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Tema 5. Concepto de Administración Pública. La organización administrativa estatal central y periférica. Creación y competencias de los órganos administrativos. Tipos de entes públicos. Formas de gestión de los servicios públicos. El principio de legalidad. La autotutela de la Administración. La Administración electrónica. Normativa reguladora. Instrumentos para el acceso electrónico a las Administraciones Públicas: sedes electrónicas, canales y punto de acceso, identificación y autenticación. El Gobierno abierto, la transparencia, el acceso a la información pública, la participación en la rendición de cuentas y el buen gobierno. Normativa reguladora de la protección de datos personales: principios, derechos de las personas y ejercicios de los derechos.

Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna · Índice oficial del BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149).

Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, turno libre y promoción interna (666 plazas: 446 libre + 220 promoción interna). Es distinto del temario del Cuerpo de Agentes Tributarios (C1) y del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (A1), que tienen procesos y temarios propios, no cubiertos aquí.

La Administración Pública es una organización personificada, instrumental respecto del poder político, que actúa con sometimiento pleno a la ley y al Derecho (art. 103.1 CE) y goza de autotutela para hacer valer sus propias decisiones sin necesidad de acudir previamente a los tribunales. Su organización estatal se estructura en la Administración General del Estado (central, periférica y en el exterior) y un heterogéneo sector público institucional, regulados hoy por la Ley 40/2015, mientras que la Ley 39/2015, el Real Decreto 203/2021, la Ley 19/2013 y la normativa de protección de datos (RGPD y LO 3/2018) configuran el marco de la Administración electrónica, el Gobierno abierto y la protección de los datos personales.

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Concepto de Administración Pública y principio de legalidad

La Administración Pública es una organización servicial, sometida plenamente a la ley y al Derecho (art. 103.1 CE), que actúa con objetividad al servicio de los intereses generales, con sometimiento a los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. Es una persona jurídica titular de potestades (reglamentaria, de autoorganización, sancionadora, expropiatoria, de ejecución forzosa, de revisión de oficio, etc.) que le atribuye el ordenamiento, y sus actos están sometidos al control de los tribunales (art. 106.1 CE: los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como su sometimiento a los fines que la justifican). El ámbito subjetivo de la Ley 40/2015 (art. 2) abarca el sector público: la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional. El art. 3 de la Ley 40/2015 enuncia los principios generales de actuación: servicio efectivo a los ciudadanos, simplicidad, claridad y proximidad, participación, objetividad y transparencia, racionalización y agilidad de los procedimientos, buena fe y confianza legítima, responsabilidad por la gestión pública, planificación y dirección por objetivos, eficacia en el cumplimiento de objetivos, economía, suficiencia y adecuación de los medios, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, y cooperación, colaboración y coordinación entre Administraciones. El principio de legalidad (arts. 9.3 y 103.1 CE) implica que la Administración solo puede actuar donde una norma le habilita (vinculación positiva), a diferencia de los particulares, que pueden hacer todo lo no prohibido (vinculación negativa). Toda actuación administrativa debe tener cobertura en el ordenamiento: la norma puede atribuir potestades regladas (la norma agota las condiciones de ejercicio y la Administración se limita a aplicarla) o discrecionales (la norma deja a la Administración un margen de apreciación o de elección entre alternativas igualmente válidas). La discrecionalidad no equivale a arbitrariedad (art. 9.3 CE, interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos): los elementos reglados del acto (competencia, procedimiento, fin) y los hechos determinantes son siempre controlables, y la desviación de poder es un vicio que los tribunales pueden revisar.

Organización de la AGE: central y periférica (Ley 40/2015, Título I)

La Administración General del Estado (AGE) se regula en el Título I de la Ley 40/2015. Sus órganos se dividen en órganos superiores (Ministros y Secretarios de Estado) y órganos directivos (Subsecretarios y Secretarios Generales, Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales y Subdirectores Generales). Los Ministerios se organizan en órganos centrales; bajo el Ministro se sitúan los Secretarios de Estado (con competencias sobre un sector de actividad del Departamento), el Subsecretario (responsable de la gestión de los servicios comunes y de la dirección de los medios del Departamento) y, en su caso, los Secretarios Generales con rango de Subsecretario o Secretario de Estado. El Gobierno, órgano colegiado del art. 97 CE, se apoya en el Consejo de Ministros, las Comisiones Delegadas del Gobierno y la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. La Administración periférica o territorial de la AGE se organiza en Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas (el Delegado del Gobierno representa al Gobierno en el territorio de la Comunidad, dirige la Administración del Estado en ella y la coordina, cuando proceda, con la de la Comunidad, conforme al art. 154 CE), Subdelegaciones del Gobierno en las provincias (en las Comunidades uniprovinciales no existe Subdelegado, ejerciendo sus funciones el Delegado) y Direcciones Insulares en las islas. Los servicios territoriales pueden estar integrados en las Delegaciones o ser servicios no integrados, dependientes directamente de los Ministerios u organismos. Existe además la Administración del Estado en el exterior (embajadas, representaciones permanentes ante organizaciones internacionales y oficinas consulares), regulada en la Ley 2/2014, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado. En el ámbito tributario es relevante recordar que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) es una entidad de Derecho público con personalidad jurídica propia, creada por el art. 103 de la Ley 31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, adscrita al Ministerio de Hacienda, con régimen específico respecto del de los organismos públicos generales.

Creación y competencias de los órganos administrativos (arts. 5 a 13 y 23 a 24 Ley 40/2015)

Órgano administrativo es la unidad básica de la organización administrativa a la que se atribuyen funciones con efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tiene carácter preceptivo. Su creación exige (art. 5): la determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y de su dependencia jerárquica; la delimitación de sus funciones y competencias; y la dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento. No pueden crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos. La competencia (art. 8) es irrenunciable y se ejerce precisamente por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación. Las técnicas de alteración en el ejercicio de la competencia son: a) Delegación de competencias (art. 9): entre órganos de la misma Administración (incluso de organismos públicos vinculados o dependientes), aunque no sean jerárquicamente dependientes; es revocable en cualquier momento, debe publicarse en el diario oficial correspondiente, las resoluciones dictadas por delegación indican expresamente esta circunstancia y se consideran dictadas por el órgano delegante. No son delegables, entre otras, las competencias relativas a la adopción de disposiciones de carácter general, la resolución de recursos en los órganos que hayan dictado los actos recurridos, los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, las Cortes Generales y los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas, y las materias en que así se determine por norma con rango de ley. b) Avocación (art. 10): el órgano superior puede avocar para sí el conocimiento de asuntos cuya resolución corresponda a órganos dependientes, por circunstancias técnicas, económicas, sociales, jurídicas o territoriales; contra el acuerdo de avocación no cabe recurso, aunque puede impugnarse en el que se interponga contra la resolución final. c) Encomienda de gestión (art. 11): para actividades de carácter material o técnico, a otros órganos o entidades de Derecho público de la misma o distinta Administración; no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio. d) Delegación de firma (art. 12): no altera la competencia del órgano delegante y no requiere publicación. e) Suplencia (art. 13): en casos de vacante, ausencia o enfermedad. Además, la desconcentración transfiere la titularidad de la competencia a un órgano inferior jerárquicamente dependiente, y se realiza por norma. Las causas de abstención (art. 23) y recusación (art. 24) afectan a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones, y la actuación de autoridades y personal en quienes concurran motivos de abstención no implica, necesariamente, la invalidez de los actos en que hayan intervenido. Los órganos colegiados se rigen por los arts. 15 y siguientes de la Ley 40/2015.

Tipos de entes públicos: el sector público institucional (Título II Ley 40/2015)

El sector público institucional estatal (Título II de la Ley 40/2015) comprende: a) Organismos públicos, que son los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales. Los organismos autónomos se encargan, en régimen de descentralización funcional y en ejecución de programas específicos de la actividad de un Ministerio, de la realización de actividades de fomento, prestacionales o de gestión de servicios públicos, y se rigen por el Derecho administrativo. Las entidades públicas empresariales realizan actividades prestacionales, gestión de servicios o producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación; se rigen por el Derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados en la Ley, en sus estatutos y en la legislación presupuestaria. b) Autoridades administrativas independientes, entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia, que desarrollan funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre sectores económicos o actividades determinadas, por requerir su desempeño de independencia funcional o una especial autonomía respecto de la AGE (ejemplos: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Agencia Española de Protección de Datos, Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Consejo de Seguridad Nuclear, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal). c) Sociedades mercantiles estatales: aquellas en las que la participación, directa o indirecta, en su capital social de la AGE o de las entidades del sector público institucional estatal sea superior al 50 por 100; se rigen íntegramente por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, patrimonial, de control económico-financiero y de contratación. d) Consorcios: entidades de Derecho público, con personalidad jurídica propia y diferenciada, creadas por varias Administraciones Públicas o entidades integrantes del sector público institucional para el desarrollo de actividades de interés común. e) Fundaciones del sector público: las constituidas de forma inicial, con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la AGE o de cualquier otro sujeto integrante del sector público institucional estatal. f) Fondos carentes de personalidad jurídica. Los organismos públicos y entidades se vinculan o dependen de la AGE a través de un Ministerio de adscripción, que ejerce el control de eficacia. Las Universidades públicas se rigen por su normativa específica. Los organismos y entidades del sector público institucional deben inscribirse en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local.

Formas de gestión de los servicios públicos

Servicio público es la actividad prestacional cuya titularidad asume la Administración como propia, para satisfacer necesidades de interés general; el art. 128.2 CE permite reservar mediante ley al sector público recursos o servicios esenciales. Hay que distinguir entre titularidad del servicio (siempre pública) y modo de gestión. La gestión puede ser directa, a través de la propia Administración, de un organismo autónomo, de una entidad pública empresarial o de una sociedad mercantil de capital íntegramente público; o indirecta, mediante contrato del sector público. Tras la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP), la gestión indirecta de servicios se articula a través del contrato de concesión de servicios (art. 15 LCSP), que exige la transferencia al concesionario del riesgo operacional; han desaparecido las antiguas modalidades de gestión interesada, concierto y sociedad de economía mixta como contratos de gestión de servicios públicos. No pueden gestionarse indirectamente los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. En el ámbito local, el art. 85 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, enumera las formas de gestión directa (gestión por la propia entidad local, organismo autónomo local, entidad pública empresarial local o sociedad mercantil local de capital íntegramente público) y la gestión indirecta mediante las formas previstas para el contrato de gestión de servicios públicos.

La autotutela de la Administración

La autotutela es la facultad de la Administración de tutelar por sí misma sus propias situaciones jurídicas, sin necesidad de auxilio judicial. Presenta tres manifestaciones. Autotutela declarativa: los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho administrativo se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que se dicten (art. 39.1 Ley 39/2015) y son inmediatamente ejecutivos, salvo las excepciones del art. 98 (presunción de legalidad o de validez, que admite prueba en contrario). Autotutela ejecutiva: la Administración puede, previo apercibimiento, proceder a la ejecución forzosa de sus actos (arts. 98 a 104 Ley 39/2015) por los medios de apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas, con respeto al principio de proporcionalidad y eligiendo el medio menos restrictivo de la libertad individual; no cabe interponer interdictos o acciones posesorias contra las actuaciones de los órganos administrativos realizadas en materia de su competencia y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido (art. 105 Ley 39/2015). Autotutela revisora: la Administración puede revisar de oficio sus propios actos (declaración de nulidad, declaración de lesividad, revocación de actos de gravamen y rectificación de errores, arts. 106 a 111 Ley 39/2015) y resolver los recursos administrativos. La autotutela ejecutiva tiene límites: no puede ejecutarse forzosamente cuando se suspenda la ejecución de acuerdo con la ley, ni cuando la Constitución o la ley exijan la intervención de un órgano judicial; así, la entrada en un domicilio requiere consentimiento del titular, resolución judicial o flagrante delito (art. 18.2 CE), y el art. 8.6 de la Ley 29/1998 (LJCA) atribuye a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo la autorización de entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, cuando ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la Administración. La Administración no puede imponer privaciones de libertad (art. 25.3 CE).

La Administración electrónica: normativa reguladora

Las Leyes 39/2015 y 40/2015 generalizan la tramitación electrónica como cauce normal de relación con la Administración y de funcionamiento interno del sector público. Normativa básica: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (derechos y obligación de relacionarse electrónicamente, registros, notificaciones, expediente y archivo electrónicos); Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (Título Preliminar, Capítulo V, sobre el funcionamiento electrónico del sector público, arts. 38 a 46); Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos; Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, que regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS); Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, que regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI); Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, y Reglamento (UE) nº 910/2014 (eIDAS), modificado por el Reglamento (UE) 2024/1183 (marco europeo de identidad digital). Principios: la Administración debe ser accesible y asistir a quienes no dispongan de medios; neutralidad tecnológica; interoperabilidad; seguridad; reutilización de aplicaciones; y el derecho de las personas a no aportar documentos que ya obren en poder de las Administraciones (art. 28 Ley 39/2015), para lo cual se utilizan las plataformas de intermediación de datos.

Instrumentos de acceso electrónico: sedes electrónicas, canales, punto de acceso, identificación y autenticación

Sede electrónica (art. 38 Ley 40/2015): dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o a uno o varios organismos públicos o entidades de Derecho público en el ejercicio de sus competencias. El establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma; la sede utiliza, para identificarse y garantizar una comunicación segura, certificados reconocidos o cualificados de autenticación de sitio web o equivalentes. El Real Decreto 203/2021 regula su creación, contenido, y las sedes electrónicas asociadas y subsedes. Portal de internet (art. 39 Ley 40/2015): punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponde a una AP, organismo público o entidad de Derecho público, que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente. Punto de Acceso General electrónico de la Administración (administracion.gob.es): facilita el acceso a los servicios y a la información de las AAPP; contiene la sede electrónica que le corresponde a la AGE, y con él se relacionan servicios horizontales como la Carpeta Ciudadana, la Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú, para recibir notificaciones electrónicas) y el Registro Electrónico General de la AGE. Canales de acceso: las Administraciones deben garantizar el acceso por canal presencial (oficinas de asistencia en materia de registros), telefónico y electrónico, y asistir en el uso de medios electrónicos a los interesados que no estén obligados (art. 12 Ley 39/2015). Identificación y firma de los interesados (arts. 9 a 11 Ley 39/2015): los interesados pueden identificarse electrónicamente mediante cualquier sistema que cuente con registro previo como usuario que permita garantizar su identidad; en particular: a) sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la Lista de confianza (incluido el DNI electrónico, que incorpora un certificado cualificado); b) sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico; c) sistemas de clave concertada (Cl@ve) y cualquier otro sistema que las Administraciones consideren válido en los términos y condiciones que se establezcan. Con carácter general, para realizar cualquier actuación basta con la identificación; la firma solo se exige para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos (art. 11.2). Identificación de las Administraciones (arts. 40 a 43 Ley 40/2015): sello electrónico de Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de Derecho público (art. 40); actuación administrativa automatizada (art. 41), que requiere definir previamente el órgano competente para definir las especificaciones y el responsable a efectos de impugnación; código seguro de verificación (art. 42); y firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas (art. 43).

Gobierno abierto, transparencia, acceso a la información pública, participación y buen gobierno

El Gobierno abierto es un modelo de gobernanza basado en la transparencia, la participación, la colaboración y la rendición de cuentas. En España se articula, entre otros instrumentos, a través de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; la participación ciudadana en la elaboración de normas (art. 133 Ley 39/2015: consulta pública previa, y audiencia e información pública, con las excepciones legalmente previstas); la reutilización de la información del sector público (Ley 37/2007, modificada posteriormente) y los portales de datos abiertos; y los planes de acción en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership), de la que España forma parte desde 2011. La Ley 19/2013 articula tres pilares. 1) Publicidad activa (arts. 5 a 11): obligación de publicar, de forma periódica y actualizada y a través de sedes electrónicas, portales o páginas web, información institucional, organizativa y de planificación (art. 6, que incluye los planes y programas anuales y plurianuales con objetivos y su grado de cumplimiento, evaluado y publicado periódicamente: rendición de cuentas), de relevancia jurídica (art. 7) y económica, presupuestaria y estadística (art. 8: contratos, convenios, subvenciones, presupuestos, retribuciones de altos cargos). Existe el Portal de la Transparencia de la AGE. 2) Derecho de acceso a la información pública (arts. 12 a 24): lo ostentan todas las personas (art. 12), sobre contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos obligados y hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones (art. 13). No es necesario motivar la solicitud (la ausencia de motivación no es por sí sola causa de rechazo, art. 17.3), aunque el solicitante puede exponer los motivos, que podrán ser tenidos en cuenta. Límites (art. 14): seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores, seguridad pública, prevención, investigación y sanción de ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, igualdad de las partes en los procesos judiciales y tutela judicial efectiva, funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, intereses económicos y comerciales, política económica y monetaria, secreto profesional y propiedad intelectual e industrial, garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión, y protección del medio ambiente; su aplicación debe ser justificada y proporcionada, atendiendo a las circunstancias del caso y a la concurrencia de un interés superior que justifique el acceso. Protección de datos personales (art. 15): se pondera el interés público frente a los derechos de los afectados, con régimen reforzado para los datos especialmente protegidos. Causas de inadmisión (art. 18): información en curso de elaboración, de carácter auxiliar o de apoyo, que requiera reelaboración, dirigida a un órgano no competente, o solicitudes manifiestamente repetitivas o abusivas. La resolución se notifica en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente, ampliable por otro mes si el volumen o la complejidad lo justifican; el silencio es desestimatorio (art. 20). Frente a la resolución cabe reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter previo a la impugnación en vía contencioso-administrativa, en el plazo de un mes (art. 24). 3) Buen gobierno (Título II): principios éticos y de actuación de los altos cargos y asimilados, con régimen de infracciones y sanciones en materia de conflicto de intereses, disciplinarias y económico-presupuestarias. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (art. 33) es una autoridad administrativa independiente, con personalidad jurídica propia, que promueve la transparencia, vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, salvaguarda el derecho de acceso y garantiza la observancia de las disposiciones de buen gobierno. En materia relacionada, la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, crea la Autoridad Independiente de Protección del Informante.

Protección de datos personales: normativa, principios, derechos y su ejercicio

Normativa: Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD), aplicable desde el 25 de mayo de 2018, y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). El RGPD define dato personal como toda información sobre una persona física identificada o identificable (art. 4.1); responsable del tratamiento es quien determina los fines y medios del tratamiento y encargado quien trata datos por cuenta del responsable. Autoridad de control en España: la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), autoridad administrativa independiente. Principios (art. 5 RGPD): licitud, lealtad y transparencia; limitación de la finalidad; minimización de datos; exactitud; limitación del plazo de conservación; integridad y confidencialidad; y responsabilidad proactiva (el responsable debe poder demostrar el cumplimiento). Bases de licitud (art. 6): consentimiento del interesado, ejecución de un contrato, obligación legal, intereses vitales, misión de interés público o ejercicio de poderes públicos, e interés legítimo (que no se aplica al tratamiento efectuado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones). El consentimiento debe ser libre, específico, informado e inequívoco (art. 4.11 y 7 RGPD); en España el menor de 14 años necesita el consentimiento de sus padres o tutores (art. 7 LOPDGDD). Otras figuras: registro de actividades de tratamiento (art. 30 RGPD y art. 31 LOPDGDD, que obliga a las Administraciones a hacer público un inventario), delegado de protección de datos (obligatorio para autoridades y organismos públicos, art. 37 RGPD), evaluación de impacto (art. 35), notificación de violaciones de seguridad a la autoridad de control en un plazo máximo de 72 horas desde que se tenga constancia (art. 33), y medidas de seguridad en el sector público (Esquema Nacional de Seguridad, disposición adicional primera LOPDGDD). Derechos de las personas (arts. 12 a 22 RGPD; arts. 11 a 18 LOPDGDD): información (arts. 13 y 14); acceso (art. 15); rectificación (art. 16); supresión o derecho al olvido (art. 17); limitación del tratamiento (art. 18); portabilidad (art. 20); oposición (art. 21); y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles (art. 22). El acrónimo habitual (ARSULIPO) agrupa acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición. Ejercicio: el responsable debe facilitar el ejercicio de los derechos, que es gratuito (salvo solicitudes manifiestamente infundadas o excesivas), y responder en el plazo de un mes desde la recepción de la solicitud, prorrogable otros dos meses teniendo en cuenta la complejidad y número de solicitudes, informando de la prórroga en el primer mes (art. 12.3 RGPD). Si no se atiende, el afectado puede presentar una reclamación ante la AEPD (art. 77 RGPD). Régimen sancionador: las infracciones se califican como muy graves, graves y leves y prescriben a los tres, dos y un año, respectivamente (arts. 72 a 74 LOPDGDD); las multas pueden alcanzar 20 millones de euros o el 4 % del volumen de negocio anual global (infracciones más graves) y 10 millones o el 2 % (art. 83 RGPD). Cuando los responsables o encargados son Administraciones Públicas u organismos públicos, no se les imponen multas sino apercibimiento, con medidas correctoras (art. 77 LOPDGDD).

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El principio de legalidad implica vinculación positiva de la Administración: solo puede actuar donde una norma la habilite, a diferencia de la vinculación negativa de los particulares. La discrecionalidad no es arbitrariedad (art. 9.3 CE).
  • La autotutela declarativa presume válidos y ejecutivos los actos administrativos desde que se dictan (art. 39.1 Ley 39/2015); la autotutela ejecutiva (arts. 98 a 104) permite su ejecución forzosa sin acudir a los tribunales, salvo que la Constitución o la ley exijan intervención judicial (por ejemplo, entrada en domicilio, art. 18.2 CE y art. 8.6 LJCA).
  • Los medios de ejecución forzosa son cuatro: apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas. Está prohibido el interdicto contra actuaciones administrativas competentes (art. 105).
  • Requisitos de creación de un órgano (art. 5 Ley 40/2015): forma de integración y dependencia jerárquica, delimitación de funciones y competencias, y dotación de créditos. La competencia es irrenunciable (art. 8).
  • La delegación de competencias es revocable y se publica; la delegación de firma no altera la competencia y no se publica; la encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad; la avocación no es recurrible por separado.
  • El Título I de la Ley 40/2015 regula la AGE y el Título II el sector público institucional (error típico de examen: confundirlos). Los organismos autónomos se rigen por Derecho administrativo; las entidades públicas empresariales por Derecho privado salvo en formación de voluntad, potestades administrativas y régimen presupuestario.
  • La sociedad mercantil estatal es la de participación pública superior al 50 por 100; el consorcio y la fundación del sector público son figuras distintas con personalidad jurídica propia.
  • Tras la LCSP de 2017, la gestión indirecta de servicios públicos se realiza mediante el contrato de concesión de servicios, que exige transferencia del riesgo operacional al concesionario.
  • Sede electrónica: art. 38 Ley 40/2015; portal de internet: art. 39; sello electrónico: art. 40; actuación automatizada: art. 41; CSV: art. 42; firma del personal: art. 43. Los sistemas de identificación de los interesados (art. 9 Ley 39/2015) son certificados cualificados de firma y de sello y sistemas de clave concertada (Cl@ve).
  • La Ley 19/2013 distingue publicidad activa, derecho de acceso a la información pública y buen gobierno. El acceso lo tiene todo el mundo, sin motivar la solicitud; plazo de resolución de un mes (ampliable otro mes) con silencio negativo; reclamación potestativa ante el CTBG en el plazo de un mes.
  • RGPD: principios del art. 5 (siete, incluida la responsabilidad proactiva); derechos de los arts. 15 a 22; respuesta en un mes, prorrogable dos meses más; violaciones de seguridad notificables en 72 horas; edad de consentimiento en España: 14 años; a las Administraciones Públicas la AEPD les impone apercibimiento, no multa (art. 77 LOPDGDD).
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Respecto de la delegación de competencias en la Ley 40/2015, es cierto que:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 5 de Hacienda (AEAT)?

La Administración Pública es una organización personificada, instrumental respecto del poder político, que actúa con sometimiento pleno a la ley y al Derecho (art. 103.1 CE) y goza de autotutela para hacer valer sus propias decisiones sin necesidad de acudir previamente a los tribunales. Su organización estatal se estructura en la Administración General del Estado (central, periférica y en el exterior) y un heterogéneo sector público institucional, regulados hoy por la Ley 40/2015, mientras que la Ley 39/2015, el Real Decreto 203/2021, la Ley 19/2013 y la normativa de protección de datos (RGPD y LO 3/2018) configuran el marco de la Administración electrónica, el Gobierno abierto y la protección de los datos personales.

¿Qué hay que memorizar del Tema 5 para el examen?

El principio de legalidad implica vinculación positiva de la Administración: solo puede actuar donde una norma la habilite, a diferencia de la vinculación negativa de los particulares. La discrecionalidad no es arbitrariedad (art. 9.3 CE). La autotutela declarativa presume válidos y ejecutivos los actos administrativos desde que se dictan (art. 39.1 Ley 39/2015); la autotutela ejecutiva (arts. 98 a 104) permite su ejecución forzosa sin acudir a los tribunales, salvo que la Constitución o la ley exijan intervención judicial (por ejemplo, entrada en domicilio, art. 18.2 CE y art. 8.6 LJCA). Los medios de ejecución forzosa son cuatro: apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas. Está prohibido el interdicto contra actuaciones administrativas competentes (art. 105). Requisitos de creación de un órgano (art. 5 Ley 40/2015): forma de integración y dependencia jerárquica, delimitación de funciones y competencias, y dotación de créditos. La competencia es irrenunciable (art. 8). La delegación de competencias es revocable y se publica; la delegación de firma no altera la competencia y no se publica; la encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad; la avocación no es recurrible por separado. El Título I de la Ley 40/2015 regula la AGE y el Título II el sector público institucional (error típico de examen: confundirlos). Los organismos autónomos se rigen por Derecho administrativo; las entidades públicas empresariales por Derecho privado salvo en formación de voluntad, potestades administrativas y régimen presupuestario. La sociedad mercantil estatal es la de participación pública superior al 50 por 100; el consorcio y la fundación del sector público son figuras distintas con personalidad jurídica propia. Tras la LCSP de 2017, la gestión indirecta de servicios públicos se realiza mediante el contrato de concesión de servicios, que exige transferencia del riesgo operacional al concesionario. Sede electrónica: art. 38 Ley 40/2015; portal de internet: art. 39; sello electrónico: art. 40; actuación automatizada: art. 41; CSV: art. 42; firma del personal: art. 43. Los sistemas de identificación de los interesados (art. 9 Ley 39/2015) son certificados cualificados de firma y de sello y sistemas de clave concertada (Cl@ve). La Ley 19/2013 distingue publicidad activa, derecho de acceso a la información pública y buen gobierno. El acceso lo tiene todo el mundo, sin motivar la solicitud; plazo de resolución de un mes (ampliable otro mes) con silencio negativo; reclamación potestativa ante el CTBG en el plazo de un mes. RGPD: principios del art. 5 (siete, incluida la responsabilidad proactiva); derechos de los arts. 15 a 22; respuesta en un mes, prorrogable dos meses más; violaciones de seguridad notificables en 72 horas; edad de consentimiento en España: 14 años; a las Administraciones Públicas la AEPD les impone apercibimiento, no multa (art. 77 LOPDGDD).

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149) (Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, arts. 9.3, 18.2, 97, 103, 106 y 128.
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: Título Preliminar (arts. 2, 3, 5, 8 a 13, 23 y 24, y Capítulo V, arts. 38 a 46), Título I (Administración General del Estado) y Título II (sector público institucional).
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, arts. 9 a 14, 28, 38, 39, 98 a 105 y 133.
  • Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
  • Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, y Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad.
  • Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
  • Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

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