Tema 11. La recaudación (II). La recaudación en período ejecutivo. Procedimiento de apremio. Carácter del procedimiento. Fases: Iniciación, embargo de bienes y derechos, enajenación y término del procedimiento. Tercerías. Procedimiento frente a responsables y sucesores. Gestión recaudatoria asociada a delitos contra la Hacienda Pública y de contrabando.
Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, turno libre y promoción interna (666 plazas: 446 libre + 220 promoción interna). Es distinto del temario del Cuerpo de Agentes Tributarios (C1) y del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (A1), que tienen procesos y temarios propios, no cubiertos aquí.
Cuando la deuda tributaria no se satisface en periodo voluntario, se abre el periodo ejecutivo, que habilita a la Administración para iniciar el procedimiento de apremio, cauce exclusivamente administrativo y ejecutivo mediante el cual la Hacienda Pública puede embargar y enajenar forzosamente el patrimonio del deudor sin necesidad de acudir previamente a los tribunales, en ejercicio de su autotutela ejecutiva. Los arts. 160-177 de la LGT y el Reglamento General de Recaudación (RD 939/2005) regulan sus fases (providencia de apremio, embargo, enajenación y terminación), las tercerías que pueden suscitarse, el procedimiento frente a responsables y sucesores y su relación con los delitos contra la Hacienda Pública y de contrabando (arts. 250 y siguientes LGT, tras la Ley 34/2015).
Inicio del periodo ejecutivo y recargos (arts. 161 y 28 LGT)
El periodo ejecutivo se inicia (art. 161.1): en el caso de deudas liquidadas por la Administración tributaria, el día siguiente al del vencimiento del plazo establecido para su ingreso en periodo voluntario (art. 62.2); en el caso de deudas a ingresar mediante autoliquidación presentada sin realizar el ingreso, al día siguiente de la finalización del plazo establecido para dicho ingreso o, si ya hubiera concluido, al día siguiente de la presentación de la autoliquidación. Iniciado el periodo ejecutivo, la Administración efectúa la recaudación por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. El inicio del periodo ejecutivo determina la exigencia de los recargos del art. 28 LGT, que se devengan con el inicio de dicho periodo: el recargo ejecutivo, del 5 por ciento, aplicable cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario antes de la notificación de la providencia de apremio; el recargo de apremio reducido, del 10 por ciento, aplicable cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario y el propio recargo antes de la finalización del plazo del art. 62.5 para las deudas apremiadas (el que sigue a la notificación de la providencia); y el recargo de apremio ordinario, del 20 por ciento, aplicable cuando no concurran las circunstancias anteriores. Los dos primeros recargos son incompatibles con los intereses de demora devengados desde el inicio del periodo ejecutivo (no se exigen intereses cuando resulte exigible alguno de ellos), mientras que el recargo de apremio ordinario es compatible con los intereses de demora. Los plazos de pago tras la providencia son los del art. 62.5: si la notificación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 del mes posterior o el inmediato hábil siguiente; si entre el 16 y el último, hasta el día 5 del segundo mes posterior o el inmediato hábil siguiente.
Carácter del procedimiento de apremio (arts. 163-165 LGT)
El procedimiento de apremio es exclusivamente administrativo, siendo la competencia para entender del mismo y resolver todas sus incidencias exclusiva de la Administración tributaria (art. 163.1); es la manifestación de la autotutela ejecutiva de la Administración, que no precisa título judicial. No es acumulable a los procedimientos judiciales ni a otros procedimientos de ejecución, y su concurrencia con procedimientos concursales y otros de ejecución se rige por la regla de concurrencia del art. 164 y por la legislación concursal. El carácter privilegiado de los créditos tributarios frente a otros procedimientos de ejecución solo puede discutirse ante los órganos y por los procedimientos previstos en la propia LGT. El procedimiento puede suspenderse en los términos y condiciones previstos en las normas reguladoras de los recursos y reclamaciones (arts. 224 y 233 LGT): en vía de reposición y económico-administrativa se suspende la ejecución del acto con garantía y, sin garantía, en los supuestos de perjuicio de imposible o difícil reparación, error aritmético, material o de hecho; la suspensión se solicita ante el órgano que dictó el acto y en vía contencioso-administrativa se rige por las medidas cautelares de la Ley 29/1998 (arts. 129 y siguientes).
Iniciación del procedimiento de apremio: la providencia de apremio (art. 167 LGT)
El procedimiento de apremio se inicia mediante providencia notificada al obligado tributario, en la que se identifica la deuda pendiente, se liquidan los recargos del periodo ejecutivo y se requiere para que efectúe el pago (art. 167.1). La providencia de apremio es título suficiente para iniciar el procedimiento de apremio y tiene la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados tributarios. Contra la providencia solo son admisibles los siguientes motivos de oposición (art. 167.3): a) extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago; b) solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en periodo voluntario y otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación; c) falta de notificación de la liquidación; d) anulación o suspensión de la liquidación; e) error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la identificación del deudor o de la deuda apremiada. Contra la providencia cabe recurso de reposición o reclamación económico-administrativa, cuyo plazo es de un mes.
Embargo de bienes y derechos (arts. 168-171 LGT)
Si el obligado no ingresa en el plazo fijado tras la providencia, se procede al embargo de sus bienes y derechos en cuantía suficiente para cubrir el importe de la deuda no ingresada, los intereses que se hubieran devengado o se devenguen hasta la fecha del ingreso en el Tesoro, los recargos del periodo ejecutivo y las costas del procedimiento (art. 169). La Administración puede adoptar medidas cautelares en el curso del procedimiento (art. 168) y, en cuanto al orden, se tomarán como criterios la mayor facilidad de enajenación y la menor onerosidad para el obligado, pudiendo este señalar bienes con conformidad de la Administración siempre que no se perjudique la recaudación. El orden habitual de embargo es: dinero efectivo o en cuentas abiertas en entidades de crédito; créditos, efectos, valores y derechos realizables en el acto o a corto plazo; sueldos, salarios y pensiones; bienes inmuebles; intereses, rentas y frutos de toda especie; establecimientos mercantiles o industriales; metales preciosos, joyas y objetos artísticos; bienes muebles y semovientes; y créditos, efectos, valores y derechos realizables a largo plazo. No pueden embargarse los bienes declarados inembargables por ley (arts. 605 y 606 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), y los salarios, sueldos y pensiones solo son embargables por el exceso del salario mínimo interprofesional, conforme a la escala del art. 607 LEC (el tramo inembargable es el correspondiente al salario mínimo y el resto se embarga por escalones crecientes). El embargo de inmuebles se hace constar en el Registro de la Propiedad mediante anotación preventiva; el de cuentas se practica por diligencia notificada a la entidad de crédito, que retiene e ingresa el importe; y la entrada en el domicilio constitucionalmente protegido requiere el consentimiento del titular o autorización judicial (art. 18 CE).
Enajenación de los bienes embargados (art. 172 LGT)
La enajenación de los bienes embargados se hace mediante subasta pública, concurso o adjudicación directa (art. 172), siendo la subasta el medio ordinario. La subasta se celebra por vía electrónica a través del Portal de Subastas del Boletín Oficial del Estado (la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado), se anuncia en el portal y exige a los licitadores el depósito de una fianza (el 20 por ciento del tipo de subasta, a contrastar con el Reglamento); transcurrido el periodo de licitación y si el bien no se adjudica, la Administración puede abrir una segunda licitación con tipo reducido, la adjudicación directa y, en su caso, la adjudicación del bien a la Hacienda Pública. El concurso se utiliza cuando la naturaleza de los bienes lo aconseja, y la adjudicación directa en los supuestos legales (bienes perecederos, riesgo de pérdida o cuando la subasta quede desierta). El obligado puede liberar los bienes pagando la deuda y las costas hasta el momento de la adjudicación, y la valoración de los bienes embargados puede ser impugnada con arreglo a las normas del Reglamento General de Recaudación.
Término del procedimiento de apremio (art. 173 LGT)
El procedimiento de apremio termina (art. 173.1): a) con el pago de la cantidad debida; b) con el acuerdo que declare el crédito total o parcialmente incobrable, en tanto no se rehabilite en el plazo de prescripción (para lo cual deben haber sido declarados fallidos todos los obligados al pago, deudor principal y responsables); c) con el acuerdo de haberse extinguido la deuda por cualquier otra causa. Si el producto de la enajenación no alcanza a cubrir la deuda, se continúan las actuaciones sobre otros bienes del deudor o contra los responsables (que requieren acto de derivación) hasta su pago o hasta su declaración de crédito incobrable. Aprobada la rehabilitación, el procedimiento se reanuda (art. 76 LGT).
Tercerías
Cuando un tercero pretenda el levantamiento del embargo por entender que le pertenece el dominio de los bienes o derechos embargados (tercería de dominio), o el derecho a ser reintegrado de su crédito con preferencia a la Hacienda Pública (tercería de mejor derecho), formulará su pretensión ante el órgano de recaudación competente. La tercería de dominio debe plantearse antes de la formalización de la venta o la adjudicación de los bienes; suspende el procedimiento de apremio en lo que se refiere a los bienes o derechos controvertidos, en tanto no sea resuelta. La tercería de mejor derecho no suspende el procedimiento, si bien el producto de la enajenación de los bienes se consigna en depósito a resultas de la resolución. Si el tercero es titular de un crédito con garantía real inscrita con anterioridad, se aplica la regla de prelación del art. 77. Es requisito para acudir a la vía judicial civil haber planteado antes la tercería en vía administrativa, y contra la resolución administrativa cabe reposición o reclamación económico-administrativa.
Procedimiento frente a responsables y sucesores (arts. 174-177 LGT)
Frente a los responsables (solidarios o subsidiarios), la deuda se exige mediante un acto administrativo de declaración de responsabilidad (derivación), previo trámite de audiencia al interesado, que determina su alcance y extensión (art. 174); el responsable puede impugnar tanto los presupuestos de la responsabilidad como el importe de la deuda derivada, y tras la notificación dispone de los plazos del art. 62.2 para ingresar, y de no hacerlo se inicia el periodo ejecutivo frente a él con sus recargos. Los responsables solidarios pueden ser demandados sin que el deudor principal haya sido declarado fallido (art. 175); en la responsabilidad subsidiaria se requiere la previa declaración de fallido del deudor principal y de los responsables solidarios (art. 176). Frente a los sucesores (art. 177), las actuaciones recaudatorias se entienden con cualquiera de ellos, y si el deudor fallece durante el procedimiento este puede continuar contra los herederos o legatarios una vez identificados; las sanciones del causante no se exigen a los herederos (art. 39.1).
Gestión recaudatoria asociada a delitos contra la Hacienda Pública y de contrabando (arts. 180 y 250 y siguientes LGT)
Hasta la Ley 34/2015 la Administración debía abstenerse de seguir el procedimiento cuando apreciaba indicios de delito; desde esa reforma, en los casos de delito contra la Hacienda Pública (art. 305 del Código Penal, que se comete cuando la cuota defraudada, el importe no ingresado de retenciones o ingresos a cuenta o de devoluciones indebidas supera los 120.000 euros) la Administración tributaria que aprecie indicios de delito, practica la liquidación administrativa de los elementos de la obligación tributaria vinculados al posible delito (liquidación vinculada a delito), pasa el tanto de culpa a la jurisdicción competente o remite el expediente al Ministerio Fiscal, y puede iniciar la recaudación de la deuda liquidada sin esperar a la resolución del proceso penal, sin imponer sanción administrativa mientras el proceso penal esté pendiente; el juez penal puede, de oficio o a instancia de parte, acordar la suspensión de las actuaciones de ejecución, normalmente condicionada a la prestación de garantía (arts. 250 y siguientes LGT). Si el proceso termina en sentencia condenatoria, queda excluida la sanción administrativa; de no apreciarse delito, la Administración continúa el expediente sancionador con base en los hechos que los tribunales hayan considerado probados (art. 180 LGT). La regularización voluntaria completa antes de que se notifique el inicio de actuaciones de comprobación o investigación excluye la responsabilidad penal (art. 305.4 del Código Penal). En el contrabando, regulado por la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, constituye delito cuando el valor de los bienes iguala o supera los 150.000 euros (con umbrales especiales para determinados géneros) y es infracción administrativa por debajo de ese valor; la Administración (Aduanas, AEAT) liquida los derechos de importación y los tributos que correspondan y los recauda por el procedimiento general de apremio. La remisión del tanto de culpa al juez no impide cobrar la deuda tributaria derivada.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Los recargos del periodo ejecutivo son: ejecutivo (5%, pago antes de la notificación de la providencia de apremio), de apremio reducido (10%, pago de la deuda y del recargo en el plazo del art. 62.5) y de apremio ordinario (20%, compatible con intereses de demora).
El recargo ejecutivo y el de apremio reducido son incompatibles con los intereses de demora; el de apremio ordinario sí es compatible.
El procedimiento de apremio es exclusivamente administrativo (art. 163 LGT) y la providencia de apremio tiene la misma fuerza ejecutiva que una sentencia judicial para proceder contra los bienes del deudor.
Motivos de oposición a la providencia de apremio, tasados (art. 167.3 LGT): extinción o prescripción, solicitud de aplazamiento o compensación en voluntaria, falta de notificación de la liquidación, anulación o suspensión de la liquidación y error u omisión en la providencia.
La tercería de dominio suspende el apremio respecto de los bienes controvertidos; la tercería de mejor derecho no lo suspende, consignándose el producto de la enajenación en depósito.
Terminación del apremio (art. 173 LGT): pago, crédito incobrable (rehabilitable dentro del plazo de prescripción) o extinción de la deuda por otra causa.
La responsabilidad subsidiaria exige la previa declaración de fallido del deudor principal y de los responsables solidarios; la solidaria no.
El salario es embargable solo por la parte que excede del salario mínimo interprofesional, con la escala del art. 607 LEC.
Tras la Ley 34/2015, la Administración puede liquidar y recaudar la deuda vinculada a un posible delito contra la Hacienda Pública sin esperar a la resolución del proceso penal, salvo suspensión judicial.
Delito contra la Hacienda Pública: cuota defraudada superior a 120.000 euros (art. 305 CP); delito de contrabando: valor igual o superior a 150.000 euros (LO 12/1995).
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Pregunta 1 de 100 aciertos
El procedimiento de apremio, según el art. 163 LGT, tiene carácter:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 11 de Hacienda (AEAT)?
Cuando la deuda tributaria no se satisface en periodo voluntario, se abre el periodo ejecutivo, que habilita a la Administración para iniciar el procedimiento de apremio, cauce exclusivamente administrativo y ejecutivo mediante el cual la Hacienda Pública puede embargar y enajenar forzosamente el patrimonio del deudor sin necesidad de acudir previamente a los tribunales, en ejercicio de su autotutela ejecutiva. Los arts. 160-177 de la LGT y el Reglamento General de Recaudación (RD 939/2005) regulan sus fases (providencia de apremio, embargo, enajenación y terminación), las tercerías que pueden suscitarse, el procedimiento frente a responsables y sucesores y su relación con los delitos contra la Hacienda Pública y de contrabando (arts. 250 y siguientes LGT, tras la Ley 34/2015).
¿Qué hay que memorizar del Tema 11 para el examen?
Los recargos del periodo ejecutivo son: ejecutivo (5%, pago antes de la notificación de la providencia de apremio), de apremio reducido (10%, pago de la deuda y del recargo en el plazo del art. 62.5) y de apremio ordinario (20%, compatible con intereses de demora). El recargo ejecutivo y el de apremio reducido son incompatibles con los intereses de demora; el de apremio ordinario sí es compatible. El procedimiento de apremio es exclusivamente administrativo (art. 163 LGT) y la providencia de apremio tiene la misma fuerza ejecutiva que una sentencia judicial para proceder contra los bienes del deudor. Motivos de oposición a la providencia de apremio, tasados (art. 167.3 LGT): extinción o prescripción, solicitud de aplazamiento o compensación en voluntaria, falta de notificación de la liquidación, anulación o suspensión de la liquidación y error u omisión en la providencia. La tercería de dominio suspende el apremio respecto de los bienes controvertidos; la tercería de mejor derecho no lo suspende, consignándose el producto de la enajenación en depósito. Terminación del apremio (art. 173 LGT): pago, crédito incobrable (rehabilitable dentro del plazo de prescripción) o extinción de la deuda por otra causa. La responsabilidad subsidiaria exige la previa declaración de fallido del deudor principal y de los responsables solidarios; la solidaria no. El salario es embargable solo por la parte que excede del salario mínimo interprofesional, con la escala del art. 607 LEC. Tras la Ley 34/2015, la Administración puede liquidar y recaudar la deuda vinculada a un posible delito contra la Hacienda Pública sin esperar a la resolución del proceso penal, salvo suspensión judicial. Delito contra la Hacienda Pública: cuota defraudada superior a 120.000 euros (art. 305 CP); delito de contrabando: valor igual o superior a 150.000 euros (LO 12/1995).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149) (Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna).
Fuentes de este desarrollo
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE-A-2003-23186), arts. 26, 28, 62, 160-177, 180 y 250 y siguientes.
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación (BOE-A-2005-13296).
Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE-A-2015-10109).
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE-A-1995-25444), arts. 305 y 305 bis.
Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando.
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, arts. 605-607 (bienes inembargables).
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