Tema 7. Eficacia del acto administrativo: Notificación y publicación. Ejecutoriedad de los actos administrativos. Validez e invalidez del acto administrativo. Revisión de oficio de los actos administrativos.
Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, turno libre y promoción interna (666 plazas: 446 libre + 220 promoción interna). Es distinto del temario del Cuerpo de Agentes Tributarios (C1) y del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (A1), que tienen procesos y temarios propios, no cubiertos aquí.
La eficacia del acto administrativo se condiciona, en los actos que afectan a derechos e intereses, a su debida comunicación al interesado mediante notificación o publicación, y se despliega mediante la ejecutividad y ejecutoriedad que le son propias por la autotutela administrativa. La Ley 39/2015 distingue dos grados de invalidez (nulidad de pleno derecho y anulabilidad) con consecuencias jurídicas muy distintas, prevé técnicas de conservación (conversión, conservación y convalidación) y regula los cauces de revisión de oficio por los que la propia Administración puede depurar sus actos sin necesidad de recurso del interesado: declaración de nulidad, declaración de lesividad, revocación de actos de gravamen y rectificación de errores materiales.
Eficacia del acto: presunción de validez, efectos, demora y retroactividad (arts. 38 y 39 Ley 39/2015)
Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho administrativo se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa (art. 39.1). La eficacia queda demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior (art. 39.2). Excepcionalmente puede otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados y cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y esta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas (art. 39.3). La ejecutividad (art. 38) significa que el acto puede ser ejecutado de inmediato, sin necesidad de declaración judicial. Para los actos que afectan a derechos e intereses, la eficacia completa depende de su comunicación (notificación o publicación). Por ello se distingue la validez (conformidad con el ordenamiento) de la eficacia (aptitud para producir efectos).
Notificación de los actos administrativos (arts. 40 a 44 Ley 39/2015)
Se notifican a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses (art. 40.1). Toda notificación debe cursarse dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y debe contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen procedente (art. 40.2). Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitan alguno de los demás requisitos surten efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda (art. 40.3).
Condiciones generales (art. 41): la notificación se practica preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirla por esta vía (art. 14.2 y 3). Con carácter excepcional, las Administraciones pueden practicar la notificación por medios no electrónicos cuando el interesado compareciera espontáneamente en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento, o cuando sea necesario para garantizar la eficacia de la actuación administrativa. El interesado puede decidir y comunicar en cualquier momento que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos, si no está obligado.
Notificaciones en papel (art. 42): se practican en el domicilio del interesado; si nadie pudiera hacerse cargo, se repetirá el intento por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes, dejando un margen de al menos tres horas entre ambos intentos (si el primero se hizo antes de las quince horas, el segundo después, y viceversa). Si el interesado rechaza la notificación, se hará constar y se especificarán las circunstancias, y se tendrá por efectuado el trámite.
Notificaciones electrónicas (art. 43): se practican mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración, a través de la dirección electrónica habilitada única (DEHú), o por ambos sistemas. Se entiende practicada en el momento en que se produzca el acceso a su contenido. Cuando la notificación electrónica sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entiende rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición sin que se acceda a su contenido (art. 43.2), con lo que se tiene por efectuado el trámite y se continúa el procedimiento. Se entiende cumplida la obligación de notificar con la puesta a disposición de la notificación en la sede o en la DEHú.
Notificación infructuosa (art. 44): cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio, o bien intentada esta no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado, sin perjuicio de que las Administraciones puedan establecer otras formas de notificación complementarias.
Publicación de los actos (arts. 45 y 46 Ley 39/2015)
Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente (art. 45.1). La publicación de un acto sustituye a la notificación surtiendo sus mismos efectos en los casos siguientes: cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo en este último caso adicional a la notificación efectuada; y cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo, en cuyo caso la convocatoria del procedimiento debe indicar el medio donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos (art. 45.1.b). Esta regla es especialmente relevante en las oposiciones: las listas de admitidos, calificaciones y resoluciones del proceso selectivo se publican en el medio fijado por la convocatoria. Cuando se trate de actos que contengan elementos comunes a varios interesados, pueden publicarse de forma conjunta los aspectos comunes y notificarse individualmente los aspectos personales. La publicación debe respetar la protección de datos personales: si el órgano competente apreciase que la publicación de un acto lesiona derechos o intereses legítimos, se limita a publicar una somera indicación de su contenido y del lugar donde los interesados pueden comparecer para conocer su texto íntegro (art. 46). La publicación se realiza, según los casos, en el BOE, en los diarios oficiales de las Comunidades Autónomas, en los boletines provinciales, en los tablones de anuncios o edictos, y, de forma complementaria, en las sedes electrónicas.
Ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos (arts. 97 a 105 Ley 39/2015)
La ejecutividad implica que el acto es inmediatamente ejecutivo (art. 38). La ejecutoriedad (art. 98) permite a la Administración ejecutar por sí misma el acto, sin acudir previamente a los tribunales. Las Administraciones no iniciarán ninguna actuación material de ejecución de resoluciones que limite derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva de fundamento jurídico (art. 97). Excepciones a la ejecutoriedad inmediata (art. 98.1): se produzca la suspensión de la ejecución del acto; se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición; una disposición establezca lo contrario; o se necesite aprobación o autorización superior. La interposición de recursos no suspende la ejecución salvo previsión legal o decisión de suspensión (art. 117); en procedimientos sancionadores, la resolución es ejecutiva cuando ponga fin a la vía administrativa (art. 90.3), pudiendo adoptarse medidas cautelares para garantizar su eficacia hasta entonces.
Ejecución forzosa (art. 99): las Administraciones, a través de sus órganos competentes en cada caso, podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos, salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo con la ley, o cuando la Constitución o la ley exijan la intervención de un órgano judicial. Medios (art. 100, con respeto al principio de proporcionalidad; si fueran varios los medios, se elige el menos restrictivo de la libertad individual): a) Apremio sobre el patrimonio (art. 101), cuando hubiera de satisfacerse cantidad líquida, conforme al procedimiento de apremio (en el ámbito tributario, el procedimiento de apremio de la Ley General Tributaria y el Reglamento General de Recaudación). b) Ejecución subsidiaria (art. 102), cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado; la Administración los realiza por sí o a través de las personas que determine, a costa del obligado, pudiendo liquidarse de forma cautelar el importe de los gastos. c) Multa coercitiva (art. 103), reiterada por lapsos de tiempo suficientes para cumplir lo ordenado, cuando lo autoricen las leyes: actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa, actos en que procediendo la compulsión la Administración no la estimara conveniente, o actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona; es independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatible con ellas. d) Compulsión sobre las personas (art. 104), para actos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar, solo en los casos en que la ley expresamente lo autorice, y dentro siempre del respeto debido a la dignidad y a los derechos reconocidos en la Constitución. Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado o en los restantes lugares que requieran autorización del titular, la Administración debe obtener el consentimiento del interesado o, en su defecto, la oportuna autorización judicial. Finalmente, no se admiten interdictos contra las actuaciones de los órganos administrativos realizadas en materia de su competencia y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido (art. 105).
Validez e invalidez: nulidad de pleno derecho (art. 47 Ley 39/2015)
La invalidez del acto administrativo se gradúa en nulidad de pleno derecho y anulabilidad. Son nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones Públicas (art. 47.1): a) los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional (arts. 14 a 29 y 30.2 CE); b) los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio; c) los que tengan un contenido imposible; d) los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta; e) los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados; f) los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición; y g) cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de ley.
También son nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales (art. 47.2).
Régimen de la nulidad: carácter insubsanable (no es convalidable), imprescriptible (puede declararse en cualquier momento, art. 106.1) y apreciable de oficio o a instancia de parte. Los actos nulos no producen en principio efectos jurídicos, aunque gozan de la presunción de validez hasta su declaración. La declaración de nulidad se hace por la propia Administración mediante revisión de oficio (con dictamen favorable del Consejo de Estado) o por los tribunales. Límites a la extensión de la invalidez (art. 49): la nulidad o anulabilidad de un acto no implica la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero, y la de una parte del acto no implica la de las partes del mismo independientes de aquella, salvo que sean inseparables. Conversión de actos viciados (art. 50): los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producen los efectos de este.
Anulabilidad, conservación y convalidación (arts. 48, 51 y 52 Ley 39/2015)
Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder (art. 48.1). El defecto de forma solo determina la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados (art. 48.2). La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas solo implica la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo (art. 48.3). La anulabilidad es un vicio subsanable: el acto produce efectos mientras no se anule y debe ser impugnado en plazo por los interesados (si el recurso no se interpone en plazo, el acto deviene firme y consentido).
Conservación de actos y trámites (art. 51): el órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispone siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.
Convalidación (art. 52): la Administración puede convalidar los actos anulables subsanando los vicios de que adolezcan. El acto de convalidación produce efectos desde su fecha, salvo lo dispuesto anteriormente para la retroactividad de los actos administrativos. Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado. Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente.
Cuadro comparativo: la nulidad de pleno derecho es insubsanable, imprescriptible y declarable de oficio mediante revisión con dictamen favorable del Consejo de Estado; la anulabilidad es subsanable (convalidación), exige impugnación en plazo y solo permite a la Administración anular de oficio actos favorables mediante declaración de lesividad.
Revisión de oficio: nulidad, lesividad, revocación y rectificación (arts. 106 a 111 Ley 39/2015)
Declaración de nulidad (art. 106). Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el art. 47.1. El mismo procedimiento se aplica, en cualquier momento, a las disposiciones administrativas nulas del art. 47.2. Es preceptivo el dictamen del Consejo de Estado (art. 22.10 de la Ley Orgánica 3/1980, del Consejo de Estado). Puede acordarse motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes de los interesados, sin necesidad de dictamen, cuando no se basen en alguna de las causas de nulidad del art. 47.1 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como cuando se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. Los órganos competentes pueden suspender la ejecución del acto cuando esta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. Si el procedimiento se inicia de oficio, el transcurso de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución produce la caducidad; si se inicia a solicitud de interesado, puede entenderse desestimada por silencio.
Declaración de lesividad (art. 107). Para anular actos favorables para los interesados que sean anulables conforme al art. 48 (no nulos de pleno derecho), la Administración no puede anularlos por sí misma: debe previamente declararlos lesivos para el interés público e impugnarlos ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo (recurso de lesividad). La declaración de lesividad no puede adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y exige la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo. Si transcurren seis meses desde la iniciación del procedimiento sin declararse la lesividad, se produce la caducidad. Declarada la lesividad, la Administración dispone de dos meses para interponer el recurso contencioso-administrativo (art. 46.6 de la Ley 29/1998, LJCA).
Suspensión (art. 108): iniciado el procedimiento de revisión de oficio o el proceso judicial de lesividad, el órgano competente puede suspender la ejecución del acto cuando esta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
Revocación y rectificación de errores (art. 109). Las Administraciones Públicas pueden revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico (art. 109.1). Asimismo, pueden rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos (art. 109.2).
Límites de la revisión (art. 110): las facultades de revisión no pueden ejercitarse cuando, por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes. Las disposiciones de carácter general no admiten recurso administrativo (art. 112.3), por lo que su control se realiza mediante recurso indirecto contra los actos de aplicación, revisión de oficio de las nulas (art. 106.2) o recurso contencioso-administrativo directo.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Los actos se presumen válidos y producen efectos desde que se dictan (art. 39.1); la eficacia se demora si lo exige el contenido del acto o si está supeditada a notificación, publicación o aprobación superior (art. 39.2). La retroactividad solo es posible de forma excepcional (art. 39.3).
La notificación debe cursarse en diez días desde que se dicte el acto y debe indicar si agota la vía administrativa, los recursos, el órgano y el plazo (art. 40). Si omite alguno de los demás requisitos, surte efecto desde que el interesado actúe conociendo el acto.
Se entiende rechazada la notificación electrónica obligatoria o expresamente elegida cuando, existiendo constancia de su puesta a disposición, transcurren 10 días naturales sin acceder a su contenido (art. 43.2 Ley 39/2015). En papel, dos intentos con al menos tres horas de diferencia (art. 42).
La publicación sustituye a la notificación en actos dirigidos a una pluralidad indeterminada de personas y en procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, en el medio señalado por la convocatoria (art. 45).
Excepciones a la ejecutividad inmediata (art. 98.1): suspensión, resolución sancionadora recurrible en vía administrativa, disposición en contrario y necesidad de aprobación o autorización superior.
Los medios de ejecución forzosa (arts. 100 a 104) son: apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas. Antes se exige apercibimiento (art. 99), y la entrada en domicilio exige consentimiento o autorización judicial.
La nulidad de pleno derecho (art. 47) es imprescriptible, insubsanable y apreciable de oficio; la anulabilidad (art. 48) es subsanable mediante convalidación (art. 52). Convalidar produce efectos desde la fecha de la convalidación.
Revisión de oficio de actos nulos (art. 106): en cualquier momento, con dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano autonómico equivalente; solo contra actos que hayan puesto fin a la vía administrativa o no hayan sido recurridos en plazo.
Declaración de lesividad (art. 107): para actos favorables anulables; no puede declararse transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto; después, dos meses para impugnarlo ante la jurisdicción contencioso-administrativa. La revocación (art. 109.1) solo alcanza a actos de gravamen o desfavorables; la rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos puede hacerse en cualquier momento (art. 109.2).
10 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 100 aciertos
La convalidación de un acto anulable, según el art. 52 de la Ley 39/2015, produce efectos:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 7 de Hacienda (AEAT)?
La eficacia del acto administrativo se condiciona, en los actos que afectan a derechos e intereses, a su debida comunicación al interesado mediante notificación o publicación, y se despliega mediante la ejecutividad y ejecutoriedad que le son propias por la autotutela administrativa. La Ley 39/2015 distingue dos grados de invalidez (nulidad de pleno derecho y anulabilidad) con consecuencias jurídicas muy distintas, prevé técnicas de conservación (conversión, conservación y convalidación) y regula los cauces de revisión de oficio por los que la propia Administración puede depurar sus actos sin necesidad de recurso del interesado: declaración de nulidad, declaración de lesividad, revocación de actos de gravamen y rectificación de errores materiales.
¿Qué hay que memorizar del Tema 7 para el examen?
Los actos se presumen válidos y producen efectos desde que se dictan (art. 39.1); la eficacia se demora si lo exige el contenido del acto o si está supeditada a notificación, publicación o aprobación superior (art. 39.2). La retroactividad solo es posible de forma excepcional (art. 39.3). La notificación debe cursarse en diez días desde que se dicte el acto y debe indicar si agota la vía administrativa, los recursos, el órgano y el plazo (art. 40). Si omite alguno de los demás requisitos, surte efecto desde que el interesado actúe conociendo el acto. Se entiende rechazada la notificación electrónica obligatoria o expresamente elegida cuando, existiendo constancia de su puesta a disposición, transcurren 10 días naturales sin acceder a su contenido (art. 43.2 Ley 39/2015). En papel, dos intentos con al menos tres horas de diferencia (art. 42). La publicación sustituye a la notificación en actos dirigidos a una pluralidad indeterminada de personas y en procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, en el medio señalado por la convocatoria (art. 45). Excepciones a la ejecutividad inmediata (art. 98.1): suspensión, resolución sancionadora recurrible en vía administrativa, disposición en contrario y necesidad de aprobación o autorización superior. Los medios de ejecución forzosa (arts. 100 a 104) son: apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas. Antes se exige apercibimiento (art. 99), y la entrada en domicilio exige consentimiento o autorización judicial. La nulidad de pleno derecho (art. 47) es imprescriptible, insubsanable y apreciable de oficio; la anulabilidad (art. 48) es subsanable mediante convalidación (art. 52). Convalidar produce efectos desde la fecha de la convalidación. Revisión de oficio de actos nulos (art. 106): en cualquier momento, con dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano autonómico equivalente; solo contra actos que hayan puesto fin a la vía administrativa o no hayan sido recurridos en plazo. Declaración de lesividad (art. 107): para actos favorables anulables; no puede declararse transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto; después, dos meses para impugnarlo ante la jurisdicción contencioso-administrativa. La revocación (art. 109.1) solo alcanza a actos de gravamen o desfavorables; la rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos puede hacerse en cualquier momento (art. 109.2).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149) (Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna).
Fuentes de este desarrollo
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, arts. 38 a 52, 90, 97 a 111, 112.3 y 117.
Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, art. 22.10 (dictamen en revisión de oficio).
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, art. 46.6 (plazo del recurso de lesividad).
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (procedimiento de apremio y revisión de actos en materia tributaria, como referencia complementaria).
Mientras tanto, practica con tests gratis de Hacienda (AEAT).