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Tema 38. La financiación de las Comunidades Autónomas. Elementos principales de los tributos propios. Los tributos cedidos. Órganos y formas de relación entre las Administraciones Tributarias del Estado y de las Comunidades Autónomas. La Ley Reguladora de las Haciendas Locales. El sistema tributario local. El Impuesto sobre Actividades Económicas.

Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna · Índice oficial del BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149).

Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, turno libre y promoción interna (666 plazas: 446 libre + 220 promoción interna). Es distinto del temario del Cuerpo de Agentes Tributarios (C1) y del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (A1), que tienen procesos y temarios propios, no cubiertos aquí.

La financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común se articula, desde 1980, en torno a la Ley Orgánica 8/1980, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que combina tributos propios, tributos cedidos por el Estado, participaciones y transferencias del sistema de financiación, dentro de un marco de coordinación institucional (Consejo de Política Fiscal y Financiera) y de colaboración entre la Agencia Tributaria y las Administraciones autonómicas. El sistema vigente de régimen común es el de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, y coexiste con los regímenes forales del País Vasco y Navarra. Paralelamente, la financiación de las Entidades Locales se rige por el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDLeg 2/2004), que articula un sistema tributario local con impuestos obligatorios (IBI, IAE e IVTM) y potestativos (ICIO e IIVTNU), además de tasas, contribuciones especiales y precios públicos. El Impuesto sobre Actividades Económicas destaca por su complejidad técnica y por su peculiar reparto de la gestión entre la AEAT y los Ayuntamientos. Ambos niveles de la Hacienda territorial son relevantes para el personal de la Hacienda Pública por su constante interacción con la Hacienda estatal en materia de intercambio de información y colaboración en la gestión tributaria.

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Marco constitucional de la financiación autonómica: art. 156 y 157 CE

El artículo 156.1 de la Constitución reconoce a las Comunidades Autónomas autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias, con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. El artículo 157.1 enumera sus recursos: los impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, los recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado; sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales; las transferencias de un Fondo de Compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado; los rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de Derecho privado; y el producto de las operaciones de crédito. El artículo 157.2 prohíbe a las Comunidades Autónomas adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios. El artículo 157.3 remite a una ley orgánica la regulación del ejercicio de las competencias financieras, la resolución de conflictos y las posibles formas de colaboración financiera entre Comunidades y con el Estado: es la LOFCA. El artículo 158 prevé la participación de las Comunidades en los ingresos del Estado y el Fondo de Compensación Interterritorial con destino a gastos de inversión, para corregir desequilibrios y hacer efectivo el principio de solidaridad. El artículo 133 CE reconoce potestad tributaria originaria al Estado mediante ley y potestad derivada a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales, de acuerdo con la Constitución y las leyes.

La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA)

La Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), desarrolla el mandato del artículo 157.3 CE y establece el marco general del sistema de financiación de régimen común. No se aplica a los territorios forales del País Vasco y Navarra, que se rigen por su propio Concierto y Convenio Económico, al amparo de la disposición adicional primera de la Constitución (derechos históricos). La LOFCA ha sido modificada en sucesivas ocasiones, coincidiendo generalmente con la aprobación de los distintos sistemas de financiación autonómica (entre otras, por la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, que acompañó al sistema vigente de la Ley 22/2009). La LOFCA tiene carácter de ley orgánica y funciona como norma de bloque de constitucionalidad en materia financiera: los Estatutos de Autonomía y las leyes autonómicas deben respetarla. Tiene también preceptos sobre endeudamiento (art. 14) y sobre el Consejo de Política Fiscal y Financiera (art. 3).

Principios de la financiación autonómica: autonomía, suficiencia y solidaridad

La LOFCA proclama, en sus primeros artículos, la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas para el desarrollo y ejecución de sus competencias, que se ejerce de acuerdo con los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. Estos dos principios proceden del artículo 156.1 CE. El sistema persigue además la suficiencia de recursos, de modo que cada Comunidad disponga de medios para ejercer las competencias asumidas, y la solidaridad interterritorial, que se instrumenta mediante mecanismos de nivelación para garantizar un nivel similar de prestación de los servicios públicos fundamentales (educación, sanidad y servicios sociales esenciales) en todo el territorio. Otros principios del sistema: corresponsabilidad fiscal, es decir, que las Comunidades asuman parte del coste político de recaudar sus recursos mediante capacidad normativa sobre tributos cedidos; lealtad institucional, por la que el Estado y las Comunidades valoran el impacto que sus decisiones normativas puedan tener sobre las demás Administraciones; y estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, desarrolladas por la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, bajo la supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF, Ley Orgánica 6/2013).

Recursos de las Comunidades Autónomas según la LOFCA

El artículo 4 de la LOFCA enumera los recursos de las Comunidades Autónomas, desarrollando la enumeración del artículo 157 CE: los impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, los recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado; sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales; las transferencias del Fondo de Compensación Interterritorial y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado; los rendimientos de su patrimonio e ingresos de Derecho privado; el producto de la emisión de deuda y de las operaciones de crédito; el producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias; y los demás que establezcan las leyes. Configuran una Hacienda autonómica en la que la mayor parte de los recursos procede de tributos cedidos y de transferencias del sistema de financiación, y solo una parte pequeña de los tributos propios, cuyo rendimiento es, en conjunto, escaso. Las Comunidades pueden establecer recargos sobre los tributos del Estado susceptibles de cesión, con las limitaciones de la LOFCA (art. 12): los recargos no pueden configurarse de forma que minoren los ingresos del Estado por esos tributos ni desvirtúen su naturaleza o estructura. El Fondo de Compensación Interterritorial está regulado por la Ley 22/2001, de 27 de diciembre, y se divide en Fondo de Compensación y Fondo Complementario.

El sistema de financiación autonómica común y los regímenes forales

El sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común vigente es el de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, con efectos desde el 1 de enero de 2009. Se articula en torno a los tributos cedidos y al Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, el Fondo de Suficiencia Global y los Fondos de Convergencia Autonómica (Fondo de Competitividad y Fondo de Cooperación). Su reforma es una demanda recurrente, y a octubre de 2026 conviene comprobar si se ha aprobado un nuevo modelo. Coexiste con los regímenes forales del País Vasco y Navarra, articulados mediante el Concierto Económico (Ley 12/2002, de 23 de mayo) y el Convenio Económico (Ley 28/1990, de 26 de diciembre). Estos territorios tienen una potestad tributaria propia mucho más amplia: mantienen, establecen y regulan su régimen tributario, con sujeción a los principios de armonización y coordinación, y respetando las normas de la Unión Europea. A cambio, el País Vasco paga un cupo y Navarra una aportación, que compensan al Estado por las competencias y servicios que sigue prestando en dichos territorios. Los Territorios Históricos vascos (Álava, Bizkaia y Gipuzkoa) tienen competencia para exigir los tributos propios de cada Diputación Foral; la metodología del cupo se aprueba por ley para periodos quinquenales. Canarias, Ceuta y Melilla cuentan con regímenes especiales: en Canarias, el Impuesto General Indirecto Canario (Ley 20/1991) en lugar del IVA, y en Ceuta y Melilla el Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (Ley 8/1991).

Concepto y régimen de los tributos propios de las Comunidades Autónomas

Los tributos propios son los que las Comunidades Autónomas pueden establecer y exigir en ejercicio de su propia potestad tributaria, reconocida en el artículo 133.2 CE y desarrollada en el artículo 6 de la LOFCA, respetando los principios constitucionales (capacidad económica, igualdad, generalidad, progresividad, no confiscatoriedad) y los límites de la LOFCA. Elementos principales. Se establecen por ley del Parlamento autonómico, por la reserva de ley del artículo 31.3 CE. Como en cualquier tributo, la ley delimita el hecho imponible, el sujeto pasivo, la base imponible, el tipo de gravamen y la cuota, el devengo y las exenciones o bonificaciones. Pueden ser impuestos, tasas o contribuciones especiales. Las tasas autonómicas se regulan en el artículo 7 de la LOFCA (por utilización de su dominio público y prestación de servicios de su competencia) y las contribuciones especiales, por la realización de obras o servicios de su competencia. El artículo 9 de la LOFCA añade límites generales: los tributos propios no pueden sujetar a gravamen bienes situados fuera del territorio de la Comunidad ni gravar negocios, actos o hechos celebrados fuera de él, no pueden suponer obstáculo para la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales, ni afectar a la fijación de residencia de las personas ni la ubicación de empresas. En la práctica hay un número considerable de impuestos propios, de escasa entidad recaudatoria, especialmente en materia medioambiental y sobre determinados sectores económicos con presencia territorial destacada.

Límites a la creación de tributos propios autonómicos: no duplicidad con el hecho imponible estatal

El artículo 6.2 de la LOFCA establece que los tributos que establezcan las Comunidades Autónomas no podrán recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado. Si el Estado, en ejercicio de su potestad originaria, establece un tributo sobre hechos imponibles gravados por las Comunidades que suponga para ellas una fuente de ingresos, deberá instituir las compensaciones oportunas a su favor. El artículo 6.3 dispone que los tributos autonómicos no podrán recaer sobre las materias que la legislación de Régimen Local reserve a las Corporaciones Locales. Es una prohibición referida a la materia imponible, no al hecho imponible. Las Comunidades podrán establecer y gestionar tributos sobre materias que la legislación de Régimen Local reserve a las Corporaciones Locales en los supuestos en que aquella lo prevea y en los términos que establezca, y en todo caso deberán adoptarse las medidas de compensación o coordinación adecuadas a favor de las Corporaciones Locales, de modo que sus ingresos no se vean mermados ni reducidos en sus posibilidades de crecimiento futuro. La doctrina del Tribunal Constitucional (por ejemplo, SSTC 37/1987, 186/1993 y 289/2000) distingue entre hecho imponible (la configuración jurídica concreta del presupuesto que determina el pago) y materia imponible (la realidad económica o fuente de riqueza que se grava), de modo que dos tributos pueden gravar la misma materia sin vulnerar la prohibición de duplicidad si sus hechos imponibles son diferentes. Basta con introducir diferencias en la estructura del tributo autonómico para eludir la prohibición formal, aunque la materia gravada sea análoga.

Ejemplos de tributos propios autonómicos: impuestos medioambientales, sobre depósitos bancarios

Las Comunidades de régimen común han desarrollado un catálogo variado de tributos propios, de escasa recaudación en conjunto. Los más habituales son los impuestos de naturaleza medioambiental (sobre emisiones atmosféricas, sobre grandes establecimientos comerciales por su impacto territorial y medioambiental, sobre bolsas de plástico, sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente), los impuestos sobre determinadas actividades o activos (viviendas vacías, y otros de carácter sectorial) y las tasas y contribuciones especiales autonómicas. Un caso especial es el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito. Varias Comunidades habían establecido impuestos propios sobre depósitos bancarios. El Estado creó posteriormente un impuesto estatal sobre depósitos (Ley 16/2012, de 27 de diciembre), cedió su rendimiento a las Comunidades Autónomas y estableció compensaciones, con el efecto de reconducir y armonizar la materia y evitar una competencia fiscal a la baja entre territorios. No debe confundirse el tributo propio con el tributo cedido: el propio lo crea y regula la Comunidad Autónoma; el cedido lo regula el Estado y el rendimiento (y, según los casos, competencias normativas o de gestión) corresponde a la Comunidad. Los tributos sobre el juego (tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar) son un tributo cedido, no un tributo propio.

Concepto de tributo cedido

El artículo 10 de la LOFCA define los tributos cedidos como los establecidos y regulados por el Estado, cuyo producto corresponda a la Comunidad Autónoma. La cesión puede alcanzar, además del rendimiento, competencias normativas y de gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión, en los términos de la ley específica de cesión. El Estado conserva la titularidad de la potestad legislativa originaria sobre estos tributos. Las Comunidades solo ejercen la capacidad normativa que les haya sido atribuida. La cesión requiere la aprobación por las Cortes Generales de una ley específica. El alcance y las condiciones de la cesión se establecen por la Comunidad Autónoma y el Gobierno en la Comisión Mixta prevista en el Estatuto, y el acuerdo se tramita como proyecto de ley. La norma que regula actualmente la cesión es la Ley 22/2009, de 18 de diciembre. La cesión puede ser total o parcial en cuanto al rendimiento, y puede atribuir o no competencias normativas y de gestión. Esta triple dimensión (rendimiento, normativa y gestión) es esencial para distinguir cada tributo en las preguntas de examen.

Tributos totalmente cedidos y parcialmente cedidos

La Ley 22/2009 distingue entre tributos totalmente cedidos, cuyo rendimiento corresponde íntegramente a la Comunidad Autónoma, y tributos parcialmente cedidos, cuyo rendimiento se reparte entre Estado y Comunidad. Totalmente cedidos (100 por 100 del rendimiento): el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los tributos sobre el Juego, el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, y el Impuesto sobre la Electricidad. Parcialmente cedidos: el IRPF, en un 50 por 100 del rendimiento producido en el territorio de cada Comunidad; el IVA, en un 50 por 100, atribuido según un índice de consumo territorializado; y los Impuestos Especiales de fabricación sobre cerveza, vino y bebidas fermentadas, productos intermedios, alcohol y bebidas derivadas, hidrocarburos y labores del tabaco, en un 58 por 100, también según índices de consumo. Antes de la Ley 22/2009 (sistema de la Ley 21/2001) los porcentajes eran del 33 por 100 en el IRPF, el 35 por 100 en el IVA y el 40 por 100 en los Impuestos Especiales. Aunque el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (Ley 38/2022) se estableció como figura estatal, no se cede a las Comunidades: su rendimiento es del Estado.

Alcance y condiciones de la cesión: normativa y gestión

La cesión de un tributo puede comprender, según su ley, la cesión del rendimiento, la cesión de competencias normativas (la Comunidad regula determinados elementos dentro de los límites fijados: mínimo exento, escala, tipos, deducciones, reducciones, bonificaciones) y la cesión de competencias de gestión (aplicación de los tributos y revisión de los actos dictados en su aplicación). El alcance no es el mismo para todos. En el ISD y en el ITPAJD las Comunidades tienen amplias competencias normativas y la gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión. En el IVA no tienen competencias normativas, por ser un impuesto armonizado en la Unión Europea, y su gestión sigue en manos de la Agencia Tributaria, que solo cede el rendimiento. En los Impuestos Especiales armonizados las Comunidades no pueden alterar los elementos esenciales, aunque en el Impuesto sobre Hidrocarburos pueden fijar el tipo del tramo autonómico. En el IRPF, las Comunidades ejercen competencias normativas sobre la escala autonómica, las deducciones y el mínimo personal y familiar (dentro de límites), pero la gestión corresponde a la AEAT. La competencia de gestión plena se circunscribe, por tanto, a los tributos que no son de gestión estatal (ISD, ITPAJD, Patrimonio y Juego).

Competencias normativas de las Comunidades Autónomas sobre tributos cedidos

Las Comunidades pueden asumir competencias normativas sobre los tributos cedidos que lo permiten. En el IRPF: la escala autonómica aplicable a la base liquidable general, el mínimo personal y familiar y determinadas deducciones de la cuota. En el ISD: las reducciones de la base imponible (con límites), la tarifa, las cuantías y coeficientes del patrimonio preexistente, las deducciones y bonificaciones de la cuota, y aspectos de gestión y liquidación. En el ITPAJD: los tipos de gravamen en transmisiones onerosas y en actos jurídicos documentados, las deducciones y bonificaciones y la gestión y liquidación. En el Impuesto sobre el Patrimonio: el mínimo exento, el tipo de gravamen y las deducciones y bonificaciones. En los tributos sobre el juego: exenciones, base imponible, tipos, cuotas fijas, bonificaciones y devengo. Esta capacidad diferenciada por tributo explica la disparidad de tratamiento fiscal entre Comunidades, especialmente en el ISD y el Patrimonio, donde las bonificaciones autonómicas han llegado a reducir la tributación efectiva a niveles muy bajos o nulos en varios territorios. Sobre esta materia, el Estado estableció además el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (Ley 38/2022), como figura estatal complementaria del Impuesto sobre el Patrimonio. En los tributos sobre el juego y en el Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte, las competencias normativas son más limitadas.

Competencias de gestión, liquidación, recaudación e inspección sobre tributos cedidos

Las Comunidades con cesión amplia (ISD, ITPAJD, Patrimonio y tributos sobre el juego) ejercen mediante sus propias Administraciones tributarias la gestión, liquidación, recaudación (voluntaria y ejecutiva), inspección y revisión de los actos dictados en esa aplicación. En los tributos con cesión limitada al rendimiento (IVA, Impuestos Especiales armonizados) estas funciones permanecen en la AEAT, que transfiere a cada Comunidad la parte del rendimiento que le corresponde según los índices de reparto. En el IRPF la gestión corresponde a la AEAT. Esta dualidad (autonómica plena frente a estatal con reparto posterior) es clave para entender la complejidad organizativa del sistema tributario español y las relaciones de coordinación necesarias entre ambos niveles. La revisión en vía administrativa de los actos de gestión de los tributos cedidos corresponde a los tribunales económico-administrativos del Estado o a los órganos propios de la Comunidad, según la distribución que fijen la ley de cesión y las normas autonómicas.

El punto de conexión para determinar la Comunidad Autónoma competente

El punto de conexión es el criterio de la ley de cesión (Ley 22/2009) para determinar qué Comunidad Autónoma es competente respecto de una operación gravada por un tributo cedido, y varía por tributo. IRPF: la residencia habitual del contribuyente, entendiéndose que se reside en la Comunidad donde ha permanecido un mayor número de días del periodo impositivo. ISD en adquisiciones mortis causa y seguros de vida: la residencia habitual del causante (según los cinco años anteriores); en donaciones de inmuebles, el lugar donde radiquen; en donaciones de otros bienes, la residencia habitual del donatario. ITPAJD en transmisiones onerosas de inmuebles: el lugar donde radiquen; en otras transmisiones: el domicilio fiscal del adquirente. Impuesto sobre el Patrimonio: la residencia habitual del contribuyente. La correcta determinación del punto de conexión es esencial, porque de ella depende la normativa aplicable (estatal o de la Comunidad) y la Administración competente para gestionar, liquidar y recaudar. Esta cuestión generó conflictos de aplicación, y para evitar cambios de residencia de conveniencia la ley incluye reglas específicas (como el cómputo de los cinco años en el ISD).

Los Consejos Territoriales y Comisiones Mixtas de coordinación entre Estado y CCAA

Además del Consejo de Política Fiscal y Financiera como órgano general de coordinación, cada Comunidad Autónoma cuenta con una Comisión Mixta de Transferencias o de Asuntos Económico-Financieros Estado-Comunidad Autónoma, prevista en su Estatuto, que es el órgano bilateral de negociación y acuerdo entre la Administración General del Estado y cada Comunidad para cuestiones específicas de su financiación (aceptación de la cesión de tributos, valoración de servicios traspasados y otras cuestiones bilaterales). El Estatuto de Cataluña (2006) prevé una Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat. Estos órganos complementan el marco multilateral del CPFF con un cauce bilateral, especialmente relevante en las Comunidades con particularidades competenciales o históricas reconocidas en su Estatuto. Las relaciones entre Administraciones públicas se rigen además por los principios de lealtad institucional, cooperación y colaboración de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (arts. 140 y siguientes).

Estabilidad presupuestaria y límites a la autonomía financiera

La autonomía financiera de las Comunidades y de las Entidades Locales está limitada por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que desarrolla el artículo 135 CE (principio de estabilidad presupuestaria y límite de deuda pública). Establece objetivos de estabilidad, deuda y regla de gasto, con medidas preventivas, correctivas y coercitivas, y la figura de los planes económico-financieros. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) vigila el cumplimiento de los objetivos (Ley Orgánica 6/2013). Para facilitar la financiación de las Comunidades se crearon mecanismos extraordinarios de liquidez, como el Fondo de Liquidez Autonómico, desde 2012. El endeudamiento de las Comunidades está regulado en la LOFCA (art. 14): las operaciones de crédito a largo plazo exigen autorización del Estado en determinadas circunstancias, y las destinadas a gastos de inversión tienen límites.

Tributos locales: tasas, contribuciones especiales y precios públicos

Además de los impuestos, las Entidades Locales pueden exigir tasas (arts. 20 a 27 TRLRHL), por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local y por la prestación de servicios o realización de actividades de competencia local, con el límite del coste del servicio; contribuciones especiales (arts. 28 a 37), por la obtención de un beneficio o aumento de valor de sus bienes por la realización de obras públicas o por el establecimiento o ampliación de servicios públicos locales; y precios públicos (arts. 41 a 47), cuyo importe debe cubrir como mínimo el coste del servicio. Las contribuciones especiales exigen acuerdo de imposición y ordenación concreta, y la cuota total no puede exceder del 90 por 100 del coste de la obra o servicio. Las tasas y precios se aprueban por ordenanza fiscal o acuerdo del Pleno. Los Ayuntamientos pueden, además, aprobar recargos sobre los impuestos de las Comunidades Autónomas cuando la ley lo permita.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera

El Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, regulado en el artículo 3 de la LOFCA, es el órgano consultivo y de deliberación de las actuaciones del Estado y de las Comunidades en materia de financiación autonómica. Lo integran el Ministro de Hacienda, que lo preside, el Ministro de la Administración territorial competente y el Consejero de Hacienda de cada Comunidad Autónoma. Funciones principales: la coordinación de la política presupuestaria de las Comunidades con la del Estado, el estudio y valoración de los criterios de distribución de los recursos del sistema de financiación, la apreciación de las necesidades de gasto, el estudio de los costes efectivos de los servicios transferidos, la coordinación de la política de endeudamiento, y en general todo asunto de interés para la actividad financiera de las Comunidades. Es el foro donde se presentan y debaten los sucesivos modelos del sistema de financiación, que luego se plasman en las reformas de la LOFCA y en las leyes de cesión de tributos aprobadas por las Cortes. En materia de estabilidad presupuestaria, la Ley Orgánica 2/2012 le atribuye también un papel en los objetivos de déficit y deuda.

Convenios de colaboración entre la AEAT y las Administraciones tributarias autonómicas

La colaboración entre la AEAT y las Administraciones tributarias de las Comunidades se articula, más allá de los órganos de coordinación política, mediante convenios de colaboración que regulan aspectos operativos como el intercambio recíproco de información con trascendencia tributaria, la colaboración en actuaciones de comprobación e investigación, la utilización compartida de aplicaciones informáticas y bases de datos, y la asistencia mutua en la recaudación ejecutiva. Es especialmente relevante porque un mismo contribuyente puede ser objeto simultáneamente de actuaciones de la AEAT (tributos estatales) y de la Administración autonómica (ISD e ITPAJD), con hechos económicos de relevancia cruzada (una compraventa afecta al IRPF del vendedor y al ITPAJD o al IVA del comprador). La Ley General Tributaria reconoce el deber de colaboración entre Administraciones y la cesión de datos con trascendencia tributaria entre ellas sin necesidad de consentimiento del afectado, con respeto al carácter reservado de los datos tributarios.

Intercambio de información tributaria entre Estado y Comunidades Autónomas

El Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria, previsto en la Ley 22/2009, y los Comités Territoriales de Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria, son órganos mixtos de la AEAT y de las Comunidades que canalizan la coordinación de la gestión de los tributos cedidos y el intercambio sistemático de información tributaria. A ellos se añaden los accesos telemáticos directos que las Comunidades tienen reconocidos a determinadas bases de datos de la AEAT (censos, declaraciones informativas, valores de referencia), imprescindibles para la gestión de tributos como el ISD y el ITPAJD, cuya comprobación de valores y control del fraude exige un conocimiento detallado de la situación patrimonial que solo la Administración estatal puede proporcionar de forma completa. La información catastral es otro instrumento de colaboración: el valor de referencia del Catastro se utiliza como base de comprobación en el ITPAJD y en el ISD desde la reforma operada por la Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.

El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDLeg 2/2004)

El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), que refunde la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y sus modificaciones. Es la norma básica del sistema tributario y financiero de los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares y demás Entidades Locales, en desarrollo del principio de autonomía local y de suficiencia financiera reconocidos por los artículos 137, 140, 141 y 142 CE. El artículo 142 CE dispone que las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas, y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas. La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, reconoce en su artículo 106 que las Entidades locales tienen autonomía para establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes. El TRLRHL regula los recursos tributarios propios (impuestos, tasas y contribuciones especiales) y la participación en tributos del Estado y de las Comunidades, así como el régimen presupuestario, contable y de endeudamiento. Las Entidades Locales establecen sus tributos mediante ordenanzas fiscales: la aprobación provisional por el Pleno, la exposición pública durante treinta días como mínimo y la aprobación definitiva (art. 17 TRLRHL). Los actos de gestión tributaria local son recurribles en reposición, requisito previo para acudir a la vía contencioso-administrativa (art. 14 TRLRHL).

Recursos de las Haciendas Locales: tributos propios, participación en tributos del Estado

El artículo 2 del TRLRHL enumera los recursos de las Haciendas Locales: los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de Derecho privado; los tributos propios, clasificados en impuestos, tasas y contribuciones especiales, y los recargos exigibles sobre los impuestos de las Comunidades Autónomas o de otras Entidades Locales; las participaciones en los tributos del Estado y de las Comunidades; las subvenciones; los percibidos en concepto de precios públicos; el producto de las operaciones de crédito; el producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias; y las demás prestaciones de Derecho público. La participación en los tributos del Estado (PIE) es, en términos agregados, una de las principales fuentes de financiación municipal, articulada mediante un fondo distribuido con arreglo a criterios como la población, el esfuerzo fiscal y el inverso de la capacidad tributaria. Existen reglas especiales para los municipios grandes (los de población superior a 75.000 habitantes y las capitales de provincia y de Comunidad), que reciben una participación en la recaudación de determinados impuestos estatales cedidos. Las Diputaciones y entidades supramunicipales se financian además con recargos y participaciones específicas.

El sistema tributario local: impuestos obligatorios y potestativos

El sistema tributario local se estructura en torno a impuestos de exacción obligatoria para todos los Ayuntamientos, que estos deben exigir sin necesidad de acuerdo específico de imposición (el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Actividades Económicas y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica), e impuestos de exacción potestativa, que cada Ayuntamiento puede decidir libremente establecer o no mediante el correspondiente acuerdo de imposición y la aprobación de la ordenanza fiscal reguladora (el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana), sin perjuicio de que, dentro de los impuestos obligatorios, cada Ayuntamiento conserve un margen de autonomía normativa para fijar determinados elementos (tipos de gravamen dentro de las horquillas legales, bonificaciones potestativas) mediante su propia ordenanza fiscal.

Impuestos municipales obligatorios: IBI, IVTM e IAE

El IBI, el IAE y el IVTM son impuestos de exacción obligatoria. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (arts. 60 a 77 TRLRHL) grava la titularidad de determinados derechos sobre bienes inmuebles rústicos y urbanos y de características especiales: concesión administrativa, derecho real de superficie, usufructo y propiedad, en ese orden de prelación. La base imponible es el valor catastral del inmueble. Los tipos de gravamen son: urbanos, mínimo 0,4 por 100 y máximo 1,10 por 100; rústicos, mínimo 0,3 por 100 y máximo 0,9 por 100; bienes de características especiales, mínimo 0,6 por 100 y máximo 1,3 por 100. Se devenga el primer día del periodo impositivo, que coincide con el año natural. Las viviendas de protección oficial gozan de una bonificación obligatoria del 50 por 100 durante los tres periodos impositivos siguientes a la calificación definitiva. La gestión catastral (valoración, titularidad) corresponde al Catastro, regulado por el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (RDLeg 1/2004, de 5 de marzo), y la gestión tributaria (liquidación y recaudación) a los Ayuntamientos. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (arts. 92 a 99) grava la titularidad de vehículos aptos para circular por las vías públicas, con cuotas fijas según potencia y clase del vehículo, que los Ayuntamientos pueden incrementar mediante un coeficiente que no puede exceder de 2. Es sujeto pasivo la persona a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación. Para turismos de menos de 8 caballos fiscales la cuota mínima es de 12,62 euros, y para los de 20 o más caballos fiscales, de 112 euros. El Impuesto sobre Actividades Económicas, formalmente de exacción obligatoria, tiene una exención amplia (personas físicas y entidades con cifra de negocios inferior a un millón de euros), de modo que solo tributan las empresas de mayor dimensión.

Impuestos municipales potestativos: ICIO e IIVTNU (plusvalía municipal)

El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO, arts. 100 a 103 TRLRHL) grava la realización de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija licencia de obras o urbanística, o presentación de declaración responsable o comunicación previa, se haya obtenido o no la licencia. La base imponible es el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra (sin incluir el IVA, las tasas ni los honorarios). El tipo de gravamen lo fija el Ayuntamiento y no puede exceder del 4 por 100. Se devenga cuando se inicia la construcción. Es sujeto pasivo el dueño de la construcción, instalación u obra. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU, arts. 104 a 110), conocido como plusvalía municipal, grava el incremento de valor que experimentan los terrenos urbanos y que se pone de manifiesto por la transmisión de su propiedad o la constitución o transmisión de un derecho real de goce sobre ellos. Es contribuyente el transmitente (en transmisiones onerosas) o el adquirente (en transmisiones lucrativas). Evolución: la STC 59/2017 declaró inconstitucionales los preceptos en cuanto sometían a tributación situaciones de inexistencia de incremento, la STC 126/2019 anuló el artículo 107.4, y la STC 182/2021, de 26 de octubre, declaró inconstitucional el método objetivo de cálculo de la base imponible. El Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, reformó el impuesto: la base imponible se determina por un método objetivo (valor del terreno multiplicado por un coeficiente según los años de tenencia, hasta un máximo de veinte) y, si el contribuyente acredita que el incremento real es inferior, se toma la base más favorable, esto es, la menor. No está sujeta la transmisión de la que no resulte incremento de valor. El tipo de gravamen máximo es del 30 por 100.

El Impuesto sobre Actividades Económicas: naturaleza y hecho imponible

El Impuesto sobre Actividades Económicas (arts. 78 a 91 TRLRHL) es un tributo directo, de carácter real, cuyo hecho imponible es el mero ejercicio en territorio nacional de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto. Grava la realización de la actividad con independencia de que genere beneficio. Esto lo distingue del Impuesto sobre Sociedades y del IRPF, que gravan el rendimiento neto efectivamente obtenido. El carácter objetivo del impuesto (grava la capacidad potencial de generar ingresos por el ejercicio de la actividad, no el resultado) ha sido criticado doctrinalmente, porque puede exigir tributación a empresas sin beneficio. No están sujetas al impuesto, entre otras, las actividades agrícolas, ganaderas dependientes, forestales y pesqueras, la enajenación de bienes de inmovilizado propios y la venta de productos recibidos en pago de trabajos personales. Es un tributo de exigencia anual: el periodo impositivo es el año natural, el devengo se produce el 1 de enero y las cuotas son irreducibles, salvo en el año de alta (prorrateo por trimestres naturales) y en el de cese.

Sujeto pasivo y exenciones del IAE

Son sujetos pasivos del IAE las personas físicas o jurídicas y las entidades del artículo 35.4 LGT que realicen en territorio nacional alguna de las actividades que originan el hecho imponible. Están exentas, entre otros supuestos: el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, y sus organismos autónomos; los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español, durante los dos primeros periodos impositivos del impuesto en que desarrollen la actividad; las personas físicas; y los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles, las entidades del artículo 35.4 LGT y los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente, siempre que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros. Para la cifra de negocios se atiende al penúltimo año anterior al del devengo, y en los grupos de sociedades se computa la del grupo. En la práctica, la exención excluye del pago efectivo a la inmensa mayoría de las empresas y a todos los autónomos y profesionales personas físicas. El impuesto sigue siendo obligatorio solo en el plano formal: hay obligación de alta censal aunque se esté exento.

Las tarifas del IAE: cuotas mínimas municipales, provinciales y nacionales

Las tarifas del IAE se aprueban por Real Decreto Legislativo (el RDLeg 1175/1990 para las actividades empresariales y el RDLeg 1259/1991 para las profesionales y artísticas) y se estructuran en un extenso nomenclátor de actividades por secciones, divisiones, agrupaciones, grupos y epígrafes. Fijan para cada actividad una cuota de tarifa, que puede ser de tres clases según el ámbito territorial: cuota municipal, cuando la actividad se ejerce en un único término municipal; cuota provincial, cuando se ejerce en varios municipios de la misma provincia y el sujeto pasivo opta por ella; y cuota nacional, cuando se ejerce en varias provincias y se opta por ella. Cada modalidad tiene su importe y su régimen de reparto entre las Administraciones implicadas. Las cuotas provinciales y nacionales las gestiona la Administración tributaria del Estado (AEAT), que reparte después la recaudación entre los Ayuntamientos y Diputaciones; las municipales las gestionan los Ayuntamientos. Los Ayuntamientos pueden incrementar las cuotas mínimas mediante los coeficientes de ponderación y de situación, pero las tarifas son uniformes en toda España.

El coeficiente de ponderación y el coeficiente de situación en el IAE

Sobre la cuota de tarifa se aplica primero el coeficiente de ponderación, fijado por la propia ley en función del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo y de la misma escala para todos los municipios: 1,29 (de 1.000.000 a 5.000.000 euros), 1,30 (de 5.000.000 a 10.000.000), 1,32 (de 10.000.000 a 50.000.000), 1,33 (de 50.000.000 a 100.000.000) y 1,35 (más de 100.000.000), y 1,31 para quienes carecen de cifra de negocios. Después, de manera potestativa, cada Ayuntamiento puede establecer un coeficiente de situación, mediante su ordenanza fiscal, en función de la categoría de la calle en que radique el local donde se ejerce la actividad, dentro de los límites que fija la ley (entre 0,4 y 3,8). Esto introduce un elemento de graduación territorial local sobre una cuota de tarifa uniforme. El coeficiente de ponderación es obligatorio y nacional (lo fija la ley); el de situación es potestativo y municipal (lo fija la ordenanza fiscal). Es una distinción muy habitual en los exámenes.

Gestión censal y gestión tributaria del IAE

La gestión del IAE se divide en gestión censal, es decir, la formación de la matrícula del impuesto (el censo de sujetos pasivos y actividades), que corresponde a la AEAT, y gestión tributaria propiamente dicha (liquidación, recaudación y revisión de los actos dictados en su aplicación), que corresponde a los Ayuntamientos, salvo delegación en la Diputación Provincial o la Comunidad Autónoma, muy habitual en la práctica. La inspección del impuesto corresponde a los órganos de la Administración tributaria del Estado, sin perjuicio de las delegaciones y fórmulas de colaboración con los Ayuntamientos. Las declaraciones de alta, variación y baja en las actividades se presentan ante la Administración tributaria del Estado en la declaración censal. Las normas de gestión del impuesto y la delegación de funciones están desarrolladas en el Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero. Esta dualidad (censal estatal, tributaria local) es un ejemplo característico, en el sistema tributario español, de colaboración necesaria entre niveles de Administración para aplicar un mismo tributo.

La recaudación de tributos locales: competencia y colaboración con el Estado

La recaudación de los tributos locales corresponde, con carácter general, a la propia Entidad Local, tanto en periodo voluntario como en ejecutivo (vía de apremio). Las Entidades Locales pueden delegar estas funciones en las Comunidades Autónomas o en otras Entidades Locales de ámbito superior (art. 7 TRLRHL), delegación muy extendida en municipios de pequeño y mediano tamaño que carecen de medios suficientes. La colaboración con la Administración estatal se articula fundamentalmente a través del intercambio de información (por ejemplo, el embargo de devoluciones tributarias estatales para el cobro de deudas locales y viceversa) y de la asistencia mutua en la recaudación, dentro del marco general de colaboración entre Administraciones públicas. En el procedimiento de apremio se aplican la Ley General Tributaria y el Reglamento General de Recaudación (RD 939/2005), en lo que corresponda a las Entidades Locales.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Marco constitucional: arts. 156 y 157 CE reconocen autonomía financiera a las CCAA y remiten a una ley orgánica (LOFCA, LO 8/1980, de 22 de septiembre) su desarrollo; el art. 142 CE regula la suficiencia de las Haciendas locales.
  • LOFCA no se aplica a País Vasco ni Navarra, que se rigen por Concierto (Ley 12/2002) y Convenio (Ley 28/1990) económicos, con potestad tributaria propia y aportación al Estado (cupo vasco y aportación navarra).
  • Principios de la financiación: autonomía financiera, coordinación con la Hacienda estatal, solidaridad interterritorial, suficiencia, lealtad institucional y corresponsabilidad fiscal; estabilidad presupuestaria (LO 2/2012).
  • Límite del art. 6 LOFCA: los tributos autonómicos NO pueden recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado (art. 6.2) ni sobre materias reservadas a las Corporaciones Locales (art. 6.3), con matices y medidas de compensación en este último caso. El art. 9 LOFCA añade límites territoriales y de libre circulación.
  • Tributo cedido (art. 10 LOFCA): lo regula el Estado; el rendimiento (y a veces normativa y gestión) corresponde a la CA; requiere ley específica de cesión (hoy Ley 22/2009, de 18 de diciembre).
  • Totalmente cedidos (100 %): Patrimonio, ISD, ITPAJD, Tributos sobre el Juego, IEDMT y Electricidad. Parcialmente cedidos: IRPF (50 %), IVA (50 %, por índice de consumo), Impuestos Especiales de fabricación (58 %, por índices de consumo).
  • Solo los tributos no armonizados (ISD, ITPAJD, Patrimonio, Juego) admiten amplias competencias normativas y gestión autonómica; en IVA e Impuestos Especiales armonizados solo se cede el rendimiento (con tipo autonómico en el Impuesto sobre Hidrocarburos) y la gestión es de la AEAT.
  • Punto de conexión: IRPF y Patrimonio, residencia habitual del contribuyente; ISD sucesiones, residencia habitual del causante (cinco años); ITPAJD inmuebles, lugar donde radiquen.
  • Consejo de Política Fiscal y Financiera (art. 3 LOFCA): órgano consultivo y de deliberación; lo integran el Ministro de Hacienda, el Ministro de la Administración territorial y el Consejero de Hacienda de cada CA. Cada CA tiene además su Comisión Mixta bilateral.
  • Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria y Comités Territoriales: órganos mixtos AEAT-CCAA de coordinación de la gestión de tributos cedidos.
  • RDLeg 2/2004 (TRLRHL) refunde la Ley 39/1988; recursos locales: tributos propios, participación en tributos del Estado (PIE), subvenciones, precios públicos, crédito, multas.
  • Impuestos municipales OBLIGATORIOS: IBI, IAE, IVTM. POTESTATIVOS: ICIO, IIVTNU (plusvalía municipal). Ordenanzas fiscales con exposición pública de 30 días como mínimo.
  • IBI: tipos urbano 0,4-1,10 %, rústico 0,3-0,9 %, bienes de características especiales 0,6-1,3 %; ICIO: tipo máximo 4 %; IIVTNU: tipo máximo 30 %.
  • IIVTNU: reformado por RDL 26/2021 tras la STC 182/2021 (que anuló el método objetivo anterior); no sujeción si no hay incremento; se aplica la base más favorable (la menor entre el método objetivo y el real).
  • IAE: impuesto directo y real que grava el mero EJERCICIO de la actividad, no el beneficio; exención para personas físicas y entidades con cifra de negocios inferior a 1.000.000 € y para los dos primeros periodos impositivos de actividad.
  • Cuota del IAE: tarifas (RDLeg 1175/1990 y 1259/1991) municipales, provinciales o nacionales; coeficiente de ponderación (legal, por cifra de negocios: 1,29 a 1,35) y coeficiente de situación (potestativo municipal, 0,4 a 3,8).
  • Gestión del IAE dividida: la matrícula/censo y la inspección las lleva la AEAT; la liquidación, recaudación y revisión corresponde al Ayuntamiento, salvo delegación en la Diputación o la CA.
  • Trampa de examen: confundir tributo propio (lo crea la CA) con tributo cedido (lo crea el Estado, rendimiento a la CA); los tributos sobre el juego son CEDIDOS, no propios.
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En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en adquisiciones mortis causa, el punto de conexión es:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 38 de Hacienda (AEAT)?

La financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común se articula, desde 1980, en torno a la Ley Orgánica 8/1980, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que combina tributos propios, tributos cedidos por el Estado, participaciones y transferencias del sistema de financiación, dentro de un marco de coordinación institucional (Consejo de Política Fiscal y Financiera) y de colaboración entre la Agencia Tributaria y las Administraciones autonómicas. El sistema vigente de régimen común es el de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, y coexiste con los regímenes forales del País Vasco y Navarra. Paralelamente, la financiación de las Entidades Locales se rige por el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDLeg 2/2004), que articula un sistema tributario local con impuestos obligatorios (IBI, IAE e IVTM) y potestativos (ICIO e IIVTNU), además de tasas, contribuciones especiales y precios públicos. El Impuesto sobre Actividades Económicas destaca por su complejidad técnica y por su peculiar reparto de la gestión entre la AEAT y los Ayuntamientos. Ambos niveles de la Hacienda territorial son relevantes para el personal de la Hacienda Pública por su constante interacción con la Hacienda estatal en materia de intercambio de información y colaboración en la gestión tributaria.

¿Qué hay que memorizar del Tema 38 para el examen?

Marco constitucional: arts. 156 y 157 CE reconocen autonomía financiera a las CCAA y remiten a una ley orgánica (LOFCA, LO 8/1980, de 22 de septiembre) su desarrollo; el art. 142 CE regula la suficiencia de las Haciendas locales. LOFCA no se aplica a País Vasco ni Navarra, que se rigen por Concierto (Ley 12/2002) y Convenio (Ley 28/1990) económicos, con potestad tributaria propia y aportación al Estado (cupo vasco y aportación navarra). Principios de la financiación: autonomía financiera, coordinación con la Hacienda estatal, solidaridad interterritorial, suficiencia, lealtad institucional y corresponsabilidad fiscal; estabilidad presupuestaria (LO 2/2012). Límite del art. 6 LOFCA: los tributos autonómicos NO pueden recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado (art. 6.2) ni sobre materias reservadas a las Corporaciones Locales (art. 6.3), con matices y medidas de compensación en este último caso. El art. 9 LOFCA añade límites territoriales y de libre circulación. Tributo cedido (art. 10 LOFCA): lo regula el Estado; el rendimiento (y a veces normativa y gestión) corresponde a la CA; requiere ley específica de cesión (hoy Ley 22/2009, de 18 de diciembre). Totalmente cedidos (100 %): Patrimonio, ISD, ITPAJD, Tributos sobre el Juego, IEDMT y Electricidad. Parcialmente cedidos: IRPF (50 %), IVA (50 %, por índice de consumo), Impuestos Especiales de fabricación (58 %, por índices de consumo). Solo los tributos no armonizados (ISD, ITPAJD, Patrimonio, Juego) admiten amplias competencias normativas y gestión autonómica; en IVA e Impuestos Especiales armonizados solo se cede el rendimiento (con tipo autonómico en el Impuesto sobre Hidrocarburos) y la gestión es de la AEAT. Punto de conexión: IRPF y Patrimonio, residencia habitual del contribuyente; ISD sucesiones, residencia habitual del causante (cinco años); ITPAJD inmuebles, lugar donde radiquen. Consejo de Política Fiscal y Financiera (art. 3 LOFCA): órgano consultivo y de deliberación; lo integran el Ministro de Hacienda, el Ministro de la Administración territorial y el Consejero de Hacienda de cada CA. Cada CA tiene además su Comisión Mixta bilateral. Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria y Comités Territoriales: órganos mixtos AEAT-CCAA de coordinación de la gestión de tributos cedidos. RDLeg 2/2004 (TRLRHL) refunde la Ley 39/1988; recursos locales: tributos propios, participación en tributos del Estado (PIE), subvenciones, precios públicos, crédito, multas. Impuestos municipales OBLIGATORIOS: IBI, IAE, IVTM. POTESTATIVOS: ICIO, IIVTNU (plusvalía municipal). Ordenanzas fiscales con exposición pública de 30 días como mínimo. IBI: tipos urbano 0,4-1,10 %, rústico 0,3-0,9 %, bienes de características especiales 0,6-1,3 %; ICIO: tipo máximo 4 %; IIVTNU: tipo máximo 30 %. IIVTNU: reformado por RDL 26/2021 tras la STC 182/2021 (que anuló el método objetivo anterior); no sujeción si no hay incremento; se aplica la base más favorable (la menor entre el método objetivo y el real). IAE: impuesto directo y real que grava el mero EJERCICIO de la actividad, no el beneficio; exención para personas físicas y entidades con cifra de negocios inferior a 1.000.000 € y para los dos primeros periodos impositivos de actividad. Cuota del IAE: tarifas (RDLeg 1175/1990 y 1259/1991) municipales, provinciales o nacionales; coeficiente de ponderación (legal, por cifra de negocios: 1,29 a 1,35) y coeficiente de situación (potestativo municipal, 0,4 a 3,8). Gestión del IAE dividida: la matrícula/censo y la inspección las lleva la AEAT; la liquidación, recaudación y revisión corresponde al Ayuntamiento, salvo delegación en la Diputación o la CA. Trampa de examen: confundir tributo propio (lo crea la CA) con tributo cedido (lo crea el Estado, rendimiento a la CA); los tributos sobre el juego son CEDIDOS, no propios.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149) (Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española de 1978, arts. 133, 137, 140 a 142, 156, 157 y 158.
  • Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.
  • Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.
  • Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
  • Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco.
  • Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra.
  • Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
  • Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.
  • Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
  • Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, y Real Decreto Legislativo 1259/1991, de 2 de agosto (tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas).
  • Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (art. 106).
  • Sentencia del Tribunal Constitucional 182/2021, de 26 de octubre.

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