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Tema 2. La organización territorial del Estado en la Constitución. Las Comunidades Autónomas: Estructura y competencias. Los Estatutos de Autonomía: Caracteres y contenido. Las Entidades Locales.

Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna · Índice oficial del BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149).

Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, turno libre y promoción interna (666 plazas: 446 libre + 220 promoción interna). Es distinto del temario del Cuerpo de Agentes Tributarios (C1) y del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (A1), que tienen procesos y temarios propios, no cubiertos aquí.

El Título VIII de la Constitución (arts. 137-158) organiza territorialmente el Estado en municipios, provincias y Comunidades Autónomas, todos ellos dotados de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses (art. 137). El sistema se articula mediante un reparto competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas cuyo instrumento normativo básico es el Estatuto de Autonomía, y garantiza la autonomía local de municipios y provincias.

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Principios generales del Título VIII (art. 137-138 CE)

El art. 137 CE consagra la autonomía de municipios, provincias y CCAA para la gestión de sus respectivos intereses, dentro de la unidad e indivisibilidad de la Nación española (art. 2). El art. 138 impone al Estado garantizar la realización efectiva del principio de solidaridad, velando por un equilibrio económico adecuado entre las diversas partes del territorio, sin que las diferencias entre Estatutos puedan implicar privilegios económicos o sociales. El art. 139 garantiza la igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles en cualquier parte del territorio y la libre circulación y establecimiento de personas y bienes por todo el territorio nacional, sin que ninguna autoridad pueda adoptar medidas que la obstaculicen.

Acceso a la autonomía y los Estatutos de Autonomía (arts. 143-147 CE)

La Constitución previó dos vías principales de acceso a la autonomía: la vía ordinaria o lenta del art. 143 (iniciativa de diputaciones/órganos interinsulares y dos tercios de municipios, con techo competencial inicial del art. 148 y posible ampliación tras 5 años) y la vía rápida o agravada del art. 151 (iniciativa de las tres cuartas partes de los municipios de cada provincia afectada y referéndum favorable de la mayoría absoluta del censo electoral de cada provincia, con acceso inmediato al máximo nivel competencial, es decir, a todas las competencias no reservadas al Estado por el art. 149, sin esperar el plazo de cinco años). Las nacionalidades históricas que hubieran plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto podían acudir a una vía abreviada (disposición transitoria segunda). El Estatuto de Autonomía es la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma, reconocido por el Estado como parte integrante de su ordenamiento jurídico (art. 147.1); su contenido mínimo incluye la denominación de la Comunidad, la delimitación de su territorio, la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias, y las competencias asumidas dentro del marco constitucional. Se aprueba mediante ley orgánica de las Cortes Generales (arts. 81.1 y 146) y su reforma se tramita por el procedimiento que señale el propio Estatuto y, en todo caso, requiere la aprobación por las Cortes mediante ley orgánica (art. 147.3); en los Estatutos de la vía del art. 151 se exige además referéndum de ratificación entre los electores (art. 152.2).

El reparto competencial (arts. 148-149 CE)

El art. 148.1 enumera las materias que las CCAA pueden asumir como competencia (organización de instituciones de autogobierno, ordenación del territorio y urbanismo, obras públicas de interés autonómico, agricultura, montes, medio ambiente, museos, patrimonio cultural, entre otras). El art. 149.1 reserva al Estado competencia exclusiva sobre materias como nacionalidad, relaciones internacionales, defensa, Administración de Justicia, Hacienda general y Deuda del Estado, régimen aduanero y arancelario, sistema monetario, legislación mercantil, penal, laboral y civil (con salvedades forales), y bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas. El art. 149.3 fija la cláusula de cierre: las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución podrán corresponder a las CCAA en virtud de sus Estatutos; la competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las CCAA en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de estas, y el derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las CCAA.

Control de la actividad de las CCAA y financiación autonómica (arts. 153 y 156-158 CE)

El art. 153 CE distribuye el control sobre los órganos de las CCAA: el Tribunal Constitucional para la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley; el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, para el ejercicio de funciones delegadas (art. 150.2); la jurisdicción contencioso-administrativa para la Administración autónoma y sus normas reglamentarias; y el Tribunal de Cuentas para el aspecto económico y presupuestario. Las CCAA gozan de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias (art. 156), con recursos propios (tributos cedidos, propios y recargos, art. 157) además de asignaciones del Fondo de Compensación Interterritorial (art. 158.2) destinado a corregir desequilibrios económicos territoriales; su régimen general se desarrolla en la LOFCA (LO 8/1980). El sistema de financiación de las CCAA de régimen común se regula hoy en la LOFCA y en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias; el Fondo de Compensación Interterritorial se regula en la Ley 22/2001, de 27 de diciembre. Las Comunidades de régimen foral tienen un sistema propio amparado por la disposición adicional primera de la CE (derechos históricos de los territorios forales): el Concierto Económico del País Vasco (Ley 12/2002, de 23 de mayo) y el Convenio Económico de Navarra (Ley 28/1990, de 26 de diciembre), en virtud de los cuales estas Comunidades recaudan la mayoría de los tributos y aportan al Estado un cupo o aportación por las competencias no asumidas.

Las Entidades Locales (arts. 140-142 CE; Ley 7/1985 LRBRL)

El art. 140 CE garantiza la autonomía de los municipios, con personalidad jurídica plena; su gobierno y administración corresponde a los Ayuntamientos, integrados por Alcalde y Concejales, elegidos por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, pudiendo funcionar el régimen de Concejo Abierto. El art. 141 define la provincia como entidad local con personalidad jurídica propia, división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado, cuyo gobierno y administración autónoma se encomienda a Diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo; en los archipiélagos, las islas cuentan además con su propia Administración en forma de Cabildos o Consejos. La Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, desarrolla la organización, competencias y régimen de funcionamiento de estas entidades. La Carta Europea de la Autonomía Local (Estrasburgo, 1985) fue ratificada por España y consagra el derecho de las entidades locales a ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos bajo su propia responsabilidad. La LRBRL (Ley 7/1985, de 2 de abril) regula el municipio, cuyos elementos son el territorio, la población y la organización (art. 11), y reconoce la potestad reglamentaria, de autoorganización, tributaria y financiera, de programación o planificación, expropiatoria y sancionadora, entre otras (art. 4). Las competencias propias de los municipios se determinan por ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad (art. 7.2 y 25). Servicios mínimos obligatorios (art. 26, tras la reforma de la Ley 27/2013): en todos los municipios, alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas; en los de más de 5.000 habitantes, además, parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos; en los de más de 20.000, protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público; en los de más de 50.000, transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano. Organización municipal: son órganos necesarios el Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Comisión Especial de Cuentas, y la Junta de Gobierno Local en los municipios de más de 5.000 habitantes y en los menores cuando así lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno; los municipios de gran población (Título X) tienen un régimen organizativo propio. Entre los regímenes singulares figuran el concejo abierto, la Carta municipal de Barcelona (Ley 22/1998) y el régimen especial de capitalidad de Madrid (Ley 22/2006). La provincia (arts. 31 y siguientes LRBRL) tiene como fines garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales y asegurar la prestación integral y adecuada de los servicios de competencia municipal; entre sus competencias propias (art. 36) están la coordinación de los servicios municipales, la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, la prestación de servicios públicos supramunicipales y el fomento del desarrollo económico y social, y la cooperación se instrumenta mediante planes provinciales. Existen también entidades locales no territoriales o complementarias: mancomunidades, comarcas, áreas metropolitanas y entidades de ámbito territorial inferior al municipio. Las islas tienen Cabildos (Canarias) y Consejos Insulares (Baleares). El art. 142 CE exige que las Haciendas locales dispongan de medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las corporaciones respectivas y se nutran fundamentalmente de tributos propios y de la participación en los del Estado y de las CCAA; el régimen de las Haciendas locales se regula en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

Organización institucional de las Comunidades Autónomas y relaciones con el Estado

Las Comunidades que accedieron por la vía del art. 151 y las que se asimilaron a ella organizan sus instituciones de autogobierno sobre la base de una Asamblea Legislativa elegida por sufragio universal con representación proporcional, un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas y un Presidente elegido por la Asamblea entre sus miembros, que dirige el Consejo de Gobierno y ostenta la suprema representación de la Comunidad y la ordinaria del Estado en ella (art. 152.1). Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción del Tribunal Supremo, culmina la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad. El resto de Comunidades organizan sus instituciones conforme a sus Estatutos, con estructura análoga en la práctica. El Estado está presente en el territorio mediante los Delegados del Gobierno, que dirigen la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad y la coordinan, cuando proceda, con la propia de la Comunidad (art. 154). Instrumentos de articulación competencial (art. 150): las leyes marco, por las que las Cortes pueden atribuir a todas o alguna de las Comunidades la facultad de dictar normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal; las leyes orgánicas de transferencia o delegación de facultades correspondientes a materia de titularidad estatal susceptibles de transferencia o delegación; y las leyes de armonización, que dicta el Estado cuando lo exija el interés general, apreciado por la mayoría absoluta de cada Cámara. Coerción estatal (art. 155): si una Comunidad no cumple las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan o atenta gravemente contra el interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, puede adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Otras reglas: se prohíbe la federación de Comunidades Autónomas (art. 145.1) y los convenios entre ellas deben comunicarse a las Cortes y, en ciertos casos, requieren su autorización (art. 145.2). España está integrada por diecisiete Comunidades Autónomas y dos Ciudades Autónomas, Ceuta y Melilla, cuyos Estatutos se aprobaron mediante las Leyes Orgánicas 1/1995 y 2/1995.

Tipología de competencias y doctrina del Tribunal Constitucional

Las competencias se clasifican en exclusivas (el titular ejerce la potestad legislativa, reglamentaria y ejecutiva), compartidas (el Estado fija la legislación básica y la Comunidad la desarrolla legislativamente y la ejecuta) y ejecutivas (la Comunidad solo ejecuta la legislación estatal). El art. 149.1 contiene dos tipos de reservas al Estado: la competencia exclusiva plena (como las relaciones internacionales o la Administración de Justicia) y la competencia sobre la legislación básica o las bases (como las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, las bases de la ordenación del crédito o las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica). El art. 149.1.1 atribuye al Estado la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. Según la doctrina del Tribunal Constitucional, lo básico debe fijarse en principio por ley (concepto formal), aunque excepcionalmente puede hacerlo el reglamento si es complemento indispensable de la norma básica (concepto material). El principio dispositivo permite que el reparto efectivo de competencias dependa de los Estatutos, en el marco constitucional. La cláusula de prevalencia del derecho estatal y la de supletoriedad (art. 149.3) han sido interpretadas por el TC en el sentido de que la supletoriedad no es una cláusula que atribuya competencias al Estado (doctrina de las SSTC sobre la supletoriedad, como la STC 61/1997, sobre legislación urbanística). La STC 31/2010, de 28 de junio, resolvió el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 (Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio), declarando inconstitucionales algunos preceptos e imponiendo una interpretación conforme de otros.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El acceso a la autonomía por la vía del art. 151 CE (agravada, con referéndum) permitió acceder directamente a las competencias del art. 149.3, frente a la vía lenta del art. 143.
  • El art. 149.1 CE reserva al Estado la Hacienda general y la Deuda del Estado, el régimen aduanero y arancelario y el sistema monetario, entre otras materias exclusivas.
  • El Estatuto de Autonomía es la norma institucional básica de la CA y se aprueba/reforma por ley orgánica de las Cortes Generales.
  • El Fondo de Compensación Interterritorial (art. 158.2 CE) corrige desequilibrios económicos entre territorios, distinto de los tributos cedidos y propios del art. 157.
  • Vía del art. 151: iniciativa de 3/4 de los municipios y referéndum afirmativo de la mayoría absoluta del censo de cada provincia; acceso inmediato al máximo nivel competencial (todo lo no reservado al Estado por el art. 149). No confundir con el art. 149.3.
  • Art. 149.3: lo no atribuido al Estado PUEDE corresponder a las CCAA según sus Estatutos; lo no asumido por los Estatutos corresponde al Estado; el derecho estatal es SUPLETORIO y prevalece en caso de conflicto en lo no exclusivo de las CCAA.
  • Art. 150: leyes marco (1), leyes orgánicas de transferencia o delegación (2) y leyes de armonización (3, mayoría absoluta de cada Cámara). Art. 155: coerción estatal, con requerimiento previo y mayoría absoluta del Senado.
  • Estatuto de Autonomía: se aprueba y reforma por ley orgánica; su contenido mínimo está en el art. 147.2 (denominación, territorio, instituciones y competencias).
  • Servicios mínimos municipales (art. 26 LRBRL): todos (alumbrado, cementerio, residuos, limpieza viaria, agua, alcantarillado, acceso, pavimentación, control de alimentos); >5.000 (parque, biblioteca, mercado, tratamiento de residuos); >20.000 (protección civil, servicios sociales, incendios, instalaciones deportivas); >50.000 (transporte colectivo urbano, medio ambiente urbano).
  • Régimen foral (DA 1ª CE): Concierto Económico del País Vasco y Convenio Económico de Navarra; el resto de CCAA, régimen común (LOFCA y Ley 22/2009).
  • España: 17 Comunidades Autónomas y 2 Ciudades Autónomas (Ceuta y Melilla). Está prohibida la federación de Comunidades (art. 145.1).
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Pregunta 1 de 120 aciertos

Las leyes de armonización del art. 150.3 CE requieren, para su aprobación, que el interés general sea apreciado por:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 2 de Hacienda (AEAT)?

El Título VIII de la Constitución (arts. 137-158) organiza territorialmente el Estado en municipios, provincias y Comunidades Autónomas, todos ellos dotados de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses (art. 137). El sistema se articula mediante un reparto competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas cuyo instrumento normativo básico es el Estatuto de Autonomía, y garantiza la autonomía local de municipios y provincias.

¿Qué hay que memorizar del Tema 2 para el examen?

El acceso a la autonomía por la vía del art. 151 CE (agravada, con referéndum) permitió acceder directamente a las competencias del art. 149.3, frente a la vía lenta del art. 143. El art. 149.1 CE reserva al Estado la Hacienda general y la Deuda del Estado, el régimen aduanero y arancelario y el sistema monetario, entre otras materias exclusivas. El Estatuto de Autonomía es la norma institucional básica de la CA y se aprueba/reforma por ley orgánica de las Cortes Generales. El Fondo de Compensación Interterritorial (art. 158.2 CE) corrige desequilibrios económicos entre territorios, distinto de los tributos cedidos y propios del art. 157. Vía del art. 151: iniciativa de 3/4 de los municipios y referéndum afirmativo de la mayoría absoluta del censo de cada provincia; acceso inmediato al máximo nivel competencial (todo lo no reservado al Estado por el art. 149). No confundir con el art. 149.3. Art. 149.3: lo no atribuido al Estado PUEDE corresponder a las CCAA según sus Estatutos; lo no asumido por los Estatutos corresponde al Estado; el derecho estatal es SUPLETORIO y prevalece en caso de conflicto en lo no exclusivo de las CCAA. Art. 150: leyes marco (1), leyes orgánicas de transferencia o delegación (2) y leyes de armonización (3, mayoría absoluta de cada Cámara). Art. 155: coerción estatal, con requerimiento previo y mayoría absoluta del Senado. Estatuto de Autonomía: se aprueba y reforma por ley orgánica; su contenido mínimo está en el art. 147.2 (denominación, territorio, instituciones y competencias). Servicios mínimos municipales (art. 26 LRBRL): todos (alumbrado, cementerio, residuos, limpieza viaria, agua, alcantarillado, acceso, pavimentación, control de alimentos); >5.000 (parque, biblioteca, mercado, tratamiento de residuos); >20.000 (protección civil, servicios sociales, incendios, instalaciones deportivas); >50.000 (transporte colectivo urbano, medio ambiente urbano). Régimen foral (DA 1ª CE): Concierto Económico del País Vasco y Convenio Económico de Navarra; el resto de CCAA, régimen común (LOFCA y Ley 22/2009). España: 17 Comunidades Autónomas y 2 Ciudades Autónomas (Ceuta y Melilla). Está prohibida la federación de Comunidades (art. 145.1).

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149) (Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, Título VIII (arts. 137-158) y disposiciones adicionales, BOE-A-1978-31229.
  • Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).
  • Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.
  • Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial.
  • Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
  • Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

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