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Tema 13. El procedimiento de inspección. Actuaciones de comprobación e investigación. Iniciación y desarrollo del procedimiento. Plazo, lugar y horario de las actuaciones inspectoras. Actuaciones inspectoras mediante personación en el domicilio o locales del contribuyente. Características y clases de las medidas cautelares en el procedimiento inspector. Terminación del procedimiento. La documentación de las actuaciones inspectoras.

Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna · Índice oficial del BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149).

Este temario corresponde al Cuerpo Técnico de Hacienda (A2) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, turno libre y promoción interna (666 plazas: 446 libre + 220 promoción interna). Es distinto del temario del Cuerpo de Agentes Tributarios (C1) y del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (A1), que tienen procesos y temarios propios, no cubiertos aquí.

El procedimiento de inspección, regulado en los arts. 145 a 159 de la LGT y desarrollado por el Reglamento aprobado por el Real Decreto 1065/2007, tiene por objeto comprobar e investigar el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias, regularizando en su caso la situación del obligado mediante la liquidación que proceda. Puede tener alcance general o parcial, se inicia siempre de oficio, dura con carácter general 18 meses (27 en los supuestos del art. 150 LGT), puede acompañarse de medidas cautelares, se documenta en comunicaciones, diligencias, informes y actas, y termina normalmente con una liquidación dictada a partir de un acta con acuerdo, de conformidad o de disconformidad. Las actas de la inspección tienen naturaleza de documentos públicos y hacen prueba de los hechos que motivan su formalización, salvo que se acredite lo contrario.

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Concepto, alcance e iniciación del procedimiento

El procedimiento de inspección tiene por objeto comprobar e investigar el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias, procediendo, en su caso, a la regularización de la situación tributaria del obligado mediante la práctica de la liquidación que corresponda (art. 145 LGT). Se desarrolla por los órganos de inspección con el contenido y alcance fijados en la comunicación de inicio. Por su alcance puede ser general (afecta a la totalidad de los elementos de la obligación tributaria en el periodo comprobado) o parcial (comprueba sólo algunos elementos, circunstancia que debe constar expresamente en la comunicación de inicio). Si la inspección es parcial, el obligado puede solicitar que se extienda con carácter general, en los términos reglamentarios. El carácter provisional o definitivo de las liquidaciones se rige por el art. 101 LGT: las liquidaciones derivadas de una comprobación parcial son provisionales respecto de los elementos no comprobados. El procedimiento se inicia siempre de oficio: bien mediante comunicación notificada al obligado, que debe tener la información necesaria sobre el alcance y los derechos y deberes que le asisten, bien mediante personación sin previa comunicación en la empresa, oficinas, dependencias, instalaciones o almacenes del obligado, cuando así lo aconseje la naturaleza de las actuaciones a desarrollar. Las actuaciones se inician, por tanto, con la notificación de la comunicación o con la personación de la inspección, y desde ese momento se computa el plazo máximo de duración (arts. 147 a 149 LGT y desarrollo reglamentario). El obligado podrá en todo caso regularizar voluntariamente su situación hasta la notificación de la comunicación de inicio (art. 27 LGT).

Desarrollo de las actuaciones: derechos, deberes y dilaciones

Durante el procedimiento, la inspección puede requerir la comparecencia del obligado o de su representante, solicitar la aportación de documentos y de información, examinar los libros y registros, requerir información a terceros y practicar visitas a los locales. El obligado tiene derecho a ser informado sobre la naturaleza y alcance de las actuaciones, a ser asistido por el asesor que designe, a ser oído antes de la propuesta de liquidación, y a que las actuaciones se desarrollen del modo que le resulte menos gravoso. A efectos del cómputo del plazo, no se incluyen las dilaciones por causa no imputable a la Administración (por ejemplo, aplazamientos solicitados por el obligado o falta de aportación de lo requerido) ni los periodos de interrupción justificada especificados reglamentariamente. En el procedimiento se pueden realizar otras actuaciones previstas en la norma, como la solicitud de informes a otros órganos o a la Abogacía del Estado, o la petición de información a otros Estados en el marco de la asistencia mutua, que pueden dar lugar a la suspensión del cómputo del plazo en los términos legales.

Plazo del procedimiento inspector (art. 150 LGT)

Las actuaciones del procedimiento de inspección deben concluir en el plazo de 18 meses contados desde la fecha de notificación al obligado tributario del inicio del mismo hasta que se notifique o se entienda notificado el acto administrativo resultante. Este plazo es de 27 meses cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias en cualquiera de las obligaciones tributarias o periodos objeto de comprobación: que la cifra anual de negocios del obligado tributario sea igual o superior al requerido para auditar sus cuentas, o que el obligado esté integrado en un grupo sometido al régimen de consolidación fiscal o al régimen especial de grupos de entidades en el IVA y que alguna de las sociedades del grupo esté siendo inspeccionada. Al cómputo del plazo no se incluyen las dilaciones imputables al obligado ni los periodos de interrupción justificada. El incumplimiento del plazo no produce la caducidad del procedimiento, que continuará hasta su terminación, pero tiene efectos tasados: no se considera interrumpida la prescripción por las actuaciones inspectoras desarrolladas hasta la finalización del plazo; los ingresos realizados desde el día siguiente a su finalización hasta la fecha de la liquidación tienen carácter de espontáneos a efectos de recargos (art. 27 LGT); y no se exigen intereses de demora desde que se produzca el incumplimiento hasta la finalización del procedimiento. Tras el incumplimiento, la inspección puede continuar las actuaciones hasta su terminación. Ojo: la Ley 34/2015 suprimió la anterior ampliación del plazo por complejidad u ocultación de actividades y fijó el plazo en 18 y 27 meses.

Lugar y horario de las actuaciones y personación en el domicilio o locales (arts. 151 y 152 LGT)

Las actuaciones inspectoras pueden desarrollarse indistintamente, según determine la inspección: en el lugar donde el obligado tributario tenga su domicilio fiscal o donde su representante tenga su domicilio, despacho u oficina; en el lugar donde se realicen total o parcialmente las actividades gravadas; en el lugar donde exista alguna prueba, al menos parcial, del hecho imponible o del presupuesto de hecho de la obligación tributaria; o en las oficinas de la Administración tributaria, cuando los elementos sobre los que hayan de realizarse las actuaciones puedan ser examinados en ellas. En cuanto al horario, cuando las actuaciones se desarrollan en los locales del interesado se respeta la jornada laboral de oficina o la de la actividad que se realice, y se puede actuar de mutuo acuerdo en otras horas o días; cuando se desarrollan en las oficinas públicas se respeta el horario oficial de apertura al público y, en su defecto, el horario de la oficina. La personación en el domicilio o locales del obligado se hace con exhibición de la acreditación del personal inspector. La entrada en fincas, locales de negocio y demás establecimientos requiere, si el titular se opone, autorización escrita de la autoridad administrativa, y autorización judicial cuando afecte al domicilio constitucionalmente protegido (art. 113 LGT).

Medidas cautelares en el procedimiento inspector (art. 146 LGT)

Para impedir que desaparezcan, se destruyan o alteren las pruebas determinantes de la existencia o cumplimiento de obligaciones tributarias, o que se niegue posteriormente su existencia o exhibición, los órganos de inspección pueden adoptar las medidas cautelares que sean necesarias en los términos del art. 146 LGT. Se trata de medidas como el precinto, depósito o incautación de las mercancías o productos sometidos a gravamen, así como de libros, registros, documentos, archivos y locales, equipos electrónicos de tratamiento de datos que puedan contener la información de que se trate. Deben ser motivadas, proporcionadas al fin perseguido, adoptarse sin que se produzca un perjuicio de difícil o imposible reparación, y se levantan cuando desaparezcan las circunstancias que las justificaron. Las medidas adoptadas por funcionarios sin competencia para ello deben ser ratificadas por el órgano competente en el plazo de 15 días desde su adopción. Hay que distinguir estas medidas de las medidas cautelares del art. 81 LGT (adoptables en el procedimiento de recaudación y a otros efectos para asegurar el cobro de deudas), de finalidad distinta: éstas protegen el cobro, aquéllas la prueba.

Documentación de las actuaciones inspectoras

Las actuaciones de la inspección de los tributos se documentan en comunicaciones, diligencias, informes y actas (art. 143 LGT). Las comunicaciones son los documentos mediante los cuales la inspección notifica al obligado el inicio de las actuaciones, requiere su comparecencia o le informa de trámites del procedimiento. Las diligencias son los documentos públicos que se extienden para hacer constar hechos, así como las manifestaciones de los obligados tributarios o de otras personas y las circunstancias que se produzcan en el curso de las actuaciones, que no tienen la consideración de actas; pueden recoger, por ejemplo, la entrega de documentación, la prestación de consentimiento para una entrada o la declaración de hechos. Los informes son los documentos de contenido técnico o jurídico emitidos por la inspección, por ejemplo el informe ampliatorio que acompaña a las actas de disconformidad. Las actas son los documentos públicos que extiende la inspección con el fin de recoger el resultado de sus actuaciones de comprobación e investigación, proponiendo la regularización que estime procedente de la situación tributaria del obligado o declarando correcta la misma. Las actas y diligencias extendidas por la inspección tienen naturaleza de documentos públicos y hacen prueba de los hechos que motivan su formalización, salvo que se acredite lo contrario (art. 144 LGT); los hechos contenidos en ellas y aceptados por el obligado se presumen ciertos y sólo pueden rectificarse por éste mediante prueba de haber incurrido en error de hecho. El contenido mínimo de las actas figura en el art. 153 LGT: lugar y fecha, nombre y apellidos o razón social del obligado y NIF, hechos y circunstancias con trascendencia, propuesta de regularización o declaración de situación correcta, y la conformidad o disconformidad del obligado.

Clases de actas y terminación del procedimiento (arts. 154 a 157 LGT)

Las actas pueden ser con acuerdo, de conformidad o de disconformidad. Acta con acuerdo (art. 155 LGT): puede suscribirse cuando para elaborar la propuesta de regularización sea necesario concretar la aplicación de conceptos jurídicos indeterminados, apreciar los hechos determinantes para la correcta aplicación de la norma al caso concreto, o realizar estimaciones, valoraciones o mediciones de datos, elementos o características relevantes, que no puedan cuantificarse de otra forma. Requiere autorización previa del órgano competente para liquidar y la constitución de garantía por la deuda (depósito, aval de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca, o certificado de seguro de caución). Se entiende producida la liquidación si en el plazo de 10 días siguientes a la fecha del acta no se notifica al interesado el acuerdo de rechazo, y no es susceptible de recurso o reclamación en vía administrativa. La sanción, en su caso, se reduce en un 50 por ciento (art. 188 LGT). Acta de conformidad (art. 156 LGT): se extiende cuando el obligado o su representante manifiesta su conformidad con la propuesta de regularización; se entiende notificada la liquidación en los términos de la propuesta si en el plazo de un mes desde la fecha del acta no se notifica acuerdo del órgano competente rectificando errores o iniciando un trámite complementario. La sanción se reduce un 30 por ciento. Acta de disconformidad (art. 157 LGT): se extiende cuando el obligado no comparece o no suscribe el acta o manifiesta su disconformidad con la propuesta; se concede un plazo de 15 días para alegaciones, el actuario emite un informe ampliatorio y el órgano competente dicta la liquidación, que debe ser notificada dentro del plazo del procedimiento inspector. Si el obligado no comparece pese al requerimiento, el acta se extiende con constancia de su ausencia. Contra las actas de conformidad y de disconformidad cabe recurso o reclamación contra la liquidación que se derive, en los plazos generales. Tras la liquidación, la sanción se tramita en procedimiento separado salvo renuncia del obligado (art. 208 LGT).

Otras formas de terminación y efectos

El procedimiento inspector termina por liquidación (que puede ser provisional o definitiva, art. 101 LGT) o por acta que declara correcta la situación tributaria del obligado. También puede terminar por la apreciación de indicios de delito contra la Hacienda Pública, que determina la tramitación específica de los arts. 250 y siguientes LGT. Las liquidaciones dictadas en la inspección son recurribles en reposición o en vía económico-administrativa (art. 213 y siguientes LGT). Con respecto a los intereses de demora (art. 26 LGT), se devengan desde el día siguiente al fin del plazo de ingreso en periodo voluntario de la declaración correspondiente hasta la fecha de la liquidación, con las salvedades del art. 150 por incumplimiento del plazo.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • El plazo general del procedimiento inspector es de 18 meses, ampliado a 27 meses cuando la cifra de negocios exija auditoría de cuentas o el obligado esté en un grupo sujeto a consolidación fiscal o grupo de IVA (art. 150 LGT, redacción de la Ley 34/2015).
  • El incumplimiento del plazo NO produce la caducidad del procedimiento inspector, pero sí la no interrupción de la prescripción por las actuaciones realizadas, el carácter espontáneo de los ingresos posteriores y la no exigencia de intereses de demora durante el exceso.
  • Reducciones de la sanción: acta con acuerdo, 50 por ciento; acta de conformidad, 30 por ciento; pronto pago y no recurso, 25 por ciento adicional (art. 188 LGT). Las actas de disconformidad no llevan reducción por acta y abren un trámite de alegaciones de 15 días.
  • En las actas de conformidad, la liquidación se entiende notificada si en un mes desde el acta no se notifica acuerdo en contra; en las actas con acuerdo, el plazo es de 10 días.
  • Las medidas cautelares del art. 146 LGT deben ser motivadas, proporcionadas y no ocasionar perjuicio de difícil o imposible reparación; las adoptadas por funcionarios sin competencia requieren ratificación en 15 días.
  • Las actas y diligencias son documentos públicos que hacen prueba de los hechos que motivan su formalización salvo prueba en contrario (art. 144 LGT).
  • Error típico: confundir la personación sin previa comunicación (posible cuando la naturaleza de las actuaciones lo aconseje) con la entrada en el domicilio constitucionalmente protegido, que siempre requiere consentimiento o autorización judicial.
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Pregunta 1 de 100 aciertos

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el inicio del procedimiento inspector es correcta?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 13 de Hacienda (AEAT)?

El procedimiento de inspección, regulado en los arts. 145 a 159 de la LGT y desarrollado por el Reglamento aprobado por el Real Decreto 1065/2007, tiene por objeto comprobar e investigar el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias, regularizando en su caso la situación del obligado mediante la liquidación que proceda. Puede tener alcance general o parcial, se inicia siempre de oficio, dura con carácter general 18 meses (27 en los supuestos del art. 150 LGT), puede acompañarse de medidas cautelares, se documenta en comunicaciones, diligencias, informes y actas, y termina normalmente con una liquidación dictada a partir de un acta con acuerdo, de conformidad o de disconformidad. Las actas de la inspección tienen naturaleza de documentos públicos y hacen prueba de los hechos que motivan su formalización, salvo que se acredite lo contrario.

¿Qué hay que memorizar del Tema 13 para el examen?

El plazo general del procedimiento inspector es de 18 meses, ampliado a 27 meses cuando la cifra de negocios exija auditoría de cuentas o el obligado esté en un grupo sujeto a consolidación fiscal o grupo de IVA (art. 150 LGT, redacción de la Ley 34/2015). El incumplimiento del plazo NO produce la caducidad del procedimiento inspector, pero sí la no interrupción de la prescripción por las actuaciones realizadas, el carácter espontáneo de los ingresos posteriores y la no exigencia de intereses de demora durante el exceso. Reducciones de la sanción: acta con acuerdo, 50 por ciento; acta de conformidad, 30 por ciento; pronto pago y no recurso, 25 por ciento adicional (art. 188 LGT). Las actas de disconformidad no llevan reducción por acta y abren un trámite de alegaciones de 15 días. En las actas de conformidad, la liquidación se entiende notificada si en un mes desde el acta no se notifica acuerdo en contra; en las actas con acuerdo, el plazo es de 10 días. Las medidas cautelares del art. 146 LGT deben ser motivadas, proporcionadas y no ocasionar perjuicio de difícil o imposible reparación; las adoptadas por funcionarios sin competencia requieren ratificación en 15 días. Las actas y diligencias son documentos públicos que hacen prueba de los hechos que motivan su formalización salvo prueba en contrario (art. 144 LGT). Error típico: confundir la personación sin previa comunicación (posible cuando la naturaleza de las actuaciones lo aconseje) con la entrada en el domicilio constitucionalmente protegido, que siempre requiere consentimiento o autorización judicial.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2025, páginas 180419 a 180452 (Resolución de 22 de diciembre de 2025, de la Presidencia de la AEAT, BOE-A-2025-27149) (Convocatoria 2025, turno libre y promoción interna).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, arts. 101, 113, 143-159, 188 y 208 (redacción dada por la Ley 34/2015 en materia de plazos y actas).
  • Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria.

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