Tema 28. La empresa como organización. Marco institucional. Concepto. Realidad económica y entorno. Clases de empresas y criterios de clasificación. Los objetivos de la empresa. Sistemas de dirección y gestión.
Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, turno libre y promoción interna (666 plazas: 446 libre + 220 promoción interna). Es distinto del temario del Cuerpo de Agentes Tributarios (C1) y del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (A1), que tienen procesos y temarios propios, no cubiertos aquí.
El Tema 28 abandona el análisis puramente microeconómico de los temas anteriores para adoptar la perspectiva de la organización de empresas, estudiando la empresa como institución económica y social: su concepto y su relación con el entorno, los múltiples criterios que permiten clasificarla, los objetivos que persigue más allá de la simple maximización del beneficio, y las funciones y sistemas de dirección que la gobiernan. Es un tema de contenido más descriptivo y menos formalizado matemáticamente que los de microeconomía pura, por lo que el examen suele centrarse en la precisión de las clasificaciones (criterios de tamaño, forma jurídica, sector de actividad) y en la terminología propia de la teoría de la organización (stakeholders, dirección por objetivos, estructura matricial).
Este tema conecta con el resto del bloque de organización de empresas del temario (fondo de comercio, financiación, análisis financiero), ya que la comprensión de la empresa como sistema abierto en interacción con su entorno es el presupuesto necesario para entender por qué necesita financiarse, cómo genera valor y cómo debe rendir cuentas de su gestión ante sus distintos grupos de interés.
Concepto de empresa como unidad económica y como organización
La empresa puede definirse, desde una doble perspectiva complementaria, como unidad económica y como organización. Como unidad económica, la empresa es la unidad básica de producción de una economía de mercado, entendida como el agente que combina y coordina los distintos factores productivos —trabajo, capital, tierra y organización empresarial— con el objetivo de producir bienes o prestar servicios destinados a satisfacer necesidades de mercado, asumiendo el riesgo económico inherente a dicha actividad y persiguiendo, con carácter general, la obtención de un beneficio. Como organización, la empresa es un sistema social complejo, integrado por personas que interactúan entre sí conforme a una determinada estructura de roles, relaciones jerárquicas y procedimientos formales e informales, con el fin de alcanzar de forma coordinada unos objetivos comunes que ninguno de sus miembros podría lograr de forma aislada. Ambas dimensiones son inseparables en la realidad concreta de cualquier empresa: su función económica de producción no puede llevarse a cabo sin la existencia de una estructura organizativa que coordine eficazmente a las personas y los recursos que en ella participan, y, recíprocamente, dicha estructura organizativa carece de sentido si no está orientada al cumplimiento de la función económica de producción de bienes y servicios que justifica la propia existencia de la empresa en el sistema económico.
La empresa como sistema: elementos y subsistemas
El enfoque sistémico concibe a la empresa como un sistema, es decir, como un conjunto de elementos interrelacionados entre sí que interactúan de forma organizada y coordinada para alcanzar unos objetivos comunes, recibiendo del entorno los recursos o inputs que necesita (materias primas, capital, trabajo, información) y entregando a dicho entorno los productos o servicios resultantes de su actividad transformadora, en un proceso continuo de retroalimentación que le permite ajustar su comportamiento en función de los resultados obtenidos y de los cambios que se producen en su entorno. Bajo este enfoque, la empresa se descompone analíticamente en distintos subsistemas especializados que desempeñan funciones diferenciadas pero interrelacionadas entre sí: el subsistema de aprovisionamiento y producción, encargado de la obtención de los factores productivos y de su transformación en bienes y servicios; el subsistema comercial o de marketing, encargado de la comercialización de dichos bienes y servicios en el mercado; el subsistema financiero, encargado de la obtención y gestión de los recursos financieros necesarios para el desarrollo de la actividad; el subsistema de recursos humanos, encargado de la gestión del personal de la organización; y el subsistema de dirección, encargado de la planificación, organización, coordinación y control del conjunto de la actividad de la empresa. La consideración de la empresa como un sistema abierto en constante interacción con su entorno constituye el punto de partida conceptual de la moderna teoría de la organización de empresas.
El marco institucional en que se desenvuelve la empresa
El marco institucional de la empresa está constituido por el conjunto de normas jurídicas, instituciones y reglas del juego, formales e informales, que condicionan y regulan el desarrollo de su actividad económica, delimitando el espacio de actuación legítima dentro del cual la empresa puede ejercer su libertad de organización y de actividad económica. Este marco institucional comprende, en primer lugar, la regulación mercantil y societaria, que establece las distintas formas jurídicas que puede adoptar la empresa y las reglas de funcionamiento, de responsabilidad y de gobierno corporativo asociadas a cada una de ellas; en segundo lugar, la regulación laboral, que disciplina las relaciones entre la empresa y sus trabajadores; en tercer lugar, la regulación fiscal, que determina las obligaciones tributarias de la empresa derivadas de su actividad económica; en cuarto lugar, la regulación sectorial específica aplicable a determinadas actividades económicas, como el sector financiero, el energético o el de las telecomunicaciones, sujetos a una intervención administrativa más intensa por razón de su relevancia estratégica o de la existencia de fallos de mercado significativos; y, en quinto lugar, la regulación general de defensa de la competencia y de protección de los consumidores, aplicable con carácter transversal a la generalidad de las empresas y sectores económicos. El conocimiento y la adaptación a este marco institucional constituyen una condición necesaria, aunque no suficiente, para el desarrollo viable y sostenible de cualquier actividad empresarial.
La empresa y su entorno general: factores económicos, sociales, tecnológicos y legales
El entorno general de la empresa está constituido por el conjunto de factores externos de naturaleza amplia y genérica que afectan, con distinta intensidad y de forma indiferenciada, a la totalidad de las empresas que operan en un determinado ámbito geográfico, con independencia del sector de actividad concreto al que pertenezcan. Entre los principales factores del entorno general se distinguen, siguiendo la clasificación habitual del denominado análisis PEST, los factores económicos, que comprenden el nivel de actividad económica agregada, la inflación, los tipos de interés, el tipo de cambio o el nivel de renta y de desempleo de la economía en que opera la empresa; los factores sociodemográficos, que comprenden la estructura y evolución de la población, los valores y hábitos de consumo predominantes, o el nivel educativo y cultural de la sociedad; los factores tecnológicos, que comprenden el ritmo y la orientación de la innovación tecnológica en los distintos ámbitos que pueden afectar a los procesos productivos, a los productos o a los canales de comercialización de la empresa; y los factores político-legales, que comprenden la estabilidad institucional, la orientación de la política económica y el marco jurídico y regulatorio aplicable a la actividad empresarial. El seguimiento y análisis sistemático de la evolución de estos factores del entorno general constituye una tarea fundamental de la dirección estratégica de la empresa, precisamente porque escapan por completo a su capacidad individual de control o de influencia.
La empresa y su entorno específico: proveedores, clientes, competidores
El entorno específico de la empresa, a diferencia del entorno general, está constituido por el conjunto de agentes y factores externos que afectan de forma directa y particular a las empresas que operan en un sector concreto, con quienes la empresa mantiene relaciones específicas de intercambio o de competencia. Los principales agentes son los proveedores, que suministran los factores productivos y cuyo poder de negociación condiciona las condiciones de precio, calidad y plazo del aprovisionamiento; los clientes, destinatarios de los bienes y servicios, cuyo poder de negociación y cuya evolución de necesidades y preferencias condicionan las posibilidades comerciales de la empresa; y los competidores, tanto los actuales del sector como los potenciales que podrían entrar atraídos por su rentabilidad. A ellos se añaden los productos sustitutivos, que satisfacen la misma necesidad con otra tecnología, y otros agentes relevantes como los distribuidores, los productores de bienes complementarios, los sindicatos o las asociaciones sectoriales. El modelo de las cinco fuerzas competitivas de Michael Porter (1979) analiza el atractivo de un sector a partir de: la rivalidad entre los competidores existentes, la amenaza de entrada de nuevos competidores, la amenaza de productos sustitutivos, el poder de negociación de los proveedores y el poder de negociación de los clientes. Cuanto más intensas son estas fuerzas, menor es la rentabilidad potencial del sector. Las barreras de entrada (economías de escala, diferenciación, necesidades de capital, acceso a la distribución, regulación) reducen la amenaza de nuevos entrantes.
Criterios de clasificación de las empresas según su tamaño
El tamaño de la empresa constituye uno de los criterios de clasificación empresarial de mayor relevancia práctica, tanto por sus implicaciones en materia de gestión y organización interna como por las consecuencias jurídicas y regulatorias, especialmente de naturaleza fiscal y mercantil, que a menudo se asocian a la pertenencia a una u otra categoría de tamaño. Entre los indicadores más habitualmente empleados para medir el tamaño de una empresa se encuentran el número de trabajadores empleados, la cifra de negocios o volumen de facturación anual, y el valor total del activo del balance de la empresa, indicadores que suelen combinarse en las clasificaciones normativas oficiales, como la establecida por la Unión Europea, que distingue entre microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas en función del número de empleados y de un umbral de volumen de negocios o de balance general (Recomendación 2003/361/CE de la Comisión). Las pequeñas y medianas empresas, conocidas habitualmente por el acrónimo PYME, constituyen, tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea, la inmensa mayoría del tejido empresarial en número de unidades productivas, aunque su peso relativo en términos de facturación agregada o de empleo total resulte proporcionalmente menor que el de las grandes empresas, que concentran una parte muy significativa de la actividad económica agregada pese a representar un porcentaje reducido del número total de empresas existentes. El tamaño empresarial condiciona de forma decisiva aspectos como el acceso a la financiación, la capacidad de negociación frente a proveedores y clientes, o el grado de especialización y formalización de su estructura organizativa interna.
Clasificación de las empresas según el sector de actividad
Las empresas pueden clasificarse, atendiendo a la naturaleza de la actividad económica que desarrollan, conforme a la tradicional división de la economía en tres grandes sectores productivos, clasificación de amplia difusión y utilidad tanto en el análisis económico agregado como en la propia caracterización de las empresas individuales. El sector primario comprende las empresas dedicadas a la obtención directa de recursos de la naturaleza, sin apenas transformación, incluyendo la agricultura, la ganadería, la pesca, la silvicultura y la actividad extractiva de minerales y de recursos energéticos en su fase primaria. El sector secundario o industrial comprende las empresas dedicadas a la transformación de las materias primas y demás recursos obtenidos por el sector primario en productos elaborados o semielaborados, incluyendo tanto la industria manufacturera propiamente dicha como la construcción y las industrias energéticas de transformación. El sector terciario o de servicios comprende las empresas dedicadas a la prestación de servicios de muy diversa naturaleza que no implican la producción directa de bienes físicos tangibles, incluyendo actividades tan heterogéneas como el comercio, el transporte, el turismo, las finanzas, la educación, la sanidad o los servicios profesionales y a las empresas. En las economías desarrolladas contemporáneas se observa una progresiva terciarización de la actividad económica, con un peso creciente del sector servicios en el conjunto del valor añadido y del empleo total generado, en detrimento relativo del peso de los sectores primario y secundario.
Clasificación de las empresas según la titularidad del capital: públicas, privadas y mixtas
Atendiendo al criterio de la titularidad de su capital social, las empresas se clasifican en públicas, privadas y mixtas. Las empresas públicas son aquellas cuyo capital pertenece, en su totalidad o en una proporción mayoritaria que otorga el control efectivo de su gestión, a alguna administración pública, ya sea estatal, autonómica o local, y que desarrollan habitualmente actividades consideradas de interés general o estratégico, en sectores que presentan, en muchos casos, características de monopolio natural o de servicio público esencial cuya prestación no se considera adecuado dejar exclusivamente en manos de la iniciativa privada. Las empresas privadas son aquellas cuyo capital pertenece a particulares, ya sean personas físicas o jurídicas, sin participación de titularidad pública relevante, constituyendo la forma empresarial ampliamente predominante en una economía de mercado, en la que la iniciativa privada constituye el motor principal de la actividad económica. Las empresas mixtas son aquellas cuyo capital social se comparte, en proporciones variables, entre socios de titularidad pública y socios de titularidad privada, fórmula empleada habitualmente para el desarrollo de proyectos de interés general que se benefician tanto de la capacidad de gestión y de financiación de la iniciativa privada como del respaldo institucional y de la orientación al interés general propia de la participación pública, siendo un instrumento habitual en el ámbito de la colaboración público-privada para el desarrollo de infraestructuras y servicios públicos.
Clasificación de las empresas según la forma jurídica
Las empresas pueden clasificarse, atendiendo al régimen jurídico que regula su constitución, su funcionamiento y la responsabilidad de sus titulares frente a terceros, en un conjunto muy variado de formas jurídicas reguladas por el ordenamiento mercantil. Una primera gran distinción separa al empresario individual o autónomo, persona física que desarrolla la actividad empresarial en nombre propio y que responde de las deudas contraídas en el ejercicio de dicha actividad con la totalidad de su patrimonio personal, sin distinción entre el patrimonio afecto a la actividad y el resto de su patrimonio privado, de las sociedades mercantiles, personas jurídicas dotadas de personalidad propia, distinta de la de sus socios, constituidas específicamente para el desarrollo de una actividad económica. Entre las sociedades mercantiles se distingue tradicionalmente entre las sociedades personalistas, como la sociedad colectiva, en las que la responsabilidad de los socios frente a las deudas sociales es personal, solidaria e ilimitada, y las sociedades capitalistas, como la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada, formas jurídicas ampliamente predominantes en la práctica empresarial actual, en las que la responsabilidad de los socios frente a las deudas sociales queda limitada, con carácter general, al capital aportado a la sociedad, sin comprometer su patrimonio personal más allá de dicha aportación. Existen además formas jurídicas de naturaleza específica, como la sociedad cooperativa, orientada a la satisfacción de las necesidades económicas y sociales de sus socios cooperativistas bajo principios de gestión democrática, distintos de los propios de las sociedades de capital ordinarias.
Clasificación de las empresas según su ámbito de actuación: local, nacional, multinacional
Las empresas pueden clasificarse también atendiendo al ámbito geográfico en que desarrollan efectivamente su actividad económica, criterio de clasificación que resulta especialmente relevante en un contexto de creciente globalización de la actividad económica. Las empresas de ámbito local o regional son aquellas que circunscriben su actividad productiva y comercial a un territorio geográfico limitado, habitualmente coincidente con una localidad, una comarca o, como máximo, una región dentro de un mismo país, siendo característica de esta categoría la pequeña y mediana empresa orientada a la satisfacción de un mercado próximo y de dimensión reducida. Las empresas de ámbito nacional son aquellas que extienden su actividad al conjunto del territorio de un país, sin traspasar sus fronteras, disponiendo habitualmente de una estructura organizativa y comercial capaz de atender la demanda existente en la totalidad de dicho territorio nacional. Las empresas multinacionales o transnacionales son aquellas que desarrollan su actividad productiva o comercial en varios países simultáneamente, disponiendo habitualmente de una casa matriz radicada en su país de origen y de una red de filiales o de establecimientos permanentes en distintos países de destino, constituyendo la forma organizativa característica de los grandes grupos empresariales que operan en el contexto de la economía globalizada actual, y planteando cuestiones específicas de gestión, de coordinación internacional y de tributación transfronteriza que no se presentan en las empresas de ámbito exclusivamente nacional o local.
Los objetivos de la empresa: maximización del beneficio
El objetivo tradicionalmente atribuido a la empresa por la teoría económica neoclásica es la maximización del beneficio, entendido como la diferencia entre los ingresos totales obtenidos por la venta de su producción y los costes totales, tanto explícitos como implícitos, en que incurre para obtenerla, objetivo que constituye el supuesto de comportamiento habitualmente adoptado en el análisis microeconómico de la empresa, tanto en competencia perfecta como en las restantes estructuras de mercado analizadas en temas anteriores, y que se traduce formalmente en la conocida condición de igualdad entre el ingreso marginal y el coste marginal como determinante del nivel óptimo de producción. Este objetivo presenta ventajas analíticas evidentes, al proporcionar un criterio de decisión único, cuantificable y relativamente sencillo de formalizar matemáticamente, que permite derivar predicciones concretas sobre el comportamiento de la empresa ante variaciones de precios, de costes o de la estructura del mercado en que opera. Sin embargo, la teoría de la organización de empresas ha cuestionado, desde hace décadas, el realismo de este supuesto como descripción completa del comportamiento efectivo de las empresas modernas, especialmente de las grandes sociedades de capital en las que existe una separación relevante entre la propiedad, en manos de los accionistas, y el control efectivo de la gestión, en manos de un equipo directivo profesional cuyos intereses y objetivos particulares no siempre coinciden exactamente con la pura maximización del beneficio para los propietarios del capital.
Otros objetivos empresariales: crecimiento, cuota de mercado, supervivencia
Frente al supuesto simplificador de la maximización pura del beneficio, la teoría de la organización de empresas ha propuesto teorías alternativas que atribuyen a la empresa, y en particular a sus directivos profesionales, objetivos distintos o complementarios al del beneficio, especialmente relevantes en aquellas grandes empresas en las que existe una separación significativa entre propiedad y control. El objetivo de crecimiento sostiene que los directivos de la empresa persiguen, más que la maximización del beneficio en cada periodo, el crecimiento sostenido de las ventas, de los activos o de la dimensión de la organización a lo largo del tiempo, objetivo vinculado a menudo a la propia satisfacción profesional, al prestigio y a la retribución de los directivos, que suelen estar más directamente relacionados con el tamaño de la organización que dirigen que con la rentabilidad estricta para los accionistas. El objetivo de maximización de la cuota de mercado sostiene que la empresa persigue, especialmente en sectores con fuerte competencia, consolidar o incrementar su posición relativa frente a sus competidores, incluso a costa de sacrificar rentabilidad a corto plazo, como estrategia orientada a asegurar su posición competitiva y su capacidad de generación de beneficios a más largo plazo. El objetivo de supervivencia, finalmente, sostiene que, en contextos de incertidumbre y de riesgo elevados, el objetivo prioritario y mínimo de cualquier empresa es simplemente garantizar su continuidad en el tiempo, evitando la quiebra o la desaparición, objetivo que en situaciones de crisis puede llegar a primar sobre cualquier otro criterio de rentabilidad o de crecimiento.
La responsabilidad social corporativa como objetivo empresarial
La responsabilidad social corporativa (RSC), también denominada responsabilidad social empresarial, es el conjunto de compromisos, de naturaleza voluntaria y que van más allá de las obligaciones estrictamente exigidas por la legislación vigente, que una empresa asume respecto a los efectos económicos, sociales y medioambientales que su actividad genera sobre el conjunto de sus grupos de interés y sobre la sociedad en general, incorporando estas consideraciones a su estrategia y a su gestión ordinaria, más allá del objetivo estrictamente económico de la maximización del beneficio para sus accionistas. Entre las principales dimensiones de la responsabilidad social corporativa se encuentran la dimensión medioambiental, referida al compromiso de minimizar el impacto ambiental negativo de la actividad empresarial y de promover prácticas productivas sostenibles; la dimensión social o laboral, referida a las condiciones de trabajo, la seguridad y salud laboral, la diversidad e igualdad de oportunidades dentro de la organización, y el respeto de los derechos humanos en toda su cadena de suministro; y la dimensión de buen gobierno corporativo, referida a la transparencia, la rendición de cuentas y la ética en la gestión y en la toma de decisiones de la empresa. Aunque tradicionalmente concebida como un compromiso voluntario adicional al cumplimiento de la ley, la responsabilidad social corporativa ha ido incorporando progresivamente exigencias de información y de transparencia de carácter normativo obligatorio, especialmente en el ámbito de la información no financiera y de sostenibilidad que deben publicar las grandes empresas conforme a la regulación europea en la materia: en España, la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, sobre información no financiera y diversidad, y, a nivel europeo, la Directiva (UE) 2022/2464 sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD), que sustituye el régimen de la Directiva 2014/95/UE y cuya aplicación escalonada y contenido están siendo objeto de modificaciones por la Unión Europea.
Los stakeholders o grupos de interés de la empresa
Los stakeholders o grupos de interés de la empresa son todas aquellas personas, colectivos o instituciones que se ven afectados, directa o indirectamente, por la actividad y las decisiones de la empresa, o que, a su vez, pueden influir de forma relevante sobre dicha actividad y sobre el logro de sus objetivos, concepto que amplía sustancialmente el enfoque tradicional centrado exclusivamente en los accionistas o shareholders, propietarios formales del capital de la empresa, para incorporar una perspectiva más amplia y plural de las relaciones que la empresa mantiene con su entorno social y económico. Entre los principales grupos de interés de una empresa se distinguen los grupos de interés internos, como los propios accionistas o socios propietarios del capital, los trabajadores y directivos que prestan sus servicios en la organización; y los grupos de interés externos, como los clientes que adquieren sus productos o servicios, los proveedores que le suministran los factores productivos necesarios, las entidades financieras que le proporcionan financiación, las administraciones públicas en su condición de reguladoras y perceptoras de impuestos, y la sociedad en general, incluyendo a las comunidades locales en las que la empresa desarrolla su actividad y al conjunto de la ciudadanía afectada por las externalidades, positivas o negativas, que dicha actividad pudiera generar. La teoría de los stakeholders sostiene que una gestión empresarial sostenible a largo plazo exige atender de forma equilibrada a los intereses, con frecuencia divergentes entre sí, de la totalidad de estos grupos, y no exclusivamente a los de los accionistas propietarios del capital.
Concepto de dirección empresarial
La dirección empresarial es la función organizativa consistente en la coordinación racional de los recursos humanos, materiales, financieros y de información de que dispone una empresa, con el fin de alcanzar de forma eficiente y eficaz los objetivos previamente definidos para dicha organización, mediante la toma de decisiones y la orientación del comportamiento de las personas que la integran hacia el logro de dichos objetivos comunes. La función directiva, aunque puede desagregarse en las distintas funciones específicas de planificación, organización, dirección propiamente dicha y control, que se desarrollan en el epígrafe siguiente, constituye en su conjunto un proceso continuo, dinámico e interrelacionado, en el que las distintas funciones no se ejecutan de forma secuencial y aislada, sino de manera simultánea y retroalimentada entre sí a lo largo del tiempo. La dirección empresarial se ejerce en distintos niveles jerárquicos de la organización, desde la alta dirección, responsable de las decisiones estratégicas de mayor alcance y horizonte temporal más amplio, hasta la dirección operativa, responsable de la gestión del día a día de las actividades más específicas y rutinarias de la organización, existiendo entre ambos extremos niveles intermedios de dirección con responsabilidades de alcance decreciente conforme se desciende en la estructura jerárquica de la empresa. La calidad de la dirección empresarial constituye uno de los factores más determinantes del éxito o del fracaso de cualquier organización empresarial, con independencia de su tamaño o del sector de actividad en que opere.
Funciones directivas: planificar, organizar, dirigir y controlar
La función directiva se desagrega tradicionalmente, siguiendo el denominado proceso administrativo clásico, que deriva de la obra de Henri Fayol (quien enumeró originalmente cinco funciones: prever, organizar, mandar, coordinar y controlar) y que la teoría posterior simplificó en cuatro funciones básicas e interrelacionadas entre sí. La función de planificación consiste en la fijación de los objetivos que la organización pretende alcanzar en un horizonte temporal determinado, y en el diseño de los cursos de acción, de las estrategias y de los recursos necesarios para lograr dichos objetivos, constituyendo el punto de partida lógico de todo el proceso directivo, al determinar hacia dónde debe orientarse el resto de funciones directivas. La función de organización consiste en el diseño de la estructura organizativa de la empresa, definiendo las tareas a realizar, agrupándolas en puestos y departamentos, estableciendo las relaciones de autoridad y de dependencia jerárquica entre ellos, y asignando los recursos necesarios para su desempeño, con el fin de facilitar el logro coordinado de los objetivos previamente planificados. La función de dirección propiamente dicha, en sentido estricto, consiste en influir sobre el comportamiento de las personas de la organización, motivándolas, liderándolas y orientando su esfuerzo individual y colectivo hacia el logro de los objetivos comunes de la organización. La función de control consiste en la comparación sistemática entre los resultados efectivamente obtenidos por la organización y los objetivos previamente planificados, con el fin de detectar posibles desviaciones y de adoptar las medidas correctoras que resulten necesarias para reconducir la actividad hacia el cumplimiento de dichos objetivos.
Niveles de dirección: alta dirección, dirección intermedia y de operaciones
La estructura directiva de una empresa de cierta dimensión se organiza habitualmente en distintos niveles jerárquicos, cada uno de ellos con un ámbito de responsabilidad, un horizonte temporal de decisión y un grado de proximidad a la actividad operativa concreta diferenciados. La alta dirección, situada en el vértice superior de la pirámide organizativa, es responsable de la formulación de las decisiones estratégicas de mayor alcance y trascendencia para el conjunto de la organización, tales como la definición de la misión y los objetivos generales de la empresa, la determinación de las líneas de negocio en que va a operar, o las decisiones de inversión y de financiación de mayor envergadura, adoptando decisiones con un horizonte temporal característicamente amplio y con un elevado grado de incertidumbre asociado. La dirección intermedia, situada en los niveles jerárquicos centrales de la organización, es responsable de traducir las decisiones estratégicas adoptadas por la alta dirección en planes y programas de actuación más concretos y específicos para las distintas áreas funcionales o unidades de negocio de la empresa, sirviendo de nexo de coordinación entre la alta dirección y los niveles operativos de la organización. La dirección de operaciones, situada en la base de la pirámide directiva, es responsable de la supervisión directa e inmediata de las tareas y actividades rutinarias del día a día de la organización, adoptando decisiones de alcance más limitado, de horizonte temporal más corto y de naturaleza más estructurada y repetitiva que las de los niveles superiores de dirección.
Sistemas de gestión: dirección por objetivos
La dirección por objetivos es un sistema de gestión empresarial, formulado originalmente por Peter Drucker, que se fundamenta en la fijación conjunta y participativa, entre cada directivo o responsable de una unidad de la organización y su superior jerárquico inmediato, de un conjunto de objetivos específicos, medibles y con un plazo temporal determinado, cuyo grado de cumplimiento posterior se emplea como criterio central para la evaluación del desempeño de dicho directivo o unidad, sustituyendo o complementando así los sistemas de gestión y de control basados exclusivamente en la supervisión detallada y continua de los procedimientos y de las tareas concretas desarrolladas. Este sistema de gestión presenta ventajas relevantes frente a los modelos de dirección más tradicionales y jerárquicos: fomenta la motivación y el compromiso de los directivos y trabajadores al hacerles partícipes en la propia fijación de sus objetivos, en lugar de imponérselos de forma exclusivamente unilateral desde niveles jerárquicos superiores; facilita la delegación efectiva de responsabilidades y la descentralización de la toma de decisiones, al centrarse el control en los resultados finales obtenidos más que en la supervisión minuciosa de los procedimientos empleados para alcanzarlos; y proporciona criterios objetivos y cuantificables para la evaluación periódica del desempeño individual y organizativo. Entre sus principales limitaciones se señala el riesgo de que la fijación de objetivos excesivamente centrados en magnitudes fácilmente cuantificables descuide otros aspectos relevantes de la gestión de más difícil medición directa, como la calidad del trabajo o el clima laboral de la organización.
La estructura organizativa de la empresa: organigramas
La estructura organizativa de una empresa es el conjunto de relaciones formales de autoridad, de dependencia jerárquica, de comunicación y de coordinación que se establecen entre los distintos puestos, departamentos y unidades que la integran, con el fin de facilitar el logro eficaz y eficiente de los objetivos de la organización mediante la adecuada división y coordinación del trabajo entre sus miembros. El organigrama es la representación gráfica de dicha estructura organizativa formal, mostrando de forma esquemática los distintos puestos y departamentos que integran la organización, las relaciones jerárquicas de dependencia existentes entre ellos, y, habitualmente, los principales canales formales de comunicación y de coordinación establecidos, constituyendo una herramienta descriptiva de gran utilidad para visualizar de forma sintética la arquitectura organizativa formal de una empresa, aunque no siempre refleje con exactitud las relaciones informales de influencia y de comunicación que efectivamente se producen en el funcionamiento cotidiano de cualquier organización. El diseño de la estructura organizativa más adecuada para una empresa concreta debe atender a factores como su tamaño, la diversidad y complejidad de sus actividades, el grado de estabilidad o de dinamismo de su entorno competitivo, y la estrategia general que la empresa haya adoptado, no existiendo un modelo único de estructura organizativa universalmente óptimo para la totalidad de las empresas, sino distintos modelos alternativos, cuyas principales variantes se desarrollan en el epígrafe siguiente.
Modelos de estructura organizativa: funcional, divisional, matricial
Entre los principales modelos o tipos de estructura organizativa que puede adoptar una empresa se distinguen tres modelos característicos, cada uno de ellos con ventajas e inconvenientes propios en función de las circunstancias concretas de la organización que los adopte. La estructura funcional organiza a la empresa agrupando los puestos y departamentos según las distintas funciones o especialidades técnicas desarrolladas —producción, comercial, financiera, de recursos humanos—, con la ventaja de favorecer la especialización técnica del personal de cada departamento, aunque con el inconveniente de dificultar la coordinación entre las distintas funciones cuando la empresa desarrolla simultáneamente varias líneas de negocio o productos diferenciados entre sí. La estructura divisional organiza a la empresa agrupando los recursos y las actividades en divisiones autónomas, definidas habitualmente según criterios de producto, de mercado geográfico o de tipo de cliente atendido, dotando a cada división de sus propios recursos funcionales especializados y de un elevado grado de autonomía de gestión, con la ventaja de facilitar la orientación al mercado específico de cada división, aunque con el inconveniente de una posible duplicación de recursos y de funciones entre las distintas divisiones. La estructura matricial combina simultáneamente el criterio funcional y el criterio divisional o de proyecto, de manera que cada trabajador depende jerárquicamente, al mismo tiempo, de un responsable funcional y de un responsable de división o de proyecto, con la ventaja de favorecer la flexibilidad y la coordinación entre funciones y proyectos, aunque con el inconveniente característico de la posible ambigüedad y de los conflictos derivados de la dualidad de mando que dicha estructura genera para cada trabajador.
La cultura empresarial y el clima organizacional
La cultura empresarial es el conjunto de valores, creencias, normas de comportamiento, símbolos y formas de actuar compartidas por los miembros de una organización, transmitidas y reforzadas a lo largo del tiempo mediante los procesos de socialización interna, que configuran una identidad organizativa distintiva y que condicionan, con frecuencia de forma no explícita ni formalizada, el comportamiento efectivo de las personas que integran la empresa, más allá de lo que establecen formalmente sus normas, procedimientos y estructuras organizativas oficiales. Una cultura empresarial sólida y coherente con la estrategia de la organización puede constituir una fuente relevante de ventaja competitiva sostenible, al facilitar la cohesión interna, la identificación y el compromiso de los trabajadores con los objetivos de la empresa, y la coordinación informal de comportamientos, complementando o incluso sustituyendo en ciertos aspectos a los mecanismos formales de control y de coordinación. El clima organizacional, concepto relacionado pero distinto del de cultura empresarial, hace referencia a la percepción compartida por los miembros de la organización sobre las características concretas de su ambiente de trabajo en un momento determinado —el grado de comunicación existente, el estilo de liderazgo ejercido, el nivel de motivación y de satisfacción laboral, o la calidad de las relaciones interpersonales—, tratándose de una manifestación más coyuntural y observable de la cultura empresarial subyacente, de mayor calado y estabilidad en el tiempo, y cuya medición periódica mediante encuestas internas constituye una práctica habitual de gestión de recursos humanos orientada a detectar áreas de mejora en el funcionamiento cotidiano de la organización.
Concepto jurídico de empresa y de empresario: Código de Comercio y Ley de Sociedades de Capital
Desde la perspectiva jurídica no existe un concepto único de empresa; el ordenamiento regula sobre todo al empresario, que puede ser persona física o jurídica. El Código de Comercio de 1885 considera comerciantes, en su art. 1, a quienes, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, se dedican a él habitualmente, y a las compañías mercantiles o industriales constituidas con arreglo al propio Código. La figura del empresario individual o autónomo (persona física) responde de las deudas con todo su patrimonio presente y futuro, y su régimen específico se recoge, entre otras, en la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. Las sociedades de capital (sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada y sociedad comanditaria por acciones) están reguladas por el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. El capital mínimo de la sociedad anónima es de 60.000 euros y debe estar totalmente suscrito y desembolsado al menos en una cuarta parte; para la sociedad de responsabilidad limitada, el capital social se divide en participaciones y la reforma operada por la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, permite constituirla con un capital mínimo de 1 euro, con ciertas obligaciones adicionales (reserva legal reforzada y límites a la distribución de dividendos) mientras no alcance la cifra de 3.000 euros. La responsabilidad de los socios está limitada al capital aportado en las sociedades de capital, mientras que en la sociedad colectiva los socios responden personal y solidariamente, y en la comanditaria simple coexisten socios colectivos (responsabilidad ilimitada) y comanditarios (responsabilidad limitada a su aportación).
Otras formas jurídicas y la economía social
Además de las sociedades capitalistas y personalistas, existen formas jurídicas específicas. La sociedad cooperativa, regulada con carácter general por la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas (sin perjuicio de las leyes autonómicas), se organiza conforme a principios de gestión democrática (un socio, un voto, con independencia de su aportación), adhesión voluntaria y abierta, y distribución de los resultados en función de la actividad cooperativizada y no del capital. Las sociedades laborales (anónimas o limitadas) están reguladas por la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas, y se caracterizan por que la mayoría del capital es propiedad de trabajadores que prestan en ellas servicios retribuidos de forma personal y directa con relación laboral por tiempo indefinido. La comunidad de bienes y la sociedad civil son formas sin personalidad jurídica plena o de menor formalización, con diferencias en materia de responsabilidad. Se denomina economía social al conjunto de entidades (cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, asociaciones y fundaciones que desarrollan actividad económica, empresas de inserción, cofradías de pescadores, entre otras) reguladas en la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, que actúan con primacía de las personas y del fin social sobre el capital. Para fomentar la creación de empresas innovadoras, la Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes (conocida como ley de startups) establece un régimen específico para las empresas emergentes.
Criterios de tamaño de las empresas: PYME en la Unión Europea y en la normativa contable española
La Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, define las categorías de empresa por su número de efectivos y por su volumen de negocios anual o su balance general anual. La microempresa ocupa a menos de 10 personas y su volumen de negocios o su balance general anual no supera los 2 millones de euros; la pequeña empresa ocupa a menos de 50 personas y su volumen de negocios o balance no supera los 10 millones de euros; la mediana empresa ocupa a menos de 250 personas y su volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o su balance general anual no excede de 43 millones de euros. Además, para ser PYME la empresa debe cumplir el criterio de independencia (no estar participada en un 25 % o más por una gran empresa, salvo excepciones), y las empresas asociadas o vinculadas deben considerar los datos del grupo. En la normativa contable y mercantil española, el criterio de tamaño es distinto: el art. 257 de la Ley de Sociedades de Capital permite formular balance abreviado a las sociedades que durante dos ejercicios consecutivos cumplan al cierre, al menos, dos de tres circunstancias (activo total no superior a 4 millones de euros, importe neto de la cifra anual de negocios no superior a 8 millones y número medio de trabajadores no superior a 50). Estos criterios se conectan con la obligación de auditoría de cuentas, que depende de la superación de umbrales distintos. Conviene no confundir los umbrales de la Recomendación europea con los de la legislación contable española.
Las empresas públicas en el ordenamiento español
En el ámbito estatal, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula el sector público institucional, que comprende, entre otras, las entidades públicas empresariales (organismos públicos que realizan actividades prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación), las sociedades mercantiles estatales (aquellas sociedades en las que la participación, directa o indirecta, de las entidades del sector público estatal en su capital social sea superior al 50 %), las fundaciones del sector público y los consorcios. Las sociedades mercantiles estatales se rigen por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de contratación y de personal. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es la entidad que agrupa gran parte de las participaciones empresariales del Estado. Se diferencian de las anteriores las empresas con participación pública minoritaria, que pueden ser empresas mixtas pero no sociedades mercantiles estatales. Las razones tradicionales para la existencia de empresas públicas son la prestación de servicios públicos, la corrección de fallos de mercado (monopolios naturales, bienes públicos), los objetivos de política industrial y regional y la defensa de intereses estratégicos.
Teorías sobre los objetivos de la empresa: Baumol, Marris, Williamson y teoría de la agencia
Varias teorías cuestionan el beneficio como único objetivo. La teoría de maximización de las ventas de William Baumol (1959) sostiene que los directivos buscan maximizar los ingresos por ventas sujetos a una restricción de beneficio mínimo, porque su prestigio y retribución se vinculan al volumen de ventas. La teoría del crecimiento de Robin Marris (1964) postula que los directivos maximizan la tasa de crecimiento de la empresa, sujetos a una restricción financiera y a no ser objeto de adquisición hostil. La teoría de la utilidad directiva de Oliver Williamson (1964) entiende que los directivos maximizan su propia función de utilidad (plantilla, gastos discrecionales, beneficios en especie) sujeta a un beneficio mínimo. La teoría conductual de Cyert y March (1963), basada en la racionalidad limitada de Herbert Simon, afirma que las organizaciones, como coaliciones de grupos con objetivos distintos, no optimizan sino que buscan niveles satisfactorios de logro en varias metas (satisficing). La separación entre propiedad y control fue señalada por Berle y Means (1932), y la teoría de la agencia de Jensen y Meckling (1976) analiza los conflictos entre los propietarios (principal) y los directivos (agente) y los costes de supervisión e incentivos para alinear sus intereses, como los planes de opciones sobre acciones o la presencia de consejeros independientes. El objetivo moderno de maximización del valor de la empresa o creación de valor para el accionista incorpora el riesgo y el horizonte temporal, mientras que la teoría de los stakeholders (Freeman, 1984) propone atender de forma equilibrada a todos los grupos de interés.
Gobierno corporativo y sostenibilidad: normativa de referencia
El gobierno corporativo es el sistema por el que se dirigen y controlan las empresas y que define las relaciones entre accionistas, consejo de administración y dirección. En las sociedades cotizadas españolas se estructura en torno a la Ley de Sociedades de Capital (que regula el consejo de administración, los deberes de diligencia y lealtad de los administradores y, en las cotizadas, la comisión de auditoría y las de nombramientos y retribuciones) y al Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de cumplimiento voluntario con el principio de cumplir o explicar. En materia de responsabilidad social, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, definió en su art. 35 la responsabilidad social de las empresas como la integración voluntaria en su gobierno y gestión de preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y de respeto a los derechos humanos. La Ley 11/2018 introdujo el estado de información no financiera y sobre diversidad para las grandes empresas y entidades de interés público que superen ciertos umbrales. La Directiva (UE) 2022/2464 (CSRD) refuerza y amplía la información de sostenibilidad con estándares europeos de información (ESRS) y verificación obligatoria, y la Directiva (UE) 2024/1760 sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad impone obligaciones de prevención de impactos adversos en derechos humanos y medioambiente en las cadenas de actividades. El calendario y el alcance de aplicación de estas dos directivas están sujetos a modificaciones europeas recientes (paquete de simplificación), por lo que debe comprobarse su estado en el momento del examen. Los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) son el marco de evaluación habitual para inversores y entidades financieras.
Escuelas del pensamiento organizativo y teorías de la motivación
La teoría de la organización ha evolucionado a través de varias escuelas. La administración científica de Frederick W. Taylor (principios de organización científica del trabajo: estudio de tiempos y métodos, selección y formación del trabajador, incentivos) busca la máxima eficiencia en el nivel operativo. La escuela clásica o administrativa de Henri Fayol se centra en la dirección general, formulando principios como la división del trabajo, la unidad de mando y la jerarquía. La teoría de la burocracia de Max Weber describe la organización racional-legal basada en normas escritas, jerarquía, especialización y selección por mérito. La escuela de relaciones humanas (Elton Mayo, experimentos de Hawthorne) destaca la importancia de los factores sociales y del grupo informal en la productividad. Teorías de la motivación: la jerarquía de necesidades de Maslow (fisiológicas, seguridad, sociales, estima, autorrealización); la teoría bifactorial de Herzberg (factores higiénicos, cuya ausencia produce insatisfacción, y factores motivadores, que generan satisfacción); las teorías X e Y de McGregor (visión pesimista del trabajador que requiere control frente a visión optimista que favorece la participación); y la teoría de las expectativas de Vroom. La teoría de la contingencia (Burns y Stalker; Lawrence y Lorsch) sostiene que no existe una estructura óptima universal: la adecuada depende del entorno, la tecnología y el tamaño; los entornos estables se asocian a estructuras mecanicistas y los cambiantes a estructuras orgánicas. En el liderazgo se distinguen estilos autocrático, democrático y laissez-faire (Lewin), y enfoques situacionales como el de Hersey y Blanchard.
Planificación estratégica, análisis DAFO y cuadro de mando integral
La dirección estratégica comprende la definición de la misión (razón de ser), la visión (situación futura deseada) y los valores de la empresa; el análisis estratégico externo (entorno general con PEST y entorno específico con las cinco fuerzas de Porter) e interno (recursos y capacidades, cadena de valor de Porter, que distingue actividades primarias y de apoyo); la formulación de estrategias a nivel corporativo (en qué negocios competir), de negocio (cómo competir) y funcional; la implantación; y el control. Porter identificó tres estrategias genéricas: liderazgo en costes, diferenciación y enfoque o segmentación. El análisis DAFO (en inglés SWOT) combina las debilidades y fortalezas internas con las amenazas y oportunidades del entorno. Las estrategias de crecimiento se pueden clasificar con la matriz de Ansoff (penetración de mercado, desarrollo de mercados, desarrollo de productos y diversificación), y las matrices de cartera, como la del Boston Consulting Group, analizan las unidades de negocio según crecimiento del mercado y cuota relativa (interrogante, estrella, vaca lechera y perro). El cuadro de mando integral (Balanced Scorecard, Kaplan y Norton, 1992) vincula la estrategia con indicadores desde cuatro perspectivas: financiera, clientes, procesos internos y aprendizaje y crecimiento.
Otros sistemas de gestión: calidad total, dirección participativa y organización flexible
Además de la dirección por objetivos, existen otros sistemas y enfoques de gestión. La gestión de la calidad total (TQM) orienta toda la organización a la satisfacción del cliente y a la mejora continua; se apoya en normas de certificación como la ISO 9001 y en modelos de excelencia como el modelo EFQM. La mejora continua (kaizen) y el sistema de producción ajustada (lean) buscan eliminar desperdicios y actividades que no aportan valor, con técnicas como el just in time, orientado a producir solo lo necesario en el momento oportuno. La dirección participativa implica a los trabajadores en la toma de decisiones mediante círculos de calidad, equipos autónomos o grupos de trabajo. La dirección por valores y la gestión por competencias vinculan el comportamiento, la selección y el desarrollo del personal a un conjunto de competencias. En el ámbito de las estructuras, además de la funcional, divisional y matricial, se encuentran la estructura simple o lineal (autoridad única por línea jerárquica), la lineal con staff (órganos de asesoramiento sin autoridad de línea), la organización en red y la organización por procesos. Mintzberg identificó cinco configuraciones: estructura simple, burocracia maquinal, burocracia profesional, forma divisional y adhocracia. Se distingue asimismo entre autoridad de línea (capacidad de mandar), autoridad de staff (asesoramiento) y autoridad funcional; la centralización y descentralización de la toma de decisiones; y el concepto de amplitud de control (número de subordinados directos de un directivo), de forma que a mayor amplitud, la estructura es más plana.
Funciones empresariales y roles directivos; la toma de decisiones
Mintzberg describió diez roles directivos agrupados en tres categorías: interpersonales (figura representativa, líder, enlace), informativos (monitor, difusor, portavoz) y decisorios (emprendedor, gestor de anomalías, asignador de recursos y negociador). Katz propuso tres tipos de habilidades directivas: técnicas (más importantes en niveles inferiores), humanas (necesarias en todos los niveles) y conceptuales (más relevantes en la alta dirección). La toma de decisiones puede clasificarse según el nivel (estratégicas, tácticas y operativas), la estructuración (programadas, para problemas rutinarios y estructurados, y no programadas, para problemas nuevos y no estructurados), el grado de certeza (decisión bajo certeza, riesgo o incertidumbre) y el número de personas (individuales o de grupo). Herbert Simon propuso el modelo de racionalidad limitada, según el cual los decisores no optimizan sino que se conforman con soluciones satisfactorias, por las limitaciones de información y de capacidad cognitiva. Fases del proceso decisorio: identificación del problema, búsqueda y valoración de alternativas, elección, implantación y evaluación de resultados.
La realidad económica de la empresa: tendencias del entorno
El entorno actual se caracteriza por la globalización de los mercados y de las cadenas de valor, la digitalización y las tecnologías de la información (analítica de datos, inteligencia artificial, comercio electrónico), la creciente exigencia de sostenibilidad ambiental y social, y la mayor volatilidad de los mercados. Como consecuencia, las empresas recurren a alianzas estratégicas, redes, externalización de actividades no esenciales (outsourcing), deslocalización o relocalización de la producción, y fórmulas de crecimiento externo como las fusiones, adquisiciones y joint ventures, que se diferencian del crecimiento interno (inversión en capacidad propia). Cobran importancia los grupos de empresas, en los que una sociedad dominante ejerce el control sobre otras, y los consorcios. Se distingue entre integración vertical (hacia atrás, hacia los proveedores, o hacia delante, hacia la distribución) y horizontal (con competidores), y diversificación (relacionada o no relacionada). En el contexto de la Unión Europea, el mercado único y la unidad de mercado interior condicionan el entorno institucional, al igual que la libre competencia y la normativa de ayudas de Estado, examinados en el Tema 26.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La empresa se define como unidad económica (combina factores productivos) y como organización (sistema social de personas coordinadas); ambas dimensiones son inseparables.
El enfoque sistémico ve la empresa como sistema abierto: recibe inputs del entorno, los transforma y devuelve outputs, con subsistemas de producción, comercial, financiero, RRHH y dirección.
Análisis PEST del entorno general: factores Políticos-legales, Económicos, Sociodemográficos y Tecnológicos (afectan a TODAS las empresas por igual).
Entorno específico (modelo de las 5 fuerzas de Porter): proveedores, clientes, competidores actuales, competidores potenciales y productos sustitutivos.
Clasificación por tamaño (UE): microempresa, pequeña, mediana (PYME) y gran empresa, según el número de empleados y el volumen de negocios o el balance (Recomendación 2003/361/CE).
Tres sectores de actividad: primario (extracción), secundario (transformación industrial) y terciario (servicios); tendencia histórica a la terciarización.
Por titularidad del capital: pública, privada y mixta (colaboración público-privada).
Por forma jurídica: empresario individual (responsabilidad ilimitada con todo su patrimonio) vs. sociedades de capital como S.A. y S.L. (responsabilidad limitada al capital aportado).
Por ámbito geográfico: local/regional, nacional y multinacional/transnacional.
Objetivo clásico neoclásico: maximizar el beneficio (IMg=CMg); teorías alternativas (directivos con objetivos propios) postulan crecimiento, cuota de mercado o supervivencia como objetivos reales, especialmente donde hay separación entre propiedad y control.
Stakeholders (grupos de interés, concepto amplio) frente a shareholders (solo accionistas, concepto restringido).
Responsabilidad Social Corporativa: dimensión medioambiental, social/laboral y de buen gobierno corporativo; originalmente voluntaria, cada vez más con exigencias normativas de información no financiera.
Cuatro funciones directivas del proceso administrativo clásico: planificar, organizar, dirigir y controlar (Fayol enumeró originalmente cinco: prever, organizar, mandar, coordinar y controlar).
Tres niveles de dirección: alta dirección (estrategia, largo plazo), dirección intermedia (táctica) y dirección de operaciones (día a día, corto plazo).
Dirección por objetivos (Peter Drucker): fijación conjunta directivo-superior de objetivos medibles, evaluación por resultados en vez de por supervisión de procedimientos.
Tres modelos de estructura organizativa: funcional (por especialidad), divisional (por producto/mercado/cliente, autónoma) y matricial (doble dependencia, riesgo de conflicto de autoridad).
Cultura empresarial (valores compartidos, estable, de fondo) es distinta de clima organizacional (percepción coyuntural del ambiente de trabajo, más superficial y medible).
Empresario individual: responsabilidad ilimitada con todo su patrimonio. Sociedades de capital (LSC, RDL 1/2010): responsabilidad limitada al capital aportado. Sociedad colectiva: responsabilidad personal, solidaria e ilimitada.
Capital mínimo SA: 60.000 euros. SL: 1 euro tras la Ley 18/2022 (con reglas de reserva y dividendos hasta alcanzar 3.000 euros).
PYME UE (Recomendación 2003/361/CE): micro <10 empleados y ≤2 M€ de volumen de negocios o balance; pequeña <50 y ≤10 M€; mediana <250 y ≤50 M€ de volumen de negocios o ≤43 M€ de balance.
Balance abreviado (art. 257 LSC): dos de tres durante dos ejercicios: activo ≤4 M€, cifra de negocios ≤8 M€, ≤50 trabajadores. No confundir con la definición europea de PYME.
Sociedad mercantil estatal (Ley 40/2015): participación pública superior al 50 %.
Cooperativas: un socio, un voto (Ley 27/1999). Sociedades laborales: Ley 44/2015. Economía social: Ley 5/2011.
Porter: cinco fuerzas (rivalidad, entrada, sustitutivos, proveedores, clientes) y tres estrategias genéricas (costes, diferenciación, enfoque).
Teorías de objetivos: Baumol (ventas), Marris (crecimiento), Williamson (utilidad directiva), Cyert y March (satisfacción), Berle y Means (separación propiedad-control), Jensen y Meckling (agencia).
Fayol enumeró 5 funciones (prever, organizar, mandar, coordinar, controlar); el esquema de 4 (planificar, organizar, dirigir, controlar) es una simplificación posterior.
Mintzberg: 10 roles directivos (interpersonales, informativos y decisorios). Katz: habilidades técnicas, humanas y conceptuales.
Maslow (pirámide de necesidades), Herzberg (higiénicos y motivadores), McGregor (teorías X e Y).
Estructuras: lineal, lineal con staff, funcional, divisional, matricial; amplitud de control mayor = estructura más plana.
RSC (Ley 2/2011, art. 35): integración voluntaria de preocupaciones sociales y medioambientales. Información no financiera: Ley 11/2018; CSRD: Directiva (UE) 2022/2464; diligencia debida: Directiva (UE) 2024/1760 (calendario sujeto a modificaciones).
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
En la estructura matricial:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 28 de Hacienda (AEAT)?
El Tema 28 abandona el análisis puramente microeconómico de los temas anteriores para adoptar la perspectiva de la organización de empresas, estudiando la empresa como institución económica y social: su concepto y su relación con el entorno, los múltiples criterios que permiten clasificarla, los objetivos que persigue más allá de la simple maximización del beneficio, y las funciones y sistemas de dirección que la gobiernan. Es un tema de contenido más descriptivo y menos formalizado matemáticamente que los de microeconomía pura, por lo que el examen suele centrarse en la precisión de las clasificaciones (criterios de tamaño, forma jurídica, sector de actividad) y en la terminología propia de la teoría de la organización (stakeholders, dirección por objetivos, estructura matricial).
Este tema conecta con el resto del bloque de organización de empresas del temario (fondo de comercio, financiación, análisis financiero), ya que la comprensión de la empresa como sistema abierto en interacción con su entorno es el presupuesto necesario para entender por qué necesita financiarse, cómo genera valor y cómo debe rendir cuentas de su gestión ante sus distintos grupos de interés.
¿Qué hay que memorizar del Tema 28 para el examen?
La empresa se define como unidad económica (combina factores productivos) y como organización (sistema social de personas coordinadas); ambas dimensiones son inseparables. El enfoque sistémico ve la empresa como sistema abierto: recibe inputs del entorno, los transforma y devuelve outputs, con subsistemas de producción, comercial, financiero, RRHH y dirección. Análisis PEST del entorno general: factores Políticos-legales, Económicos, Sociodemográficos y Tecnológicos (afectan a TODAS las empresas por igual). Entorno específico (modelo de las 5 fuerzas de Porter): proveedores, clientes, competidores actuales, competidores potenciales y productos sustitutivos. Clasificación por tamaño (UE): microempresa, pequeña, mediana (PYME) y gran empresa, según el número de empleados y el volumen de negocios o el balance (Recomendación 2003/361/CE). Tres sectores de actividad: primario (extracción), secundario (transformación industrial) y terciario (servicios); tendencia histórica a la terciarización. Por titularidad del capital: pública, privada y mixta (colaboración público-privada). Por forma jurídica: empresario individual (responsabilidad ilimitada con todo su patrimonio) vs. sociedades de capital como S.A. y S.L. (responsabilidad limitada al capital aportado). Por ámbito geográfico: local/regional, nacional y multinacional/transnacional. Objetivo clásico neoclásico: maximizar el beneficio (IMg=CMg); teorías alternativas (directivos con objetivos propios) postulan crecimiento, cuota de mercado o supervivencia como objetivos reales, especialmente donde hay separación entre propiedad y control. Stakeholders (grupos de interés, concepto amplio) frente a shareholders (solo accionistas, concepto restringido). Responsabilidad Social Corporativa: dimensión medioambiental, social/laboral y de buen gobierno corporativo; originalmente voluntaria, cada vez más con exigencias normativas de información no financiera. Cuatro funciones directivas del proceso administrativo clásico: planificar, organizar, dirigir y controlar (Fayol enumeró originalmente cinco: prever, organizar, mandar, coordinar y controlar). Tres niveles de dirección: alta dirección (estrategia, largo plazo), dirección intermedia (táctica) y dirección de operaciones (día a día, corto plazo). Dirección por objetivos (Peter Drucker): fijación conjunta directivo-superior de objetivos medibles, evaluación por resultados en vez de por supervisión de procedimientos. Tres modelos de estructura organizativa: funcional (por especialidad), divisional (por producto/mercado/cliente, autónoma) y matricial (doble dependencia, riesgo de conflicto de autoridad). Cultura empresarial (valores compartidos, estable, de fondo) es distinta de clima organizacional (percepción coyuntural del ambiente de trabajo, más superficial y medible). Empresario individual: responsabilidad ilimitada con todo su patrimonio. Sociedades de capital (LSC, RDL 1/2010): responsabilidad limitada al capital aportado. Sociedad colectiva: responsabilidad personal, solidaria e ilimitada. Capital mínimo SA: 60.000 euros. SL: 1 euro tras la Ley 18/2022 (con reglas de reserva y dividendos hasta alcanzar 3.000 euros). PYME UE (Recomendación 2003/361/CE): micro <10 empleados y ≤2 M€ de volumen de negocios o balance; pequeña <50 y ≤10 M€; mediana <250 y ≤50 M€ de volumen de negocios o ≤43 M€ de balance. Balance abreviado (art. 257 LSC): dos de tres durante dos ejercicios: activo ≤4 M€, cifra de negocios ≤8 M€, ≤50 trabajadores. No confundir con la definición europea de PYME. Sociedad mercantil estatal (Ley 40/2015): participación pública superior al 50 %. Cooperativas: un socio, un voto (Ley 27/1999). Sociedades laborales: Ley 44/2015. Economía social: Ley 5/2011. Porter: cinco fuerzas (rivalidad, entrada, sustitutivos, proveedores, clientes) y tres estrategias genéricas (costes, diferenciación, enfoque). Teorías de objetivos: Baumol (ventas), Marris (crecimiento), Williamson (utilidad directiva), Cyert y March (satisfacción), Berle y Means (separación propiedad-control), Jensen y Meckling (agencia). Fayol enumeró 5 funciones (prever, organizar, mandar, coordinar, controlar); el esquema de 4 (planificar, organizar, dirigir, controlar) es una simplificación posterior. Mintzberg: 10 roles directivos (interpersonales, informativos y decisorios). Katz: habilidades técnicas, humanas y conceptuales. Maslow (pirámide de necesidades), Herzberg (higiénicos y motivadores), McGregor (teorías X e Y). Estructuras: lineal, lineal con staff, funcional, divisional, matricial; amplitud de control mayor = estructura más plana. RSC (Ley 2/2011, art. 35): integración voluntaria de preocupaciones sociales y medioambientales. Información no financiera: Ley 11/2018; CSRD: Directiva (UE) 2022/2464; diligencia debida: Directiva (UE) 2024/1760 (calendario sujeto a modificaciones).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149) (Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna).
Fuentes de este desarrollo
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (arts. 4 y 257).
Real Decreto de 22 de agosto de 1885, por el que se publica el Código de Comercio (art. 1).
Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (sector público institucional).
Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas; Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas; Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social.
Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo; Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes.
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (art. 35); Ley 11/2018, de 28 de diciembre, en materia de información no financiera y diversidad.
Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.
Directiva (UE) 2022/2464 (CSRD) y Directiva (UE) 2024/1760 (diligencia debida en materia de sostenibilidad).
Manuales de economía de la empresa y organización (Porter, Mintzberg, Drucker, Fayol).
Mientras tanto, practica con tests gratis de Hacienda (AEAT).