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Tema 1. El Derecho Financiero: Concepto y contenido. La Hacienda Pública en la Constitución Española.

Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna · Índice oficial del BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149).

Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, turno libre y promoción interna (666 plazas: 446 libre + 220 promoción interna). Es distinto del temario del Cuerpo de Agentes Tributarios (C1) y del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (A1), que tienen procesos y temarios propios, no cubiertos aquí.

El Derecho Financiero es la rama del ordenamiento jurídico que regula la actividad financiera de los entes públicos, esto es, la actividad dirigida a la obtención de ingresos y la realización de gastos con los que satisfacer las necesidades colectivas. Se divide clásicamente en Derecho Tributario (ingresos derivados de tributos), otras ramas del Derecho de los ingresos públicos y Derecho Presupuestario (gasto público y su instrumento, el presupuesto), sobre un marco constitucional propio —los arts. 31 y 133 a 136 CE, junto con los preceptos sobre financiación autonómica y local (arts. 140, 142, 156 a 158 y 149.1.14.ª CE)— que constitucionaliza los principios de justicia tributaria, la reserva de ley, la ordenación del gasto público, el presupuesto, la estabilidad presupuestaria y el control externo por el Tribunal de Cuentas.

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Concepto de Derecho Financiero

El Derecho Financiero puede definirse como la disciplina que tiene por objeto el estudio del ordenamiento jurídico que regula la constitución y gestión de la Hacienda Pública, es decir, la actividad financiera del Estado y de los demás entes públicos, entendida como la actividad encaminada a la obtención de ingresos y a la realización de gastos con los que financiar la satisfacción de las necesidades públicas. La actividad financiera es una realidad económica, política y jurídica; el Derecho Financiero se ocupa de su vertiente jurídica, sometiendo la actividad financiera al principio de legalidad. Es una disciplina jurídica autónoma, con principios, instituciones y método propios, aunque conectada con otras ramas (Derecho Constitucional, Administrativo, Mercantil, Penal), y de naturaleza pública en cuanto una de las partes de la relación jurídico-financiera es siempre un ente público dotado de potestades exorbitantes. La expresión «Hacienda Pública» se emplea en dos sentidos: en sentido subjetivo, como el conjunto de entes públicos titulares de la actividad financiera (Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y demás entes públicos); y en sentido objetivo, como el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico de esos entes. En este segundo sentido, la Ley General Presupuestaria define la Hacienda Pública estatal como el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico cuya titularidad corresponde a la Administración General del Estado y a sus organismos autónomos.

Contenido del Derecho Financiero: ingresos y gastos públicos

Su contenido se estructura tradicionalmente en dos grandes bloques: el Derecho de los Ingresos Públicos, que regula los distintos recursos con que cuentan los entes públicos (tributos, deuda pública, ingresos patrimoniales, ingresos monopolísticos, transferencias y otros ingresos de Derecho público y privado), siendo el Derecho Tributario la parte más desarrollada por la relevancia cuantitativa y cualitativa de los tributos; y el Derecho de los Gastos Públicos o Derecho Presupuestario, que regula el proceso de elaboración, aprobación, ejecución y control del presupuesto, instrumento jurídico y contable en el que se prevén los ingresos y se autorizan los gastos de cada ejercicio. A ello se suman el Derecho Constitucional Financiero (principios y competencias de rango constitucional), el Derecho de la Hacienda autonómica y local, el Derecho Financiero europeo (ingresos y gasto del presupuesto de la Unión, y normas de disciplina fiscal del Pacto de Estabilidad y Crecimiento) y el Derecho Financiero internacional (convenios para evitar la doble imposición). Dentro del Derecho Tributario se distingue una Parte General (principios y normas comunes, la Ley General Tributaria y sus reglamentos) y una Parte Especial (cada figura tributaria). Las fuentes del Derecho Financiero son la Constitución, los tratados y el Derecho de la Unión Europea, las leyes (orgánicas y ordinarias, entre ellas la Ley General Presupuestaria, la LOFCA, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la Ley General Tributaria y las leyes de cada tributo), las normas con rango de ley del Gobierno (Decreto-ley y Decreto legislativo, con los límites que se verán), los reglamentos, y, en el ámbito local, las ordenanzas fiscales.

La Hacienda Pública en la Constitución: el deber de contribuir (art. 31 CE)

El art. 31.1 CE dispone que «todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio». De este precepto derivan los principios materiales de justicia tributaria: capacidad económica (criterio de reparto de la carga tributaria, y también límite, pues no cabe gravar manifestaciones de riqueza inexistentes o ficticias), generalidad (todos contribuyen, sin discriminaciones injustificadas, sin que ello impida exenciones justificadas por otros valores constitucionales), igualdad (tratamiento igual a situaciones iguales), progresividad (a mayor capacidad económica, mayor gravamen proporcionalmente; se predica del sistema tributario en su conjunto, no de cada impuesto) y no confiscatoriedad (límite máximo: el sistema tributario no puede agotar la riqueza gravada). El Tribunal Constitucional ha precisado que el deber de contribuir se predica del sistema en su conjunto (STC 27/1981) y que la capacidad económica exige una riqueza real o potencial: así, las SSTC 26/2017 y 59/2017 y la STC 182/2021 declararon inconstitucional el gravamen de las plusvalías municipales (impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana) en cuanto sometía a tributación situaciones sin incremento real de valor. El art. 31.2 CE añade que el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y que su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. El art. 31.3 CE exige que las prestaciones personales o patrimoniales de carácter público se establezcan con arreglo a la ley.

El principio de reserva de ley tributaria (arts. 31.3 y 133 CE)

El art. 31.3 CE dispone que «sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley», consagrando el principio de reserva de ley en materia tributaria. El art. 133.1 CE atribuye la potestad originaria para establecer los tributos exclusivamente al Estado, mediante ley; el art. 133.2 permite a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones locales establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes; el art. 133.3 exige ley para todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado; y el art. 133.4 sujeta a la ley las obligaciones financieras y los gastos de las Administraciones Públicas. Se trata de una reserva relativa (no absoluta): la ley debe regular al menos los elementos esenciales del tributo (el hecho imponible, el devengo, los sujetos pasivos, la base, el tipo de gravamen, las exenciones y bonificaciones, entre otros, que la Ley General Tributaria enumera en su art. 8), pudiendo el reglamento desarrollar aspectos no esenciales con remisiones expresas y con la colaboración que la ley determine. La reserva es más intensa en los impuestos que en las tasas y los precios públicos, y rige también para las prestaciones patrimoniales públicas no tributarias (STC 185/1995 sobre los precios públicos). El Decreto-ley, pese a su naturaleza gubernativa, es admitido por el Tribunal Constitucional para modificar aspectos tributarios siempre que no afecte de manera relevante al deber general de contribuir del sistema tributario en su conjunto ni a sus elementos esenciales (art. 86.1 CE; doctrina de la STC 182/1997, matizada después en la jurisprudencia posterior).

Los Presupuestos Generales del Estado en la Constitución (art. 134 CE)

El art. 134.1 CE atribuye al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación. Los PGE tienen carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado (art. 134.2). El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los PGE al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior (art. 134.3). Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos (art. 134.4). Aprobados los PGE, el Gobierno podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio (art. 134.5). Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requiere la conformidad del Gobierno para su tramitación (art. 134.6). La Ley de Presupuestos no puede crear tributos, aunque podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea (art. 134.7). La función de la ley de presupuestos es una función de aprobación de ingresos y autorización de gastos; el Tribunal Constitucional ha limitado su contenido eventual a materias directamente relacionadas con los ingresos y gastos o con la política económica general (STC 76/1992, entre otras).

Estabilidad presupuestaria (art. 135 CE) y control externo (art. 136 CE)

El art. 135 CE fue reformado en septiembre de 2011 (por el procedimiento del art. 167 CE) y consagra el principio de estabilidad presupuestaria. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria (135.1); el Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos por la Unión Europea para sus Estados miembros, una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas en relación con su producto interior bruto, y las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario (135.2). El Estado y las Comunidades Autónomas necesitan autorización por ley para emitir deuda pública o contraer crédito; los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta, sin que esos créditos puedan ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión; el volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones en relación con el PIB no podrá superar el valor de referencia del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (135.3). Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública solo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados (135.4). El art. 135 CE fue desarrollado por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), que establece los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional; la regla de gasto; el límite de deuda pública del 60 por ciento del PIB; y el Fondo de Contingencia. Las reglas fiscales (objetivos de déficit, deuda y regla de gasto) han estado suspendidas en diversos ejercicios recientes al apreciar el Congreso la situación de emergencia extraordinaria derivada de la pandemia, y la gobernanza fiscal de la Unión Europea fue reformada en 2024. El art. 136 CE configura el Tribunal de Cuentas como el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, dependiente directamente de las Cortes Generales; las cuentas del Estado y del sector público se someten a su censura y el Tribunal remitirá a las Cortes un informe anual, sin perjuicio de su función jurisdiccional (enjuiciamiento de la responsabilidad contable); sus miembros gozan de la misma independencia e inamovilidad y están sometidos a las mismas incompatibilidades que los jueces.

Distribución territorial de competencias financieras

La Constitución reserva al Estado la competencia exclusiva sobre la Hacienda general y la Deuda del Estado (art. 149.1.14.ª). Las Comunidades Autónomas gozan de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias, con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles (art. 156.1), y sus recursos se enumeran en el art. 157.1 (impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado; sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales; transferencias de un Fondo de Compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a los PGE; rendimientos de su patrimonio e ingresos de Derecho privado; y el producto de las operaciones de crédito). Las Comunidades Autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio ni que supongan un obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios (art. 157.2). Una ley orgánica (la LOFCA, Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas) regula el ejercicio de las competencias financieras autonómicas (art. 157.3). El art. 158 CE prevé las asignaciones de nivelación de servicios y el Fondo de Compensación Interterritorial. Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas, nutriéndose fundamentalmente de tributos propios y de la participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas (art. 142 CE). Los territorios forales (País Vasco y Navarra) conservan su régimen de Concierto y Convenio económicos, amparado por la Disposición adicional primera de la Constitución.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El art. 31.1 CE consagra los principios de capacidad económica, generalidad, igualdad, progresividad y no confiscatoriedad como principios materiales de justicia tributaria; el art. 31.3 CE contiene la reserva de ley.
  • La reserva de ley tributaria es relativa (no absoluta): la ley fija los elementos esenciales del tributo y el reglamento puede colaborar en el resto. La potestad originaria de crear tributos es exclusiva del Estado y mediante ley (art. 133.1 CE).
  • El Decreto-ley puede afectar a materia tributaria si no altera el deber general de contribuir ni los elementos esenciales de los tributos (art. 86.1 CE, STC 182/1997).
  • Los PGE son anuales, incluyen la totalidad de gastos e ingresos del sector público estatal y los beneficios fiscales (art. 134.2); se presentan al menos tres meses antes de la expiración de los anteriores (134.3).
  • Si la Ley de Presupuestos no se aprueba antes del inicio del ejercicio, se prorrogan automáticamente los Presupuestos del ejercicio anterior (art. 134.4 CE).
  • Enmiendas que aumenten créditos o disminuyan ingresos exigen conformidad del Gobierno (art. 134.6 CE). La Ley de Presupuestos no puede crear tributos (art. 134.7).
  • El art. 135 CE, reformado en 2011, constitucionaliza la estabilidad presupuestaria para todas las Administraciones Públicas y la prioridad absoluta del pago de la deuda; se desarrolla por la Ley Orgánica 2/2012.
  • Las excepciones a los límites de déficit y deuda (catástrofes, recesión, emergencia extraordinaria) se aprecian por mayoría absoluta del Congreso (art. 135.4 CE).
  • El Tribunal de Cuentas (art. 136 CE) es el supremo órgano fiscalizador, dependiente de las Cortes Generales, con función fiscalizadora y jurisdiccional (responsabilidad contable).
  • Error típico: confundir el control interno (IGAE) con el externo (Tribunal de Cuentas), o creer que la reserva de ley tributaria es absoluta.
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¿Qué órgano configura el art. 136 CE como supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 1 de Hacienda (AEAT)?

El Derecho Financiero es la rama del ordenamiento jurídico que regula la actividad financiera de los entes públicos, esto es, la actividad dirigida a la obtención de ingresos y la realización de gastos con los que satisfacer las necesidades colectivas. Se divide clásicamente en Derecho Tributario (ingresos derivados de tributos), otras ramas del Derecho de los ingresos públicos y Derecho Presupuestario (gasto público y su instrumento, el presupuesto), sobre un marco constitucional propio —los arts. 31 y 133 a 136 CE, junto con los preceptos sobre financiación autonómica y local (arts. 140, 142, 156 a 158 y 149.1.14.ª CE)— que constitucionaliza los principios de justicia tributaria, la reserva de ley, la ordenación del gasto público, el presupuesto, la estabilidad presupuestaria y el control externo por el Tribunal de Cuentas.

¿Qué hay que memorizar del Tema 1 para el examen?

El art. 31.1 CE consagra los principios de capacidad económica, generalidad, igualdad, progresividad y no confiscatoriedad como principios materiales de justicia tributaria; el art. 31.3 CE contiene la reserva de ley. La reserva de ley tributaria es relativa (no absoluta): la ley fija los elementos esenciales del tributo y el reglamento puede colaborar en el resto. La potestad originaria de crear tributos es exclusiva del Estado y mediante ley (art. 133.1 CE). El Decreto-ley puede afectar a materia tributaria si no altera el deber general de contribuir ni los elementos esenciales de los tributos (art. 86.1 CE, STC 182/1997). Los PGE son anuales, incluyen la totalidad de gastos e ingresos del sector público estatal y los beneficios fiscales (art. 134.2); se presentan al menos tres meses antes de la expiración de los anteriores (134.3). Si la Ley de Presupuestos no se aprueba antes del inicio del ejercicio, se prorrogan automáticamente los Presupuestos del ejercicio anterior (art. 134.4 CE). Enmiendas que aumenten créditos o disminuyan ingresos exigen conformidad del Gobierno (art. 134.6 CE). La Ley de Presupuestos no puede crear tributos (art. 134.7). El art. 135 CE, reformado en 2011, constitucionaliza la estabilidad presupuestaria para todas las Administraciones Públicas y la prioridad absoluta del pago de la deuda; se desarrolla por la Ley Orgánica 2/2012. Las excepciones a los límites de déficit y deuda (catástrofes, recesión, emergencia extraordinaria) se aprecian por mayoría absoluta del Congreso (art. 135.4 CE). El Tribunal de Cuentas (art. 136 CE) es el supremo órgano fiscalizador, dependiente de las Cortes Generales, con función fiscalizadora y jurisdiccional (responsabilidad contable). Error típico: confundir el control interno (IGAE) con el externo (Tribunal de Cuentas), o creer que la reserva de ley tributaria es absoluta.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149) (Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, arts. 31, 133-136, 142, 149.1.14.ª, 156-158 y disposición adicional primera (BOE-A-1978-31229).
  • Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
  • Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.
  • Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (concepto de Hacienda Pública estatal).

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