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Tema 3. Políticas de igualdad y contra la violencia de género. Discapacidad y dependencia: régimen jurídico.

Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna · Índice oficial del BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149).

Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, turno libre y promoción interna (666 plazas: 446 libre + 220 promoción interna). Es distinto del temario del Cuerpo de Agentes Tributarios (C1) y del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (A1), que tienen procesos y temarios propios, no cubiertos aquí.

El ordenamiento español desarrolla el mandato constitucional de igualdad real y efectiva (art. 9.2 CE) mediante la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, y regula un régimen específico de derechos de las personas con discapacidad (Real Decreto Legislativo 1/2013) y de atención a la dependencia (Ley 39/2006), configurando un sistema de servicios sociales orientado a la autonomía personal.

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La LO 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

Tiene por objeto hacer efectivo el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, en cualesquiera ámbitos de la vida (art. 1). Define la discriminación directa e indirecta (art. 6), el acoso sexual y el acoso por razón de sexo (art. 7), y establece el principio de igualdad de trato en el acceso al empleo, la formación y la promoción profesionales y las condiciones de trabajo (art. 5). Prevé los planes de igualdad en las empresas (art. 45): son obligatorios para las empresas de 50 o más personas trabajadoras, umbral al que se llegó de forma gradual (de 250 a 150, 100 y finalmente 50 personas) tras el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, y se desarrollan reglamentariamente por el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre (planes de igualdad y su registro), complementado por el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre (igualdad retributiva entre mujeres y hombres) y crea instrumentos institucionales como la Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres y las Unidades de Igualdad en los ministerios. Otros contenidos relevantes: el principio de igualdad en el acceso al empleo público y la presencia equilibrada en los nombramientos de órganos directivos de la Administración General del Estado (Título V); la transversalidad de las políticas públicas (art. 15) y los planes estratégicos de igualdad de oportunidades (art. 17); la tutela frente a la discriminación, con inversión de la carga de la prueba (art. 13) e indemnidad frente a represalias (art. 9); la protección de la maternidad y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, con la equiparación de los permisos de nacimiento y cuidado del menor de ambos progenitores, que la reforma de 2019 fijó en 16 semanas desde 2021 y que el Real Decreto-ley 9/2025, de 29 de julio, amplió a 19 semanas, y a 32 en las familias monoparentales; el deber de las empresas de promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y por razón de sexo (art. 48) y la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los consejos de administración de las sociedades obligadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias no abreviada (art. 75). Se completa con la Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, y la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. El Instituto de las Mujeres (Ley 16/1983), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad, es el órgano de impulso de las políticas de igualdad en el ámbito estatal.

La LO 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género

Regula la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia (art. 1). Establece medidas de sensibilización, prevención y detección (Título I), derechos de las mujeres víctimas (Título II: información, asistencia social integral, asistencia jurídica gratuita, derechos laborales y de Seguridad Social, ayudas sociales), tutela institucional (Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, Observatorio Estatal) y tutela penal y judicial, con creación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (Título V, que modificó la LOPJ) y la orden de protección. Precisiones: el art. 1.3 define la violencia de género como todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. La ley incluye medidas en el ámbito educativo, publicitario y de los medios de comunicación, y en el sanitario. Derechos de las víctimas: información (art. 18), asistencia social integral (art. 19), asistencia jurídica gratuita inmediata y especializada (art. 20) y derechos laborales y de Seguridad Social (art. 21: reducción o reordenación del tiempo de trabajo, movilidad geográfica, suspensión de la relación laboral con reserva de puesto, extinción del contrato, y justificación de faltas de asistencia). Tutela institucional: la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer (art. 29) y el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (art. 30), y las Unidades especializadas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Tutela judicial: los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, que instruyen los procesos penales por los delitos de violencia de género (homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad e integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales y cualquier otro cometido con violencia o intimidación) y conocen de determinadas materias civiles conexas (filiación, nulidad, separación y divorcio, relaciones paterno-filiales, guarda y custodia, alimentos, etc.), conforme a los arts. 87 bis y 87 ter de la LOPJ; el Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer y la Fiscalía especializada. La orden de protección, regulada por la Ley 27/2003, de 31 de julio, es la resolución judicial que concentra medidas penales, civiles y de asistencia y protección social. La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, completa el marco general. En el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género (2017) se aprobó el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado, que amplió los medios de acreditación de la condición de víctima y las competencias de las entidades locales en la materia. Las víctimas pueden recurrir al servicio telefónico 016, de información y asesoramiento jurídico, que no deja rastro en la factura.

Régimen jurídico de la discapacidad: RD Legislativo 1/2013

Aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, refundiendo la Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal (LIONDAU) y la Ley 49/2007 de infracciones y sanciones en esta materia. Consagra los principios de vida independiente, normalización, accesibilidad universal, diseño universal, diálogo civil y transversalidad de las políticas de discapacidad (art. 3). Reconoce el derecho a la igualdad de oportunidades y no discriminación, con medidas de acción positiva y ajustes razonables, y regula el régimen sancionador ante conductas discriminatorias (infracciones leves, graves y muy graves). Se consideran personas con discapacidad las que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás; a efectos de la ley, tienen esa consideración quienes tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 % (art. 4). El texto refundido garantiza derechos en materia de salud, atención integral, educación inclusiva, vida independiente, trabajo (arts. 35 y siguientes) y participación en la vida política. En materia de empleo, las empresas públicas y privadas que empleen a 50 o más trabajadores están obligadas a que al menos el 2 % de su plantilla sean personas con discapacidad (art. 42), con medidas alternativas excepcionales; en el empleo público existe una reserva de plazas en las ofertas de empleo para personas con discapacidad (art. 59 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público). La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Nueva York, 13 de diciembre de 2006), ratificada por España y vigente desde 2008, forma parte del ordenamiento interno (art. 96 CE) y es el marco de interpretación de la legislación española. La Ley 8/2021, de 2 de junio, reformó la legislación civil y procesal para apoyar a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, suprimiendo la incapacitación y la tutela de las personas adultas con discapacidad en favor de un sistema de apoyos, con la curatela como medida principal. El art. 49 CE, reformado en 2024, recoge hoy la referencia a las 'personas con discapacidad' y su protección reforzada. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) es la plataforma de representación del sector, y el Consejo Nacional de la Discapacidad es el órgano de colaboración y participación institucional.

La Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia

Crea el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), de carácter público, configurado como una red de utilización pública que integra los servicios y prestaciones de las Administraciones Públicas mediante cooperación y participación de todas ellas (art. 1). Define la dependencia (art. 2) y establece tres grados según el Baremo de Valoración de la Dependencia (BVD): Grado I (dependencia moderada), Grado II (dependencia severa) y Grado III (gran dependencia). El catálogo de servicios incluye prevención, teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día/noche y atención residencial, además de prestaciones económicas (vinculada al servicio, para cuidados en el entorno familiar, y de asistencia personal). La valoración corresponde a las CCAA conforme a un baremo estatal común (BVD, RD 174/2011). Definición (art. 2): la dependencia es el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o de ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal. Grados: el Grado I (dependencia moderada) corresponde a quien necesita ayuda para varias actividades básicas de la vida diaria al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado; el Grado II (dependencia severa) a quien necesita ayuda dos o tres veces al día, pero no requiere el apoyo permanente de un cuidador; el Grado III (gran dependencia) a quien necesita ayuda varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía, requiere el apoyo indispensable y continuo de otra persona. Titulares (art. 5): los españoles que se encuentren en situación de dependencia en alguno de los grados y residan en territorio español, durante cinco años, de los cuales dos deben ser inmediatamente anteriores a la solicitud. Prestaciones: servicios del catálogo (art. 15) y prestaciones económicas: la vinculada al servicio (art. 17), la de cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales (art. 18, de carácter excepcional) y la de asistencia personal (art. 19). Procedimiento: tras la valoración del grado, los servicios sociales de la Comunidad Autónoma elaboran el Programa Individual de Atención (PIA), que determina las modalidades de intervención más adecuadas (art. 29). Participación en el coste: los beneficiarios contribuyen a la financiación de los servicios según su capacidad económica (art. 33). Financiación y gobernanza: la Administración General del Estado garantiza un nivel mínimo de protección (art. 9) y un nivel acordado con las Comunidades Autónomas (art. 10), y estas pueden añadir un nivel adicional; el órgano de cooperación es el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. En Ceuta y Melilla gestiona el sistema el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • La LO 1/2004 crea los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con competencias civiles y penales especializadas, y la orden de protección integral para las víctimas.
  • El RD Legislativo 1/2013 refunde la LIONDAU (Ley 51/2003) y la Ley 49/2007 sancionadora en materia de discapacidad, consagrando el diseño universal y la accesibilidad.
  • La Ley 39/2006 regula tres grados de dependencia (I moderada, II severa, III gran dependencia) valorados con el baremo estatal BVD.
  • Los planes de igualdad en empresa, previstos en la LO 3/2007, son obligatorios para empresas de 50 o más personas trabajadoras tras su desarrollo reglamentario.
  • Planes de igualdad en la empresa: obligatorios desde 50 trabajadores (calendario gradual tras el RDL 6/2019); regulados por el RD 901/2020, junto con el RD 902/2020 de igualdad retributiva.
  • La LO 1/2004 protege a la mujer víctima de violencia ejercida por su cónyuge o pareja o ex pareja, aunque no haya convivencia; no cubre otras violencias en el ámbito familiar ni la violencia sexual por terceros (esta se regula en la LO 10/2022).
  • Derechos laborales de las víctimas (art. 21 LO 1/2004): reducción o reordenación del tiempo de trabajo, movilidad geográfica, suspensión con reserva de puesto, extinción del contrato y justificación de ausencias.
  • Discapacidad: grado reconocido igual o superior al 33 %; cuota del 2 % para empresas de 50 o más trabajadores; Convención de Nueva York de 2006 y Ley 8/2021 (sistema de apoyos, adiós a la incapacitación).
  • Dependencia: tres grados (I moderada, II severa, III gran dependencia); PIA (art. 29); prestaciones económicas: vinculada al servicio, cuidados en el entorno familiar (excepcional) y asistencia personal.
  • Residencia exigida para ser titular del derecho a la dependencia: cinco años, dos de ellos inmediatamente anteriores a la solicitud (art. 5 Ley 39/2006, para españoles).
  • Nuevas leyes de igualdad: Ley 15/2022 (igualdad de trato y no discriminación), LO 10/2022 (libertad sexual), Ley 4/2023 (personas trans y LGTBI), LO 2/2024 (paridad).
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Pregunta 1 de 120 aciertos

¿Qué órganos judiciales especializados crea la LO 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 3 de Hacienda (AEAT)?

El ordenamiento español desarrolla el mandato constitucional de igualdad real y efectiva (art. 9.2 CE) mediante la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, y regula un régimen específico de derechos de las personas con discapacidad (Real Decreto Legislativo 1/2013) y de atención a la dependencia (Ley 39/2006), configurando un sistema de servicios sociales orientado a la autonomía personal.

¿Qué hay que memorizar del Tema 3 para el examen?

La LO 1/2004 crea los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con competencias civiles y penales especializadas, y la orden de protección integral para las víctimas. El RD Legislativo 1/2013 refunde la LIONDAU (Ley 51/2003) y la Ley 49/2007 sancionadora en materia de discapacidad, consagrando el diseño universal y la accesibilidad. La Ley 39/2006 regula tres grados de dependencia (I moderada, II severa, III gran dependencia) valorados con el baremo estatal BVD. Los planes de igualdad en empresa, previstos en la LO 3/2007, son obligatorios para empresas de 50 o más personas trabajadoras tras su desarrollo reglamentario. Planes de igualdad en la empresa: obligatorios desde 50 trabajadores (calendario gradual tras el RDL 6/2019); regulados por el RD 901/2020, junto con el RD 902/2020 de igualdad retributiva. La LO 1/2004 protege a la mujer víctima de violencia ejercida por su cónyuge o pareja o ex pareja, aunque no haya convivencia; no cubre otras violencias en el ámbito familiar ni la violencia sexual por terceros (esta se regula en la LO 10/2022). Derechos laborales de las víctimas (art. 21 LO 1/2004): reducción o reordenación del tiempo de trabajo, movilidad geográfica, suspensión con reserva de puesto, extinción del contrato y justificación de ausencias. Discapacidad: grado reconocido igual o superior al 33 %; cuota del 2 % para empresas de 50 o más trabajadores; Convención de Nueva York de 2006 y Ley 8/2021 (sistema de apoyos, adiós a la incapacitación). Dependencia: tres grados (I moderada, II severa, III gran dependencia); PIA (art. 29); prestaciones económicas: vinculada al servicio, cuidados en el entorno familiar (excepcional) y asistencia personal. Residencia exigida para ser titular del derecho a la dependencia: cinco años, dos de ellos inmediatamente anteriores a la solicitud (art. 5 Ley 39/2006, para españoles). Nuevas leyes de igualdad: Ley 15/2022 (igualdad de trato y no discriminación), LO 10/2022 (libertad sexual), Ley 4/2023 (personas trans y LGTBI), LO 2/2024 (paridad).

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149) (Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
  • Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
  • Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
  • Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
  • Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro.
  • Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica.
  • Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
  • Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres.

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