Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, turno libre y promoción interna (666 plazas: 446 libre + 220 promoción interna). Es distinto del temario del Cuerpo de Agentes Tributarios (C1) y del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (A1), que tienen procesos y temarios propios, no cubiertos aquí.
La vida de la sociedad mercantil no termina de forma súbita, sino a través de un proceso ordenado de extinción que el legislador ha querido rodear de garantías tanto para los socios como, muy especialmente, para los acreedores sociales: primero la disolución, que abre el periodo de liquidación, y después la propia liquidación, que culmina con la extinción definitiva de la sociedad y la cancelación de sus asientos registrales. Junto a este itinerario extintivo, el Derecho de sociedades regula, desde 2009 en la Ley 3/2009 sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles y desde junio de 2023 en el Libro primero del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio (que derogó la Ley 3/2009 y transpuso la Directiva (UE) 2019/2121), un conjunto de operaciones que permiten alterar de forma sustancial la estructura de una sociedad sin necesidad de pasar por su extinción y liquidación: la transformación (cambio de tipo social), la fusión (integración de varias sociedades en una) y la escisión (división del patrimonio de una sociedad entre varias).
Este tema es de una importancia práctica extraordinaria porque las modificaciones estructurales están en el centro de multitud de operaciones de reorganización empresarial con enorme trascendencia fiscal (régimen especial de neutralidad fiscal del Impuesto sobre Sociedades para las operaciones de reestructuración), lo que lo convierte en materia de referencia constante para un opositor de Hacienda Pública que deberá analizar estas operaciones tanto desde la perspectiva mercantil como desde la tributaria.
Conviene advertir de entrada que buena parte de la bibliografía y de las preguntas de oposición se refieren aún a la Ley 3/2009. Sus categorías (transformación, fusión, escisión total y parcial, segregación y cesión global) se han mantenido en lo esencial en el RDL 5/2023, que además ha regulado con detalle las operaciones transfronterizas intracomunitarias (transformación, fusión y escisión). Las sociedades en liquidación se rigen por los arts. 360 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, y las consecuencias tributarias se completan con la Ley General Tributaria (responsabilidad de socios y liquidadores) y la Ley del Impuesto sobre Sociedades (régimen especial de las operaciones de reestructuración).
La disolución de la sociedad mercantil no supone su extinción inmediata, sino la apertura de un proceso, ordenado por la ley, que conduce a dicha extinción tras la previa liquidación del patrimonio social. Constituye, por tanto, un momento intermedio en la vida de la sociedad: a partir de la disolución, la sociedad deja de perseguir su objeto social ordinario y su actividad se reorienta hacia las operaciones de liquidación, esto es, hacia la realización del activo, el pago de las deudas sociales y el reparto del remanente entre los socios. La disolución no es, en consecuencia, un acto instantáneo con efecto extintivo, sino el presupuesto necesario para la apertura del periodo de liquidación, durante el cual, como se estudiará más adelante, la sociedad conserva su personalidad jurídica, si bien limitada a los fines de dicha liquidación. La Ley de Sociedades de Capital regula con detalle las causas de disolución (arts. 360 y siguientes), sus efectos (art. 371 y siguientes) y todo el proceso de liquidación (arts. 383 y siguientes), estableciendo un régimen protector tanto para los socios, que tienen derecho a conocer con precisión la causa y las consecuencias de la disolución, como para los acreedores sociales, cuyos créditos deben quedar satisfechos con carácter preferente al reparto de cualquier remanente entre los socios.
Causas legales de disolución de las sociedades de capital (art. 360 y 363 LSC)
La Ley de Sociedades de Capital distingue dos categorías de causas de disolución, en función de si operan de forma automática o si requieren un acuerdo o resolución que las declare. El art. 360 LSC regula la disolución de pleno derecho, que se produce automáticamente, sin necesidad de acuerdo social ni de resolución judicial o registral, en dos supuestos: el transcurso del término de duración fijado en los estatutos, salvo que con anterioridad hubiera sido expresamente prorrogado e inscrita la prórroga en el Registro Mercantil; y el transcurso de un año desde la adopción del acuerdo de reducción del capital social por debajo del mínimo legal como consecuencia del cumplimiento de una ley, si no se hubiere inscrito en el Registro Mercantil la transformación, la disolución o el aumento de capital hasta una cifra igual o superior al mínimo legal. El art. 363 LSC regula, por su parte, las causas legales de disolución que exigen acuerdo de la junta general o, en su defecto, resolución judicial, entre las que destacan el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social durante un periodo superior a un año, la conclusión de la empresa que constituya su objeto, la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social, la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento, las pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social (salvo que este se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso), la reducción del capital social por debajo del mínimo legal, y cualquier otra causa establecida en los estatutos.
Disolución por acuerdo de la junta general
Junto a las causas legales de disolución, tanto las de pleno derecho como las que exigen su constatación mediante acuerdo, la Ley de Sociedades de Capital contempla la disolución por mera voluntad de los socios, sin necesidad de que concurra ninguna causa objetiva que la justifique, exigiendo para ello el acuerdo de la junta general adoptado con los requisitos y la mayoría establecidos para la modificación de los estatutos, dada la trascendencia de esta decisión para la propia continuidad de la sociedad. Esta disolución voluntaria o discrecional se distingue, por tanto, de las causas legales tasadas del art. 363 LSC en que estas exigen que efectivamente concurra alguna de las circunstancias objetivas enumeradas por la ley (pérdidas cualificadas, paralización de órganos sociales, imposibilidad de conseguir el fin social), mientras que la disolución por mera decisión de los socios no precisa justificación de ningún tipo, bastando la concurrencia de la mayoría reforzada exigida para las modificaciones estatutarias. En la práctica, sin embargo, el acuerdo de disolución voluntaria suele adoptarse precisamente cuando concurre alguna de las causas legales, prefiriendo los socios formalizarlo mediante un acuerdo voluntario en lugar de mediante la vía de la constatación formal de la causa legal, dado que el resultado práctico (la apertura del periodo de liquidación) es idéntico en ambos casos.
Deber de los administradores ante la causa de disolución y disolución judicial
Cuando concurre una causa legal o estatutaria de disolución que requiere constatación (art. 363 LSC), los administradores deben convocar la junta general en el plazo de dos meses desde que conozcan la causa para que adopte el acuerdo de disolución o, si la sociedad fuera insolvente, solicite la declaración de concurso (art. 365 LSC). Cualquier socio puede solicitar a los administradores la convocatoria de la junta con ese fin, y si los administradores no la convocan puede pedirse su convocatoria judicial (art. 366 LSC). Si la junta no se celebra o no adopta el acuerdo, cualquier interesado puede solicitar la disolución judicial de la sociedad, y los administradores están obligados a solicitarla en el plazo de dos meses contados desde la fecha prevista para la junta o desde el día de su celebración si el acuerdo fue contrario a la disolución. El incumplimiento de estos deberes genera la responsabilidad solidaria de los administradores por las obligaciones sociales posteriores a la causa de disolución (art. 367 LSC), con la presunción de que las obligaciones sociales reclamadas son posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución salvo que los administradores acrediten lo contrario. Esta responsabilidad es de naturaleza legal y objetiva, no sancionadora, y es una de las materias más litigiosas del Derecho de sociedades.
Disolución de pleno derecho
La disolución de pleno derecho, regulada en el art. 360 de la Ley de Sociedades de Capital, presenta como rasgo diferencial frente a las restantes causas de disolución que se produce automáticamente por el mero transcurso del plazo o del término previsto legal o estatutariamente, sin necesidad de acuerdo social alguno que la declare ni de intervención judicial o registral, sin perjuicio de que la disolución se haga constar en el Registro Mercantil y se abra la liquidación. El supuesto más relevante en la práctica es el vencimiento del término de duración fijado en los estatutos sociales cuando estos hubieran establecido un plazo determinado para la existencia de la sociedad —opción infrecuente mas no excepcional en la práctica societaria—, de manera que, salvo prórroga expresa acordada e inscrita antes del vencimiento de dicho plazo, la sociedad queda disuelta automáticamente en la fecha prevista, sin necesidad de ningún trámite adicional. El segundo supuesto, relativo al transcurso de un año desde la reducción obligatoria de capital por debajo del mínimo legal sin regularizar la situación, tiene menor incidencia práctica al ser residual la reducción obligatoria de capital por imperativo legal frente a otras causas de disolución de mayor frecuencia estadística, como las pérdidas cualificadas.
Reactivación de la sociedad disuelta
La sociedad disuelta puede ser reactivada por acuerdo de la junta general mientras no haya comenzado el pago de la cuota de liquidación a los socios, siempre que haya desaparecido la causa de disolución y que el patrimonio contable no sea inferior al capital social (art. 370 LSC). El acuerdo debe adoptarse con los requisitos y mayorías de la modificación de estatutos y, para proteger a los acreedores, los socios que no hayan votado a favor tienen derecho de separación y los acreedores que lo sean al tiempo de la reactivación pueden oponerse en las condiciones legales cuando la causa de disolución no fuera la expiración del término. La reactivación pone fin al período de liquidación, los liquidadores cesan y los administradores recuperan sus funciones.
Disolución por falta de affectio societatis en sociedades personalistas
En las sociedades personalistas, dado el carácter esencial que reviste en ellas el elemento de la confianza mutua entre los socios (intuitu personae) y su voluntad de colaborar activamente en la consecución del fin común (affectio societatis), la desaparición sobrevenida de este elemento subjetivo puede llegar a fundamentar la disolución de la sociedad, con una intensidad y unos matices que no encuentran equivalente exacto en el régimen de las sociedades de capital, donde el elemento personal cede protagonismo frente al elemento puramente patrimonial de la aportación de capital. El Código de Comercio contempla, para la sociedad colectiva, la posibilidad de disolución por voluntad de cualquiera de los socios cuando la sociedad se hubiera constituido por tiempo indefinido, tras el correspondiente preaviso a los demás, así como la disolución derivada de la muerte o incapacitación de un socio colectivo, salvo pacto expreso de continuación, supuestos que en el fondo reflejan la especial relevancia que en estos tipos sociales tiene la persistencia de la relación de confianza y de colaboración activa entre los socios como presupuesto de la propia continuidad de la sociedad, muy alejada del carácter fungible e intercambiable que caracteriza a la posición del socio en las sociedades de capital.
Efectos de la disolución: apertura del período de liquidación
El principal efecto de la disolución, cualquiera que sea la causa que la haya originado, es la apertura del periodo de liquidación, conforme dispone el art. 371 de la Ley de Sociedades de Capital, salvo en los supuestos de fusión, escisión o cesión global de activo y pasivo, en los que la disolución no va seguida de liquidación sino de la transmisión en bloque del patrimonio social a otra u otras sociedades. A partir de la disolución, la sociedad debe añadir a su denominación social la expresión en liquidación, con el fin de advertir a los terceros que contraten con ella de la especial situación en que se encuentra, cesa el régimen ordinario de representación y gestión atribuido a los administradores, siendo sustituidos por los liquidadores, y la actividad de la sociedad se reorienta desde la persecución del objeto social ordinario hacia las operaciones de realización del activo y pago del pasivo social propias de la liquidación. Este cambio de régimen no supone, sin embargo, la extinción inmediata de la sociedad ni la pérdida de su personalidad jurídica, que se conserva durante todo el periodo de liquidación, si bien limitada y orientada exclusivamente a la finalidad liquidatoria, careciendo ya de sentido cualquier actuación dirigida a la expansión o continuidad del negocio ordinario que constituía el objeto social antes de la disolución.
Esquema de las fases de la extinción: disolución, liquidación y extinción
Conviene distinguir tres momentos. Disolución: aparece una causa legal o estatutaria o se adopta el acuerdo; la sociedad no se extingue, pero cesa en su actividad ordinaria, añade a su denominación la expresión en liquidación y los administradores pasan a ser liquidadores. Liquidación: los liquidadores formulan el inventario y el balance inicial, realizan el activo, pagan o aseguran a los acreedores, elaboran el balance final y el proyecto de división, que se aprueba por la junta y puede ser impugnado, y reparten el haber entre los socios. Extinción: se otorga la escritura pública de extinción, se cancelan los asientos registrales y desaparece la personalidad jurídica. Las modificaciones estructurales que implican extinción sin liquidación (fusión, escisión total y cesión global con disolución) saltan la fase de liquidación al transmitirse todo el patrimonio por sucesión universal, y por eso exigen las garantías específicas de información, publicidad y oposición de los acreedores.
La sociedad en liquidación: subsistencia de la personalidad jurídica
Durante todo el periodo de liquidación, la sociedad disuelta conserva su personalidad jurídica, conforme establece expresamente el art. 371.2 de la Ley de Sociedades de Capital, si bien dicha personalidad queda funcionalmente reorientada hacia la finalidad de la liquidación, debiendo realizar únicamente aquellos actos necesarios para la conclusión de las operaciones pendientes y para el cobro de los créditos y pago de las deudas sociales, y absteniéndose de iniciar nuevas operaciones propias de su objeto social ordinario, bajo pena de que los liquidadores que incumplieran esta restricción respondan solidariamente de las deudas sociales contraídas por dichas nuevas operaciones. La subsistencia de la personalidad jurídica durante la liquidación tiene una enorme trascendencia práctica: permite a la sociedad seguir siendo titular de derechos y obligaciones, comparecer en juicio como demandante o demandada, y ser sujeto de las relaciones jurídicas necesarias para completar la liquidación (cobro de créditos pendientes, formalización de la venta de activos, cumplimiento de contratos en curso que no puedan resolverse anticipadamente), sin que sea necesario constituir ninguna otra entidad o patrimonio separado para gestionar estas operaciones, que se desarrollan bajo la misma personalidad jurídica de la sociedad, ahora identificada con la mención en liquidación añadida a su denominación social.
Los liquidadores: nombramiento, funciones y responsabilidad
Con la apertura del periodo de liquidación cesan en su cargo los administradores, extinguiéndose el poder de representación que ostentaban, y son sustituidos por los liquidadores, siendo la regla legal que, salvo disposición contraria de los estatutos o designación distinta por la junta al acordar la disolución, los administradores que estuvieran en el cargo al tiempo de la disolución se convierten automáticamente en liquidadores (con la exigencia de un número impar, que se completa si fuera necesario). Cualquier socio o interesado puede solicitar el nombramiento de liquidador al registrador mercantil o al juez si no existen liquidadores o su número es insuficiente, y la junta puede separarlos. Las funciones de los liquidadores, reguladas en los arts. 383 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, comprenden velar por la integridad del patrimonio social mientras no sea liquidado, llevar y custodiar los libros y la correspondencia de la sociedad, realizar las operaciones comerciales pendientes y las nuevas que sean necesarias para la liquidación, enajenar los bienes sociales, percibir los créditos y pagar las deudas sociales, concertar transacciones y compromisos cuando así convenga a los intereses sociales, y formular el inventario y el balance inicial y final de la liquidación. Los liquidadores están sujetos al mismo régimen de responsabilidad frente a la sociedad, los socios y los acreedores sociales que el previsto legalmente para los administradores, respondiendo de los daños causados por dolo, culpa o negligencia en el desempeño de su cargo.
Operaciones de liquidación: realización del activo y pago del pasivo
El núcleo de la actividad de los liquidadores consiste en realizar las dos operaciones esenciales de todo proceso liquidatorio: la conversión en dinero del activo social (mediante la venta de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la sociedad, y el cobro de los créditos pendientes frente a terceros) y el pago ordenado de las deudas sociales pendientes con los acreedores de la sociedad, que gozan de preferencia absoluta frente a cualquier derecho de los socios sobre el patrimonio social, en aplicación del principio general de que el capital social y el patrimonio neto constituyen la garantía última de los acreedores frente a los cuales estos deben quedar satisfechos antes de que pueda procederse a cualquier reparto entre los socios. Los liquidadores deben respetar, en el pago de las deudas sociales, el orden de prelación de créditos que resulte aplicable conforme a las reglas generales sobre concurrencia de acreedores, sin que puedan satisfacer con preferencia a unos acreedores en perjuicio injustificado de otros de igual rango, y sin perjuicio de que, si durante la liquidación la sociedad incurriera en una situación de insolvencia, los liquidadores deban solicitar la declaración de concurso de la sociedad, sometiéndose entonces el proceso extintivo al régimen específico de la liquidación concursal en lugar de al régimen ordinario societario.
Insolvencia, concurso y disolución
La insolvencia y la disolución son categorías distintas: la declaración de concurso no es por sí misma causa de disolución, y mientras la sociedad esté en concurso la apertura de la fase de liquidación determina, cuando el deudor es una persona jurídica, su disolución si no estuviera ya disuelta y el cese de los administradores, que son sustituidos por la administración concursal. Cuando la sociedad es insolvente, el deber de los administradores es solicitar el concurso en el plazo legal, y no pueden eludirlo acudiendo a la liquidación ordinaria. Por ello el art. 365 LSC les impone convocar la junta para que acuerde la disolución o, si la sociedad fuera insolvente, solicite el concurso. Sin perjuicio de ello, las reglas del Texto Refundido de la Ley Concursal sobre calificación y responsabilidad pueden ser exigibles a los administradores y liquidadores.
El balance final de liquidación
Concluidas las operaciones de liquidación, esto es, una vez realizado íntegramente el activo social y satisfechas todas las deudas pendientes con los acreedores, los liquidadores deben redactar un balance final de liquidación, que refleja la situación patrimonial resultante tras dichas operaciones y que debe ser sometido a la aprobación de la junta general, conforme al régimen previsto en el art. 390 de la Ley de Sociedades de Capital. El balance final de liquidación cumple una función informativa esencial para los socios, que a partir de su contenido pueden conocer el importe exacto del haber social remanente que va a ser objeto de reparto entre ellos en concepto de cuota de liquidación, así como una función de control, dado que el propio precepto legal reconoce a los socios que no hubieran votado a favor del acuerdo el derecho a impugnarlo en el plazo legalmente establecido (dos meses desde la publicación del acuerdo), si consideran que no se ajusta a la realidad patrimonial de la sociedad en el momento de su formulación. Aprobado el balance final, ya sea de forma expresa o por el transcurso del plazo legal sin haberse formulado impugnación, los liquidadores pueden proceder a hacer efectivo el reparto del haber social entre los socios conforme al criterio de distribución legal o estatutariamente establecido.
La cuota de liquidación de los socios
La cuota de liquidación es el derecho que corresponde a cada socio a percibir la parte del patrimonio social remanente que le corresponda una vez satisfechas la totalidad de las deudas sociales y aprobado el balance final de liquidación, constituyendo uno de los derechos económicos mínimos e inderogables reconocidos a todo socio de una sociedad de capital, conforme al art. 93 de la Ley de Sociedades de Capital. El criterio legal supletorio de reparto de la cuota de liquidación es proporcional a la participación de cada socio en el capital social, salvo que los estatutos hubieran establecido un criterio distinto, debiendo respetarse en todo caso la igualdad entre los socios de una misma clase. El reparto de la cuota de liquidación puede efectuarse en dinero, o excepcionalmente en especie mediante la adjudicación de bienes concretos del activo social a los socios, siempre que los socios lo consientan o que los estatutos así lo autoricen, exigiéndose en tal caso, para garantizar un reparto equitativo, la previa valoración de dichos bienes conforme a criterios objetivos, con el fin de evitar un trato desigual injustificado entre los distintos socios.
La división del haber social entre los socios
La división del haber social constituye la fase final del proceso de liquidación, en la que los liquidadores hacen efectivo el pago de la cuota de liquidación a cada socio, conforme al criterio de reparto legal o estatutariamente establecido, culminando así el ciclo económico de la sociedad desde su constitución hasta su extinción. La ley exige, como garantía adicional en beneficio de los acreedores sociales, que la división del haber social no pueda comenzar antes de que se hayan satisfecho íntegramente todas las deudas sociales conocidas, o de que se haya procedido a la consignación de su importe si el acreedor conocido no se hallare presente, o a su aseguramiento si se tratase de créditos no vencidos en el momento de la liquidación, garantizando de este modo que el reparto entre los socios nunca se produzca en perjuicio de los acreedores sociales pendientes de cobro. No pueden abonarse cuotas ni anticipos a cuenta de la cuota de liquidación mientras no se hayan satisfecho o asegurado los créditos de los acreedores, y los acreedores públicos (Hacienda y Seguridad Social) cuentan además con las reglas específicas de responsabilidad de los socios y liquidadores que se estudian más adelante.
Extinción de la sociedad: cancelación de los asientos registrales
Una vez satisfecho el pago a los acreedores, o consignado el importe de sus créditos, y repartido el activo resultante entre los socios mediante el pago de la correspondiente cuota de liquidación, los liquidadores deben otorgar escritura pública de extinción de la sociedad, que debe contener las manifestaciones de que ha transcurrido el plazo para la impugnación del balance final de liquidación sin que se hayan formulado impugnaciones, o que estas han sido resueltas, que se ha procedido al pago de los acreedores o a la consignación de sus créditos, y que se ha satisfecho a los socios la cuota de liquidación correspondiente, o que su importe ha sido consignado. Con la inscripción de la escritura de extinción, el registrador mercantil procede a cancelar todos los asientos relativos a la sociedad, momento a partir del cual la sociedad se considera extinguida a todos los efectos legales, produciéndose la desaparición definitiva de su personalidad jurídica, sin perjuicio de que puedan sobrevenir con posterioridad determinadas responsabilidades derivadas de pasivos ocultos o sobrevenidos no satisfechos durante la liquidación: los antiguos socios responden solidariamente de las deudas sociales no satisfechas hasta el límite de lo que hubieran recibido como cuota de liquidación (art. 399 LSC), los liquidadores responden si hubieran actuado con dolo o negligencia, y si aparecieran activos sobrevenidos o fuera necesario realizar operaciones pendientes puede reabrirse la liquidación (art. 398 LSC). Los libros y documentos de la sociedad extinguida se conservan durante seis años a cargo de la persona designada en la escritura de extinción.
Responsabilidad tributaria en la disolución y liquidación
La normativa tributaria protege el crédito público en los procesos de disolución. Primero, la responsabilidad sucesoria: las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades disueltas y liquidadas en las que la ley limita la responsabilidad patrimonial de los socios pasan a estos, que quedan obligados solidariamente hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les hubiera adjudicado (art. 40 de la Ley 58/2003, General Tributaria). Segundo, la responsabilidad subsidiaria (art. 43 LGT): responden subsidiariamente los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades, respecto de las obligaciones tributarias devengadas y pendientes en el momento del cese, si no hicieron lo necesario para su pago o adoptaron acuerdos o medidas causantes del impago, y los integrantes de la administración concursal y los liquidadores que, teniendo facultades, no hayan realizado las gestiones necesarias para el íntegro cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad. Tercero, la liquidación implica obligaciones censales y declarativas: baja en el censo de obligados tributarios, presentación de las declaraciones por la actividad hasta la extinción y, en el Impuesto sobre Sociedades, el período impositivo concluye en la fecha de la extinción. Cuarto, la cancelación de los asientos en el Registro Mercantil no extingue las obligaciones tributarias pendientes, de las que responderán, en su caso, los socios y los liquidadores en los términos expuestos.
Concepto de modificación estructural de las sociedades mercantiles
Las modificaciones estructurales eran reguladas de forma unificada en la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, que fue derogada por el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, el cual integra su régimen en el Libro primero (modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles) y transpone la Directiva (UE) 2019/2121, en materia de transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas. Son aquellas operaciones societarias que van más allá de una simple modificación de los estatutos sociales, produciendo una alteración sustancial en la estructura patrimonial, personal u orgánica de la sociedad, hasta el punto de afectar en ocasiones a la propia identidad del sujeto social o de determinar su extinción sin liquidación, mediante la transmisión en bloque de su patrimonio a otra u otras sociedades. Su régimen distingue cuatro tipos de operaciones: la transformación, que supone un cambio del tipo social sin alterar la personalidad jurídica de la sociedad; la fusión, que implica la integración de dos o más sociedades en una sola, con transmisión en bloque de sus patrimonios y extinción, en su caso, de las sociedades absorbidas o fusionadas; la escisión (total, parcial y segregación), que supone la división del patrimonio de una sociedad entre dos o más sociedades beneficiarias; y la cesión global de activo y pasivo, mediante la cual una sociedad transmite en bloque todo su patrimonio a uno o varios socios o terceros a cambio de una contraprestación que no puede consistir en participaciones del cesionario. La regulación unitaria responde a la existencia de un tronco común de garantías (información a socios, a trabajadores y a acreedores, derecho de oposición o de garantía de estos, y control de legalidad) aplicable, con matices, a todas ellas. El RDL 5/2023 ha regulado además las operaciones transfronterizas dentro de la Unión Europea, que exigen un control previo de legalidad por el registrador mercantil y la expedición de un certificado previo.
Régimen tras el RDL 5/2023: novedades de las operaciones transfronterizas y simplificaciones
El Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, derogó la Ley 3/2009 y reordenó las modificaciones estructurales en su Libro primero. Entre sus novedades están: la regulación de la transformación, fusión y escisión transfronterizas intracomunitarias, con un control de legalidad en dos fases (el registrador del Estado de origen expide un certificado previo y el del Estado de destino controla la inscripción); la protección de los socios (derecho de separación con compensación en efectivo y posibilidad de impugnar la relación de canje) y de los acreedores (derecho a garantías); y la información y participación de los trabajadores. En el régimen interno se mantienen la estructura del proyecto, la aprobación por la junta con las mayorías de la modificación estatutaria, el derecho de oposición de los acreedores y los regímenes simplificados (absorción de sociedades íntegramente participadas y ciertos supuestos de participación muy mayoritaria). El RDL 5/2023 mantiene también cautelas especiales para la fusión posterior a una adquisición con endeudamiento. Debe subrayarse que los preceptos del TRLSC sobre la disolución y liquidación no han variado de modo esencial, de modo que la distinción entre operaciones que extinguen la sociedad sin liquidación (fusión, escisión total y, en su caso, cesión global) y las que no la extinguen (transformación, escisión parcial, segregación) sigue siendo la clave del tema.
La transformación de sociedades: concepto y efectos
La transformación es la modificación estructural mediante la cual una sociedad adopta un tipo social distinto del que hasta entonces ostentaba, conservando su misma personalidad jurídica, sin que se produzca, por tanto, la extinción de la sociedad transformada ni la creación de una nueva persona jurídica, sino una mera continuidad del mismo sujeto de derecho bajo una nueva vestidura societaria. Su régimen permite la transformación entre prácticamente todos los tipos societarios regulados por el ordenamiento español, incluyendo no solo el tránsito entre distintas sociedades de capital (de sociedad limitada a sociedad anónima, o viceversa), sino también entre sociedades de capital y sociedades personalistas, agrupaciones de interés económico, sociedades civiles y sociedades cooperativas (estas últimas con arreglo a su normativa propia). La operación permite, en definitiva, adaptar el tipo social a las necesidades cambiantes de la sociedad a lo largo de su vida —por ejemplo, transformando una sociedad limitada en anónima cuando se pretenda acceder a los mercados de capitales, o a la inversa cuando se busque un régimen de funcionamiento más flexible—, sin necesidad de disolver la sociedad existente y constituir una nueva, con el consiguiente ahorro de costes y de trámites y sin solución de continuidad en las relaciones jurídicas de la sociedad frente a terceros.
Requisitos y procedimiento de la transformación
El procedimiento de transformación exige, con carácter general, la elaboración de un informe de los administradores explicando y justificando los aspectos jurídicos y económicos de la transformación, así como las implicaciones para los socios y para los trabajadores; en determinados supuestos de transformación en sociedad de capital, cuando la sociedad transformada no fuera ya una sociedad de capital, es necesario, además, un informe de expertos independientes sobre el patrimonio social, con el fin de verificar que dicho patrimonio cubre la cifra del capital social de la sociedad resultante de la transformación, garantía equivalente a la exigida en la constitución de una sociedad de capital mediante aportaciones no dinerarias. El acuerdo de transformación debe ser adoptado por la junta general de socios de la sociedad que se transforma, con los requisitos y las mayorías establecidas para la modificación de los estatutos sociales, y debe publicarse o comunicarse individualmente a los socios y acreedores, reconociéndose a los socios que no hubieran votado a favor del acuerdo el derecho de separación de la sociedad en determinados supuestos (cuando la transformación imponga a los socios una responsabilidad personal por las deudas sociales que antes no tenían), y a los acreedores el derecho de oposición a la transformación cuando esta pudiera suponer una minoración de sus garantías. En todo caso, el socio que pasa a responder personal e ilimitadamente de las deudas sociales (por ejemplo, al transformarse en sociedad colectiva) no puede ser obligado por la mayoría: su consentimiento es necesario.
Continuidad de la personalidad jurídica en la transformación
El efecto jurídico más característico y definitorio de la transformación, que la distingue nítidamente de la fusión y de la escisión, es la continuidad de la personalidad jurídica de la sociedad transformada, de manera que la sociedad resultante de la transformación es exactamente la misma persona jurídica que existía con anterioridad, simplemente revestida ahora bajo un tipo social distinto, sin que se produzca ninguna transmisión patrimonial ni sucesión universal entre dos sujetos de derecho diferentes, como sí ocurre en la fusión y en la escisión. Esta continuidad implica que todos los derechos y obligaciones de la sociedad, todas sus relaciones contractuales con terceros, y todos los procedimientos administrativos o judiciales en que estuviera incursa, se mantienen sin solución de continuidad tras la transformación, sin necesidad de novación contractual alguna ni de comunicación específica a las contrapartes contractuales más allá de la publicidad legal del acuerdo de transformación. La única consecuencia relevante que puede derivarse de la transformación en relación con las obligaciones anteriores es la eventual variación en el régimen de responsabilidad de los socios: así, si una sociedad colectiva se transforma en sociedad de capital, los antiguos socios colectivos siguen respondiendo personalmente, durante un plazo de cinco años, de las deudas sociales contraídas con anterioridad a la transformación, salvo que los acreedores hubieran consentido expresamente la transformación.
Concepto de fusión de sociedades
La fusión es la modificación estructural mediante la cual dos o más sociedades se integran en una única sociedad, mediante la transmisión en bloque, por sucesión universal, de sus respectivos patrimonios a la sociedad resultante de la fusión, que adquiere los derechos y asume las obligaciones de las sociedades fusionadas, produciéndose simultáneamente la extinción, sin liquidación, de las sociedades que se integran (salvo la absorbente, en su caso), y la atribución a los socios de estas de acciones, participaciones o cuotas de la sociedad resultante, en proporción a su respectiva participación en las sociedades extinguidas. La fusión constituye, por tanto, una alternativa técnica a la disolución seguida de liquidación de las sociedades participantes y a la posterior aportación de sus patrimonios a una nueva sociedad, con la ventaja decisiva de que la sucesión universal permite la transmisión de la totalidad del patrimonio (activo y pasivo) sin necesidad de proceder a la transmisión singular de cada elemento patrimonial ni a la liquidación previa de las deudas sociales, agilizando extraordinariamente las operaciones de concentración e integración empresarial, que constituyen la finalidad económica más habitual de esta modificación estructural, ya sea por razones de racionalización de costes, de eliminación de la competencia entre sociedades del mismo grupo, o de crecimiento externo mediante la absorción de otras empresas del sector.
Clases de fusión: por creación de nueva sociedad y por absorción
La regulación mercantil distingue dos modalidades de fusión, en función de si la sociedad resultante de la operación es una sociedad de nueva creación o una de las sociedades ya existentes que participan en la fusión. La fusión por creación de nueva sociedad implica que dos o más sociedades transmiten en bloque sus respectivos patrimonios a una sociedad de nueva creación, constituida precisamente para asumir dicho patrimonio conjunto, extinguiéndose simultáneamente todas las sociedades participantes en la fusión, sin excepción, y atribuyéndose a sus socios acciones, participaciones o cuotas de la nueva sociedad resultante. La fusión por absorción, modalidad estadísticamente predominante en la práctica por su mayor sencillez procedimental, implica que una o varias sociedades (las absorbidas) transmiten en bloque su patrimonio a otra sociedad ya existente (la absorbente), que ve así incrementado su propio patrimonio con el de las sociedades absorbidas, las cuales se extinguen, mientras que la sociedad absorbente subsiste sin solución de continuidad, aumentando en su caso su capital social en la medida necesaria para atribuir nuevas acciones o participaciones a los antiguos socios de las sociedades absorbidas. Ambas modalidades comparten idéntico régimen jurídico de garantías (proyecto de fusión, informes, balance, acuerdo, publicidad, derecho de oposición de acreedores), variando únicamente en sus efectos organizativos finales.
El proyecto común de fusión
El proyecto común de fusión es el documento que los administradores de cada una de las sociedades que participan en la fusión deben redactar y suscribir conjuntamente, conteniendo, entre otros extremos exigidos por la ley, la denominación, el tipo social y el domicilio de las sociedades que participan en la fusión y de la sociedad resultante; el tipo de canje de las acciones, participaciones o cuotas, es decir, la relación de equivalencia conforme a la cual los socios de las sociedades que se extinguen recibirán acciones, participaciones o cuotas de la sociedad resultante, así como la compensación en dinero que, en su caso, se prevea, que no podrá exceder del diez por ciento del valor nominal de las acciones o participaciones atribuidas; la fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades que se extinguen habrán de considerarse realizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad resultante; los derechos que vayan a otorgarse en la sociedad resultante a los titulares de derechos especiales; y las ventajas de cualquier clase que vayan a atribuirse a los expertos independientes que intervengan en el proceso y a los administradores de las sociedades participantes. El proyecto común de fusión, una vez suscrito por los administradores de todas las sociedades, debe ser sometido a la aprobación de las respectivas juntas generales, sin que pueda ser modificado por estas. Debe insertarse en la página web de cada sociedad o depositarse en el Registro Mercantil, con la correspondiente publicidad, con antelación a la convocatoria de las juntas.
El balance de fusión y el informe de administradores y expertos
Junto al proyecto común de fusión, la regulación tradicional (Ley 3/2009) exigía la elaboración de un balance de fusión, referido a una fecha próxima a la del proyecto, que podía coincidir con el último balance anual aprobado si estuviera cerrado dentro de determinado plazo, y cuya función es acreditar la situación patrimonial de cada sociedad participante en un momento próximo a la operación, sirviendo de base para la determinación del tipo de canje y para el control de la corrección económica de la fusión. Los administradores de cada sociedad deben elaborar, además, un informe explicando y justificando detalladamente el proyecto común de fusión en sus aspectos jurídicos y económicos, con especial referencia al tipo de canje de las acciones o participaciones y a las especiales dificultades de valoración que pudieran existir. Adicionalmente, cuando alguna de las sociedades que participan en la fusión sea una sociedad anónima o comanditaria por acciones, es preceptivo un informe de uno o varios expertos independientes, designados por el registrador mercantil, sobre el proyecto común de fusión, que debe pronunciarse sobre si el tipo de canje de las acciones está o no justificado, cuáles han sido los métodos seguidos para su determinación y si dichos métodos son adecuados, constituyendo esta intervención de expertos una garantía adicional en beneficio de los socios de las sociedades anónimas frente al riesgo de tipos de canje no equitativos.
Acuerdo de fusión en la junta general de cada sociedad
La fusión debe ser aprobada necesariamente por la junta general de cada una de las sociedades que participan en ella, ajustándose estrictamente al proyecto común de fusión previamente redactado y suscrito por los administradores, sin que la junta pueda introducir modificaciones al mismo, y con los requisitos y las mayorías establecidas en el régimen general para la modificación de los estatutos sociales de cada tipo social. Con carácter previo a la adopción del acuerdo, deben ponerse a disposición de los socios, de los obligacionistas, de los titulares de derechos especiales y de los representantes de los trabajadores, la totalidad de la documentación relativa a la fusión (proyecto común, informes de administradores y de expertos, balances y cuentas anuales de los tres últimos ejercicios de cada sociedad), garantizando así el ejercicio informado del derecho de voto en la junta. El acuerdo de fusión de cada sociedad debe publicarse en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en la página web de la sociedad, o, en su defecto, en un diario de gran circulación, con expresión del derecho que asiste a los socios y acreedores a obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del balance de fusión, así como del derecho de oposición reconocido a los acreedores, marcando dicha publicación el inicio del plazo para el ejercicio de este último derecho.
Derecho de oposición de los acreedores en la fusión
El derecho de oposición de los acreedores constituye la garantía más característica y trascendente de todo el régimen de la fusión, dado que esta operación puede afectar de forma muy significativa a la solvencia de la sociedad deudora original, al integrarse su patrimonio con el de otra u otras sociedades cuya situación patrimonial puede ser distinta. La ley reconoce a los acreedores de cada una de las sociedades que se fusionan, cuyo crédito hubiera nacido antes de la fecha de publicación del proyecto de fusión o de su depósito en el Registro Mercantil y no estuviera vencido en dicho momento, el derecho a oponerse a la fusión, dentro del plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo de fusión o de la comunicación individual al acreedor, hasta que se les garantice el pago de sus créditos o la sociedad les preste fianza solidaria. El ejercicio del derecho de oposición no impide que la fusión siga adelante ni la paraliza automáticamente, pero sí impide que se otorgue la correspondiente escritura de fusión hasta que la sociedad garantice suficientemente el crédito del acreedor oponente o hasta que este preste su conformidad, constituyendo así un poderoso instrumento de tutela individual de cada acreedor frente al riesgo de dilución o empeoramiento de su posición como consecuencia de la integración patrimonial derivada de la fusión.
Efectos de la fusión: sucesión universal
El efecto jurídico central de la fusión, una vez otorgada la escritura pública correspondiente e inscrita en el Registro Mercantil, es la sucesión universal: la sociedad resultante de la fusión (la de nueva creación o la absorbente) adquiere, por ministerio de la ley, la totalidad del patrimonio de las sociedades extinguidas, comprendiendo tanto sus derechos y bienes como sus obligaciones y deudas, sin necesidad de proceder a la transmisión individualizada de cada elemento patrimonial ni de obtener el consentimiento de cada acreedor o contraparte contractual para la subrogación en las relaciones jurídicas correspondientes, a diferencia de lo que exigiría el régimen general de la cesión de créditos y de la asunción de deudas conforme a las reglas ordinarias del Derecho de obligaciones. Simultáneamente, se produce la extinción, sin necesidad de liquidación, de las sociedades que se fusionan (salvo la absorbente, que subsiste), y los socios de estas se integran en la sociedad resultante, recibiendo acciones, participaciones o cuotas de esta en la proporción determinada por el tipo de canje fijado en el proyecto de fusión. Este mecanismo de sucesión universal, propio también de la sucesión hereditaria en el Derecho civil, constituye la razón técnica fundamental que explica la elección de la fusión, frente a otras alternativas jurídicas más costosas y lentas, como instrumento habitual de concentración empresarial.
Régimen fiscal de las operaciones de reestructuración (LIS, IVA, ITPAJD)
La Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades regula en los arts. 76 a 89 el régimen fiscal especial de las fusiones, escisiones, aportaciones no dinerarias de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o Cooperativa Europea, que traspone la Directiva 2009/133/CE. El régimen se basa en la neutralidad fiscal: las rentas derivadas de la transmisión no se integran en la base imponible de la entidad transmitente ni de los socios, y la entidad adquirente se subroga en los valores y fechas de adquisición de los bienes transmitidos (diferimiento, no exención). Su aplicación exige que la operación tenga motivos económicos válidos, tales como la reestructuración o racionalización de las actividades; no se aplica si su principal objetivo es el fraude o la evasión fiscal (art. 89.2 LIS). El régimen es el general para estas operaciones, salvo renuncia, y debe comunicarse a la Administración tributaria en el plazo de tres meses desde la inscripción de la escritura pública en el Registro Mercantil (art. 89.1 LIS). En el IVA, la transmisión del patrimonio empresarial constituye un supuesto de no sujeción cuando se transmite una unidad económica autónoma capaz de desarrollar una actividad por sus propios medios (art. 7.1.º de la Ley 37/1992). En el ITPAJD, las operaciones societarias de fusión, escisión y disolución están exentas en la modalidad correspondiente, sin perjuicio de la tributación de otras modalidades y de la plusvalía municipal, que cuenta con su propio régimen de no sujeción.
Concepto de escisión de sociedades
La escisión es la modificación estructural mediante la cual el patrimonio de una sociedad se divide en dos o más partes, cada una de las cuales se transmite en bloque, por sucesión universal, a una sociedad de nueva creación o ya existente (sociedad beneficiaria), recibiendo los socios de la sociedad escindida acciones, participaciones o cuotas de la sociedad o sociedades beneficiarias, en proporción a su respectiva participación en aquella. Constituye, en cierto sentido, la operación inversa a la fusión: mientras esta integra el patrimonio de varias sociedades en una sola, la escisión divide el patrimonio de una sociedad entre varias, respondiendo típicamente a finalidades de reorganización empresarial (separación de líneas de negocio o de activos con el fin de facilitar su gestión autónoma, su transmisión posterior a terceros, o la resolución de conflictos entre distintos grupos de socios mediante la atribución a cada uno de ellos de una sociedad beneficiaria distinta). Al igual que ocurre en la fusión, el mecanismo de la sucesión universal permite transmitir el patrimonio correspondiente a cada sociedad beneficiaria sin necesidad de la transmisión singular de cada elemento patrimonial, si bien con la particularidad de que en la escisión es preciso delimitar con precisión, en el propio proyecto de escisión, qué activos y pasivos concretos se atribuyen a cada sociedad beneficiaria.
Clases de escisión: total, parcial y segregación
La regulación de las modificaciones estructurales distingue tres modalidades de escisión. La escisión total implica la división de todo el patrimonio de una sociedad en dos o más partes, cada una de las cuales se traspasa en bloque a una sociedad de nueva creación o ya existente, extinguiéndose la sociedad escindida sin liquidación (por analogía con la fusión) y recibiendo sus socios acciones, participaciones o cuotas de las sociedades beneficiarias. La escisión parcial implica el traspaso en bloque de una o varias partes del patrimonio de una sociedad, cada una de las cuales forme una unidad económica, a una o varias sociedades de nueva creación o ya existentes, recibiendo los socios de la sociedad que se escinde (que no se extingue, sino que subsiste con el resto de su patrimonio no traspasado) acciones, participaciones o cuotas de las sociedades beneficiarias. La segregación, que la Ley 3/2009 reguló ya como modalidad propia y que mantiene el régimen vigente, se caracteriza porque el traspaso en bloque de una o varias partes del patrimonio de la sociedad, formando cada una de ellas una unidad económica, se realiza a cambio de acciones, participaciones o cuotas de las sociedades beneficiarias que recibe no los socios de la sociedad, sino la propia sociedad segregada, que conserva así la titularidad indirecta del negocio segregado a través de dicha participación.
Régimen jurídico de la escisión: remisión a las normas de la fusión
La ley opta por una técnica de regulación basada en la remisión: en todo lo no específicamente regulado para la escisión, resultan de aplicación las normas establecidas para la fusión de sociedades, en la medida en que sean compatibles con la propia naturaleza de la operación de escisión, lo que explica que buena parte de las garantías estudiadas en relación con la fusión (proyecto, balance, informes de administradores y expertos, publicidad del acuerdo, derecho de oposición de los acreedores) resulten igualmente aplicables a la escisión, con las adaptaciones necesarias derivadas de tratarse de una operación de división patrimonial en lugar de una operación de integración. Una de las especialidades más relevantes de la escisión frente a la fusión reside en el régimen de responsabilidad por las deudas de la sociedad escindida: de las obligaciones asumidas por una sociedad beneficiaria que resulten incumplidas, responden solidariamente las restantes sociedades beneficiarias hasta el importe del activo neto atribuido a cada una de ellas en la escisión, y, si la sociedad escindida no se hubiera extinguido, esta responde también solidariamente de la totalidad de la obligación, reforzando así la protección de los acreedores frente al riesgo de que la división patrimonial diluya sus garantías originarias al distribuirse el patrimonio deudor entre varias sociedades distintas.
La cesión global de activo y pasivo
La cesión global de activo y pasivo es la modificación estructural mediante la cual una sociedad inscrita transmite en bloque, por sucesión universal, la totalidad de su patrimonio a uno o varios socios o terceros, a cambio de una contraprestación que en ningún caso puede consistir en acciones, participaciones o cuotas del cesionario, dado que en tal caso la operación se calificaría propiamente como una fusión o una escisión. Se trata de una operación que permite a la sociedad cedente transmitir la totalidad de su empresa o negocio a otra entidad, obteniendo a cambio una contraprestación dineraria o de otra naturaleza (por ejemplo, valores de renta fija), y que puede ser percibida por la propia sociedad cedente o directamente por sus socios, presentando así una mayor flexibilidad que la fusión o la escisión en cuanto a la naturaleza de la contraprestación que reciben los socios. El régimen jurídico de esta operación se remite, en gran medida, al de la fusión (acuerdo de junta general con las mayorías reforzadas, publicidad del acuerdo, derecho de oposición de los acreedores), constituyendo su rasgo más distintivo, precisamente, la libertad en cuanto a la naturaleza de la contraprestación percibida por la sociedad cedente, a diferencia de la rigidez que caracteriza en este punto a la fusión y a la escisión.
Comparación entre transformación, fusión, escisión y cesión global
Transformación: cambia el tipo social, la sociedad conserva su personalidad, no hay sucesión universal ni extinción. Fusión: dos o más sociedades se integran en una (por creación de nueva o por absorción); sucesión universal; extinción sin liquidación de las absorbidas o de todas; los socios reciben acciones o participaciones de la resultante. Escisión total: la sociedad escindida se extingue y su patrimonio se divide entre varias beneficiarias; sus socios reciben participaciones de las beneficiarias. Escisión parcial: se traspasan una o varias unidades económicas y la escindida subsiste; sus socios reciben participaciones. Segregación: igual que la parcial, pero las participaciones las recibe la propia sociedad segregada. Cesión global: se transmite todo el patrimonio a uno o varios socios o terceros; la contraprestación nunca son participaciones del cesionario. Las garantías comunes (proyecto, informes, junta, publicidad y derecho de oposición o garantía de los acreedores) se aplican con matices a todas, y la inscripción en el Registro Mercantil es en la fusión y en la escisión el momento en que se producen la sucesión universal y la extinción.
El traslado internacional del domicilio social
El traslado internacional del domicilio social, regulado por la Ley 3/2009, ha sido sustituido, en el ámbito intracomunitario, por la transformación transfronteriza del Real Decreto-ley 5/2023, que permite a una sociedad constituida en un Estado miembro trasladar su domicilio a España (o a la inversa) adoptando un tipo social del Estado de destino y conservando su personalidad jurídica, sin extinción y sin necesidad de disolución y nueva constitución. El procedimiento exige un proyecto elaborado por los administradores, un informe de estos justificando los aspectos jurídicos y económicos y las consecuencias para socios, acreedores y trabajadores, el acuerdo de la junta general con las mayorías reforzadas propias de la modificación estatutaria, el derecho de separación de los socios que no hayan votado a favor, la protección de los acreedores y el control de legalidad por el registrador mercantil, que expide el certificado previo a la transformación. Fuera del ámbito de la Unión Europea, la continuidad de la personalidad jurídica depende de que el ordenamiento del Estado de destino la reconozca. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia (Cartesio, Polbud) y el Reglamento sobre la Sociedad Anónima Europea completan este marco.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Disolución de pleno derecho (art. 360 LSC): opera automáticamente sin acuerdo social — transcurso del término estatutario sin prórroga inscrita, o un año desde la reducción de capital obligatoria por debajo del mínimo legal sin regularizar.
Causas legales de disolución que exigen acuerdo o resolución judicial (art. 363 LSC): cese de actividad >1 año, imposibilidad de conseguir el fin social, paralización de órganos sociales, pérdidas que dejan el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social, reducción de capital por debajo del mínimo legal.
La disolución no extingue la sociedad: abre el periodo de liquidación, en el que la sociedad conserva personalidad jurídica limitada a esa finalidad y debe añadir 'en liquidación' a su denominación.
Con la disolución cesan los administradores y son sustituidos por los liquidadores, que responden solidariamente de las deudas sociales si inician nuevas operaciones ajenas a la liquidación.
El reparto de la cuota de liquidación no puede comenzar antes de pagar o garantizar todas las deudas sociales conocidas (incluida prioridad a Hacienda y Seguridad Social para pagos a cuenta) — protección de acreedores por encima del interés de los socios.
Transformación: cambio de tipo social CONSERVANDO la misma personalidad jurídica — no hay sucesión universal ni extinción, a diferencia de fusión y escisión.
En la transformación de sociedad personalista a sociedad de capital, los antiguos socios colectivos siguen respondiendo personalmente 5 años de las deudas anteriores, salvo consentimiento expreso de los acreedores.
Fusión: sucesión universal — la sociedad resultante (nueva o absorbente) asume todo el patrimonio (activo y pasivo) de las extinguidas sin necesidad de consentimiento individual de cada acreedor o contraparte contractual.
Fusión por creación de nueva sociedad (todas las participantes se extinguen) frente a fusión por absorción (solo se extinguen las absorbidas, la absorbente subsiste) — la absorción es la modalidad predominante en la práctica.
Proyecto común de fusión: debe fijar el tipo de canje y, si se prevé, una compensación en dinero que no puede exceder del 10% del valor nominal de las acciones o participaciones atribuidas.
Informe de expertos independientes sobre el tipo de canje: lo exigen las fusiones en que participa una sociedad anónima o comanditaria por acciones (con las excepciones legales, como los supuestos simplificados).
Derecho de oposición de los acreedores en la fusión: plazo de un mes desde la publicación del último anuncio o la comunicación individual; impide otorgar la escritura de fusión hasta que se garantice el crédito, pero no paraliza automáticamente la operación.
Escisión total (extinción de la escindida, todo el patrimonio se reparte) frente a escisión parcial (la escindida subsiste con parte del patrimonio, y sus socios reciben las acciones) frente a segregación (la contraprestación va a la propia sociedad segregada, no a sus socios).
Responsabilidad solidaria en la escisión: las sociedades beneficiarias responden entre sí, hasta el activo neto atribuido a cada una, de las obligaciones incumplidas por la beneficiaria deudora; si la escindida no se extinguió, también responde de toda la obligación.
La cesión global de activo y pasivo se distingue de la fusión/escisión en que la contraprestación NUNCA puede consistir en acciones/participaciones/cuotas del cesionario (si lo fuera, sería fusión o escisión).
La transformación transfronteriza (RDL 5/2023) sustituye, en el ámbito de la Unión Europea, al traslado internacional de domicilio de la Ley 3/2009: conserva la personalidad jurídica, reconoce derecho de separación a los socios disidentes y protección a los acreedores, y requiere el certificado previo del registrador mercantil.
La Ley 3/2009 de Modificaciones Estructurales fue derogada por el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, que transpuso la Directiva (UE) 2019/2121 y reguló las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas.
La segregación ya existía en la Ley 3/2009 como modalidad de escisión; la contraprestación va a la sociedad segregada, no a sus socios.
Deber de convocar la junta en dos meses ante causa de disolución (art. 365 LSC) y responsabilidad solidaria de los administradores del art. 367 LSC por las obligaciones posteriores a la causa.
Reactivación de la sociedad disuelta (art. 370 LSC): solo mientras no haya comenzado el pago de la cuota de liquidación, con patrimonio contable no inferior al capital y desaparecida la causa.
Responsabilidad tributaria: los socios de la sociedad extinguida responden de las deudas tributarias hasta el límite de la cuota de liquidación (art. 40 LGT), y los administradores y liquidadores responden subsidiariamente en los términos del art. 43 LGT.
Régimen fiscal especial de reestructuración (arts. 76 a 89 LIS): neutralidad fiscal con diferimiento, exigencia de motivos económicos válidos y comunicación a la Administración en el plazo de tres meses desde la inscripción de la escritura.
Tras la extinción de la sociedad, los libros y documentos se conservan durante seis años y los antiguos socios responden de las deudas hasta el límite de lo recibido como cuota de liquidación (art. 399 LSC).
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
La ley que regulaba las modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles hasta 2023 y que fue derogada por el RDL 5/2023 es:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 15 de Hacienda (AEAT)?
La vida de la sociedad mercantil no termina de forma súbita, sino a través de un proceso ordenado de extinción que el legislador ha querido rodear de garantías tanto para los socios como, muy especialmente, para los acreedores sociales: primero la disolución, que abre el periodo de liquidación, y después la propia liquidación, que culmina con la extinción definitiva de la sociedad y la cancelación de sus asientos registrales. Junto a este itinerario extintivo, el Derecho de sociedades regula, desde 2009 en la Ley 3/2009 sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles y desde junio de 2023 en el Libro primero del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio (que derogó la Ley 3/2009 y transpuso la Directiva (UE) 2019/2121), un conjunto de operaciones que permiten alterar de forma sustancial la estructura de una sociedad sin necesidad de pasar por su extinción y liquidación: la transformación (cambio de tipo social), la fusión (integración de varias sociedades en una) y la escisión (división del patrimonio de una sociedad entre varias).
Este tema es de una importancia práctica extraordinaria porque las modificaciones estructurales están en el centro de multitud de operaciones de reorganización empresarial con enorme trascendencia fiscal (régimen especial de neutralidad fiscal del Impuesto sobre Sociedades para las operaciones de reestructuración), lo que lo convierte en materia de referencia constante para un opositor de Hacienda Pública que deberá analizar estas operaciones tanto desde la perspectiva mercantil como desde la tributaria.
Conviene advertir de entrada que buena parte de la bibliografía y de las preguntas de oposición se refieren aún a la Ley 3/2009. Sus categorías (transformación, fusión, escisión total y parcial, segregación y cesión global) se han mantenido en lo esencial en el RDL 5/2023, que además ha regulado con detalle las operaciones transfronterizas intracomunitarias (transformación, fusión y escisión). Las sociedades en liquidación se rigen por los arts. 360 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, y las consecuencias tributarias se completan con la Ley General Tributaria (responsabilidad de socios y liquidadores) y la Ley del Impuesto sobre Sociedades (régimen especial de las operaciones de reestructuración).
¿Qué hay que memorizar del Tema 15 para el examen?
Disolución de pleno derecho (art. 360 LSC): opera automáticamente sin acuerdo social — transcurso del término estatutario sin prórroga inscrita, o un año desde la reducción de capital obligatoria por debajo del mínimo legal sin regularizar. Causas legales de disolución que exigen acuerdo o resolución judicial (art. 363 LSC): cese de actividad >1 año, imposibilidad de conseguir el fin social, paralización de órganos sociales, pérdidas que dejan el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social, reducción de capital por debajo del mínimo legal. La disolución no extingue la sociedad: abre el periodo de liquidación, en el que la sociedad conserva personalidad jurídica limitada a esa finalidad y debe añadir 'en liquidación' a su denominación. Con la disolución cesan los administradores y son sustituidos por los liquidadores, que responden solidariamente de las deudas sociales si inician nuevas operaciones ajenas a la liquidación. El reparto de la cuota de liquidación no puede comenzar antes de pagar o garantizar todas las deudas sociales conocidas (incluida prioridad a Hacienda y Seguridad Social para pagos a cuenta) — protección de acreedores por encima del interés de los socios. Transformación: cambio de tipo social CONSERVANDO la misma personalidad jurídica — no hay sucesión universal ni extinción, a diferencia de fusión y escisión. En la transformación de sociedad personalista a sociedad de capital, los antiguos socios colectivos siguen respondiendo personalmente 5 años de las deudas anteriores, salvo consentimiento expreso de los acreedores. Fusión: sucesión universal — la sociedad resultante (nueva o absorbente) asume todo el patrimonio (activo y pasivo) de las extinguidas sin necesidad de consentimiento individual de cada acreedor o contraparte contractual. Fusión por creación de nueva sociedad (todas las participantes se extinguen) frente a fusión por absorción (solo se extinguen las absorbidas, la absorbente subsiste) — la absorción es la modalidad predominante en la práctica. Proyecto común de fusión: debe fijar el tipo de canje y, si se prevé, una compensación en dinero que no puede exceder del 10% del valor nominal de las acciones o participaciones atribuidas. Informe de expertos independientes sobre el tipo de canje: lo exigen las fusiones en que participa una sociedad anónima o comanditaria por acciones (con las excepciones legales, como los supuestos simplificados). Derecho de oposición de los acreedores en la fusión: plazo de un mes desde la publicación del último anuncio o la comunicación individual; impide otorgar la escritura de fusión hasta que se garantice el crédito, pero no paraliza automáticamente la operación. Escisión total (extinción de la escindida, todo el patrimonio se reparte) frente a escisión parcial (la escindida subsiste con parte del patrimonio, y sus socios reciben las acciones) frente a segregación (la contraprestación va a la propia sociedad segregada, no a sus socios). Responsabilidad solidaria en la escisión: las sociedades beneficiarias responden entre sí, hasta el activo neto atribuido a cada una, de las obligaciones incumplidas por la beneficiaria deudora; si la escindida no se extinguió, también responde de toda la obligación. La cesión global de activo y pasivo se distingue de la fusión/escisión en que la contraprestación NUNCA puede consistir en acciones/participaciones/cuotas del cesionario (si lo fuera, sería fusión o escisión). La transformación transfronteriza (RDL 5/2023) sustituye, en el ámbito de la Unión Europea, al traslado internacional de domicilio de la Ley 3/2009: conserva la personalidad jurídica, reconoce derecho de separación a los socios disidentes y protección a los acreedores, y requiere el certificado previo del registrador mercantil. La Ley 3/2009 de Modificaciones Estructurales fue derogada por el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, que transpuso la Directiva (UE) 2019/2121 y reguló las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas. La segregación ya existía en la Ley 3/2009 como modalidad de escisión; la contraprestación va a la sociedad segregada, no a sus socios. Deber de convocar la junta en dos meses ante causa de disolución (art. 365 LSC) y responsabilidad solidaria de los administradores del art. 367 LSC por las obligaciones posteriores a la causa. Reactivación de la sociedad disuelta (art. 370 LSC): solo mientras no haya comenzado el pago de la cuota de liquidación, con patrimonio contable no inferior al capital y desaparecida la causa. Responsabilidad tributaria: los socios de la sociedad extinguida responden de las deudas tributarias hasta el límite de la cuota de liquidación (art. 40 LGT), y los administradores y liquidadores responden subsidiariamente en los términos del art. 43 LGT. Régimen fiscal especial de reestructuración (arts. 76 a 89 LIS): neutralidad fiscal con diferimiento, exigencia de motivos económicos válidos y comunicación a la Administración en el plazo de tres meses desde la inscripción de la escritura. Tras la extinción de la sociedad, los libros y documentos se conservan durante seis años y los antiguos socios responden de las deudas hasta el límite de lo recibido como cuota de liquidación (art. 399 LSC).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149) (Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna).
Fuentes de este desarrollo
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (arts. 360 a 400)
Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio (Libro primero: modificaciones estructurales de sociedades mercantiles; deroga la Ley 3/2009)
Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles (derogada)
Directiva (UE) 2019/2121 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, en lo relativo a las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (arts. 76 a 89)
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (arts. 40 y 43)
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (art. 7)
Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal
Mientras tanto, practica con tests gratis de Hacienda (AEAT).