Tema 24. El Impuesto sobre el Valor Añadido (I): Concepto y naturaleza. Ámbito de aplicación. Hecho imponible y supuestos de no sujeción. Exenciones. Lugar de realización del hecho imponible. Sujeto pasivo.
Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, turno libre y promoción interna (666 plazas: 446 libre + 220 promoción interna). Es distinto del temario del Cuerpo de Agentes Tributarios (C1) y del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (A1), que tienen procesos y temarios propios, no cubiertos aquí.
El IVA, regulado por la Ley 37/1992, es el gran impuesto indirecto armonizado del sistema tributario español y de toda la Unión Europea: grava el consumo final de bienes y servicios mediante un mecanismo plurifásico de repercusión y deducción que lo hace neutral para los empresarios y profesionales, trasladando la carga económica final al consumidor. Este primer tema de los tres dedicados al IVA desarrolla su estructura básica: el hecho imponible (entregas de bienes, prestaciones de servicios, adquisiciones intracomunitarias e importaciones), los supuestos de no sujeción, el extenso catálogo de exenciones —con la distinción esencial entre exenciones plenas y limitadas—, las reglas de localización que determinan cuándo una operación tributa en España, y la determinación del sujeto pasivo, con especial atención al mecanismo de inversión del sujeto pasivo.
Concepto de IVA: impuesto indirecto sobre el consumo
El art. 1 de la Ley 37/1992 (LIVA) define el IVA como un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo y grava, en la forma y condiciones previstas en la propia Ley, las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por empresarios o profesionales, las adquisiciones intracomunitarias de bienes, y las importaciones de bienes. Su condición de impuesto indirecto significa que, aunque jurídicamente el sujeto pasivo es el empresario o profesional que realiza la operación, la carga económica del impuesto se traslada, mediante el mecanismo de repercusión, al destinatario de la operación, siendo en última instancia el consumidor final quien soporta definitivamente el gravamen sin posibilidad de deducirlo. El IVA constituye así el paradigma de la imposición sobre el consumo, en contraposición a la imposición directa sobre la renta (IRPF, IS) o sobre el patrimonio (IP) examinada en temas anteriores, gravando una manifestación de capacidad económica distinta: no la obtención de renta ni la titularidad de patrimonio, sino el gasto o consumo de bienes y servicios.
Naturaleza plurifásica y neutral del IVA: el mecanismo de repercusión y deducción
El IVA es un impuesto plurifásico no acumulativo: se exige en cada una de las fases del proceso de producción y distribución de un bien o servicio (fabricante, mayorista, minorista), pero, a diferencia de los antiguos impuestos sobre el volumen de ventas de efecto cascada o acumulativo, solo grava efectivamente el valor añadido generado en cada fase, gracias al doble mecanismo de repercusión y deducción: cada empresario repercute el IVA correspondiente a sus ventas sobre sus clientes (IVA devengado), y simultáneamente deduce el IVA que a él le han repercutido sus proveedores en sus compras (IVA soportado deducible), ingresando en el Tesoro únicamente la diferencia entre ambas magnitudes. Este mecanismo determina la neutralidad del impuesto para los empresarios y profesionales integrados en la cadena de producción y distribución, que no soportan en ningún caso la carga económica definitiva del IVA (salvo que realicen operaciones exentas sin derecho a deducción, examinadas más adelante), trasladándose dicha carga, en su totalidad, al consumidor final situado al término de la cadena, que no puede deducir el IVA que soporta en sus adquisiciones.
Ley 37/1992 del IVA y su Reglamento
El IVA se regula en España por la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, que sustituyó a la anterior Ley 30/1985 con motivo de la adhesión de España a las Comunidades Europeas y la consiguiente necesidad de adaptar el impuesto a la normativa comunitaria armonizada. Su desarrollo reglamentario se contiene en el Reglamento del IVA, aprobado por Real Decreto 1624/1992. La Ley 37/1992 ha sido objeto de numerosísimas modificaciones desde su aprobación, motivadas tanto por la constante evolución de la normativa comunitaria armonizadora (que el legislador español debe transponer puntualmente al Derecho interno) como por sucesivas reformas internas dirigidas a adaptar el impuesto a nuevas realidades económicas (comercio electrónico, economía digital, criptoactivos) o a reforzar la lucha contra el fraude fiscal en este tributo, particularmente expuesto a tramas de fraude organizado (fraude carrusel) por el propio mecanismo de deducción de cuotas soportadas que lo caracteriza.
Armonización comunitaria del IVA: la Directiva 2006/112/CE
El IVA es, dentro del sistema tributario español, el tributo más intensamente armonizado por el Derecho de la Unión Europea, en atención a su incidencia directa en el funcionamiento del mercado interior y en la libre circulación de mercancías y servicios entre Estados miembros. La norma comunitaria de referencia es la Directiva 2006/112/CE, del Consejo, relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido (Directiva IVA), que refundió y sustituyó a la anterior Sexta Directiva 77/388/CEE, estableciendo el marco normativo común que todos los Estados miembros deben transponer a su Derecho interno, dejando un margen de maniobra limitado, referido fundamentalmente a la fijación de los tipos de gravamen aplicables (dentro de unos mínimos comunitarios) y a determinadas opciones y regímenes especiales expresamente habilitados por la propia Directiva. Esta intensa armonización explica por qué la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea resulta de aplicación e interpretación constante y directa en materia de IVA, mucho más que en cualquier otro tributo del sistema español.
Ámbito de aplicación espacial: Península e islas Baleares
El art. 3 LIVA delimita el ámbito espacial de aplicación del impuesto al territorio español, entendiendo por tal la Península e Islas Baleares, con exclusión, por tanto, de Canarias, Ceuta y Melilla, que cuentan con sus propios impuestos indirectos generales sobre el consumo (el Impuesto General Indirecto Canario, IGIC, y el Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación en Ceuta y Melilla, IPSI, respectivamente). El propio art. 3 define además los conceptos de Comunidad, Estados miembros y territorios terceros, esenciales para distinguir entre entregas interiores, entregas y adquisiciones intracomunitarias, exportaciones e importaciones, y aclara determinadas cuestiones relativas al tráfico entre la Península-Baleares y Canarias, Ceuta o Melilla, que a efectos del IVA se consideran, respectivamente, exportaciones o importaciones, con el régimen de exención o sujeción correspondiente a dichas operaciones con terceros países, pese a tratarse de tráfico dentro del propio territorio del Reino de España.
Territorios excluidos: Canarias, Ceuta y Melilla
La exclusión de Canarias, Ceuta y Melilla del ámbito de aplicación del IVA obedece a razones históricas y económicas vinculadas al particular régimen económico y fiscal de dichos territorios, que gozan de un estatus diferenciado dentro de la Unión Europea (Canarias forma parte del territorio aduanero comunitario pero queda fuera del ámbito de armonización del IVA comunitario, mientras que Ceuta y Melilla quedan fuera tanto del territorio aduanero como del ámbito armonizado del IVA). El IGIC canario, aunque estructuralmente muy similar al IVA (impuesto plurifásico con mecanismo de repercusión y deducción), presenta tipos de gravamen sensiblemente más reducidos que los del IVA peninsular, en coherencia con la finalidad de incentivar la actividad económica en el archipiélago. El IPSI, por su parte, presenta una estructura más simplificada y tipos generalmente inferiores a los del IGIC y del IVA. El IGIC tiene un tipo general del 7 por ciento, frente al 21 por ciento del tipo general del IVA. Las operaciones entre la Península-Baleares y estos territorios se tratan, a efectos del IVA, como operaciones de comercio exterior (exportaciones e importaciones), con el régimen de exención plena aplicable a las exportaciones que se examina más adelante en este tema.
Hecho imponible: entregas de bienes y prestaciones de servicios
El art. 4.1 LIVA configura como primer hecho imponible del impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan en favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades que las realicen. Este hecho imponible exige, por tanto, la concurrencia acumulativa de varios requisitos: la realización de una entrega de bienes o prestación de servicios en sentido técnico (conceptos examinados en los puntos siguientes); la onerosidad de la operación, salvo los supuestos de autoconsumo que la propia Ley asimila a entregas o prestaciones a título oneroso; la realización por un empresario o profesional actuando como tal; y la localización de la operación en el territorio de aplicación del impuesto conforme a las reglas específicas de localización examinadas más adelante. La concurrencia de estos elementos determina, salvo que resulte de aplicación algún supuesto de no sujeción o de exención, la sujeción y el gravamen efectivo de la operación.
Concepto de entrega de bienes (art. 8 LIVA)
El art. 8.1 LIVA define la entrega de bienes como la transmisión del poder de disposición sobre bienes corporales, incluso si se efectúa mediante cesión de títulos representativos de dichos bienes. Se trata de un concepto económico y no estrictamente jurídico-civil de entrega, centrado en la transmisión del poder de disposición como propietario (con independencia de que la transmisión de la propiedad en sentido civil se produzca simultáneamente o en un momento distinto), lo que permite calificar como entrega de bienes, a efectos de IVA, operaciones que en Derecho civil no implicarían necesariamente transmisión de propiedad (como determinados contratos de arrendamiento-venta o de venta con reserva de dominio, en los que el IVA anticipa el tratamiento como entrega desde el momento de la puesta a disposición del bien). El art. 8.2 asimila expresamente a entregas de bienes, entre otros supuestos, las ejecuciones de obra que tengan por objeto la construcción o rehabilitación de una edificación cuando el empresario que ejecute la obra aporte una parte de los materiales utilizados cuyo coste exceda del 40% de la base imponible, y las transmisiones de bienes en virtud de una norma o resolución administrativa o jurisdiccional.
Operaciones asimiladas a entregas de bienes
El art. 9 LIVA asimila a las entregas de bienes a título oneroso, a efectos de su sujeción al impuesto, diversos supuestos de autoconsumo de bienes: la transferencia, efectuada por el sujeto pasivo, de bienes corporales de su patrimonio empresarial o profesional a su patrimonio personal o al consumo particular, sin contraprestación; la entrega gratuita (sin contraprestación) de bienes del patrimonio empresarial o profesional, salvo las entregas no sujetas del art. 7 (muestras, objetos publicitarios); la transferencia de bienes del patrimonio empresarial a otro Estado miembro (art. 9.3º), que se asimila a una entrega y cuyo destinatario es el propio empresario; el cambio de afectación de bienes de un sector de actividad a otro diferenciado a efectos del régimen de deducciones; y la afectación o, en su caso, el cambio de afectación de bienes producidos, construidos, extraídos, transformados, adquiridos o importados en el ejercicio de la actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo para su utilización como bienes de inversión, cuando dicho sujeto pasivo no hubiera podido deducirse íntegramente, en caso de haberlos adquirido a terceros, el IVA que hubiese soportado por dicha adquisición. Estas figuras de autoconsumo pretenden evitar que la salida de bienes del circuito empresarial sin tributación distorsione la neutralidad del impuesto frente al consumidor final.
Concepto de prestación de servicios (art. 11 LIVA)
El art. 11.1 LIVA define la prestación de servicios, a efectos del IVA, con carácter residual: toda operación sujeta al impuesto que, de acuerdo con la propia Ley, no tenga la consideración de entrega, adquisición intracomunitaria o importación de bienes. Esta técnica de definición residual (a diferencia del concepto positivo y autónomo de entrega de bienes) garantiza que cualquier operación económica sujeta al impuesto que no encaje en las demás categorías del hecho imponible quede necesariamente calificada como prestación de servicios, evitando lagunas de sujeción. El art. 11.2 enumera, a título ejemplificativo y no exhaustivo, numerosos supuestos que en particular se consideran prestaciones de servicios: el ejercicio independiente de una profesión, arte u oficio; los arrendamientos de bienes, industria o negocio, empresas o establecimientos mercantiles; las cesiones de uso o disfrute de bienes; las cesiones y concesiones de derechos de autor, licencias, patentes, marcas y demás derechos de la propiedad intelectual e industrial; las obligaciones de hacer y no hacer y las abstenciones estipuladas en contratos de agencia o venta en exclusiva; los transportes; los servicios de hostelería, restaurante o acampamento; y las operaciones de seguro, reaseguro y capitalización.
Operaciones asimiladas a prestaciones de servicios (autoconsumo)
El art. 12 LIVA asimila a las prestaciones de servicios a título oneroso, en concepto de autoconsumo de servicios, tres supuestos: las transferencias de bienes y derechos, no comprendidas en el art. 9, del patrimonio empresarial o profesional al patrimonio personal del sujeto pasivo, que no sean constitutivas de entregas de bienes por no recaer sobre bienes corporales (por ejemplo, la transferencia de un derecho de crédito o de un derecho de propiedad industrial o intelectual); la aplicación total o parcial al uso particular del sujeto pasivo, o en general a fines ajenos a su actividad empresarial o profesional, de bienes integrantes de su patrimonio empresarial (por ejemplo, la utilización particular de un vehículo o de un local afecto a la actividad); y las demás prestaciones de servicios efectuadas a título gratuito por el sujeto pasivo, no ligadas a fines empresariales o profesionales, cuando dichos servicios se realicen para fines ajenos a la actividad, siempre que la prestación se realice utilizando bienes o servicios adquiridos con derecho a deducción, íntegra o parcial, del IVA soportado. Al igual que el autoconsumo de bienes, esta figura persigue evitar el consumo final sin tributación cuando se ha ejercitado previamente el derecho a deducción.
Hecho imponible: adquisiciones intracomunitarias de bienes
El art. 13 LIVA sujeta al impuesto las adquisiciones intracomunitarias de bienes (AIB) efectuadas a título oneroso por empresarios, profesionales o personas jurídicas que no actúen como tales cuando el transmitente sea un empresario o profesional, y las AIB de medios de transporte nuevos realizadas por cualquier persona, aunque el transmitente no sea empresario. El art. 14 define la AIB como la obtención del poder de disposición sobre bienes muebles corporales expedidos o transportados al territorio de aplicación del impuesto, con destino al adquirente, desde otro Estado miembro, por el transmitente, por el adquirente o por un tercero en nombre y por cuenta de cualquiera de ellos. El art. 15 asimila a las AIB, entre otros supuestos, la afectación al territorio de aplicación del impuesto, por un empresario, de bienes expedidos o transportados desde otro Estado miembro. Este hecho imponible propio existe porque en el comercio entre empresarios rige la tributación en destino: la entrega en el Estado de origen queda exenta, y el adquirente se autorrepercute el IVA en el Estado de destino, con la consiguiente deducción simultánea si tiene derecho a ella. Las AIB realizadas por personas jurídicas que no actúan como empresarios y por empresarios en régimen especial de agricultura, ganadería y pesca o con operaciones exentas sin derecho a deducción solo están sujetas cuando el importe de las adquisiciones del año supera el umbral de 10.000 euros (salvo opción por su sujeción), cifra que conviene contrastar con el texto vigente del art. 14.
Hecho imponible: importaciones de bienes
El art. 17 LIVA sujeta al impuesto las importaciones de bienes, cualquiera que sea el fin a que se destinen y la condición del importador, entendiendo por importación, conforme al art. 18, la entrada en el interior del país de un bien que no cumpla las condiciones previstas en los arts. 9 y 10 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (bienes que no se encuentren en libre práctica en el territorio aduanero comunitario), o, si se trata de un bien procedente de un territorio tercero distinto de los anteriores, la entrada de dicho bien en el interior del país. La LIVA mantiene la remisión a los antiguos arts. 9 y 10 del Tratado CE, que corresponden hoy a los arts. 28 y 29 TFUE. Se asimilan además a las importaciones determinadas operaciones vinculadas al tráfico internacional de mercancías, como la salida de las áreas exentas o el abandono de los regímenes aduaneros o fiscales suspensivos, cuando dicha salida o abandono determine la exigibilidad de los derechos de importación. A diferencia de la entrega de bienes y de la prestación de servicios, cuyo sujeto pasivo es siempre el empresario o profesional que las realiza, en las importaciones es sujeto pasivo el importador, sea o no empresario o profesional, gestionándose el impuesto conjuntamente con los derechos arancelarios en el momento del despacho aduanero.
Requisito de que la operación se realice por empresario o profesional
Tanto las entregas de bienes como las prestaciones de servicios solo quedan sujetas al IVA cuando son realizadas por quien tenga la condición de empresario o profesional actuando como tal, requisito subjetivo que constituye uno de los elementos esenciales del hecho imponible y que permite diferenciar el IVA, impuesto que grava el tráfico empresarial, de otros tributos indirectos que gravan el tráfico entre particulares (fundamentalmente, la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas del ITPAJD, examinada en el tema 27). Este requisito subjetivo explica, por ejemplo, que la venta de un vehículo usado por un particular a otro particular no esté sujeta a IVA (sino, en su caso, a TPO si concurren los requisitos de dicho impuesto), mientras que la misma operación realizada por un concesionario de vehículos sí queda sujeta a IVA. La correcta calificación de si el transmitente actúa o no como empresario o profesional en una operación concreta resulta, por tanto, decisiva para determinar el tributo aplicable, existiendo una regla general de incompatibilidad entre IVA y TPO que se examina con detalle en el tema dedicado al ITPAJD.
Concepto de empresario o profesional a efectos del IVA
El art. 5 LIVA define, a efectos exclusivos del impuesto, quiénes tienen la consideración de empresarios o profesionales: quienes realicen actividades empresariales o profesionales, entendiendo por tales las que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y humanos, o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios; las sociedades mercantiles, en todo caso, salvo prueba en contrario; quienes exploten un bien corporal o incorporal con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo, calificación que abarca en particular a los arrendadores de bienes, aunque realicen una única operación de arrendamiento; y quienes efectúen la urbanización de terrenos o la promoción, construcción o rehabilitación de edificaciones destinadas a su venta, adjudicación o cesión por cualquier título, aunque sea ocasionalmente. El art. 5 añade que también son empresarios a efectos del IVA quienes realicen a título ocasional entregas de medios de transporte nuevos exentas por entrega intracomunitaria, y que quien adquiera bienes o servicios con la intención, confirmada por elementos objetivos, de destinarlos a una actividad empresarial o profesional futura adquiere la condición de empresario desde el momento de la adquisición (lo que le permite deducir cuotas antes de iniciar la actividad, aspecto que se desarrolla en el tema 74). Este concepto amplio y autónomo de empresario o profesional a efectos del IVA no coincide necesariamente con el concepto mercantil o civil de empresario, ni exige el ejercicio de una actividad con habitualidad, siendo posible tener la condición de empresario a efectos de IVA por la realización de una única operación (promoción inmobiliaria ocasional, por ejemplo).
Supuestos de no sujeción al IVA (art. 7 LIVA)
El art. 7 LIVA enumera un conjunto de operaciones que, pese a reunir en principio los elementos del hecho imponible del impuesto (entrega de bienes o prestación de servicios por empresario o profesional), quedan expresamente declaradas no sujetas por el legislador, en atención a razones diversas de política fiscal o de coherencia sistemática con otros tributos. Entre los supuestos más relevantes de no sujeción, además de los examinados con mayor detalle en los puntos siguientes (transmisión de patrimonio empresarial, muestras y objetos publicitarios, servicios en régimen de dependencia laboral), la Ley declara no sujetas: las entregas gratuitas de muestras sin valor comercial estimable y de impresos u objetos publicitarios sin valor comercial intrínseco, con fines de promoción; las prestaciones de servicios de demostración a título gratuito para la promoción de las actividades empresariales; los servicios prestados a título gratuito que sean obligatorios para el sujeto pasivo en virtud de normas jurídicas o convenios colectivos; las entregas de dinero a título de contraprestación o pago; las operaciones realizadas directamente por los entes públicos sin contraprestación o mediante contraprestación de naturaleza tributaria; y las concesiones y autorizaciones administrativas, con las excepciones expresamente previstas.
No sujeción de la transmisión de un patrimonio empresarial (unidad económica autónoma)
El art. 7.1º LIVA declara no sujeta la transmisión de un conjunto de elementos corporales y, en su caso, incorporales que, formando parte del patrimonio empresarial o profesional del sujeto pasivo, constituyan o sean susceptibles de constituir una unidad económica autónoma capaz de desarrollar una actividad empresarial o profesional por sus propios medios, con independencia de que el adquirente desarrolle la misma actividad a la que estaban afectos dichos elementos en sede del transmitente o inicie el ejercicio de una actividad distinta, siempre que se acredite por el adquirente la intención de mantener la afectación de los bienes adquiridos al desarrollo de una actividad empresarial o profesional. Esta no sujeción, aplicable tanto a la transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial como a la de una rama de actividad diferenciada dentro de dicho patrimonio, tiene por finalidad simplificar el tratamiento fiscal de las operaciones de reestructuración empresarial (transmisión de negocios en marcha, aportaciones de rama de actividad a otra sociedad), evitando que el IVA devengado en la operación (que en muchos casos sería íntegramente deducible por el adquirente) genere una carga financiera transitoria innecesaria.
No sujeción de entregas de muestras gratuitas y objetos publicitarios
El art. 7.2º LIVA declara no sujetas las entregas gratuitas de muestras de mercancías sin valor comercial estimable, con fines de promoción de las actividades empresariales o profesionales del sujeto pasivo, y el art. 7.3º las prestaciones de servicios de demostración a título gratuito con la misma finalidad promocional. El art. 7.4º declara no sujetas las entregas sin contraprestación de impresos u objetos de carácter publicitario que carezcan de valor comercial intrínseco. Los obsequios a clientes o terceros que sí tienen valor comercial se consideran, en principio, entregas gratuitas asimiladas a entregas a título oneroso (autoconsumo), por lo que quedan sujetos; la práctica administrativa excluye de gravamen los obsequios de escaso valor (el límite de referencia habitual es de 200 euros por destinatario y año natural, cifra que conviene contrastar con la normativa vigente). Ambas figuras de no sujeción tienen por finalidad excluir del gravamen operaciones puramente instrumentales de la actividad de promoción comercial de las empresas, en las que no existe verdadero consumo final gravable en sentido económico, aunque formalmente se produzca una transmisión de bienes sin contraprestación.
No sujeción de servicios prestados por personas físicas en régimen de dependencia laboral
El art. 7.5º LIVA declara no sujetos los servicios prestados por personas físicas en régimen de dependencia derivado de relaciones administrativas o laborales, incluidas en estas últimas tanto las de carácter especial como las ordinarias, así como los prestados a cooperativas de trabajo asociado por los socios de las mismas y los prestados a otras cooperativas por sus socios de trabajo. Esta no sujeción es coherente con el propio requisito subjetivo del hecho imponible del IVA (realización por empresario o profesional actuando como tal): el trabajador que presta sus servicios en régimen de dependencia laboral o estatutaria no actúa como empresario o profesional independiente, sino integrado en la organización empresarial de su empleador, careciendo de la autonomía organizativa (ordenación por cuenta propia de medios de producción) que caracteriza al concepto de empresario o profesional del art. 5 LIVA. Esta no sujeción se proyecta, correlativamente, sobre la calificación de dichos rendimientos como rendimientos del trabajo (y no de actividades económicas) en el IRPF, examinada en el tema 18, evidenciando la coherencia sistemática entre ambos impuestos en la calificación de la naturaleza de la prestación de servicios personales.
Concepto y efectos de la exención en el IVA: exenciones plenas y limitadas
A diferencia de la no sujeción (que excluye la propia realización del hecho imponible), la exención en el IVA presupone la realización del hecho imponible, pero la Ley exime de gravamen efectivo a la operación por razones de política fiscal, social o económica. La distinción esencial en el IVA, sin paralelo en otros tributos, es la que separa las exenciones plenas (o exenciones con derecho a deducción) de las exenciones limitadas (o exenciones sin derecho a deducción): en las primeras, característica de las exportaciones y entregas intracomunitarias, la operación no lleva IVA repercutido, pero el sujeto pasivo conserva íntegramente el derecho a deducir el IVA que hubiera soportado en la adquisición de bienes y servicios afectos a dicha operación exenta; en las segundas, características de las operaciones interiores exentas (sanidad, educación, servicios financieros, arrendamiento de vivienda), ni se repercute IVA en la operación ni el sujeto pasivo puede deducir el IVA soportado correspondiente a la misma, lo que genera un «IVA oculto» no recuperable que incrementa el coste efectivo de dichas actividades para el empresario o profesional que las realiza.
Exenciones en operaciones interiores: sanidad, educación, servicios financieros y de seguros
El art. 20.Uno LIVA contiene el extenso catálogo de exenciones limitadas aplicables a las operaciones interiores. Entre las más relevantes: la asistencia a personas físicas por profesionales médicos y sanitarios, así como los servicios de hospitalización y asistencia sanitaria prestados por entidades de Derecho Público o por entidades o establecimientos privados en régimen de precios autorizados o concertados (art. 20.Uno.2º y 3º); la enseñanza en centros educativos autorizados, referida a materias incluidas en los planes de estudio de cualquier nivel del sistema educativo, así como las clases particulares prestadas por personas físicas sobre dichas materias (art. 20.Uno.9º y 10º); las operaciones de seguro, reaseguro y capitalización, incluidos los servicios de mediación prestados por agentes y corredores de seguros (art. 20.Uno.16º); y las operaciones financieras, entre ellas los depósitos en efectivo, la concesión de créditos y préstamos en dinero, las transferencias, giros, cheques y demás órdenes de pago, y las operaciones relativas a acciones, participaciones, obligaciones y demás valores (art. 20.Uno.18º), exención esta última de enorme relevancia práctica dado el volumen de operaciones bancarias y financieras que ampara.
Exenciones en operaciones interiores: arrendamiento de vivienda
El art. 20.Uno.23º LIVA declara exentos los arrendamientos que tengan la consideración de servicios y las constituciones y transmisiones de derechos reales de goce y disfrute que tengan por objeto terrenos y viviendas, incluidos los garajes y anexos accesorios a estas últimas y los muebles arrendados conjuntamente con dichos inmuebles, cuando el arrendamiento se destine exclusivamente a vivienda. La exención se limita a un máximo de dos plazas de garaje arrendadas conjuntamente con la vivienda para no perder su alcance. Quedan excluidos de esta exención, tributando por tanto a IVA, los arrendamientos de vivienda con opción de compra cuando el arrendatario se haya comprometido a ejercitar la citada opción (que se asimilan a una entrega de bienes sujeta y no exenta), los arrendamientos de apartamentos o viviendas amuebladas cuando el arrendador se obligue a la prestación de servicios complementarios propios de la industria hotelera (limpieza periódica del interior, cambio de ropa, servicios de restauración), entre otros supuestos que la propia Ley excluye expresamente de esta exención por considerarlos más próximos a una prestación de servicios de hostelería o a una explotación comercial que a un verdadero arrendamiento de vivienda (los arrendamientos de locales, de plazas de garaje independientes de la vivienda, de espacios para almacenaje o los de temporada con servicios de hostelería quedan sujetos y no exentos).
Exenciones inmobiliarias: segundas y ulteriores entregas de edificaciones
El art. 20.Uno.22º LIVA declara exentas las segundas y ulteriores entregas de edificaciones, incluidos los terrenos en que se hallen enclavadas, cuando tengan lugar después de terminada su construcción o rehabilitación, entendiendo por primera entrega la realizada por el promotor que tenga por objeto una edificación cuya construcción o rehabilitación esté terminada. No obstante, no tiene la consideración de primera entrega la realizada por el promotor después de la utilización ininterrumpida del inmueble por un plazo igual o superior a dos años por su propietario o por titulares de derechos reales de goce o disfrute, o en virtud de contratos de arrendamiento sin opción de compra, salvo que el adquirente sea quien utilizó la edificación durante dicho plazo. Se excluyen también de la exención las entregas de edificaciones que se efectúen para su demolición y posterior construcción de una nueva edificación por parte de empresas de demolición. Esta exención, que sujeta a IVA únicamente la primera transmisión de una edificación nueva (tributando las sucesivas transmisiones por la modalidad de TPO del ITPAJD, examinada en el tema 27, salvo renuncia a la exención), responde a la lógica de gravar con IVA el proceso de promoción y primera puesta en el mercado de las edificaciones, y con el impuesto sobre transmisiones patrimoniales el mercado secundario o de reventa de inmuebles.
La renuncia a las exenciones inmobiliarias
El art. 20.Dos LIVA permite al sujeto pasivo renunciar a las exenciones relativas a las segundas y ulteriores entregas de edificaciones, a las entregas de terrenos rústicos y demás no edificables, y a las entregas de terrenos a las que resulte aplicable el sistema de compensación por las juntas de compensación, entre otros supuestos, cuando el adquirente sea, a su vez, un sujeto pasivo del IVA que actúe en el ejercicio de sus actividades empresariales o profesionales y tenga derecho a la deducción total o parcial del impuesto soportado por la correspondiente adquisición, o cuando, aun no cumpliéndose este requisito, se prevea razonablemente, en función del destino previsible del inmueble, que su utilización se va a producir en el desarrollo de una actividad que genere el derecho a la deducción total o parcial del impuesto. La renuncia se comunica de forma fehaciente al adquirente con carácter previo o simultáneo a la entrega, y su principal utilidad práctica es evitar que la sujeción a TPO (con tipos habitualmente más elevados que el IVA y sin derecho a deducción para el adquirente empresario) encarezca la operación cuando esta se realiza entre dos empresarios dentro del tráfico económico ordinario, prefiriendo entonces mantener la tributación por IVA plenamente deducible.
Exenciones en exportaciones de bienes
El art. 21 LIVA declara exentas, con carácter de exención plena, las entregas de bienes expedidos o transportados fuera de la Comunidad por el transmitente o por un tercero que actúe en nombre y por cuenta de este, así como las entregas de bienes expedidos o transportados fuera de la Comunidad por el adquirente no establecido en el territorio de aplicación del impuesto o por un tercero en nombre y por cuenta de este, con determinadas excepciones (bienes destinados al equipamiento o avituallamiento de embarcaciones deportivas o de recreo, aviones de turismo y cualquier medio de transporte de uso privado). Esta exención plena, coherente con el principio de tributación en destino que rige en el comercio internacional de bienes, evita que un bien exportado soporte definitivamente el IVA español, dejando su tributación al impuesto sobre el consumo (análogo al IVA o distinto) del país de destino, al tiempo que garantiza al exportador la neutralidad total del impuesto mediante la conservación íntegra de su derecho a deducir el IVA soportado en la adquisición de los bienes y servicios empleados en la operación de exportación.
Exenciones en entregas intracomunitarias de bienes
El art. 25 LIVA declara exentas, también con carácter de exención plena, las entregas de bienes expedidos o transportados, por el vendedor, por el adquirente o por un tercero en nombre y por cuenta de cualquiera de ellos, al territorio de otro Estado miembro de la Unión Europea, siempre que el adquirente sea un empresario o profesional identificado a efectos del IVA en un Estado miembro distinto de España, o una persona jurídica que no actúe como empresario o profesional pero esté identificada a dichos efectos en otro Estado miembro. Tras la reforma de las llamadas «quick fixes» (aplicables desde 2020), la aplicación de esta exención exige, como requisito material y no meramente formal, que el vendedor disponga del número de identificación fiscal a efectos de IVA (NIF-IVA) del adquirente, comunicado por este, y que incluya la operación en la declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias (modelo 349), de modo que el incumplimiento de estos requisitos puede determinar la pérdida del derecho a la exención, aun cuando el transporte al otro Estado miembro se hubiera producido efectivamente.
Exenciones relativas a las importaciones de bienes
El art. 27 LIVA y la normativa concordante contienen un extenso catálogo de exenciones específicas relativas a las importaciones de bienes, entre las que destacan: la reimportación de bienes en el mismo estado en que fueron exportados, por quien los exportó, cuando gocen de exención de derechos arancelarios; las importaciones de bienes cuya entrega en el interior del país estuviese, en todo caso, exenta del impuesto (garantizando así la coherencia entre el régimen de exenciones interiores y el de importaciones); las importaciones de sangre, plasma sanguíneo y demás fluidos, tejidos y otros elementos del cuerpo humano para fines médicos o de investigación; las importaciones de bienes personales por traslado de residencia habitual desde un país tercero a España; y las importaciones de pequeños envíos sin carácter comercial entre particulares, con los límites que reglamentariamente se establecen. Desde el 1 de julio de 2021 dejó de existir la antigua exención de las importaciones de bienes de valor inferior a 22 euros: toda importación de bienes tributa, y las de valor intrínseco no superior a 150 euros pueden declararse mediante el régimen especial de ventanilla única para importaciones (IOSS). Estas exenciones, que operan de forma paralela y coherente al catálogo de exenciones en operaciones interiores, pretenden evitar tanto la doble imposición como las distorsiones de competencia entre bienes producidos en territorio español y bienes importados sujetos a un mismo tratamiento fiscal final.
Reglas de localización del hecho imponible: entregas de bienes
El art. 68 LIVA establece las reglas para determinar el lugar de realización de las entregas de bienes, presupuesto necesario para determinar si la operación tributa o no en España. Como regla general, cuando la entrega se efectúe sin transporte, el bien se entiende entregado en el lugar donde se ponga a disposición del adquirente; cuando exista expedición o transporte, por el vendedor, el comprador o un tercero, el bien se entiende entregado en el lugar donde se inicie dicha expedición o transporte con destino al adquirente. Para las ventas a distancia (bienes vendidos por un empresario a un consumidor final de otro Estado miembro, con expedición del vendedor o por su cuenta), la reforma del comercio electrónico de 2021 estableció como regla general la tributación en el Estado miembro de destino cuando el volumen anual de ventas a distancia intracomunitarias y de determinados servicios digitales del vendedor supere el umbral común de 10.000 euros, pudiendo el vendedor liquidar el IVA correspondiente a todos los Estados miembros de consumo mediante el régimen especial de ventanilla única (One Stop Shop, OSS), evitando así tener que identificarse a efectos de IVA en cada Estado miembro de destino.
Reglas de localización: prestaciones de servicios, regla general B2B y B2C
El art. 69 LIVA establece las reglas generales de localización de las prestaciones de servicios, distinguiendo dos reglas generales según la condición del destinatario: cuando el destinatario es un empresario o profesional que actúe como tal (operaciones «B2B», business to business), el servicio se entiende prestado en la sede del destinatario, con independencia de dónde esté establecido el prestador, de modo que la tributación se produce, con carácter general, en el Estado de destino del servicio; cuando el destinatario es un consumidor final que no actúe como empresario o profesional (operaciones «B2C», business to consumer), el servicio se entiende prestado en la sede del prestador, tributando por tanto en el Estado del prestador del servicio. Esta dualidad de reglas generales, introducida por la reforma comunitaria del llamado «paquete IVA» de servicios (aplicable desde 2010), responde a la lógica de que, en las operaciones B2B, el destinatario empresario podrá en todo caso deducirse el IVA soportado (neutralidad garantizada con independencia del lugar de tributación), mientras que en las operaciones B2C, dado que el consumidor final no puede deducir, resulta más relevante gravar en el lugar donde efectivamente se produce el consumo o donde radica el prestador.
Reglas especiales de localización de servicios (inmuebles, transporte, telecomunicaciones)
El art. 70 LIVA establece numerosas reglas especiales de localización que se apartan de las reglas generales B2B/B2C examinadas en el punto anterior, en atención a la naturaleza del servicio prestado: los servicios relacionados con bienes inmuebles (incluidos los de alojamiento hotelero, alquiler de espacios en aparcamientos, servicios de gestión inmobiliaria) se localizan siempre en el lugar donde radique el inmueble, con independencia de la condición del destinatario; los servicios de transporte de pasajeros se localizan por la parte del trayecto realizada en el territorio de aplicación del impuesto; los servicios de restauración y catering se localizan donde se presten materialmente; y los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión y televisión y los prestados por vía electrónica a consumidores finales (no empresarios) se localizan en el lugar donde el destinatario esté establecido, tenga su domicilio o su residencia habitual, con independencia de dónde esté establecido el prestador, pudiendo este último liquidar el IVA de todos los Estados miembros de consumo mediante el régimen especial de ventanilla única (OSS), de forma análoga al régimen ya examinado para las ventas a distancia de bienes.
El sujeto pasivo del IVA: el empresario o profesional que realiza la operación
El art. 84.Uno.1º LIVA establece, como regla general, que son sujetos pasivos del impuesto las personas físicas o jurídicas que tengan la condición de empresarios o profesionales y realicen las entregas de bienes o presten los servicios sujetos al impuesto, salvo que resulte de aplicación el mecanismo de inversión del sujeto pasivo examinado en el punto siguiente. El sujeto pasivo es, por tanto, quien tiene la obligación de repercutir el impuesto sobre el destinatario de la operación (repercusión que debe efectuarse expresamente y por separado en la factura correspondiente), de declarar e ingresar en el Tesoro Público la diferencia entre las cuotas devengadas repercutidas y las cuotas soportadas deducibles, y de cumplir el conjunto de obligaciones formales, registrales y de facturación que impone la normativa del impuesto. Esta identificación del sujeto pasivo con quien realiza materialmente la operación (y no con quien la recibe) constituye la regla general del impuesto, siendo la inversión del sujeto pasivo una excepción justificada por razones específicas de simplificación de gestión o de lucha contra el fraude fiscal en determinados sectores particularmente expuestos a él.
El mecanismo de inversión del sujeto pasivo
El art. 84.Uno.2º LIVA regula el mecanismo de inversión del sujeto pasivo, en cuya virtud, en determinados supuestos tasados, el sujeto pasivo del impuesto pasa a ser el destinatario de la operación (que debe autorrepercutirse el IVA correspondiente) en lugar de quien la realiza materialmente. Los supuestos más relevantes de inversión del sujeto pasivo son: cuando quien realiza la entrega o prestación no está establecido en el territorio de aplicación del impuesto y el destinatario sí es empresario o profesional establecido en dicho territorio; las entregas de oro sin elaborar o de productos semielaborados de oro de ley igual o superior a 325 milésimas; las entregas de determinados materiales de recuperación, desechos y chatarra; y, con especial relevancia práctica en el sector de la construcción, las ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, realizadas como consecuencia de contratos directamente formalizados entre el promotor y el contratista que tengan por objeto la urbanización de terrenos o la construcción o rehabilitación de edificaciones, así como las ejecuciones de obra subcontratadas por el contratista principal a otros subcontratistas. La inversión se aplica igualmente a la entrega de inmuebles cuando el transmitente ha renunciado a la exención, a las entregas de inmuebles en ejecución de garantías reales y a determinadas entregas de dispositivos electrónicos (teléfonos móviles, consolas de videojuegos, ordenadores portátiles y tabletas) en los términos que establece el art. 84.Uno.2º. En las adquisiciones intracomunitarias y las importaciones el sujeto pasivo es siempre el adquirente o importador (art. 85).
Responsables del impuesto
El art. 87 LIVA regula la responsabilidad en el impuesto. Son responsables solidarios, junto al sujeto pasivo, los destinatarios de las operaciones que, mediante acción u omisión culposa o dolosa, eludan la correcta repercusión del impuesto, siempre que su conducta sea constitutiva de infracción tributaria, y otros supuestos que el propio precepto enumera. Se aplican además las reglas generales de responsabilidad de los arts. 41 a 43 LGT. Esta responsabilidad está pensada para combatir el fraude organizado, en particular las tramas de tipo «carrusel», que aprovechan la exención de las entregas intracomunitarias y la deducción de las cuotas soportadas. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sentencia Kittel, asuntos acumulados C-439/04 y C-440/04) admite denegar el derecho a deducir a quien sabía o debía saber que, con su adquisición, participaba en una operación inscrita en un fraude del IVA.
Características del IVA y recurso propio de la Unión Europea
Además de indirecto, plurifásico y no acumulativo, el IVA es un impuesto real y objetivo (grava operaciones sin atender a las circunstancias personales del consumidor), general (alcanza a todo el tráfico de bienes y servicios salvo exenciones y no sujeciones) y neutral. En el comercio internacional rige el principio de tributación en el país de destino: las exportaciones y entregas intracomunitarias se liberan del impuesto de origen y las importaciones y adquisiciones intracomunitarias tributan en destino. El IVA nutre además uno de los recursos propios del presupuesto de la Unión Europea, lo que refuerza el control comunitario sobre su aplicación. En España, el impuesto está parcialmente cedido a las Comunidades Autónomas de régimen común (la cesión es del 50 por ciento de la recaudación, conforme a la Ley 22/2009), si bien la regulación normativa corresponde en exclusiva al Estado. Los territorios forales aplican su propia normativa, que por imperativo del Concierto Económico con el País Vasco y del Convenio con Navarra debe ser sustancialmente idéntica a la del Estado en cuanto a hechos imponibles, exenciones, base y tipos.
Contraprestación, onerosidad y operaciones complejas
La onerosidad exige una relación directa entre la entrega o el servicio y la contraprestación recibida: el TJUE ha declarado reiteradamente que solo hay prestación a título oneroso cuando existe un vínculo directo entre el servicio prestado y el contravalor recibido (asunto Tolsma, C-16/93). Cuando una operación se compone de varios elementos, la doctrina del TJUE (asunto Card Protection Plan, C-349/96) distingue entre la operación única, en la que un elemento es principal y los demás accesorios que siguen el mismo régimen fiscal, y las operaciones independientes, que tributan por separado. El criterio decisivo es la perspectiva del consumidor medio: no se debe fraccionar artificialmente una operación económica única. Esta distinción tiene relevancia práctica para aplicar tipos reducidos, exenciones y reglas de localización. También es relevante la doctrina del abuso de derecho (asunto Halifax, C-255/02): no se permite el derecho a deducir cuando la operación tiene como finalidad esencial obtener una ventaja fiscal contraria al objetivo de las normas del IVA.
Medios de transporte nuevos
Las adquisiciones intracomunitarias de medios de transporte nuevos tributan en el Estado de destino aunque el transmitente no sea empresario y aunque el adquirente sea un particular. La LIVA considera medios de transporte nuevos los vehículos terrestres con motor de cilindrada superior a 48 centímetros cúbicos o potencia superior a 7,2 kilovatios cuya entrega se efectúe antes de seis meses desde su primera puesta en servicio o cuando hayan recorrido menos de 6.000 kilómetros; las embarcaciones de más de 7,5 metros de eslora, cuando se entreguen antes de tres meses desde su puesta en servicio o hayan navegado menos de 100 horas; y las aeronaves de peso total al despegue superior a 1.550 kilogramos, cuando se entreguen antes de tres meses desde su puesta en servicio o hayan volado menos de 40 horas. La entrega intracomunitaria de estos medios por quien no sea empresario está exenta con carácter general (art. 25), aunque el vendedor no pueda deducir cuota alguna, y quien la realiza ocasionalmente es empresario a efectos del impuesto para esa operación.
Lugar de realización de las adquisiciones intracomunitarias e importaciones
El art. 71 LIVA localiza las adquisiciones intracomunitarias de bienes en el territorio de aplicación del impuesto cuando finalice en él la expedición o el transporte de los bienes. Como cláusula antifraude, si el adquirente ha comunicado al proveedor un número de identificación a efectos de IVA español distinto del de llegada, la adquisición se considera realizada también en España, salvo que acredite que ha sido gravada en el Estado miembro de llegada. Las importaciones de bienes se entienden realizadas en el territorio de aplicación del impuesto cuando los bienes se introducen en él. En cuanto a los servicios, además de las reglas generales y especiales ya examinadas, el art. 70.Dos contiene el criterio de uso o explotación efectivos: se consideran prestados en España los servicios que, conforme a las reglas generales, se localizarían fuera de la Comunidad cuando su utilización o explotación efectivas se realice en España (por ejemplo, determinados servicios de arrendamiento de medios de transporte, telecomunicaciones o prestados por vía electrónica), con el fin de evitar la no tributación.
Servicios con reglas especiales de localización: otras categorías
Además de los inmuebles, el transporte de pasajeros, la restauración y los servicios electrónicos a consumidores, el art. 70 establece criterios propios para otros servicios. Los servicios culturales, artísticos, deportivos, científicos, educativos, recreativos y similares, así como las ferias y exposiciones, se localizan donde se presten materialmente cuando el destinatario no es empresario o profesional (los prestados a empresarios siguen la regla general B2B). El transporte de mercancías se localiza, cuando el destinatario es empresario, según la regla general B2B, y cuando se trata de transporte intracomunitario de bienes para no empresarios, en el lugar de inicio del transporte. El arrendamiento a corto plazo de medios de transporte a no empresarios se localiza donde se ponen a disposición del destinatario. La regla de localización de cada servicio determina en qué Estado se tributa, qué IVA se repercute y quién es el sujeto pasivo, por lo que es uno de los apartados con más preguntas de examen: conviene memorizar la regla general B2B y B2C y las excepciones más frecuentes (inmuebles, transporte de pasajeros, servicios materiales, servicios electrónicos).
Operaciones asimiladas a exportaciones, zonas francas y regímenes aduaneros
Junto a las exportaciones en sentido estricto (art. 21), la LIVA declara exentas, con derecho a deducción, determinadas operaciones asimiladas a las exportaciones (art. 22), como las entregas de bienes para su avituallamiento a embarcaciones y aeronaves que realizan navegación marítima o aérea internacional, las entregas a organismos reconocidos y los servicios directamente relacionados con las exportaciones. Los arts. 23 y 24 declaran exentas las entregas y operaciones vinculadas a regímenes aduaneros y fiscales especiales (zonas francas, depósitos francos, depósito aduanero y depósitos distintos de los aduaneros). El fundamento es el mismo que el de la exportación: evitar que bienes que no van a ser consumidos en el territorio de aplicación del impuesto tributen por IVA español, sin merma del derecho a deducir las cuotas soportadas.
Otras exenciones interiores de relevancia
El art. 20.Uno LIVA recoge además exenciones en ámbitos como los servicios públicos postales, la asistencia social y las prestaciones de servicios y entregas de bienes de carácter social, las actividades deportivas de personas físicas, determinadas actividades culturales prestadas por entidades de derecho público o sin fines lucrativos y las operaciones de juego, loterías, apuestas y rifas. También están exentas, por ejemplo, las entregas de terrenos rústicos y demás terrenos no edificables (art. 20.Uno.20º). Todas estas exenciones son limitadas: ni se repercute IVA ni se puede deducir el soportado en las adquisiciones relacionadas, salvo en los supuestos en que la ley reconoce derecho a deducir por operaciones exentas (exportaciones y entregas intracomunitarias). Una regla de interpretación esencial en esta materia, reiterada por el TJUE, es que las exenciones son conceptos autónomos de Derecho de la Unión, que deben interpretarse de forma estricta, aunque sin privarlas de su efecto útil.
La repercusión del impuesto y la figura del repercutido
El art. 88 LIVA obliga a los sujetos pasivos a repercutir íntegramente el importe del impuesto sobre aquel para quien se realice la operación gravada, quedando este obligado a soportarlo siempre que la repercusión se ajuste a la Ley. La repercusión debe efectuarse mediante factura, en la que la cuota se consigne separadamente de la base imponible, salvo excepciones (por ejemplo, tickets o facturas simplificadas con IVA incluido en determinados supuestos). El plazo para repercutir es de un año desde el devengo del impuesto; transcurrido ese plazo, el sujeto pasivo pierde el derecho a repercutir. Las controversias sobre la procedencia y cuantía de la repercusión se consideran de naturaleza tributaria y se plantean en vía económico-administrativa, no ante la jurisdicción civil. Si la repercusión ha sido improcedente o excesiva, procede la rectificación de la factura y la devolución al repercutido, que puede reclamar directamente a la Administración la devolución de ingresos indebidos cuando se ha producido un ingreso indebido por el sujeto pasivo (doctrina del TS y del TJUE).
Novedades normativas recientes que afectan al IVA
La regulación del IVA ha experimentado cambios importantes por la normativa de la Unión Europea. Desde el 1 de julio de 2021 se aplica el paquete de comercio electrónico (transpuesto en España por el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril): umbral común de 10.000 euros para las ventas a distancia y servicios de telecomunicaciones, radiodifusión y electrónicos a consumidores, ventanilla única OSS para ventas a distancia intracomunitarias y servicios, ventanilla única de importación IOSS para envíos de hasta 150 euros y supresión de la exención de pequeños envíos. En el ámbito de la Unión se ha aprobado además la Directiva (UE) 2025/516 (paquete «IVA en la era digital», ViDA), que prevé la facturación electrónica obligatoria en operaciones transfronterizas entre empresarios, con calendario progresivo hasta 2030, el registro único en el IVA y un régimen especial para las plataformas en alojamiento de corta duración y transporte de pasajeros. En España, la Ley 18/2022 (ley Crea y Crece) impone la facturación electrónica entre empresarios, y las normas antifraude sobre sistemas informáticos de facturación (Ley 11/2021 y Real Decreto 1007/2023) se aplicarán con el calendario vigente, que ha sido objeto de aplazamiento. Los plazos exactos deben contrastarse con la normativa vigente en la fecha de la convocatoria.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El IVA es plurifásico NO acumulativo: se exige en cada fase pero solo grava el valor añadido gracias al doble mecanismo de repercusión (IVA devengado) y deducción (IVA soportado); neutral para el empresario, la carga final recae en el consumidor.
Ámbito espacial: Península e Islas Baleares. EXCLUIDOS: Canarias (IGIC), Ceuta y Melilla (IPSI) — el tráfico con estos territorios se trata como exportación/importación.
El hecho imponible tiene 4 modalidades: entregas de bienes, prestaciones de servicios (concepto RESIDUAL), adquisiciones intracomunitarias de bienes, e importaciones.
Entrega de bienes = transmisión del PODER DE DISPOSICIÓN (concepto económico, no civil); las ejecuciones de obra con aportación de materiales que excedan del 40% de la base imponible se asimilan a entrega.
Solo hay hecho imponible IVA si la operación la realiza un EMPRESARIO O PROFESIONAL actuando como tal; el concepto del art. 5 LIVA es autónomo y no exige habitualidad (un promotor ocasional también es empresario a efectos de IVA).
No sujeción ≠ exención: la no sujeción excluye el propio hecho imponible (p. ej. transmisión de unidad económica autónoma, servicios en régimen de dependencia laboral); la exención presupone hecho imponible realizado pero exime del gravamen efectivo.
Distinción CLAVE: exención PLENA (exportaciones, entregas intracomunitarias) conserva el derecho a deducir el IVA soportado; exención LIMITADA (sanidad, educación, financieros, arrendamiento de vivienda, 2ª entrega de edificaciones) NO permite deducir — genera «IVA oculto».
Primera entrega de edificación nueva (por el promotor) tributa por IVA; segundas y ulteriores entregas están EXENTAS (tributan por TPO), salvo que el promotor la haya usado ≥2 años, en cuyo caso ya no es «primera entrega» aunque sea la 1ª venta.
La renuncia a la exención inmobiliaria exige que el adquirente sea sujeto pasivo de IVA con derecho a deducción total o parcial (o previsión razonable de destino con derecho a deducir), comunicada de forma fehaciente antes o en el momento de la entrega.
Desde las «quick fixes» de 2020, la exención de entregas intracomunitarias exige como requisito MATERIAL (no solo formal) tener el NIF-IVA del adquirente e incluir la operación en el modelo 349.
Localización de servicios: regla general B2B = sede del DESTINATARIO; regla general B2C = sede del PRESTADOR. Reglas especiales: inmuebles siempre donde radique el inmueble; telecomunicaciones/electrónicos B2C = donde esté el destinatario (régimen OSS).
Ventas a distancia intracomunitarias B2C: tributan en destino si se supera el umbral común de 10.000 euros anuales; el vendedor puede liquidar todo mediante el régimen de ventanilla única (OSS) sin identificarse en cada Estado.
Regla general del sujeto pasivo: quien REALIZA la operación (no quien la recibe); la inversión del sujeto pasivo (destinatario autorrepercute) es la EXCEPCIÓN: no establecido en España, oro sin elaborar, determinados residuos/chatarra, y especialmente ejecuciones de obra en construcción/rehabilitación entre promotor-contratista-subcontratista.
Los responsables solidarios incluyen a quien adquiere mercancías con fundadas sospechas de que el IVA de la operación no será declarado ni ingresado — mecanismo antifraude «carrusel».
Las AIB están reguladas en los arts. 13 (sujeción), 14 (concepto) y 15 (asimiladas): no confundir el art. 15, que recoge las AIB asimiladas, con el concepto del art. 14.
Las AIB de medios de transporte nuevos tributan siempre en destino, aunque el vendedor sea un particular y el comprador no sea empresario.
Medios de transporte nuevos: terrestres más de 48 cc o 7,2 kW (6 meses o 6.000 km); embarcaciones más de 7,5 m (3 meses o 100 horas); aeronaves más de 1.550 kg (3 meses o 40 horas).
No sujeción: transmisión de unidad económica autónoma (art. 7.1º), muestras (7.2º), servicios de demostración (7.3º), objetos publicitarios sin valor comercial intrínseco (7.4º), servicios en régimen de dependencia laboral (7.5º), entes públicos sin contraprestación (7.6º), entregas de dinero (7.7º) y servicios gratuitos obligatorios por norma o convenio (7.8º).
Arrendamiento de vivienda con opción de compra: queda excluido de la exención cuando el arrendatario se ha comprometido a ejercitar la opción (se trata como entrega de bienes).
En una operación con renuncia a la exención inmobiliaria, el sujeto pasivo pasa a ser el adquirente (inversión del sujeto pasivo, art. 84.Uno.2º).
Oro sin elaborar o semielaborado de ley igual o superior a 325 milésimas: inversión del sujeto pasivo.
Desde 1-7-2021 no existe exención de importaciones de valor inferior a 22 euros; las de hasta 150 euros pueden acogerse al régimen IOSS.
Localización: AIB, donde termina el transporte (art. 71); importaciones, donde se introducen los bienes; servicios B2B, sede del destinatario (art. 69.Uno.1º); servicios B2C, sede del prestador (art. 69.Uno.2º); excepciones en el art. 70.
Tributación en destino: las exportaciones y las entregas intracomunitarias son exentas con derecho a deducir; las importaciones y AIB tributan en España.
La repercusión debe hacerse en el plazo de un año desde el devengo; las controversias sobre repercusión son tributarias (vía económico-administrativa).
Doctrina TJUE: Card Protection Plan (operación única/accesoria), Halifax (abuso de derecho), Kittel (conocimiento del fraude: se deniega la deducción), Tolsma (vínculo directo entre servicio y contraprestación).
El IVA está cedido parcialmente a las CCAA de régimen común en un 50 por ciento (Ley 22/2009), aunque el Estado tiene toda la competencia normativa.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
Las segundas y ulteriores entregas de edificaciones:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 24 de Hacienda (AEAT)?
El IVA, regulado por la Ley 37/1992, es el gran impuesto indirecto armonizado del sistema tributario español y de toda la Unión Europea: grava el consumo final de bienes y servicios mediante un mecanismo plurifásico de repercusión y deducción que lo hace neutral para los empresarios y profesionales, trasladando la carga económica final al consumidor. Este primer tema de los tres dedicados al IVA desarrolla su estructura básica: el hecho imponible (entregas de bienes, prestaciones de servicios, adquisiciones intracomunitarias e importaciones), los supuestos de no sujeción, el extenso catálogo de exenciones —con la distinción esencial entre exenciones plenas y limitadas—, las reglas de localización que determinan cuándo una operación tributa en España, y la determinación del sujeto pasivo, con especial atención al mecanismo de inversión del sujeto pasivo.
¿Qué hay que memorizar del Tema 24 para el examen?
El IVA es plurifásico NO acumulativo: se exige en cada fase pero solo grava el valor añadido gracias al doble mecanismo de repercusión (IVA devengado) y deducción (IVA soportado); neutral para el empresario, la carga final recae en el consumidor. Ámbito espacial: Península e Islas Baleares. EXCLUIDOS: Canarias (IGIC), Ceuta y Melilla (IPSI) — el tráfico con estos territorios se trata como exportación/importación. El hecho imponible tiene 4 modalidades: entregas de bienes, prestaciones de servicios (concepto RESIDUAL), adquisiciones intracomunitarias de bienes, e importaciones. Entrega de bienes = transmisión del PODER DE DISPOSICIÓN (concepto económico, no civil); las ejecuciones de obra con aportación de materiales que excedan del 40% de la base imponible se asimilan a entrega. Solo hay hecho imponible IVA si la operación la realiza un EMPRESARIO O PROFESIONAL actuando como tal; el concepto del art. 5 LIVA es autónomo y no exige habitualidad (un promotor ocasional también es empresario a efectos de IVA). No sujeción ≠ exención: la no sujeción excluye el propio hecho imponible (p. ej. transmisión de unidad económica autónoma, servicios en régimen de dependencia laboral); la exención presupone hecho imponible realizado pero exime del gravamen efectivo. Distinción CLAVE: exención PLENA (exportaciones, entregas intracomunitarias) conserva el derecho a deducir el IVA soportado; exención LIMITADA (sanidad, educación, financieros, arrendamiento de vivienda, 2ª entrega de edificaciones) NO permite deducir — genera «IVA oculto». Primera entrega de edificación nueva (por el promotor) tributa por IVA; segundas y ulteriores entregas están EXENTAS (tributan por TPO), salvo que el promotor la haya usado ≥2 años, en cuyo caso ya no es «primera entrega» aunque sea la 1ª venta. La renuncia a la exención inmobiliaria exige que el adquirente sea sujeto pasivo de IVA con derecho a deducción total o parcial (o previsión razonable de destino con derecho a deducir), comunicada de forma fehaciente antes o en el momento de la entrega. Desde las «quick fixes» de 2020, la exención de entregas intracomunitarias exige como requisito MATERIAL (no solo formal) tener el NIF-IVA del adquirente e incluir la operación en el modelo 349. Localización de servicios: regla general B2B = sede del DESTINATARIO; regla general B2C = sede del PRESTADOR. Reglas especiales: inmuebles siempre donde radique el inmueble; telecomunicaciones/electrónicos B2C = donde esté el destinatario (régimen OSS). Ventas a distancia intracomunitarias B2C: tributan en destino si se supera el umbral común de 10.000 euros anuales; el vendedor puede liquidar todo mediante el régimen de ventanilla única (OSS) sin identificarse en cada Estado. Regla general del sujeto pasivo: quien REALIZA la operación (no quien la recibe); la inversión del sujeto pasivo (destinatario autorrepercute) es la EXCEPCIÓN: no establecido en España, oro sin elaborar, determinados residuos/chatarra, y especialmente ejecuciones de obra en construcción/rehabilitación entre promotor-contratista-subcontratista. Los responsables solidarios incluyen a quien adquiere mercancías con fundadas sospechas de que el IVA de la operación no será declarado ni ingresado — mecanismo antifraude «carrusel». Las AIB están reguladas en los arts. 13 (sujeción), 14 (concepto) y 15 (asimiladas): no confundir el art. 15, que recoge las AIB asimiladas, con el concepto del art. 14. Las AIB de medios de transporte nuevos tributan siempre en destino, aunque el vendedor sea un particular y el comprador no sea empresario. Medios de transporte nuevos: terrestres más de 48 cc o 7,2 kW (6 meses o 6.000 km); embarcaciones más de 7,5 m (3 meses o 100 horas); aeronaves más de 1.550 kg (3 meses o 40 horas). No sujeción: transmisión de unidad económica autónoma (art. 7.1º), muestras (7.2º), servicios de demostración (7.3º), objetos publicitarios sin valor comercial intrínseco (7.4º), servicios en régimen de dependencia laboral (7.5º), entes públicos sin contraprestación (7.6º), entregas de dinero (7.7º) y servicios gratuitos obligatorios por norma o convenio (7.8º). Arrendamiento de vivienda con opción de compra: queda excluido de la exención cuando el arrendatario se ha comprometido a ejercitar la opción (se trata como entrega de bienes). En una operación con renuncia a la exención inmobiliaria, el sujeto pasivo pasa a ser el adquirente (inversión del sujeto pasivo, art. 84.Uno.2º). Oro sin elaborar o semielaborado de ley igual o superior a 325 milésimas: inversión del sujeto pasivo. Desde 1-7-2021 no existe exención de importaciones de valor inferior a 22 euros; las de hasta 150 euros pueden acogerse al régimen IOSS. Localización: AIB, donde termina el transporte (art. 71); importaciones, donde se introducen los bienes; servicios B2B, sede del destinatario (art. 69.Uno.1º); servicios B2C, sede del prestador (art. 69.Uno.2º); excepciones en el art. 70. Tributación en destino: las exportaciones y las entregas intracomunitarias son exentas con derecho a deducir; las importaciones y AIB tributan en España. La repercusión debe hacerse en el plazo de un año desde el devengo; las controversias sobre repercusión son tributarias (vía económico-administrativa). Doctrina TJUE: Card Protection Plan (operación única/accesoria), Halifax (abuso de derecho), Kittel (conocimiento del fraude: se deniega la deducción), Tolsma (vínculo directo entre servicio y contraprestación). El IVA está cedido parcialmente a las CCAA de régimen común en un 50 por ciento (Ley 22/2009), aunque el Estado tiene toda la competencia normativa.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149) (Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna).
Fuentes de este desarrollo
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE-A-1992-28740)
Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación
Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido
Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea (comercio electrónico en el IVA)
Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común
Directiva (UE) 2025/516 del Consejo, de 11 de marzo de 2025 (IVA en la era digital)
Mientras tanto, practica con tests gratis de Hacienda (AEAT).