Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, turno libre y promoción interna (666 plazas: 446 libre + 220 promoción interna). Es distinto del temario del Cuerpo de Agentes Tributarios (C1) y del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (A1), que tienen procesos y temarios propios, no cubiertos aquí.
Este tercer y último tema del IVA completa el bloque con los regímenes especiales del impuesto, aplicables a sectores de actividad o tipos de operación con características que hacen inadecuado o excesivamente gravoso el régimen general: pequeños comerciantes minoristas (recargo de equivalencia), agricultores (REAGP), reventa de bienes usados, agencias de viajes, oro de inversión, comercio electrónico transfronterizo (OSS/IOSS), grupos de entidades y el criterio de caja. Se cierra con las obligaciones de gestión del impuesto —censales, de facturación, registrales, el Suministro Inmediato de Información— y las principales declaraciones periódicas e informativas que todo opositor de Hacienda debe dominar con precisión: modelos 303, 390 y 349.
Enumeración de los regímenes especiales del IVA (art. 120 LIVA)
El art. 120 LIVA enumera los regímenes especiales del impuesto: el régimen simplificado; el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca; el régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección; el régimen especial del oro de inversión; el régimen especial de las agencias de viajes; el régimen especial del recargo de equivalencia; los regímenes especiales aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía electrónica (integrados hoy en los regímenes de ventanilla única, OSS e IOSS); el régimen especial del grupo de entidades; y el régimen especial del criterio de caja. Todos estos regímenes tienen en común apartarse, en mayor o menor medida, de las reglas generales de determinación del devengo, la base imponible, la deducción o la gestión del impuesto examinadas en los dos temas anteriores, en atención a las particularidades de la actividad o del tipo de operación a la que se aplican, y se distinguen por su forma de aplicación: el recargo de equivalencia es obligatorio (sin posibilidad de renuncia) para quien reúna sus requisitos y el régimen de agencias de viajes se aplica, en principio, de forma obligatoria; el simplificado y el REAGP se aplican salvo renuncia del sujeto pasivo; y los de bienes usados, grupo de entidades y criterio de caja exigen opción expresa.
El régimen simplificado: ámbito de aplicación y exclusiones
El régimen simplificado del IVA, regulado en los arts. 122 y 123 LIVA y desarrollado reglamentariamente, se aplica a las personas físicas y a las entidades en régimen de atribución de rentas cuyos miembros sean todos personas físicas (nunca a sociedades) que ejerzan las actividades económicas incluidas en la Orden Ministerial que anualmente desarrolla este régimen (coincidentes, en gran medida, con las acogidas al método de estimación objetiva por módulos en el IRPF, con el que este régimen de IVA está estrechamente coordinado), siempre que no hayan renunciado a su aplicación ni estén excluidos de él. Quedan excluidos del régimen simplificado quienes superen determinados límites de volumen de rendimientos íntegros del conjunto de sus actividades en el año inmediato anterior, o de volumen de compras de bienes y servicios (excluidas las relativas a elementos del inmovilizado) en dicho ejercicio, límites que se revisan periódicamente y que conviene comprobar en su cuantía vigente para el ejercicio de referencia de la convocatoria; también quedan excluidos quienes hubiesen renunciado o estuviesen excluidos de la estimación objetiva en el IRPF, dada la vinculación normativa entre ambos regímenes.
Determinación de la cuota en el régimen simplificado: módulos
En el régimen simplificado, la cuota tributaria del IVA no se determina mediante el mecanismo ordinario de resta entre IVA repercutido efectivo e IVA soportado deducible efectivo, sino aplicando a determinados índices, módulos y parámetros objetivos (número de empleados, potencia eléctrica instalada, superficie del local, entre otros, según la actividad concreta), fijados anualmente por Orden Ministerial, unos importes también fijados en dicha Orden, que determinan la cuota devengada por operaciones corrientes. A dicha cuota devengada se le minora el importe de las cuotas soportadas o satisfechas efectivamente por operaciones corrientes y, además, un porcentaje fijo (el 1 por ciento de la cuota devengada) en concepto de cuotas soportadas de difícil justificación, obteniendo así la cuota derivada del régimen simplificado, que en ningún caso puede resultar inferior a una cuota mínima también fijada por la Orden Ministerial. El sujeto pasivo ingresa trimestralmente un porcentaje de dicha cuota anual estimada, mediante autoliquidaciones trimestrales, y regulariza el resultado definitivo en la última autoliquidación del ejercicio, una vez conocidos los módulos aplicables al año completo.
El régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca
El régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca (REAGP), regulado en los arts. 124 a 134 LIVA, se aplica a los titulares de explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras que no hayan renunciado a él ni estén excluidos, y que no tengan la condición de sociedades mercantiles. Este régimen exonera a sus titulares de la obligación de repercutir e ingresar el IVA correspondiente a las entregas de los productos naturales obtenidos en sus explotaciones y a los servicios accesorios a dichas explotaciones (con determinadas excepciones), pero, correlativamente, tampoco les permite deducir las cuotas de IVA que hayan soportado en la adquisición de bienes y servicios destinados a dichas explotaciones. Esta imposibilidad de deducción se compensa mediante el mecanismo de la compensación a tanto alzado que se examina en el punto siguiente, diseñado precisamente para evitar que el agricultor o ganadero acogido a este régimen simplificado, exento de obligaciones formales de liquidación del IVA, soporte de forma definitiva la totalidad del IVA de sus adquisiciones sin posibilidad alguna de recuperación.
Compensaciones a tanto alzado en el régimen agrario
El art. 130 LIVA regula la compensación a tanto alzado que perciben los titulares de explotaciones acogidos al REAGP cuando entregan sus productos naturales, o prestan sus servicios accesorios, a empresarios o profesionales sujetos al régimen general del IVA (o a otros sujetos que no estén, a su vez, acogidos al mismo régimen especial), consistente en un porcentaje fijado legalmente que se aplica sobre el precio de venta de los productos o servicios, sin incluir el propio IVA. Dicho porcentaje es del 12% para las entregas de productos naturales obtenidos en explotaciones agrícolas o forestales, y para los servicios de carácter accesorio prestados por los titulares de dichas explotaciones, y del 10,5% para los productos naturales obtenidos en explotaciones ganaderas o pesqueras y para sus correspondientes servicios accesorios. El empresario adquirente que satisface dicha compensación al titular de la explotación tiene derecho a deducirla en su propia autoliquidación de IVA exactamente igual que si se tratase de una cuota de IVA soportada, lo que garantiza la neutralidad global del impuesto a lo largo de toda la cadena de producción y distribución, pese a la ausencia de repercusión formal de IVA por parte del titular de la explotación.
El régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección
El régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección, regulado en los arts. 135 a 139 LIVA, es de aplicación voluntaria (mediante opción del sujeto pasivo) para los revendedores de este tipo de bienes cuando los hayan adquirido a particulares, a empresarios que hayan aplicado a su vez este mismo régimen especial, o a empresarios que no pudieron deducir el IVA soportado en su propia adquisición del bien por tratarse de una operación exenta o no sujeta. La particularidad esencial de este régimen es que la base imponible del impuesto no está constituida por el precio total de venta, sino por el margen de beneficio del revendedor, esto es, la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra del bien (ambos, IVA incluido), (la cuota de IVA va incluida en dicho margen, por lo que la base imponible se obtiene detrayendo del margen la cuota correspondiente), evitando así una doble imposición sobre el valor del bien usado que ya soportó IVA en una fase anterior de su vida económica (típicamente, en su primera adquisición por el consumidor final que después lo revende). El margen de beneficio puede determinarse operación por operación, o bien mediante el procedimiento de margen de beneficio global para determinadas categorías de bienes, calculado de forma periódica sobre el conjunto de operaciones.
El régimen especial del oro de inversión
El régimen especial del oro de inversión, regulado en los arts. 140 a 140 sexies LIVA, declara exentas las entregas, adquisiciones intracomunitarias e importaciones de oro de inversión, entendiendo por tal, conforme a la definición legal, los lingotes o láminas de oro de ley igual o superior a 995 milésimas y de peso aceptado por los mercados de lingotes de oro, así como las monedas de oro que reúnan determinados requisitos de pureza (ley igual o superior a 900 milésimas), acuñación con posterioridad a 1800, curso legal (actual o pasado) en su país de origen, y venta habitualmente por un precio no superior en más de un 80% al valor de mercado del oro contenido en ellas. Esta exención, sin precedente en el resto del sistema de exenciones del IVA por su singular fundamento (el oro de inversión se concibe fiscalmente más como un activo financiero de reserva de valor que como un bien de consumo), tiene por finalidad no penalizar fiscalmente la inversión en oro frente a otras formas de inversión financiera que ya gozan de exención (valores mobiliarios, depósitos). Los sujetos pasivos que realicen estas operaciones exentas conservan, no obstante, el derecho a deducir las cuotas soportadas relacionadas con la producción o transformación de dicho oro, en un supuesto excepcional de exención con efecto asimilado al de la exención plena.
El régimen especial de las agencias de viajes
El régimen especial de las agencias de viajes, regulado en los arts. 141 a 147 LIVA, es de aplicación, en principio, obligatoria a las agencias de viajes y organizadores de circuitos turísticos cuando actúen en nombre propio respecto de los viajeros y utilicen para la realización del viaje bienes entregados o servicios prestados por otros empresarios o profesionales (transportistas, hoteles, otras agencias). La singularidad de este régimen radica en que la agencia no puede deducir el IVA que le repercuten dichos proveedores por los servicios que integran el paquete turístico destinados a ser utilizados en beneficio del viajero, ya que dicho IVA queda absorbido dentro del margen que se examina en el punto siguiente, sin perjuicio de que sí pueda deducir con normalidad el IVA soportado en la adquisición de bienes y servicios que constituyan gastos generales de su propia estructura empresarial (alquiler de oficinas, suministros, publicidad), ajenos a la prestación del viaje en sí misma considerada. Este régimen se aplica con independencia de que el destinatario del viaje sea el propio viajero consumidor final u otro empresario o profesional (por ejemplo, otra agencia mayorista).
Determinación de la base imponible en el régimen de agencias de viajes
El art. 145 LIVA determina la base imponible en el régimen especial de agencias de viajes por el margen bruto de la agencia, calculado como la diferencia entre la cantidad total cargada al cliente, excluido el IVA que grave la propia operación, y el importe efectivo, impuestos incluidos, de las entregas de bienes o prestaciones de servicios que, efectuadas por otros empresarios o profesionales, sean adquiridas por la agencia para su utilización en la realización del viaje y redunden directamente en beneficio del viajero (transporte, alojamiento, manutención, entre otros servicios propios del paquete turístico). Este método de determinación de la base imponible por el margen, análogo conceptualmente al examinado para el régimen de bienes usados, evita que el conjunto de servicios adquiridos por la agencia a terceros empresarios (que ya han repercutido su propio IVA al facturar a la agencia) vuelva a tributar íntegramente sobre el precio total facturado al viajero, concentrando la tributación efectiva de la agencia únicamente sobre su margen comercial o beneficio bruto de intermediación, cifra que en la práctica suele ser sensiblemente inferior al precio total del viaje pagado por el cliente.
El régimen especial del recargo de equivalencia
El régimen especial del recargo de equivalencia, regulado en los arts. 148 a 163 LIVA, es un régimen especial de aplicación obligatoria (no opcional) para los comerciantes minoristas, personas físicas o entidades en régimen de atribución de rentas, que reúnan los requisitos subjetivos examinados en el punto siguiente y comercialicen productos no exceptuados expresamente por la Ley (quedan excluidos de este régimen, entre otros, los sectores de vehículos accionados a motor, embarcaciones y aviones, joyería, peletería de lujo, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección, maquinaria industrial, y minerales, sujetos por tanto al régimen general aunque el comerciante reúna el resto de requisitos). En este régimen, los proveedores del comerciante minorista deben repercutirle, además de la cuota de IVA correspondiente a la operación, un recargo de equivalencia adicional, calculado sobre la misma base imponible; a cambio, el minorista queda exonerado de la obligación de liquidar e ingresar el IVA por sus propias ventas a consumidores finales, y no puede deducir el IVA que soporta en sus adquisiciones, dado que dicho IVA (más el recargo) ya ha sido satisfecho de forma definitiva a su proveedor.
Ámbito subjetivo del recargo de equivalencia: comerciantes minoristas
El art. 149 LIVA define, a efectos de este régimen especial, como comerciantes minoristas a quienes vendan habitualmente bienes muebles o semovientes sin haberlos sometido a proceso alguno de fabricación, elaboración o manufactura, por sí mismos o por medio de terceros, siempre que, durante el año precedente, las ventas a consumidores finales (quienes no sean empresarios o profesionales) representen más del 80 por ciento de sus operaciones, de modo que quien vende más del 20 por ciento a otros empresarios queda fuera del concepto de minorista. La obligatoriedad de este régimen para quienes reúnen sus requisitos (sin posibilidad de renuncia, a diferencia de la mayoría de los demás regímenes especiales del IVA) responde a su finalidad de simplificación administrativa para un colectivo, el pequeño comercio minorista, especialmente numeroso y con escasa capacidad de gestión administrativa autónoma del impuesto.
Tipos del recargo de equivalencia
El art. 161 LIVA fija los tipos del recargo de equivalencia en correspondencia con cada uno de los tipos de gravamen del IVA: el 5,2% para las entregas de bienes a las que resulte aplicable el tipo general del IVA (21%); el 1,4% para las entregas de bienes a las que resulte aplicable el tipo reducido (10%); el 0,5% para las entregas de bienes a las que resulte aplicable el tipo superreducido (4%); y un tipo específico del 1,75% para las entregas de labores del tabaco. Estos porcentajes, aplicados por el proveedor del comerciante minorista sobre la misma base imponible de la operación (adicionalmente a la cuota de IVA correspondiente al tipo ordinario de la operación), deben consignarse de forma separada en la factura correspondiente, siendo el proveedor quien asume la obligación de declararlos e ingresarlos ante la Hacienda Pública, junto con la propia cuota de IVA repercutida, exactamente en los mismos plazos y modelos de autoliquidación que el resto de su actividad, sin que ello suponga complejidad adicional relevante para dicho proveedor más allá de la correcta identificación de sus clientes acogidos al régimen para aplicarles el recargo correspondiente.
El régimen especial aplicable al oro de inversión y a otros metales
Más allá de la exención examinada anteriormente para el oro de inversión en sentido estricto, la Ley contempla mecanismos adicionales de protección frente al fraude en el mercado de metales preciosos: la posibilidad de renuncia a la exención del oro de inversión por parte del transmitente, cuando este sea un empresario o profesional dedicado habitualmente a la producción o transformación de oro de inversión, o cuando su actividad habitual incluya la venta de oro para fines industriales, siempre que el adquirente sea, a su vez, empresario o profesional con derecho a la deducción total o parcial del impuesto; en tal caso de renuncia, la operación tributa por IVA, pero mediante el mecanismo de inversión del sujeto pasivo, siendo el adquirente quien debe autorrepercutirse la cuota correspondiente. Adicionalmente, las entregas de oro sin elaborar o semielaborado de ley igual o superior a 325 milésimas y las de chatarra, desechos y residuos están sujetas al mecanismo de inversión del sujeto pasivo del art. 84.Uno.2º LIVA ya examinado en el tema anterior, mecanismo antifraude aplicado a estos bienes por su elevado valor unitario y su especial exposición a tramas de fraude fiscal organizado.
Los regímenes especiales aplicables a los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión y electrónicos (OSS/IOSS)
Los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o televisión, y los prestados por vía electrónica a consumidores finales (no empresarios) tributan, conforme a la regla especial de localización ya examinada en el tema anterior, en el Estado miembro donde el destinatario esté establecido, tenga su domicilio o su residencia habitual. Para evitar que el prestador de estos servicios tuviera que identificarse a efectos de IVA en cada uno de los Estados miembros de consumo de sus clientes, la normativa comunitaria articuló un régimen especial de ventanilla única, evolucionado desde el antiguo MOSS (Mini One Stop Shop) hasta el actual y más amplio sistema OSS (One Stop Shop, régimen de la Unión, ampliado desde julio de 2021 para cubrir también las ventas a distancia intracomunitarias de bienes y otras prestaciones de servicios B2C) e IOSS (Import One Stop Shop, aplicable a las ventas a distancia de bienes importados de países terceros de valor intrínseco no superior a 150 euros), que permiten al prestador o vendedor liquidar en un único Estado miembro de identificación la totalidad del IVA devengado en todos los Estados miembros de consumo, mediante una única declaración periódica presentada por vía electrónica.
El régimen especial del grupo de entidades
El régimen especial del grupo de entidades (REGE), regulado en los arts. 163 quinquies a 163 nonies LIVA, permite a un conjunto de entidades vinculadas entre sí financiera, económica y organizativamente (participación directa o indirecta superior al 50% del capital o de los derechos de voto de las entidades dependientes por parte de la entidad dominante), y que así lo acuerden voluntariamente, aplicar un régimen especial de tributación en dos posibles modalidades: la modalidad básica, en la que cada entidad del grupo presenta su propia autoliquidación individual conforme a las reglas generales, agregándose posteriormente los saldos resultantes de todas ellas en una autoliquidación agregada del grupo, sin que las operaciones intragrupo reciban tratamiento especial alguno; y la modalidad avanzada, en la que además las operaciones internas entre las entidades del grupo se valoran, a efectos de IVA, por su coste (y no por su valor de mercado ordinario), lo que puede neutralizar significativamente el efecto perjudicial de la existencia de sectores diferenciados o de porcentajes de prorrata distintos entre las entidades integrantes del grupo, mejorando su neutralidad fiscal conjunta.
El régimen especial del criterio de caja: requisitos y funcionamiento
El régimen especial del criterio de caja (RECC), regulado en los arts. 163 decies a 163 sexdecies LIVA, es un régimen opcional aplicable a los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones durante el año natural anterior no haya superado los 2.000.000 de euros, que permite retrasar el devengo (y, por tanto, el ingreso) del IVA repercutido en sus operaciones al momento del cobro total o parcial del precio, en lugar de al momento general de la entrega del bien o prestación del servicio, con el límite temporal del 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que la operación se hubiese efectuado, fecha en la que se produce el devengo en todo caso si para entonces no se hubiera producido el cobro. Este régimen, introducido por la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores, pretende aliviar los problemas de tesorería de las pequeñas y medianas empresas que, bajo el régimen general de devengo, deben ingresar el IVA repercutido en sus facturas aunque todavía no hayan cobrado efectivamente de sus clientes, evitando así que el empresario deba financiar con recursos propios el IVA de operaciones impagadas o con cobro aplazado. La opción se ejercita a través de la declaración censal, y el régimen deja de aplicarse al sujeto pasivo cuyo volumen de operaciones supere el límite o cuyos cobros en efectivo respecto de un mismo destinatario superen en el año natural los 100.000 euros.
Efectos del régimen de criterio de caja en el devengo y en la deducción
El régimen especial del criterio de caja produce un efecto simétrico también sobre el derecho a la deducción de las cuotas soportadas por el propio sujeto pasivo acogido a él: el derecho a deducir el IVA soportado en sus adquisiciones nace en el momento del pago total o parcial del precio de dichas adquisiciones, y no en el momento general del devengo de la operación, con idéntico límite temporal del 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se hubiese realizado la operación. Este régimen tiene, además, un relevante «efecto contagio» sobre los destinatarios de las operaciones realizadas por un sujeto pasivo acogido al criterio de caja, aunque dichos destinatarios no estén, ellos mismos, acogidos al régimen especial: el derecho a la deducción de las cuotas soportadas por dichos destinatarios en relación con operaciones a las que resulte de aplicación este régimen especial nace también en el momento del pago total o parcial del precio de la operación, obligando así a todos los clientes de un sujeto pasivo en criterio de caja a diferir igualmente su propia deducción hasta que efectivamente satisfagan la factura correspondiente, con independencia del régimen general o especial que a ellos mismos les resulte de aplicación.
Gestión del impuesto: obligaciones censales
El art. 164.Uno.1º LIVA impone a los sujetos pasivos del impuesto la obligación de presentar declaraciones relativas al comienzo, modificación y cese de las actividades que determinen su sujeción al impuesto, obligación instrumentada a través de las declaraciones censales (modelos 036 y 037), que constituyen el cauce formal a través del cual el sujeto pasivo comunica a la Administración tributaria su alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, así como cualquier modificación relevante de los datos censales previamente declarados (cambio de actividad, de domicilio fiscal, de régimen de tributación, opción o renuncia a regímenes especiales, entre otras circunstancias) y, en su momento, la baja o cese definitivo de la actividad. El correcto y puntual cumplimiento de estas obligaciones censales resulta, además de una obligación formal autónoma sancionable en caso de incumplimiento, presupuesto necesario para el válido ejercicio de determinadas opciones y regímenes especiales examinados en este mismo tema (renuncia a exenciones, opción por la prorrata especial, inscripción en el REDEME, opción por el REGE o por el RECC), que deben comunicarse precisamente a través de este cauce censal.
Obligaciones de facturación
El art. 164.Uno.3º LIVA impone a los sujetos pasivos la obligación de expedir y entregar factura de todas sus operaciones, ajustada a lo que se determine reglamentariamente (Reglamento de facturación aprobado por Real Decreto 1619/2012), así como de conservar copia o matriz de las facturas expedidas y las facturas recibidas de sus proveedores durante el plazo de prescripción del impuesto. La factura, además de constituir el documento acreditativo del derecho a la deducción del destinatario (ya examinado en el tema 25), cumple una función esencial de control tributario, al permitir a la Administración contrastar la información declarada por el emisor y el receptor de cada operación, y de instrumento probatorio de la repercusión efectuada. El régimen de facturación distingue entre la factura completa u ordinaria (con la totalidad de los requisitos exigidos reglamentariamente) y la factura simplificada, aplicable a operaciones de escaso importe o a sectores de actividad específicos, con un contenido más reducido (el Reglamento la permite, con carácter general, cuando el importe no excede de 400 euros, IVA incluido, y en determinados sectores hasta 3.000 euros). La factura debe expedirse en el momento de realizarse la operación o, cuando el destinatario sea empresario o profesional y necesite la factura para ejercer un derecho tributario, antes del día 16 del mes siguiente al de realización de la operación. La factura simplificada, por sí sola, no se considera por la práctica administrativa documento suficiente para deducir salvo que identifique al destinatario y consigne la cuota.
Obligaciones registrales: libros registro de IVA
El art. 164.Uno.4º LIVA impone a los sujetos pasivos la obligación de llevar la contabilidad y los registros que se establezcan reglamentariamente. El Reglamento del IVA desarrolla esta obligación exigiendo, con carácter general, la llevanza de los siguientes libros registro: el libro registro de facturas expedidas, en el que se anotan, una a una, las facturas emitidas por el sujeto pasivo con el detalle de la operación correspondiente; el libro registro de facturas recibidas, con análogo contenido respecto de las facturas recibidas de sus proveedores; el libro registro de bienes de inversión, exigido a quienes deban practicar la regularización de deducciones examinada en el tema 25; y el libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias, en el que se anotan operaciones tales como los envíos y recepciones de bienes para la realización de informes periciales, o para la ejecución de trabajos sobre dichos bienes. Estos libros registro, tradicionalmente llevados en soporte físico o mediante hojas informáticas, deben llevarse a través del Suministro Inmediato de Información, examinado en el punto siguiente, por los sujetos pasivos obligados a él, y pueden llevarse así voluntariamente por los demás.
El Suministro Inmediato de Información (SII)
El Suministro Inmediato de Información (SII), vigente desde el 1 de julio de 2017, es el sistema de llevanza de los libros registro del IVA a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, mediante el suministro electrónico de los registros de facturación, que sustituye a la llevanza tradicional de los libros registro examinados en el punto anterior por un régimen de remisión casi en tiempo real de la información. El SII es de aplicación obligatoria para los grandes empresarios (volumen de operaciones superior a 6.010.121,04 euros en el año natural anterior), los sujetos pasivos inscritos en el REDEME, y los sujetos pasivos que tributen en el régimen especial del grupo de entidades, siendo opcional para el resto de sujetos pasivos que deseen acogerse voluntariamente a él (quienes se benefician, entre otras ventajas, de la ampliación del plazo de presentación de sus autoliquidaciones periódicas). El plazo general para el suministro electrónico de cada factura es de cuatro días hábiles desde su expedición o desde el registro contable de la factura recibida, sin computarse los sábados, domingos ni festivos nacionales. Para las facturas recibidas rige además un límite del día 16 del mes siguiente al periodo de liquidación en que se incluyan (conviene contrastar este límite con el texto vigente del Reglamento). El plazo de ocho días fue solo transitorio durante los primeros meses de funcionamiento del sistema.
Liquidación y declaraciones periódicas del IVA: modelo 303
El modelo 303 constituye la autoliquidación periódica ordinaria del IVA, mediante la cual el sujeto pasivo determina, para cada período de liquidación (trimestral con carácter general, o mensual en los supuestos de aplicación obligatoria examinados en el tema anterior: grandes empresas, REDEME, grupo de entidades), la diferencia entre el IVA devengado repercutido y el IVA soportado deducible correspondientes a dicho período, ingresando la diferencia positiva o, en su caso, compensando o solicitando la devolución del saldo negativo conforme a las reglas examinadas en el tema 25. El modelo 303 recoge de forma desglosada, por tipos de operación (régimen general, recargo de equivalencia, adquisiciones intracomunitarias, inversión del sujeto pasivo, entre otros), tanto las bases imponibles y cuotas devengadas como las cuotas soportadas deducibles, distinguiendo estas últimas según su naturaleza (operaciones corrientes, bienes de inversión, importaciones), constituyendo el documento central de gestión del impuesto y la principal fuente de información periódica de la Administración tributaria sobre la actividad económica gravada por el IVA.
La declaración-resumen anual: modelo 390
El modelo 390 constituye la declaración-resumen anual del IVA, de naturaleza meramente informativa (no conlleva ingreso ni devolución alguna por sí misma, a diferencia de las autoliquidaciones periódicas), en la que el sujeto pasivo recapitula, para el conjunto del ejercicio, la totalidad de las operaciones realizadas y contrasta dicha información agregada con la suma de las autoliquidaciones periódicas (modelo 303) presentadas a lo largo del año, permitiendo detectar posibles discrepancias o errores en dichas autoliquidaciones. Se presenta en el mes de enero del año siguiente (del 1 al 30 de enero). La normativa exonera de su presentación a determinados sujetos pasivos (por ejemplo, a quienes no estén obligados a presentar autoliquidaciones periódicas), que en su lugar cumplimentan la información que se exija en la última autoliquidación del ejercicio; las exoneraciones concretas deben comprobarse en la Orden ministerial vigente del modelo.
Declaraciones recapitulativas de operaciones intracomunitarias: modelo 349
El modelo 349 constituye la declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, en la que los sujetos pasivos deben declarar, con el detalle del número de identificación fiscal a efectos de IVA (NIF-IVA) de cada contraparte y el importe total de las operaciones realizadas con cada una de ellas durante el período correspondiente, las entregas intracomunitarias de bienes exentas, las adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas, y determinadas prestaciones y adquisiciones de servicios intracomunitarios sujetos a la regla de localización en destino (regla general B2B examinada en el tema anterior). La correcta presentación de esta declaración resulta, como ya se examinó, requisito material (no meramente formal) para la aplicación de la exención de las entregas intracomunitarias desde la reforma de las «quick fixes» de 2020, y constituye además la fuente de información que permite el funcionamiento del sistema VIES (VAT Information Exchange System) de intercambio de información entre las Administraciones tributarias de los Estados miembros, herramienta esencial de control del fraude en el tráfico intracomunitario de bienes y servicios. La periodicidad de esta declaración es, con carácter general, mensual, si bien puede ser trimestral o anual cuando no se superen determinados umbrales cuantitativos de operaciones. Se presenta durante los veinte primeros días naturales del mes siguiente al periodo de declaración (el último periodo del año, hasta el 30 de enero).
Infracciones y sanciones específicas en el IVA
Además del régimen general de infracciones y sanciones de la Ley General Tributaria, la LIVA (art. 170) contiene un régimen sancionador propio con algunas infracciones específicas de este impuesto, por ejemplo en materia de repercusión improcedente de cuotas; conviene contrastar su tipificación concreta. Resultan también aplicables al IVA las infracciones generales de la LGT por dejar de ingresar la deuda, por obtener indebidamente devoluciones, por acreditar improcedentemente partidas a compensar o deducir, o por incumplir obligaciones de facturación y de suministro de información. En materia de facturación, el art. 201 LGT sanciona el incumplimiento de las obligaciones de facturación con una multa proporcional del 1 por ciento del importe de las operaciones afectadas, con un mínimo de 300 euros. La Ley 11/2021 introdujo en la LGT (art. 201 bis) la sanción por producir, tener o comercializar programas o sistemas informáticos que permitan alterar los registros contables o de facturación, con multa fija de 50.000 euros por ejercicio, régimen conectado con la exigencia de sistemas de facturación que garanticen la integridad y trazabilidad de los registros.
Cuadro resumen de los regímenes especiales: aplicación y efecto sobre la deducción
Para memorizar los regímenes conviene agruparlos por su efecto sobre el derecho a deducir. Regímenes en los que el sujeto pasivo no repercute ni deduce cuotas reales: recargo de equivalencia (el minorista no repercute IVA a los consumidores ni deduce el que soporta, pero sufre el recargo en sus compras) y REAGP (el agricultor no repercute, no deduce y percibe la compensación a tanto alzado). Regímenes de base especial: bienes usados y agencias de viajes (base imponible igual al margen), con limitaciones al derecho a deducir las cuotas ligadas a la reventa o a los servicios del viaje. Régimen de determinación objetiva: simplificado (cuota por módulos). Regímenes que modifican el momento o la forma de la declaración: criterio de caja (devengo y deducción en el cobro y el pago), grupo de entidades (consolidación de saldos y, en la modalidad avanzada, valoración a coste de las operaciones internas) y ventanilla única OSS e IOSS (declaración en un solo Estado). Régimen de exención con peculiaridades: oro de inversión. En el examen es habitual preguntar cuál de estos regímenes es obligatorio (recargo de equivalencia), cuál se basa en el margen (bienes usados y agencias de viajes) y cuál retrasa el devengo al cobro (criterio de caja).
Régimen simplificado: declaraciones y renuncia
Los sujetos pasivos del régimen simplificado ingresan en los tres primeros trimestres del año una cantidad a cuenta mediante el modelo 310 y presentan en el cuarto trimestre la autoliquidación final (modelo 303), en la que regularizan el resultado conforme a la cuota anual derivada de los módulos y a las cuotas soportadas del año. Esta regularización incluye la cuota por adquisiciones intracomunitarias y las cuotas de las inversiones. La renuncia al régimen simplificado, que determina la aplicación del régimen general, se ejercita en la forma y plazo reglamentarios y despliega efectos durante un periodo mínimo, por lo que no es un cambio libre año a año; las condiciones precisas (plazos y años de vinculación) deben consultarse en el Reglamento del IVA. La coordinación con el IRPF es esencial: la exclusión o renuncia a la estimación objetiva comporta la exclusión del simplificado, y el régimen simplificado no es compatible con el régimen general respecto de la misma actividad.
Ejemplos numéricos de los regímenes especiales
Recargo de equivalencia: un minorista adquiere mercancía por 1.000 euros a un mayorista; el proveedor repercute IVA al 21 por ciento (210 euros) y recargo del 5,2 por ciento (52 euros), de modo que el minorista paga 1.262 euros y no deduce nada; luego vende sin repercutir IVA. REAGP: un agricultor vende a un industrial productos agrícolas por 1.000 euros; el comprador abona además la compensación del 12 por ciento (120 euros), que deduce como cuota soportada. Bienes usados: un revendedor compra un vehículo usado a un particular por 6.000 euros y lo vende por 7.260 euros; el margen es 1.260 euros, que incluye IVA, por lo que la base imponible es 1.260 / 1,21 = 1.041,32 euros y la cuota 218,68 euros; el comprador no ve cuota separada en la factura. Agencias de viajes: el cliente paga 1.000 euros por un paquete y la agencia ha pagado 700 euros por servicios de terceros (IVA incluido); el margen bruto es 300 euros, la base imponible 300 / 1,21 = 247,93 euros y la cuota 52,07 euros. Criterio de caja: una venta con factura de 1.210 euros emitida en octubre cuyo cobro se produce en febrero del año siguiente devenga el IVA en febrero; si no se hubiese cobrado, el devengo se produciría el 31 de diciembre del año siguiente al de la operación.
Régimen de ventanilla única (OSS e IOSS): modalidades y gestión
El régimen especial de ventanilla única se articula en tres modalidades: el régimen exterior a la Unión (para empresarios no establecidos en la UE que prestan servicios a consumidores de la Unión), el régimen de la Unión (para empresarios establecidos en la UE que realizan ventas a distancia intracomunitarias de bienes y servicios B2C en otros Estados miembros) y el régimen de importación (IOSS), para ventas a distancia de bienes importados de países terceros en envíos de valor intrínseco no superior a 150 euros. Los empresarios acogidos presentan una declaración trimestral en el Estado de identificación (en España, el modelo 369) y la alta se realiza mediante declaración censal específica (modelo 035). La Agencia Tributaria del Estado de identificación distribuye después el IVA entre los Estados de consumo. Por debajo del umbral común de 10.000 euros anuales de ventas a distancia intracomunitarias y servicios afectados, el empresario puede seguir tributando en origen, salvo que opte por el régimen de destino. Los modelos concretos deben contrastarse con la normativa vigente.
Régimen del grupo de entidades: aspectos de gestión
El REGE exige que la entidad dominante y las dependientes (con participación directa o indirecta superior al 50 por ciento, con vinculación financiera, económica y organizativa) opten por el régimen en el periodo reglamentario, normalmente en diciembre del año anterior, y que todas las entidades del grupo estén establecidas en el territorio de aplicación del impuesto. Cada entidad presenta su autoliquidación individual con periodicidad mensual (modelo 322) y la entidad dominante presenta la autoliquidación agregada (modelo 353). La modalidad avanzada permite además valorar las operaciones internas por su coste, con la consecuencia de que el beneficio económico del grupo no se ve alterado por las prorratas individuales. Un grupo acogido a este régimen queda obligado al Suministro Inmediato de Información. Esta es una opción vinculante durante un plazo mínimo que fija el Reglamento. Los números de modelo y plazos deben comprobarse en la normativa en vigor.
Criterio de caja: ámbito, exclusiones y consecuencias prácticas
El RECC solo puede aplicarse si el volumen de operaciones del año anterior no supera 2.000.000 de euros. No pueden acogerse, entre otros, quienes tributen en determinados regímenes especiales o realicen determinadas operaciones (exportaciones y entregas intracomunitarias, importaciones y operaciones con inversión del sujeto pasivo, entre otras, que se rigen por el régimen general respecto de ellas). Una vez acogido, el sujeto pasivo debe hacer constar en sus facturas la expresión «régimen especial del criterio de caja», y sus clientes deben registrar en sus libros la fecha del pago para determinar el nacimiento del derecho a deducir. El régimen se aplica de forma indefinida mientras no se renuncie o se pierdan las condiciones, y los sujetos acogidos deben informar de los cobros y pagos de las operaciones en el SII o en el libro registro. Las operaciones realizadas bajo el régimen de caja con destinatarios que sean sujetos pasivos tienen el efecto de diferir su deducción, de manera que el beneficio del vendedor es una carga de gestión para el comprador.
Facturación electrónica y sistemas informáticos de facturación
El Reglamento de facturación (Real Decreto 1619/2012) regula el contenido de la factura completa y simplificada, los plazos de expedición, las facturas rectificativas y las facturas electrónicas, que requieren el consentimiento del destinatario salvo disposición legal en contrario. La Ley 18/2022, de creación y crecimiento de empresas, ha previsto la obligatoriedad de la factura electrónica en las relaciones entre empresarios y profesionales, con un calendario de entrada en vigor que depende del desarrollo reglamentario y del volumen de facturación de la empresa. Por otra parte, la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal y el Real Decreto 1007/2023 obligan a que los sistemas informáticos de facturación garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros; el sistema VERI*FACTU permite la remisión voluntaria e inmediata de los registros a la Agencia Tributaria. La fecha de aplicación obligatoria de estas exigencias se ha aplazado y debe comprobarse en la normativa vigente.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
De todos los regímenes especiales del IVA, solo el recargo de equivalencia es OBLIGATORIO sin posibilidad de renuncia para quien cumple sus requisitos; el simplificado y el REAGP se aplican salvo renuncia; bienes usados, grupo de entidades y criterio de caja requieren opción.
El régimen simplificado solo se aplica a PERSONAS FÍSICAS (nunca sociedades), coordinado con la estimación objetiva del IRPF: cuota por módulos, con ingresos trimestrales y regularización en la última autoliquidación del año.
REAGP: exonera de repercutir e ingresar IVA, pero NO permite deducir; se compensa mediante compensación a tanto alzado del 12% (productos agrícolas/forestales) o 10,5% (ganaderos/pesqueros) que el comprador puede deducir como si fuera IVA soportado.
Régimen de bienes usados/arte/antigüedades: la base imponible es el MARGEN de beneficio (precio venta - precio compra, IVA incluido), no el precio total — evita doble imposición sobre un bien ya gravado antes.
Oro de inversión: EXENTO (lingotes ley ≥995 milésimas, monedas de oro con requisitos específicos); cabe renuncia a la exención por productores/transformadores habituales, aplicándose entonces inversión del sujeto pasivo.
Agencias de viajes: régimen de aplicación en principio obligatoria cuando actúan en nombre propio con medios de terceros; base imponible = margen bruto (precio cobrado al cliente - coste de los servicios adquiridos a terceros, IVA incluido); NO deducen el IVA de esos servicios adquiridos para el viaje.
Recargo de equivalencia: solo comerciantes minoristas PERSONAS FÍSICAS (o atribución de rentas) con >80% de ventas a consumidor final; excluye vehículos, joyería, peletería de lujo, maquinaria industrial y minerales.
Tipos del recargo de equivalencia: 5,2% (tipo general 21%), 1,4% (reducido 10%), 0,5% (superreducido 4%), 1,75% (labores del tabaco) — lo repercute el PROVEEDOR, no el minorista.
OSS (One Stop Shop, ampliado en 2021) e IOSS (Import One Stop Shop, para importaciones ≤150 euros): permiten liquidar en un solo Estado miembro el IVA de ventas B2C y servicios digitales en toda la UE, sin identificarse en cada Estado de consumo.
Régimen del grupo de entidades (REGE): modalidad BÁSICA (solo agrega saldos) vs modalidad AVANZADA (además valora las operaciones intragrupo a COSTE, neutralizando sectores diferenciados/prorratas distintas entre entidades del grupo).
Criterio de caja (RECC): opcional si volumen de operaciones del año anterior ≤2.000.000 euros; retrasa devengo repercutido AL COBRO y deducción soportada AL PAGO, con tope el 31 de diciembre del año siguiente a la operación.
El RECC tiene «efecto contagio»: los CLIENTES de un acogido al criterio de caja también deben esperar a PAGAR para deducirse el IVA de esas operaciones, aunque ellos mismos no estén en el régimen especial.
El SII (obligatorio desde el 1 de julio de 2017 para grandes empresas con volumen de operaciones superior a 6.010.121,04 euros, REDEME y grupos de entidades) exige remitir el detalle de cada factura en 4 días hábiles desde su expedición o registro contable; el plazo de 8 días fue solo transitorio.
El modelo 349 (declaración recapitulativa intracomunitaria) es requisito MATERIAL (no solo formal) para la exención de entregas intracomunitarias desde las «quick fixes» de 2020; alimenta el sistema VIES.
El modelo 390 (resumen anual, del 1 al 30 de enero) es meramente informativo; determinados sujetos pasivos exonerados lo sustituyen por información en la última autoliquidación.
Régimen simplificado: cuota por módulos; minoración del 1% de la cuota devengada por cuotas de difícil justificación; ingresos trimestrales (modelo 310 en los tres primeros trimestres) y regularización en el cuarto.
REAGP: compensación del 12% (agrícola/forestal) o 10,5% (ganadera/pesquera) sobre el precio; el empresario adquirente la deduce. El agricultor no repercuta ni deduce.
Bienes usados y agencias de viajes: base imponible = margen; el margen incluye el IVA, por lo que la base es margen/(1+tipo).
Oro de inversión: lingotes de ley ≥995 milésimas; monedas de ley ≥900 milésimas, acuñadas tras 1800, de curso legal en su país de origen y vendidas a un precio que no exceda en más del 80% del valor del oro contenido.
Recargo de equivalencia: lo repercute el proveedor y no se deduce; no se aplica a vehículos, joyería, peletería, objetos de arte, maquinaria industrial y minerales, entre otros.
OSS Unión, OSS no Unión e IOSS (importaciones ≤150 euros): una única declaración trimestral en el Estado de identificación; umbral común de 10.000 euros.
REGE: más del 50% de participación; modalidad básica (agrega saldos) y avanzada (operaciones internas a coste); obligados al SII.
RECC: volumen de operaciones ≤2.000.000 euros; la opción se pierde si los cobros en efectivo de un mismo cliente superan 100.000 euros en el año natural; las facturas deben indicar la expresión «régimen especial del criterio de caja».
Facturas simplificadas: con carácter general hasta 400 euros (IVA incluido); en ciertos sectores, hasta 3.000 euros. Plazo de expedición cuando el destinatario es empresario: antes del día 16 del mes siguiente a la operación.
Modelo 390: del 1 al 30 de enero, meramente informativo. Modelo 349: veinte primeros días naturales del mes siguiente (último periodo, hasta el 30 de enero).
Sanción por incumplimiento de obligaciones de facturación: multa proporcional del 1% de las operaciones, mínimo 300 euros (art. 201 LGT).
Ley 11/2021 (art. 201 bis LGT): multa fija de 50.000 euros por ejercicio por programas informáticos que permiten alterar registros contables o de facturación.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
En el régimen especial de bienes usados, la base imponible está constituida por:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 26 de Hacienda (AEAT)?
Este tercer y último tema del IVA completa el bloque con los regímenes especiales del impuesto, aplicables a sectores de actividad o tipos de operación con características que hacen inadecuado o excesivamente gravoso el régimen general: pequeños comerciantes minoristas (recargo de equivalencia), agricultores (REAGP), reventa de bienes usados, agencias de viajes, oro de inversión, comercio electrónico transfronterizo (OSS/IOSS), grupos de entidades y el criterio de caja. Se cierra con las obligaciones de gestión del impuesto —censales, de facturación, registrales, el Suministro Inmediato de Información— y las principales declaraciones periódicas e informativas que todo opositor de Hacienda debe dominar con precisión: modelos 303, 390 y 349.
¿Qué hay que memorizar del Tema 26 para el examen?
De todos los regímenes especiales del IVA, solo el recargo de equivalencia es OBLIGATORIO sin posibilidad de renuncia para quien cumple sus requisitos; el simplificado y el REAGP se aplican salvo renuncia; bienes usados, grupo de entidades y criterio de caja requieren opción. El régimen simplificado solo se aplica a PERSONAS FÍSICAS (nunca sociedades), coordinado con la estimación objetiva del IRPF: cuota por módulos, con ingresos trimestrales y regularización en la última autoliquidación del año. REAGP: exonera de repercutir e ingresar IVA, pero NO permite deducir; se compensa mediante compensación a tanto alzado del 12% (productos agrícolas/forestales) o 10,5% (ganaderos/pesqueros) que el comprador puede deducir como si fuera IVA soportado. Régimen de bienes usados/arte/antigüedades: la base imponible es el MARGEN de beneficio (precio venta - precio compra, IVA incluido), no el precio total — evita doble imposición sobre un bien ya gravado antes. Oro de inversión: EXENTO (lingotes ley ≥995 milésimas, monedas de oro con requisitos específicos); cabe renuncia a la exención por productores/transformadores habituales, aplicándose entonces inversión del sujeto pasivo. Agencias de viajes: régimen de aplicación en principio obligatoria cuando actúan en nombre propio con medios de terceros; base imponible = margen bruto (precio cobrado al cliente - coste de los servicios adquiridos a terceros, IVA incluido); NO deducen el IVA de esos servicios adquiridos para el viaje. Recargo de equivalencia: solo comerciantes minoristas PERSONAS FÍSICAS (o atribución de rentas) con >80% de ventas a consumidor final; excluye vehículos, joyería, peletería de lujo, maquinaria industrial y minerales. Tipos del recargo de equivalencia: 5,2% (tipo general 21%), 1,4% (reducido 10%), 0,5% (superreducido 4%), 1,75% (labores del tabaco) — lo repercute el PROVEEDOR, no el minorista. OSS (One Stop Shop, ampliado en 2021) e IOSS (Import One Stop Shop, para importaciones ≤150 euros): permiten liquidar en un solo Estado miembro el IVA de ventas B2C y servicios digitales en toda la UE, sin identificarse en cada Estado de consumo. Régimen del grupo de entidades (REGE): modalidad BÁSICA (solo agrega saldos) vs modalidad AVANZADA (además valora las operaciones intragrupo a COSTE, neutralizando sectores diferenciados/prorratas distintas entre entidades del grupo). Criterio de caja (RECC): opcional si volumen de operaciones del año anterior ≤2.000.000 euros; retrasa devengo repercutido AL COBRO y deducción soportada AL PAGO, con tope el 31 de diciembre del año siguiente a la operación. El RECC tiene «efecto contagio»: los CLIENTES de un acogido al criterio de caja también deben esperar a PAGAR para deducirse el IVA de esas operaciones, aunque ellos mismos no estén en el régimen especial. El SII (obligatorio desde el 1 de julio de 2017 para grandes empresas con volumen de operaciones superior a 6.010.121,04 euros, REDEME y grupos de entidades) exige remitir el detalle de cada factura en 4 días hábiles desde su expedición o registro contable; el plazo de 8 días fue solo transitorio. El modelo 349 (declaración recapitulativa intracomunitaria) es requisito MATERIAL (no solo formal) para la exención de entregas intracomunitarias desde las «quick fixes» de 2020; alimenta el sistema VIES. El modelo 390 (resumen anual, del 1 al 30 de enero) es meramente informativo; determinados sujetos pasivos exonerados lo sustituyen por información en la última autoliquidación. Régimen simplificado: cuota por módulos; minoración del 1% de la cuota devengada por cuotas de difícil justificación; ingresos trimestrales (modelo 310 en los tres primeros trimestres) y regularización en el cuarto. REAGP: compensación del 12% (agrícola/forestal) o 10,5% (ganadera/pesquera) sobre el precio; el empresario adquirente la deduce. El agricultor no repercuta ni deduce. Bienes usados y agencias de viajes: base imponible = margen; el margen incluye el IVA, por lo que la base es margen/(1+tipo). Oro de inversión: lingotes de ley ≥995 milésimas; monedas de ley ≥900 milésimas, acuñadas tras 1800, de curso legal en su país de origen y vendidas a un precio que no exceda en más del 80% del valor del oro contenido. Recargo de equivalencia: lo repercute el proveedor y no se deduce; no se aplica a vehículos, joyería, peletería, objetos de arte, maquinaria industrial y minerales, entre otros. OSS Unión, OSS no Unión e IOSS (importaciones ≤150 euros): una única declaración trimestral en el Estado de identificación; umbral común de 10.000 euros. REGE: más del 50% de participación; modalidad básica (agrega saldos) y avanzada (operaciones internas a coste); obligados al SII. RECC: volumen de operaciones ≤2.000.000 euros; la opción se pierde si los cobros en efectivo de un mismo cliente superan 100.000 euros en el año natural; las facturas deben indicar la expresión «régimen especial del criterio de caja». Facturas simplificadas: con carácter general hasta 400 euros (IVA incluido); en ciertos sectores, hasta 3.000 euros. Plazo de expedición cuando el destinatario es empresario: antes del día 16 del mes siguiente a la operación. Modelo 390: del 1 al 30 de enero, meramente informativo. Modelo 349: veinte primeros días naturales del mes siguiente (último periodo, hasta el 30 de enero). Sanción por incumplimiento de obligaciones de facturación: multa proporcional del 1% de las operaciones, mínimo 300 euros (art. 201 LGT). Ley 11/2021 (art. 201 bis LGT): multa fija de 50.000 euros por ejercicio por programas informáticos que permiten alterar registros contables o de facturación.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149) (Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna).
Fuentes de este desarrollo
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE-A-1992-28740), arts. 120 a 163 sexdecies y 164 a 170
Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (criterio de caja)
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (arts. 201 y 201 bis)
Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas
Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal
Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas informáticos de facturación
Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea (comercio electrónico en el IVA)
Mientras tanto, practica con tests gratis de Hacienda (AEAT).