Tema 15. Delitos contra la Hacienda Pública. Procedimiento de inspección y delitos contra la Hacienda Pública. Delito de contrabando: Definición, tipificación, comiso y enajenación de bienes. Las liquidaciones vinculadas a delitos contra la Hacienda Pública y de contrabando. Recuperación de ayudas de Estado que afecten al ámbito tributario.
Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, turno libre y promoción interna (666 plazas: 446 libre + 220 promoción interna). Es distinto del temario del Cuerpo de Agentes Tributarios (C1) y del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (A1), que tienen procesos y temarios propios, no cubiertos aquí.
Cuando el fraude tributario supera determinados umbrales cuantitativos deja de ser un ilícito meramente administrativo y pasa a constituir delito contra la Hacienda Pública (arts. 305 a 310 bis del Código Penal) o, en materia aduanera, delito de contrabando (Ley Orgánica 12/1995, de Represión del Contrabando), lo que obliga a coordinar la actuación de la Inspección de los Tributos con el proceso penal. La LGT regula en su Título VI (arts. 250 a 259, introducidos por la Ley 34/2015) las actuaciones y procedimientos relativos a delitos contra la Hacienda Pública, con el régimen de las liquidaciones vinculadas a delito, que permite a la Administración liquidar y recaudar la deuda sin esperar a la resolución penal salvo suspensión judicial. El Título VII regula la recuperación de ayudas de Estado que afecten al ámbito tributario, en ejecución de decisiones de la Comisión Europea.
El delito contra la Hacienda Pública (art. 305 del Código Penal)
Comete este delito quien, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta, o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de 120.000 euros (art. 305.1 CP). La cuantía se refiere, con carácter general, a cada periodo impositivo o de declaración y, si éstos son inferiores a doce meses, al año natural; en los tributos de periodicidad inferior al año se estará a lo defraudado en el año natural. Las penas son de prisión de 1 a 5 años, multa del tanto al séxtuplo de la cuantía defraudada, y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el periodo de 3 a 6 años. El tipo agravado del art. 305 bis CP eleva la prisión a 2 a 6 años y la multa, y se aplica cuando concurre alguna de estas circunstancias: que la cuantía de la cuota defraudada exceda de 600.000 euros; que la defraudación se cometa en el seno de una organización o grupo criminal; o que la utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales o territorios de nula tributación oculte o dificulte la determinación de la identidad del verdadero obligado tributario o responsable del delito, de la cuantía defraudada o del patrimonio del obligado tributario o responsable del delito. Es un delito especial propio (sólo puede ser autor el obligado tributario o quien actúe por él) y doloso. Prescribe, por regla general, a los 5 años (tipo básico) y a los 10 años (tipo agravado), según el art. 131 CP, para lo que se estará a la pena máxima del tipo.
Regularización, atenuantes y responsabilidad civil (art. 305 CP)
Queda exento de responsabilidad penal quien regularice su situación tributaria, en relación con las deudas a que se refiere el art. 305, antes de que se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de regularización o, en caso de que tales actuaciones no se hubiesen producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local interponga querella o denuncia contra aquél, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias. La regularización exige el pago completo de la deuda tributaria, incluidos los intereses, y se extiende a las responsabilidades penales derivadas de las falsedades instrumentales previas, pero no a otros delitos. Se prevé también una atenuación de la pena (reducción en uno o dos grados) cuando, antes de transcurridos dos meses desde la citación judicial como imputado, se pague la deuda tributaria y se reconozcan judicialmente los hechos, siempre que se colabore activamente en la investigación (art. 305.6 CP). La responsabilidad civil derivada del delito comprende el importe de la deuda tributaria que la Administración no haya podido liquidar por prescripción u otra causa legal, incluidos los intereses de demora, y su ejecución corresponde a la Administración tributaria por el procedimiento administrativo de apremio (art. 305.7 CP). Los delitos conexos del Título XIV del Libro II (arts. 306 a 310 bis CP) son: fraude a los presupuestos de la Unión Europea (art. 306, cuantía superior a 50.000 euros), fraude a la Seguridad Social (art. 307), fraude de subvenciones (art. 308, cuantía superior a 100.000 euros), el delito contable (art. 310, que castiga el incumplimiento absoluto de la llevanza de contabilidad, la llevanza de doble contabilidad o las anotaciones ficticias, cuando las cuantías omitidas o falseadas excedan de 240.000 euros por ejercicio) y la responsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 310 bis, con remisión al art. 31 bis CP).
Procedimiento de inspección y delitos contra la Hacienda Pública (arts. 250 y ss. LGT)
Cuando durante un procedimiento de comprobación e investigación la Administración tributaria aprecie indicios de delito contra la Hacienda Pública, se aplica el Título VI de la LGT. Por regla general (art. 250 LGT) se pasa el tanto de culpa a la jurisdicción competente o se remite el expediente al Ministerio Fiscal, y la Administración se abstiene de seguir el procedimiento sancionador por los mismos hechos (art. 180 LGT). No obstante, a diferencia de lo que ocurría antes de la Ley 34/2015 y de la reforma del Código Penal de 2012, la Administración no queda desapoderada de la liquidación: el art. 305.5 CP y el art. 250 LGT permiten que la Administración liquide de forma separada, por una parte los conceptos y cuantías no vinculados con el posible delito y, por otra, los vinculados. La liquidación de los elementos no vinculados sigue el cauce ordinario del procedimiento de aplicación de los tributos, mientras que la de los vinculados se tramita con las especialidades del Título VI (la liquidación vinculada a delito no se acompaña de sanción administrativa). Se trata de evitar que la tramitación penal impida o retrase la exigencia de la deuda y que la prescripción tributaria se produzca durante el proceso penal. Una vez dictada sentencia, la liquidación se ajustará a lo declarado en ella: si hay condena, la sentencia determina la cuota defraudada y la responsabilidad civil; si no se aprecia delito, la Administración continúa el procedimiento sobre la base de los hechos que los tribunales hayan considerado probados, y no puede desconocerlos. Las actuaciones de la inspección en el seno del procedimiento penal se hacen a petición del juez, como peritos, a través de informes de la inspección.
Las liquidaciones vinculadas a delitos contra la Hacienda Pública (Título VI LGT)
Como regla general, cuando la Administración tributaria aprecie indicios de delito contra la Hacienda Pública, procederá a formalizar dos liquidaciones: una comprensiva de los elementos de la obligación tributaria vinculados con el posible delito y otra, ordinaria, de los no vinculados. La primera se ajusta al procedimiento específico del Título VI, con remisión del expediente a la jurisdicción competente o al Ministerio Fiscal sin esperar a su resolución definitiva, continuando la Administración con la recaudación de la deuda liquidada, salvo que el juez penal acuerde la suspensión de las actuaciones de ejecución (art. 305.5 CP). El Código Penal dispone que la existencia del procedimiento penal por delito contra la Hacienda Pública no paraliza la acción de cobro de la deuda tributaria. Las actuaciones de ejecución continúan hasta el momento de la admisión a trámite de la querella o denuncia, o hasta el momento en que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que permitan tener conocimiento formal de los indicios; a partir de entonces, el juez puede acordar la suspensión de la ejecución previa prestación de garantía y, excepcionalmente, sin garantía si su ejecución pudiera producir daños de imposible o difícil reparación. Excepcionalmente la Administración no practica la liquidación separada cuando la tramitación de la liquidación administrativa pudiera ocasionar la prescripción del delito, afectar a la investigación o comprobación de la defraudación, o cuando no pueda determinarse con exactitud el importe de la liquidación o atribuirse a un obligado tributario concreto (Título VI LGT). La deuda liquidada devenga intereses de demora y puede recaudarse por la vía de apremio.
Delito de contrabando: definición y tipificación (LO 12/1995)
La Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, modificada por la Ley Orgánica 6/2011, de 30 de junio, define y sanciona el contrabando como delito o infracción administrativa en función del valor de los géneros. Comete delito de contrabando, entre otras conductas del art. 2, quien importe o exporte mercancías de lícito comercio sin presentarlas para su despacho en las oficinas de aduanas o en los lugares habilitados por la Administración aduanera, quien realice operaciones de comercio, tenencia o circulación de mercancías no comunitarias sin acreditar su lícita importación, o quien sustraiga de la vigilancia aduanera mercancías, siempre que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea igual o superior a 150.000 euros. Constituyen delito con independencia del valor ciertos supuestos agravados, como las conductas relativas a drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, armas, explosivos, bienes del patrimonio histórico y especies amenazadas, y se prevén umbrales distintos y más reducidos para algunas mercancías (como las labores de tabaco), que conviene contrastar en la norma vigente. Por debajo de los umbrales, las conductas son infracciones administrativas de contrabando (leves, graves y muy graves según el valor), con su régimen sancionador desarrollado por el Real Decreto 1649/1998. Las penas incluyen la prisión y la multa proporcional al valor de los géneros, con agravaciones y con responsabilidad penal de las personas jurídicas (arts. 2 y 3 LO 12/1995, art. 31 bis CP). El Servicio de Vigilancia Aduanera de la AEAT tiene atribuidas funciones de policía judicial en la persecución del contrabando.
Comiso y enajenación de bienes en el contrabando
Toda pena o sanción por contrabando lleva consigo el comiso de los géneros o efectos objeto del delito, de los medios de transporte, de los instrumentos utilizados y de las ganancias obtenidas (art. 5 LO 12/1995, que se completa con los arts. 127 y siguientes del Código Penal). El comiso es una consecuencia accesoria y puede acordarse incluso en ausencia de condena en los supuestos legales. La enajenación de los bienes decomisados se rige por la normativa de gestión de bienes decomisados; en particular, cuando la conservación de los bienes sea gravosa o su valor pueda disminuir con el transcurso del tiempo, la autoridad judicial puede acordar la realización anticipada de los efectos, mediante subasta, adjudicación directa o destrucción según su naturaleza y estado. La gestión de los bienes decomisados corresponde, en el ámbito penal general, a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), y en el ámbito aduanero a los órganos de la AEAT. Las mercancías intervenidas, como el tabaco o los productos falsificados, pueden destruirse tras su análisis o ponerse a disposición de organismos oficiales.
Liquidaciones vinculadas a contrabando y recaudación
En el contrabando, la deuda aduanera y tributaria derivada de la introducción irregular de las mercancías (derechos de importación, IVA a la importación e impuestos especiales) se exige con independencia del procedimiento penal. Cuando existan indicios de delito de contrabando, los órganos competentes de la Administración aduanera aplican, con las adaptaciones previstas en la normativa, reglas similares a las del Título VI LGT: remiten el expediente a la autoridad judicial y, en lo que respecta a la deuda, la liquidan y recaudan sin esperar a la sentencia, salvo suspensión judicial. La responsabilidad civil derivada del delito comprende la deuda no ingresada, y su ejecución corresponde a la Administración tributaria por la vía de apremio. La normativa aduanera de la Unión (Reglamento (UE) n.º 952/2013, Código Aduanero de la Unión) determina el nacimiento de la deuda aduanera por la introducción irregular de mercancías no comunitarias.
Recuperación de ayudas de Estado que afecten al ámbito tributario (Título VII LGT)
Según los arts. 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, son incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales, las ayudas otorgadas por los Estados mediante fondos estatales que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones. La Comisión Europea, que tiene competencia exclusiva para declarar la compatibilidad de las ayudas, puede adoptar una decisión que declare la ayuda ilegal e incompatible y ordene al Estado su recuperación, conforme al Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, que establece las normas de aplicación del art. 108 TFUE. Cuando la ayuda se haya concedido a través de una norma tributaria, por ejemplo un beneficio fiscal, la LGT regula en su Título VII el procedimiento de recuperación: en unos supuestos exige regularizar la situación tributaria del beneficiario mediante liquidación, y en otros se recupera la ayuda directamente sin necesidad de regularización de una obligación tributaria. La ejecución de la decisión debe ser inmediata y efectiva, conforme a los principios de equivalencia y efectividad del Derecho de la Unión, de modo que no pueden aplicarse normas nacionales (plazos de prescripción, firmeza de actos) que frustren la recuperación. Los intereses se calculan conforme a las reglas del Derecho de la Unión. Las ayudas no tributarias se recuperan por los cauces de la normativa de subvenciones (Ley 38/2003, General de Subvenciones).
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El umbral del delito contra la Hacienda Pública (art. 305 CP) es que la cuota defraudada EXCEDA de 120.000 euros por periodo impositivo o declaración; el tipo agravado (art. 305 bis) se activa con cuota superior a 600.000 euros, organización o grupo criminal, o uso de entes interpuestos o paraísos fiscales que oculten al obligado o la cuantía.
Pena básica del art. 305 CP: prisión de 1 a 5 años y multa del tanto al séxtuplo; agravado: prisión de 2 a 6 años.
La regularización completa antes del inicio de actuaciones de comprobación o de la querella exime de responsabilidad penal.
El delito de contrabando (LO 12/1995) exige, con carácter general, un valor igual o superior a 150.000 euros; hay supuestos con umbrales menores o sin umbral (drogas, armas, patrimonio histórico).
Tras la Ley 34/2015 y el art. 305.5 CP, la Administración puede liquidar de forma separada los elementos vinculados y los no vinculados al delito y seguir recaudando, salvo suspensión judicial.
El delito contable del art. 310 CP se refiere a omisiones o falseamientos contables superiores a 240.000 euros por ejercicio.
La competencia para declarar una ayuda de Estado ilegal e incompatible y ordenar su recuperación es de la Comisión Europea, aplicando el art. 108 TFUE y el Reglamento (UE) 2015/1589.
10 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 100 aciertos
¿Qué cuantía de cuota defraudada debe exceder, con carácter general, para que exista delito contra la Hacienda Pública según el art. 305 CP?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 15 de Hacienda (AEAT)?
Cuando el fraude tributario supera determinados umbrales cuantitativos deja de ser un ilícito meramente administrativo y pasa a constituir delito contra la Hacienda Pública (arts. 305 a 310 bis del Código Penal) o, en materia aduanera, delito de contrabando (Ley Orgánica 12/1995, de Represión del Contrabando), lo que obliga a coordinar la actuación de la Inspección de los Tributos con el proceso penal. La LGT regula en su Título VI (arts. 250 a 259, introducidos por la Ley 34/2015) las actuaciones y procedimientos relativos a delitos contra la Hacienda Pública, con el régimen de las liquidaciones vinculadas a delito, que permite a la Administración liquidar y recaudar la deuda sin esperar a la resolución penal salvo suspensión judicial. El Título VII regula la recuperación de ayudas de Estado que afecten al ámbito tributario, en ejecución de decisiones de la Comisión Europea.
¿Qué hay que memorizar del Tema 15 para el examen?
El umbral del delito contra la Hacienda Pública (art. 305 CP) es que la cuota defraudada EXCEDA de 120.000 euros por periodo impositivo o declaración; el tipo agravado (art. 305 bis) se activa con cuota superior a 600.000 euros, organización o grupo criminal, o uso de entes interpuestos o paraísos fiscales que oculten al obligado o la cuantía. Pena básica del art. 305 CP: prisión de 1 a 5 años y multa del tanto al séxtuplo; agravado: prisión de 2 a 6 años. La regularización completa antes del inicio de actuaciones de comprobación o de la querella exime de responsabilidad penal. El delito de contrabando (LO 12/1995) exige, con carácter general, un valor igual o superior a 150.000 euros; hay supuestos con umbrales menores o sin umbral (drogas, armas, patrimonio histórico). Tras la Ley 34/2015 y el art. 305.5 CP, la Administración puede liquidar de forma separada los elementos vinculados y los no vinculados al delito y seguir recaudando, salvo suspensión judicial. El delito contable del art. 310 CP se refiere a omisiones o falseamientos contables superiores a 240.000 euros por ejercicio. La competencia para declarar una ayuda de Estado ilegal e incompatible y ordenar su recuperación es de la Comisión Europea, aplicando el art. 108 TFUE y el Reglamento (UE) 2015/1589.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149) (Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna).
Fuentes de este desarrollo
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, arts. 127 y ss., 131, 305-310 bis.
Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando (modificada por la LO 6/2011, de 30 de junio).
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, arts. 180 y Título VI y Título VII (Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial).
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, arts. 107 y 108; Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del art. 108 TFUE.
Reglamento (UE) n.º 952/2013, Código Aduanero de la Unión.
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