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Tema 11. La jurisdicción contencioso-administrativa: Naturaleza, extensión y límites. Órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa. Las partes en el proceso contencioso-administrativo: Capacidad, legitimación y defensa. Principales aspectos del proceso contencioso-administrativo. La sentencia. Recursos contra sentencias.

Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna · Índice oficial del BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149).

Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, turno libre y promoción interna (666 plazas: 446 libre + 220 promoción interna). Es distinto del temario del Cuerpo de Agentes Tributarios (C1) y del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (A1), que tienen procesos y temarios propios, no cubiertos aquí.

La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), atribuye a los órganos de este orden jurisdiccional el conocimiento de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones Públicas sujeta al Derecho administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la ley y con los decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación (art. 1). Regula la naturaleza, extensión y límites de la jurisdicción, la organización y competencias de sus órganos (Juzgados, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo), la posición de las partes (capacidad, legitimación, representación y defensa), las fases de los procedimientos (ordinario, abreviado y especiales), el contenido y efectos de la sentencia y el sistema de recursos. Para el Cuerpo Técnico de Hacienda tiene especial interés porque cierra el control jurisdiccional de la actuación tributaria tras la vía económico-administrativa. Desde la Ley Orgánica 1/2025 los Juzgados se integran progresivamente en los Tribunales de Instancia, sin alterar el reparto sustantivo de competencias de la LJCA.

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Naturaleza y extensión de la jurisdicción (arts. 1-2 LJCA)

El orden contencioso-administrativo es una jurisdicción revisora y de plena garantía: controla la legalidad de la actuación administrativa y su sometimiento a los fines que la justifican (art. 106.1 CE). Conoce de las pretensiones deducidas en relación con la actuación de las Administraciones Públicas sujeta al Derecho administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a ley y con los decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación (art. 1.1 y 1.2 LJCA). A efectos de la ley se entienden por Administraciones Públicas la Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y las Entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de ellas (art. 1.3). El art. 2 extiende el conocimiento del orden contencioso, entre otras materias, a: la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados de los actos discrecionales y la determinación de las indemnizaciones procedentes, en relación con los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, cualquiera que sea la naturaleza de dichos actos; los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratos del sector público; los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho público adoptados en el ejercicio de funciones públicas; la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, sin que pueda ser demandada por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social; y los actos administrativos de personal, administración y gestión patrimonial sujetos al Derecho público de los órganos competentes del Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y el Consejo General del Poder Judicial, entre otros.

Límites de la jurisdicción (art. 3 LJCA)

No corresponden al orden contencioso-administrativo: a) las cuestiones expresamente atribuidas a los órdenes jurisdiccionales civil, penal y social, aunque estén relacionadas con la actividad de la Administración Pública; b) el recurso contencioso-disciplinario militar; y c) los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la Administración Pública y los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración. Los conflictos de jurisdicción se resuelven por un Tribunal de Conflictos de Jurisdicción (LO 2/1987); los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración se resuelven en vía administrativa. Conviene distinguir estas exclusiones de las cuestiones prejudiciales (art. 4 LJCA): la competencia del orden contencioso se extiende al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes al orden administrativo, salvo las de carácter penal y las civiles que sean base de una cuestión penal; la decisión que se pronuncie no produce efectos fuera del proceso en que se dicte. Por otra parte, los actos del Gobierno en ejercicio de funciones políticas no se sustraen al control jurisdiccional en cuanto a los elementos reglados y a las indemnizaciones (art. 2.a), de modo que no existen zonas de inmunidad absoluta.

Órganos jurisdiccionales y reparto de competencias (arts. 6-14 LJCA)

El orden contencioso-administrativo se compone de: los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ), la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (AN) y la Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS). Reglas generales de competencia por grados: los Juzgados conocen, en única o primera instancia, de los recursos contra actos de las entidades locales y de sus entes dependientes (con excepciones, entre ellas las disposiciones generales), contra determinados actos de la Administración periférica del Estado y de las Comunidades Autónomas en materias como personal (salvo separación de empleados públicos inamovibles), extranjería y sanciones, y de las autorizaciones de entrada en domicilios; los Juzgados Centrales conocen de ciertos actos de órganos centrales de la Administración del Estado con rango inferior a Ministro o Secretario de Estado en los supuestos que fija la ley. Las Salas de los TSJ conocen en única instancia de las disposiciones generales de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales, de los actos de los Consejos de Gobierno y de los restantes actos autonómicos no atribuidos a los Juzgados, de las resoluciones de los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Locales y, en apelación, de las sentencias y autos de los Juzgados. La Sala de la AN conoce de las disposiciones y actos de Ministros y Secretarios de Estado (con excepciones) y de las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central, entre otras materias, además de las apelaciones contra resoluciones de los Juzgados Centrales. La Sala Tercera del TS conoce en única instancia de los recursos contra actos y disposiciones del Consejo de Ministros y de sus Comisiones Delegadas, del Consejo General del Poder Judicial y de otros órganos constitucionales o de relevancia constitucional, resuelve los recursos de casación y los de revisión (art. 102 LJCA), y se organiza en Secciones, con una Sección de admisión de los recursos de casación. El territorio de competencia se rige por el art. 14 (fuero general: sede del órgano que dictó el acto; reglas especiales en materias como personal o sanciones).

Capacidad procesal, legitimación y postulación (arts. 18-24 LJCA)

Tienen capacidad procesal ante el orden contencioso, además de quienes la tengan conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil, los menores de edad para la defensa de aquellos de sus derechos e intereses legítimos cuya actuación les esté permitida por el ordenamiento sin necesidad de asistencia de quien ejerza la patria potestad, y los grupos de afectados, uniones sin personalidad o patrimonios independientes o autónomos, entidades aptas para ser titulares de derechos y obligaciones al margen de su integración en estructuras formales, cuando la ley así lo declare expresamente (art. 18). Legitimación activa (art. 19): a) las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo; b) las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos o entidades afectados o legalmente habilitados para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos; c) la Administración del Estado, cuando ostente un derecho o interés legítimo, para impugnar los actos y disposiciones de las Comunidades Autónomas, así como las Administraciones autonómicas y locales respecto de los de otra Administración que afecten a su ámbito de autonomía; d) el Ministerio Fiscal en los procesos para los que la ley le legitime; e) las entidades de Derecho público con competencias en la materia en los procesos que se promuevan contra la actuación de otra Administración; y f) cualquier ciudadano en ejercicio de la acción popular en los casos expresamente previstos por las leyes. La Administración autora de un acto no puede impugnarlo ante este orden jurisdiccional, salvo previa declaración de lesividad para el interés público (art. 19.2 y art. 43 LJCA, en relación con el art. 107 de la Ley 39/2015), que debe adoptarse dentro de los cuatro años siguientes a la fecha en que se dictó el acto y con audiencia de los interesados. El art. 20 enumera quienes no pueden interponer recurso (los órganos de una misma Administración y los particulares que obren por delegación o como meros agentes o mandatarios de ella, entre otros). Legitimación pasiva (art. 21): la Administración autora de la actuación impugnada y las personas o entidades cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones (codemandados). La representación y defensa de las Administraciones corresponde a Abogados del Estado, letrados de las Comunidades Autónomas o de los entes locales, según los casos (art. 24). Los particulares actúan representados por Procurador y asistidos de Abogado, aunque los funcionarios públicos pueden comparecer por sí mismos en defensa de sus derechos estatutarios cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles (art. 23).

Objeto del recurso y pretensiones (arts. 25-33 LJCA)

El recurso contencioso-administrativo es admisible contra las disposiciones de carácter general y contra los actos expresos y presuntos de la Administración que pongan fin a la vía administrativa, sean definitivos o de trámite si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos (art. 25.1). También cabe frente a la inactividad de la Administración y la vía de hecho (art. 25.2). La impugnación indirecta de disposiciones generales con ocasión de la impugnación de actos de aplicación está prevista en el art. 26; si el órgano que estima el recurso entiende que la disposición es ilegal y no es competente para anularla, debe plantear la cuestión de ilegalidad ante el tribunal competente (art. 27). Las pretensiones del demandante (arts. 31-32) pueden consistir en la declaración de no ser conformes a Derecho y, en su caso, la anulación de disposiciones y actos; en el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para su pleno restablecimiento, incluida la indemnización de daños y perjuicios; en la condena a realizar una prestación o a ejecutar un acto firme (inactividad, art. 29); y en el cese de la vía de hecho (art. 30). Inactividad: si la Administración está obligada a una prestación concreta a favor de una persona determinada y no la cumple en el plazo de tres meses desde la reclamación, el interesado puede acudir al recurso; en la ejecución de actos firmes el plazo previo es de un mes desde la solicitud (art. 29.2). El juez está vinculado por la congruencia: juzga dentro del límite de las pretensiones formuladas y de los motivos que fundamenten el recurso y la oposición (art. 33.1), pudiendo someter a las partes la existencia de motivos no alegados (art. 33.2).

Procedimiento ordinario: fases y plazos (arts. 43-65 LJCA)

El procedimiento ordinario comienza por escrito de interposición ante el órgano competente (art. 45), al que se acompaña el documento que acredite la representación, la copia del acto o disposición impugnados y, en su caso, el acuerdo de la persona jurídica de recurrir. Plazos de interposición (art. 46): dos meses desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o a la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa; seis meses desde el día siguiente a aquel en que, conforme a la normativa específica, se produzca el acto presunto (silencio administrativo); en la vía de hecho, diez días contados desde que venza el plazo (también de diez días) del requerimiento de cese o desde su rechazo, o veinte días desde el inicio de la actuación si no hubo requerimiento (art. 46.3); en la acción de lesividad, dos meses desde la declaración de lesividad (art. 46.5). Cuando una Administración recurre a otra, puede formular un requerimiento previo en el plazo de dos meses (art. 44) y, si es rechazado o no contestado en un mes, interponer el recurso en el plazo de dos meses desde la comunicación del rechazo o desde el vencimiento del plazo. El mes de agosto es inhábil, salvo para el procedimiento de protección de los derechos fundamentales (art. 128.2). Tras la admisión, el órgano reclama el expediente administrativo, que la Administración debe remitir en el plazo de veinte días (art. 48), y emplaza a los interesados. Siguen: demanda, en el plazo de veinte días desde que se entregue el expediente (art. 52); contestación, también en veinte días (art. 54); prueba, abierta en caso de hechos controvertidos y necesidad de prueba (art. 60); conclusiones o vista (art. 62); y sentencia, que debe dictarse en el plazo de diez días desde que el pleito esté concluso (art. 67.1). Entre los trámites previos pueden plantearse alegaciones previas (art. 58) sobre inadmisibilidad. El proceso puede terminar también por desistimiento (art. 74), allanamiento (art. 75), satisfacción extraprocesal de las pretensiones (art. 76) y conciliación (art. 77).

Procedimiento abreviado, procedimientos especiales y medidas cautelares

El procedimiento abreviado (art. 78) es propio de los Juzgados y se aplica a los asuntos de cuantía no superior a 30.000 euros y, con independencia de la cuantía, a cuestiones de personal al servicio de las Administraciones Públicas, extranjería, disciplina deportiva en materia de dopaje e inadmisión de peticiones de asilo, entre otras materias que fija el precepto. Se caracteriza por la concentración de trámites: se presenta la demanda con la que se inicia, la Administración remite el expediente, y se celebra una vista oral con alegaciones, prueba y conclusiones, dictándose sentencia en el plazo de diez días. El procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona (arts. 114-122) es preferente y sumario, con plazo de interposición de diez días y mes de agosto hábil. La cuestión de ilegalidad (art. 27) y el procedimiento de extensión de efectos de las sentencias firmes (arts. 110-111, solicitable en el plazo de un año desde la última notificación de la sentencia firme) son otros cauces. Las medidas cautelares (arts. 129-136) pueden solicitarse en cualquier momento del proceso para asegurar la efectividad de la sentencia. Proceden cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso (periculum in mora, art. 130.1), previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto, y pueden denegarse cuando de la medida pueda seguirse perturbación grave de los intereses generales o de tercero. Pueden exigir caución (art. 133). En caso de urgencia especial, el órgano puede adoptar medidas cautelarísimas inaudita parte (art. 135), sin audiencia de la contraparte, que se resuelven después en una comparecencia. En materia tributaria la suspensión de la ejecución del acto cuando se ha obtenido en vía económico-administrativa se mantiene, por regla general, en la vía contenciosa si se mantienen las garantías.

La sentencia: contenido y efectos (arts. 67-73 LJCA)

La sentencia decidirá todas las cuestiones controvertidas en el proceso (art. 67.1) y puede declarar la inadmisibilidad del recurso (art. 68.1.a: falta de jurisdicción o competencia, falta de legitimación, actos no susceptibles de impugnación, recurso interpuesto fuera de plazo, art. 69), la desestimación del recurso (cuando la disposición, acto o actuación se ajuste al ordenamiento, art. 70) o su estimación (art. 71). En caso de estimación, la sentencia puede: declarar no conforme a Derecho y anular total o parcialmente la disposición, acto o actuación impugnados, u ordenar el cese o la modificación de la actuación (art. 71.1.a); reconocer la situación jurídica individualizada y adoptar las medidas necesarias para su pleno restablecimiento, incluida la indemnización de daños y perjuicios cuando proceda (art. 71.1.b); y fijar plazo para el cumplimiento cuando la medida consista en dictar un acto o practicar una actuación jurídicamente obligatoria (art. 71.1.c). Los órganos jurisdiccionales no pueden determinar la forma en que han de quedar redactados los preceptos de una disposición general en sustitución de los anulados, ni el contenido discrecional de los actos anulados (art. 71.2). Efectos (art. 72): la anulación de una disposición o acto produce efectos para todas las personas afectadas (efecto erga omnes) en el caso de disposiciones generales, desde la publicación del fallo y de los preceptos anulados en el diario oficial en que se publicó la disposición; la declaración de inadmisibilidad o desestimación de recursos contra disposiciones generales no impide recursos indirectos; y las sentencias que anulen actos solo producen efectos entre las partes. Las sentencias firmes que anulen una disposición general no afectan por sí mismas a las sentencias o resoluciones firmes que la hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en materia penal o sancionadora si la nueva norma es más favorable (art. 73). Costas (art. 139): en primera o única instancia se imponen a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el caso presentara serias dudas de hecho o de derecho; en los recursos de apelación y casación rige también el vencimiento; la condena puede limitarse a una cifra máxima por todos los conceptos. La ejecución de sentencias (arts. 103-113) corresponde al órgano que conoció del asunto en primera o única instancia; la Administración debe cumplir en los plazos legales, y el incumplimiento permite medidas de ejecución forzosa y, en su caso, responsabilidad penal; los créditos reconocidos frente a la Administración exigen pago voluntario en los plazos previstos antes de la ejecución forzosa, dada la inembargabilidad de los bienes demaniales.

Recursos contra providencias, autos y sentencias (arts. 79-102 LJCA)

Contra providencias y autos no susceptibles de apelación o casación cabe recurso de reposición, ante el mismo órgano (o de súplica, si el órgano es colegiado), en el plazo de cinco días (art. 79). Contra las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y de los Juzgados Centrales cabe recurso de apelación ante la Sala competente del TSJ o de la AN, salvo que se trate de asuntos de cuantía inferior a 30.000 euros y otras excepciones legales (art. 81); se interpone en el plazo de quince días desde la notificación (art. 85.1). La apelación es un recurso ordinario que permite revisar de nuevo cuestiones de hecho y de derecho. Casación (arts. 86-93): tras la LO 7/2015, procede ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo contra sentencias dictadas en única instancia o en apelación por las Salas del TSJ, o de la AN, y exige que el recurso presente interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia (arts. 88-89). El art. 88.2 enumera supuestos en que puede apreciarse el interés casacional (por ejemplo, que la resolución fije una interpretación de normas contradictoria con la de otros órganos o que afecte a un gran número de situaciones), y el 88.3 establece supuestos de presunción de interés. La casación se prepara ante el órgano que dictó la sentencia en el plazo de treinta días (art. 89.1), con un escrito de preparación que fundamente la concurrencia de los requisitos; la Sala de instancia lo tiene por preparado o no; la Sección de admisión del TS decide sobre la admisión por auto, motivado salvo supuestos legales, y si se admite se interpone en el plazo de treinta días (art. 92). También existe un recurso de casación autonómico (art. 86.3), ante una Sección de la Sala del TSJ, para sentencias dictadas por Juzgados y por la propia Sala del TSJ cuando el recurso se funde en infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma. Frente a sentencias firmes cabe el recurso extraordinario de revisión (art. 102) en los supuestos tasados (documentos decisivos recobrados, prueba falsa, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta). Los plazos de la ley se computan en días hábiles; el mes de agosto es inhábil salvo en el procedimiento de protección de derechos fundamentales.

Especial referencia al ámbito tributario

Los actos tributarios deben impugnarse previamente, con carácter general, ante los órganos económico-administrativos (reclamación económico-administrativa) o mediante el recurso potestativo de reposición, que son alternativos. Agotada la vía administrativa, el contribuyente puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa: las resoluciones de los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Locales son recurribles ante la Sala del TSJ (o ante el Juzgado cuando la competencia legal así lo disponga) y las del Tribunal Económico-Administrativo Central ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. El plazo es de dos meses desde la notificación de la resolución. La Administración tributaria no puede recurrir sus propios actos firmes salvo declaración de lesividad; las resoluciones de los tribunales económico-administrativos favorables al contribuyente solo son impugnables por la Administración en los supuestos y por los órganos legitimados por la normativa tributaria.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El plazo general para interponer el recurso contencioso-administrativo es de 2 meses desde la notificación/publicación del acto expreso (o de la disposición) y de 6 meses desde el acto presunto por silencio (art. 46 LJCA). El mes de agosto es inhábil, salvo en el procedimiento de protección de derechos fundamentales.
  • El procedimiento abreviado (art. 78 LJCA) corresponde a los Juzgados y se aplica a asuntos de cuantía no superior a 30.000 euros y a determinadas materias (personal, extranjería, dopaje, asilo) con independencia de la cuantía; se resuelve con vista oral.
  • El umbral de 30.000 euros delimita tanto el procedimiento abreviado como la apelación contra sentencias de los Juzgados: no cabe apelación en asuntos de cuantía inferior a esa cifra (art. 81).
  • El recurso de casación ante el Tribunal Supremo, tras la LO 7/2015, exige la apreciación de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia; se prepara en 30 días ante el órgano a quo y se interpone en 30 días tras el auto de admisión.
  • La Administración autora de un acto no puede impugnarlo directamente: debe declararlo previamente lesivo para el interés público (art. 19.2 y art. 43 LJCA; art. 107 Ley 39/2015), dentro de los 4 años desde que se dictó, y luego recurrir en 2 meses desde la declaración (art. 46.5).
  • No son conocidos por el orden contencioso los conflictos de jurisdicción ni los de atribuciones entre órganos de una misma Administración (art. 3.c), ni las cuestiones civiles, penales y sociales ni el recurso contencioso-disciplinario militar.
  • Las resoluciones del TEAC se recurren ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional; las de los TEAR/TEAL, ante la Sala del TSJ correspondiente.
  • La sentencia debe dictarse en 10 días desde que el pleito esté concluso; la anulación de una disposición general produce efectos erga omnes desde la publicación del fallo, mientras que la anulación de un acto solo afecta a las partes.
  • Los órganos jurisdiccionales no pueden fijar la redacción de los preceptos que sustituyan a los anulados ni el contenido discrecional de los actos anulados (art. 71.2).
  • Los recursos de reposición y súplica contra providencias y autos se interponen en 5 días; la apelación contra sentencias de Juzgados, en 15 días; la extensión de efectos de una sentencia firme se solicita en el plazo de un año (art. 110).
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¿Contra qué órgano o resolución cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en materia tributaria?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 11 de Hacienda (AEAT)?

La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), atribuye a los órganos de este orden jurisdiccional el conocimiento de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones Públicas sujeta al Derecho administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la ley y con los decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación (art. 1). Regula la naturaleza, extensión y límites de la jurisdicción, la organización y competencias de sus órganos (Juzgados, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo), la posición de las partes (capacidad, legitimación, representación y defensa), las fases de los procedimientos (ordinario, abreviado y especiales), el contenido y efectos de la sentencia y el sistema de recursos. Para el Cuerpo Técnico de Hacienda tiene especial interés porque cierra el control jurisdiccional de la actuación tributaria tras la vía económico-administrativa. Desde la Ley Orgánica 1/2025 los Juzgados se integran progresivamente en los Tribunales de Instancia, sin alterar el reparto sustantivo de competencias de la LJCA.

¿Qué hay que memorizar del Tema 11 para el examen?

El plazo general para interponer el recurso contencioso-administrativo es de 2 meses desde la notificación/publicación del acto expreso (o de la disposición) y de 6 meses desde el acto presunto por silencio (art. 46 LJCA). El mes de agosto es inhábil, salvo en el procedimiento de protección de derechos fundamentales. El procedimiento abreviado (art. 78 LJCA) corresponde a los Juzgados y se aplica a asuntos de cuantía no superior a 30.000 euros y a determinadas materias (personal, extranjería, dopaje, asilo) con independencia de la cuantía; se resuelve con vista oral. El umbral de 30.000 euros delimita tanto el procedimiento abreviado como la apelación contra sentencias de los Juzgados: no cabe apelación en asuntos de cuantía inferior a esa cifra (art. 81). El recurso de casación ante el Tribunal Supremo, tras la LO 7/2015, exige la apreciación de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia; se prepara en 30 días ante el órgano a quo y se interpone en 30 días tras el auto de admisión. La Administración autora de un acto no puede impugnarlo directamente: debe declararlo previamente lesivo para el interés público (art. 19.2 y art. 43 LJCA; art. 107 Ley 39/2015), dentro de los 4 años desde que se dictó, y luego recurrir en 2 meses desde la declaración (art. 46.5). No son conocidos por el orden contencioso los conflictos de jurisdicción ni los de atribuciones entre órganos de una misma Administración (art. 3.c), ni las cuestiones civiles, penales y sociales ni el recurso contencioso-disciplinario militar. Las resoluciones del TEAC se recurren ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional; las de los TEAR/TEAL, ante la Sala del TSJ correspondiente. La sentencia debe dictarse en 10 días desde que el pleito esté concluso; la anulación de una disposición general produce efectos erga omnes desde la publicación del fallo, mientras que la anulación de un acto solo afecta a las partes. Los órganos jurisdiccionales no pueden fijar la redacción de los preceptos que sustituyan a los anulados ni el contenido discrecional de los actos anulados (art. 71.2). Los recursos de reposición y súplica contra providencias y autos se interponen en 5 días; la apelación contra sentencias de Juzgados, en 15 días; la extensión de efectos de una sentencia firme se solicita en el plazo de un año (art. 110).

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

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¿De dónde sale el temario de este tema?

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Fuentes de este desarrollo

  • Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, arts. 1-4, 6-14, 18-24, 25-33, 43-49, 67-93, 102, 110-111, 128-136 y 139.
  • Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial (introducción del interés casacional objetivo y reforma de la casación contencioso-administrativa).
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, art. 107 (declaración de lesividad).
  • Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (Tribunales de Instancia).
  • Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, arts. 226 y ss. (reclamaciones económico-administrativas y su revisión jurisdiccional).

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