Tema 6. Los obligados tributarios. Sujetos pasivos: Contribuyente y sustituto del contribuyente. Sucesores. Responsables solidarios y subsidiarios. Otros obligados tributarios. La capacidad de obrar. Representación. Domicilio fiscal. La declaración censal. El deber de expedir y entregar facturas.
Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, turno libre y promoción interna (666 plazas: 446 libre + 220 promoción interna). Es distinto del temario del Cuerpo de Agentes Tributarios (C1) y del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (A1), que tienen procesos y temarios propios, no cubiertos aquí.
El Capítulo II del Título II de la LGT (arts. 35-48) regula el elenco de obligados tributarios, con el sujeto pasivo (contribuyente y sustituto) como figura central de la obligación tributaria principal, junto a los sucesores y los responsables (solidarios y subsidiarios), que amplían el círculo de personas frente a las que la Administración puede dirigirse. Se completa con el régimen de capacidad de obrar, representación y domicilio fiscal, y con dos obligaciones formales de especial relevancia práctica: la declaración censal y el deber de expedir y entregar facturas (art. 29 LGT, RD 1065/2007 y RD 1619/2012). Conviene distinguir con precisión las figuras cercanas (contribuyente, sustituto, retenedor, responsable y sucesor), porque el examen suele jugar con la confusión entre ellas.
Concepto y enumeración de obligados tributarios (art. 35 LGT)
Son obligados tributarios las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones tributarias (art. 35.1). El art. 35.2 enumera, entre otros: los contribuyentes; los sustitutos del contribuyente; los obligados a realizar pagos fraccionados; los retenedores; los obligados a practicar ingresos a cuenta; los obligados a repercutir; los obligados a soportar la repercusión; los obligados a soportar la retención; los obligados a soportar el ingreso a cuenta; los sucesores; y los beneficiarios de supuestos de exención, devolución o bonificaciones tributarias cuando no tengan la condición de sujetos pasivos. Tienen también la consideración de obligados tributarios los responsables (arts. 41 a 43) y quienes deban cumplir obligaciones tributarias formales (art. 29), aunque no sean sujetos pasivos. El art. 35.3 extiende la condición de obligados tributarios, en las leyes en que así se establezca, a las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptible de imposición. Cuando varios obligados tributarios concurren en un mismo presupuesto de una obligación, quedan solidariamente obligados frente a la Administración al cumplimiento de todas las prestaciones, salvo que la ley disponga expresamente otra cosa (art. 35.7). Por último, los elementos de la obligación tributaria no pueden ser alterados por actos o convenios de los particulares, que no surten efecto ante la Administración sin perjuicio de sus consecuencias jurídico-privadas (art. 17.5): un pacto por el que alguien asume el pago del impuesto de otro vale entre ellos, pero no cambia quién es el obligado frente a Hacienda.
El sujeto pasivo: contribuyente y sustituto (art. 36 LGT)
Es sujeto pasivo el obligado tributario que, según la ley, debe cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma, sea como contribuyente o como sustituto del mismo (art. 36.1). No pierde la condición de sujeto pasivo quien deba repercutir la cuota tributaria a otros obligados, salvo que la ley de cada tributo disponga otra cosa (art. 36.2): por eso el empresario que repercute el IVA sigue siendo el sujeto pasivo frente a la Hacienda. Es contribuyente el sujeto pasivo que realiza el hecho imponible (art. 36.3). Es sustituto el sujeto pasivo que, por imposición de la ley y en lugar del contribuyente, está obligado a cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma; el sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas, salvo que la ley señale otra cosa (art. 36.4). Diferencia esencial: el sustituto desplaza al contribuyente y la Administración se dirige contra él desde el principio (es sujeto pasivo), mientras que el responsable se coloca junto o detrás del deudor principal y solo responde tras un acto de derivación. Ejemplos clásicos de sustitución en la imposición local: en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), quienes soliciten la licencia o realicen la construcción sin ser propietarios son sustitutos del contribuyente (el dueño de la obra); y en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, en las transmisiones onerosas el adquirente es sustituto cuando el transmitente sea una persona física no residente. Las normas de los tributos concretos pueden, además, designar a otros sujetos pasivos (p. ej., la inversión del sujeto pasivo en el IVA, en la que el destinatario de la operación ingresa el impuesto).
Otros obligados tributarios: pagos a cuenta y relaciones entre particulares (arts. 23, 24, 37 y 38 LGT)
La obligación de realizar pagos a cuenta (art. 23) es autónoma respecto de la obligación tributaria principal y se materializa en tres figuras (art. 37): el obligado a realizar pagos fraccionados, que es el contribuyente a quien la ley impone ingresar cantidades a cuenta de la obligación principal con anterioridad al nacimiento de esta (p. ej., los pagos fraccionados trimestrales de los empresarios y profesionales en el IRPF); el retenedor, persona o entidad a la que la ley de cada tributo impone la obligación de detraer e ingresar en la Administración, con ocasión de los pagos que realice a otros obligados, una parte de su importe a cuenta del tributo que corresponda a estos (p. ej., la empresa que retiene el IRPF de la nómina); y el obligado a practicar ingresos a cuenta, que es quien satisface o entrega rentas, en especie o dinerarias, sujetas a ingreso a cuenta. Las relaciones entre particulares derivadas de los tributos (arts. 24 y 38) generan los obligados a repercutir, a soportar la repercusión, a soportar la retención y a soportar el ingreso a cuenta: el retenido es obligado tributario aunque no sea quien ingresa, y descuenta lo retenido en su propia obligación principal. Los beneficiarios de exenciones, devoluciones o bonificaciones que no sean sujetos pasivos (art. 35.2.k) son obligados tributarios a los solos efectos de cumplir los deberes formales o de justificar los requisitos de su beneficio.
Sucesores (arts. 39-40 LGT)
A la muerte de los obligados tributarios, las obligaciones tributarias pendientes se transmiten a los herederos, sin perjuicio de lo que establece la legislación civil en cuanto a la adquisición de la herencia; las sanciones que pudieran proceder por las infracciones cometidas por el causante no se transmiten a los herederos (art. 39.1). Mientras la herencia se encuentre yacente, el cumplimiento de las obligaciones tributarias del causante corresponde al representante de la herencia yacente; las obligaciones se transmiten a los legatarios en los mismos términos que a los herederos cuando la herencia se distribuya en legados o se instituyan legados de parte alícuota. Para las personas jurídicas y entidades disueltas y liquidadas, el art. 40 distingue según la responsabilidad de los socios: cuando la ley limita la responsabilidad patrimonial de los socios, partícipes o cotitulares, las obligaciones tributarias pendientes se transmiten a estos, que quedan obligados solidariamente hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que les corresponda; cuando la ley no limita esa responsabilidad, las obligaciones se transmiten íntegramente a los socios, que quedan solidariamente obligados a su cumplimiento. Las obligaciones de las fundaciones y de las entidades sin personalidad jurídica disueltas se transmiten a los destinatarios de sus bienes y derechos o a sus partícipes, con las particularidades del propio art. 40, y en los supuestos de extinción de sociedades mercantiles sin liquidación (fusión, escisión total) las obligaciones pendientes pasan a quienes sucedan o resulten beneficiarios de la operación. El procedimiento de recaudación frente a los sucesores se regula en el art. 177 LGT. No debe confundirse la sucesión (transmisión de la deuda del propio obligado) con la responsabilidad del adquirente de una explotación económica, que es un supuesto de responsabilidad solidaria del art. 42.1.c).
Responsables solidarios y subsidiarios (arts. 41-43 y 174-176 LGT)
La ley puede configurar como responsables solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria, junto a los deudores principales, a otras personas o entidades; salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria (art. 41.2). La responsabilidad exige un acto administrativo de declaración de responsabilidad (derivación de la acción administrativa), dictado previa audiencia del interesado, que determine su alcance y extensión; con carácter general la responsabilidad alcanza a la totalidad de la deuda exigida en periodo voluntario y no a las sanciones, salvo los supuestos en que la ley lo prevé. Supuestos de responsabilidad solidaria (art. 42): quienes sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria (art. 42.1.a, cuya responsabilidad se extiende a la sanción); los partícipes o cotitulares de las entidades del art. 35.3 (herencias yacentes, comunidades de bienes...) en proporción a sus participaciones, respecto de las obligaciones tributarias materiales de la entidad (42.1.b); quienes sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas por el anterior titular y derivadas de su ejercicio (42.1.c), pudiendo el adquirente solicitar un certificado de deudas que limita su responsabilidad; y, respecto de la deuda pendiente (art. 42.2), quienes causen o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del obligado con la finalidad de impedir la traba, quienes por culpa o negligencia incumplan órdenes de embargo, quienes con conocimiento del embargo colaboren o consientan en el levantamiento de los bienes y, desde la Ley 34/2015, quienes tengan el control efectivo, total o parcial, de personas jurídicas (o con voluntad rectora común) cuando concurra unicidad de personas o esferas económicas, confusión o desviación patrimonial y abuso de la personalidad jurídica. Supuestos de responsabilidad subsidiaria (art. 43): los administradores de hecho o de derecho de personas jurídicas que, habiendo estas cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado los actos necesarios de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, hubiesen consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos que lo posibilitasen (su responsabilidad se extiende también a las sanciones); los administradores de personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones devengadas con anterioridad pendientes en el momento del cese, si no hicieron lo necesario para su pago o adoptaron acuerdos que lo impidieron; los integrantes de la administración concursal y los liquidadores que no hubiesen realizado las gestiones necesarias para el íntegro cumplimiento de las obligaciones devengadas con anterioridad; los adquirentes de bienes afectos por ley a la deuda tributaria (art. 79); y quienes contraten o subcontraten la ejecución de obras o la prestación de servicios correspondientes a su actividad económica principal, por los tributos que deban repercutirse o las cantidades que deban retenerse a trabajadores, profesionales u otros empresarios, en la parte que corresponda a las obras o servicios contratados. Procedimiento: la responsabilidad solidaria puede exigirse sin necesidad de declarar fallido al deudor principal (art. 175), mientras que la subsidiaria requiere la previa declaración de fallido del deudor principal y de los responsables solidarios (art. 176). Prescripción: para los responsables solidarios el plazo de cuatro años de pago comienza al día siguiente de finalizar el plazo de pago voluntario del deudor principal; para los subsidiarios, desde la notificación de la última actuación recaudatoria practicada al deudor principal o a cualquiera de los responsables solidarios (art. 67.2).
Capacidad de obrar y representación (arts. 44-47 LGT)
Tienen capacidad de obrar en el orden tributario, además de las personas que la tengan conforme a Derecho, los menores de edad y las personas con la capacidad limitada, en las relaciones tributarias derivadas de las actividades cuyo ejercicio o cuya titularidad les esté permitido por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de quien ejerza la patria potestad, tutela, curatela o defensa judicial (art. 44; la redacción histórica habla de incapacitados y debe leerse hoy en clave de la reforma civil de apoyo a las personas con discapacidad). La representación puede ser legal o voluntaria. Por quienes carecen de capacidad de obrar actúan sus representantes legales; por las personas jurídicas, quienes ostenten su representación en el momento de actuar; y por las entidades sin personalidad del art. 35.3, el que ostente la representación siempre que resulte acreditada de forma fehaciente o, en su defecto, el que aparentemente ejerza la gestión o dirección o, a falta de ambos, cualquiera de sus miembros o partícipes (art. 45). Los obligados con capacidad de obrar pueden actuar por medio de representante, que puede ser un asesor fiscal (art. 46). Para interponer recursos o reclamaciones, desistir de ellos, renunciar a derechos, asumir obligaciones en nombre del obligado y solicitar certificados, la representación debe acreditarse por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado ante el órgano administrativo competente; para los actos de mero trámite se presume otorgada la representación. En la práctica se utilizan el registro electrónico de apoderamientos y las autorizaciones de colaboración social (por ejemplo, los profesionales que presentan declaraciones en nombre de terceros). Las personas jurídicas y las entidades sin personalidad, entre otros colectivos, están obligadas a relacionarse por medios electrónicos con la Administración (art. 14.2 de la Ley 39/2015).
Domicilio fiscal (art. 48 LGT)
El domicilio fiscal es el lugar de localización del obligado tributario en sus relaciones con la Administración tributaria (art. 48.1). Reglas: a) personas físicas: el lugar de su residencia habitual; no obstante, para las que desarrollen principalmente actividades económicas, la Administración podrá considerar como domicilio fiscal el lugar donde esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de las actividades desarrolladas, y si no pudiera determinarse, el lugar donde radique el mayor valor del inmovilizado; b) personas jurídicas: su domicilio social, siempre que en él esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios; en otro caso, el lugar en el que se lleve a cabo dicha gestión o dirección y, si no pudiera determinarse, el de mayor valor del inmovilizado; c) entidades sin personalidad jurídica: el domicilio social o, en su defecto, el que corresponda según las reglas anteriores; d) no residentes: las reglas específicas del art. 48 (con establecimiento permanente, el de este; en otro caso, el de su representante en España o el lugar de mayor valor de los bienes y derechos). Los obligados deben comunicar su domicilio fiscal y los cambios del mismo a la Administración, en la forma y plazos reglamentarios (para personas físicas no empresarias, mediante el modelo 030; en otro caso, mediante la declaración censal), y la Administración puede comprobar la realidad del domicilio declarado y rectificarlo. El domicilio fiscal determina, entre otras cosas, la Administración competente (AEAT, Hacienda foral o autonómica), el lugar de notificación y, en los tributos cedidos, la comunidad autónoma competente.
La declaración censal (art. 29.2.a LGT y RD 1065/2007)
Entre las obligaciones formales del art. 29.2 LGT figuran, por este orden: a) presentar declaraciones censales por quienes desarrollen o vayan a desarrollar actividades económicas o satisfagan rendimientos sujetos a retención o ingreso a cuenta; b) solicitar y utilizar el NIF; c) presentar declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones; d) llevar y conservar libros de contabilidad y registros; e) expedir y entregar facturas; f) aportar libros, registros, documentos o información con trascendencia tributaria; y g) facilitar la práctica de inspecciones y comprobaciones. La declaración censal sirve para elaborar y mantener los censos tributarios, en particular el censo de empresarios, profesionales y retenedores, y se concreta en el alta (con carácter general antes del inicio de la actividad o de las operaciones), la modificación de los datos (plazo de un mes desde la variación) y la baja (plazo de un mes desde el cese). Se presenta, en el ámbito estatal, mediante el modelo 036 y su versión simplificada 037 (cuya vigencia y alcance conviene comprobar en la normativa en vigor), salvo las personas físicas no empresarias, que usan el modelo 030. El contenido de los censos, la declaración censal y el NIF se regulan en el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos (RD 1065/2007). La falta de presentación o la presentación incorrecta o fuera de plazo de las declaraciones censales puede constituir infracción tributaria, y la AEAT puede incluso revocar el NIF de una entidad y dar de baja en el censo en los supuestos previstos reglamentariamente.
El deber de expedir y entregar facturas (art. 29.2.e LGT y RD 1619/2012)
El deber de expedir y entregar factura u otro justificante de las operaciones realizadas en el desarrollo de la actividad, y de conservar los correspondientes a las recibidas, es una obligación formal de empresarios y profesionales (art. 29.2.e LGT), desarrollada por el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. Están obligados a expedir factura los empresarios y profesionales por las entregas de bienes y prestaciones de servicios que realicen en el desarrollo de su actividad (también por los pagos anticipados), y a hacerlo, por regla general, en el momento de realizarse la operación; cuando el destinatario sea un empresario o profesional que actúe como tal, la factura debe expedirse antes del día 16 del mes siguiente a aquel en que se haya producido el devengo. El Reglamento excluye la obligación en determinadas operaciones, como las exentas del IVA por el art. 20 de la Ley del IVA (con las salvedades que el propio Reglamento establece) y ciertos servicios financieros y de seguros. Clases de documentos: la factura completa, con su contenido obligatorio (número y, en su caso, serie, fecha de expedición, fecha de la operación si es distinta, datos identificativos con NIF y domicilio del expedidor y del destinatario, descripción de la operación, tipo impositivo, cuota repercutida y contraprestación total); la factura simplificada (antes llamada ticket), que puede expedirse cuando su importe no exceda de 400 euros, IVA incluido, en las facturas rectificativas y, en ciertos sectores (ventas al por menor, hostelería y restauración, transporte de personas, aparcamiento, etc.), cuando no exceda de 3.000 euros, IVA incluido, debiendo expedirse factura completa si el destinatario, empresario o profesional, la exige para ejercer un derecho de naturaleza tributaria; la factura rectificativa, para corregir errores o variaciones de la base; y la factura electrónica, que exige consentimiento del destinatario. Las facturas deben conservarse durante el plazo de prescripción tributaria (cuatro años, art. 66 LGT), sin perjuicio del deber mercantil de conservar la documentación durante seis años (art. 30 del Código de Comercio). El incumplimiento de las obligaciones de facturación o documentación constituye infracción tributaria (art. 201 LGT), sancionable con carácter general con multa pecuniaria proporcional del 1 por ciento del importe del conjunto de las operaciones que hayan originado el incumplimiento, con un mínimo de 300 euros. Novedades: la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, impone la facturación electrónica en las operaciones entre empresarios y profesionales, con eficacia sujeta a su desarrollo reglamentario; y el Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, regula los requisitos de los sistemas informáticos de facturación (el sistema conocido como VERI*FACTU, cuya fecha de exigibilidad ha sido aplazada en varias ocasiones y debe consultarse en la normativa vigente), en desarrollo de la prohibición de programas que permitan alterar o suprimir registros contables introducida en el art. 29.2.j LGT por la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Las sanciones por infracciones del causante NO se transmiten a los herederos (art. 39.1 LGT), a diferencia de las obligaciones tributarias pendientes, que sí se transmiten.
Salvo precepto legal en contrario, la responsabilidad tributaria es siempre subsidiaria (art. 41.2 LGT); los supuestos de responsabilidad solidaria y subsidiaria son los previstos en la ley (arts. 42 y 43) y requieren acto de declaración de responsabilidad con audiencia del interesado.
Numeración a memorizar del art. 36: sujeto pasivo (36.1), no pierde la condición quien repercute (36.2), contribuyente (36.3), sustituto (36.4).
El sustituto cumple la obligación tributaria principal en lugar del contribuyente (es sujeto pasivo), pudiendo exigirle después el importe satisfecho, salvo que la ley disponga otra cosa; el responsable, en cambio, no es sujeto pasivo y solo responde tras la derivación.
Sucesión en entidades disueltas y liquidadas (art. 40): si la ley limita la responsabilidad de los socios, solo hasta el valor de la cuota de liquidación; si no la limita, íntegramente y de forma solidaria.
Responsabilidad solidaria sin previa declaración de fallido del deudor principal; la subsidiaria exige declarar fallidos al deudor principal y a los responsables solidarios (art. 176).
El art. 42.2.d (control efectivo de personas jurídicas con confusión patrimonial y abuso de la personalidad jurídica) se añadió por la Ley 34/2015.
El domicilio fiscal de las personas jurídicas es su domicilio social solo si en él está efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus negocios; en caso contrario, el lugar donde realmente se ejerzan.
La entidad sin personalidad jurídica del art. 35.3 (comunidad de bienes, herencia yacente) es obligado tributario solo cuando la ley lo establece; sus partícipes responden solidariamente de sus obligaciones materiales (art. 42.1.b).
Declaración censal: alta antes del inicio de la actividad; modificaciones y bajas, en el plazo de un mes. Factura al empresario: antes del día 16 del mes siguiente al devengo; factura simplificada: hasta 400 euros IVA incluido (3.000 euros en sectores tasados).
El NIF y las declaraciones censales son obligaciones formales del art. 29.2 LGT (letras a y b), no deben confundirse con las de la letra e (facturas).
Los pactos privados sobre quién paga el tributo no vinculan a la Administración (art. 17.5 LGT).
10 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 100 aciertos
¿Qué diferencia existe entre el contribuyente y el sustituto del contribuyente, según el art. 36 LGT?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 6 de Hacienda (AEAT)?
El Capítulo II del Título II de la LGT (arts. 35-48) regula el elenco de obligados tributarios, con el sujeto pasivo (contribuyente y sustituto) como figura central de la obligación tributaria principal, junto a los sucesores y los responsables (solidarios y subsidiarios), que amplían el círculo de personas frente a las que la Administración puede dirigirse. Se completa con el régimen de capacidad de obrar, representación y domicilio fiscal, y con dos obligaciones formales de especial relevancia práctica: la declaración censal y el deber de expedir y entregar facturas (art. 29 LGT, RD 1065/2007 y RD 1619/2012). Conviene distinguir con precisión las figuras cercanas (contribuyente, sustituto, retenedor, responsable y sucesor), porque el examen suele jugar con la confusión entre ellas.
¿Qué hay que memorizar del Tema 6 para el examen?
Las sanciones por infracciones del causante NO se transmiten a los herederos (art. 39.1 LGT), a diferencia de las obligaciones tributarias pendientes, que sí se transmiten. Salvo precepto legal en contrario, la responsabilidad tributaria es siempre subsidiaria (art. 41.2 LGT); los supuestos de responsabilidad solidaria y subsidiaria son los previstos en la ley (arts. 42 y 43) y requieren acto de declaración de responsabilidad con audiencia del interesado. Numeración a memorizar del art. 36: sujeto pasivo (36.1), no pierde la condición quien repercute (36.2), contribuyente (36.3), sustituto (36.4). El sustituto cumple la obligación tributaria principal en lugar del contribuyente (es sujeto pasivo), pudiendo exigirle después el importe satisfecho, salvo que la ley disponga otra cosa; el responsable, en cambio, no es sujeto pasivo y solo responde tras la derivación. Sucesión en entidades disueltas y liquidadas (art. 40): si la ley limita la responsabilidad de los socios, solo hasta el valor de la cuota de liquidación; si no la limita, íntegramente y de forma solidaria. Responsabilidad solidaria sin previa declaración de fallido del deudor principal; la subsidiaria exige declarar fallidos al deudor principal y a los responsables solidarios (art. 176). El art. 42.2.d (control efectivo de personas jurídicas con confusión patrimonial y abuso de la personalidad jurídica) se añadió por la Ley 34/2015. El domicilio fiscal de las personas jurídicas es su domicilio social solo si en él está efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus negocios; en caso contrario, el lugar donde realmente se ejerzan. La entidad sin personalidad jurídica del art. 35.3 (comunidad de bienes, herencia yacente) es obligado tributario solo cuando la ley lo establece; sus partícipes responden solidariamente de sus obligaciones materiales (art. 42.1.b). Declaración censal: alta antes del inicio de la actividad; modificaciones y bajas, en el plazo de un mes. Factura al empresario: antes del día 16 del mes siguiente al devengo; factura simplificada: hasta 400 euros IVA incluido (3.000 euros en sectores tasados). El NIF y las declaraciones censales son obligaciones formales del art. 29.2 LGT (letras a y b), no deben confundirse con las de la letra e (facturas). Los pactos privados sobre quién paga el tributo no vinculan a la Administración (art. 17.5 LGT).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149) (Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna).
Fuentes de este desarrollo
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE-A-2003-23186), arts. 17, 23-24, 29, 35-48, 67.2, 174-177 y 201.
Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE-A-2015-10109).
Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal (BOE-A-2021-11473).
Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos (BOE-A-2007-15984) (censos, declaración censal y NIF).
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación (BOE-A-2012-14696).
Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas (facturación electrónica).
Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación.
Mientras tanto, practica con tests gratis de Hacienda (AEAT).