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Tema 14. El dominio público y el patrimonio de los Entes Públicos. La Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna · Índice oficial del BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149).

Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, turno libre y promoción interna (666 plazas: 446 libre + 220 promoción interna). Es distinto del temario del Cuerpo de Agentes Tributarios (C1) y del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (A1), que tienen procesos y temarios propios, no cubiertos aquí.

La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP), distingue entre bienes y derechos de dominio público (demaniales) y bienes y derechos patrimoniales, sometidos a regímenes jurídicos muy distintos, sobre la base del art. 132 CE (régimen de los bienes de dominio público y comunales, inspirado en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, y regulación del Patrimonio del Estado y del Patrimonio Nacional). Dentro de la organización de la Hacienda estatal, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), creada por el art. 103 de la Ley 31/1990, es el ente de derecho público encargado de la aplicación efectiva del sistema tributario estatal y aduanero, con un régimen jurídico y una estructura organizativa propios y especializados.

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Base constitucional y ámbito de la LPAP (art. 132 CE)

El art. 132 CE establece que la ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación (art. 132.1); son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental (art. 132.2); y por ley se regularán el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional, su administración, defensa y conservación (art. 132.3). La LPAP es de aplicación, con carácter básico en los preceptos que así lo declara, a todas las Administraciones Públicas, y con carácter supletorio a las Comunidades Autónomas y entes locales respecto de su patrimonio. Se rige por los principios de eficiencia y economía, eficacia y rentabilidad, publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en la enajenación y arrendamiento, identificación y control de los bienes mediante inventarios, y coordinación y colaboración entre Administraciones (art. 8). Tienen régimen propio los bienes del Patrimonio Nacional, regulados por la Ley 23/1982, de 16 de junio, que son los de titularidad del Estado afectados al uso y servicio del Rey y de los miembros de la Familia Real, para el alto desempeño de las funciones que la Constitución y las leyes les atribuyen; la gestión corresponde al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.

Concepto y caracteres del dominio público (arts. 5-6 LPAP)

Son bienes y derechos de dominio público los que, siendo de titularidad pública, se encuentren afectados al uso general o al servicio público, así como aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de demaniales (art. 5.1 LPAP). También tienen la consideración de dominio público los bienes que sirvan de soporte a servicios públicos de interés general y los derechos reales sobre bienes de dominio público. Sus caracteres esenciales, derivados también del art. 132.1 CE y del art. 6 LPAP, son la inalienabilidad (no pueden enajenarse mientras conserven su condición demanial), la imprescriptibilidad (no pueden adquirirse por usucapión por terceros) y la inembargabilidad (no pueden ser objeto de embargo ni de apremio). La afectación es el acto o hecho que determina la vinculación de un bien al uso general o al servicio público y puede ser expresa o implícita; la adscripción es la afectación de bienes a organismos públicos para el cumplimiento de sus fines (conserva su titularidad la Administración matriz); la mutación demanial es el cambio de destino entre Administraciones o entre fines públicos sin pasar por el patrimonio; y la desafectación es el acto que determina la pérdida de la condición demanial, tras la cual el bien se integra, en su caso, en el patrimonio de la Administración titular. Para el Estado, la desafectación es expresa. Entre los bienes demaniales por ley están los incluidos en las leyes sectoriales: costas (Ley 22/1988, de Costas), aguas (Texto Refundido de la Ley de Aguas, RDLeg 1/2001), carreteras (Ley 37/2015), minas (Ley 22/1973) y otros.

Utilización del dominio público y prerrogativas de la Administración

La utilización del dominio público puede ser de uso común general (libre para todos, sin título), uso común especial (el que concurre peligrosidad, intensidad de uso, etc., sometido a licencia o autorización) y uso privativo (el que excluye a otros, sometido a concesión, o autorización si no comporta instalaciones fijas). En el dominio público estatal, el uso privativo se otorga mediante autorización, con un plazo máximo de cuatro años, o concesión, con un plazo máximo de setenta y cinco años (arts. 92 y 93 LPAP). Las Administraciones públicas gozan de prerrogativas para la protección de sus bienes: la facultad de investigación para determinar la situación posesoria de bienes cuya titularidad presuman, el deslinde, la recuperación de oficio de la posesión (para los bienes patrimoniales, solo dentro del año siguiente a la usurpación; para los demaniales, sin límite temporal), el desahucio administrativo, y la potestad sancionadora y de ejecución forzosa. Son también bienes inembargables, conforme al art. 23 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, los derechos, fondos, valores y bienes de la Hacienda Pública estatal, de modo que los Jueces y Tribunales no pueden dictar providencias de embargo ni despachar mandamientos de ejecución contra ellos; la ejecución de resoluciones judiciales condenatorias se canaliza a través del pago del crédito en el ejercicio correspondiente.

Los bienes patrimoniales de las Administraciones Públicas (arts. 7-9 LPAP)

Son bienes y derechos de dominio privado o patrimoniales los que, siendo de titularidad de las Administraciones Públicas, no tengan el carácter de demaniales (art. 7 LPAP), rigiéndose por la LPAP y las disposiciones que la desarrollen y, en lo no previsto en dicha legislación especial, por las normas de Derecho privado. A diferencia de los demaniales, los bienes patrimoniales pueden ser objeto de tráfico jurídico privado (enajenación, gravamen, arrendamiento), si bien sujeto a un procedimiento administrativo previo (con publicidad y concurrencia, salvo excepciones tasadas) que garantiza los principios de gestión de eficiencia, economía, publicidad, transparencia y objetividad (art. 8 LPAP). Como regla general, la enajenación de bienes inmuebles patrimoniales se realiza por subasta pública (art. 137), salvo supuestos de adjudicación directa previstos por la ley. La Administración General del Estado puede adquirir bienes por título oneroso, a título lucrativo (herencias, legados, donaciones), por cesión gratuita o por sucesión legal: a falta de herederos legítimos, la herencia corresponde al Estado (art. 956 del Código Civil), y los inmuebles vacantes, es decir, sin dueño conocido, pertenecen a la AGE (art. 17 LPAP). La gestión del patrimonio del Estado corresponde al Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General del Patrimonio del Estado, con un Inventario General de Bienes y Derechos del Estado; la defensa jurídica corresponde a la Abogacía del Estado.

Bienes de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales

El patrimonio de las Entidades Locales está constituido por el conjunto de sus bienes, derechos y acciones y se clasifica en bienes de dominio público y bienes patrimoniales (art. 79 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, RD 1372/1986). Son de dominio público los destinados directamente al cumplimiento de fines públicos de responsabilidad de las entidades locales (uso o servicio público) y los comunales; son bienes comunales aquellos que, siendo de dominio público, su aprovechamiento corresponde al común de los vecinos. Los bienes comunales y los demaniales son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Las Comunidades Autónomas regulan su patrimonio con arreglo a lo previsto en sus Estatutos y en sus leyes de patrimonio propias.

Creación, naturaleza jurídica y adscripción de la AEAT

La Agencia Estatal de Administración Tributaria fue creada por el art. 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, y entró en funcionamiento el 1 de enero de 1992. Es un ente de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que actúa con autonomía de gestión y organizativa para el cumplimiento de sus fines, adscrito al Ministerio de Hacienda a través de la Secretaría de Estado de Hacienda. Está sometida a un régimen jurídico propio, derivado de su ley de creación y de las leyes presupuestarias, y supletoriamente a las normas generales del sector público; no es un organismo autónomo ni una agencia estatal de la Ley 28/2006, sino un ente de derecho público con régimen especial, con presupuesto propio dentro de los Presupuestos Generales del Estado y con régimen de personal funcionario y laboral. Su actuación se somete al Plan Estratégico y al Plan Anual de Control Tributario y Aduanero.

Funciones de la AEAT

Tiene encomendada la aplicación efectiva del sistema tributario estatal y del aduanero, así como de aquellos recursos de otras Administraciones y entes públicos, nacionales o de la Unión Europea, cuya gestión se le encomiende por ley o por convenio, incluyendo la gestión, inspección y recaudación tanto en período voluntario como ejecutivo de los tributos estatales, los derechos de importación y demás gravámenes a la importación y exportación, y la gestión aduanera. Colabora, además, en la persecución de determinados delitos (contra la Hacienda Pública, contrabando) y coopera con otras Administraciones tributarias, estatales y de otros países, en el intercambio de información. A través del Servicio de Vigilancia Aduanera, adscrito al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, desempeña funciones de policía judicial en la persecución del contrabando (Ley Orgánica 12/1995, de represión del contrabando) y de control fiscal y aduanero en el territorio nacional y aguas jurisdiccionales.

Estructura organizativa de la AEAT

Órganos de gobierno: la Presidencia corresponde al Secretario de Estado de Hacienda, existiendo además una Dirección General (que dirige la gestión ordinaria de la Agencia) y un Consejo Rector, órgano colegiado de dirección superior. A nivel central, de la Dirección General dependen Departamentos especializados, entre ellos Gestión Tributaria, Inspección Financiera y Tributaria, Recaudación, Aduanas e Impuestos Especiales, e Informática Tributaria (hoy denominado de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), junto con otros órganos como el Servicio Jurídico, el Servicio de Auditoría Interna, la Delegación Central de Grandes Contribuyentes (para el control de los mayores contribuyentes), la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI). A nivel territorial, la Agencia se organiza en Delegaciones Especiales (una por Comunidad Autónoma, coincidiendo generalmente con su capital), de las que dependen las Delegaciones y, dentro de estas, las Administraciones (y Administraciones de Aduanas e Impuestos Especiales), garantizando la presencia territorial de la Agencia. La estructura detallada se modifica con frecuencia mediante disposiciones del Ministerio de Hacienda y resoluciones de la Presidencia, por lo que conviene comprobar la norma vigente en el momento del examen.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Los bienes de dominio público son inalienables, imprescriptibles e inembargables (art. 132.1 CE y art. 6 LPAP); los patrimoniales sí pueden enajenarse, con procedimiento administrativo previo y, como regla, por subasta pública.
  • Afectación (vincula el bien al uso general o servicio público), adscripción (a organismos públicos), mutación demanial (cambio de destino sin pasar por el patrimonio) y desafectación (pérdida de la condición demanial) son conceptos distintos que se confunden en examen.
  • Plazos máximos en dominio público estatal: autorización, 4 años; concesión, 75 años (arts. 92-93 LPAP).
  • La recuperación de oficio de bienes patrimoniales solo es posible dentro del año siguiente a la usurpación; en los demaniales no hay límite temporal.
  • Los bienes y derechos de la Hacienda Pública estatal son inembargables (art. 23 Ley General Presupuestaria).
  • La AEAT se creó por el art. 103 de la Ley 31/1990 (Presupuestos Generales del Estado para 1991) y entró en funcionamiento el 1 de enero de 1992.
  • La AEAT es un ente de derecho público con personalidad jurídica propia, adscrito al Ministerio de Hacienda a través de la Secretaría de Estado de Hacienda, cuyo titular preside la Agencia.
  • Los Departamentos centrales de la AEAT incluyen Gestión Tributaria, Inspección Financiera y Tributaria, Recaudación, Aduanas e Impuestos Especiales, y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (antes Informática Tributaria).
  • El Servicio de Vigilancia Aduanera depende del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y tiene funciones de policía judicial en el contrabando.
  • El Patrimonio Nacional (Ley 23/1982) está formado por bienes de titularidad estatal afectos al uso y servicio del Rey y la Familia Real y tiene gestión propia (Consejo de Administración).
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¿Qué norma creó la Agencia Estatal de Administración Tributaria?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 14 de Hacienda (AEAT)?

La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP), distingue entre bienes y derechos de dominio público (demaniales) y bienes y derechos patrimoniales, sometidos a regímenes jurídicos muy distintos, sobre la base del art. 132 CE (régimen de los bienes de dominio público y comunales, inspirado en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, y regulación del Patrimonio del Estado y del Patrimonio Nacional). Dentro de la organización de la Hacienda estatal, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), creada por el art. 103 de la Ley 31/1990, es el ente de derecho público encargado de la aplicación efectiva del sistema tributario estatal y aduanero, con un régimen jurídico y una estructura organizativa propios y especializados.

¿Qué hay que memorizar del Tema 14 para el examen?

Los bienes de dominio público son inalienables, imprescriptibles e inembargables (art. 132.1 CE y art. 6 LPAP); los patrimoniales sí pueden enajenarse, con procedimiento administrativo previo y, como regla, por subasta pública. Afectación (vincula el bien al uso general o servicio público), adscripción (a organismos públicos), mutación demanial (cambio de destino sin pasar por el patrimonio) y desafectación (pérdida de la condición demanial) son conceptos distintos que se confunden en examen. Plazos máximos en dominio público estatal: autorización, 4 años; concesión, 75 años (arts. 92-93 LPAP). La recuperación de oficio de bienes patrimoniales solo es posible dentro del año siguiente a la usurpación; en los demaniales no hay límite temporal. Los bienes y derechos de la Hacienda Pública estatal son inembargables (art. 23 Ley General Presupuestaria). La AEAT se creó por el art. 103 de la Ley 31/1990 (Presupuestos Generales del Estado para 1991) y entró en funcionamiento el 1 de enero de 1992. La AEAT es un ente de derecho público con personalidad jurídica propia, adscrito al Ministerio de Hacienda a través de la Secretaría de Estado de Hacienda, cuyo titular preside la Agencia. Los Departamentos centrales de la AEAT incluyen Gestión Tributaria, Inspección Financiera y Tributaria, Recaudación, Aduanas e Impuestos Especiales, y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (antes Informática Tributaria). El Servicio de Vigilancia Aduanera depende del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y tiene funciones de policía judicial en el contrabando. El Patrimonio Nacional (Ley 23/1982) está formado por bienes de titularidad estatal afectos al uso y servicio del Rey y la Familia Real y tiene gestión propia (Consejo de Administración).

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149) (Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, art. 132.
  • Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, arts. 5-9, 17, 92-93 y 137.
  • Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, art. 103 (creación de la AEAT).
  • Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, art. 23 (inembargabilidad de bienes de la Hacienda Pública).
  • Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional.
  • Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, art. 79, y Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
  • Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando.

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