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Tema 12. Los funcionarios públicos: Concepto y clases. El Estatuto Básico del Empleado Público. Situaciones de los funcionarios. Derechos y deberes. Régimen disciplinario de los funcionarios públicos. El régimen de incompatibilidades.

Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna · Índice oficial del BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149).

Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, turno libre y promoción interna (666 plazas: 446 libre + 220 promoción interna). Es distinto del temario del Cuerpo de Agentes Tributarios (C1) y del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (A1), que tienen procesos y temarios propios, no cubiertos aquí.

El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), norma básica que establece los principios generales aplicables al conjunto de las relaciones de empleo público: distingue las clases de empleados públicos, regula las situaciones administrativas de los funcionarios de carrera, sus derechos y deberes (con especial atención al código de conducta), el régimen disciplinario y la jubilación, y se completa, en materia de incompatibilidades, con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y con la Ley 3/2015 para los altos cargos de la AGE. La Ley 20/2021 modificó el TREBEP para reducir la temporalidad en el empleo público.

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Concepto y clases de empleados públicos (arts. 8-13 TREBEP)

Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales (art. 8.1). Se clasifican en: funcionarios de carrera (art. 9: vinculados a una Administración por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo, nombrados legalmente, que desempeñan servicios profesionales retribuidos de carácter permanente); funcionarios interinos (art. 10: nombrados por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera cuando concurra alguna de estas circunstancias: existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera; sustitución transitoria de los titulares; ejecución de programas de carácter temporal; exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce); personal laboral (art. 11: vinculado por un contrato de trabajo formalizado por escrito, que puede ser fijo, por tiempo indefinido o temporal); y personal eventual (art. 12: realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, no reservadas a funcionarios; su nombramiento y cese son libres y discrecionales, cesa en todo caso cuando cese la autoridad a la que presta su función, y su condición nunca puede constituir mérito para el acceso a la función pública o la promoción interna). El art. 9.2 reserva en todo caso a funcionarios públicos el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas. La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, modificó el art. 10 para limitar la duración del interinato por vacante (con un límite de tres años desde el nombramiento, salvo supuestos legales) y reforzó la responsabilidad de las Administraciones por el abuso de la temporalidad. El art. 13 regula el personal directivo profesional, cuya designación atenderá a principios de mérito y capacidad, idoneidad y a criterios de competencia profesional, mediante procedimientos que garanticen publicidad y concurrencia.

Marco normativo: el Estatuto Básico del Empleado Público

El TREBEP, aprobado por RDLeg 5/2015, de 30 de octubre, refundió la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público (que quedó derogada). Es una norma básica (art. 149.1.18.ª CE): fija el mínimo común aplicable a todas las Administraciones, y el desarrollo corresponde a la legislación del Estado para la AGE y a las leyes de función pública de las Comunidades Autónomas. Su ámbito se extiende al personal funcionario y, en lo que proceda, al personal laboral de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales, de los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público, y de las Universidades públicas (art. 2). Quedan excluidos de su ámbito, con regulación propia, el personal militar, el personal de las Cortes Generales y de los demás órganos constitucionales, el personal de la Administración de Justicia y el personal estatutario de los Servicios de Salud, entre otros, a los que se aplica el Estatuto solo cuando así lo disponga su legislación específica. Los principios de acceso al empleo público (art. 55) son igualdad, mérito, capacidad, publicidad, transparencia, imparcialidad, independencia, adecuación a las funciones y agilidad. El desarrollo reglamentario en la AGE se apoya aún en normas anteriores no incompatibles con el TREBEP, como el Reglamento de situaciones administrativas (RD 365/1995) y el Reglamento disciplinario (RD 33/1986).

Situaciones administrativas de los funcionarios de carrera (arts. 85-92 TREBEP)

El art. 85 enumera las situaciones: servicio activo; servicios especiales; servicio en otras Administraciones Públicas; excedencia; y suspensión de funciones. Servicio activo (art. 86): situación general del funcionario que presta servicios en su condición de tal y no le corresponde quedar en otra situación; tiene derecho a las retribuciones y a la progresión de la carrera. Servicios especiales (art. 87): en ella se encuentran, entre otros supuestos, quienes sean designados miembros del Gobierno o de los órganos de Gobierno de las CCAA, altos cargos de las Administraciones, quienes sean elegidos Diputados o Senadores de las Cortes Generales o miembros de las asambleas autonómicas, quienes presten servicios en organismos internacionales o sean designados para formar parte de instituciones comunitarias, y quienes sean nombrados para cargos de los órganos constitucionales; el funcionario tiene derecho a la reserva del puesto, al cómputo del tiempo a efectos de trienios y carrera y a las retribuciones del cargo que desempeñe, no las de su cuerpo de origen (salvo trienios). Servicio en otras Administraciones Públicas (art. 88): funcionarios transferidos a las Comunidades Autónomas y los que acceden por concurso a puestos de otras Administraciones; quedan sometidos al régimen de la Administración de destino. Excedencia (art. 89): modalidades de excedencia voluntaria por interés particular (requiere haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante los cinco años inmediatamente anteriores; no devenga retribuciones ni computa a efectos de trienios, y no reserva el puesto), excedencia voluntaria por agrupación familiar (sin necesidad de servicios previos, cuando el cónyuge o la pareja de hecho resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto con carácter definitivo), excedencia por cuidado de familiares (hijos y familiares dependientes, de duración no superior a tres años, con reserva del puesto durante un periodo inicial y cómputo del tiempo a efectos de trienios, carrera y derechos de Seguridad Social), y excedencia por razón de violencia de género o de violencia terrorista (con reserva de puesto y retribuciones, íntegras durante los dos primeros meses en el caso de violencia de género). La excedencia forzosa no figura entre las modalidades de excedencia del art. 89 TREBEP; en el ámbito de la AGE está recogida en el Reglamento de situaciones administrativas. Suspensión de funciones (art. 90): puede ser provisional (durante la tramitación de un procedimiento judicial o disciplinario, art. 98.3, con una duración máxima de seis meses salvo que la paralización se deba a causa imputable al interesado) o firme (que se impone en ejecución de sentencia o de sanción disciplinaria, por un máximo de seis años); la suspensión firme por tiempo superior a seis meses determina la pérdida del puesto de trabajo. Todas las situaciones requieren, en su regulación detallada, la remisión a las leyes de función pública de desarrollo.

Derechos de los empleados públicos (arts. 14-15 y 47-51 TREBEP)

Derechos individuales (art. 14): inamovilidad en la condición de funcionario de carrera; desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de la condición profesional y de acuerdo con la progresión alcanzada; progresión en la carrera profesional y promoción interna; percepción de las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio; participación en la consecución de los objetivos de la unidad y evaluación del desempeño; formación continua; respeto a su intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo, y protección frente al acoso por razón de sexo, de orientación sexual y laboral; no discriminación; adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral; libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico; recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo; vacaciones, descansos, permisos y licencias; jubilación según los términos y condiciones de las normas aplicables; prestaciones de la Seguridad Social correspondientes al régimen aplicable; libre asociación profesional; y los demás derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Derechos individuales ejercidos colectivamente (art. 15): libertad sindical; negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo; ejercicio de la huelga, con garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad; planteamiento de conflictos colectivos; derecho de reunión; y otros. El art. 48 regula los permisos de los funcionarios públicos (fallecimiento, accidente o enfermedad grave de familiares, traslado de domicilio, deberes inexcusables, asuntos particulares, etc.), el art. 49 los permisos por motivos de conciliación (nacimiento para la madre biológica y para el progenitor distinto de ésta, de diecinueve semanas ambos tras el Real Decreto-ley 9/2025, de 29 de julio, y de treinta y dos semanas en los supuestos de monoparentalidad, de las cuales las seis primeras posteriores al parto son de descanso obligatorio y de disfrute ininterrumpido; adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento; lactancia; violencia de género), y el art. 50 las vacaciones (un mes natural o veintidós días hábiles anuales, sin perjuicio de los días adicionales por antigüedad). La jubilación forzosa se declara de oficio al cumplir el funcionario sesenta y cinco años de edad, sin perjuicio de que pueda prolongarse el servicio activo hasta un máximo de setenta años si la Administración lo autoriza (art. 67). Los derechos retributivos comprenden las retribuciones básicas (sueldo, trienios, pagas extraordinarias) y las complementarias (complemento de destino, complemento específico, complemento de productividad y gratificaciones por servicios extraordinarios) (arts. 22-24).

Deberes y código de conducta (arts. 52-54 TREBEP)

Los empleados públicos deben desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, debiendo actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres (art. 52). Los principios éticos (art. 53) incluyen, entre otros: respetar la Constitución y el resto de normas; actuar con arreglo a los principios de integridad y neutralidad; abstenerse en los asuntos en que tengan un interés personal; no contraer obligaciones económicas ni intervenir en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses; no aceptar ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada; rechazar cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos y costumbres sociales y de la cortesía; y actuar con transparencia y no utilizar la información obtenida en su puesto en beneficio propio. Los principios de conducta (art. 54) incluyen: tratar con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados; desempeñar las tareas con diligencia, cumpliendo la jornada y el horario establecidos; obedecer las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes; informar a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a conocer; administrar los recursos y bienes públicos con austeridad; mantener actualizada su formación y cualificación; y guardar secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente.

Régimen disciplinario (arts. 93-98 TREBEP)

Los funcionarios públicos y el personal laboral quedan sujetos al régimen disciplinario establecido en el Título VII y en las normas que las leyes de función pública dicten en su desarrollo (art. 93). El ejercicio de la potestad disciplinaria se rige por los principios de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, proporcionalidad, culpabilidad, presunción de inocencia y responsabilidad (art. 94). Faltas disciplinarias (art. 95): muy graves, graves y leves. Las muy graves están tasadas por el art. 95.2 e incluyen, entre otras: el incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía; toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, y el acoso moral, sexual y por razón de sexo; el abandono del servicio; la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos; la publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función; la negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido; el notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas; la violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito; la desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que constituyan infracción manifiesta del ordenamiento jurídico; prevalerse de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido; el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad; la comisión de delitos dolosos relacionados con el servicio; y la participación en huelgas por quienes tengan expresamente prohibido ese derecho. Las faltas graves y leves se establecen por ley de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas, y en su graduación se atiende al grado de intencionalidad, descuido o negligencia, el daño al interés público, la reiteración o reincidencia, y el grado de participación. Sanciones (art. 96): separación del servicio de los funcionarios, que en el caso de los funcionarios interinos comportará la revocación de su nombramiento y que sólo se podrá sancionar por faltas muy graves; despido disciplinario del personal laboral, que sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves e inhabilitará para ser titular de un nuevo puesto de trabajo con funciones similares a las que desempeñaban; suspensión firme de funciones (o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral), con una duración máxima de seis años; traslado forzoso con o sin cambio de localidad de residencia por el periodo que en cada caso se establezca; demérito, que consistirá en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria; apercibimiento; y cualquier otra que se establezca por ley. Prescripción (art. 97): las infracciones muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescriben a los tres años, por faltas graves a los dos años y por faltas leves al año. Procedimiento (art. 98): no podrá imponerse sanción por la comisión de faltas muy graves o graves sino mediante el procedimiento previamente establecido; la imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo por procedimiento sumario con audiencia al interesado; debe respetarse la separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomiendan a órganos distintos, y garantizarse el derecho a la defensa y a la presunción de inocencia. Podrán adoptarse medidas provisionales mediante resolución motivada para asegurar la eficacia de la resolución final (suspensión provisional por un máximo de seis meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado). Cuando el procedimiento disciplinario se funde en hechos que pudieran ser constitutivos de delito, se comunicarán al Ministerio Fiscal y se suspenderá el procedimiento hasta la resolución judicial, aplicándose el principio non bis in idem sobre hechos probados por sentencia penal firme.

Régimen de incompatibilidades (Ley 53/1984 y Ley 3/2015)

La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, se aplica al personal de la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, de los organismos y entes de ellas dependientes, de la Seguridad Social y de las empresas y entes públicos, y el TREBEP la reconoce como norma de aplicación (art. 2). Su principio general (art. 1) es que el personal comprendido en su ámbito no podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño, por sí o mediante sustitución o posposición de persona, de cualquier otro puesto o actividad en el sector público, ni con el ejercicio de actividades privadas, salvo los casos previstos en la propia ley y previo reconocimiento expreso de compatibilidad. El desempeño de un puesto es, en todo caso, incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia. Dentro del sector público la compatibilidad solo se reconoce en supuestos tasados (por ejemplo, determinadas actividades docentes, sanitarias o de investigación, o cuando concurran razones de interés público), mediante resolución motivada y con límites de jornada y de retribución. Para las actividades privadas se exige el reconocimiento de compatibilidad por el órgano competente y se prohíbe expresamente (art. 12): el ejercicio de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sean por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de entidades o particulares, en los asuntos en los que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público; y la pertenencia a consejos de administración u órganos rectores de empresas o entidades privadas, salvo en las excepciones previstas. No se podrá reconocer compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas al personal que perciba complemento específico, o concepto equiparable, cuya cuantía supere el 30 por 100 de su retribución básica, excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad (art. 16). Tampoco puede reconocerse compatibilidad cuando la actividad privada suponga modificación de la jornada o del horario de trabajo del puesto público. Se exceptúan del régimen de incompatibilidades, por no requerir reconocimiento, las actividades de administración del patrimonio personal o familiar, la dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en centros oficiales destinados a la formación de funcionarios, la participación en congresos, seminarios, jornadas de trabajo, conferencias o cursos de carácter profesional, la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, y la colaboración y la docencia en centros oficiales dedicados a la formación de funcionarios, entre otras (art. 19). El incumplimiento constituye falta disciplinaria muy grave (art. 95.2 TREBEP). Para los altos cargos de la AGE rige además la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, que establece un régimen propio de incompatibilidades y de limitaciones tras el cese (el ex alto cargo no puede prestar servicios en entidades privadas afectadas por decisiones en las que haya participado durante un periodo de dos años desde su cese).

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El personal eventual ocupa puestos de confianza o asesoramiento especial, su nombramiento y cese son libres y cesa automáticamente cuando cesa la autoridad a la que sirve (art. 12 TREBEP); esta condición no es mérito para el acceso a la función pública.
  • La excedencia por cuidado de familiares conlleva reserva del puesto de trabajo durante el periodo inicial determinado por la norma y cómputo a efectos de trienios y carrera; la excedencia voluntaria por interés particular exige cinco años de servicios efectivos previos y no reserva puesto ni computa antigüedad.
  • Solo las faltas disciplinarias muy graves están tipificadas directamente por el art. 95.2 TREBEP; las graves y leves se determinan por la legislación de desarrollo (ley estatal o autonómica).
  • La separación del servicio, con pérdida de la condición de funcionario (y la revocación del nombramiento del interino), y el despido disciplinario del personal laboral solo pueden imponerse por faltas muy graves.
  • Prescripción de infracciones: muy graves, 3 años; graves, 2 años; leves, 6 meses. Prescripción de sanciones: muy graves 3 años; graves 2 años; leves 1 año (art. 97).
  • La suspensión firme de funciones tiene un máximo de 6 años y, si excede de 6 meses, determina la pérdida del puesto de trabajo; la suspensión provisional no puede exceder de 6 meses, salvo paralización imputable al interesado.
  • Un funcionario de carrera nombrado alto cargo, Diputado o Senador pasa a servicios especiales, con reserva del puesto y cómputo de tiempo a efectos de trienios y carrera.
  • Ley 53/1984: principio general de incompatibilidad (un solo puesto en el sector público, sin actividad privada salvo reconocimiento); prohibición absoluta de actividad privada en asuntos en que el empleado interviene, ha intervenido en los dos últimos años o deba intervenir; no cabe compatibilidad privada si el complemento específico supera el 30 por 100 de la retribución básica.
  • La jubilación forzosa del funcionario se declara de oficio al cumplir 65 años, sin perjuicio de la posible prolongación del servicio activo hasta los 70 (art. 67).
  • Los permisos por nacimiento para la madre biológica y para el otro progenitor son de 19 semanas, 32 en monoparentalidad, con 6 semanas de descanso obligatorio posteriores al parto (RDL 9/2025).
  • Los interinos por vacante no pueden permanecer más de 3 años desde su nombramiento (tras la Ley 20/2021); el exceso o acumulación de tareas se limita a 6 meses dentro de un periodo de 12.
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¿Qué tipo de empleado público cesa automáticamente cuando cesa la autoridad a la que presta su función de confianza o asesoramiento?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 12 de Hacienda (AEAT)?

El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), norma básica que establece los principios generales aplicables al conjunto de las relaciones de empleo público: distingue las clases de empleados públicos, regula las situaciones administrativas de los funcionarios de carrera, sus derechos y deberes (con especial atención al código de conducta), el régimen disciplinario y la jubilación, y se completa, en materia de incompatibilidades, con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y con la Ley 3/2015 para los altos cargos de la AGE. La Ley 20/2021 modificó el TREBEP para reducir la temporalidad en el empleo público.

¿Qué hay que memorizar del Tema 12 para el examen?

El personal eventual ocupa puestos de confianza o asesoramiento especial, su nombramiento y cese son libres y cesa automáticamente cuando cesa la autoridad a la que sirve (art. 12 TREBEP); esta condición no es mérito para el acceso a la función pública. La excedencia por cuidado de familiares conlleva reserva del puesto de trabajo durante el periodo inicial determinado por la norma y cómputo a efectos de trienios y carrera; la excedencia voluntaria por interés particular exige cinco años de servicios efectivos previos y no reserva puesto ni computa antigüedad. Solo las faltas disciplinarias muy graves están tipificadas directamente por el art. 95.2 TREBEP; las graves y leves se determinan por la legislación de desarrollo (ley estatal o autonómica). La separación del servicio, con pérdida de la condición de funcionario (y la revocación del nombramiento del interino), y el despido disciplinario del personal laboral solo pueden imponerse por faltas muy graves. Prescripción de infracciones: muy graves, 3 años; graves, 2 años; leves, 6 meses. Prescripción de sanciones: muy graves 3 años; graves 2 años; leves 1 año (art. 97). La suspensión firme de funciones tiene un máximo de 6 años y, si excede de 6 meses, determina la pérdida del puesto de trabajo; la suspensión provisional no puede exceder de 6 meses, salvo paralización imputable al interesado. Un funcionario de carrera nombrado alto cargo, Diputado o Senador pasa a servicios especiales, con reserva del puesto y cómputo de tiempo a efectos de trienios y carrera. Ley 53/1984: principio general de incompatibilidad (un solo puesto en el sector público, sin actividad privada salvo reconocimiento); prohibición absoluta de actividad privada en asuntos en que el empleado interviene, ha intervenido en los dos últimos años o deba intervenir; no cabe compatibilidad privada si el complemento específico supera el 30 por 100 de la retribución básica. La jubilación forzosa del funcionario se declara de oficio al cumplir 65 años, sin perjuicio de la posible prolongación del servicio activo hasta los 70 (art. 67). Los permisos por nacimiento para la madre biológica y para el otro progenitor son de 19 semanas, 32 en monoparentalidad, con 6 semanas de descanso obligatorio posteriores al parto (RDL 9/2025). Los interinos por vacante no pueden permanecer más de 3 años desde su nombramiento (tras la Ley 20/2021); el exceso o acumulación de tareas se limita a 6 meses dentro de un periodo de 12.

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Fuentes de este desarrollo

  • Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), arts. 2, 8-13, 14-15, 47-51, 52-54, 67, 85-92 y 93-98.
  • Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
  • Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
  • Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
  • Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
  • Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado.

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