Tema 21. El Impuesto sobre el Patrimonio. Hecho imponible. Exenciones. Sujeto pasivo. Base imponible y liquidable. La deuda tributaria. Relación con otros tributos. Gestión del impuesto.
Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, turno libre y promoción interna (666 plazas: 446 libre + 220 promoción interna). Es distinto del temario del Cuerpo de Agentes Tributarios (C1) y del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (A1), que tienen procesos y temarios propios, no cubiertos aquí.
El Impuesto sobre el Patrimonio, regulado por la Ley 19/1991, grava la titularidad del patrimonio neto de las personas físicas a 31 de diciembre de cada año, complementando la imposición sobre la renta con una imposición directa sobre el stock de riqueza acumulada. Es un impuesto de recaudación modesta pero de enorme relevancia política y de examen, por su condición de tributo cedido a las Comunidades Autónomas con amplia capacidad normativa (lo que ha llevado a algunas a bonificarlo al 100%) y por su conexión con el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (Ley 38/2022), creado para gravar los patrimonios más elevados con independencia de las bonificaciones autonómicas. El tema exige dominar con precisión las exenciones (vivienda habitual, empresa familiar), las reglas de valoración de cada elemento patrimonial y el límite conjunto con el IRPF.
Naturaleza del Impuesto sobre el Patrimonio: Ley 19/1991
El Impuesto sobre el Patrimonio (IP) se regula en la Ley 19/1991, de 6 de junio, que sustituyó al anterior impuesto extraordinario sobre el patrimonio de las personas físicas. Se configura como un tributo de carácter directo y naturaleza personal, que grava el patrimonio neto de las personas físicas, entendido como el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de que sea titular, con deducción de las cargas y gravámenes que disminuyan su valor y de las deudas y obligaciones personales de las que deba responder. Es, además, un impuesto cedido a las Comunidades Autónomas de régimen común, que tienen atribuida amplia capacidad normativa sobre el mínimo exento, la escala de gravamen y las bonificaciones y deducciones de la cuota, lo que ha determinado en la práctica una tributación radicalmente distinta según la Comunidad Autónoma de residencia del contribuyente, llegando algunas Comunidades (como la de Madrid) a bonificar la cuota íntegra al 100%, vaciando de contenido recaudatorio efectivo el impuesto en su territorio. La cesión a las Comunidades Autónomas de régimen común alcanza a la totalidad del rendimiento del impuesto (Ley 22/2009), con capacidad normativa sobre el mínimo exento, la escala, las deducciones y bonificaciones; el Estado conserva la regulación de los elementos esenciales (hecho imponible, sujetos pasivos, exenciones, valoración).
Carácter directo, personal y de exigencia excepcional (bonificación estatal y su supresión)
La Ley 4/2008 estableció una bonificación general del 100% en la cuota íntegra del impuesto con efectos desde el 1 de enero de 2008, que en la práctica suprimió la exigencia efectiva del IP durante los ejercicios 2008 a 2010. El Real Decreto-ley 13/2011 restableció la exigencia efectiva del impuesto con carácter temporal, para los ejercicios 2011 y 2012, suprimiendo la bonificación general; esta vigencia se prorrogó después año tras año mediante sucesivas normas con rango de ley (Ley 16/2012 para 2013, Leyes de Presupuestos y Reales Decretos-leyes posteriores) hasta que la Ley 38/2022 eliminó la referencia al carácter temporal, consolidando su vigencia. Esta peculiar historia normativa —bonificación al 100%, restablecimiento «temporal» prorrogado de forma reiterada, consolidación posterior— explica por qué el IP se describe a veces como un impuesto de «exigencia excepcional» o de vigencia intermitente. Conviene comprobar en la convocatoria el estado actual de esta vigencia.
Objeto del impuesto: el patrimonio neto de las personas físicas
El art. 1 de la Ley 19/1991 define el objeto del IP como el patrimonio neto de las personas físicas, entendiendo por tal, conforme al art. 9, el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de que sea titular la persona física, con deducción de las cargas y gravámenes que disminuyan su valor, así como de las deudas y obligaciones personales de las que deba responder. El impuesto grava, por tanto, una magnitud de stock (el patrimonio existente en un momento determinado) y no una magnitud de flujo (como la renta gravada por el IRPF), lo que constituye la diferencia conceptual esencial entre ambos tributos, aunque ambos recaigan en último término sobre la misma persona física y compartan, en muchos casos, similares reglas de valoración de determinados elementos patrimoniales (inmuebles, valores, depósitos). El objeto del impuesto se limita exclusivamente a las personas físicas, sin extenderse a las personas jurídicas, que no son sujetos pasivos del IP en ningún caso, con independencia de la magnitud de su patrimonio neto.
Hecho imponible: la titularidad del patrimonio neto en el momento del devengo
El art. 3 de la Ley 19/1991 configura el hecho imponible del IP como la titularidad por el sujeto pasivo, en el momento del devengo, del patrimonio neto a que se refiere el art. 1 de la propia Ley. Se trata, por tanto, de un hecho imponible instantáneo y periódico a la vez: instantáneo porque se realiza en un momento concreto (el devengo, 31 de diciembre), y periódico porque dicho momento se reitera año tras año, generando una nueva obligación tributaria en cada devengo, sin que exista propiamente un «período impositivo» en sentido técnico como el que caracteriza al IRPF o al IS (donde el impuesto grava una magnitud —la renta— generada a lo largo de un período de tiempo). La titularidad relevante es la existente exactamente en la fecha del devengo, con independencia de que los bienes o derechos hubiesen sido adquiridos o transmitidos en cualquier otro momento del año, lo que en la práctica hace relevante, a efectos de planificación fiscal legítima, la composición del patrimonio precisamente a 31 de diciembre.
El devengo del impuesto: 31 de diciembre
El art. 29 de la Ley 19/1991 fija el devengo del impuesto el día 31 de diciembre de cada año, afectando al patrimonio del que sea titular el sujeto pasivo en dicha fecha. A diferencia del IRPF, el IP no admite devengos anticipados por circunstancias personales del contribuyente: ni siquiera el fallecimiento del sujeto pasivo antes del 31 de diciembre determina el devengo anticipado del impuesto, de modo que quien fallece durante el año no llega a devengar el IP de dicho ejercicio (su patrimonio, desde el momento del fallecimiento, pasa a integrar el caudal hereditario, sujeto en su caso al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de los herederos, sin solución de continuidad ni doble gravamen por IP). Esta característica del devengo —fecha fija e inamovible, sin fraccionamientos ni anticipaciones— es coherente con la naturaleza instantánea del hecho imponible examinada en el punto anterior y constituye una diferencia técnica relevante frente al régimen de período impositivo inferior al año natural que sí contempla expresamente el IRPF para el supuesto de fallecimiento.
Presunción de titularidad de bienes y derechos
La Ley 19/1991 atribuye los bienes y derechos a los sujetos pasivos según las normas sobre titularidad jurídica aplicables en cada caso y en función de las pruebas aportadas por aquellos o de las descubiertas por la Administración (art. 7). Los bienes y derechos comunes a ambos cónyuges por razón del régimen económico matrimonial se atribuyen por mitad a cada uno de ellos, y los que figuren en registros fiscales o públicos se atribuyen a quienes aparezcan como titulares en ellos. Esta regla facilita las labores de comprobación de la Administración tributaria al admitir como prueba la información de registros y declaraciones, correspondiendo al contribuyente probar la titularidad contraria cuando discrepe.
Exenciones: vivienda habitual del contribuyente y su límite cuantitativo
El art. 4.Nueve de la Ley 19/1991 declara exenta la vivienda habitual del contribuyente, según se define en la normativa reguladora del IRPF, hasta un importe máximo de 300.000 euros, correspondiendo la exención hasta dicho importe a cada sujeto pasivo que sea titular del derecho sobre la vivienda (de forma que, en caso de cotitularidad de la vivienda habitual entre cónyuges, cada uno de ellos puede aplicar la exención hasta el límite de 300.000 euros sobre la parte que le corresponda). El exceso de valor sobre dicho límite, si lo hubiera, no está exento y debe integrarse en la base imponible del impuesto por su valor conforme a las reglas generales de valoración de inmuebles. Esta exención responde a la voluntad del legislador de no someter a tributación patrimonial la vivienda destinada a satisfacer la necesidad básica de alojamiento del contribuyente, en línea con exenciones similares existentes en otros tributos (como la exención parcial en el IRPF por reinversión en vivienda habitual, aunque con fundamento y mecánica distintos).
Exención de bienes y derechos afectos a actividades económicas
El art. 4.Ocho.Uno de la Ley 19/1991 declara exentos los bienes y derechos de las personas físicas necesarios para el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, siempre que esta se ejerza de forma habitual, personal y directa por el sujeto pasivo y constituya su principal fuente de renta, entendiéndose por tal aquella de la que se obtenga al menos el 50% del importe de la base imponible general del IRPF procedente de rendimientos netos de actividades empresariales y profesionales y del trabajo personal (sin computar, a estos efectos, las remuneraciones de funciones de dirección que se tengan en las entidades cuyas participaciones estén exentas conforme al apartado siguiente, ni otros rendimientos exceptuados). Esta exención exige, por tanto, un doble requisito: material (afectación real y efectiva del bien o derecho a la actividad, sin que baste su mera titularidad formal) y personal (ejercicio habitual, personal y directo de la actividad por el propio sujeto pasivo, no bastando la titularidad de la actividad a través de un tercero contratado), constituyendo un incentivo relevante para el patrimonio empresarial del empresario individual o profesional autónomo.
Exención de participaciones en entidades (requisitos del art. 4.Ocho)
El art. 4.Ocho.Dos de la Ley 19/1991 declara exenta la plena propiedad, la nuda propiedad y el derecho de usufructo vitalicio sobre participaciones en entidades, con o sin cotización en mercados organizados, siempre que concurran simultáneamente tres requisitos: que la entidad realice de manera efectiva una actividad económica y no tenga por actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario (no sea, en definitiva, una sociedad patrimonial en los términos del art. 5 LIS); que la participación del sujeto pasivo en el capital de la entidad sea, al menos, del 5% computado de forma individual, o del 20% conjuntamente con su cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales de segundo grado, ya tenga su origen el parentesco en la consanguinidad, en la afinidad o en la adopción; y que el sujeto pasivo (o alguno de los miembros del grupo familiar de participación conjunta) ejerza efectivamente funciones de dirección en la entidad, percibiendo por ello una remuneración que represente más del 50% de la totalidad de sus rendimientos empresariales, profesionales y de trabajo personal, sin computar, a este último efecto, los rendimientos derivados de la propia actividad de dirección.
Exención del ajuar doméstico y objetos de arte y antigüedades
La Ley 19/1991 (art. 4) declara exento el ajuar doméstico, entendido como los efectos personales y del hogar, utensilios domésticos y demás bienes muebles de uso particular del sujeto pasivo, con la salvedad expresa de las joyas, pieles de carácter suntuario, vehículos, embarcaciones y aeronaves, y los objetos de arte y antigüedades, que quedan excluidos de esta exención general y deben valorarse e integrarse en la base imponible conforme a sus reglas propias. Con carácter específico, el art. 4 declara también exentos los objetos de arte y antigüedades cuyo valor sea inferior a las cuantías que establece la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español para que se les considere como tales bienes a efectos de la obligación de exportación, los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural o en el Inventario General de Bienes Muebles, los bienes integrantes del Patrimonio Histórico de las Comunidades Autónomas calificados e inscritos de acuerdo con su normativa, los derechos consolidados de los partícipes en planes de pensiones y sistemas de previsión social, los derechos de contenido económico derivados de la propiedad intelectual o industrial mientras permanezcan en el patrimonio del autor, y el patrimonio protegido de personas con discapacidad. A efectos del ISD, la existencia de exención en el IP es requisito para aplicar la reducción por empresa familiar.
Sujeto pasivo por obligación personal de contribuir
El art. 5.Uno.a) de la Ley 19/1991 declara sujetos pasivos del impuesto, por obligación personal de contribuir, a las personas físicas que tengan su residencia habitual en territorio español, exigiéndose el impuesto por la totalidad de su patrimonio neto, con independencia del lugar donde se encuentren situados los bienes o puedan ejercitarse los derechos, en aplicación de un principio de universalidad o «patrimonio mundial» análogo al principio de renta mundial que rige en el IRPF. La residencia habitual a estos efectos se determina conforme a los mismos criterios previstos en la normativa del IRPF (permanencia superior a 183 días, núcleo principal de intereses económicos, presunción por residencia del cónyuge e hijos menores), lo que evidencia la estrecha conexión conceptual y de coherencia sistemática entre ambos impuestos personales. Los sujetos pasivos por obligación personal, además, tienen derecho a la aplicación del mínimo exento examinado más adelante, y a la deducción por doble imposición internacional del art. 32 de la propia Ley, aplicable cuando estén sujetos a un impuesto de naturaleza análoga en el extranjero sobre bienes situados fuera de España, con el límite de la cuota española correspondiente a esos bienes.
Sujeto pasivo por obligación real de contribuir
El art. 5.Uno.b) de la Ley 19/1991 declara sujetos pasivos del impuesto, por obligación real de contribuir, a las personas físicas no residentes en territorio español, que resultan gravadas exclusivamente por los bienes y derechos de que sean titulares cuando los mismos estuvieran situados, pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en territorio español. Les resulta de aplicación la normativa estatal (incluido el mínimo exento subsidiario de 700.000 euros). Como consecuencia de la sentencia del TJUE de 3 de septiembre de 2014 (asunto C-127/12) y de la reforma posterior de la Ley, los residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo pueden aplicar la normativa aprobada por la Comunidad Autónoma donde radique el mayor valor de sus bienes y derechos situados en España, en aplicación del principio de no discriminación del Derecho de la Unión; la aplicación a residentes de terceros Estados ha sido objeto de controversia jurisprudencial. Los sujetos pasivos por obligación real deben nombrar representante con residencia en España cuando operen a través de un establecimiento permanente o cuando, por la cuantía o características de su patrimonio situado en territorio español, así lo requiera la Administración tributaria.
Base imponible: valor del patrimonio neto (bienes y derechos menos cargas y deudas)
El art. 9 de la Ley 19/1991 define la base imponible del impuesto como el valor del patrimonio neto del sujeto pasivo, determinado por diferencia entre el valor de los bienes y derechos de que sea titular (valorados conforme a las reglas específicas de cada tipo de elemento patrimonial, examinadas en los puntos siguientes) y las cargas y gravámenes de naturaleza real que disminuyan el valor de los respectivos bienes o derechos (como las hipotecas o los censos, que minoran el valor del bien concreto sobre el que recaen), así como las deudas y obligaciones personales de las que deba responder el sujeto pasivo. Para la valoración de las deudas se toma su valor nominal a la fecha del devengo, sin que sean deducibles las cantidades avaladas mientras el avalista no deba pagar la deuda garantizada ni las deudas contraídas para la adquisición de bienes exentos, en la proporción correspondiente a la exención, conforme a la regla de correlación entre exención y no deducibilidad de la deuda asociada. Tampoco son deducibles las deudas derivadas de bienes y derechos que no formen parte del patrimonio del sujeto pasivo. Los bienes y derechos para los que la Ley no prevé regla específica se valoran por su valor de mercado.
Reglas de valoración de inmuebles
El art. 10 de la Ley 19/1991 establece que los bienes inmuebles, tanto de naturaleza rústica como urbana, se computarán por el mayor valor de los tres siguientes: el valor catastral del inmueble a la fecha de devengo del impuesto, el valor determinado o comprobado por la Administración a efectos de otros tributos (por ejemplo, el valor de comprobación en el ITPAJD o el ISD o, en su caso, el valor de referencia), o el precio, contraprestación o valor de adquisición del inmueble. Esta regla de «triple valor, aplicando el mayor» es característica del IP y difiere sustancialmente de las reglas de valoración de otros tributos, que suelen tomar como referencia el valor de mercado o el valor de referencia catastral de forma exclusiva. Cuando los inmuebles estén en fase de construcción, se estima como valor patrimonial las cantidades invertidas en dicha construcción hasta la fecha del devengo, además del correspondiente valor patrimonial del solar; y en los supuestos de propiedad horizontal, la valoración de los elementos comunes se prorratea entre los distintos propietarios conforme a la cuota de participación fijada en el título constitutivo.
Reglas de valoración de depósitos bancarios y valores
El art. 12 de la Ley 19/1991 establece que los depósitos en cuenta corriente o de ahorro, a la vista o a plazo, se computarán por el mayor de los dos siguientes valores: el saldo que arrojen en la fecha del devengo del impuesto, o el saldo medio correspondiente al último trimestre del año. Los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios negociados en mercados organizados (deuda pública, obligaciones, bonos) se valoran por su valor de negociación medio del cuarto trimestre del año; las acciones y participaciones en el capital de entidades negociadas en mercados organizados, por su cotización media del cuarto trimestre. Esas cotizaciones medias se publican anualmente por el Ministerio de Hacienda mediante Orden. Las acciones y participaciones no negociadas se valoran, con carácter general, por su valor teórico resultante del último balance aprobado, siempre que haya sido sometido a revisión y verificación y el informe de auditoría sea favorable; en otro caso, por el mayor de tres valores: el nominal, el valor teórico del último balance aprobado y el resultante de capitalizar al tipo del 20% la media de los beneficios de los tres últimos ejercicios sociales cerrados.
Reglas de valoración de seguros de vida y rentas
El art. 17 de la Ley 19/1991 establece que los seguros de vida se computarán por su valor de rescate en el momento del devengo del impuesto, salvo en los supuestos en que el tomador no tenga la facultad de ejercer el derecho de rescate total, en cuyo caso se computarán por el valor de la provisión matemática en la citada fecha. En los seguros temporales que en caso de fallecimiento generan un capital calculado por diferencia entre el capital de fallecimiento y el de supervivencia, se toma como valor el que corresponda a la provisión matemática. Respecto de las rentas temporales o vitalicias, constituidas como consecuencia de la entrega de un capital en dinero, bienes muebles o inmuebles, procedentes de contratos de seguro de vida, o resultantes de una imposición hecha por el propio pensionista, deben computarse por su valor de capitalización en la fecha del devengo, aplicando las reglas legales de capitalización, lo que exige el manejo de las normas específicas de valoración de rentas.
Base liquidable: el mínimo exento
El art. 28 de la Ley 19/1991 define la base liquidable del impuesto, exigible por obligación personal, como el resultado de reducir la base imponible en el importe del mínimo exento que, en su caso, haya sido aprobado por la Comunidad Autónoma correspondiente. Si la Comunidad Autónoma no hubiese regulado dicho mínimo exento, la base imponible se reducirá en 700.000 euros, cuantía que opera como mínimo exento subsidiario de aplicación estatal. Los sujetos pasivos no residentes que tributen por obligación real de contribuir, y los residentes en Comunidades que no hayan regulado el mínimo exento, aplican igualmente esta cuantía subsidiaria de 700.000 euros. Algunas Comunidades Autónomas han modificado su mínimo exento propio, lo que constituye, junto con las bonificaciones autonómicas de la cuota, otro de los factores determinantes de la disparidad de tributación efectiva del IP según el territorio de residencia del contribuyente.
La escala de gravamen estatal y las escalas autonómicas
El art. 30 de la Ley 19/1991 contiene la escala de gravamen estatal, aplicable con carácter subsidiario cuando la Comunidad Autónoma no hubiese aprobado una escala propia. Se estructura en ocho tramos de base liquidable con tipos marginales crecientes: 0,2% hasta 167.129,45 euros; 0,3% hasta 334.252,88; 0,5% hasta 668.499,75; 0,9% hasta 1.336.999,50; 1,3% hasta 2.673.999,01; 1,7% hasta 5.347.998,03; 2,1% hasta 10.695.996,06; y 2,5% por el exceso. La Ley 38/2022 no modificó esta escala: el tipo del 3,5% corresponde al último tramo del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, no al IP. Las Comunidades Autónomas de régimen común pueden aprobar su propia escala de gravamen, con libertad en cuanto al número de tramos, los tipos aplicables y los límites de cada tramo; conviene, en todo caso, contrastar la escala vigente en la Comunidad Autónoma y ejercicio de referencia de la convocatoria.
Límite conjunto de cuotas del IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio
El art. 31 de la Ley 19/1991 establece un límite conjunto de tributación por IRPF e IP para los sujetos pasivos por obligación personal: la suma de la cuota íntegra del IP y de la cuota íntegra del IRPF no puede exceder del 60% de la suma de las bases imponibles general y del ahorro del IRPF (con las exclusiones previstas en la Ley, entre ellas determinadas ganancias patrimoniales por transmisión). Si la suma de ambas cuotas supera dicho límite del 60%, se reduce la cuota íntegra del IP hasta alcanzar el límite, sin que dicha reducción pueda exceder del 80% de la cuota íntegra del propio IP: en otras palabras, el sujeto pasivo debe satisfacer, como mínimo, el 20% de la cuota íntegra del IP, por más que la reducción teórica que resultase de aplicar estrictamente el 60% fuese superior a dicho 80%. Este límite pretende evitar un carácter confiscatorio de la tributación conjunta sobre renta y patrimonio.
Deuda tributaria: bonificaciones autonómicas
Además de la bonificación general estatal del art. 33 (no operativa hoy como bonificación general automática tras el restablecimiento de la exigencia efectiva del impuesto desde 2011), la Ley contiene una bonificación del 75% de la cuota correspondiente a bienes y derechos situados en Ceuta y Melilla para los sujetos pasivos residentes en ellas. Las Comunidades Autónomas de régimen común pueden aprobar, en ejercicio de su capacidad normativa cedida por la Ley 22/2009, bonificaciones propias en la cuota, con plena libertad en cuanto a su porcentaje, requisitos y ámbito de aplicación. En la práctica, algunas Comunidades Autónomas han aprobado bonificaciones del 100% de la cuota, lo que ha determinado, en esos territorios, una exigencia meramente formal del impuesto, mientras que otras no han aprobado bonificación alguna o solo bonificaciones parciales limitadas a determinados bienes o circunstancias. Esta disparidad territorial de bonificaciones fue el detonante de la creación del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, examinado en el punto siguiente.
Relación del Impuesto sobre el Patrimonio con el IRPF
El IP y el IRPF, pese a gravar magnitudes conceptualmente distintas (patrimonio neto en un momento dado frente a renta obtenida durante un período), presentan una estrecha conexión técnica y funcional: comparten en gran medida el criterio de sujeción personal por residencia habitual (con idénticos criterios del art. 9 LIRPF), están conectados a través del límite conjunto de cuotas del art. 31 LIP ya examinado, y comparten reglas de valoración en determinados elementos patrimoniales (por ejemplo, la remisión a la valoración de valores no cotizados o a la definición de vivienda habitual). El IP no tiene, sin embargo, la consideración de gasto deducible en la determinación de ningún rendimiento del IRPF, ni existe mecanismo alguno de deducción de la cuota del IP en la cuota del IRPF distinto del límite conjunto examinado. Ambos impuestos, además, resultan cedidos a las Comunidades Autónomas de régimen común con distinto alcance de la capacidad normativa cedida, lo que exige al opositor un manejo cuidadoso y diferenciado de las competencias autonómicas propias de cada uno de ellos.
Relación con el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas
La Ley 38/2022, de 27 de diciembre, creó el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ITSGF), tributo estatal complementario del IP que grava, con una estructura y reglas de cálculo prácticamente idénticas a las de este, el patrimonio neto de las personas físicas. Se aplica un mínimo exento de 700.000 euros y una escala de tres tramos aplicable a la base liquidable superior a 3.000.000 de euros: 1,7% hasta 5.347.998,03 euros, 2,1% hasta 10.695.996,06 euros y 3,5% por el exceso. Su finalidad declarada es armonizar la tributación de los patrimonios más elevados en todo el territorio nacional, neutralizando el efecto de las bonificaciones autonómicas del 100% del IP: el contribuyente cuya Comunidad Autónoma bonifique íntegramente el IP puede resultar igualmente obligado a tributar por el ITSGF (tributo estatal no cedido, sin capacidad normativa autonómica alguna), si bien la cuota del IP efectivamente satisfecha es deducible de la cuota del ITSGF, evitando así una doble imposición sobre el mismo patrimonio. Originalmente se estableció para los ejercicios 2022 y 2023 y se ha mantenido desde entonces por normas posteriores; conviene comprobar su estado vigente. Se gestiona mediante autoliquidación en el modelo 718.
Gestión del impuesto: obligación de declarar y autoliquidación
El art. 37 de la Ley 19/1991 establece la obligación de presentar declaración por el IP a los sujetos pasivos cuya cuota tributaria, determinada de acuerdo con las normas reguladoras del impuesto y una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que procedan, resulte a ingresar, o cuando, no dándose esta circunstancia, el valor de sus bienes o derechos, determinado de acuerdo con las normas reguladoras del impuesto, resulte superior a 2.000.000 de euros. Este segundo umbral (2.000.000 de euros de valor bruto de bienes y derechos) se calcula sin tener en cuenta las cargas, gravámenes, deudas u obligaciones personales de las que deba responder el sujeto pasivo, ni la aplicación de exenciones, de modo que un contribuyente puede resultar obligado a declarar el IP por superar dicho umbral aun cuando, tras aplicar exenciones (vivienda habitual, empresa familiar) y el mínimo exento, su cuota resultante sea finalmente nula. La gestión del impuesto se realiza mediante autoliquidación, a través del modelo 714; la declaración informativa se exige aunque la bonificación autonómica anule la cuota si el valor bruto supera el umbral.
Devengo, período impositivo y presentación de la declaración
Aunque el IP, como impuesto de devengo instantáneo referido al 31 de diciembre, no cuenta técnicamente con un «período impositivo» en el sentido con que este concepto se utiliza en el IRPF o el IS (magnitudes que se generan a lo largo de un lapso de tiempo), la presentación de la declaración y autoliquidación del impuesto se realiza en la práctica de forma simultánea y en idénticos plazos a los de la campaña de declaración del IRPF del ejercicio correspondiente (habitualmente, entre abril y finales de junio del año siguiente al del devengo), dado que ambos impuestos comparten la plataforma de presentación telemática (Renta WEB) y buena parte de la información patrimonial y de rentas que debe declararse. Esta coordinación temporal entre ambos impuestos facilita al contribuyente el cumplimiento simultáneo de sus obligaciones tributarias personales del ejercicio y permite a la Administración tributaria cruzar de forma más eficaz la información declarada en uno y otro impuesto a efectos de comprobación.
Exención y reducción de la empresa familiar: conexión con el ISD
La exención de participaciones del art. 4.Ocho.Dos de la Ley 19/1991 está vinculada al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: el art. 20.2.c) de la Ley 29/1987 (ISD) establece la reducción del 95% en la base imponible de las adquisiciones mortis causa de participaciones en entidades siempre que, a la fecha de devengo, las participaciones estén exentas del IP. Lo mismo ocurre con las donaciones. Los requisitos de la exención (entidad con actividad económica efectiva, participación mínima del 5% individual o del 20% en grupo familiar, funciones de dirección remuneradas por encima del 50% de los rendimientos) deben cumplirse por el causante o donante, y el adquirente debe mantener lo adquirido durante el plazo legal. Las Comunidades Autónomas pueden mejorar la reducción.
Esquema de liquidación del IP
Orden de la liquidación del IP: 1) determinar el sujeto pasivo y la Comunidad Autónoma competente (residencia habitual el mayor número de días del año); 2) relación de bienes y derechos a 31 de diciembre, con las exenciones del art. 4; 3) valoración de cada elemento (inmuebles: mayor de tres valores; depósitos: mayor entre saldo a 31-12 y saldo medio del último trimestre; valores cotizados: cotización media del cuarto trimestre; no cotizados: valor teórico del último balance, etc.); 4) deducción de cargas y deudas, obteniendo la base imponible; 5) aplicación del mínimo exento (700.000 euros o el autonómico), obteniendo la base liquidable; 6) aplicación de la escala (estatal o autonómica), obteniendo la cuota íntegra; 7) aplicación del límite conjunto con el IRPF (60% / 80%); 8) deducción por doble imposición internacional, bonificaciones y deducciones autonómicas, obteniendo la cuota a ingresar. Debe además declararse cuando el valor bruto supere 2.000.000 euros.
Comprobación y consecuencias de la exención como beneficio para otros tributos
La exención de la vivienda habitual se define por remisión a la normativa del IRPF: constituye vivienda habitual la edificación que constituya la residencia del contribuyente durante un plazo continuado de al menos tres años (con las excepciones por circunstancias de fallecimiento, cambio de empleo, etc.). La exención de la empresa familiar condiciona la reducción del ISD. El IP y el ITSGF comparten estas exenciones, de manera que un patrimonio exento no se computa para ninguno de los dos. El IP no es gasto deducible en el IRPF, y las bonificaciones autonómicas del IP no reducen la cuota del ITSGF, aunque la cuota del IP efectivamente pagada sí se deduce de la del ITSGF.
Ejemplos numéricos del límite conjunto IRPF + IP
Ejemplo 1: suma de bases imponibles del IRPF de 100.000 euros, cuota íntegra del IRPF de 25.000 euros y cuota íntegra del IP de 50.000 euros. La suma (75.000) supera el 60% (60.000) en 15.000 euros; la reducción máxima de la cuota del IP es el 80% de 50.000 (40.000), de modo que se reduce en 15.000 y la cuota del IP resultante es de 35.000 euros. Ejemplo 2: misma base, cuota del IRPF de 55.000 euros y cuota del IP de 40.000 euros. La suma (95.000) supera el límite en 35.000 euros, pero la reducción no puede superar el 80% de la cuota del IP (32.000), por lo que la cuota del IP resultante es de 8.000 euros (el 20% de la cuota íntegra del IP). El límite se aplica solo a sujetos pasivos por obligación personal y no afecta a la tributación por obligación real.
Comparativa entre IP, ITSGF e Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
IP: tributo directo sobre el patrimonio neto de las personas físicas a 31 de diciembre, cedido a las Comunidades Autónomas, con mínimo exento de 700.000 euros (subsidiario), escala del 0,2% al 2,5% y límite conjunto con el IRPF. ITSGF: tributo estatal no cedido, que grava el patrimonio neto de las personas físicas con mínimo exento de 700.000 euros y escala del 1,7% al 3,5% aplicable a la base liquidable superior a 3.000.000 euros, que admite la deducción de la cuota del IP pagada. ISD: grava los incrementos patrimoniales lucrativos (herencias, legados y donaciones) obtenidos por personas físicas, es un impuesto instantáneo cedido a las Comunidades Autónomas y no se aplica en IRPF (art. 6.3 LIRPF). La conexión técnica entre IP e ISD se manifiesta en la reducción por empresa familiar, que exige la exención en IP.
Deducciones y bonificaciones de la cuota del IP: doble imposición internacional
El art. 32 de la Ley 19/1991 concede una deducción por doble imposición internacional cuando el sujeto pasivo, residente en España, haya satisfecho en el extranjero un impuesto de naturaleza análoga al IP por razón de bienes o derechos situados fuera de España. La deducción es el menor de dos importes: el impuesto efectivamente satisfecho en el extranjero y el resultado de aplicar el tipo medio efectivo de gravamen del IP al valor de los bienes gravados en el extranjero. Esta mecánica coincide con la de la deducción por doble imposición internacional del IRPF. Tras la cuota íntegra, la deducción y el límite conjunto, se aplican las bonificaciones y deducciones autonómicas, obteniendo la cuota a ingresar o, en su caso, nula.
Trampas típicas de examen en el Impuesto sobre el Patrimonio
Errores frecuentes: 1) atribuir al IP el tipo máximo del 3,5%, que corresponde al ITSGF (el del IP es el 2,5% en la escala estatal); 2) olvidar que el devengo del IP es el 31 de diciembre y que no hay período impositivo; 3) creer que el IP grava a las personas jurídicas, que no son sujetos pasivos; 4) confundir el límite de 300.000 euros de la vivienda habitual, que es individual por sujeto pasivo, con un límite por vivienda; 5) olvidar que el umbral de 2.000.000 de euros para declarar se calcula sobre el valor bruto de bienes y derechos; 6) confundir el límite conjunto del 60% con la reducción máxima del 80% de la cuota del IP (mínimo del 20%); 7) olvidar que las bonificaciones autonómicas del 100% no eximen de la obligación de declarar si se supera el umbral, ni evitan el ITSGF; 8) confundir las reglas de valoración (mayor de tres valores en inmuebles, mayor entre saldo a fecha de devengo y saldo medio del último trimestre en depósitos, cotización media del cuarto trimestre en valores cotizados).
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El IP (Ley 19/1991) grava el PATRIMONIO NETO (stock) a 31 de diciembre; el IRPF grava la RENTA (flujo) de un período — magnitudes conceptualmente distintas pero conectadas por el límite conjunto de cuotas.
El devengo es el 31 de diciembre; a diferencia del IRPF, NO existe período impositivo inferior al año por fallecimiento del contribuyente: quien fallece antes del 31-12 no llega a devengar el IP de ese ejercicio.
Exención de vivienda habitual: hasta 300.000 euros POR CONTRIBUYENTE (cada cotitular aplica su propio límite sobre su parte).
Exención de participaciones en entidades (empresa familiar) exige simultáneamente: la entidad no sea patrimonial, participación ≥5% individual o ≥20% en grupo familiar (cónyuge/ascendientes/descendientes/colaterales 2º grado), y función de dirección remunerada >50% de los rendimientos del trabajo y actividades económicas del director.
El ajuar doméstico está exento salvo joyas, pieles suntuarias, vehículos, embarcaciones, aeronaves y objetos de arte/antigüedades de valor relevante, que tributan por sus reglas propias.
Obligación personal (residentes): tributan por su patrimonio MUNDIAL. Obligación real (no residentes): tributan solo por los bienes/derechos situados o ejercitables en España.
Valoración de inmuebles: el MAYOR de tres valores (catastral, comprobado por la Administración a otros efectos, y de adquisición) — regla propia y distinta de otros tributos.
Mínimo exento subsidiario (si la CCAA no regula el suyo): 700.000 euros; varias CCAA lo han elevado muy por encima de esa cifra.
Límite conjunto IRPF+IP (art. 31 LIP): la suma de ambas cuotas no puede superar el 60% de la base imponible del IRPF; pero la reducción de la cuota del IP nunca puede superar el 80% de su propia cuota (mínimo a pagar: 20% de la cuota del IP).
Las CCAA pueden bonificar la cuota del IP hasta el 100% (varias lo hacen); esto vació de contenido recaudatorio el impuesto en esos territorios y motivó la creación del ITSGF.
Obligación de declarar el IP: cuota a ingresar, O bienes/derechos de valor superior a 2.000.000 euros (valor BRUTO, sin descontar deudas ni aplicar exenciones) aunque la cuota resultante sea finalmente cero.
La gestión se realiza por autoliquidación (modelo 714), en plazos coincidentes con la campaña de Renta del IRPF.
Historia normativa: bonificación general del 100% (Ley 4/2008, años 2008-2010) → restablecimiento temporal desde 2011 (RDL 13/2011) prorrogado → la Ley 38/2022 elimina el carácter temporal y crea el ITSGF.
Escala estatal subsidiaria del IP: ocho tramos del 0,2% al 2,5% (el 3,5% es el tipo máximo del ITSGF, no del IP).
El ITSGF (Ley 38/2022) aplica un mínimo exento de 700.000 euros y una escala con tipos 1,7%, 2,1% y 3,5% a la base liquidable superior a 3.000.000 euros; es tributo estatal no cedido y admite deducir la cuota del IP pagada.
Bonificación del 75% de la cuota por bienes situados en Ceuta y Melilla para sus residentes.
Acciones no negociadas: valor teórico del último balance aprobado (si hay auditoría favorable); en otro caso, el mayor de nominal, valor teórico y capitalización al 20% de la media de beneficios de tres años.
Depósitos: mayor entre saldo a 31 de diciembre y saldo medio del último trimestre. Valores negociados: cotización media del cuarto trimestre.
La reducción del 95% del ISD por empresa familiar exige que las participaciones estén exentas en IP.
Los no residentes UE/EEE pueden aplicar la normativa autonómica de la Comunidad donde radique el mayor valor de sus bienes (STJUE C-127/12).
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
El devengo del Impuesto sobre el Patrimonio se produce:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 21 de Hacienda (AEAT)?
El Impuesto sobre el Patrimonio, regulado por la Ley 19/1991, grava la titularidad del patrimonio neto de las personas físicas a 31 de diciembre de cada año, complementando la imposición sobre la renta con una imposición directa sobre el stock de riqueza acumulada. Es un impuesto de recaudación modesta pero de enorme relevancia política y de examen, por su condición de tributo cedido a las Comunidades Autónomas con amplia capacidad normativa (lo que ha llevado a algunas a bonificarlo al 100%) y por su conexión con el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (Ley 38/2022), creado para gravar los patrimonios más elevados con independencia de las bonificaciones autonómicas. El tema exige dominar con precisión las exenciones (vivienda habitual, empresa familiar), las reglas de valoración de cada elemento patrimonial y el límite conjunto con el IRPF.
¿Qué hay que memorizar del Tema 21 para el examen?
El IP (Ley 19/1991) grava el PATRIMONIO NETO (stock) a 31 de diciembre; el IRPF grava la RENTA (flujo) de un período — magnitudes conceptualmente distintas pero conectadas por el límite conjunto de cuotas. El devengo es el 31 de diciembre; a diferencia del IRPF, NO existe período impositivo inferior al año por fallecimiento del contribuyente: quien fallece antes del 31-12 no llega a devengar el IP de ese ejercicio. Exención de vivienda habitual: hasta 300.000 euros POR CONTRIBUYENTE (cada cotitular aplica su propio límite sobre su parte). Exención de participaciones en entidades (empresa familiar) exige simultáneamente: la entidad no sea patrimonial, participación ≥5% individual o ≥20% en grupo familiar (cónyuge/ascendientes/descendientes/colaterales 2º grado), y función de dirección remunerada >50% de los rendimientos del trabajo y actividades económicas del director. El ajuar doméstico está exento salvo joyas, pieles suntuarias, vehículos, embarcaciones, aeronaves y objetos de arte/antigüedades de valor relevante, que tributan por sus reglas propias. Obligación personal (residentes): tributan por su patrimonio MUNDIAL. Obligación real (no residentes): tributan solo por los bienes/derechos situados o ejercitables en España. Valoración de inmuebles: el MAYOR de tres valores (catastral, comprobado por la Administración a otros efectos, y de adquisición) — regla propia y distinta de otros tributos. Mínimo exento subsidiario (si la CCAA no regula el suyo): 700.000 euros; varias CCAA lo han elevado muy por encima de esa cifra. Límite conjunto IRPF+IP (art. 31 LIP): la suma de ambas cuotas no puede superar el 60% de la base imponible del IRPF; pero la reducción de la cuota del IP nunca puede superar el 80% de su propia cuota (mínimo a pagar: 20% de la cuota del IP). Las CCAA pueden bonificar la cuota del IP hasta el 100% (varias lo hacen); esto vació de contenido recaudatorio el impuesto en esos territorios y motivó la creación del ITSGF. Obligación de declarar el IP: cuota a ingresar, O bienes/derechos de valor superior a 2.000.000 euros (valor BRUTO, sin descontar deudas ni aplicar exenciones) aunque la cuota resultante sea finalmente cero. La gestión se realiza por autoliquidación (modelo 714), en plazos coincidentes con la campaña de Renta del IRPF. Historia normativa: bonificación general del 100% (Ley 4/2008, años 2008-2010) → restablecimiento temporal desde 2011 (RDL 13/2011) prorrogado → la Ley 38/2022 elimina el carácter temporal y crea el ITSGF. Escala estatal subsidiaria del IP: ocho tramos del 0,2% al 2,5% (el 3,5% es el tipo máximo del ITSGF, no del IP). El ITSGF (Ley 38/2022) aplica un mínimo exento de 700.000 euros y una escala con tipos 1,7%, 2,1% y 3,5% a la base liquidable superior a 3.000.000 euros; es tributo estatal no cedido y admite deducir la cuota del IP pagada. Bonificación del 75% de la cuota por bienes situados en Ceuta y Melilla para sus residentes. Acciones no negociadas: valor teórico del último balance aprobado (si hay auditoría favorable); en otro caso, el mayor de nominal, valor teórico y capitalización al 20% de la media de beneficios de tres años. Depósitos: mayor entre saldo a 31 de diciembre y saldo medio del último trimestre. Valores negociados: cotización media del cuarto trimestre. La reducción del 95% del ISD por empresa familiar exige que las participaciones estén exentas en IP. Los no residentes UE/EEE pueden aplicar la normativa autonómica de la Comunidad donde radique el mayor valor de sus bienes (STJUE C-127/12).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149) (Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna).
Fuentes de este desarrollo
Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.
Ley 38/2022, de 27 de diciembre, para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito y por el que se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, y se modifican determinadas normas tributarias.
Ley 22/2009, de 18 de diciembre, de financiación autonómica (cesión del IP).
Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (art. 20.2.c).
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF (vivienda habitual, límite conjunto).
Sentencia TJUE de 3 de septiembre de 2014, asunto C-127/12.
Mientras tanto, practica con tests gratis de Hacienda (AEAT).