiquen en los Registros públicos (Registro de la Propiedad, Registro Mercantil) cuando tengan por objeto un derecho o un interés valuable y no vengan ordenadas de oficio por la autoridad judicial, tributando al tipo del 0,5% sobre el valor del derecho o interés que se garantiza, anota o consigna, siendo sujeto pasivo la persona que solicite la anotación preventiva (por ejemplo, el acreedor que solicita una anotación preventiva de embargo sobre un bien del deudor). Esta submodalidad, de escasa complejidad conceptual en comparación con las dos anteriores, presenta un ámbito de aplicación práctico mucho más reducido y específico.

Sujeto pasivo en TPO: el adquirente del bien o derecho

El art. 8 del Texto Refundido establece, como regla general del sujeto pasivo en la modalidad de TPO, que estará obligado al pago del impuesto a título de contribuyente el adquirente del bien o derecho en las transmisiones de bienes y derechos de toda clase, con independencia de que sea el transmitente quien inicialmente haya soportado, en su caso, el correspondiente pacto de repercusión (que, en todo caso, tendría eficacia meramente civil entre las partes, careciendo de trascendencia frente a la Administración tributaria, para la que el sujeto pasivo siempre es el adquirente). El propio precepto establece reglas específicas para cada uno de los actos incluidos en el hecho imponible de TPO: en la constitución de derechos reales, aquel a cuyo favor se realice dicho acto; en los expedientes de dominio, las actas de notoriedad o las actas complementarias de documentos públicos, la persona que los promueva; en la constitución de préstamos, el prestatario; en la constitución de fianzas, el acreedor afianzado; en la constitución de arrendamientos, el arrendatario; en la constitución de pensiones, el pensionista; y en las concesiones administrativas, el concesionario.

Sujeto pasivo en OS: la sociedad

El art. 23 del Texto Refundido establece que estará obligada al pago del impuesto, a título de contribuyente, la sociedad, en las operaciones de constitución, aumento de capital, fusión y escisión, siendo también posible responsabilizar subsidiariamente a los promotores, administradores o liquidadores de la sociedad que hubiesen intervenido en el acto jurídico sujeto a gravamen y que no hubiesen exigido el pago del impuesto, si la sociedad no lo hubiese satisfecho, en los términos y con las condiciones que fija la propia Ley. En los supuestos de disminución de capital y de disolución, en cambio, es sujeto pasivo cada uno de los socios, copropietarios, comuneros o partícipes, por los bienes y derechos que se les entreguen, en proporción a la cuota que reciban en la reducción de capital o en la liquidación de la sociedad, invirtiéndose así la regla general (sociedad como sujeto pasivo) precisamente en atención a que, en estos dos supuestos, quien recibe un beneficio patrimonial (los socios que reciben bienes o derechos) no es ya la propia sociedad, sino sus miembros individualmente considerados.

Sujeto pasivo en AJD: el adquirente del bien o derecho, o quien inste el documento

El art. 29 del Texto Refundido establece que, en las escrituras y actas notariales sujetas a la modalidad de AJD documentos notariales, será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan. Esta regla resulta de particular relevancia práctica en la constitución de préstamos hipotecarios: tras la reforma operada por el Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre (que modificó el criterio jurisprudencial anterior que había hecho recaer transitoriamente el impuesto sobre el prestatario), el sujeto pasivo de la cuota gradual de AJD en la constitución de préstamos con garantía hipotecaria es el prestamista (la entidad bancaria o financiera que concede el préstamo), y no el prestatario (el particular o empresa que recibe el préstamo), invirtiéndose así, para este supuesto específico, la regla general de que el sujeto pasivo es el adquirente o beneficiario del acto, precisamente para proteger a los consumidores frente a la carga fiscal derivada de la formalización de sus préstamos hipotecarios. La Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, reforzó esta orientación en materia de gastos de formalización.

Base imponible en TPO: el valor de referencia y el valor de mercado

El art. 10 del Texto Refundido, tras la reforma operada por la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, establece que la base imponible en la modalidad de TPO está constituida por el valor del bien transmitido o del derecho que se constituya o ceda, entendiendo por tal, para los bienes inmuebles, su valor de referencia previsto en la normativa reguladora del catastro inmobiliario, vigente en el momento del devengo, salvo que el valor declarado por los interesados, el precio o contraprestación pactada, o ambos, sean superiores al valor de referencia, en cuyo caso se tomará como base imponible la mayor de estas magnitudes. Cuando no exista valor de referencia o este no pueda ser certificado por la Dirección General del Catastro, la base imponible, sin perjuicio de la comprobación administrativa, será la mayor de las siguientes magnitudes: el valor declarado por los interesados, el precio o contraprestación pactada, o el valor de mercado. Esta configuración del valor de referencia catastral como base imponible por defecto (presumido valor de mercado salvo prueba en contrario aportada por el propio contribuyente mediante los cauces de impugnación específicos) constituye una de las reformas más relevantes del impuesto en los últimos ejercicios.

Base imponible en OS: el importe nominal en que se aumente o disminuya el capital

El art. 25 del Texto Refundido establece que, en la constitución y en el aumento de capital de sociedades que limiten de alguna manera la responsabilidad de los socios, la base imponible está constituida por el importe nominal en que aquel quede fijado inicialmente o ampliado, adicionando las primas de emisión, en su caso, exigidas; y, en las sociedades en que la responsabilidad de los socios no esté limitada, por el valor neto de la aportación, entendiendo por tal el valor real de los bienes y derechos aportados minorado por las cargas y gastos que fuesen deducibles y por el valor de las deudas que queden a cargo de la sociedad con motivo de la aportación. En la disminución de capital y en la disolución de sociedades, la base imponible coincide con el valor real de los bienes y derechos entregados a los socios, sin deducción de gastos ni deudas, magnitud que en la práctica se identifica con el importe efectivamente percibido por cada socio en la reducción de capital con devolución de aportaciones o en la cuota de liquidación que le corresponda en la disolución de la sociedad.

Base imponible en AJD: el valor declarado o el valor del acto

El art. 30 del Texto Refundido establece, como regla general de determinación de la base imponible en la cuota gradual de AJD documentos notariales, que servirá de base el valor declarado, sin perjuicio de la comprobación administrativa correspondiente, (si la regla del valor de referencia catastral examinada para la modalidad de TPO resulta o no aplicable a la cuota gradual de AJD debe contrastarse con la redacción vigente del art. 30, pues el AJD grava la formalización documental de un acto y no la propia transmisión patrimonial). Se establece, no obstante, una regla especial para la constitución de derechos reales de garantía (fundamentalmente, hipotecas), en cuyo caso la base imponible está constituida por el importe de la obligación o capital garantizado, comprendiendo las sumas que se aseguren por intereses, indemnizaciones, penas por incumplimiento u otros conceptos análogos, si constan expresamente garantizados por el propio derecho real que se constituye, magnitud que, en la práctica, resulta con frecuencia sensiblemente superior al capital efectivamente prestado, al incluir la totalidad de las responsabilidades hipotecarias pactadas.

Cuota tributaria: tipos de gravamen en TPO (transmisión de inmuebles y de bienes muebles)

El art. 11 del Texto Refundido fija los tipos de gravamen subsidiarios de la modalidad de TPO, aplicables cuando la Comunidad Autónoma correspondiente no hubiese aprobado un tipo de gravamen propio en ejercicio de su capacidad normativa cedida por la Ley 22/2009: el 6% para las transmisiones de bienes inmuebles, así como para la constitución y cesión de derechos reales que recaigan sobre los mismos, salvo los derechos reales de garantía; y el 4% para las transmisiones de bienes muebles y semovientes, así como para la constitución y cesión de derechos reales sobre los mismos que no tengan la consideración de derechos reales de garantía. Cada Comunidad Autónoma de régimen común ha aprobado tipos propios, que difieren sensiblemente de unas a otras (desde tipos próximos al 6% hasta el entorno del 10% u 11%, a veces con tramos progresivos en función del valor del inmueble), por lo que los porcentajes estatales subsidiarios, aunque fundamentales para comprender la estructura del impuesto, rara vez resultan de aplicación efectiva, siendo imprescindible comprobar siempre el tipo autonómico vigente en la Comunidad de referencia.

Cuota tributaria en la constitución de derechos reales de garantía

El art. 11.1.c) del Texto Refundido fija el tipo de gravamen subsidiario del 1% para la constitución de derechos reales de garantía (fundamentalmente hipotecas y prendas), pensiones, fianzas y préstamos, incluidos los representados por obligaciones, así como la cesión de créditos de cualquier naturaleza. Este tipo reducido, sensiblemente inferior al aplicable a las transmisiones de bienes inmuebles o muebles, se justifica en atención a que la constitución de un derecho real de garantía no comporta, por sí misma, una transmisión de la propiedad ni un desplazamiento patrimonial definitivo, sino una mera afección de un bien al cumplimiento de una obligación, de manera que su capacidad económica gravable es notablemente inferior a la de una transmisión plena de dominio. La aplicación práctica de este tipo cobra especial relevancia en la constitución de hipotecas entre particulares (dado que, cuando el prestamista es una entidad financiera y la operación se formaliza en escritura pública, la constitución del préstamo hipotecario tributa por AJD y no por TPO, en aplicación de las reglas de incompatibilidad ya examinadas, siendo además sujeto pasivo el prestamista desde la reforma de 2018 ya comentada).

Tipos de gravamen en AJD documentos notariales

El art. 31.2 del Texto Refundido fija el tipo de gravamen subsidiario de la cuota gradual de AJD documentos notariales en el 0,5%, aplicable, al igual que en TPO, cuando la Comunidad Autónoma correspondiente no hubiese aprobado un tipo propio en ejercicio de su capacidad normativa. Al igual que sucede con los tipos de TPO, la mayoría de las Comunidades Autónomas de régimen común han fijado tipos propios, que suelen situarse entre el 0,75% y el 1,5% según el territorio, con frecuencia condicionados a bonificaciones o tipos reducidos específicos para determinadas operaciones de política social (adquisición de vivienda habitual por jóvenes, familias numerosas, personas con discapacidad, o para la constitución de préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda habitual). La combinación de la cuota fija (de escasa cuantía) y la cuota gradual (aplicada, en su caso, sobre el valor declarado del acto) constituye la carga tributaria total soportada por AJD, resultando esta última cuota gradual la que concentra prácticamente la totalidad de la recaudación efectiva de esta modalidad del impuesto.

Reglas especiales: exenciones subjetivas y objetivas

El art. 45.I.A del Texto Refundido enumera las exenciones subjetivas del impuesto, aplicables con independencia de la modalidad concreta de que se trate cuando el beneficiario del acto o negocio jurídico sea alguno de los sujetos enumerados: el Estado y las Administraciones públicas territoriales e institucionales; la Iglesia católica y las iglesias, confesiones y comunidades religiosas que tengan suscritos acuerdos de cooperación con el Estado español; la Cruz Roja Española y la ONCE; las entidades sin fines lucrativos que hayan optado por el régimen fiscal especial de la Ley 49/2002, en los términos previstos en dicha norma; y otros sujetos expresamente enumerados. El art. 45.I.B enumera, por su parte, las exenciones objetivas, aplicables en atención a la naturaleza del acto o negocio jurídico con independencia de quién sea su beneficiario: entre ellas, las operaciones societarias de reestructuración empresarial acogidas al régimen de neutralidad fiscal (fusiones, escisiones, aportaciones de rama de actividad), y las aportaciones de terrenos a las Juntas de Compensación y las adjudicaciones a los propietarios, entre otros supuestos.

Otras exenciones: subrogación de préstamos hipotecarios y deudores vulnerables

Además de las exenciones generales, existen exenciones ligadas a la financiación inmobiliaria. La Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios, declara exentas de la cuota gradual de AJD las escrituras de subrogación y de novación modificativa de préstamos hipotecarios que cumplan sus requisitos (por ejemplo, subrogación del acreedor, modificación del plazo o del tipo de interés). En el marco de la normativa de protección de deudores hipotecarios sin recursos (entre otras, el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo), se previeron beneficios fiscales para determinadas operaciones sobre la vivienda habitual del deudor hipotecario y de su garante, como las novaciones y las transmisiones en dación en pago; su alcance, requisitos y vigencia deben contrastarse con la normativa en vigor. A estas exenciones estatales se suman las bonificaciones y deducciones que cada Comunidad Autónoma puede aprobar en ejercicio de su capacidad normativa (adquisición de vivienda habitual por jóvenes, familias numerosas, personas con discapacidad, etc.), cuyos requisitos varían según el territorio. También están exentos de TPO los arrendamientos de fincas urbanas destinados a vivienda (art. 45.I.B).

Comprobación de valores en el ITPAJD

El art. 46 del Texto Refundido faculta a la Administración tributaria para comprobar el valor de los bienes y derechos transmitidos o, en general, de los que sean relevantes para la determinación de la base imponible del impuesto, por cualquiera de los medios establecidos en el art. 57 LGT (examinados en el tema correspondiente a la aplicación de los tributos): dictamen de peritos de la Administración, precios medios en el mercado, valor asignado para efectos de otros tributos, entre otros. No obstante, tras la reforma de la Ley 11/2021 ya examinada, cuando la base imponible de un bien inmueble esté constituida por su valor de referencia catastral, la Administración no puede comprobar dicho valor, dado que el propio valor de referencia se configura legalmente como una magnitud objetiva ya presumida como valor de mercado; en tal caso, si el obligado tributario considera que el valor de referencia perjudica sus intereses legítimos (por ser superior al valor real de mercado del inmueble concreto), puede solicitar su rectificación mediante los procedimientos de impugnación previstos al efecto (solicitud de rectificación de autoliquidación, o recurso de reposición o reclamación económico-administrativa), sin que quepa una comprobación administrativa ordinaria al alza de dicho valor de referencia.

Devengo del impuesto en cada modalidad

El art. 49 del Texto Refundido fija reglas de devengo específicas para cada una de las tres modalidades del impuesto: en la modalidad de TPO, el impuesto se devenga el día en que se realice el acto o contrato gravado; en la modalidad de OS, el día en que se formalice el acto sujeto a gravamen (constitución, aumento o disminución de capital, disolución); y en la modalidad de AJD documentos notariales, el día del otorgamiento de la escritura, acta o testimonio ante el fedatario público correspondiente. Se establece además una regla especial para los actos y contratos sujetos a condición: cuando la condición sea suspensiva, la liquidación se difiere hasta que la condición se cumpla (conviene contrastar con el art. 5 del Texto Refundido el régimen de liquidación provisional); y cuando la condición sea resolutoria, se exige el impuesto desde luego, sin perjuicio de la posterior devolución que proceda en el caso de cumplirse dicha condición resolutoria, conforme a las reglas generales sobre devolución de ingresos indebidos previstas en la LGT.

Gestión del impuesto: competencia de las Comunidades Autónomas

El ITPAJD es un tributo cedido a las Comunidades Autónomas de régimen común en la totalidad de su rendimiento, con un alcance de la capacidad normativa cedida particularmente amplio en comparación con otros tributos cedidos: las CCAA pueden regular, además de los tipos de gravamen ya examinados (en TPO y en la cuota gradual de AJD, no así en la modalidad de OS ni en la cuota fija de AJD, de tipo y cuantía exclusivamente estatal), las deducciones y bonificaciones de la cuota, y determinados aspectos de gestión y liquidación del impuesto, mientras que los elementos sustantivos esenciales (hecho imponible, exenciones de ámbito estatal, sujeto pasivo, y devengo) permanecen bajo la competencia normativa exclusiva del Estado por su carácter básico. La gestión del impuesto se realiza, en la práctica totalidad del territorio de régimen común, mediante autoliquidación presentada por el propio sujeto pasivo, dentro de un plazo general de treinta días hábiles a contar desde el momento en que se produzca el hecho imponible correspondiente a cada una de las tres modalidades del impuesto, ante la oficina liquidadora de la Comunidad Autónoma competente conforme a los puntos de conexión establecidos en la Ley 22/2009.

Puntos de conexión y reparto de competencias con las Comunidades Autónomas

El ITPAJD está cedido a las Comunidades Autónomas de régimen común, que pueden regular los tipos de gravamen de TPO y de la cuota gradual de AJD, las deducciones y las bonificaciones, así como determinados aspectos de gestión y liquidación (Ley 22/2009). La Comunidad competente se determina por los puntos de conexión de la Ley 22/2009: en TPO, en las transmisiones de inmuebles y derechos reales sobre ellos, la Comunidad donde radique el inmueble; en las de bienes muebles, la de residencia habitual del adquirente; en las operaciones societarias, la del domicilio fiscal de la sociedad; y en AJD, con carácter general, la del lugar de situación del bien cuando el documento formaliza actos sobre inmuebles, o la del lugar de formalización en otro caso. Los territorios forales (País Vasco y Navarra) aplican su propia normativa, en virtud del Concierto Económico y del Convenio Económico, con tipos propios. Los puntos de conexión concretos deben consultarse en el texto vigente de la Ley 22/2009.

Delimitación entre IVA, TPO, AJD e ISD: ejemplos prácticos

La delimitación entre IVA, TPO, AJD e ISD es una de las preguntas clásicas del examen. Reglas básicas: 1) Entre particulares, la compraventa de un inmueble o de un vehículo usado tributa por TPO, con el adquirente como sujeto pasivo. 2) Si el vendedor es un empresario que actúa como tal, la operación está sujeta a IVA y no a TPO. 3) La primera entrega de una vivienda nueva por el promotor tributa por IVA (tipo reducido del 10 por ciento) y la escritura tributa por la cuota gradual de AJD, que paga el adquirente. 4) La segunda y ulteriores entregas de edificaciones por empresarios están exentas de IVA y tributan por TPO, salvo renuncia a la exención, supuesto en que tributan por IVA (con inversión del sujeto pasivo) y la escritura queda sujeta a AJD. 5) Si la transmisión es lucrativa (herencia, donación) tributa por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, nunca por TPO. 6) Los actos societarios tributan por OS, no por TPO. 7) Una escritura de constitución de hipoteca otorgada a favor de una entidad financiera no tributa por TPO sino por la cuota gradual de AJD, cuyo sujeto pasivo es el prestamista. Ejemplo: A vende su piso a B por 200.000 euros; sujeto a TPO, base imponible mayor entre precio, valor declarado y valor de referencia; si la Comunidad tiene un tipo del 8 por ciento, la cuota es de 16.000 euros, ingresada por B.

Base imponible en TPO: reglas por clases de actos

Además de la regla general del valor del bien o derecho (art. 10), el Texto Refundido contiene reglas por clases de actos. En la constitución de préstamos, la base imponible es el importe del capital prestado; en la constitución de fianzas, pensiones y derechos reales de garantía, el importe de la obligación o capital garantizado, y en la constitución de derechos reales de goce (usufructo, uso, habitación) se calcula por reglas de valoración que dependen de la duración del derecho y del valor de los bienes. En los arrendamientos, la base es la renta o el importe total de las rentas durante el periodo de duración del contrato. En las concesiones administrativas, la base depende de la naturaleza de la concesión (valor del bien o canon). En las adjudicaciones en pago y excesos de adjudicación, la base es el valor del exceso o del bien adjudicado. La base imponible puede ser objeto de comprobación de valores por la Administración (art. 46), salvo cuando la base se haya fijado por el valor de referencia catastral. Los porcentajes de gravamen se aplican sobre la base una vez minorada, en su caso, por las cargas que correspondan según las reglas de valoración.

El valor de referencia catastral: efectos y régimen de impugnación

La Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, modificó la regulación de la base imponible de TPO y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para los bienes inmuebles, que desde el 1 de enero de 2022 se determina, como regla general, por el valor de referencia fijado por la Dirección General del Catastro, salvo que el valor declarado, el precio o la contraprestación sea superior. El valor de referencia se determina anualmente a partir de los precios de las transacciones inmobiliarias y es una magnitud objetiva ajena a la comprobación de valores. Si el contribuyente considera que el valor de referencia excede el valor real del inmueble, puede solicitar la rectificación de su autoliquidación, aportando motivadamente los elementos que justifiquen el menor valor, e impugnar la liquidación posterior por los cauces ordinarios (recurso de reposición y reclamación económico-administrativa). Cuando el valor de referencia no pueda certificarse por el Catastro, la base es la mayor de las tres magnitudes ya indicadas (valor declarado, precio o contraprestación y valor de mercado).

Evolución de la tributación por AJD en los préstamos hipotecarios

La determinación del sujeto pasivo de la cuota gradual de AJD en la constitución de préstamos hipotecarios fue objeto de una intensa controversia jurisprudencial en 2018, con pronunciamientos sucesivos y contradictorios del Tribunal Supremo sobre si debía ser el prestamista o el prestatario. El Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, modificó el art. 29 del Texto Refundido para disponer que, en las escrituras de constitución de préstamos con garantía hipotecaria, el sujeto pasivo es el prestamista. Posteriormente, la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, atribuyó al prestamista la asunción de determinados gastos de formalización. La regla opera solo en la constitución de préstamos con garantía hipotecaria; en otras escrituras que no sean de constitución de préstamo con garantía hipotecaria rige la regla general del art. 29 (adquirente o quien inste el documento). Ejemplo: en una hipoteca con responsabilidad hipotecaria total (capital más intereses ordinarios y de demora y costas) de 260.000 euros y tipo de la Comunidad del 1,2 por ciento, la cuota gradual es de 3.120 euros, a pagar por la entidad prestamista, más la cuota fija por los folios utilizados.

Gestión, plazos, prescripción y régimen sancionador del ITPAJD

El impuesto se gestiona mediante autoliquidación, con un plazo general de treinta días hábiles desde el devengo, ante la Comunidad Autónoma competente (en las escrituras notariales, el notario remite a la Administración tributaria autonómica relación de los documentos autorizados). El derecho de la Administración a liquidar y a exigir el pago prescribe a los cuatro años (art. 66 LGT), plazo que se computa desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo para presentar la autoliquidación. La presentación fuera de plazo sin requerimiento previo comporta los recargos por declaración extemporánea del art. 27 LGT (1 por ciento más 1 punto por cada mes completo de retraso hasta doce meses y 15 por ciento más intereses de demora a partir del duodécimo mes). Los registradores de la propiedad y mercantiles no admiten a inscripción los documentos sujetos al impuesto sin acreditación de su pago o de su exención, lo que constituye una garantía de cobro. Las controversias sobre el valor de los bienes se resuelven por comprobación de valores y, en su caso, tasación pericial contradictoria (cuando no se haya aplicado el valor de referencia).

Operaciones societarias: tipo de gravamen y exenciones

El tipo de gravamen de la modalidad de Operaciones Societarias es del 1 por ciento (art. 26 del Texto Refundido) y no es competencia de las Comunidades Autónomas. Tras el Real Decreto-ley 13/2010, están exentas la constitución de sociedades, el aumento de capital, las aportaciones de los socios que no supongan aumento de capital para reponer pérdidas y el traslado de sede o domicilio desde fuera de la Unión Europea a España, de modo que en la práctica solo tributan la disminución de capital con devolución de aportaciones y la disolución de sociedades. Están igualmente exentas, con carácter objetivo, las operaciones de fusión, escisión, aportación de rama de actividad y canje de valores que se acojan al régimen de neutralidad fiscal del Impuesto sobre Sociedades. En la disolución y la reducción de capital, el sujeto pasivo es el socio que recibe bienes o derechos, y la base imponible es su valor real. La cuota fija de AJD sobre la escritura de constitución subsiste, por ser compatible con cualquier modalidad.

Esquema de memoria del ITPAJD

Estructura: TPO (transmisiones onerosas, derechos reales, préstamos, fianzas, arrendamientos, pensiones, concesiones; sujeto pasivo el adquirente, prestatario, arrendatario, etc.; tipos 6 por ciento inmuebles, 4 por ciento muebles, 1 por ciento garantías, subsidiarios); OS (constitución, aumento y disminución de capital, prórroga y disolución; sujeto pasivo la sociedad, salvo reducción y disolución en que son los socios; tipo 1 por ciento; constitución y aumento exentos); AJD (documentos notariales con cuota fija y gradual, mercantiles y administrativos; sujeto pasivo el adquirente o quien inste el documento, y el prestamista en préstamos hipotecarios; tipo subsidiario 0,5 por ciento). Incompatibilidades: TPO con OS y TPO con IVA; AJD gradual solo si el acto no está sujeto a TPO, OS, ISD (los actos sujetos a IVA sí pagan AJD). Cesión: tipos de TPO y de la cuota gradual de AJD, deducciones y bonificaciones corresponden a las Comunidades Autónomas; hecho imponible, sujeto pasivo, devengo y exenciones, al Estado. Referencias: Real Decreto Legislativo 1/1993 (texto refundido) y Real Decreto 828/1995 (reglamento).

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El ITPAJD tiene TRES modalidades incompatibles entre sí sobre un mismo acto (salvo la cuota fija de AJD, siempre compatible): TPO (tráfico civil), OS (vida societaria) y AJD (documentos notariales/mercantiles/administrativos).
  • Regla de incompatibilidad IVA-TPO: por regla general son incompatibles, PERO tributan por TPO aunque las realice un empresario las entregas/arrendamientos de inmuebles EXENTOS de IVA sin renuncia a la exención.
  • La constitución de una sociedad tributa SOLO por OS (no por TPO ni por AJD gradual), pero desde el RDL 13/2010 la constitución y el aumento de capital están EXENTOS de OS (transposición de la Directiva 2008/7/CE) — solo tributan efectivamente la disminución de capital y la disolución, al 1%.
  • Cuota gradual de AJD exige TRES requisitos simultáneos: contenido valuable económicamente, inscribible en un Registro público, y NO sujeto a ISD ni a TPO/OS.
  • Sujeto pasivo TPO: el ADQUIRENTE. Sujeto pasivo OS: la SOCIEDAD (salvo en disminución de capital y disolución, donde es el SOCIO que recibe bienes). Sujeto pasivo AJD: el adquirente o quien inste el documento.
  • Desde el RDL 17/2018, en la constitución de préstamos HIPOTECARIOS el sujeto pasivo de la cuota gradual de AJD es el PRESTAMISTA (banco), no el prestatario — inversión de la regla general.
  • Base imponible TPO en inmuebles (desde la Ley 11/2021 antifraude): el VALOR DE REFERENCIA catastral, salvo que el valor declarado/precio pactado sea mayor, en cuyo caso se toma el mayor de ambos.
  • Si no hay valor de referencia catastral, la base imponible es la mayor entre: valor declarado, precio/contraprestación pactada, o valor de mercado.
  • La Administración NO puede comprobar al alza el valor de referencia catastral cuando este es la base imponible (se presume ya valor de mercado); el contribuyente puede impugnarlo si le perjudica.
  • Tipos subsidiarios estatales de TPO: 6% inmuebles, 4% muebles, 1% derechos reales de garantía/préstamos/fianzas/pensiones — cada CCAA fija sus propios tipos, con diferencias importantes entre territorios.
  • Tipo subsidiario estatal de AJD (cuota gradual): 0,5% — la mayoría de CCAA fija tipos propios, habitualmente entre 0,75% y 1,5%.
  • Base imponible en OS: constitución/aumento = importe nominal del capital + primas de emisión; disminución/disolución = valor REAL de los bienes entregados a los socios SIN deducir gastos ni deudas.
  • Base imponible AJD en derechos reales de garantía (hipotecas): el importe de la obligación garantizada INCLUYENDO intereses, indemnizaciones y demás conceptos garantizados (no solo el capital prestado).
  • Exenciones destacadas: escrituras de subrogación y novación modificativa de préstamos hipotecarios (Ley 2/1994) y, en el marco de la protección de deudores hipotecarios, determinadas operaciones sobre la vivienda habitual (alcance vigente a contrastar).
  • El ITPAJD está cedido a las CCAA con amplia capacidad normativa (tipos de TPO y de la cuota gradual de AJD, deducciones y bonificaciones), pero el hecho imponible, sujeto pasivo y devengo son de competencia ESTATAL exclusiva; NO hay capacidad normativa autonómica sobre OS ni sobre la cuota FIJA de AJD.
  • Plazo general de autoliquidación: 30 días hábiles desde que se produce el hecho imponible de cada modalidad.
  • Los actos sujetos a IVA no pagan TPO, pero la escritura sí puede quedar sujeta a la cuota gradual de AJD (primera entrega de vivienda nueva: IVA 10% más AJD).
  • La compraventa de inmuebles entre particulares o por empresarios con operación exenta (segunda entrega) tributa por TPO; con renuncia a la exención, por IVA e inversión del sujeto pasivo.
  • Operaciones societarias: tipo del 1% (art. 26), estatal; no hay capacidad normativa autonómica. Solo tributan la disminución de capital y la disolución (y no la constitución ni el aumento).
  • Base imponible TPO en inmuebles desde el 1-1-2022: valor de referencia catastral, salvo valor declarado o precio superior (Ley 11/2021). Impugnación mediante rectificación de autoliquidación, reposición o reclamación económico-administrativa.
  • Prescripción del derecho a liquidar: cuatro años (art. 66 LGT). Recargos extemporáneos del art. 27 LGT: 1% más 1% por mes completo hasta 12 meses; después, 15% más intereses.
  • Letras de cambio y documentos mercantiles: AJD documentos mercantiles; los pagarés y títulos análogos emitidos en serie a plazo no superior a 18 meses entran en esta submodalidad.
  • El Real Decreto-ley 17/2018 (8-11-2018) y la Ley 5/2019 (15-3-2019) son la normativa clave de AJD y préstamos hipotecarios: sujeto pasivo el prestamista.
  • Cuota fija de AJD: siempre compatible con cualquier otra modalidad; cuota gradual: solo si el acto es valuable, inscribible y no sujeto a ISD, TPO ni OS.
  • Ley 2/1994 (30 de marzo): exención de la cuota gradual de AJD en escrituras de subrogación y novación modificativa de préstamos hipotecarios que cumplan requisitos.
  • Puntos de conexión (Ley 22/2009): inmuebles, donde radiquen; muebles, residencia habitual del adquirente; OS, domicilio fiscal de la sociedad.
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Pregunta 1 de 120 aciertos

En la modalidad de TPO, el sujeto pasivo en la constitución de un préstamo es:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 27 de Hacienda (AEAT)?

El ITPAJD, regulado por el Texto Refundido aprobado por RDLeg 1/1993, es un impuesto indirecto cedido a las Comunidades Autónomas que en realidad agrupa tres hechos imponibles heterogéneos bajo una misma ley: Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO), que grava el tráfico civil o particular de bienes; Operaciones Societarias (OS), que grava determinados actos relativos al capital de las sociedades; y Actos Jurídicos Documentados (AJD), que grava la formalización de determinados documentos notariales, mercantiles y administrativos. Es de enorme relevancia práctica por su estrecha e insoslayable relación de incompatibilidad con el IVA (examinada en el tema 24) y por la amplia capacidad normativa autonómica sobre sus tipos de gravamen, que el opositor debe saber distinguir siempre de los tipos subsidiarios estatales fijados por el propio Texto Refundido.

¿Qué hay que memorizar del Tema 27 para el examen?

El ITPAJD tiene TRES modalidades incompatibles entre sí sobre un mismo acto (salvo la cuota fija de AJD, siempre compatible): TPO (tráfico civil), OS (vida societaria) y AJD (documentos notariales/mercantiles/administrativos). Regla de incompatibilidad IVA-TPO: por regla general son incompatibles, PERO tributan por TPO aunque las realice un empresario las entregas/arrendamientos de inmuebles EXENTOS de IVA sin renuncia a la exención. La constitución de una sociedad tributa SOLO por OS (no por TPO ni por AJD gradual), pero desde el RDL 13/2010 la constitución y el aumento de capital están EXENTOS de OS (transposición de la Directiva 2008/7/CE) — solo tributan efectivamente la disminución de capital y la disolución, al 1%. Cuota gradual de AJD exige TRES requisitos simultáneos: contenido valuable económicamente, inscribible en un Registro público, y NO sujeto a ISD ni a TPO/OS. Sujeto pasivo TPO: el ADQUIRENTE. Sujeto pasivo OS: la SOCIEDAD (salvo en disminución de capital y disolución, donde es el SOCIO que recibe bienes). Sujeto pasivo AJD: el adquirente o quien inste el documento. Desde el RDL 17/2018, en la constitución de préstamos HIPOTECARIOS el sujeto pasivo de la cuota gradual de AJD es el PRESTAMISTA (banco), no el prestatario — inversión de la regla general. Base imponible TPO en inmuebles (desde la Ley 11/2021 antifraude): el VALOR DE REFERENCIA catastral, salvo que el valor declarado/precio pactado sea mayor, en cuyo caso se toma el mayor de ambos. Si no hay valor de referencia catastral, la base imponible es la mayor entre: valor declarado, precio/contraprestación pactada, o valor de mercado. La Administración NO puede comprobar al alza el valor de referencia catastral cuando este es la base imponible (se presume ya valor de mercado); el contribuyente puede impugnarlo si le perjudica. Tipos subsidiarios estatales de TPO: 6% inmuebles, 4% muebles, 1% derechos reales de garantía/préstamos/fianzas/pensiones — cada CCAA fija sus propios tipos, con diferencias importantes entre territorios. Tipo subsidiario estatal de AJD (cuota gradual): 0,5% — la mayoría de CCAA fija tipos propios, habitualmente entre 0,75% y 1,5%. Base imponible en OS: constitución/aumento = importe nominal del capital + primas de emisión; disminución/disolución = valor REAL de los bienes entregados a los socios SIN deducir gastos ni deudas. Base imponible AJD en derechos reales de garantía (hipotecas): el importe de la obligación garantizada INCLUYENDO intereses, indemnizaciones y demás conceptos garantizados (no solo el capital prestado). Exenciones destacadas: escrituras de subrogación y novación modificativa de préstamos hipotecarios (Ley 2/1994) y, en el marco de la protección de deudores hipotecarios, determinadas operaciones sobre la vivienda habitual (alcance vigente a contrastar). El ITPAJD está cedido a las CCAA con amplia capacidad normativa (tipos de TPO y de la cuota gradual de AJD, deducciones y bonificaciones), pero el hecho imponible, sujeto pasivo y devengo son de competencia ESTATAL exclusiva; NO hay capacidad normativa autonómica sobre OS ni sobre la cuota FIJA de AJD. Plazo general de autoliquidación: 30 días hábiles desde que se produce el hecho imponible de cada modalidad. Los actos sujetos a IVA no pagan TPO, pero la escritura sí puede quedar sujeta a la cuota gradual de AJD (primera entrega de vivienda nueva: IVA 10% más AJD). La compraventa de inmuebles entre particulares o por empresarios con operación exenta (segunda entrega) tributa por TPO; con renuncia a la exención, por IVA e inversión del sujeto pasivo. Operaciones societarias: tipo del 1% (art. 26), estatal; no hay capacidad normativa autonómica. Solo tributan la disminución de capital y la disolución (y no la constitución ni el aumento). Base imponible TPO en inmuebles desde el 1-1-2022: valor de referencia catastral, salvo valor declarado o precio superior (Ley 11/2021). Impugnación mediante rectificación de autoliquidación, reposición o reclamación económico-administrativa. Prescripción del derecho a liquidar: cuatro años (art. 66 LGT). Recargos extemporáneos del art. 27 LGT: 1% más 1% por mes completo hasta 12 meses; después, 15% más intereses. Letras de cambio y documentos mercantiles: AJD documentos mercantiles; los pagarés y títulos análogos emitidos en serie a plazo no superior a 18 meses entran en esta submodalidad. El Real Decreto-ley 17/2018 (8-11-2018) y la Ley 5/2019 (15-3-2019) son la normativa clave de AJD y préstamos hipotecarios: sujeto pasivo el prestamista. Cuota fija de AJD: siempre compatible con cualquier otra modalidad; cuota gradual: solo si el acto es valuable, inscribible y no sujeto a ISD, TPO ni OS. Ley 2/1994 (30 de marzo): exención de la cuota gradual de AJD en escrituras de subrogación y novación modificativa de préstamos hipotecarios que cumplan requisitos. Puntos de conexión (Ley 22/2009): inmuebles, donde radiquen; muebles, residencia habitual del adquirente; OS, domicilio fiscal de la sociedad.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149) (Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna).

Fuentes de este desarrollo

  • Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
  • Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
  • Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias
  • Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo
  • Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
  • Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario
  • Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal (valor de referencia)
  • Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios
  • Directiva 2008/7/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales
  • Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (arts. 27, 57 y 66)

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