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Tema 16. La revisión de los actos de carácter tributario en vía administrativa: Procedimientos especiales de revisión. El recurso de reposición. Las reclamaciones económico-administrativas: Actos impugnables. Órganos de resolución. Procedimientos. Suspensión de actos impugnados.

Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna · Índice oficial del BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149).

Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, turno libre y promoción interna (666 plazas: 446 libre + 220 promoción interna). Es distinto del temario del Cuerpo de Agentes Tributarios (C1) y del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (A1), que tienen procesos y temarios propios, no cubiertos aquí.

El Título V de la LGT (arts. 213 a 249), desarrollado por el Real Decreto 520/2005 (Reglamento general de desarrollo de la LGT en materia de revisión en vía administrativa), articula un sistema propio de revisión de los actos tributarios, distinto del régimen general de la Ley 39/2015: los procedimientos especiales de revisión (nulidad de pleno derecho, declaración de lesividad, revocación, rectificación de errores y devolución de ingresos indebidos), el recurso de reposición (potestativo y previo a la reclamación) y las reclamaciones económico-administrativas ante los Tribunales Económico-Administrativos, que constituyen la vía administrativa previa a la jurisdicción contencioso-administrativa en materia tributaria. La suspensión de la ejecución del acto impugnado exige, por regla general, la aportación de garantía.

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Los procedimientos especiales de revisión (arts. 216 a 221 LGT)

Son cauces excepcionales para revisar actos tributarios, sin sujeción a los plazos ordinarios de impugnación. El art. 216 enumera los cinco: la revisión de actos nulos de pleno derecho (art. 217), la declaración de lesividad de actos anulables (art. 218), la revocación (art. 219), la rectificación de errores (art. 220) y la devolución de ingresos indebidos (art. 221). Nulidad de pleno derecho: procede contra los actos dictados en materia tributaria, así como contra las resoluciones de los órganos económico-administrativos, que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos tasados del art. 217.1: que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional; que hayan sido dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio; que tengan un contenido imposible; que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta; que se hayan dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados; los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición; y cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal. Puede iniciarse de oficio o a instancia del interesado, requiere dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma, y el plazo máximo de resolución es de un año, transcurrido el cual la solicitud se entiende desestimada (o el procedimiento iniciado de oficio caduca). Declaración de lesividad: la Administración que haya dictado un acto anulable favorable a los interesados debe declararlo lesivo para el interés público antes de que transcurran 4 años desde que se notificó, y después impugnarlo ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Revocación: la Administración puede revocar sus actos en beneficio de los interesados cuando se estime que infringen manifiestamente la ley, cuando circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado, o cuando en la tramitación del procedimiento se haya producido indefensión; no puede constituir dispensa o exención no permitida por las normas tributarias ni ser contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Se inicia sólo de oficio. Rectificación de errores: la Administración puede rectificar, de oficio o a instancia del interesado, los errores materiales, de hecho o aritméticos mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción (4 años). Devolución de ingresos indebidos: procede cuando se haya realizado un ingreso superior al debido, se haya duplicado el pago, o cuando el ingreso corresponda a una deuda prescrita, entre otros casos del art. 221; el derecho a solicitarla prescribe a los 4 años.

El recurso de reposición (arts. 222 a 225 LGT)

Es un recurso potestativo (el interesado puede acudir directamente a la reclamación económico-administrativa), que se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto impugnado. El plazo de interposición es de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación del acto o al de la producción de los efectos del silencio administrativo (art. 223). El plazo máximo para resolver y notificar es de un mes; transcurrido sin resolución expresa, se entiende desestimado por silencio administrativo, quedando expedita la vía económico-administrativa (art. 225). Interpuesto el recurso de reposición, no puede promoverse reclamación económico-administrativa hasta que se haya resuelto expresamente o hasta que pueda considerarse desestimado por silencio (art. 222.2). Contra la resolución del recurso de reposición puede interponerse reclamación económico-administrativa en el plazo de un mes. Son impugnables en reposición los actos susceptibles de reclamación económico-administrativa. En los tributos locales, el recurso de reposición es obligatorio y previo al contencioso-administrativo (art. 14 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales), salvo en los municipios de gran población, donde existe un órgano económico-administrativo propio (art. 137 de la Ley de Bases del Régimen Local). La suspensión en reposición se rige por reglas equivalentes a las de la reclamación (art. 224 LGT).

Reclamaciones económico-administrativas: ámbito y actos impugnables (arts. 226 y 227 LGT)

La vía económico-administrativa conoce, entre otras materias, de la aplicación de los tributos y de la imposición de sanciones tributarias de la Administración General del Estado y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes, de los tributos cedidos a las Comunidades Autónomas, y de las actuaciones u omisiones de los particulares en materia tributaria (retenciones, repercusión, obligaciones formales y de facturación) en los términos legales. En los tributos locales, los actos de gestión se impugnan en reposición y después ante la jurisdicción contencioso-administrativa (salvo los municipios de gran población, que tienen su propio órgano). Son reclamables los actos que provisional o definitivamente reconozcan o denieguen un derecho o declaren una obligación o un deber, y los actos de trámite que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o pongan término al procedimiento, así como las actuaciones en el procedimiento de apremio y las actuaciones u omisiones de particulares con trascendencia tributaria. Existen supuestos de actos no reclamables, como los que den lugar a recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa o sean dictados en ejecución de resoluciones económico-administrativas en los términos que la ley señala, que deben consultarse en la norma. Los interesados legitimados son los obligados tributarios y los titulares de derechos o intereses legítimos (art. 232).

Órganos económico-administrativos (arts. 228 y 229 LGT)

Las reclamaciones económico-administrativas se resuelven por los Tribunales Económico-Administrativos (TEA), que actúan con independencia funcional respecto de los órganos de aplicación de los tributos (art. 83.3 LGT). Son: el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), con sede en Madrid y competencia en todo el territorio nacional; los Tribunales Económico-Administrativos Regionales (TEAR), en cada Comunidad Autónoma; y los Tribunales Económico-Administrativos Locales de Ceuta y Melilla. El TEAC conoce en única instancia de las reclamaciones contra actos de órganos centrales del Ministerio de Hacienda y de la AEAT, de los recursos de alzada ordinarios contra resoluciones de los TEAR y TEAL, y de los recursos extraordinarios de alzada para unificación de criterio (art. 242) y de revisión (art. 244). La Sala Especial para la Unificación de Doctrina del TEAC conoce de los recursos extraordinarios para la unificación de doctrina (art. 243), que puede interponer el Director General de Tributos contra resoluciones del TEAC contrarias a su doctrina. Los TEAR y TEAL conocen, en primera o única instancia, de las reclamaciones contra actos de los órganos periféricos del Estado y de las Comunidades Autónomas en tributos cedidos. Cabe recurso de alzada ordinario ante el TEAC contra las resoluciones de los TEAR y TEAL cuando la cuantía de la reclamación exceda de 150.000 euros, o de 1.800.000 euros si se refiere exclusivamente a la comprobación de valores; por debajo de esos umbrales los TEAR resuelven en única instancia. El TEAC, mediante el recurso extraordinario para la unificación de criterio, fija doctrina vinculante para toda la Administración tributaria y los TEAR y TEAL. Contra las resoluciones del TEAC cabe recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, y contra las de los TEAR ante los Tribunales Superiores de Justicia, en el plazo de dos meses (Ley 29/1998).

Procedimientos: general y abreviado ante órganos unipersonales (arts. 234 a 248 LGT)

El procedimiento general se inicia mediante escrito de interposición, que se presenta ante el órgano que dictó el acto, que debe remitirlo al TEA con el expediente en el plazo de un mes, o ante el propio TEA, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la notificación del acto o al de la desestimación presunta del recurso de reposición. Cuando el escrito se limite a solicitar la tramitación, el Tribunal pone de manifiesto el expediente al interesado por un plazo de un mes para formular alegaciones y proponer prueba. Después de las alegaciones y la práctica de prueba se dicta resolución. El plazo máximo para notificar la resolución es de un año contado desde la interposición, transcurrido el cual el interesado puede considerar desestimada la reclamación a los solos efectos de interponer el recurso procedente (art. 240). En el procedimiento abreviado ante órganos unipersonales (art. 245), que se aplica a asuntos de cuantía no superior a 6.000 euros, o de 72.000 euros si se refiere exclusivamente a la comprobación de valores, existen simplificaciones: el escrito de interposición debe incluir ya las alegaciones y las pruebas, y se resuelve por un órgano unipersonal con un plazo máximo de 6 meses. Los recursos extraordinarios (alzada para unificación de criterio, unificación de doctrina y revisión) son cauces limitados: el de revisión procede, en el plazo de tres meses, contra actos firmes cuando concurran los supuestos del art. 244 (documentos esenciales ignorados, sentencia penal que declare falsedad, etc.). Los TEA pueden acordar, a petición del interesado, la acumulación de reclamaciones.

Suspensión de la ejecución de los actos impugnados (art. 233 LGT)

La interposición de una reclamación económico-administrativa no suspende, por sí sola, la ejecución del acto impugnado. La suspensión debe solicitarse y se concede de forma automática cuando se garantiza el importe del acto impugnado mediante depósito de dinero o valores públicos, aval o fianza de carácter solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca, o certificado de seguro de caución. Se suspende la ejecución del acto por el importe garantizado y los intereses de demora que genere la suspensión. Cuando no sea posible aportar las garantías anteriores, la suspensión puede concederse con otras garantías que se estimen suficientes. Puede concederse la suspensión con dispensa total o parcial de garantías cuando el interesado acredite que la ejecución del acto pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación, y sin garantía cuando se aprecie que al dictar el acto pudo incurrirse en error aritmético, material o de hecho. Respecto de las sanciones, la suspensión es automática y sin garantía hasta que sean firmes en vía administrativa, sin exigencia de intereses de demora por el tiempo de suspensión (art. 212.3 LGT). La suspensión en el recurso de reposición se rige por reglas equivalentes (art. 224). Es competente para tramitar y resolver la suspensión el órgano que dictó el acto o el TEA, según el caso.

Relación con la jurisdicción contencioso-administrativa

La resolución de la vía económico-administrativa agota la vía administrativa y es susceptible de recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde su notificación (Ley 29/1998). Esta vía previa es obligatoria únicamente en los actos que, por su naturaleza, tengan abierta la reclamación económico-administrativa; la interposición de la reposición es potestativa en tributos del Estado.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El recurso de reposición tributario es potestativo y no puede simultanearse con la reclamación económico-administrativa; su interposición y su resolución tienen plazo de un mes cada una, y el silencio es negativo.
  • Plazo de interposición de la reclamación económico-administrativa: un mes desde el día siguiente a la notificación del acto o a la desestimación presunta; plazo para resolver: un año.
  • Cabe recurso de alzada ordinario ante el TEAC frente a resoluciones de los TEAR cuando la cuantía exceda de 150.000 euros (1.800.000 si es solo sobre comprobación de valores).
  • El procedimiento abreviado ante órganos unipersonales se aplica a asuntos de cuantía no superior a 6.000 euros (72.000 si es solo sobre comprobación de valores).
  • La suspensión automática de la ejecución del acto impugnado exige garantía tasada (depósito, aval solidario o certificado de seguro de caución); cabe dispensa por perjuicios de difícil reparación y suspensión sin garantía por error aritmético, material o de hecho; las sanciones se suspenden sin garantía.
  • La nulidad de pleno derecho requiere dictamen favorable del Consejo de Estado; la declaración de lesividad debe hacerse antes de 4 años; la rectificación de errores cabe mientras no prescriba (4 años).
  • Recursos extraordinarios: alzada para unificación de criterio (art. 242), unificación de doctrina ante la Sala Especial (art. 243) y revisión (art. 244, 3 meses).
  • Trampa habitual: los tributos locales no pasan por los TEA (salvo municipios de gran población); en ellos el recurso de reposición es obligatorio.
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Pregunta 1 de 100 aciertos

El recurso de reposición en materia tributaria, según el art. 222 LGT, se caracteriza por ser:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 16 de Hacienda (AEAT)?

El Título V de la LGT (arts. 213 a 249), desarrollado por el Real Decreto 520/2005 (Reglamento general de desarrollo de la LGT en materia de revisión en vía administrativa), articula un sistema propio de revisión de los actos tributarios, distinto del régimen general de la Ley 39/2015: los procedimientos especiales de revisión (nulidad de pleno derecho, declaración de lesividad, revocación, rectificación de errores y devolución de ingresos indebidos), el recurso de reposición (potestativo y previo a la reclamación) y las reclamaciones económico-administrativas ante los Tribunales Económico-Administrativos, que constituyen la vía administrativa previa a la jurisdicción contencioso-administrativa en materia tributaria. La suspensión de la ejecución del acto impugnado exige, por regla general, la aportación de garantía.

¿Qué hay que memorizar del Tema 16 para el examen?

El recurso de reposición tributario es potestativo y no puede simultanearse con la reclamación económico-administrativa; su interposición y su resolución tienen plazo de un mes cada una, y el silencio es negativo. Plazo de interposición de la reclamación económico-administrativa: un mes desde el día siguiente a la notificación del acto o a la desestimación presunta; plazo para resolver: un año. Cabe recurso de alzada ordinario ante el TEAC frente a resoluciones de los TEAR cuando la cuantía exceda de 150.000 euros (1.800.000 si es solo sobre comprobación de valores). El procedimiento abreviado ante órganos unipersonales se aplica a asuntos de cuantía no superior a 6.000 euros (72.000 si es solo sobre comprobación de valores). La suspensión automática de la ejecución del acto impugnado exige garantía tasada (depósito, aval solidario o certificado de seguro de caución); cabe dispensa por perjuicios de difícil reparación y suspensión sin garantía por error aritmético, material o de hecho; las sanciones se suspenden sin garantía. La nulidad de pleno derecho requiere dictamen favorable del Consejo de Estado; la declaración de lesividad debe hacerse antes de 4 años; la rectificación de errores cabe mientras no prescriba (4 años). Recursos extraordinarios: alzada para unificación de criterio (art. 242), unificación de doctrina ante la Sala Especial (art. 243) y revisión (art. 244, 3 meses). Trampa habitual: los tributos locales no pasan por los TEA (salvo municipios de gran población); en ellos el recurso de reposición es obligatorio.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149) (Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, arts. 212, 213-249.
  • Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003 en materia de revisión en vía administrativa.
  • Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, art. 14; Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, art. 137.
  • Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

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