Tema 12. La inspección de los tributos. Órganos. Funciones. Facultades. Deberes. Distintas actuaciones en el procedimiento de inspección: Obtención de información, valoración, informe y asesoramiento.
Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, turno libre y promoción interna (666 plazas: 446 libre + 220 promoción interna). Es distinto del temario del Cuerpo de Agentes Tributarios (C1) y del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (A1), que tienen procesos y temarios propios, no cubiertos aquí.
La inspección de los tributos, regulada en los arts. 141 a 159 de la Ley 58/2003, General Tributaria (LGT) y desarrollada por el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria (Real Decreto 1065/2007), es una de las formas de aplicación de los tributos (art. 83 LGT) y se concreta en un conjunto de actividades administrativas dirigidas a investigar los hechos con relevancia tributaria, comprobar la veracidad de lo declarado, obtener información, valorar y asesorar. Se ejerce por los órganos de inspección de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) mediante personal que tiene la consideración de agente de la autoridad, con amplias facultades que se contraponen al deber de colaboración de los obligados tributarios y a un deber de sigilo reforzado de la propia Administración.
Concepto, marco normativo y diferencias con otras funciones de aplicación de los tributos
La aplicación de los tributos comprende todas las actividades administrativas dirigidas a la información y asistencia a los obligados tributarios, la gestión, la inspección y la recaudación (art. 83.1 LGT). La inspección se regula en el Capítulo IV del Título III de la LGT (arts. 141 a 159) y en el Título IV del Reglamento aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. A diferencia de la gestión tributaria, la inspección puede investigar hechos ignorados por la Administración y examinar la contabilidad mercantil del obligado, algo que está vedado en el procedimiento de comprobación limitada de la gestión (art. 136 LGT). La comprobación limitada tiene un plazo de 6 meses, mientras que el procedimiento inspector dura, con carácter general, 18 meses. Las actuaciones de la inspección se planifican mediante el Plan de Control Tributario y Aduanero (art. 116 LGT): los planes tienen carácter reservado, sin perjuicio de la publicidad de los criterios generales que los informan, que se hacen públicos cada año mediante las Directrices generales del Plan anual de Control Tributario y Aduanero publicadas en el BOE.
Funciones de la inspección tributaria (art. 141 LGT)
El art. 141 LGT enumera las funciones de la inspección. Con carácter sistemático son las siguientes: la investigación de los supuestos de hecho de las obligaciones tributarias para el descubrimiento de los que sean ignorados por la Administración; la integración definitiva de las bases tributarias mediante la comprobación de la veracidad y exactitud de las declaraciones presentadas; la comprobación del valor de las rentas, productos, bienes, patrimonios, empresas y demás elementos, cuando sea necesaria para la determinación de las obligaciones tributarias; la comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de beneficios o incentivos fiscales y para la aplicación de regímenes tributarios especiales; la realización de actuaciones de obtención de información relacionadas con la aplicación de los tributos; la información a los obligados tributarios con motivo de las actuaciones inspectoras sobre sus derechos y obligaciones y la forma en que deben cumplir estas últimas; la práctica de las liquidaciones tributarias que resulten de sus actuaciones de comprobación e investigación; y el ejercicio de las demás funciones que se le encomienden. Conviene retener que la investigación (búsqueda de hechos imponibles ocultos) y la comprobación (contraste de lo declarado) son los dos grandes ejes, y que sólo la inspección practica liquidaciones tras un procedimiento de comprobación e investigación completo.
Órganos y personal de la inspección
En la AEAT, la inspección se integra en el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, que ejerce la dirección y coordinación a nivel central y en cuyo ámbito se sitúan unidades especializadas como la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional. A nivel territorial actúan las Dependencias Regionales de Inspección de las Delegaciones Especiales, las Unidades de Inspección de las Delegaciones y, para los grandes contribuyentes, la Delegación Central de Grandes Contribuyentes. La estructura concreta se fija en la normativa de organización de la AEAT, por lo que debe contrastarse con la vigente. El personal inspector está formado básicamente por funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, que dirigen los equipos y unidades, y del Cuerpo Técnico de Hacienda, con funciones de colaboración y auxilio. En cada actuación se distingue entre el actuario (quien practica las actuaciones y suscribe las actas), el jefe de equipo o unidad y el órgano competente para liquidar (jefe de la dependencia), que es quien dicta la liquidación en las actas de disconformidad. Los funcionarios que desarrollan funciones de inspección tienen la consideración de agentes de la autoridad (art. 142 LGT) y deben acreditar su condición mediante la correspondiente identificación; su resistencia u ofensa puede dar lugar a responsabilidad penal por atentado o desobediencia.
Facultades de la inspección (art. 142 LGT)
Las actuaciones inspectoras se realizan mediante el examen de documentos, libros, contabilidad principal y auxiliar, ficheros, facturas, justificantes, correspondencia con trascendencia tributaria, bases de datos informatizadas, programas, registros y archivos informáticos relativos a actividades económicas, así como mediante la inspección de bienes, elementos, explotaciones y cualquier otro antecedente o información que deba facilitarse a la Administración o que sea necesario para la exigencia de las obligaciones tributarias. Los funcionarios que desarrollen funciones de inspección pueden entrar, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, en las fincas, locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades o explotaciones sometidas a gravamen, existan bienes sujetos a tributación, se produzcan hechos imponibles o supuestos de hecho de las obligaciones tributarias, o exista alguna prueba de los mismos. Si el obligado o la persona bajo cuya custodia se hallen los lugares se opone a la entrada, se precisa autorización escrita de la autoridad administrativa que reglamentariamente se determine. Si el lugar es el domicilio constitucionalmente protegido (art. 18.2 de la Constitución), es necesario el consentimiento del titular o la autorización judicial, que se solicita al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo conforme al art. 113 LGT y al art. 8 de la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. El domicilio constitucionalmente protegido incluye, según la jurisprudencia constitucional, el de las personas jurídicas en el espacio reservado a su intimidad, pero no el domicilio fiscal ni las oficinas abiertas al público. La inspección puede además realizar requerimientos de información, comparecencias, tomar copias, acceder a los equipos informáticos del obligado y solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando sea preciso.
Deberes y derechos en la actuación inspectora
El personal inspector debe respetar los derechos y garantías reconocidos a los obligados tributarios en el art. 34 LGT (entre otros: ser informado y asistido, ser tratado con el debido respeto y consideración, conocer la identidad de las autoridades y personal bajo cuya responsabilidad se tramitan las actuaciones, que éstas se desarrollen del modo que les resulte menos gravoso, no aportar documentos ya presentados y que obren en poder de la Administración, ser oído en el trámite de audiencia, ser informado del alcance y naturaleza de las actuaciones inspectoras). Debe observar también el deber de sigilo respecto de los datos, informes o antecedentes obtenidos, que tienen carácter reservado y sólo pueden utilizarse para la aplicación de los tributos, salvo las cesiones expresamente previstas por la ley (art. 95 LGT). Frente a ello, los obligados tributarios deben atender a la inspección y prestarle la debida colaboración: comparecer en el lugar, día y hora señalados, aportar la documentación y justificantes requeridos, permitir el acceso a locales y a los soportes informáticos, facilitar copias y, en general, no obstruir la actuación inspectora. Cuando se oponen a ello, el incumplimiento puede constituir la infracción de resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria (art. 203 LGT), que se sanciona de forma específica y puede además determinar la apreciación de dilaciones imputables al obligado a efectos del cómputo del plazo del procedimiento inspector.
Obtención de información (arts. 93 a 95 LGT)
Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como las entidades del art. 35.4 LGT, están obligadas a proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes con trascendencia tributaria relativos a sus propias relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas (art. 93 LGT). La obligación puede cumplirse de dos formas: con carácter general, mediante declaraciones informativas periódicas (por ejemplo, los modelos 347 de operaciones con terceras personas, 190 de retenciones del trabajo y 720 de bienes y derechos en el extranjero), o mediante requerimiento individualizado de la Administración. La obligación de informar no alcanza a los datos amparados por el secreto de la correspondencia, ni a los que afecten al secreto profesional de abogados u otros en los términos del propio art. 93, y la inspección debe respetar los límites de la protección de datos personales. El art. 94 impone un deber específico de informar y colaborar a las autoridades, jueces, organismos públicos y entidades de crédito (cuyo secreto bancario no es oponible a la Administración tributaria). El art. 95 declara el carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria obtenidos por la Administración. La normativa sobre el modelo 720 (declaración de bienes y derechos en el extranjero) fue declarada contraria al Derecho de la Unión por la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 27 de enero de 2022 (asunto C-788/19, Comisión/España), y se adaptó mediante la Ley 5/2022, de 9 de marzo, que modificó la disposición adicional decimoctava de la LGT. Las actuaciones de obtención de información pueden realizarse por propia iniciativa del órgano, por requerimiento individualizado o por suministro periódico, y no tienen que formar parte de un procedimiento de comprobación del obligado.
Actuaciones de valoración
La comprobación del valor de rentas, productos, bienes, patrimonios y demás elementos es función de la inspección (art. 141 LGT) y se rige por los medios del art. 57 LGT: capitalización o imputación de rendimientos al porcentaje que la ley de cada tributo señale, precios medios en el mercado, cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros, dictamen de peritos de la Administración, valor asignado a los bienes en las pólizas de contratos de seguros, valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas, precio o valor de adquisición, y cualquier otro medio que se fije en la ley propia de cada tributo. La Administración debe motivar la valoración. Frente a la comprobación de valores, el interesado puede promover la tasación pericial contradictoria dentro del plazo del primer recurso o reclamación que proceda contra la liquidación efectuada (art. 135 LGT). Su presentación suspende la ejecución de la liquidación y el plazo para interponer recurso o reclamación. Si la diferencia entre la tasación del perito de la Administración y la del perito del interesado es inferior a 120.000 euros y al 10 por ciento de la tasación practicada por el perito de la Administración, la base se fija por la media aritmética; en otro caso se designa un perito tercero. El interesado debe aportar, además, la valoración por escrito de su perito.
Informe y asesoramiento
La función de informe y asesoramiento consiste en la emisión de informes por la inspección, a petición de otros órganos o por iniciativa propia, sobre cuestiones de su competencia o con trascendencia tributaria. Los informes pueden ser preceptivos o facultativos y se elaboran, por ejemplo, para los órganos de gestión, de recaudación o de revisión, para los tribunales económico-administrativos, para jueces y tribunales y para el Ministerio Fiscal en los procedimientos penales por delito contra la Hacienda Pública, o a petición de otras Administraciones. Un tipo específico es el informe ampliatorio de la inspección tras las alegaciones en las actas de disconformidad. Estos informes forman parte de la documentación de las actuaciones inspectoras junto a las comunicaciones, diligencias y actas, y la función complementa la de comprobación y la de obtención de información en el conjunto de la actividad inspectora.
Esquema de las actuaciones del procedimiento de inspección
Las actuaciones inspectoras pueden ser de cuatro clases, según el Reglamento general: comprobación e investigación, obtención de información, valoración, e informe y asesoramiento. La comprobación e investigación constituye el contenido del procedimiento inspector propiamente dicho (arts. 145 y siguientes LGT), que se tramita ante el obligado y termina con una liquidación. Las demás pueden formar parte de ese procedimiento o ser actuaciones independientes que no concluyen con una liquidación. Esta distinción es importante porque sólo las de comprobación e investigación abren el plazo de duración máxima del art. 150 LGT.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El personal inspector tiene la consideración de agente de la autoridad; para entrar en el domicilio constitucionalmente protegido se necesita el consentimiento del obligado tributario o autorización judicial (art. 113 LGT); para otros lugares, si el titular se opone, basta autorización escrita de la autoridad administrativa que se determine reglamentariamente.
El deber de sigilo del personal inspector y el carácter reservado de los datos tributarios (art. 95 LGT) son la contrapartida institucional al amplio deber de colaboración exigido a los obligados tributarios.
El incumplimiento del deber de atender y colaborar con la inspección puede constituir la infracción tipificada en el art. 203 LGT (resistencia, obstrucción, excusa o negativa).
El deber general de colaboración con la Administración tributaria (art. 93 LGT) fundamenta tanto los requerimientos individualizados de información como las declaraciones informativas periódicas de suministro general.
Diferencia clave con la comprobación limitada de gestión: la inspección puede investigar hechos ignorados y examinar la contabilidad mercantil; en la comprobación limitada no se puede examinar la contabilidad mercantil (art. 136 LGT) y el plazo es de 6 meses.
Los planes de control tributario (art. 116 LGT) son reservados; sólo se publican sus criterios generales (Directrices generales anuales en el BOE).
La tasación pericial contradictoria (art. 135 LGT) se promueve dentro del plazo del primer recurso o reclamación contra la liquidación y suspende la ejecución de ésta y el plazo para recurrir.
Trampa habitual: las actuaciones de obtención de información, de valoración y de informe y asesoramiento no tienen por qué terminar en una liquidación ni están sujetas al plazo de 18 meses del procedimiento inspector.
10 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 100 aciertos
¿Qué se requiere para que la inspección pueda entrar en el domicilio constitucionalmente protegido del obligado tributario?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 12 de Hacienda (AEAT)?
La inspección de los tributos, regulada en los arts. 141 a 159 de la Ley 58/2003, General Tributaria (LGT) y desarrollada por el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria (Real Decreto 1065/2007), es una de las formas de aplicación de los tributos (art. 83 LGT) y se concreta en un conjunto de actividades administrativas dirigidas a investigar los hechos con relevancia tributaria, comprobar la veracidad de lo declarado, obtener información, valorar y asesorar. Se ejerce por los órganos de inspección de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) mediante personal que tiene la consideración de agente de la autoridad, con amplias facultades que se contraponen al deber de colaboración de los obligados tributarios y a un deber de sigilo reforzado de la propia Administración.
¿Qué hay que memorizar del Tema 12 para el examen?
El personal inspector tiene la consideración de agente de la autoridad; para entrar en el domicilio constitucionalmente protegido se necesita el consentimiento del obligado tributario o autorización judicial (art. 113 LGT); para otros lugares, si el titular se opone, basta autorización escrita de la autoridad administrativa que se determine reglamentariamente. El deber de sigilo del personal inspector y el carácter reservado de los datos tributarios (art. 95 LGT) son la contrapartida institucional al amplio deber de colaboración exigido a los obligados tributarios. El incumplimiento del deber de atender y colaborar con la inspección puede constituir la infracción tipificada en el art. 203 LGT (resistencia, obstrucción, excusa o negativa). El deber general de colaboración con la Administración tributaria (art. 93 LGT) fundamenta tanto los requerimientos individualizados de información como las declaraciones informativas periódicas de suministro general. Diferencia clave con la comprobación limitada de gestión: la inspección puede investigar hechos ignorados y examinar la contabilidad mercantil; en la comprobación limitada no se puede examinar la contabilidad mercantil (art. 136 LGT) y el plazo es de 6 meses. Los planes de control tributario (art. 116 LGT) son reservados; sólo se publican sus criterios generales (Directrices generales anuales en el BOE). La tasación pericial contradictoria (art. 135 LGT) se promueve dentro del plazo del primer recurso o reclamación contra la liquidación y suspende la ejecución de ésta y el plazo para recurrir. Trampa habitual: las actuaciones de obtención de información, de valoración y de informe y asesoramiento no tienen por qué terminar en una liquidación ni están sujetas al plazo de 18 meses del procedimiento inspector.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149) (Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna).
Fuentes de este desarrollo
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, arts. 83, 93-95, 113, 116, 135-136, 141-142 y 203.
Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.
Ley 5/2022, de 9 de marzo, por la que se modifica la disposición adicional decimoctava de la Ley 58/2003 (declaración de bienes y derechos situados en el extranjero).
Sentencia del TJUE de 27 de enero de 2022, Comisión/España, asunto C-788/19.
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