Tema 2. Constitución, distribución de beneficios, aumento y reducción de capital, financiación, transformación, fusión, absorción, escisión y disolución de empresas individuales y sociedades. El procedimiento concursal.
Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, turno libre y promoción interna (666 plazas: 446 libre + 220 promoción interna). Es distinto del temario del Cuerpo de Agentes Tributarios (C1) y del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (A1), que tienen procesos y temarios propios, no cubiertos aquí.
El Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), regula el ciclo vital de las sociedades mercantiles de capital: su constitución, la distribución de beneficios, las operaciones sobre su capital social (aumento y reducción), la financiación mediante emisión de obligaciones y otros instrumentos, y su disolución y liquidación. Las modificaciones estructurales (transformación, fusión, escisión y cesión global de activo y pasivo) se regulan en la Ley 3/2009, de 3 de abril, reformada por el Real Decreto-ley 5/2023 para transponer la Directiva (UE) 2019/2121. El empresario individual se rige por el Código de Comercio y la Ley 14/2013 (emprendedor de responsabilidad limitada). Cuando la insolvencia impide el cumplimiento regular de las obligaciones, el Texto Refundido de la Ley Concursal (Real Decreto Legislativo 1/2020), reformado por la Ley 16/2022, articula los procedimientos de reestructuración y el concurso de acreedores como cauce colectivo de satisfacción de los acreedores.
El empresario individual es la persona física que ejerce habitualmente y en nombre propio una actividad mercantil; tiene capacidad para el comercio quien sea mayor de edad y tenga la libre disposición de sus bienes (art. 4 del Código de Comercio), y responde de las deudas de la actividad con todo su patrimonio presente y futuro (art. 1911 del Código Civil). Su inscripción en el Registro Mercantil es, con carácter general, voluntaria. La Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, creó la figura del emprendedor de responsabilidad limitada, que permite limitar la responsabilidad por deudas empresariales respecto de la vivienda habitual del emprendedor (con un límite de valor), mediante su inscripción en el Registro Mercantil y la mención «ERL» en la actividad. En contabilidad, el capital del empresario individual se registra en la cuenta 101 (Fondo social). Las sociedades mercantiles pueden ser colectivas, comanditarias simples (Código de Comercio), de capital (anónima, de responsabilidad limitada y comanditaria por acciones, reguladas por la LSC) y las sociedades civiles con objeto mercantil, cooperativas (Ley 27/1999) o profesionales (Ley 2/2007). Las sociedades laborales (Ley 44/2015) pueden revestir la forma de SA o SL.
Constitución de las sociedades de capital (arts. 19 y ss. LSC)
Las sociedades de capital (sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada y sociedad comanditaria por acciones) se constituyen por contrato entre dos o más personas o, en caso de sociedad unipersonal, por acto unilateral, otorgando escritura pública que debe inscribirse en el Registro Mercantil, con la inscripción la sociedad adquiere su personalidad jurídica plena. La escritura debe contener, entre otros extremos, la identidad de los socios, la voluntad de constituir la sociedad, las aportaciones de cada socio y la numeración de las participaciones o acciones atribuidas, los estatutos sociales y la identidad de los administradores. Los estatutos fijan, como mínimo, la denominación, el objeto social, el domicilio, el capital social, el modo de organizar la administración y las normas sobre el funcionamiento de la junta. El capital social de la SRL no puede ser inferior a 1 euro (tras la reforma de la Ley 18/2022, «Crea y Crece», que suprimió el mínimo de 3.000 euros), con la particularidad de que, mientras la suma del capital y de la reserva legal no alcance los 3.000 euros, la sociedad debe destinar a reserva legal el 20 % del beneficio, y en caso de liquidación con patrimonio insuficiente los socios responden solidariamente de la diferencia entre 3.000 euros y la cifra de capital suscrito. El capital de la SA no puede ser inferior a 60.000 euros y las acciones suscritas deben estar desembolsadas al menos en un 25 % en el momento de la constitución; en la SRL, las participaciones deben estar íntegramente desembolsadas desde el inicio. Las aportaciones pueden ser dinerarias o no dinerarias (bienes o derechos susceptibles de valoración económica); en la SA las aportaciones no dinerarias exigen informe de experto independiente designado por el Registrador Mercantil, mientras que en la SRL los socios y administradores responden solidariamente de la valoración. La responsabilidad de los socios se limita al capital aportado. Hasta la inscripción, la sociedad es una sociedad en formación, y los administradores y socios que actúan en su nombre responden en los términos legales.
Distribución de beneficios (arts. 273-277 LSC)
La junta general resuelve sobre la aplicación del resultado del ejercicio de acuerdo con el balance aprobado (art. 273.1). Una vez cubiertas las atenciones previstas por la ley o los estatutos, solo pueden repartirse dividendos con cargo al beneficio del ejercicio o a reservas de libre disposición si el valor del patrimonio neto no es, o no resulta ser a consecuencia del reparto, inferior al capital social (art. 273.2), y siempre que se haya dotado la reserva legal (art. 274: 10 % del beneficio del ejercicio hasta que alcance, al menos, el 20 % del capital social) y cualquier reserva estatutaria. Mientras la reserva legal no supere el límite del 20 % solo puede destinarse a compensar pérdidas, si no existen otras reservas disponibles suficientes (art. 274.2). Si existe fondo de comercio en el activo, debe destinarse a una reserva indisponible un importe del beneficio equivalente al menos al 5 % de su importe (art. 273.4). Las reservas se distinguen en legal, estatutarias y voluntarias; el reparto de dividendos se realiza en proporción al capital desembolsado (SA) o a las participaciones (SRL), salvo previsión estatutaria en contrario. Cabe distribuir dividendos a cuenta del beneficio del ejercicio en curso en los términos del art. 277 LSC, con acuerdo de la junta o de los administradores y un estado contable que acredite liquidez suficiente. Las cantidades indebidamente percibidas deben restituirse (art. 278).
Aumento de capital (arts. 295-316 LSC)
El aumento de capital puede realizarse mediante la creación de nuevas participaciones o la emisión de nuevas acciones, o mediante la elevación del valor nominal de las ya existentes, y puede efectuarse con cargo a nuevas aportaciones dinerarias o no dinerarias al patrimonio social, con cargo a la compensación de créditos, o con cargo a beneficios o reservas que ya figurasen en el último balance aprobado (art. 295 y 296). Requiere acuerdo de la junta general, con los requisitos de la modificación de estatutos (art. 296), aunque en la SA la junta puede delegar en los administradores la facultad de aumentar el capital hasta una cifra determinada (capital autorizado), que no puede exceder de la mitad del capital en el momento de la autorización y debe ejercerse en el plazo máximo de cinco años (art. 297.1.b). Los socios y accionistas tienen, con carácter general, derecho de preferencia (o suscripción preferente) en la asunción de las nuevas participaciones o en la suscripción de nuevas acciones (art. 304), y el acuerdo de aumento puede excluirlo en la SA por exigencias del interés de la sociedad con informe de los administradores y de un experto independiente (art. 308). En los aumentos con cargo a reservas, el balance utilizado debe estar aprobado dentro de los seis meses anteriores al acuerdo (art. 303) y las nuevas acciones o participaciones se atribuyen a los socios en proporción a las que tengan (aumento liberado). Puede emitirse con prima de emisión. Si no se suscribe la totalidad, el capital se aumenta en la cuantía suscrita, salvo previsión en contrario (aumento incompleto, art. 311). El aumento debe inscribirse en el Registro Mercantil.
Reducción de capital (arts. 317-342 LSC)
La reducción de capital puede tener por finalidad el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio neto disminuido por pérdidas, la constitución o el incremento de la reserva legal o de las reservas voluntarias, o la devolución del valor de las aportaciones a los socios (art. 317), y puede realizarse mediante la reducción del valor nominal de las acciones o participaciones, su amortización o su agrupación. Requiere acuerdo de la junta general con los requisitos de modificación de estatutos y debe expresar la cifra de reducción, la finalidad y el procedimiento. En la SA, la reducción es obligatoria cuando las pérdidas hayan disminuido el patrimonio neto por debajo de las dos terceras partes de la cifra de capital y haya transcurrido un ejercicio sin recuperarse (art. 327). Para proteger a los acreedores, la reducción por devolución de aportaciones o con efecto equivalente atribuye a los acreedores un derecho de oposición durante un mes desde la publicación del acuerdo (arts. 334-337), salvo excepciones como la reducción para compensar pérdidas. La reducción que deje el capital por debajo del mínimo legal solo es posible si se aumenta simultáneamente hasta alcanzarlo o se transforma o disuelve la sociedad (art. 343, operación «acordeón»).
Financiación de la empresa
La financiación puede ser propia (aportaciones de socios, ampliaciones de capital, reservas y beneficios no distribuidos —autofinanciación—) o ajena (préstamos, créditos, leasing, emisión de obligaciones, aplazamientos de proveedores). Las sociedades anónimas pueden emitir obligaciones u otros valores que reconozcan o creen una deuda (arts. 401 y ss. LSC), con régimen de sindicato de obligacionistas; la emisión requiere acuerdo de la junta, escritura pública e inscripción. Los préstamos participativos (Real Decreto-ley 7/1996, art. 20) retribuyen con un interés variable ligado a la evolución de la actividad (más un interés fijo, en su caso) y se consideran patrimonio neto a los efectos de reducción de capital y liquidación. Las aportaciones de los socios que no aumentan el capital se registran en reservas o en la cuenta 118. En el ámbito contable, el capital se registra en la cuenta 100 (Capital social), la prima de emisión en la 110, la reserva legal en la 112 y las reservas voluntarias en la 113.
Modificaciones estructurales: transformación, fusión, absorción, escisión y cesión global (Ley 3/2009)
La transformación es el cambio del tipo social sin alteración de la personalidad jurídica de la sociedad transformada. La fusión implica la integración de dos o más sociedades en una única, ya sea mediante la creación de una nueva sociedad que asume por sucesión universal los patrimonios de las sociedades que se extinguen (fusión por creación de nueva sociedad), ya sea mediante la absorción de una o más sociedades por otra ya existente (fusión por absorción), que adquiere igualmente por sucesión universal los patrimonios de las sociedades absorbidas. Requiere proyecto común de fusión redactado por los administradores, informe de administradores y, en su caso, de experto independiente, balance de fusión, acuerdo de la junta, publicidad, derecho de oposición de los acreedores y escritura de fusión e inscripción en el Registro Mercantil. Son especiales la absorción de sociedad íntegramente participada, que simplifica el procedimiento (art. 49), y la fusión apalancada o posterior a una adquisición con endeudamiento (art. 35). La escisión puede ser total (división de todo el patrimonio de una sociedad en dos o más partes, transmitiéndose en bloque a sociedades de nueva creación o ya existentes, con extinción de la sociedad escindida y atribución de las participaciones o acciones a los socios de la escindida), parcial (traspaso en bloque de una o varias partes del patrimonio, cada una de las cuales forme una unidad económica, a otras sociedades, subsistiendo la sociedad escindida y recibiendo sus socios las participaciones o acciones) o segregación (como la parcial, pero las participaciones o acciones recibidas quedan en poder de la propia sociedad segregada). La cesión global de activo y pasivo permite transmitir en bloque todo el patrimonio de una sociedad a uno o varios socios o terceros, con extinción de la sociedad cedente, a cambio de una contraprestación no necesariamente accionarial. El Real Decreto-ley 5/2023 modificó la Ley 3/2009 para incorporar la Directiva (UE) 2019/2121, introduciendo el régimen de transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas. Desde la perspectiva fiscal, estas operaciones pueden acogerse al régimen especial de neutralidad fiscal del Impuesto sobre Sociedades (Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, arts. 76 a 89), que difiere la tributación de las rentas siempre que existan motivos económicos válidos distintos del mero ahorro fiscal, y la transmisión global de patrimonios empresariales no está sujeta al IVA.
Disolución y liquidación (arts. 360-400 LSC)
La sociedad de capital se disuelve de pleno derecho por el transcurso del término de duración fijado en los estatutos (art. 360) y por las causas del art. 363 LSC, entre ellas: el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyen el objeto social (se entiende producido cuando haya transcurrido un año sin actividad); la conclusión de la empresa que constituya su objeto o la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social; la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento; las pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, salvo aumento o reducción en la medida suficiente (art. 363.1.e); y la reducción del capital social por debajo del mínimo legal. Los administradores deben convocar la junta general en el plazo de dos meses desde que concurra la causa para que adopte el acuerdo de disolución o remueva la causa (art. 365), y responden solidariamente de las obligaciones sociales posteriores si incumplen (art. 367). La disolución abre el periodo de liquidación (arts. 371-400 LSC): la sociedad conserva su personalidad jurídica durante la liquidación, añadiendo a su denominación la expresión «en liquidación»; los administradores pasan a ser liquidadores salvo que los estatutos o la junta establezcan otra cosa; se elabora un balance inicial, se realizan los bienes, se pagan las deudas y se reparte el haber social entre los socios en proporción a su participación; finalmente se otorga la escritura de extinción y se cancelan los asientos registrales. Los socios responden de las deudas sociales no satisfechas hasta el límite de lo que hubieran recibido como cuota de liquidación (art. 399). La reactivación de la sociedad disuelta es posible antes de iniciarse el pago de la cuota de liquidación (art. 370).
El procedimiento concursal (TRLC, RDLeg 1/2020, reformado por la Ley 16/2022)
El Texto Refundido de la Ley Concursal (RDLeg 1/2020, de 5 de mayo) fue reformado por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, que transpuso la Directiva (UE) 2019/1023 sobre marcos de reestructuración preventiva y segunda oportunidad. Su estructura comprende el concurso de acreedores (Libro I), el derecho preconcursal y los planes de reestructuración (Libro II) y un procedimiento especial para microempresas (Libro III). Presupuestos: puede ser declarado en concurso cualquier deudor, persona física o jurídica, en situación de insolvencia, que puede ser actual (imposibilidad de cumplir regularmente las obligaciones exigibles) o inminente (cuando se prevea que no podrá hacerlo regular y puntualmente) (art. 2 TRLC). El deudor debe solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia actual (art. 5); el concurso es voluntario si lo solicita el deudor y necesario si lo solicita un acreedor u otro legitimado. La declaración de concurso corresponde al juez competente (los juzgados de lo mercantil, que con la LO 1/2025 se integran en las secciones de mercantil de los Tribunales de Instancia) y produce efectos sobre el deudor (intervención o suspensión de sus facultades patrimoniales), sobre los acreedores (suspensión del derecho de iniciar o continuar ejecuciones singulares, incluidos los apremios administrativos y tributarios, salvo excepciones) y sobre los contratos. Se nombra una administración concursal. La masa activa está formada por los bienes y derechos del deudor, y la masa pasiva por los créditos concursales, que se clasifican en créditos contra la masa (pagaderos a su vencimiento), créditos privilegiados (con privilegio especial, sobre bienes o derechos afectos a garantía real, y con privilegio general, en el que se incluyen, entre otros, los créditos tributarios y de Seguridad Social hasta el 50 % de su importe, art. 280), créditos ordinarios y créditos subordinados (entre ellos, los de personas especialmente relacionadas con el deudor y los derivados de multas y sanciones, art. 281). Las acciones de reintegración permiten rescindir los actos perjudiciales para la masa realizados dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso (art. 226). El concurso puede concluir mediante convenio con los acreedores (que supera la insolvencia con quitas y esperas, con mayorías de pasivo) o mediante liquidación (realización de los bienes para el pago ordenado de los créditos), con calificación del concurso como fortuito o culpable (art. 442), y en este último caso con posible inhabilitación de dos a quince años y condena a cubrir el déficit. Las personas naturales de buena fe pueden obtener la exoneración del pasivo insatisfecho, sea con liquidación de la masa activa o mediante plan de pagos, con límites para los créditos de derecho público. Los planes de reestructuración (Libro II) permiten a los deudores en probabilidad de insolvencia o insolvencia inminente o actual alcanzar acuerdos con los acreedores, agrupados en clases, con homologación judicial y posibilidad de arrastre de clases disidentes.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Tras la Ley 18/2022 («Crea y Crece»), el capital mínimo de la SRL es de 1 euro; mientras la suma de capital y reserva legal no alcance 3.000 euros, se dota una reserva legal del 20 % del beneficio, y en liquidación con patrimonio insuficiente los socios responden de la diferencia hasta 3.000 euros; la SA mantiene el mínimo de 60.000 euros con un desembolso mínimo del 25 %.
La reserva legal exige destinar el 10 % del beneficio del ejercicio hasta alcanzar, al menos, el 20 % del capital social (art. 274 LSC), como límite previo al reparto de dividendos.
Solo pueden repartirse dividendos si, tras el reparto, el patrimonio neto no resulta inferior al capital social (art. 273.2 LSC).
En la SA, la delegación en los administradores del aumento de capital (capital autorizado) no puede superar la mitad del capital ni los cinco años (art. 297.1.b).
La reducción de capital por devolución de aportaciones atribuye a los acreedores un derecho de oposición de un mes; no existe cuando la reducción compensa pérdidas.
En la fusión (por creación de nueva sociedad o por absorción) opera la sucesión universal de los patrimonios de las sociedades que se extinguen; en la transformación se mantiene la personalidad jurídica; en la escisión parcial subsiste la escindida y los socios reciben las participaciones; en la segregación las recibe la propia sociedad.
Los administradores deben convocar la junta en dos meses desde que concurra una causa de disolución (art. 365); si incumplen, responden solidariamente de las deudas posteriores (art. 367).
El deudor persona jurídica debe solicitar el concurso en el plazo de dos meses desde que conoció o debió conocer la insolvencia actual (art. 5 TRLC).
Los créditos concursales se clasifican en privilegiados (especiales y generales), ordinarios y subordinados; los créditos contra la masa se pagan a su vencimiento; los créditos tributarios y de la Seguridad Social tienen privilegio general hasta el 50 % de su importe.
El concurso puede resolverse mediante convenio o mediante liquidación; la calificación puede ser fortuita o culpable, con posible inhabilitación de 2 a 15 años.
Las fusiones y escisiones pueden acogerse al régimen especial de neutralidad fiscal (arts. 76-89 Ley 27/2014, IS), siempre que existan motivos económicos válidos.
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
En la constitución de una sociedad anónima, el desembolso mínimo exigible de cada acción suscrita es de:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 2 de Hacienda (AEAT)?
El Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), regula el ciclo vital de las sociedades mercantiles de capital: su constitución, la distribución de beneficios, las operaciones sobre su capital social (aumento y reducción), la financiación mediante emisión de obligaciones y otros instrumentos, y su disolución y liquidación. Las modificaciones estructurales (transformación, fusión, escisión y cesión global de activo y pasivo) se regulan en la Ley 3/2009, de 3 de abril, reformada por el Real Decreto-ley 5/2023 para transponer la Directiva (UE) 2019/2121. El empresario individual se rige por el Código de Comercio y la Ley 14/2013 (emprendedor de responsabilidad limitada). Cuando la insolvencia impide el cumplimiento regular de las obligaciones, el Texto Refundido de la Ley Concursal (Real Decreto Legislativo 1/2020), reformado por la Ley 16/2022, articula los procedimientos de reestructuración y el concurso de acreedores como cauce colectivo de satisfacción de los acreedores.
¿Qué hay que memorizar del Tema 2 para el examen?
Tras la Ley 18/2022 («Crea y Crece»), el capital mínimo de la SRL es de 1 euro; mientras la suma de capital y reserva legal no alcance 3.000 euros, se dota una reserva legal del 20 % del beneficio, y en liquidación con patrimonio insuficiente los socios responden de la diferencia hasta 3.000 euros; la SA mantiene el mínimo de 60.000 euros con un desembolso mínimo del 25 %. La reserva legal exige destinar el 10 % del beneficio del ejercicio hasta alcanzar, al menos, el 20 % del capital social (art. 274 LSC), como límite previo al reparto de dividendos. Solo pueden repartirse dividendos si, tras el reparto, el patrimonio neto no resulta inferior al capital social (art. 273.2 LSC). En la SA, la delegación en los administradores del aumento de capital (capital autorizado) no puede superar la mitad del capital ni los cinco años (art. 297.1.b). La reducción de capital por devolución de aportaciones atribuye a los acreedores un derecho de oposición de un mes; no existe cuando la reducción compensa pérdidas. En la fusión (por creación de nueva sociedad o por absorción) opera la sucesión universal de los patrimonios de las sociedades que se extinguen; en la transformación se mantiene la personalidad jurídica; en la escisión parcial subsiste la escindida y los socios reciben las participaciones; en la segregación las recibe la propia sociedad. Los administradores deben convocar la junta en dos meses desde que concurra una causa de disolución (art. 365); si incumplen, responden solidariamente de las deudas posteriores (art. 367). El deudor persona jurídica debe solicitar el concurso en el plazo de dos meses desde que conoció o debió conocer la insolvencia actual (art. 5 TRLC). Los créditos concursales se clasifican en privilegiados (especiales y generales), ordinarios y subordinados; los créditos contra la masa se pagan a su vencimiento; los créditos tributarios y de la Seguridad Social tienen privilegio general hasta el 50 % de su importe. El concurso puede resolverse mediante convenio o mediante liquidación; la calificación puede ser fortuita o culpable, con posible inhabilitación de 2 a 15 años. Las fusiones y escisiones pueden acogerse al régimen especial de neutralidad fiscal (arts. 76-89 Ley 27/2014, IS), siempre que existan motivos económicos válidos.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149) (Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna).
Fuentes de este desarrollo
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, arts. 4, 19 y ss., 78-79, 273-278, 295-345 y 360-400.
Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, modificada por el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio.
Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, reformado por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre.
Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas («Crea y Crece»).
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (emprendedor de responsabilidad limitada).
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, arts. 76-89 (régimen fiscal especial de fusiones, escisiones y otras operaciones).
Código de Comercio, arts. 4 y ss. (capacidad y empresario individual).
Mientras tanto, practica con tests gratis de Hacienda (AEAT).